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Paraguay: Desalojaron violentamente a otra comunidad campesina

En un desmedido operativo, la policía desalojó a los cien integrantes de la comunidad y llevó detenidas a diez personas, nueve de ellas, mujeres.

El martes 28 de junio ocurrió un nuevo desalojo forzoso en Paraguay. Esta vez fueron 450 policías con aparatoso despliegue contra 100 personas de una comunidad campesina, en el distrito de Tembiaporã del departamento de Caaguazú.

Detuvieron 10 personas. Nueve de ellas son mujeres y pertenecen a la comisión sin tierra Jóvenes Unidos, de las cuales dos son madres en estado de lactancia.

Los desalojos forzosos contra comunidades campesinas e indígenas son constantes de este gobierno. Los operativos policiales se desarrollan con las mismas características de violencia y atropello a los derechos humanos.

En marzo de 2022, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), junto a organizaciones sociales habían logrado una audiencia con la CIDH para denunciar los casos de desalojo forzoso.

Durante la audiencia se expusieron los casos por parte de la Codehupy y también participaron representantes del Estado. Luego de escuchar a ambas partes la CIDH había señalado su preocupación ante los casos de desalojos forzosos a comunidades campesinas e indígenas denunciados.

A pesar de esto, en la mañana del 28 de junio, hubo un nuevo desalojo a una comunidad campesina en el distrito de Tembiaporã. Un contingente de 450 policías con carros hidrantes, helicóptero, y policía montada desalojaron a 100 personas de una comunidad campesina de la Federación Nacional Campesina. Durante el operativo destruyeron las casas, la producción e incautaron motos. Hirieron con balines de gomas a varias de las personas y hubo diez detenidos.

La preocupación de las dirigentas

Conversamos con la dirigenta nacional, Teodolina Villalba, secretaria general de la Federación Nacional Campesina (FNC) y Elida Giménez, dirigenta de la comunidad Guahory. Ambas manifestaron que ven como mucha preocupación esta situación de atropello.

El desalojo forzoso ocurrió en el inmueble conocido como ex Zavala Cue. La FNC denuncia que se trataría de tierras mal habidas, tierras que la familia Zavala volvió a vender. “La comunidad vecina incluso fue atropellada por la Policía Nacional, no solo la comunidad ocupante, cerca de 10 detenidos, entre ellos señoras. Para nosotras es una preocupación y repudiamos la actitud de las autoridades. Cómo van a dar este tipo de respuestas a las necesidades de la gente” expresó con preocupación Villalba.

Por su parte, Elida manifestó que la comunidad campesina desalojada no esperaba la actitud agresiva de la policía y GEO. “No puede ser que el latifundista tenga 27 policías como capataz en una propiedad, en donde están asentados los sin tierras desalojados. El Ministerio Público debe tomar nota, ya se está haciendo la denuncia, muy agresivo el señor que encabeza la guardia en la propiedad”.

Un ataque a las y los campesinos

Teodolina Villalba explicó que la gente necesita tierra para poder producir. Realizan las gestiones ante las instituciones con todo el papeleo, y el Estado responde con un desalojo forzoso.

Ante la versión de que las campesinas y campesinos se enfrentaron a los 450 policías, señaló que eso no tendría sentido al ser un número reducido de 100 personas.

“Ellos atropellan con balas, ellos enfrentan a la gente. Dejaron vacío ese lugar, cómo esa gente va a defenderse”, señaló Teolodina ante la situación que atraviesan las comunidades desalojadas o con amenazas de desalojo en el país.

Según manifestó la fiscala Rita Prieto, la Cerealista Campo 9, del distrito de J. Eulogio Estigarribia, es la empresa que reclama las tierras. La FNC sostiene que se trata de tierras mal habidas.

Detenidas 9 mujeres y 2 sin posibilidad de amamantar a sus bebés

Las 10 personas detenidas durante el desalojo se encuentran en la Comisaría 2da. de Caaguazú. Si bien cuentan con abogado, para acceder a la imposición de medidas deben presentar varios documentos: fe de nacimiento de sus hijas e hijos, vida y residencia, título de propiedad como garantía. Esto último es el documento que tienen dificultad para presentar.

“Una de las compañeras está enferma, le llevamos medicamentos. Siguen detenidas en la comisaría 2da de Caaguazú, dos de ellas tienen bebé y se quedaron al cuidado de sus parientes. No le pueden amamantar, una de ellas su pecho se endureció y para la otra compañera apenas nos dieron 10 minutos y por esos motivos no le pueden amamantar”, cuenta la dirigenta Elida Giménez.

El hecho de que las madres no puedan amamantar a sus bebés es otro grave atropello a derechos humanos básicos. Según Giménez, las madres detenidas se encuentran bien físicamente, pero están angustiadas por sus hijas e hijos, a quienes tuvieron que dejar al cuidado de otras familiares. Esto las afecta psicológicamente, sumado a haber vivido un violento desalojo.

“Afecta a las mujeres, sobre todo a quienes dejaron a sus hijos. Están preocupadas las que dejaron a sus bebés y sus hijos menores de edad, no se esperaba estos atropellos e injusticia por parte de las autoridades departamentales y nacionales”, afirmó la dirigenta.

Movilizaciones de repudio a la violencia estatal

El miércoles por la mañana realizaron un mitin frente al Ministerio del Interior en Asunción. En la acción la policía intentó evitar, pero finalmente la FNC acompañada por organizaciones como la Conamuri lograron manifestarse.

Además, hubo un despliegue a nivel nacional en distintos departamentos del país. En el departamento de Caaguazú, frente a la Fiscalía y Poder Judicial de la ciudad de Caaguazú y frente a Cerealista Campo 9 en J. Eulogio Estigarribia.

En el departamento de San Pedro, frente a las comisarías de Santaní, Santa Rosa, San Vicente y Guayaibí. En Canindeyú, frente a las comisarías de Curuguaty, Maracaná, Yhovy y Puente Kyha. Departamento de Guairá, frente a la comisaría de Melgarejo; en Misiones, frente a la comisaría de Santa Rosa y el departamento de Concepción, frente a la comisaría de Horqueta. Mientras que en el departamento de Itapúa se manifestaron frente a la comisaría de General Delgado.

Manifestación de solidaridad

La Conamuri, organización de mujeres campesinas e indígenas lanzó un comunicado en solidaridad con las 9 mujeres detenidas. Señalando que el Estado paraguayo una vez más demuestra el desprecio a las comunidades desfavorecidas y especialmente a las mujeres. “Sabemos que, en nuestro país, a lo largo de la historia, socialmente le fue negado el acceso a la tierra a las mujeres. Con lo ocurrido el día de ayer, se demuestra que la institucionalidad también está atropellando el derecho a una vida libre de violencia en el territorio, donde se debiera garantizar la vigencia de todos los derechos para el desarrollo de las familias y las mujeres mismas”.

Por su parte la Asociación de Mujeres Campesinas de Caaguazú (AMUCAP) también se manifestaron en solidaridad a la comunidad desalojada. “Hoy en el asentamiento San Jorge de Tembiaporâ departamento de Caaguazú, unas 100 familias sufrieron los violentos atropellos. Se demostró una vez más la crueldad y cobardía del gobierno colorado, con la destrucción de casas, sembradíos de los legítimos dueños de esas tierras con torturas, herid@s de bala y apresamientos” dice parte del comunicado que abordó otras problemáticas referentes a la lucha por la tierra en Paraguay.

Las dirigentas de la FNC manifestaron que continuarán en movilización permanente.

Fuente: https://agenciapresentes.org/2022/06/30/paraguay-desalojaron-violentamente-a-otra-comunidad-campesina/

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Trabajo digno para las juventudes, el reclamo del Movimiento Sur

La organización se movilizó para reclamar por trabajo digno. Nota al Pie estuvo presente en el Obelisco y dialogó con Juan Soto y Ayrton de los Santos, miembros de la agrupación.

La mañana de este martes, les jovenes organizades del Movimiento Sur realizaron una jornada para reclamar por el acceso al empleo digno. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se concentraron en el Obelisco, para luego movilizarse hacia el Ministerio de Trabajo. El objetivo de la protesta fue solicitar que el Gobierno nacional implemente políticas que permitan a les jóvenes insertarse en el mercado laboral. Asimismo, se buscó visibilizar la precarización en la que varies se encuentran actualmente.

Nota al Pie estuvo presente en la movilización de CABA y dialogó con Juan Soto, coordinador de Movimiento Sur, y Ayrton de los Santos, miembro de la agrupación.

Un empleo formal

En diálogo con Nota al PieJuan Soto, coordinador de la organización en Buenos Aires, contó que se movilizaron al “Ministerio de Trabajo para llevar los currículums de todos los compañeros y compañeras jóvenes, que se sumaron a la iniciativa”.

Soto aclaró que el objetivo fue reflejar la falta de trabajo, la cual es la realidad “del 42% de los jóvenes’’ que ‘’no tienen un empleo formal”. Considera que “es una preocupación que el Estado no tome cartas en el asunto”. A su vez, sumó que desde la organización hace un tiempo que vienen “denunciando la falta de trabajo y de oportunidades que hay hacia los jóvenes”.

Trabajo
Una de las preocupaciones es que les jóvenes “se vayan buscando otras posibilidades de inserción laboral”, confesó Soto. Crédito: Estela García para Nota al Pie.

“Por un lado, pedimos más empleo para la juventud, que es un sector muy golpeado en la crisis económica y social que tenemos hoy en día”, compartió Ayrton de los Santos, miembro de la agrupación. Asimismo, informó que actualmente “el 50% de los jóvenes están por debajo de la línea de la pobreza”.

Basta de precarización en el trabajo

La precarización fue otro de los temas principales en el cual hicieron foco. Soto aseguró que son muches les jóvenes que trabajan de repartidores o haciendo changas. “Lo único que hace es precarizar más el trabajo. Pibes y pibas que tienen que ganarse el mango todos los días terminan optando por estos lugares para tener unos pesos más”.

Tanto Soto como de los Santos explicaron que la situación no da para más, ya que no les permite a les jóvenes llevar una vida normal porque ganan por debajo de la canasta básica.

Esta es una crisis que afecta a todas las juventudes por igual, pero de los Santos destacó que según diferentes informes hay casos de una mayor marginación. Consideró que “la población de los barrios populares se ve doblemente afectada y si sos mujer triplemente afectada”.

La crisis económica y la pandemia azotan al trabajo

Trabajo
Juan Soto remarcó que el objetivo de la movilización fue reflejar la falta de trabajo, la cual es la realidad que afecta al 42% de les jóvenes que no tienen un empleo formal. Estela García para Nota al Pie.

La situación durante la pandemia fue “bastante heavy”, aseguró Soto. Y agregó que muchos individuos ‘’fueron echados de sus trabajos y las consecuencias las vemos hoy”. Ante esto, añadió que actualmente varies se encuentran sin empleo y que se acercan al Potenciar Trabajo para poder ganarse el sueldo.

“Durante la pandemia, les jóvenes terminaron dejando sus estudios y nosotros lo denunciamos cuando reclamamos por la conectividad en los barrios”, agregó el coordinador de Movimiento Sur. El objetivo era que no haya deserción escolar y a la falta del acceso a Internet se le suma la falta de empleo por lo que terminan dejando de lado sus estudios para ir a trabajar y es ahí donde tienen que aparecer el rol del Estado para que haya “trabajo digno”.

Por su parte, de los Santos considera que esta situación fue empeorando. Al respecto, manifestó: “Tal vez en otro momento, tu economía familiar te permitía solamente estudiar; pero después pasaste a estudiar y trabajar para luego directamente trabajar y finalmente tener que dejar los estudios».

El “Estado les está soltando la mano”

“Jóvenes estudiantes y graduados de la Universidad o de Terciarios se están acercando al Potenciar para tener un ingreso fijo”, confirmó Soto. También aportó que, personas que se dedicaron y esforzaron para estudiar y son profesionales, “hoy no consiguen trabajo’’ y ‘’se acercan a las organizaciones en busca de oportunidades”.

“El desarrollo de un país también se hace con la formación de profesionales”, remarcó Ayrton de los Santos. Crédito: Estela García para Nota al Pie.

Por último, de los Santos enfatizó con que esto “es una falla grave del Estado”, ya que muches jóvenes analizan la posibilidad de irse a otros países ante la falta de salida laboral.

El referente concluyó que deberían haber condiciones justas de trabajo para las personas que se educaron y formaron. También que se podrían emplear diferentes “programas o inversiones” para que tanto el empleo público y privado prolifere.

Fuente: https://www.notaalpie.com.ar/2022/06/28/trabajo-digno-para-las-juventudes-el-reclamo-del-movimiento-sur/

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Las más vulnerables, en medio de la batalla a favor y en contra del aborto en EE. UU.

El fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos el pasado viernes 24 de junio, que anuló el derecho constitucional al aborto, tiene consecuencias concretas para miles de mujeres, obligando a niñas a ser madres, mujeres a viajar miles de kilómetros para poder abortar y otras a practicar peligrosos procedimientos clandestinos. A favor y en contra, ambos bandos empezaron una batalla, unos esperando prohibir el derecho al aborto al nivel federal y otros trabajando para restablecerlo. Una lucha que promete ser de largo aliento.

ANUNCIOS

Desde la decisión de la Corte Suprema de anular el caso Roe Versus Wade, que protegía al nivel federal el derecho a abortar en el país, son ahora los estados los que tienen el poder de legislar el tema del aborto. Y varios de ellos, de tendencia republicana, ya han prohibido la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

Al menos siete estados, que habían previamente preparado una legislación contra el aborto, decidieron aplicarla tras la decisión de la Corte Suprema. Es el caso de Dakota del Sur, Misuri, Kentucky, Arkansas, Alabama, Oklahoma y Wisconsin, que decidieron prohibir la IVE. La mayoría de ellos, sin excepción en caso de violación o incesto y permitiéndolo solo si la salud de la madre está en peligro. En otros territorios, como Idaho, Tennessee o Texas, la nueva legislación entrará en vigor en un límite de 30 días.

En algunos estados, proveer una IVE a una mujer podrá ser sancionado con varios años de cárcel. Entre ellos, Utah, cuya ley considera que realizar un aborto es un delito castigado con hasta 15 años de prisión y una multa de 10.000 dólares. Aunque se dirige principalmente a los proveedores, los legisladores han reconocido que una mujer que se autoadministre un aborto, incluso con medicamentos, podría enfrentarse a cargos.

Mapa de la nueva legislación de los estados de EE. UU. sobre el aborto.

Añadiendo a la confusión sobre el tema, este lunes 26 de junio, unos jueces bloquearon las nuevas normas en Utah y Luisiana, donde las leyes que prohíben el aborto están temporalmente pausadas.

En Luisiana, una clínica y varios estudiantes de medicina atacaron las legislaciones, argumentando que son demasiado vagas ya que no especifican claramente las excepciones ni las penas asociadas. El juez Robin Giarrusso las bloqueó el lunes hasta una audiencia el 8 de julio. Los abortos han podido reanudar, pero por poco tiempo.

Este caso marca el inicio de largas batallas judiciales en varios estados conservadores. Sin embargo, según el instituto Guttmacher, a medio o largo plazo, se prevé que 26 de los 50 estados prohíban o restrinjan fuertemente el aborto.

El 41% de las mujeres en edad de procrear, las directamente afectadas

Cerca de la mitad de las mujeres en edad reproductiva en EE.UU. serían afectadas por las nuevas leyes. La consecuencia más directa es el cierre de las clínicas que proveen abortos. Solo en el primer año, más de 100.000 personas podrían verse afectadas negativamente en su derecho a tener acceso a servicios de IVE.

Según Catalina Martínez Coral, directora regional senior del Centro de Derechos Reproductivos para América Latina y el Caribe, “se estima que las personas gestantes que requieran un aborto tendrán que conducir un promedio de 279 millas (450 km) para que se les pueda practicar un aborto, en comparación con el promedio de 35 millas (56km) que hay hoy”.

Las mujeres rurales, con bajos recursos económicos o parte de minorías serán, de nuevo, las más afectadas; sufriendo, entre otras cosas, de estrés económico y físico al querer recurrir a una IVE.

“La gran mayoría no van a poder desplazarse a otro estado. Recordamos que la mayoría de las mujeres que buscan un aborto son las mujeres más jóvenes, que viven debajo de la línea de pobreza, mujeres racializadas, mujeres migrantes”, explica Catalina.

¿Qué pasará con ellas?

“Lo que vamos a ver en Estados Unidos es lo que hemos visto en América Latina durante décadas, situaciones trágicas y dolorosas, como mujeres que van a tener que buscar abortos clandestinos, muchas veces poniendo en riesgo su vida o su salud o niñas víctimas de violación sexual que van a tener que seguir adelante con un embarazo,” deplora Catalina.

La prohibición del aborto podría convertirse en un problema de salud pública, con la multiplicación de los fallecimientos o secuelas irreversibles por abortos clandestinos, así como la subida de los índices de mortalidad materna.

Algunos estados van restringiendo la posibilidad de abortar, pero el acceso a la educación sexual y a la contracepción tampoco están asegurados en ellos. En Estados Unidos, el reembolso de los contraceptivos no está garantizado y la Corte Suprema podría ir más allá y restringir aún más su acceso.

“Después de revocar estas decisiones probadamente erróneas, quedaría por resolver la cuestión de si hay otras provisiones constitucionales que protejan la miríada de derechos que nuestros casos de debido proceso fundamental han generado», escribió Clarence Thomas, uno de los jueces de la Corte Suprema. El magistrado hizo mención, entre otras cosas, al fallo que garantiza el acceso a anticonceptivos a parejas casadas, conocido como «Griswold contra Connecticut”.

Un manifestante por el derecho al aborto sostiene un cartel durante una manifestación frente a la Corte Suprema de EE. UU. en Washington, DC, el 25 de junio de 2022.
Un manifestante por el derecho al aborto sostiene un cartel durante una manifestación frente a la Corte Suprema de EE. UU. en Washington, DC, el 25 de junio de 2022. ROBERTO SCHMIDT AFP

Finalmente, como explica Robert Valencia, analista y periodista para Connectas.org, Estados Unidos “es el país con la tasa de mortalidad al nacer más alta dentro del mundo desarrollado”.

Según un estudio realizado por la organización Save the Children en 2019, Estados Unidos está en la última posición de los 20 países más desarrollados del mundo respecto a la mortalidad infantil, principalmente por la falta de garantía al acceso equitativo a la salud.

Según Robert Valencia, el peligro es aún mayor ya que el aborto podría ser prohibido al nivel nacional, una posibilidad tras las elecciones legislativas, conocidas en como elecciones de medio término, que tendrán lugar en noviembre.

En caso de victoria de estas elecciones, los republicanos podrían imponer una ley federal que prohiba el aborto en todo el país. “Si los republicanos ganan la mayoría del Senado, y de la Cámara de Representantes, algo que podría pasar, entonces ya estaríamos hablando de una prohibición nacional en su totalidad”, señala Valencia.

La laicidad, también en peligro 

Estados Unidos es un país laico en el cual existe una separación entre Iglesia y Estado. Sin embargo, con la nominación de tres jueces conservadores y antiaborto por el expresidente Donald Trump, y al tomar una sentencia que se mezcla peligrosamente con la ideología religiosa, Valencia denuncia un riesgo para la laicidad en el país.

Al tomar este tipo de decisión, “varios críticos han dicho que la Corte Suprema está caminando en una línea muy delgada entre lo que es la diferenciación de la Iglesia y del Estado”.

Históricamente, el Partido Republicano empezó a usar el tema antiaborto para ganar los votos de los evangélicos. Los conservadores todavía lo usan como bandera política, ahora de cara a las elecciones de medio término. Pero según Valencia, “otros expertos señalan que podría tener un efecto contraproducente ya que muchas personas no están de acuerdo con las decisiones que toma la Corte Suprema”.

Una activista por el derecho al aborto levanta el puño durante las protestas frente a la Corte Suprema de EE. UU. después de anular el derecho al aborto, en Washington, DC, el 24 de junio de 2022.
Una activista por el derecho al aborto levanta el puño durante las protestas frente a la Corte Suprema de EE. UU. después de anular el derecho al aborto, en Washington, DC, el 24 de junio de 2022. © AFP – Stefani Reynolds

En el país, las voces se elevan contra la corte, que acusan de no representar la voluntad general de los estadounidenses. Según los sondeos, cerca del 60% de la población considera que el aborto seguro es un derecho importante para las mujeres.

La lucha sigue para los movimientos que defienden el derecho del aborto

Después de la histórica decisión, el presidente Joe Biden fue uno de los primeros en reaccionar. «Está muy claro que la salud y la vida de las mujeres están ahora en peligro en esta nación,” declaró, añadiendo, “la lucha no ha terminado (…) haré todo lo que esté en mi poder para proteger el derecho de las mujeres”. Biden invitó a los electores a movilizarse en las elecciones legislativas.

Varias opciones se presentan ahora para defender el derecho al aborto en el país. Las organizaciones de derechos reproductivos trabajan más que nunca para ayudar a las mujeres a acceder a este derecho.

Al nivel federal, proyectos de ley protegiendo el derecho al aborto podrían ser votados por el Congreso, como la Ley de Protección de la Salud de la Mujer, que fue aprobada en 2021 por la Cámara de Representantes (cámara baja del Congreso).

Sin embargo, como recuerda Catalina Martínez Coral, al Senado le falta poder aprobar leyes con la mayoría simple para que la ley siga su camino. Actualmente, el Senado está divido entre demócratas y republicanos con 50 diputados de cada lado, y una ley puede ser votada solo con la aprobación de mínimo 60 diputados.

Las elecciones de medio término de noviembre darán el tono a la lucha sobre el aborto en Estados Unidos, mientras millones de mujeres, las más vulnerables, esperan en la mayor incertidumbre.

Fuente: https://www.france24.com/es/ee-uu-y-canad%C3%A1/20220701-vulnerables-batalla-favor-contra-aborto-eeuu

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Chile conocerá su nueva Constitución en un clima de apatía

El presidente Boric recibirá el lunes el texto que demoró un año de trabajo y que, de aprobarse, llevaría al país a la vanguardia de derechos individuales.

El texto de la reclamada nueva Constitución de Chile llegará a manos del presidente Gabriel Boric el lunes, pero lo hará en un clima de desidia, pese a que incluye derechos sociales reclamados en las calles durante el estallido de octubre de 2019.

En la sede del Congreso en Santiago, Boric recibirá el texto y quedará disuelta la Convención Constitucional compuesta por 154 miembros, paritaria y con escaños indígenas reservados, que comenzó su trabajo el 4 de julio de 2021 de redactar una Constitución que reemplace a la actual, vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

El próximo 4 de septiembre, en un plebiscito con sufragio obligatorio, más de 15 millones de chilenos deberán votar «Apruebo» o «Rechazo» este texto de 388 artículos, que incluye un nuevo ‘Catálogo de derechos sociales’ y que busca establecer un Chile plurinacional, intercultural y ecológico, con un nuevo orden político y judicial.

¿Nueva era en Chile?

 

«Creo que cumplimos con las demandas sociales, con los anhelos de la ciudadanía, lo que la gente esperaba y quería de este proceso», dijo a la AFP Bárbara Sepúlveda, convencional del Partido Comunista.

 

«Es una propuesta que constituye un avance histórico en democracia y garantía de derechos sociales para nuestro país, y que además está empapada de feminismo de punta a cabo», afirmó de su lado Alondra Carrillo, del Frente Amplio.

 

Para Fuad Chaín, único representante en la Convención del Partido Demócrata Cristiano (centro), el «texto falla» al generar una incertidumbre jurídica que provocará «un freno» en la economía, que impedirá la creación de nuevos sistemas de salud, pensiones y educación en Chile, base de los reclamos sociales en el país en la última década.

 

La redacción de esta nueva Constitución buscó canalizar las violentas protestas que estallaron en Chile a partir de octubre de 2019, originalmente motivadas por el alza del precio del subte en Santiago, pero que con el correr de los días levantaron las banderas de una mayor igualdad social.

 

Cristian Monckeberg, convencional de derecha -que en la Convención ocupó sólo 37 de los 154 escaños, sin posibilidad de veto a las normas que debían aprobarse por dos tercios- considera que se «desaprovechó la posibilidad de haber construido algo que una y que no divida» a Chile.

 

«No fue lo sencillo y amistoso que muchos hubiéramos querido y soñado. Las tensiones eran más fuertes», relató el escritor y convencional independiente Patricio Fernández. «Las sanaciones son más largas que la simple voluntad», agregó , sobre las peleas entre convencionales, junto a una activa campaña de desinformación en torno al borrador de la Constitución.

 

Una experiencia inédita en el mundo

 

La composición política inédita de la Convención -con una derecha en minoría- le otorgó a los independientes un papel fundamental, con un total de 104 representantes, mayoritariamente ligados a la izquierda y muchos de ellos surgidos del estallido social o las manifestaciones estudiantiles.

 

«El pueblo unido, avanza sin partidos», gritó un grupo de convencionales, al finalizar el martes la última votación, despertando rabia y reproches por parte de analistas, intelectuales e historiadores de Chile, que vieron en ese canto un tono divisorio y revanchista de la izquierda más radical.

 

Pero los dos tercios necesarios para aprobar las normas terminó por imponer la moderación y construir un texto que, de aprobarse, pondrá a Chile a la vanguardia en varios temas, como por ejemplo, el derecho al aborto y la protección medioambiental.

 

Convencionales de los pueblos indígenas celebran la inclusión de artículos sobre la propiedad de la tierra.

Convencionales de los pueblos indígenas celebran la inclusión de artículos sobre la propiedad de la tierra.

 

La Convención innovó también al ser paritaria. Setenta y siete hombres e igual número de mujeres redactaron el texto, que incluyó también por primera vez 17 escaños indígenas, para saldar una vieja deuda con los pueblos originarios, especialmente el mapuche.

 

El texto reconoce el concepto de plurinacionalidad y le otorga a los indígenas de Chile ciertas autonomías, especialmente en justicia.

 

De cara al plebiscito de septiembre, la mayoría de las encuestas le dan ventaja al «Rechazo», pero en momentos en que todavía no se difunde el texto final en su totalidad y la ciudadanía reconoce sentir confusión.

Fuente: https://www.ambito.com/mundo/chile/conocera-su-nueva-constitucion-un-clima-apatia-n5476054

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En Bangladés, desastres ambientales y trabajo infantil: el cambio climático amenaza los derechos de los niños

Los efectos del calentamiento global afectan a la salud, educación y protección de los más pequeños en muchos países en vías de desarrollo. Solo en Bangladés, y según Unicef, casi 20 millones de niños están en riesgo por las consecuencias del cambio climático.

Con sus 58 ríos fronterizos y situado en las tierras bajas del delta del Ganges, Bangladés cuenta con algunas de las llanuras más fértiles del mundo. Su territorio comprende selvas pantanosas, manglares y grandes arrozales. Sin embargo, estas tierras ricas que se funden con los ríos y el mar son también unas de las más afectadas por el cambio climático.

Desastres naturales como tifones e inundaciones se producen con cada vez más frecuencia y se unen a la erosión y la degradación del suelo. Esto supone un riesgo para millones de familias que viven en zonas inundables y que cada año se ven obligadas a abandonar sus hogares y sus medios de vida. Para los niños, la migración supone muchas veces el fin de su educación y el inicio de su vida laboral.

Los más vulnerables

De acuerdo con Unicef, más de 19 millones de niños bangladesíes están en riesgo por los efectos del cambio climático. Las amenazas derivan directamente de los propios fenómenos meteorológicos extremos (se calcula que más de 14.000 niños y niñas murieron ahogados en inundaciones solo en 2016) y de las consecuencias de la pobreza que estos generan.

A menudo, las familias que han perdido sus hogares migran a grandes ciudades como Dhaka y Chittagong con la esperanza de encontrar nuevos medios de vida. Allí, señala la ONG, “los niños se quedan a menudo atrás, en barrios marginales peligrosos e insalubres donde no existen servicios de cuidado infantil, de salud ni de educación”. Muchos menores se ven obligados a trabajar y, en el caso de las niñas, a casarse a pesar de su temprana edad.

Se calcula que al menos 1,7 millones de niños trabajan en Bangladés en la actualidad. Las niñas, muchas veces, ni siquiera figuran en las estadísticas, ya que se encargan de las tareas domésticas. Y este no es un problema que se limite a este país asiático: el número de niños que trabajan se sitúa en 160 millones en todo el mundo. La cifra ha aumentado significativamente durante los últimos años, sobre todo debido a la pandemia de COVID-19.

Retos, medidas y soluciones

Afganistán, India y Pakistán están, junto a Bangladés, entre los países del sur de Asia en los que los niños sufren más los efectos del cambio climático. Sus consecuencias ponen en riesgo su salud, su educación y su protección. Esta es una de las principales conclusiones del estudio de Unicef The Climate Crisis Is a Child Rights Crisis: Introducing the Children’s Climate Risk Index.

Este concluye que los menores de estos países están en peligro por impactos climáticos y ambientales, como inundaciones, ciclones y olas de calor, que afectan cada año a más de la mitad de la población de la región. Señala también que la situación es tan delicada que cualquier problema amenaza con revertir los avances de los últimos años.

Sin embargo, el informe deja también espacio para las soluciones: las inversiones en salud, nutrición y educación infantil pueden marcar una diferencia significativa a la hora de proteger a los niños del cambio climático.

Desastres ambientales y trabajo infantil: el cambio climático amenaza los derechos de los niños

Entre las medidas necesarias para mejorar la situación, Unicef destaca las siguientes:

  • Aumentar la inversión en medidas de resiliencia y adaptación climática, sobre todo en aquellas centradas en servicios clave para los niños.
  • Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para frenar el cambio climático.
  • Proporcionar a los niños educación climática y habilidades verdes, fundamentales para adaptarse y hacer frente a los retos del futuro.
  • Incluir a los jóvenes en las negociaciones y decisiones climáticas nacionales, regionales e internacionales, como las Cumbres del Clima (COP).
  • Garantizar que la recuperación de la pandemia de COVID-19 sea ecológica, baja en carbono e inclusiva.

Es necesaria también, la cooperación internacional para lograr un futuro más sostenible. Un mundo en el que los niños no se vean obligados a trabajar debido al cambio climático.

 Fuente: https://www.bbva.com/es/sostenibilidad/desastres-ambientales-y-trabajo-infantil-el-cambio-climatico-amenaza-los-derechos-de-los-ninos/

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Nigeria: To transform education, we need qualified, motivated and supported teachers

By the co-Leads of the thematic Action Track on teachers, teaching and the teaching profession, representatives of Nigeria, Romania and the International Task Force on Teachers for Education 2030

Ahead of the Transforming Education Summit in September, education ministers along with hundreds of youth, teachers and other stakeholders are meeting this week in Paris to revitalize efforts to achieve Sustainable Development Goal 4 and transform education. Together, they are considering how to deliver on existing commitments and identifying new ways to recover pandemic-related learning losses and transform our education systems for sustainable futures. To help the education community get back on track and give new life to efforts to achieve SDG 4 between now and 2030, today we are launching a campaign to put teachers, teaching and the teaching profession at the heart of education transformation.

Barriers to the teaching profession are barriers to quality education

Putting qualified and motivated teachers into classrooms is the single most important thing we can do to support better learning outcomes. In many parts of the world, teachers are too few, classrooms are too crowded, and teachers are overworked, demotivated and unsupported, with the result that learning outcomes suffer. Alongside the educational disruption of the COVID-19 pandemic, the quantitative and qualitative “teacher gap” is throwing our education targets, including SDG 4, way off track. Children in remote or poor areas are disproportionately affected.

More teachers are desperately needed. Globally, we are still millions of teachers short: recent estimates point to sub-Saharan Africa alone needing 15 million teachers to achieve SDG 4 by 2030. Compounding the teacher shortage, in many countries, teachers lack minimum qualifications and training.

Even if teachers are qualified, teacher retention rates are often low since poor working conditions and lack of support drive teachers to change careers. Too often, becoming a teacher is not seen as an attractive career path because the profession is poorly paid and poorly regarded. In many countries, teachers are simply not being paid a living wage, further undermining education systems.

The use of digital technology in education holds much promise for opening up learning to more children and young people. However, we need to improve access to technology for both teachers and learners, especially in sub-Saharan Africa and low-income countries where on average less than 1 in 3 schools have computers for learning and fewer than 1 in 5 have internet. We also need to better prepare teachers to adapt their teaching so that ICTs are used as a means to an end, not as an end in itself.

#TeachersTransform learning

During the COVID-19 pandemic, teachers were resourceful in continuing to educate and innovate in difficult circumstances. They forged new ways of teaching and engaging their students. Importantly, they supported students beyond academic learning, contributing to their well-being. In Rwanda, teachers innovated by using play-based learning to help rebuild students’ well-being following school closures and lockdowns. In Uganda, teachers used the radio to address learning gaps and to provide professional and well-being support to remote teachers affected by isolation.

Teachers know how to achieve the best learning outcomes for their classrooms and they should be given autonomy to organize and adapt to the changing needs of their students. This kind of flexibility has the potential to foster both bottom-up (grassroots) and top-down (system-wide) transformations. To support such efforts, school leaders should be given more autonomy and responsibility. And particular attention must be given to teachers working with displaced and refugee populations and those affected by conflict, including the educators themselves.

Governments and civil society must work together to build respect and trust for teachers and appreciation for the role teachers play in educating future generations. Serious commitment and investment are needed to grow the teacher workforce, improve training and support, include teachers in decision-making and raise the profession’s status.

Education systems need to transform to better support the teaching profession

To genuinely transform education, we must build a workforce of teachers who are engaged, respected and properly resourced. Consultations held as part of the thematic Action Track on teachers, teaching and the teaching profession have suggested three ways in which we can achieve this goal.

First, comprehensive national policies for the teaching profession need to be developed. These policies must provide stronger scaffolding for teacher preparation, career paths and governance, and should also lay out ways to empower leadership and promote innovation, develop qualitative frameworks and provide better work conditions.

Secondly, we need teacher participation in every step of decision-making and policy-making, through robust social dialogue. Teachers were at the forefront of the education response to COVID-19 and are best placed to address learning gaps and long-term learning solutions in the pandemic’s aftermath.

And lastly, we need to increase investment in wages, professional development and working conditions. As part of this, governments must honour their commitment of 20% annual expenditure on education. Domestic education budgets must grow and international donors need to increase levels of education aid to meet the benchmark of 0.7% of gross national income. Teacher policies should be properly costed and effectively implemented, especially in countries with the most severe shortages.

Much work remains to be done, but one thing is clear: teachers are central to transforming education and alleviating the global education crisis. Only together can we reimagine education and deliver on the promise of quality education for all.

Join the #TeachersTransform campaign launched today by the International Task Force on Teachers for Education 2030, as part of the thematic Action Track on teachers, teaching and the teaching profession. More information here.

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Prohibido reprobar: los alumnos de educación básica de México tienen garantizado este ciclo escolar

Tampoco se tomará en cuenta el porcentaje del alumno para aprobar el grado en 2022

Este fin de ciclo escolar, ningún alumno en México reprobará. Según un acuerdo de la Secretaría de Educación Pública publicado este martes en el Diario Oficial de la Federación, solo podrán asignarse calificaciones numéricas en la escala de 6 a 10 a alumnos de primaria y secundaria. Adicionalmente, la asistencia a clases no será un requisito para aprobar, de modo que todos los alumnos tienen garantizado su pase al siguiente grado en el ciclo escolar 2021-2022.

El documento, firmado por la titular de Educación, Delfina Gómez, indica que el registro de calificaciones finales para este ciclo escolar tomará en cuenta los logros de los aprendizajes y considerará los niveles de comunicación y participación en las actividades señaladas por las y los docentes. “En todos los casos en que se asiente una calificación numérica en la boleta de evaluación de las y los estudiantes de educación primaria y secundaria, la calificación que deberá registrarse no podrá ser inferior a 6″, dice el acuerdo. La escala numérica de calificaciones en el país considera que 5 es una calificación reprobatoria, por lo que el alumno debe repetir el grado.

Alma Leticia Delgadillo, docente de quinto año de primaria en una escuela privada en Ciudad de México, recuerda que en su carrera como maestra ha reprobado a dos alumnos y no se arrepiente de haberlo hecho. “Quedé convencida de que fue lo correcto y de que era una forma de ayudar al alumno”, dice en consulta.

Según las autoridades educativas, esta medida se toma para no rezagar a los alumnos que han vivido la pandemia por coronavirus. “Mitigar los efectos negativos de la pandemia en los aprendizajes, mediante una valoración diagnóstica que permita conocer el avance del aprendizaje de las y los educandos durante el ciclo escolar 2020-2021, así como establecer un periodo extraordinario de recuperación”, indica el acuerdo.

A los docentes no les ha caído bien la noticia, según lo han dado a conocer en redes sociales, sobre todo porque el ciclo escolar está a tres días de concluir. “(La medida) tiene un fin meramente estadístico que velará el verdadero rezago educativo en el que se encuentra nuestro país después de la pandemia y que no se buscarán soluciones, sino solo ir tapando los huecos tan tremendos que se presentan”, indica la profesora Delgadillo.

Solo a los estudiantes con quienes no se ha tenido contacto alguno se les registrará con la leyenda “información insuficiente”, aunque podrán ser evaluados nuevamente al concluir el periodo extraordinario de recuperación del siguiente ciclo, a finales de noviembre de 2022, a fin de que cuente con una calificación numérica en su boleta. “Las instituciones tienen que tomar decisiones para saber cómo vamos a atender a los alumnos. Creo que lo más importante es impartir conocimientos básicos bien afianzados y no crear un nuevo programa”, concluye Delgadillo a pocos días de concluir el ciclo escolar.

Fuente: https://elpais.com/mexico/2022-06-29/prohibido-reprobar-los-alumnos-de-educacion-basica-de-mexico-tienen-garantizado-este-ciclo-escolar.html

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