El paro en todos los niveles de la enseñanza fue convocado por la denominada Plataforma Estatal por la Escuela Pública, que agrupa a profesores, estudiantes y a la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (Ceapa).
José Luis Pazos, presidente de la Ceapa, pidió al ejecutivo que revoque la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), sancionada en 2013 durante el primer mandato del derechista Partido Popular (PP), entonces con mayoría parlamentaria.
Pazos calificó de inaceptable el recurso presentado por la administración de Rajoy ante el Tribunal Constitucional, mediante el cual busca impedir que el Congreso de los Diputados tramite una iniciativa legislativa encaminada a suspender la Lomce.
El representante de la Ceapa denunció los nuevos recortes en educación reclamados por la Unión Europea (UE), cuando se trata -dijo- de recuperar los miles de millones de euros de inversión perdidos durante la crisis económica.
Además, arremetió contra cualquier nueva ‘contrarreforma’ en la instrucción pública, su privatización y el retraso con que comenzará a trabajar la subcomisión parlamentaria encargada de negociar un pacto educativo.
Advirtió que los compromisos de déficit asumidos por España con la UE pueden conllevar un tijeretazo de ‘mil millones de euros para la educación’.
Maribel Loranca, de la Unión General de Trabajadores, criticó que el gobierno del PP siga comportándose como si todavía tuviera mayoría absoluta en la Cámara baja, al ignorar a los representantes de los trabajadores de la enseñanza.
No se puede gestar un pacto sobre los cimientos de una ley rechazada ampliamente desde el punto de vista social y político, añadió en alusión a la Lomce, calificada de elitista y excluyente por toda la comunidad educativa.
La Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa estipula que, al acabar el cuarto curso de secundaria y el segundo de bachillerato, los alumnos deberán realizar unos polémicos exámenes finales, que tendrán que aprobar para recibir los títulos correspondientes.
Si suspenden esas pruebas, conocidas como reválidas, se quedarán sin la titulación, aunque hayan aprobado todos los cursos, de acuerdo con la Lomce.
Todos los convocantes de la medida de fuerza coinciden en que la lucha en la calle está siendo el medio más eficaz para defender una enseñanza pública, universal y gratuita.
La de este jueves será la tercera huelga general del sector en la que participan padres, estudiantes y profesores desde que gobierna Rajoy.
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