América del Sur/Argentina/28-05-2021/Autor(a) y Fuente: www.diariodecuyo.com.ar
El Ministerio de Educación sanjuanino habilitó una nueva plataforma digital para la continuidad de las trayectorias educativas virtuales. Se trata de Innovatec, que fue diseñada para proporcionar a educadores, administradores y estudiantes un sistema integrado único y seguro para crear experiencias educativas personalizadas y grupales. Innovatec se suma a la plataformas que se crearon tras suspenderse las actividades escolares en 2020. La página oficial es www.san juan.magnaplus.org.
Fuente e Imagen: https://www.diariodecuyo.com.ar/sanjuan/Lanzan-nueva-plataforma-educativa-20210522-0080.html
“Lamentablemente no hay avances, no sabemos dónde están nuestros hijos. No hay diferencia del gobierno anterior al gobierno actual y es desesperante para nosotros”, dijo hoy Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete, en el mitin en el Hemiciclo a Juárez, a 80 meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Navarrete recordó que “el gobierno federal dijo que habría un cambio y nos abrieron las puertas, y ahora hay un fiscal especial para la investigación. Nos dieron esperanza cuando nombraron todo eso, ¿pero de qué sirve? Tienen detenidos y no dicen nada. Queremos que digan la verdad”.
Madres y padres de los 43 marcha en la Ciudad de México a 80 meses de la desaparición forzada de sus hijos. Foto: Erika Lozano
Hoy, como cada 26, las madres y padres de Ayotzinapa volvieron a salir a las calles para reclamar la verdad sobre el paradero de sus hijos. Marcharon del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez, en la Alameda Central, donde a su exigencia de la presentación de los estudiantes, sumaron la de la liberación de los 19 normalistas de Mactumactzá, Chiapas, presos desde el pasado 18 de mayo.
Los rostros conocidos de las madres y padres de los normalistas volvieron a recorrer la avenida Reforma de la Ciudad de México, haciendo una simbólica parada en el Antimonumento a los “43 y más”, donde realizaron el pase de lista con cada uno de los nombres de los estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero, la noche del 26 de septiembre del 2014. Detrás de ellos caminó el contingente de Mactumactzá, conformado por jóvenes que exigen justicia para sus compañeros “encarcelados por luchar por una educación digna”. La comunidad otomí que mantiene tomadas las instalaciones del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) marchó detrás, junto al resto de las organizaciones sociales que mes con mes acompañan la “exigencia de verdad”.
Integrantes de la comunidad otomí, quienes sotienen la toma del INPI, se solidaridan con los padres y madres de Ayotzinapa. Foto: Erika Lozano.
“Hasta el día de hoy el gobierno no ha puesto una respuesta en la mesa. ¿Cuándo vamos a tener una investigación que dé esperanzas como las que dio el presidente cuando fue electo? Lo vemos difícil. Por eso estamos en la tarea de realizar actividades de búsqueda y recorrer lugares donde el gobierno menciona que participaron elementos de Cocula, de Iguala, del 27 Batallón, de los federales”, reclamó José Ángel Navarrete en nombre de la comisión de padres y madres.
Normalistas exigen la libertad de los detenidos en Chiapas. Foto: Erika Lozano.
Y siguieron las preguntas: “¿Qué está haciendo el actual fiscal con los elementos de seguridad involucrados en la desaparición de nuestros hijos? ¿Por qué se le dificulta al gobierno llegar a la verdad?”. Ante la falta de respuestas, explicaron, ahora están recorriendo comunidades de Guerrero recabando información “para dársela al fiscal, por si él no puede”. Al mismo tiempo, apelaron a que “si algún ciudadano o ciudadana que sepa algo del paradero de nuestros hijos nos pueda decir”.
Los padres y madres fueron firmes. El beneficio de la duda al actual gobierno tienen una vigencia, y “no vamos a permitir que no se le dé seguimiento a la información importante, como el anterior gobierno que no hizo nada”, finalizó Navarrete.
La “Cantina Trans Travesti La tía” necesita del acompañamiento y solidaridad de toda la comunidad cordobesa. Desde que comenzó la pandemia, 60 personas que dependían de esa fuente laboral no cuentan con ese ingreso. En un contexto agravado por la falta de concreción de una política clara de inclusión laboral para la comunidad trans, travesti y no binarie.
Entre los caminitos verdes de la Ciudad Universitaria que bordean los edificios coloreados de murales y consignas, denuncias, reivindicaciones y deseos, de pronto aparece la Casa Verde. Allí, desde 2018, funcionaba la Cantina de inclusión laboral trans travesti “La tía” que constituyó un sistema de economía popular y cooperativo, como un horizonte de posibilidad real y concreto. Ofrecía un menú para todos los gustos, con la bandera LGBTTTIQ+ que flameaba entre los cafecitos y los budines o tartas veganas.
(Imagen: Facultad de Filosofía y Humanidades – UNC)
La Cantina como espacio de derechos fue una conquista de estudiantes acompañades por parte de la comunidad universitaria. Fue y es un recordatorio del presente de desigualdades que viven las personas trans y travestis. Desde el año pasado, no abre sus puertas debido a la crisis sanitaria y hoy, en medio de la profundización de la crisis económica, necesitan de nuestro apoyo. Más de 60 personas dependían de esa fuente laboral y, de un momento a otro, quedaron a la deriva.
Desde el Área Trans, Travesti y No Binarie de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), coordinada por Ivanna Aguilera y en conjunto con la Decana de la Facultad, Flavia Dezzutto, lanzaron esta semana una colecta solidaria que básicamente busca resolver cuestiones alimentarias y colaborar con productos de higiene personal y para la casa, así como ropa de abrigo y calzado.
Desde La tinta, conversamos con Ivanna Aguilera, ella es la primera mujer trans que ocupa un cargo dentro de la UNC; insistente luchadora por ampliación de derechos para la comunidad trans travesti, es parte de esta iniciativa solidaria. “Necesitamos que nos acompañen para cubrir la alimentación y el cuidado personal, porque, una vez más, queda claro que somos un sector de la sociedad que vivimos detrás de los derechos del resto, apelamos a la solidaridad de las personas, de las organizaciones”, expresa con contundencia y esperanza en la trama colectiva.
En un ejercicio de historización, nos cuenta que la Cantina surgió producto de un trabajo territorial con el Centro de Estudiantes “Estudiantes al Frente” de la Facultad de Filosofía en el marco del Proyecto de Inclusión Laboral Trans-Travesti, “queríamos acompañar la vida de las personas trans travesti en el ámbito universitario. Logramos un espacio físico y se convirtió en la primera cantina de inclusión laboral trans travesti a nivel universitario en la Argentina”.
Cuando inauguraron la Cantina, al ser el primer año y la primera experiencia, Ivanna relata que ella estaba todos los días allí: “Abría y cerraba, y estaba pendiente de acompañar y, de alguna manera, capacitar a les pibes. En el 2019, ya quedó en manos de les pibes, porque ese era el proyecto, que pudieran hacerse cargo de todo: atención al público, a proveedores y toda la administración en general. Y en 2019, la re-inauguraron y, al nombre Cantina de Inclusión Laboral Trans Travesti, le agregaron “La tía”, porque a mí me dicen ‘La tía Ivanna’”.
La propuesta contaba con 6 compañeres que estaban en atención al público y 32 personas vinculadas con el servicio de proveeduría de alimentos. Fue un proyecto que marcó un logro muy importante, implicó visibilidad y una apuesta política como fuente real de trabajo. “La población trans no tenemos acceso a los ámbitos educativos y menos aún al universitario. No tenemos acceso al trabajo formal y seguimos dependiendo del ejercicio de la prostitución como único medio de supervivencia. Esta realidad dificulta acceder al estudio y tener iguales oportunidades que el resto: te cansás, estás mal alimentada y la educación es costosa. La Cantina, espacio que gestamos colectivamente, generaba para un grupo de compañeres un dinero fijo que les permitía transitar -relativamente cómoda- su carrera universitaria”, expresa Ivanna.
Para coordinar la donación de productos o dinero, se pueden comunicar a los teléfonos (0351) 7276671 o 3516532317 (Ivanna Aguilera), o por correo electrónico a area.trans@ffyh.unc.edu.ar
¿Y la inclusión laboral travesti – trans?
Si bien la campaña de donaciones acompañará y permitirá paliar la dura situación que viven les compañeres, Ivanna remarca: “El problema es profundo y de raíz. Seguimos sin una verdadera política de inclusión trans. No tenemos, hasta el día de hoy, registros para acceder a algún cupo. No tenemos las reglas claras y, por ese motivo, seguimos sin tener acceso al trabajo formal. Necesitamos seguir con este tipo de políticas de contención entre nosotres para poder seguir adelante”, señala Aguilera.
El último relevamiento que oficializó el Registro Civil sobre personas trans y travestis en la provincia de Córdoba indicó que aproximadamente 4.600 personas habían registrado un cambio de identidad. Pero falta una política censal que permita saber con mayor detalle las situaciones y realidades que se están atravesando.
“Nosotres celebramos el cupo trans que por decreto presidencial tenemos a nivel nacional, pero sabemos que eso no va a solucionar la problemática de toda la población trans y travesti. Necesitamos políticas verdaderas de inclusión: poder presentarnos a trabajar en cualquier lado y que nuestra condición trans travesti no sea un condicionante; que se incentive al sector privado para que puedan absorber nuestra demanda laboral. Las políticas tienen que ser concretas, no parches o programas sociales, o capacitaciones para ver si a lo mejor y tal vez puedas tener un trabajo. Son años de lucha para que las políticas sean de inclusión laboral y cupo laboral con horizontes concretos y reglas claras”.
“Necesitamos trabajar para poder construir nuestras vidas”, afirma Ivanna una vez más, como tantas veces en que ha plantado su voz por este derecho básico. “No está clara la implementación del cupo trans, no sabemos si está vigente o dónde hay que inscribirse. No conocemos el listado donde les compañeres puedan inscribirse para acceder a un puesto laboral en alguna repartición del Estado en cualquier provincia. No queremos designaciones a dedo por tener puesta una camiseta política. Queremos tener todes y todas las mismas oportunidades, que haya un registro, que sea visible y que se puedan anotar”, concluye Ivanna.
¿Dónde está Tehuel?
Fuente: La tinta / Imagen de portada: Facultad de Filosofía y Humanidades.
Cada 29 de mayo se celebra en Argentina el “Día del Bicicletere”, en conmemoración al reconocido ciclista local Remigio Saavedra, quien ganó centenares de carreras y que, con 70 años, realizó un viaje en bicicleta desde Mendoza a Buenos Aires.
Aprovechando la efeméride, ciclistas de Córdoba tenían previsto realizar una bici-movilización este sábado para reivindicar los derechos de les ciclistas, destacar el trabajo de les bicicleteres y reconocer la trayectoria de 9 años de los Talleres Populares de Ciclomecánica en nuestra ciudad. Sin embargo, tras las medidas sanitarias anunciadas, la actividad se postergará
A propósito de estos últimos, convidamos un texto escrito por Santiago Bonacossa, del Proyecto Reparate, que nos permite adentrarnos a las experiencias de educación popular, economía solidaria, reciclaje y protección al medio ambiente que se viven en los Talleres Populares de Ciclomecánica de Córdoba.
(Imagen: Fernando Bordón para La tinta)
Hacia un reconocimiento de los talleres populares de ciclomecánica cordobeses | Por Santiago Bonacossa
Hace casi una década que en diferentes barrios de Córdoba comenzaron a surgir espacios de organización bicicletista. Estamos hablando de los Talleres Populares de Ciclomecánica, espacios autogestionados para sostener actividades que permitan integrar la educación popular y la convivencia barrial, la recuperación y el reciclaje de materiales y la innovación social.
Estos espacios permitieron a lo largo de los años que miles de cordobeses desarrollen capacidades para la auto-reparación de sus rodados y lograron, además, captar el interés de personas comprometidas con su sociedad que aportaron al sostenimiento de la actividad y se formaron como talleristas populares. Hoy, estas experiencias solidarias han sido legitimadas socialmente y han construido un legado educativo basado en el intercambio horizontal de saberes. Es por ello que merecen ser reconocidos con miras a una profesionalización.
Los Talleres Populares de Ciclomecánica representan una historia que merece ser enunciada, compartida, cuidada y también replicada. Esto no debe limitarse al saber y la vivencia de quienes han sido parte, tiene que trascender la experiencia de los protagonistas para ponerlo en valor al conjunto de la sociedad y las instituciones públicas y privadas que, de una u otra forma, se vinculan con la temática.
En este escrito, intentaré desarrollar mi visión sobre las dinámicas que subyacen a estos espacios y lo que considero son las claves para la construcción de sociedades sostenibles.
La construcción de Masa Crítica
Un primer factor a analizar tiene que ver con un concepto ampliamente difundido en el movimiento bicicletista, el de la ‘masa crítica’. Esta idea contempla que un determinado fenómeno puede sostenerse y cobrar dinámicas mayores a lo largo del tiempo sólo si cuenta con un determinado número de personas que participan de él. Entonces, podemos destacar que, en la ciudad de Córdoba, la experiencia de los Talleres Populares de Ciclomecánica han logrado alcanzar este número (o masa crítica) de participantes, abriendo la posibilidad de sostenerse y asumir dinámicas mayores.
Esta práctica de la libertad que de manera amistosa y solidaria nos damos les unes a les otres se apoya en dimensiones Educativas, Ecológicas y Económicas para lograr estos fines y hacer accesible el uso de la bicicleta a más personas.
Desde la dimensión Educativa, les talleristas realizamos un acompañamiento atento, poniendo en común el uso de herramientas y conocimientos, de un proceso educativo que facilita a les asistentes la auto-reparación de sus rodados. Esto posibilita una relación horizontal en el proceso de aprendizaje que logra involucrar al asistente de forma activa: tomando las herramientas en su mano y explorando las diversas aproximaciones a un problema mecánico. Luego, desde esta concepción activa del proceso, se genera una circulación de conocimientos entre les asistentes que permite la apropiación de estos. Esto, que por un lado posibilita la formación en Educación Popular para les talleristas, por el otro, vemos que puede lograr un involucramiento activo de les asistentes en la autogestión del espacio, siendo la semilla para la rotación de talleristas y la sostenibilidad de esta actividad.
En cuanto a la Ecología, cabe notar que la bicicleta, comprendida como un ‘hardware libre’, es una máquina que puede sobrevivir a su usuario original y tener dos o más usuarios en su vida útil si es mantenida adecuadamente. Esto reduce drásticamente la necesidad de extraer materiales y emplear energía, ambos cada vez más escasos, para la producción de nuevas bicicletas.
A cuenta de lo anterior, cabe mencionar entonces cómo la actividad influye en la economía local. Ya que les talleristas actuamos como gestores/organizadores de donaciones de bicicletas descartadas del mercado o abandonadas. Un poco de mecánica y algunos repuestos después (que también pueden ser materiales recuperados), estas bicicletas pueden salir a rodar con muy bajo costo en recursos. Esto posibilita que una persona que no accede a una en el mercado, pueda hacerlo por este medio, participando de lo que conocemos como Economía Popular. También participamos de lo que se denomina Economía Circular, ya que si se pusiera a funcionar cada bicicleta en desuso de nuestra ciudad, podríamos afirmar que se puede hacer accesible la bicicleta para cada familia de la misma con un impacto ambiental prácticamente nulo. Por todo esto, el trabajo de un tallerista comprende el ser mediador entre una bicicleta ‘abandonada’ y su potencial usuario.
Un tercer aspecto económico relevante tiene que ver con facilitar la formación en el oficio de la bicicletería de manera prácticamente gratuita. Lo que hoy permite que en Córdoba exista un nutrido cuerpo de bicicleteres que ofrece el servicio de reparación para quienes aún no han aprendido a auto-repararse y que han creado una mayor abundancia de productos y servicios vinculados al uso de la bici en la ciudad.
En resumen, considero que lo expuesto hasta ahora puede traducirse en que la ciclomecánica popular cordobesa brinda mayores posibilidades para sostener un número importante de bicicletas ‘activas’. Facilitando cotidianamente el acceso a la Movilidad Urbana Sostenible para muchxs de nuestros conciudadanos y la construcción de la Masa Crítica bicicletista.
(Imagen: Fernando Bordón para La tinta)
La apuesta cultural y política
‘Hoy no podemos pretender que el empleo de la bicicleta haya respondido a los desafíos de la nueva organización urbana. La revolución ciclista aún no se ha producido. Pero los demás ejemplos que podemos observar y estudiar en el mundo muestran que la idea de una ciudad donde reine la circulación en bicicleta no es una completa fantasía. La esperanza de que, por una vez, la imaginación de lo que vendrá pueda cautivar la historia presente, movilizar a la sociedad, desplazar las líneas de vida y subvertir los temores y rencores de los menos imaginativos’.
Extracto de ‘Elogio de la Bicicleta’ de Marc Augé (2008)
En la misma línea de lo que plantea este reconocido antropólogo francés, podríamos decir que un segundo factor a analizar de la ciclomecánica popular tiene que ver con el impacto socio-cultural y político. A mi parecer, no cabe duda de que los talleres configuran procesos de innovación social a escala local que favorecen los intercambios, la convivencia vecinal y presentan un escenario apto para el fortalecimiento de vínculos sociales amables y amistosos.
Esto es significativo en el sentido en que genera condiciones para un entramado comunitario más cohesivo. Los talleres populares son entonces dinamizadores del tejido social que enriquecen y posibilitan formas de vida democrática. La conjugación entre esta práctica democrática, la apropiación del espacio público que se da en los mismos y la mencionada apropiación del conocimiento por parte de les asistentes (aprendizaje que puede trasladarse fácilmente a otros ámbitos de la vida) reúne las condiciones para la politización de las personas, entendiendo a esta como el resultado final de toda práctica de Educación Popular.
Considero esto central, ya que hemos encontrado herramientas para realizarlo en una etapa que se podría caracterizar como Capitalismo Tardío: momento en el cual el neoliberalismo es ‘moneda corriente’, donde todo –o casi todo- es convertido en mercancía y los intercambios se dan en el marco del costo-beneficio. Donde proliferan estilos de vida hiper-individualistas y el consumismo desenfrenado encarece cada vez más la sostenibilidad de los ecosistemas. Sin ánimo de ampliar demasiado en esto, está a la vista que los resultados de este modelo han sido la desigualdad social, política y económica, la injusticia, la contaminación y depredación de bienes naturales, entre otros males de nuestro tiempo.
Es ante esta realidad que nuestra actividad está aportando algo tan importante como es la posibilidad de imaginar y crear otras formas de vincularnos humanamente en relación con la urbanidad y su contexto ambiental más amplio. Esto se posibilita gracias a la calidez, el cuidado y la seguridad del espacio aportados por les talleristas populares. Desplazando así a las lógicas mercantilizadas que encontramos habitualmente en la vida cotidiana.
Finalmente, la apuesta cultural y política que se propone tiene la intensión de identificar el trabajo cultural que podría atribuirse a los talleres de ciclomecánica: nuestro ejercicio de la solidaridad. Con esto confiamos estar anunciando un escenario diferente al que hoy en día muches asumen casi como una realidad inevitable para nuestra sociedad: la insostenibilidad del sistema económico o el colapso ecosistémico.
Nuestra propuesta de profesionalizar la actividad pretende poner en juego la posibilidad de poder llevar a otros barrios de la ciudad este ejercicio de la esperanza. Por ello es que desde el Proyecto REPARATE tenemos como consigna el reconocimiento del trabajo de les talleristas populares de ciclomecánica a los fines de que estos comiencen a percibir un salario. Invitamos entonces a les compañeres a que se identifiquen y apropien de esta trayectoria para reconocerse parte de una historia que puede subvertir las formas deshumanizadas y anti-políticas de vida a las que nos han querido recluir.
Por último, quiero agradecer a todas las personas que sin esperar más que una sonrisa a cambio, mantienen viva la actividad en Córdoba desde el 2012 en los diferentes talleres. Salud y Bicicletas.
Edición y redacción: Mely Arellano/Video: Marlene Martínez/Material visual: Gogo
El 65% de menores de edad que desaparecen en el municipio de Puebla son mujeres; la trata es la principal razón, coinciden organizaciones civiles. Mientras en 2019 ese municipio ocupó el primer lugar en desaparición de niños, niñas y adolescentes en México, la Comisión estatal de Búsqueda tuvo un subejercicio de 10 millones.
Victoria Rosales no sabía cuántas adolescentes estaban desaparecidas en Puebla y se vino a enterar de la peor manera: cuando desapareció su hija Nadia, a los 17 años, la mañana del viernes 27 de octubre de 2017.
Ese día, como cualquier otro, la acompañó hasta la parada de la Ruta 5, a unas calles de su casa en la colonia Lomas de San Miguel, al sur de la ciudad. La vio subirse al microbús y se despidió de ella. A las 2:30pm Nadia debía regresar de la escuela, pero eso ya no sucedió. Y ahí, dice Victoria Rosales, empezó el calvario.
El año en que desapareció Nadia, la capital del estado de Puebla ocupó el segundo lugar nacional en desaparición de niñas, niños y adolescentes. Las cosas no han mejorado desde entonces, e incluso la situación ya era grave desde antes: la desaparición de menores de edad no es un asunto nuevo, aunque sigue siendo un problema poco conocido.
Desde 2012 y hasta 2018, Puebla fue el segundo municipio en todo el país con más desapariciones de este grupo poblacional (de 0 a 17 años), de acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia (Redim), con base en los datos oficiales del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (Rnped).
Para 2019 la ciudad se convirtió en primer lugar nacional; ese año desaparecieron 389 menores de edad, o al menos ese fue el número de Carpetas de Investigación (CDI) que se abrieron por el delito de desaparición. En 2020 la entidad ocupó el tercer lugar nacional con más menores desaparecidos, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Si bien todas las desapariciones son alarmantes, las de niñas, niños y adolescentes tienen que ser investigadas de manera particular, pues por su edad y la etapa del desarrollo en que se encuentran merecen una protección integral, explica en entrevista para LADO B, Juan Martín Pérez García, hoy ex director de la Redim (su gestión concluyó hace unos días, el 14 de mayo), así que cualquier interrupción o afectación que sufran puede impactar negativamente en su proyecto de vida.
Por ejemplo, agrega, a diferencia de las personas adultas que pueden “decidir ausentarse, las personas menores de edad no deben quedar sin protección de su red familiar y tutores legales”, ya que son “vulnerables al poder adulto” y pueden convertirse en “objetos de venta” para fines de explotación sexual y/o laboral, o adopciones ilegales, entre otras. Es por eso que el Estado tiene la obligación de protegerles totalmente.
Un dato más para tomarse en cuenta y dimensionar el problema: en Puebla el 65% de quienes siguen sin localizarse son mujeres, o más bien niñas y adolescentes, como Nadia, a cuya familia le han reportado más de una vez haberla visto en zonas de prostitución en otros estados, pero “la Fiscalía no ha hecho nada”. A casi tres años y medio, la investigación tiene pobres avances.
Fiscalía, ausente y omisa
Han pasado tres años y medio desde la desaparición de Nadia Guadalupe, y todavía no existe una Alerta Amber con su nombre. Apenas hace ocho meses, el nuevo investigador -lo han cambiado cinco veces- que la Fiscalía General del Estado (FGE) asignó para investigar el caso, comenzó a girar los oficios de colaboración al resto de las entidades federativas para solicitar apoyo con la búsqueda.
La puntualización es necesaria: a la Fiscalía le tomó más de 3 años enviar unos oficios. Además, a la fecha su familia aún desconoce por qué nunca emitieron la Alerta Amber. Victoria Rosales recuerda que el Ministerio Público le dijo que Nadia “no corría peligro” porque “no tenía el perfil para la trata de personas”.
Si bien la Alerta Amber es un mecanismo de jurisdicción estatal, cuando desaparece una persona menor de edad las autoridades están obligadas a emitirla de inmediato, porque con ello se difunde una ficha de búsqueda a nivel nacional y se activa la colaboración entre todos los estados de la República.
Pero en Puebla, aunque es una de las entidades donde hay más niñas y niños desaparecidos, este mecanismo no siempre se aplica. De acuerdo con los datos difundidos por la Comisión Nacional de Búsqueda en su informe de abril 2021, Puebla es una de las siete entidades donde se concentra el 62% de las desapariciones de niñas y adolescentes en el país. Y pese a ello, la Alerta Amber no siempre se emite.
De acuerdo con la información pública de la propia Fiscalía “la difusión de la Alerta Amber Puebla se realiza a través del portal de internet y cuentas de redes sociales oficiales, así como por autoridades, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación, mediante cédula oficial”.
En una revisión de la cuenta de Twitter de la FGE se encontraron sólo 28 Alertas Amber, correspondientes al mismo número de menores que desaparecieron en la ciudad de Puebla del 2015 al 2020, muy lejos de los 479 que aún no se localizan según la propia Fiscalía; es decir, apenas el 5.8% de los casos se publicaron en esa red social de la dependencia.
El Colectivo “Voz de los desaparecidos en Puebla” dijo a LADO B que muchas veces la FGE no elabora los boletines de búsqueda, y tampoco lo sube a redes ni se difunde públicamente, argumentando la protección del interés superior del menor. De hecho el Colectivo tiene conocimiento de varios casos en los cuales las propias autoridades de la FGE recomiendan a los familiares que no se acerquen a medios ni a colectivos, porque “van a entorpecer el caso y poner en riesgo a la persona”.
Pero interponer la Alerta Amber por sí sola tampoco es la panacea, lo sabe bien Teresa Vega, mamá de Rafael Huerta Vega, quien desapareció el 6 de octubre del 2020 a la edad de 12 años, en la colonia Playas del Sur supuestamente cuando iba a la tienda. Y aunque la denuncia por su desaparición se hizo el mismo día, la Alerta Amber se emitió hasta 3 o 4 días después.
Sin embargo, igual que el caso de Nadia, la investigación tampoco ha tenido avances significativos. Su mamá ni siquiera ha podido ver la Carpeta de Investigación pues se la han negado aduciendo que se trata de una “investigación privada”; tampoco le permitieron presentar una denuncia contra el padre de su hijo, con quien vivía el niño cuando sucedió la desaparición, para pedir que investiguen un presunto maltrato contra el menor.
Tanto Teresa Vega como Victoria Rosales coinciden en que la Fiscalía no sólo no hace su trabajo, sino que además los Ministerios Públicos las regañan, no les dan explicaciones, son groseros y les han lanzado acusaciones veladas de ser responsables en las desapariciones.
Y si en materia de localización las autoridades no han demostrado eficiencia, en prevención es aún peor. No hay alguna instancia de ningún nivel que tenga trabajo en ese sentido. La omisión no es menor si consideramos que, de acuerdo con la Redim, la desaparición de menores en el municipio de Puebla está vinculada sobre todo a la trata de personas y la explotación sexual.
Una Comisión de Búsqueda que no busca
La obligación de investigar las desapariciones y buscar a las personas desaparecidas, incluyendo por supuesto menores de edad, corresponde a la Fiscalía y al gobierno del estado, a través de la Comisión Estatal de Búsqueda.
La Comisión Estatal de Búsqueda se creó en junio del 2019, como “un órgano desconcentrado de la Secretaría General de Gobernación, con autonomía técnica y de gestión, encargada de determinar, ejecutar y dar seguimiento a las acciones de búsqueda, localización e identificación de Personas Desaparecidas o No Localizadas, en el territorio poblano”, dice su página.
Sin embargo, la falta de un esfuerzo real por localizar a las personas desaparecidas en el estado se revela, de acuerdo con la presidenta de la Comisión de la Familia y Derechos de la Niñez del Congreso del Estado, diputada panista con licencia y candidata al distrito local 09, Mónica Rodríguez Della Vecchia, en el hecho de que la Comisión Estatal de Búsqueda no ejerció 10 millones de pesos en 2020, y tuvieron que devolverse a la Federación.
El dato, reclamado por Mónica Rodríguez a la secretaria de Planeación y Finanzas del estado, María Teresa Castro Corro, durante su comparecencia el pasado 22 de enero, de hecho es inexacto, pues según el Recurso de Revisión RRA 03827/20, disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia, el subejercicio corresponde a 2019.
((INSERTAR RECURSO DE REVISIÓN))
Puebla fue uno de los 20 estados que, por no ejecutar un subsidio federal que ascendió a 248 millones 881 mil 652 pesos, tuvo que regresar su parte, 10 millones de pesos, a la Federación en 2019, justo el año en que la capital fue primer lugar nacional en desaparición de menores de edad.
LADO B buscó una entrevista con la Comisión Estatal de Búsqueda para saber si hay algún protocolo específico para búsqueda de menores de edad, y tener claridad sobre el tema del presupuesto. Sin embargo, hasta la publicación de este reportaje no hubo respuesta.
En la búsqueda hay otras instancias corresponsables, como los ayuntamientos que, de acuerdo con la Ley de Víctimas del Estado de Puebla, deben garantizar, en conjunto con autoridades estatales, una investigación pronta, reparar el daño, conocer la verdad, proveer protección por parte del Estado, acceder a mecanismos de justicia y un acceso ágil, eficaz y transparente.
Tan solo en lo que va de este año, el Ayuntamiento de Puebla ha atendido 95 llamados para acompañamiento y búsqueda de personas por parte de la Fiscalía y la Comisión de Búsqueda.
El municipio de Puebla cuenta con una Célula Especializada de búsqueda de mujeres, niñas, niños y adolescentes, dependiente de la Secretaría de Gobernación Municipal, cuyas funciones son coadyuvar en la búsqueda de menores. Su creación, el 12 de junio de 2020, responde al cumplimiento de la medida XV de Justicia y Reparación de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en el Estado de Puebla.
Esta Célula permite la colaboración entre los tres niveles de gobierno y distintas dependencias. Por ejemplo, el gobierno del estado puede solicitar apoyo de perros o personal para dar acompañamiento en una búsqueda, o para la difusión de imágenes.
Quiénes, cuántos y por qué desaparecen
Para empezar, ni siquiera hay cifras confiables u homologadas para saber realmente la dimensión de cuántos menores desaparecen, ni por qué. Las organizaciones toman sus datos del Rnped, pero este cambió de metodología desde abril de 2018 y ahora no permite consultar la información desglosada a nivel municipal, pese a la insistencia de activistas y periodistas.
Desde 2015 al 2020, de acuerdo con datos de la FGE obtenidos vía transparencia, en el municipio de Puebla hay mil 620 personas desaparecidas, de las cuales las y los menores de edad (479) representan el 29%.
De las niñas y los niños que siguen sin localizarse, 314 son mujeres (65%) y 165 hombres. El grupo de edad que más desaparece son personas menores de 15 años, después las de 16, las de 14 y las de 17. En cuanto a hombres la tendencia es igual, pues las edades en las que más desaparecen son de 14 a 17 años, aunque en mucho menor proporción.
El análisis de datos refleja que las mujeres son las más vulnerables ante las desapariciones, principalmente en la adolescencia, presumiblemente por ser potenciales y posibles víctimas de explotación sexual.
En 2018, la Asociación Nacional Contra la Trata Humana (ANTHUS) señaló que Puebla capital era primer lugar nacional en tráfico de menores.
Juan Martín Pérez García, integrante de la Redim, sostiene que la desaparición de niñas, niños y adolescentes está vinculada en su mayoría a la trata de personas con fines de explotación sexual y/o laboral. Según su análisis, esto sucede por la cercanía con el corredor Puebla-Tlaxcala, uno de los más famosos, si no es el que más, por la explotación sexual principalmente de mujeres, y sobre todo menores.
De acuerdo con el último reporte de la Comisión Nacional de Búsqueda del 8 de abril de 2021, el estado de Puebla está entre los primeros 7 lugares en desaparición de niñas, adolescentes y mujeres.
Pero aunque existen estos y otros señalamientos, las cifras indican que las cosas siguen igual, y que el riesgo de desaparecer sigue siendo muy alto para las personas menores de edad en la capital.
A partir del análisis de datos que hizo LADO B con los registros obtenidos por la FGE, se identificó que el segundo grupo que más desaparece son recién nacidos y bebés de entre 0 y 3 años; en la mayoría se trata de conflictos judiciales de guarda y custodia, es decir padres o madres que sustraen a algún menor sin el consentimiento de la pareja, de acuerdo con Marisol Casillas Herández, terapeuta, asistente y encargada de estadística de la Asociación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos.
No hay atención a las familias
En 2019, el Congreso local aprobó la Ley de Víctimas del Estado de Puebla, donde se plasmó, en primera instancia, el interés superior de la niñez para la toma de decisiones en torno a la asistencia, protección, ayuda inmediata, alojamiento y derecho a la verdad que las víctimas por delito de secuestro, desaparición forzada, trata de personas, tortura y otros tratos crueles han sufrido a lo largo de los años en la entidad.
Sin embargo, mamás, papás y familiares de niñas, niños y adolescentes han denunciado más de una vez que las autoridades no dan asistencia, ni seguimiento a los casos, y es por ello que se han tenido que vincular con organizaciones, o formar colectivos desde donde continúan sus búsquedas.
Empezó hoy, y forma parte de las celebraciones por los 90 años del primer jardín de infancia en el Perú
En el marco de las celebraciones por los 90 años del primer jardín de infancia en el Perú, fundado por las hermanas Emilia y Victoria Barcia Boniffatti, el Ministerio de Educación (Minedu) organiza el IV Congreso de Educación Inicial, a fin reflexionar sobre la importancia del desarrollo integral de los niños y niñas durante los primeros años de vida.
La educación inicial comprende los dos primeros ciclos de la Educación Básica regular, y provee a los niños entornos y relaciones de calidad que contribuyen a desarrollar su potencial de manera pertinente y equitativa, para lograr aprendizajes que le servirán toda su vida.
Los especialistas consideran que los niños y niñas que experimentaron un mejor desarrollo de lenguaje, cognitivo, motor y socioemocional, mediante servicios de cuidado y educación durante la primera infancia, obtienen mejores resultados en su trayectoria académica y mejores condiciones de vida en la edad adulta.
La primera infancia
La directora de Educación Inicial del Minedu, Úrsula Luna Victoria, refiere que “todo lo que somos, de una u otra forma, se determina durante la primera infancia, por lo que renovamos nuestro compromiso para brindarles a los bebes y niños, en el contexto actual, un acceso adecuado a un servicio educativo de calidad, como es su derecho”.
En el cuarto congreso denominado “90 años de Aprendizaje: seguimos construyendo la educación inicial que queremos”, habrá ponencias sobre la historia del primer jardín público, el reconocimiento y expansión de prácticas comunitarias para la infancia y la equidad, el fortalecimiento de la institucionalidad de la educación inicial, y sobre los retos y desafíos para la inclusión y el retorno a la presencialidad.
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¿Por qué es importante la educación inicial?
El IV Congreso de Educación Inicial empezó esta mañana y está programado hasta el 29 de mayo. Contará con la presencia de Erika Dunkelberg, fundadora de EYD Asociación Educación y Desarrollo; Andrea Portugal, ex directora del programa nacional Cuna Más; Armida Lizárraga, directora ejecutiva de Luminario, Maribel Cormack y Emma Aguirre, coordinadora del Grupo impulsor de la Educación Inicial, entre otros especialistas en primera infancia.
Ciudad de México. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 25-2021 a la secretaria de Educación del estado de Chiapas, Rosa Aidé Domínguez Ochoa, en su carácter de presidenta del Consejo Directivo de la Universidad Intercultural (UNICH) de dicha entidad, por incumplir una recomendación emitida por el Comisión Estatal de los Derechos Humanos relacionada con la vulneración de las garantías de acceso a la educación, a la seguridad y legalidad jurídica y a la no discriminación de 14 personas, entre ellos ocho estudiantes.
En un comunicado, el organismo nacional refirió que en enero y febrero de 2020 ocho aspirantes a la carrera de médico cirujano levantaron una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de Chiapas, en contra de personas servidoras públicas adscritas a la UNICH, en San Cristóbal de las Casas.
Los estudiantes coincidieron en que, a pesar de que tenían la oportunidad de acceder a uno de los 80 lugares de la licenciatura de médico cirujano, al acreditar exámenes, y en algunos casos la entrevista, “eso no fue posible debido a múltiples irregularidades por parte del personal de la UNICH en el proceso de evaluación y admisión a la carrera, dando prioridad a otros alumnos que no tenían derecho por su baja calificación”.
Tras la investigación, la CEDH acreditó que fueron vulnerados el principio de legalidad y existieron violaciones a los derechos humanos de seguridad jurídica, a la educación, a la igualdad y no discriminación, a la garantía de audiencia, entre otras.
De las constancias que integran el expediente, se advirtió que el 26 de agosto de 2020 se llevó a cabo una reunión en las instalaciones de la autoridad responsable para el cumplimiento de la Recomendación, en la que dicha autoridad manifestó que se diseñó un documento que establece, entre otras cosas, que, de manera inmediata y directa, los agraviados ingresen al preuniversitario sin tener que realizar pago alguno, únicamente debiéndose agotar las fechas que indicara la Universidad, situación que le fue notificada al representante legal de las víctimas el 27 de agosto de 2020.
El 2 de septiembre de 2020 los quejosos presentaron un recurso de impugnación ante el organismo estatal por la falta de cumplimiento de la autoridad responsable a todos y cada uno de los puntos recomendatorios y la CEDH determinó incumplida la Recomendación en enero de 2021.
Por ello, la CNDH recomendó a la secretaria de Educación del estado y a la UNICH, garantizar a cinco estudiantes el ingreso al ciclo escolar 2020-2021 del Programa Médico Cirujano y otorgar a tres estudiantes derecho de audiencia para revisar su examen y, si tuviesen el puntaje necesario, permitir su ingreso a la licenciatura en el mismo ciclo.
En caso de no ser posible el ingreso de cinco víctimas al ciclo escolar 2020-2021, se deberá otorgar una beca escolar en alguna institución educativa, pública o privada, que cuente con un programa semejante, la cual deberá considerar gastos de alojamiento, alimentos, traslados, materiales de estudio y demás aspectos que se requieran para cursar su educación superior, lo mismo aplicaría para tres estudiantes más, siempre y cuando cumplan con el puntaje académico.
Asimismo, solicitó inscribir a las ocho víctimas en el Registro Nacional de Víctimas y repararles los daños, incluyendo el pago de compensación económica, apropiada y proporcional al daño sufrido.
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