Author: Pluma Invitada

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Tragedia en tres actos: el absurdo teatro del horror colombiano

Pluma Invitada

Por: Andrés Arango 

No se sabe cuándo terminará el derramamiento de sangre. Por lo pronto se sabe que el Gobierno está dispuesto a todo. La institucionalidad y la mayor parte de la prensa han normalizado un lenguaje en el que la violencia son los manifestantes.

El diario El Espectador es uno de los más prestigiosos de Colombia. El 17 de diciembre de 1986, Guillermo Cano, su entonces director, fue asesinado por la mafia para acallar sus valerosas críticas a un fenómeno que ya despuntaba y que hoy tiene arrodillada a Colombia: el narcotráfico. Esa es una de las múltiples pruebas, seguramente la más terrible, del valor de este medio. Pero más que por su valor –que merece mucha tinta–, lo menciono a propósito de uno de sus últimos editoriales: “El teatro del absurdo y del horror en Bielorrusia”. Publicado en su versión digital, en el índice –o en el pantallazo en el que está junto a los otros editoriales– aparece con fecha de 29 de mayo; una vez abierto para comenzar su lectura, la fecha es la del 28.

La importancia de la fecha es su coincidencia con el mes cumplido del paro nacional en Colombia, con mayor exactitud, su trigésimo primer día. No resulta reseñable que un medio que se precie de su independencia y de su talante democrático le dedique un editorial a los abusos del poder autoritario y sus despóticas manifestaciones en cualquier lugar del planeta. Lo que sí parece un poco triste es que este se escriba desde el campo de exterminio en el que se ha convertido Colombia hoy; que se publique en la simbólica, dolorosa y al mismo tiempo triunfal fecha y que además de no lograr ver esta inocultable realidad, el editorialista parezca no haber visto lo que ocurría a nivel político, hechos que presagiaban nuevas y reforzadas profundizaciones del macabro momento que atraviesa el país.

Por todo lo anterior, y para incentivar el saludable gusto de la prensa por las tablas, voy a hacerle una reseña a un nuevo capítulo de la actual tragedia colombiana. De antemano pido disculpas por la escasez de terminología teatral. Esa ausencia es parte de la escenografía de esta Crónica de una masacre anunciada.

Primer acto

Ante la espantosa arremetida del Gobierno colombiano contra la sociedad civil, que a más de tres semanas de paro ya iba engrosando las cifras de muertes, desapariciones, mutilaciones y violaciones (sexuales), algunos congresistas de la oposición citaron a un debate de moción de censura al actual ministro de Defensa. El debate se llevó a cabo los días miércoles 26 (senado) y jueves 27 (cámara de representantes) de mayo. Es necesario anotar que el actual Gobierno ha roto los récords por funcionarios del gabinete citados a este tipo de debates. Para el caso de los ministros de Defensa, este era el tercero de la actual administración. En el primer caso, el ministro renunció antes de la votación que ya se le había revelado completamente adversa. El segundo ministro logró evadirla, pero su ministerio fue interrumpido de forma definitiva por la pandemia. Hay que destacar, también, que cada nuevo ministro de Defensa llega con mayor disposición a cualquier cosa que el anterior, como lo prueba el actual. A pesar de los antecedentes, y ante el clamor de justicia de la inmensa mayoría de la sociedad colombiana, resultó decepcionante y ofensivo el hecho de que el ministro hubiese superado el “examen”. El mensaje enviado por el Gobierno y los 69 senadores que apoyaron la terrible decisión de negarse a destituir al funcionario fue clarísimo para el país: la sangría continuará.

Segundo acto

Pocas horas después de conocida esa primera votación que le daba el triunfo a la ignominia, se filtró una conversación de WhatsApp de Milton Angulo, un congresista del partido de Gobierno, quien escribió –transcribo siguiendo la ortografía original–: “Esos bandalos lo que necesitan es plomo, así dejan la joda”. Si bien esta clase de incitación a la violencia se ha ido haciendo la norma en el país desde que se instaló el actual régimen, hay que entenderla en el contexto del triunfo de un ministro que, con la ayuda de congresistas de los partidos coaligados con el de Gobierno, salió indemne de una moción que apenas amenazaba con dejarlo desempleado. El antepenúltimo ministro de defensa es hoy embajador de Colombia en Chile. Existen rumores acompañados de ciertas insinuaciones de que esos congresistas se habrían dejado comprar con puestos, prebendas y quién sabe qué promesas, pues, al fin y al cabo, el paro, que había logrado hacer recular al Gobierno en dos de sus abusivas reformas (tributaria y de salud) y había logrado también cambios en el gabinete, se habría anotado un triunfo para la dignidad –y a lo mejor habría salvado algunas vidas– si el ministro de Defensa hubiese dejado su cargo. El funcionario recibió, en cambio, un respaldo a su gestión y una recarga de legitimidad.

Tercer acto

Finalmente, tras la segunda parte del debate de moción de censura, llegó el día 28, día de conmemoración del primer mes del paro, mes en el que el Gobierno ha seguido agrediendo a la ciudadanía, engañando a la opinión y mintiendo a la comunidad internacional. No se había alcanzado ni la mitad del día cuando ya en la ciudad de Cali, una de las más cruelmente golpeadas por la respuesta del Gobierno, un sujeto armado comenzó a disparar a ciudadanos que ni siquiera se estaban movilizando, pero que formaban parte de lo que hoy en día se conoce como puntos de resistencia. En una funesta apertura de lo que después de la fallida moción ha sido un renovado impulso del Gobierno en su política de solucionar todo a punta de pistola y fusil, los hechos dejaron tres muertos: el sicario y dos ciudadanos. En un par de escenas dignas de las más retorcidas del cine gore, el asesino fue linchado por los que antes habían sido sus objetivos. Y la balacera, como todas las demás, tiene a su vez su contexto, que es el de una violencia justificada y legitimada desde las más altas instancias gubernamentales, como lo atestiguan la impunidad de un ministro de defensa salvado de una destitución por una cuadrilla de congresistas corruptos y una repetida incitación a la violencia por parte no solo de congresistas y militantes del partido de Gobierno, sino de muchos otros actores sociales que están de acuerdo con esta suerte de “solución final” que pretende forzar el actual presidente. El pistolero de esta tal vez no primera, pero sí muy difundida y sangrienta secuencia, resultó ser un investigador de la Fiscalía. El fiscal general de la nación, tan bueno como el ministro de Defensa, ofreció la escandalosa pero previsible excusa de que el “funcionario” no estaba trabajando en ese momento. O, en otras palabras: dado que el investigador asesinado le dejó con la imposibilidad de negar su pertenencia a la institucionalidad, le tocó aceptar que sí pertenecía a la fiscalía, pero no cuando estaba matando porque estaba en sus horas de descanso.

Pero apenas se iniciaba el día. En horas de la tarde circularon videos en los que ya no disparaba un solo individuo, sino una muchedumbre de sujetos vestidos de civil acompañados por una de uniformados. Este renacer del paramilitarismo tuvo otras manifestaciones a lo largo del día, aunque no en una escala tan enorme como la de Cali: de Medellín y de Pereira circularon videos de individuos con armas desenfundadas ante la actitud indiferente de los uniformados, que parecían actuar más bien como una especie de guardaespaldas. Mientras esto ocurría, en algún otro lugar de la ciudad de Cali, Álvaro Herrera Melo, un estudiante de música, cornista que participaba en un “cacerolazo sinfónico”, fue arrestado, torturado y luego obligado a hacer declaraciones que lo incriminaban en actos ajenos a la actividad musical. Una militante del partido de Gobierno fue quien al parecer difundió el video en el que a la auto incriminación forzada del joven músico agregaba algún mensaje de incitación y justificación. En una de las múltiples evidencias audiovisuales ampliamente difundidas se veía cómo, a escasos centímetros de los policías que participaban del atropello, circulaba un ciudadano de bien, con camisa blanca, chaleco antibalas y lo que parecía un fusil o un rifle de asalto. Otros ciudadanos de bien celebraban el abuso con arengas. Cuando esto escribo, algún juez que no ha caído en la trampa de convertirse en un delincuente declaró ilegal la captura.

Ante semejante desorden del que acá solo se mencionan dos o tres casos, la reacción del Gobierno no se hizo esperar. El presidente viajó a la ciudad de Cali, donde se reunió primero con la gente de bien, que es más o menos como se autodenominan aquellos que están de acuerdo con acribillar a todo el mundo y a la que pertenecen los pocos pistoleros que no son funcionarios en su día libre. También se arriesgó en algunos puntos de la ciudad no tan amables con su estrategia. Finalmente, prometió “el máximo despliegue militar” y “triplicar la capacidad operativa de la policía” para acabar con las “islas de anarquía”, como al parecer entiende que son los ciudadanos que se resisten a aceptar la canallada que ha sido su gobierno entero.

Cierre de telón

No se sabe a dónde irá a parar el país ni cuándo terminará el derramamiento de sangre. Por lo pronto se sabe que el Gobierno está dispuesto a todo. Los partidos corruptos, también. El líder de uno de ellos ya hace más de una semana afirmó que “el Gobierno debería contemplar la declaratoria del estado de conmoción interior, medida que lo habilitaría temporalmente para controlar la circulación de vehículos, limitar el acceso o salida de determinados territorios, establecer toques de queda e inclusive suspender alcaldes y gobernadores”. Para comprender la irresponsabilidad de estas afirmaciones, hay que advertir que, en el actual estado de cosas, si la tal declaratoria llegase a ocurrir, la sangría no haría más que intensificarse. Por otra parte, la institucionalidad y la mayor parte de la gran prensa han normalizado un lenguaje en el cual la violencia y la violación de los derechos humanos son las barricadas, los bloqueos, los puntos de resistencia y los lugares donde se reúnen los manifestantes. El gobierno nunca usa la palabra violencia para referirse a la arremetida homicida de la fuerza pública, en parte, porque no la reconoce. No la reconoció el ministro en su extremadamente cínica defensa durante la primera parte del debate de moción de censura ni aparece jamás en las justificaciones y altisonantes intervenciones del presidente. La última evolución de esta obstinada estrategia de negación fue la aparición del ministro de Justicia Wilson Ruiz, quien en una entrevista para un medio extranjero afirmó que los muertos eran producto de riñas y que el paro era producto de una conspiración internacional. Así está el oscuro tono de la situación en Colombia. Es difícil concluir este texto porque nada ha cesado. Todo continúa pasando. Se multiplican los actos de la tragedia.

Fuente e imagen: ctxt.es

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México: La convocatoria de la Junta de Gobierno

Pluma Invitada

La convocatoria de la Junta de Gobierno

Miguel Casillas

A principios de julio de este año, irá saliendo publicada la convocatoria de la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana para elegir rector para el periodo 2021-2024. Por Ley, la Junta tiene las atribuciones para definir las características del proceso. Normalmente hay un periodo de registro, luego otro de presentaciones ante la comunidad y luego hay una deliberación interna para designar la futura rectoría de la UV. Los criterios de participación definidos por la Ley Orgánica son muy amplios, diseñados el siglo pasado.

Artículo 37. Para ser Rector se requiere:
I. Ser mexicano por nacimiento;
II. Ser mayor de treinta y menor de sesenta y cinco años de edad, al momento
de su designación;
III. Tener cuando menos cinco años de servicio docente, de investigación o de difusión de la cultura y extensión de los servicios, preferentemente en la Universidad Veracruzana;
IV. Haberse distinguido en su especialidad; y
V. Poseer título de licenciatura y preferentemente haber realizado estudios de posgrado, y publicado obra en el área de su especialidad.

En medio de la pandemia y de las políticas sanitarias para su contención, el proceso para renovar la rectoría de la UV estará atravesado además por el periodo vacacional de tres semanas en julio, limitando gravemente las posibilidades de participación de la comunidad.

Más allá de todas las posiciones críticas que sostenemos sobre la insuficiencia y las limitaciones de las juntas de gobierno en las universidades, es necesario asumir que en medio del proceso sucesorio es imposible cambiar las reglas del juego institucional y por tanto debemos ajustarnos a ellas. Sí se pueden cambiar las reglas, pero para ello debemos transformar la Ley Orgánica y mientras eso no suceda la sucesión rectoral en la UV se decidirá en un entorno de normas y procedimientos establecidos por la Junta en su convocatoria. En efecto, la Junta tiene la facultad de diseñar el proceso en cada ocasión.

Después del desastre que fueron los últimos dos procesos en donde privaron los intereses políticos sobre los académicos y donde la Junta fue cómplice de un atropello tras otro, a partir de la autocrítica es posible reconsiderar algunas cuestiones. Por ejemplo, es inadmisible que la Junta vuelva otra vez la espalda a los universitarios y sus notables integrantes supongan que son más sabios que la comunidad de estudiantes, trabajadores y profesores de la Universidad: los integrantes de la Junta se deben a la comunidad y fueron nombrados por el Consejo Universitario bajo un acto de confianza en donde se les encarga una tarea específica, para que la asuman con autonomía de las presiones sociales, económicas o políticas privilegiando el bien de la institución y de su comunidad. En el mismo sentido, es inadmisible que prime la manipulación, o el interés de uno o varios de sus integrantes para el beneficio privado o de grupo, por sobre el sentido colegiado de la decisión. Es inadmisible también que hasta ahora haya predominado la opacidad y la secrecía en los procesos, cuando deberían de ventilarse de modo transparente ante la comunidad. En el contexto actual no sería equívoco que la Junta tratara de recuperar la legitimidad perdida entre la comunidad, por ejemplo, todas las sesiones de la Junta deberían de ser transmitidas en vivo por TV UV y por las redes sociales de la Universidad, sus decisiones y acuerdos deberían ser difundidos ampliamente, y no debería ser descabellado que alguna vez recurriera a la consulta a la comunidad que dice representar.

Además de los criterios establecidos por la Ley Orgánica, la Junta debe establecer exigencias de participación que garanticen que la persona que sea designada para la Rectoría tenga un profundo conocimiento de la Universidad, de sus problemas y retos, de su comunidad y de sus aspiraciones por una educación de excelencia. La Junta debe decidir entre los mejores aspirantes y no puede convertirse en un órgano político que favorezca a un grupo de interés.

El primer criterio es el predominio de los criterios académicos y la valoración meritocrática de los referentes académicos principales: la antigüedad y el reconocimiento en la docencia; la experiencia y la valoración en la producción del conocimiento; la originalidad y la trascendencia en la creación artística. Para esto hay indicadores precisos como la pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores o al Sistema Nacional de Creadores, los premios y reconocimientos académicos, la pertenencia a asociaciones científicas, la experiencia dirigiendo tesis de todos los niveles, la participación en proyectos culturales y científicos. Es indispensable que el próximo rector sea un líder académico.

Otro referente ineludible es el compromiso con la UV y su comunidad que derivan de su conocimiento, de su involucramiento en su desarrollo reciente, en su contribución efectiva al fortalecimiento de sus funciones, de su dimensión organizacional, de su gobernanza y de su vinculación. Es indispensable que el próximo rector conozca a la Universidad en sus regiones y en sus áreas, que valore la diversidad y se comprometa con la descentralización y el fortalecimiento de la UV en sus regiones.

Es necesario que la Junta garantice un proceso mediante el cual sea designado un rector que conozca a la comunidad y se identifique con sus causas y necesidades, que sea empático con los trabajadores y estudiantes, que comprenda, valore y se comprometa a resolver sus problemas.

La Junta tiene que privilegiar la honestidad y la austeridad y cerrar el paso a quienes lo que pretenden es utilizar a la UV como un patrimonio privado o de grupo, al servicio de unos cuantos y para su beneficio personal.

La Universidad requiere de un nuevo liderazgo capaz de conducir a la Universidad por el rumbo de la excelencia y un nuevo paradigma orientado al fortalecimiento de su proyecto académico.

Fuente de la Información: http://www.educacionfutura.org/la-convocatoria-de-la-junta-de-gobierno/

 

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Queremos regresar… pero no a lo mismo

Pluma Invitada

Por: Sylvia B. Ortega Salazar

Hace poco más de un año que sostenemos conversaciones sobre las afectaciones que han sufrido los niños, niñas y jóvenes durante el prolongado cierre de las escuelas. Con el tiempo y a partir del debate entre los miembros de nuestras comunidades educativas nacionales e internacionales, empezamos a dimensionar las dificultades que habremos de enfrentar al regreso.

Se perfila un amplio consenso en torno a la convicción de que, en ausencia de medidas de contención, en un primer momento, y de la pronta implementación de políticas para la transformación radical en todas las dimensiones del Sistema Educativo Nacional, el destino será el de la profundización de la exclusión, la ampliación de las brechas de aprendizaje y la reproducción de los circuitos de una pobreza más extendida, más ligada a la desesperanza.

Los abundantes estudios que circulan, con evidencias cada vez más sólidas, muestran los impactos en las economías de los países de América Latina, en el trabajo, especialmente el de las mujeres y los jóvenes. Se han documentado las enormes dificultades de las familias para proveer cuidados a niños pequeños, personas mayores o con discapacidades y se revelan descarnadamente las violencias en contra de mujeres y niñas.

Entre educadores, hemos transitado de la urgente preocupación por la salud física y mental de los miembros de nuestras comunidades, a las miradas sobre las actuaciones, en muchos casos ejemplares, de docentes, directivos y familiares. Hemos visto surgir iniciativas para localizar a los estudiantes que dejaron de tener contacto con los planteles y sus maestros; también hemos apreciado la imaginación y la voluntad de muchos profesores para aprender a comunicarse y a trabajar con sus estudiantes a la distancia, con lo que han logrado mitigar el sentimiento de pérdida al ver cerradas sus escuelas y severamente limitadas sus interacciones con otros.

¿Qué hicieron los gobiernos y autoridades educativas?

Desde el ángulo de la actuación de los gobiernos de la región, los informes recientes y los diálogos entre autoridades educativas de niveles federal y estatal, dan cuenta de que las medidas que se tomaron para la protección de las comunidades escolares, sin menoscabo de la procuración de condiciones para la continuidad de las actividades académicas, son similares y, esencialmente adecuadas.

Hay registros más o menos detallados de los esfuerzos de gran escala, como el recientemente evaluado programa de “Aprende en Casa II”, así como de programas subnacionales como los de algunas provincias de Brasil, ciudades como Nueva York o los proyectos de enseñanza a distancia con medios y plataformas como los que reportaron los ministros de varios países. Se han documentado las medidas para hacer llegar guías de estudio, cuadernillos y todos los recursos posibles a los grandes segmentos de nuestras poblaciones sin acceso a las comunicaciones y los dispositivos. Son respuestas que dejan lecciones y sugieren adaptaciones para incrementar la inclusión.

De especial interés han sido los numerosos y variados seminarios, conferencias y eventos en los que participan docentes frente a grupo que comparten sus ideas, expresan sus malestares e intercambian materiales, recursos y hablan con mucha pasión sobre lo que les ha funcionado para atraer la atención de sus estudiantes, despertar su curiosidad y lograr que aprendan.

Recientemente han circulado dos trabajos producidos por la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU), uno en el que se describen y comparan las medidas que han tomado los gobiernos de varios países para asegurar a sus poblaciones el derecho a la educación y otro, en el que se recogen los testimonios de los maestros en sus búsquedas para responder lo mejor posible a esos alumnos que ahora ven en las pantallas o con quienes tratan en grupos de WhatsApp.

Estas reflexiones de los docentes dan cuenta de lo mucho por hacer para comprender lo que ha ocurrido con los niños, niñas y jóvenes en este largo encierro. Cierto, como se desprende de las miradas de sus profesores, al regreso serán otros, habrán tenido experiencias muy diversas y los grupos a los que los docentes habrán de atender serán aún más heterogéneos y frágiles que en el pasado reciente. Habrá que, se afirma, reinventar la profesión al tiempo que se opera una transformación profunda de la organización escolar, las cadenas de autoridad, los procesos de control, las normas, las pedagogías, las tecnologías, las culturas y relaciones, en fin, de todas las dimensiones de las prácticas y los procesos del sistema.

¿Qué esperamos ver al regreso y qué recursos tenemos para evitar una «catástrofe generacional»?

En todos los niveles y espacios educativos públicos y privados el objetivo principal se resume en la frase «Que nadie se quede atrás» y, menos aún fuera de la escuela. Pero no se trata ya de salir a localizar alumnos, sino de la implementación de una política de activa recuperación de las matrículas por nivel, según grupo de edad, y en todos los espacios geográficos. Se requieren registros precisos de quienes no se han reportado, documentación sobre desplazamientos de las familias y, sobre todo, flexibilidad total para aceptar a los menores en los planteles o servicios que resulten accesibles, aceptables y adaptables, en términos de la definición de UNICEF.

Esperamos una «pérdida de aprendizajes» que ya venía preocupando a docentes y madres y padres de familia y que ahora ha sido escrupulosamente documentada por el Banco Mundial en su reciente informe. Cierto, es inevitable, pero también es preciso contar con un buen examen diagnóstico individual que nos permita encontrar a ese niño, a esa niña y a ese joven allí donde se quedó, para proponerle una ruta atractiva a la comprensión, el razonamiento y el pensamiento crítico. Importa también identificar lo que sí se aprendió, más allá de los saberes escolares.

Pero, quizá lo más importante para abrir las avenidas hacia un cambio educativo es aprender colectivamente a funcionar con eficacia, en la estabilidad o en las emergencias, lo que quiere decir, adaptabilidad, autonomías relativas, buena coordinación, profesionalización y nuevas políticas educativas con amplios consensos y la participación de profesionales, científicos, actores corporativos y sociales, autoridades de los distintos sectores y niveles de gobierno.

Suena familiar, suena a un pacto. Pues si, pero esta vez es un acuerdo en el límite, por la supervivencia primero y el bienestar general en el mediano plazo.

https://www.muxed.mx/post/queremos-regresar-pero-no-a-lo-mismo

Sylvia B. Ortega Salazar es integrante de MUxED. Doctora en Sociología por la Universidad de Texas. Ha sido rectora de la UAM-Azcapotzalco y de la UPN; Subsecretaria de Servicios Educativos en el Distrito Federal y de Educación Media Superior. Actualmente es consultora de UNICEF y de UIL-UNESCO. Se desempeña como responsable de Proyectos Estratégicos en CONALEP y preside el Consejo Ciudadano de MEJOREDU. Twitter: @Sylvia_OrtegaS

Referencias:

Banco Mundial (2020) COVID-19: Impacto en la educación y respuestas de política pública.  Washington, Grupo Banco Mundial. Disponible en https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33696/148198SP.pdf?sequence=6&isAllowed=y

CEPAL (2020) El desafío social en tiempos del COVID-19. Informe especial No. 3. Santiago, CEPAL. Disponible en https://www.cepal.org/es/publicaciones/45527-desafio-social-tiempos-covid-19

CEPAL (2021) La autonomía económica de las mujeres en la recuperación sostenible y con igualdad No. 9. Santiago, CEPAL. Disponible en https://www.cepal.org/es/publicaciones/46633-la-autonomia-economica-mujeres-la-recuperacion-sostenible-igualdad

CEPAL-OIT (2020) El trabajo en tiempos de pandemia: Desafíos frente a la enfermedad por coronavirus (COVID-19). Coyuntura laboral en América Latina y el Caribe No. 22. Santiago, CEPAL. Disponible en https://www.cepal.org/es/publicaciones/45557-coyuntura-laboral-america-latina-caribe-trabajo-tiempos-pandemia-desafios-frente

MEJOREDU (2020) Experiencias de las comunidades educativas durante la contingencia sanitaria por COVID-19. Educación Básica. México, MEJOREDU. Disponible en https://www.gob.mx/mejoredu/es/articulos/encuesta-sobre-las-experiencias-de-las-comunidades-de-educacion-basica-durante-la-contingencia-por-covid-19-en-el-ciclo-escolar-2019-2020?idiom=es

MEJOREDU (2021a) Experiencias internacionales de apoyo a la educación durante la emergencia sanitaria por COVID-19. Balance y aportaciones para México. México, MEJOREDU. Disponible en https://www.gob.mx/mejoredu/articulos/experiencias-internacionales-de-apoyo-a-la-educacion-durante-la-emergencia-sanitaria-por-covid-19-balance-y-aportaciones-para-mexico?idiom=es

MEJOREDU (2021b) Comunidades escolares al inicio del confinamiento por SARS-CoV-2. Voces y perspectivas de los actores. México. MEJOREDU. Disponible en https://www.gob.mx/mejoredu/articulos/comunidades-escolares-al-inicio-del-confinamiento-por-sars-cov-2-voces-y-perspectivas-de-los-actores?idiom=es

UNICEF (2020) Serie de seminarios web para América Latina y el Caribe: No dejar a nadie atrás en tiempos de la pandemia por COVID-19. Disponibles en https://es.unesco.org/fieldoffice/santiago/covid-19-education-alc/seminarios-web

Fuente: educacionfutura

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México: Una mirada crítica a la responsabilidad social de las instituciones de educación superior (¿universidades?)

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Una mirada crítica a la responsabilidad social de las instituciones de educación superior (¿universidades?)

Publicado por Pluma Invitada

Rodolfo García Galván*

Históricamente las instituciones de educación superior (IES) han estado abocadas a la formación de bachilleres y de profesionistas. De hecho, esos son los orígenes de la Universidad de Bolonia, por allá del siglo X de nuestra era. Posteriormente, transcurridos varios siglos, en algo que se denominó la primera revolución académica, se agregó la función de investigación (generación y difusión del conocimiento). Las universidades alemanas desde el siglo XIX y las estadounidenses desde principios del XX, son ejemplos por excelencia de esta transformación universitaria.

Con toda la paranoia de la propiedad intelectual y la comercialización del conocimiento, es en Estados Unidos donde las universidades dedicadas a la investigación se han convertido en verdaderas potencias productoras de conocimiento y de tecnología. En América Latina –y particularmente en México– las IES y universidades herederas de la tradición hispana y adaptadas a su contexto económico, social, político y cultural; en su mayoría todavía hoy en día continúan con la docencia como su principal función. Por ejemplo, en México sólo pocas universidades públicas nacionales y estatales pueden presumir de que realmente desarrollan investigación de alta potencia. Incluso, el reconocido investigador Hugo Aboites, en muchas de sus contribuciones, señala que si a la universidad de nuestro tiempo la caracterizara la función de investigación, en realidad, muy pocas IES merecerían la denominación de universidad. Él mismo sostiene que esto es así porque las políticas en educación superior, y en ciencia, tecnología e innovación; por décadas, hicieron eco de organizaciones multilaterales como el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. La idea era ofrecer mayormente estudios profesionales en un amplio abanico de IES públicas y privadas, en tanto que un reducido número de estas IES (universidades auténticas) –en una especie de división del trabajo– pudieran desarrollar la investigación científica y tecnológica.

Dado lo anterior y bajo el supuesto de que sí contamos con un sistema universitario capaz de generar, difundir, divulgar y aplicar conocimiento significativo, de nueva cuenta, siendo rehenes de las tendencias mundiales (principalmente anglosajonas), se persuade por diversos frentes (gobierno, empresas y las organizaciones sociales) para que las universidades participen, de manera deliberada y directa, en la solución de diversos y complejos problemas, haciendo uso de sus recursos y capacidades científicas, tecnológicas e innovativas. De tal forma que, en algunos trabajos, se ha llamado a esto como la emergencia de la segunda revolución universitaria o la asimilación de la tercera función sustantiva denominada “función de desarrollo económico y social” (Etzkowitz et al., 2000; García-Galván, 2008, 2012). Dicha función engloba e incluye a esa espantosa polisemia, de índole coyuntural, que se ha utilizado para describir y explicar los nexos de la universidad con los actores externos. Entiéndase esa polisemia como la extensión, la vinculación, la difusión-divulgación de la cultura, o aún el emprendedurismo.

Nosotros, en nuestros trabajos de investigación (García-Galván, 2008, 2012; García-Galván y Lindquist, 2020; Morales, 2019), con la finalidad de poner orden al desbarajuste categorial y profundizar en el análisis, nos apoyamos en la noción de la “colaboración de la universidad con los actores del entorno”. Además, con fines metodológicos identificamos claramente tres actores externos, a saber: las empresas o sector productivo, el gobierno en sus diferentes ámbitos, y las organizaciones sociales (formales e informales). Desde luego, esto no excluye la extensa e intensa colaboración que puede haber entre las propias instituciones universitarias.

Respecto a la colaboración de universidades con las empresas, actualmente, existe ya una extensa literatura, aunque siguen varias preguntas en el aire. De nuestra parte, los trabajos que se dedican a analizar esas cuestiones son García-Galván (2008, 2012) y Morales (2019). En tanto que el análisis de la colaboración con el tercer sector (organizaciones sociales), apenas y lo iniciamos (García-Galván y Lindquist, 2020; Lindquist, 2018). No obstante, ahora sabemos que en muchos trabajos que exploran la interacción de la universidad con la sociedad incluyen a las empresas, eso en lugar de contribuir a un mejor entendimiento del fenómeno, lo hunden más en las tinieblas. Asimismo, se ha acotado lo que implica el tercer sector, el cual se compone por un ente de organizaciones, asociaciones, comunidades, barrios, etcétera; que escapan del ámbito empresarial, pero también del gobierno. Por consiguiente, la naturaleza del objeto del tercer sector va en el sentido de resolver problemáticas no atendidas por las empresas ni por el gobierno.

Ahora bien, si la razón de ser de la universidad es la misma sociedad, ya que es ésta la que financia a la primera (con el intermediarismo del gobierno), y es la que demanda los servicios de educación superior; entonces, ¿cómo es que hasta cierto punto el sistema universitario se ha desentendido de abordar y atender las problemáticas sociales en correspondencia al sustento social? Veamos las razones:

  1. La mayoría de los dirigentes universitarios han estado segados por la miopía del pragmatismo y el utilitarismo, al tiempo de que han sido presa fácil de las supuestas bondades de la gestión de los derechos de propiedad intelectual, y de la comercialización amplia del conocimiento. Como consecuencia, la agenda empresarial ha relegado la agenda social.
  2. Exigirles a las universidades mayores compromisos y esfuerzos para contribuir al desarrollo social, sin un financiamiento más alto, es como pedirle a un piloto militar que combata frente a un avión caza con una aeronave de la Segunda Guerra Mundial. También puede hacerse la lectura de que el gobierno transfiere su agenda a las universidades en medio de una mayor escasez de recursos. Por consiguiente, ni el gobierno ni las universidades atienden las problemáticas, dejando huérfana a la sociedad menos favorecida. En otro sentido y en menor grado, la desatención a lo social puede deberse a la falta de sensibilidad y empatía de los principales actores universitarios hacia las problemáticas sociales.
  3. Falta de voluntad y compromiso. En muchas ocasiones las universidades se observan distantes de la atención a problemas apremiantes para la sociedad. Por ejemplo, asuntos que son de toda incumbencia universitaria como la suficiente formación de profesionistas en las ciencias médicas, y el apoyo complementario a la infraestructura hospitalaria y de salud pública, han quedado mal parados ante la emergencia de la pandemia de Covid-19. Lo que se observa es que muchas autoridades universitarias no han priorizado las áreas médicas, y se han desentendido casi por completo de la habilitación de hospitales universitarios. Asimismo, las esquizofrénicas administraciones municipales pueden ser consecuencia de la ausencia de formación de cuadros profesionales acordes con la administración pública como los politólogos y economistas del sector público. En tanto que el aumento de la cobertura privilegia la formación en planes y programas de bajo costo.
  4. Ausencia de liderazgo social y político de los administradores o manejadores de las universidades. Por ejemplo, Arocena y Sutz (2000) critican duramente esa posición, otros como H. Aboites sostienen que muchas veces los directivos únicamente son prestos y minuciosos agentes encargados del cumplimiento de diversos indicadores establecidos por las instancias gubernamentales, pasando por alto lo fundamental. Asimismo, V. Toledo (La Jornada, 9 de marzo de 2021) lamenta que no se promueva el pensamiento crítico, entendido como “el proceso mediante el cual se usa el conocimiento y la inteligencia para llegar de forma efectiva a la postura más razonable y justificada sobre un tema. Ello implica reconocer y evitar los prejuicios, identificar y caracterizar los argumentos; evaluar con rigor las fuentes de información, y finalmente ponderar todas las evidencias para tomar una decisión lo más correcta posible. Las instituciones religiosas, políticas, ideológicas, militares, financieras e incluso científicas (el llamado ‘cientificismo’) rechazan el pensamiento crítico porque amenaza las relaciones de poder y dominio que buscan mantener”. V. Toledo sostiene que sin pensamiento crítico no se alimenta una “ciencia con conciencia”.
  5. Las razones previas combinadas conducen a que los administradores y manejadores universitarios sean incapaces de hacer lecturas adecuadas de los tiempos. De este modo, lamentablemente, casi siempre los problemas (sociales) van por delante de la universidad. Así pues, paradójicamente, el centro por excelencia de producción de conocimiento no es capaz de anticiparse a los problemas. Una vez que estos estallan en nuestra cara, como universitarios asumimos posturas reactivas y defensivas, y quizá –como en la burocracia del gobierno– torpes y lentas.

Lo descrito en las cinco razones previas ha conducido a una crisis de hegemonía y legitimidad universitarias (De Sousa Santos, 2017), y a que la universidad no sea tan relevante para los grupos sociales menos favorecidos (Arocena y Sutz, 2010). Dado esto, ¿cuál podría ser la solución?

En primer lugar, habría que reconocer a la universidad como un ente performativo o transformador. Es preciso decir que la universidad no está para recibir órdenes e instrucciones sino para suministrar conocimientos, propuestas, soluciones a los otros (sociedad, gobierno, empresas).

En segundo lugar, como universitarios, hay que hacer nuestra una agenda social de avanzada, al respecto, García-Galván y Lindquist (2020) proponen una agenda mínima para el siglo XXI, los puntos nodales de ésta son: evitar o mitigar a su mínima expresión el cambio climático y el calentamiento global antropogénicos; exigir el desmantelamiento de los arsenales de armas nucleares de las potencias atómicas; persuadir a los gobiernos y a los empresarios inversionistas para la desfinanciarización especulativa de la economía; combatir la excesiva concentración de la riqueza y la desigualdad extrema en América Latina; impulsar el avance científico-tecnológico como base del desarrollo sostenible y socialmente sustentable; impulsar Estados de bienestar de última generación; persuadir por políticas migratorias incluyentes y que respeten los derechos humanos y; finalmente, impulsar debates científico-tecnológicos en conjunto con las discusiones éticas y filosóficas en cuanto a la manipulación y conducción de la modelación de los procesos biológicos.

Otros problemas, más específicos, que destacan García-Galván y Lindquist (2020) y que requieren de una atención prioritaria universitaria son: el desempleo masivo, la precarización laboral y la pobreza; la creciente sensación de inseguridad de las personas; la corrupción y la impunidad; la escasez generalizada de agua dulce; el rezago educativo, especialmente en los niveles superiores; y la baja inversión pública y privada en ciencia, tecnología e innovación.

En realidad, en cada una de las problemáticas mencionadas, las universidades pueden intervenir o persuadir en bloque –a través de las distintas asociaciones o consorcios universitarios–, o bien cada una podría actuar por cuenta propia, a sabiendas de que tiene o podría tener una gran influencia política, económica, social y cultural en las regiones donde se asientan. De hecho, en México es bastante conocida la expresión de que cada universidad pública estatal es la “máxima casa de estudios” del estado X, o que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es la “máxima casa de estudios del país”.

*Es doctor en ciencias económicas por la Universidad Autónoma Metropolitana, Investigador Cátedra-Conacyt adscrito al Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de la Universidad Autónoma de Baja California, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores.

Referencias:

Arocena, R., Sutz, J. (2000). La universidad latinoamericana del futuro. Tendencias-escenarios-alternativas. México: UDUAL.

Arocena, R., Sutz, J. (2010). Weak knowledge demand in the South: learning divides and innovation policies. Science and Public Policy, 37(8), 571-582.

De Sousa Santos, B. (2017). La universidad en el siglo XXI. Siglo XXI editores.

Etzkowitz, H., Webster, A., Gebhardt, C., Cantisano, B. R. (2000). The future of the university and the university of the future: evolution of ivory tower to entrepreneurial paradigm. Research Policy, 29, 313–330.

García-Galván, R. (2008). Análisis teórico de la transferencia de conocimientos universidad-empresa mediante la colaboración. Economía: Teoría y Práctica, 29, 51-86.

García-Galván, R. (2012). Cooperación tecnológica interfirma y empresa-universidad: el sector biofarmacéutico en México (Tesis doctoral). México: UAM.

García-Galván, R., Lindquist, R. (2020). Hacia una agenda social de las universidades latinoamericanas del siglo XXI: una perspectiva teórica-epistémica y política. RESU, 49(194), 87-111.

Lindquist, R. (2018). La colaboración mediada por el conocimiento entre la UABC y el tercer sector (Tesis de licenciatura). México: UABC.

Morales, M. (2019). Cooperación tecnocientífica IES-Sector productivo desde la perspectiva del cambio institucional. Evidencias de Baja California (Tesis doctoral). México: UABC.

 

Fuente de la Información: http://www.educacionfutura.org/una-mirada-critica-a-la-responsabilidad-social-de-las-instituciones-de-educacion-superior-universidades/

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México: El césped de los vecinos: la apertura de escuelas en California, ¿cuánto dinero recibirán los distritos a cambio reanudar clases presenciales?

Pluma Invitada

El césped de los vecinos: la apertura de escuelas en California, ¿cuánto dinero recibirán los distritos a cambio reanudar clases presenciales?

Israel Moreno Salto

Publicado por: Pluma invitada

En los EE. UU existe un refrán popular que dice: “el césped del vecino siempre aparenta ser un poco más verde”. A un año del inicio de la suspensión indefinida de clases presenciales a consecuencia de la expansión del virus SARS–CoV–2, este refrán cobra mayor sentido en suelo mexicano debido a que se puede notar un claro aumento de presión blanda (soft pressure) basada en comparaciones externas por parte de algunos medios de comunicación masiva, grupos de la sociedad civil y académicos, por retomar clases presenciales. Estas presiones gravitan en torno a dos mecanismos principales: la externalización y la Teoría de Capital Humano. En esta nota me enfocaré en el primero, dado que el segundo ha sido ampliamente discutido.

El sociólogo de la educación Bob Lingard, entre otros, acuñan el término de externalización de manera crítica para hacer referencia no solo al acto de mirar al exterior para aprender, copiar o emular de las experiencias de los otros, sino para citar lo que sucede en el exterior con la finalidad de legitimar y dar valor a ciertas ideas, creencias e iniciativas en contextos nacionales, regionales y/o locales.  Cabe la pena señalar que debemos evitar estigmatizar a la externalización, sin embargo, toca ser híper-vigilantes y críticos de las formas en que se lleva a cabo. En el caso de los proponentes de “PRO-CLASES presenciales en México”, se puede observar una forma de externalización que despoja cuestiones fundamentales de contexto. En este sentido y debido a que gustan por citar casos de los EE. UU, es vital ofrecer al público mexicano datos contextuales duros para poder realizar comparaciones más justas. Limitaré mis comentarios a cuestiones de dinero, no obstante, reconozco que asuntos culturales son igual o más importantes y también requieren un espacio de reflexión.

El plan de rescate americano (ARPA por sus siglas en inglés), aprobado por el congreso de los EE. UU en marzo del presente año otorgó al estado de California 15.3 billones de dólares para repartirse entre la autoridad estatal educativa, los diferentes distritos escolares [1] (K12) de educación obligatoria (preescolar, primaria, secundaria y preparatoria), e instituciones de educación superior. Esta ayuda se granjea con la condición de que se retomen las clases presenciales en las escuelas [2]. Los distritos comenzaron a recibir los recursos desde el 27 de marzo del 2021 y esperan que las y los estudiantes regresen a clases presenciales de manera voluntaria, escalonada y parcial el 5 de abril del año en curso. La Tabla 1 muestra los recursos en dólares americanos recibidos hasta el momento por algunos distritos.

Table 1

Distrito Cantidad total de recursos Apoyo por estudiante Iniciativa CARES 

Federal

(27/03/2020)

 Iniciativa CARES 

Estatal

(27/03/2020)

 Iniciativa de alivio COVID
(27/12/2021)		 Iniciativa ARPA 

(11/03/2021)
Los Angeles Unified $4,737,973,310 $11,144 $349,400,229 $496,020,961 $1,207,592,257 $2,684,959,862
Fresno Unified $719,991,935 $10,510 $52,688,949 $80,312,872 $182,102,820 $404,887,294
San Diego Unified $524,263,339 $5,292 $37,051,275 $74,436,092 $128,056,106 $284,719,866
Sacramento City Unified $269,434,033 $6,919 $19,149,925 $36,941,142 $66,185,707 $147,157,259
South San Francisco Unified $15,067,293 $1,833 $841,028 $4,929,221 $2,884,236 $6,412,808

Fuente: https://edsource.org/2021/california-districts-and-charter-schools-get-covid-relief-funding-under-american-rescue-plan-act/650922

La cantidad total de recursos equivale a la suma de los tres apoyos gubernamentales recibidos desde que inició la pandemia hasta la fecha. En el caso del apoyo especial derivado de la iniciativa ARPA, dichos recursos deben emplearse para distintos fines, entre ellos: ayudar a los estudiantes a recuperar los conocimientos perdidos durante la pandemia, profesionalización docente, insumos para la limpieza, planes de prevención, compra de equipo de cómputo en preparación para futuros cierres, servicios de apoyo de salud mental, programas de extensión de horario de clases, sistemas de ventilación y mejoramiento de aire, entre otros permitidos por el marco de las leyes vigentes[2].  El distrito escolar Gallup-McKinley del estado de Nuevo México emplea 2.6 millones de dólares del incentivo federal parar cubrir el gasto de robots automatizados que realizan la limpieza de 32 escuelas y dos oficinas administrativas [3].

Esta maniobra extraordinaria que sin duda alguna es un enorme apoyo al pueblo de los EE. UU, generará eco y efectos diversos en países en vías de desarrollo que voltean al norte en búsqueda de guía. En este sentido, es posible augurar todavía mayor presión en México para que se retomen las clases presenciales. Como consecuencia de lo anterior y debido a la escasez de recursos, surgen de manera “natural” dos preguntas difíciles: ¿Se debe adquirir deuda pública parar garantizar un regreso menos riesgoso a clases presenciales?, ¿se debe regresar a clases con los escasos recursos existentes? Por supuesto que los bancos con fachada de organismos internacionales recibirán con brazos abiertos la primera pregunta, la cual según varios académicos es poco probable que el gobierno federal en México plantee debido a su política de austeridad. En cambio, la segunda cuestión se da por sentada, aunque ello signifique poner en riesgo la salud de algunos a cambio de la escolarización de muchos.

  1. Unidad de organización y administración de escuelas en los Estados Unidos de América.
  2. https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/1319/text
  3. https://www.ksbw.com/article/whoa-a-team-of-robots-are-hard-at-work-cleaning-classrooms-in-this-new-mexico-school-district/35971689?utm_campaign=snd-autopilot&fbclid=IwAR1COGI8hNNy5ryhMelvDVmv1QM4R403xP0o2Dpg1JmtalEExI7cSdggJ8Y#

Israel Moreno Salto es Doctor en Educación por la Facultad de Educación de la Universidad de Cambridge, actualmente es Profesor de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Autónoma de Baja California.

Fuente de la Información: http://www.educacionfutura.org/el-cesped-de-los-vecinos-la-apertura-de-escuelas-en-california-cuanto-dinero-recibiran-los-distritos-a-cambio-reanudar-clases-presenciales/

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Impotencia y vergüenza: vacunas que no alcanzan y una economía en manos del FMI

Pluma Invitada

Por: Juan Guahán*

Dos títulos encabezan estas reflexiones y, aunque parecen desconectados, una realidad profunda los vincula. La impotencia y la vergüenza se acercan al estado de ánimo que impregna a gran parte de la población argentina. Impotencia ante una economía que afecta a gran parte del pueblo y no encuentra su rumbo. E impotencia ante un virus que nos sigue acorralando.

Vergüenza porque el gobierno nacional y la principal fuerza opositora profundizan la “grieta” -pensando en las conveniencias electorales- en lugar de buscar soluciones de consenso, ante el tamaño del drama colectivo. Mientras el gobierno se aferra a la vacuna como si ésta fuera su único camino, para la oposición electoral el fracaso del actual oficialismo es su política mayor. 

La famosa “grieta” se ha profundizado hasta alcanzar los abismos que hoy exhibe. La cercanía de las elecciones la ha transformado en la gran protagonista de las acciones más importantes del oficialismo y la oposición electoral. Es difícil saber quién es el principal responsable de esa situación. Si los políticos que la originan o los medios de comunicación que la promueven, reproducen y multiplican.

Es imposible no vincular este hecho con la proximidad electoral. Los mismos actores que hace un año atrás se sentaban juntos hoy están mucho más que distanciados. Radio, televisión y medios gráficos son testigos de cómo su “guerra particular” olvida el drama colectivo para agudizar sus intereses personales o partidarios con vistas a la próxima consulta electoral.

Ese abismo, esa grieta efectiva entre realidad y politiquería, alcanzó una insoportable presencia. Los gritos, insultos y mutuas acusaciones mostraban la saña e intolerancia con la que abordaban la defensa de sus intereses sectarios. No luchan por la verdad, mucho menos para responder a la pandemia, que dicen combatir.

(Fuente: EFE)A la vista -impotente- de las grandes mayorías están peleando para definir quiénes están mejor posicionados para seguir gobernando. La sociedad, los niños y sus padres, la propia pandemia y sus efectos son instrumentos para esa disputa. Los grandes medios, esos que se autodefinen “nacionales” porque se producen en Buenos Aires, completan este vergonzante panorama.

Las cifras oficiales indican que Argentina está atravesando un momento álgido de este coronavirus: dan cuenta que la infraestructura física del sistema sanitario y la capacidad de aguante del personal afectado está en sus límites. Sobre el dramatismo de esa realidad y los graves problemas de subsistencia de millones de compatriotas se dan esas insensatas discusiones.

La vacuna, sola, no alcanza

La Ministra de Salud, Carla Vizzotti, planteó dos cuestiones esclarecedoras. La primera, que “estamos en el peor momento” de este Covid y la segunda, que éste se va desplegando a partir de los grandes conglomerados urbanos.

Ambas cuestiones describen el momento actual y nos dan algunos indicios sobre lo que pasa y algunos remedios que, muchas veces, se olvidan. La gravedad del momento indica la necesidad de buscar las soluciones con la mente puesta en ese tema, con el consenso como metodología, evitando el desarrollo de estériles disputas.

El despliegue del virus a partir de los grandes conglomerados remite a un problema estructural de largo plazo que alguna propuesta política deberá tomar en sus manos para resolver, de lo contrario seguiremos retrocediendo, con rumbo a la disgregación. Una y otra vez seremos el blanco recurrente de este tipo de ataques.

Argentina tiene una población urbana del 93% y un 38% del total habita en la reducida geografía de lo que se conoce como área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Ésa es la muestra más evidente de una sociedad que vive a espaldas de su naturaleza y de sus posibilidades.Se confirmó la llegada de un millón de dosis de la vacuna Sinopharm - Télam - Agencia Nacional de Noticias

Una gigantesca concentración de riquezas, poder y tecnología separa la feracidad de sus despobladas tierras y una empobrecida población concentrada en unos pocos kilómetros cuadrados. En ese reducido territorio sobreviven millones de argentinos dependientes del asistencialismo estatal y el clientelismo mediador de variadas dirigencias.

Allí mismo se concentra el poder administrativo estatal que, guiado por las tradiciones y normas del embudo portuario, se impone al conjunto del país. Según la ministra Vizzotti y las recientes experiencias, desde allí se expande la circulación del virus, su primera escala son las grandes ciudades del interior.

El pensamiento político y sanitario más generalizado, deposita toda su confianza en las vacunas para superar este mal trance que quedará grabado en la historia. Pero esa perspectiva es una verdad a medias.

Las vacunas son un bien escaso, casi se puede decir que -vistas mundialmente- son un bien de lujo, para gran parte del mundo. Una de las razones de las limitaciones que tienen las vacunas es que ellas son fabricadas por una mayoría de laboratorios privados asentados en los grandes países -conocidos como centrales- y sujetos a las reglas y comportamientos del capitalismo aún dominante, su objetivo es la mayor ganancia y no la salud.

La propiedad intelectual farmacéutica y su amenaza para la salud pública - Viento SurEl registro de patentes impide la libre circulación de los conocimientos sobre su fabricación, a pesar de existir disposiciones que permitirían liberaciones temporarias. Tal como está comprobado la vacuna se transforma en una mercancía más, sujeta a precios y razones geopolíticas que deja afuera a los países más pobres o de escasa incidencia en esas cuestiones

Esto hace que el poder económico y los laboratorios sean quienes decidan sobre el futuro de todos. De ahí deriva esta trágica lógica por la cual 10 países concentran el 75% de las vacunas producidas, mientras que otros 130 no tienen acceso a las mismas. Esta profunda inequidad -entre países- ahonda las desigualdades ya existentes y exhibe las características del mundo actual.

Una buena noticia: fabricar la Sputnik   

Después de la mala experiencia de la Oxford Astra Zéneca, Argentina parece haber dado un paso importante. Ahora tendrá la posibilidad de fabricar una versión de la vacuna rusa Sputnik V. En este caso han procedido al revés de lo hecho con la Astra Zéneca, que produjo aquí el principio activo para -luego- remitirlo a México (aunque terminó en EEUU) y completar el proceso.

En este caso, aquí se recibirá ese componente básico y se terminará la vacuna para su distribución local y latinoamericana. Dentro de la lógica señalada, esta perspectiva es una muy buena noticia para toda nuestra sociedad. Permite pensar que, hacia fines de este año, estaremos en condiciones de haber superado los aspectos más duros de esta pandemia.

Más allá de estos debates y complicaciones hay otra cuestión que tiene que ver con un mejor abordaje de esta pandemia. Se trata del rol que tiene la población y sus propias organizaciones.

La concepción vigente de esta medicina hegemónica reduce su actividad al hecho pasivo de que cada uno de nosotros se quede en su casa evitando la circulación para frenar el avance del virus. Eso está bien. Pero podríamos aprovechar la enorme energía de millones de personas y valorar su aporte para otras medidas efectivas.

Se trata de aprovechar al propio pueblo, contribuyendo a organizarlo, para que actúe como instrumento de prevención, detección, aislamiento y seguimiento de los casos. Eso demandaría darle vida a la escasamente desarrollada atención primaria.

Una formación sanitaria básica de núcleos de un pueblo organizado, articulada con el sistema hospitalario de cada lugar, podría constituirse en una gigantesca contribución a la contención del virus, la atención precoz o ambulatoria del mismo o de otras enfermedades que afectan a la población liberando recursos para las atenciones más complejas.

Dispersas y aisladas experiencias de estas posibilidades ratifican esta posibilidad que la medicina oficial y los gobierno suelen desechar. Hacer sentir al pueblo que no está solo, no es un problema menor y ayuda a mejorar las respuestas de la población.

La economía en manos del FMI, a menos que..

Los últimos movimientos del gobierno prueban que nuestra economía está en manos del FMI. En efecto, durante este año Argentina tiene obligaciones por unos 20 mil millones de dólares. La mitad corresponde pagarla durante el primer semestre. De ellos, cerca de tres mil millones se deberían efectivizar en mayo, unos 2.500 al Club de París  y otras “menudencias” que ya venimos pagando rigurosamente hasta completar la cifra indicada.

El FMI llega a Argentina para refinanciar la deuda por u$s 44.000 millones | Tu NoticiaQuienes conocen esa negociación -que en su momento- firmó el entonces ministro de Economía Axel Kicillof- aseguran que si no se paga, el país tendrá  una “multa” por dos mil millones. Estos vencimientos están detrás de los extensos viajes del ministro Martín Guzmán.

Uno de sus objetivos es lograr un arreglo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que permita “patear para adelante” esos y otros vencimientos. Argentina quiere que ese plazo, que el FMI acepta que sea de 10 años, se extienda a 20 y se disminuyan las tasas de interés. Desde el gobierno procuran que ese acuerdo se haga después de las elecciones parlamentarias para sacar este tema de la agenda electoral.

Pero ello metería al país en algunos incumplimientos con variados efectos. Seguramente habrá algún arreglo que se hará sentir, aunque se lo disimule, en el orden interno. El gobierno sabe que si “arregla” con el FMI tendrá costos políticos, pero también comprende que si no “arregla”, también los tendrá.

No pagar estas deudas, muchas de ellas injustas e ilegales, traerá enormes problemas, pero desde décadas venimos pagando y los problemas son cada vez mayores. Alguien, alguna vez, tendrá que tomar otro camino.

Un par de datos del mes de marzo dan una idea que esta situación toma al país bastante mal parado. Ya se ha difundido que la inflación de marzo fue del 4,8%. El INDEC publicó que, después de nueve meses de lenta pero continua recuperación a partir del nefasto primer trimestre 2020, la economía volvió a caer un 1% en febrero 2021, respecto  del mes de enero.

Más grave aún es el dato sobre el consumo, una bandera de Cristina y Alberto Fernández. El mismo se redujo, respecto a marzo del 2020, en un 26%, llegando a una disminución del 34% en los sectores más bajos. Si bien marzo del 2020 fue un momento especial por la tendencia a “abastecerse” en el inicio de las cuarentenas, este dato es un fuerte aviso al gobierno sobre la situación que están atravesando los sectores más empobrecidos.

*Analista político y dirigente social argentino, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

Fuente e imagen: estrategia

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Una ley Fifí para la educación superior mexicana

Pluma Invitada

Por: Juan Carlos Silas Casillas

En algún momento de la campaña presidencial del 2018 y los primeros meses del sexenio 2018-2024, el presidente López Obrador utilizó la expresión “fifí” para referirse a las personas e instituciones que pretendían dar una imagen de liberales o progresistas y que, sin embargo, se trataba de actores más bien conservadores que buscan defender sus privilegios o al menos el estatus quo. Por momentos algunas personas tergiversaron el sentido de la expresión y lo orientaron hacia “rico” o incluso “amanerado”, generando una innecesaria crispación social, cuando el sentido original está más cercano a pretensioso. En este sentido, la Ley General de Educación Superior (LGES) se puede calificar como una ley fifí porque pretende ser lo que no es. En los siguientes párrafos se presentan algunas ideas que dan soporte a la afirmación.

Tras un largo proceso de consultas, foros y mecanismos electrónicos para recoger las opiniones de los interesados, a finales del año 2020 los 108 senadores que asistieron a la sesión la aprobaron de manera unánime. Hace unas semanas, 389 diputados de todas las bancadas la aprobaron y el 20 de abril, se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Académicos de Instituciones de Educación Superior (IES) públicas y privadas han señalado inconsistencias y avizoran problemas. Una nota del 17 de marzo de este año en un periódico nacional señaló que 150 sindicatos universitarios rechazan la LGES por contravenir al artículo tercero de la constitución e instaban al presidente López Obrador a no promulgarla. Otras voces la acusan de ser neoliberal y privatizadora o de abrir la puerta a que las instituciones establezcan requisitos de forma unilateral.

Si se hace un rápido recuento histórico, lo primero que se debe señalar es que esta nueva LGES sustituye a la Ley de Coordinación de la Educación Superior de 1978 que francamente era letra muerta. En la práctica tenía poca importancia. Hablaba, entre otras cosas, de varios consejos nacionales consultivos (de educación normal y tecnológica) y tal vez era algo con cierta utilidad a la mitad del sexenio de López Portillo, pero 42 años después ya no. Un análisis minucioso puede dar cuenta de que la educación en México se ha regulado más con base en acuerdos secretariales que en leyes. En el caso de la educación superior y en específico la privada, el famoso acuerdo 279 de julio del 2000 y los que le nacieron: 17 11 17 del año 2017 y 18 11 18 del año 2018 o incluso en 286 (de octubre del 2000 y reformado en 2017) surgieron de la interpretación de la realidad que tenían los funcionarios en turno y de la factibilidad de poner en marcha sus ideas, tratando de establecer un marco regulatorio al crecimiento descontrolado de la educación superior privada. En este sentido, la LGES se parece más a la conversión en Ley de lo que ya se estaba haciendo desde los acuerdos secretariales que a una verdadera ley moderna y visionaria como la que necesitamos.

La LGES perdió la oportunidad de ser un elemento de transformación de la educación superior y se convirtió en la reiteración de lo que ya se hacía. Por otro lado, algunos de sus vicios permanecen, lo que significa una omisión importante a la luz de lo que los académicos y funcionarios educativos aspiramos para este y los próximos sexenios. Por señalar dos ejemplos: A) el artículo 17 de la Ley de Coordinación ya señalaba que algunas IES públicas podían otorgar y quitar RVOE a las IES privadas. B) el artículo 19 ya habla de que se multaría con 100 mil pesos (pesos de 1978) a las IES que no se registraran ante la SEP (no se entiende si se trata de RVOE o no) y la posibilidad de clausura si se reiteraba la falta. Ya estaba ese gusto por poner en las leyes cosas que corresponden a reglamentos, y no se corrigió. 43 años después tenemos frente a nosotros una LGES conservadora y reglamentaria que denota el firme interés por convertir en ley los acuerdos y en apoyar la ampliación de cobertura a partir de la acción del gobierno federal.

Algunos de los elementos positivos de la LGES son: 1) La voluntad de fortalecer el servicio social y convertirlo en una aportación a la comunidad, 2) La inclusión y la cultura de la paz y no violencia, especialmente a las mujeres, 3) El presumible apoyo a las Tecnologías de Información y Comunicación, 4) La vinculación (integración) con el sector productivo y 5) un relanzamiento de los Consejos Estatales de Planeación de la Educación Superior o su equivalente. Pero, siendo sinceros, incluso estas y otras ideas promisorias no son algo de avanzada, más bien es un nuevo intento de actualizar y convertir en ley lo que ya se proponía por otras vías. Es esperable que en un futuro se pueda ir hacia innovaciones mayores. De momento su foco está en reforzar la posición rectora del Estado en lo que ya existe desde los acuerdos secretariales, lo que deja como pendiente la creación de un sistema educativo superior nacional que funcione como verdadera palanca para el desarrollo nacional.

En lo que respecta a las IES de financiamiento público, busca asegurar que los recursos no disminuyan y usar la infraestructura instalada en la promoción de una de las promesas del actual gobierno: garantizar que se amplíe paulatinamente la matrícula hasta que se pueda cumplir la idea de una educación superior obligatoria y gratuita ofrecida por el Estado. En lo tocante a las privadas se reitera una visión de sospecha y se subalteridad. A pesar de representar un tercio de los estudiantes y profesores, así como 75% de las instituciones, la LGES asume una posición conservadora y centralista al evitar verlas como socios o al menos como actores confiables en la transformación nacional. No las asume como una fuerza más en la mejora comunitaria, científica y académica, más bien las ve como una caterva de emprendedores, creadores de pequeños negocios que requieren ser regulados para proteger a “los clientes”: los estudiantes y sus familias. La LGES parece centrar su mirada en el control más que en el desarrollo, asumiendo que las privadas “no dan el litro o kilo completo” y que son las únicas incumpliendo el compromiso formativo con estudiantes y familias…. tal vez no sean las únicas.

El desdén hacia las instituciones privadas queda claro en que están prácticamente excluidas del Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior. Lo mismo sucede en la composición de las Comisiones Estatales para la Planeación de la Educación Superior, o sus equivalentes. En otras palabras, es una participación simbólica.

Con relación a la autoridad que expide el Registro de Validez Oficial de Estudios RVOE existe un problema desde 1978 que se decidió no solucionar. El texto señala que el RVOE lo otorga la autoridad federal o estatal, o bien una institución pública facultada para ello. Actualmente, de acuerdo con Adrián de Garay, hay 14 Universidades Autónomas que otorgan RVOE, que no incorporación, mecanismo importante que parece soslayado en la LGES. Las IES públicas que lo otorgan son, las Universidades Autónomas de Baja California Sur, de Ciudad Juárez, de Chihuahua, de Coahuila, del Estado de Hidalgo, del Estado de México, del Estado de Morelos, de Nuevo León, de Querétaro, de Quintana Roo, de Yucatán, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional. La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) lo tiene en su ley orgánica pero no lo hace. Como ya se ha señalado en este y otros espacios, esto genera castas entre las instituciones de educación superior y que haya instituciones públicas que son parte del subsistema universitario como actores y también como autoridad que decide si se otorga o retira el RVOE, en pocas palabras, son juez y parte. Este tipo de errores históricos no corregidos solamente preservan el estatus quo en vez de transformar la educación.

Por último, el elemento estelar de la LGES en su trato con las IES privadas se centra en crear un Reconocimiento a la Gestión Institucional y Excelencia Educativa. No se sabe si se trata de un guiño hacia FIMPES o una acción para darle participación a los organismos acreditadores extranjeros o nacionales. En todo caso, no constituye un empujón hacia la calidad participativa, sino que se convierte en transferir un trozo de la participación y responsabilidad a los CIEES o los organismos que están bajo el paraguas COPAES. Es un reconocimiento de parte del estado a las IES privadas que cuentan con alta calidad en la provisión del servicio educativo, lo que es correcto. Sin embargo, se queda corto ya que ignora otras funciones sustantivas como la investigación, creación de ciencia y tecnología o el impacto social.

Algo preocupante señalado en muchos escenarios es que se dedica a determinar infracciones y sanciones (que corresponderían a un reglamento) o incluso a prescribir acciones que, aunque nobles, no corresponden a una ley general. Por ejemplo, el artículo 38 establece la creación de un Registro Nacional de Opciones, para que los posibles estudiantes conozcan el menú de programas e instituciones por los que pueden optar o el artículo 43-I-e, que prescribe que debe haber transporte escolar exclusivo para mujeres. Nobles ideas ambas, pero completamente fuera del alcance de una ley general.

En síntesis, la LGES es conservadora y se regocija en normar minucias operativas o establecer con carácter de ley lo que ya se tenía en los acuerdos secretariales. ¿Es una mejora comparado con lo que se tenía?, sí, sin duda. ¿Es la ley que necesita la educación superior? No, evidentemente se quedó corta y se asienta en ideas muy conservadoras. Falta mucho para que sea el elemento progresista, pro social y desarrollador que se necesita. En este sentido, con todo respeto, lo que tenemos es una ley Fifí, que pretende desarrollar a través de controlar. Ojalá el Programa de ampliación de oferta nacional, regional, estatal; el Programa nacional de educación superior y el Sistema de evaluación y acreditación de la educación superior no sean oportunidades perdidas en la tarea de relanzar la educación superior mexicana.

Fuente: educacionfutura

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