Tanzania / Aprili 22, 2018 / Mwandishi: mik-dadi / Chanzo: Zanzibar 24
Baadhi ya Wazazi na Walezi wa Mkoa wa Kusini Unguja wameiomba serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kuwachukulia hatua za kisheria walimu wanaokataa kuwapokea wananfunzi wenye ulemavu katika skuli ili wanafunzi hao waweze kunufaika na elimu.
Wakizungumza na Zanzibar24 kwa maskitiko makubwa kwa niaba ya wananchi hao Mwenyetiti wa watu wenye Ulemavu Wilaya ya Kati Yunus Kassim na Mratibu wa wanawake na watoto Shehia ya kikungwi Bahati Issa wamesema kumejitokeza tabia kwa baadhi ya Walimu kuwakaa wanafunzi wenye ulemavu wakati wanapoenda kuandikishwa.
Wamesema kila mwananchi ana haki ya kupata haki zao za msingi hivyo wanashangazwa na baadhi ya walimu kuwakataa wanafunzi hao bila ya wananchi kujua sababu za msingi za kukataliwa kwa watoto wao.
Wamesema wakati umefika kwa maafisa Elimu kufatilia skuli ambazo zinaendelea na tabia hiyo ili walimu waweze kuchukuliwa hatua za kisheria na watoto waweze kunufaika na haki zao za kupata elimu katika nchi yao.
Aidha wametowa wito kwa Wizara ya Elimu na Mfunzo ya amali Zanzibar kuwapa mafunzo walimu ya kuwasomesha wanafunzi wenye mahitaji maalumu hususani wenye ulemavu wa kusikia katika skuli ili wanafunzi hao waweze kufahamu wanachosomesha wakiwa madarasani.
Kwa upande wake Afisa Elimu na Mafunzo ya amali Mkowa wa Kusini Unguja Abdallah Makame Makame amewaka Wazazi hao kuripoti katika Ofisi yake yanapotokeza matatizo hayo ili walimu waweze kuchukuliwa hatua za kisheria.
Amesema mapka sasa hakuna kesi iliyoripotiwa lakini wazazi hao wanaendelea kulalamika mitaani jambo ambalo ni kinyume na sheria na wanasababisha watoto wao kutopata haki zao za misngi katika elimu.
Amesema azma ya serikali ni kuona kila mwananchi ananufaika na haki zake za msingi ikiwemo kupata matibabu na elimu hivyo si vyema kwa wazazi na walezi kuendekeza muhali katika kuwaripoti walimu wanaokiuka majukumu yao kwa wanafunzi.
En el 2016, unos 59 millones de niños en el continente sufrían retrasos en el crecimiento
LaOrganización Mundial de la Salud (OMS) ha reclamado este martes una «acción urgente» para conseguir que en el 2030 se acabe con la malnutrición y se consiga instaurar una cobertura sanitaria universal en el continente, algo «poco probable» si se tienen en cuenta los datos actuales.
La directora de la OMS para África, Matshidiso Moeti, lamentó que «las cifras actuales no solo implican que sea poco probable que se consiga cumplir los objetivos globales de nutrición en el 2025, sino que también lo es que se acabe con todas las formas de malnutrición hacia el 2030», en un comunicado emitido en Nairobi.
En el 2016, unos 59 millones de niños en África sufrían retrasos en el crecimiento y unos 14 millones, de emaciación o bajo peso en relación a la altura, que supone un sólido indicador de mortalidad en menores de cinco años.
Por otro lado, el número de niños obesos en el 2014 era de 10 millones, casi el doble que en el 2000.
Las principales causas de la malnutrición en África son la pobreza, el hambre y las enfermedades, factores vinculados a la falta de educación, la inestabilidad en las posibilidades de ganarse la vida y la falta de acceso a servicios básicos como sanidad o a alimentos sanos y nutritivos.
Sanidad universal
«La carga de una insuficiente alimentación sigue persistiendo en la región africana, y hoy su impacto se siente junto al del sobrepeso, la obesidad y enfermedades relacionadas con la dieta en muchos hogares pobres«, explicó la directora de la división de Familia y Salud Reproductiva de la OMS en África, Felicitas Zawaira.
«En estos últimos años nos hemos concentrado en enfrentarnos al hambre, pero lo que debemos reconocer es que acabar con el hambre no garantiza una mejora de la nutrición», agregó.
Otro de los factores relacionados con la nutrición que repercuten en el continente es la deficiencia de micronutrientes, que afecta al desarrollo de los niños pequeños, a la salud reproductiva y a la capacidad de trabajo.
«Mejorar de forma sostenible la nutrición requiere tener en cuenta cómo producir, distribuir y asegurar el acceso a dietas saludables y nutrientes esenciales, no solo a tener mayores cantidades de comida», alertó Zawaira.
Acerca de la sanidad universal, el documento asegura que, cada año, unos 11 millones de africanos caen en la pobreza debido a pagos sanitarios demasiado altos para ellos, y advierte de que, a menos que los países del continente atajen los problemas nutricionales, conseguirla en el 2030 será «un camino lleno de obstáculos».
En Sierra Leona un año completo en una escuela primaria cuesta el equivalente a un corte de pelo en Madrid: 15 euros, 150.000 leones. En esta pequeña nación africana, castigada tantos años por las guerras, un plato de comida cuesta tres euros, lo mismo que el cuerpo de una niña de 9 años. En Freetown vive Aminata, una de las protagonistas del documental “Love”. Un corto desgarrador en el que su director, Raúl De la Fuente, narra la hercúlea tarea de cuatro misioneros salesianos, con el padre Jorge Crisafulli al frente, y de un centenar de voluntarios para devolver la esperanza a una legión de niñas obligadas a prostituirse para poder sobrevivir en calles donde solo las ratas se atreven a entrar.
Aminata es huérfana. Su padre era el jefe rebelde de un grupo que se alzó en armas contra el Gobierno de Sierra Leona, lo que desató una cruenta guerra civil que duró algo más de diez años, entre 1991 y 2002. Aminata creció masticando dolor. Antes de morir en una balacera, su padre le cortó el brazo a su madre por negarse a convivir en el mismo hogar con la esposa del guerrillero. Con las heridas infectadas, su madre pereció desangrada y Aminata se quedó sola en el mundo. Sin nada que echarse a la boca, la niña se fue a Freetown y se acostó con unos hombres que antes la habían invitado a poner precio a su cuerpo. «Ese día gané cinco euros y sólo tenía 13 años». A partir de ese momento engrosó el ejército de esclavas sexuales africanas, niñas que son desvirgadas a veces sin haber tenido siquiera su primera menstruación. Niñas a las que los pescadores chinos les dan una moneda extra si tienen sexo con los perros.
La de Aminata es una historia terrible, pero también esperanzadora, porque la niña, al cabo del tiempo, abandonó la prostitución y pudo montar una pequeña peluquería y un modesto almacén donde vende alimentos. Dejó atrás una vida llena de sida, drogas, abusos sexuales, y alcohol gracias a los salesianos, que acogen en el centro Don Bosco Famul de Freetown a chicas de entre 9 y 17 años. «Son niñas y sienten como niñas, aunque estén haciendo el trabajo de una prostituta adulta. Es inhumano», dice Crisafulli. “No saben que pueden quedar embarazadas, no conocen métodos de autoprotección. Los que abusan de ellas en las calles no son pobres. Son gente con dinero, poderosos… policías”, explica el misionero argentino.
Misiones Salesianas denuncia que la prostitución infantil “es una forma moderna de esclavitud” que en la actualidad sufren más de 150 millones de niñas y 73 millones de niños en el mundo.
Los informes de la ONU señalan a Argentina, Chile, Cuba o Sri Lanka como los estados con peores índices de abusos sexuales a menores. En Tailandia, 80.000 niños son obligados a prostituirse cada día, mientras que en Indonesia el 20 % de las mujeres explotadas sexualmente son niñas. En Estados Unidos y Canadá se calcula que hay 100.000 menores víctimas de la trata. En todas partes hay miserables capaces de explotar a niños. Es probable que la prostitución exista siempre, por desgracia. Pero es intolerable que no procuremos a nuestros niños, de aquí y de allá, los medios para vivir con dignidad y aprender a ganarse la vida sin tener que vender su cuerpo.
Ahora que algunos escándalos, como el de Oxfam en Haití, han mermado la credibilidad de algunas ONG, es preciso recodar la tarea incansable y dolorosa que la inmensa mayoría de ellas realiza con nuestra ayuda económica. “Todo comienza a través de los ojos”. Así comienza el trailer de “Love”. Véanlo.
Baluarte acoge la proyección, esta tarde a las 19.00 horas Se trata de la primera película hecha 100% por un equipo saharaui
Está realizada por la Escuela de Cine del Sáhara, centro creado en 2011
Bajo el marco de las Jornadas de Paz, Convivencia y Derechos Humanos que organiza el Gobierno de Navarra, Baluarte acoge esta tarde la proyección de Patria dividida, la primera película saharaui de la historia. Rodada en 2013, es el relato de un joven saharaui perseguido por la policía marroquí que debe huir de las zonas ocupadas y atravesar el muro que separa el Sáhara Occidental. La proyección comenzará a las 19.00 horas y cuenta con entrada libre, previa retirada de invitación en las mismas taquillas del auditorio.
El largometraje, que se ha proyectado en varios certámenes y ganó el Premio del Público en el Festival Internacional del cine del Sáhara (Fisahara) en 2013, pudo realizarse gracias al trabajo de la Escuela de Cine del Sáhara, un centro que se construyó en 2011, en colaboración del Ministerio de Cultura de la República Árabe Saharaui Democrática y CEAS (Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara). Hoy día es ya el alma cinematográfica saharaui y desde aquellos inicios, más de treinta jóvenes han terminado sus estudios y actualmente trabajan en labores relacionadas con el mundo audiovisual.
Uno de aquellos estudiantes más destacados fue Brahim Chagaf, actual docente en el centro y también el protagonista de Patria dividida. Sobre la película, Brahim reivindica lo histórico del proyecto, al ser el primer filme donde “desde la idea hasta sacar los DVD, y todos los actores, equipo técnico y de producción han sido 100% saharauis”. Sin embargo, lamenta la escasa distribución de este histórico largometraje, que contó con un presupuesto de 100 euros. “Para pagar transporte a los actores que no eran de la escuela y ofrecer bocadillos algún día”, aclara.
Pero si bien Patria dividida fue la primera película saharaui, tras aquel debut han sido varios los proyectos que se han realizado en la escuela, un lugar que Omar Ahmed, director del centro, define como vital. “No solo damos formación -con una capacidad para 20 alumnos internos-, sino que también está ligado el festival Fisahara, están los cines móviles, la producción que hacemos en cooperación con gente extranjera…”, concreta.
Por ello no duda en señalar la escuela cinematográfica como una necesidad para los saharauis, pese a que haya “muchas dificultades para que la gente lo comprenda”. En ese sentido, continúa, parten de que “la lucha por el Sáhara es una lucha por la identidad, y por tanto hay que fortalecer la cultura”. Y la mejor vía para ello, en su opinión, es “dar formación y herramientas nuevas a los jóvenes para que ellos mismos fortalezcan su propia identidad cultural”.
Así lo corrobora Brahim Chagaf, ya que según su experiencia propia, pese a que dotan de total libertad creativa a los alumnos, “muy raras veces se salen de ficcionalizar un hecho que ha ocurrido o tratar un tema que les preocupa, siempre relacionado con la causa”. Los proyectos realizados durante estos años, hablan de “víctimas de las minas que hay en el muro de la vergüenza, ese que divide el Sáhara Occidental”, también se retrata la situación de “los saharauis que están bajo la ocupación, que por el simple hecho de salir a manifestarse en la calle se enfrentan a detenciones arbitrarias, encarcelamientos y desapariciones…”, o también se muestra la situación en los propios campamentos, pero desde la visión de “una situación con escasez de medios, en la que estamos porque queremos, porque estamos resistiendo y reivindicando un derecho”.
Así, el cine se ha convertido en su mejor espejo y “gracias a la escuela nuestra voz ha llegado a muchos lugares a través de los proyectos realizados”, concluye Chagaf, que no duda en agradecer a Carlos Cristóbal, coordinador de la escuela, su apoyo tanto personal como económico. De hecho, él fue quien cubrió aquel presupuesto de 100 euros para rodar Patria dividida.
colaboración y apoyo Acerca de la situación de la escuela, Carlos Cristóbal apunta que si bien el centro nació “en un momento en que la cooperación vivía un momento más brillante en cuanto a recursos, tanto en Comunidades Autónomas, como Ayuntamientos, Diputaciones y gente de a pie”, actualmente tiene una situación muy limitada. Por ello, no oculta su orgullo hacia “los resultados que se logran”, ya que sus profesores y alumnos “viven en una situación muy precaria”.
Respecto al material de grabación, Chagaf recuerda que empezaron “casi con nada”, con dos trípodes -uno de ellos roto-, una cámara mini dv de cinta y otras cámaras de plató de conexiones muy antiguas, además de un ordenador -“la joya del centro”- para editar los proyectos. Actualmente, gracias al apoyo económico que ha recibido la escuela, han podido renovar equipos y ahora disponen de tres cámaras réflex, varios trípodes y más ordenadores para el montaje. “Conseguimos un resultado de buena calidad, en cuanto a imagen y sonido, con medios muy limitados”, comenta Chagaf.
Sobre el futuro de la escuela, Brahim señala que desde el pueblo saharaui tienen que “conservar y proteger su identidad, porque el propio enemigo está vendiendo una versión de que somos marroquís”. De ahí la importancia, a sus ojos, de “mostrar nuestra identidad, cultura y nuestras costumbres y trabajar desde el cine no solo mostrándolo, sino también trasladándolo a generaciones que continuarán la lucha”. Ese es el pilar fundamental de la escuela concluye. Patria dividida fue su primera piedra, Y tras la proyección de hoy, Brahim Chagaf, Omar Ahmed y Carlos Cristóbal explicarán sus claves.
Aunque fue legalmente prohibida en 1998, hay amplias zonas del país, especialmente en las tierras masái que se extienden hasta Kenia, donde la ley tiene poco que decir.
Aunque la ley y el Gobierno se empeñen en decir lo contrario, en Mugumu, una de esas aldeas que rodean el parque nacional del Serengeti, la mutilación genital femenina (FGM) sigue siendo una hemorragia generacional. No hay cifras oficiales, pero en la comunidad masái todavía son mayoría las jóvenes que son sometidas a esta práctica antes de contraer matrimonio. Lo que sí es seguro es que hay 250 menos de las que podría haber habido.
“En tres meses hemos rescatado alrededor de 250 mujeres”, asegura en conversación telefónica Janet Chapman, una de las responsables de la casa de acogida instalada en el pueblo desde 2014. A esta modesta construcción pensada inicialmente para 40 mujeres pero por la que el último año pasaron más de un centenar llegan cada pocos días chicas de toda la región “desesperadas” y “aterrorizadas” ante la mutilación.
Aunque fue legalmente prohibida en 1998, hay amplias zonas del país, especialmente en las tierras masái que se extienden hasta Kenia, donde la ley tiene poco que decir. “A nivel local la ley todavía necesita ser implementada”, asegura Jean-Paul Murunga, uno de los responsables de proyectos de la ONG Equality Now, que trabaja para erradicar la FGM en la zona. En las llanuras del Serengeti la tradición sigue mandando, y la tradición dice que las niñas tienen que ser cortadas antes de convertirse en mujeres.
Martha Daub tenía 14 años cuando fue sometida a este ritual. En aquel momento ni siquiera se lo cuestionó. Era lo que le tocaba a todas las chicas de su edad en la región del Kilimanjaro. “Por aquel entonces era obligatorio hacer el corte a todas las niñas antes del matrimonio y yo incluso me alegré de que me lo hicieran porque me quería casar. En nuestra cultura creen que si la mujer no es mutilada no encontrará marido”.
“No quería que dijesen que era una cobarde”
Aunque los dolores se prolongaron por más de un mes y pasó tres sin salir de casa, Martha no se quejó en ningún momento. “No quería que dijesen que era una cobarde”, relata en el testimonio recogido por Equality Now. Años después, cuando apenas contaba con 30 años, las ancianas de la comunidad le ofrecieron ser ella una de las mujeres que llevaba a cabo las mutilaciones. “Entonces lo vi como un gran honor”. Hacerlo le reportaba estatus y 30.000 chelines tanzanos, algo más de 10,7 euros, pero mucho dinero en un país donde el 70% de la población continúa viviendo con menos de dos dólares al día.
“Es difícil saber a cuantas chicas mutilé en total”, reconoce. Hoy que tiene 59, ya es abuela y trabaja para que no haya ni una más. Acude a la escuelas y a las comunidades para explicarles los riesgos y consecuencias que supone la FGM. “Les digo a las estudiantes que se resistan a ser mutiladas. Les hablo de los problemas que trae al dar a luz, de que pueden sangrar tanto que pueden morir o perder el bebé. También se lo digo a mis hijos: ¡no mutiléis a vuestras hijas”. Aunque la han amenazado por ello, Martha no se aparta de su camino. Ella es una de las abuelas conversas que predican contra la ablación. “Conozco los efectos de la FGM y no puedo dejar de luchar”.
Se estima que alrededor de 7,9 millones de mujeres han sido mutiladas en Tanzania, aunque la prevalencia ha ido bajando desde el 18% de 1996 al 15% recogido en el último informe de Unicef de 2013 en el que se concluye que las niñas tanzanas de entre 15 y 19 años tienen tres veces menos posibilidades de sufrir la FGM que las mujeres de entre 45 y 49.
“La ley ha ayudado a reducir el número de mutilaciones porque la gente tiene miedo de ser arrestada”
“La ley ha ayudado a reducir el número de mutilaciones porque la gente tiene miedo de ser arrestada”, señala Martha quien, junto a otras voluntarias de la Network Against Female Genital Mutilation (NAFGEM), sostiene una plataforma social para denunciar a quien continúa realizando ablaciones y ayudar a las jóvenes que huyen de sus casas ante el temor a ser mutiladas.
El apoyo comunitario se ha revelado como la herramienta más efectiva contra la FGM en esta región de Tanzania. Por eso, además de la casa de acogida, en Mugumu han puesto en marcha el proyecto Crowd2Map, una iniciativa para llenar los infinitos huecos blancos de la cartografía local. “Tener mapas permite a los activistas saber donde está chicas, especialmente durante la temporada de ablaciones”, señala Chapman. Hace unos meses, relata, recibimos un aviso de que una chica iba a ser mutilada, “si no tuviéramos el mapa llegar a la aldea es muy difícil”.
Rhobi es una de las voluntarias en el proyecto para cartografíar en el norte de Tanzania. Crowd2map
En apenas dos años han conseguido cartografía más de 70.000 metros cuadrados, 1,8 millones de edificios, 105.000 carreteras, 649 asentamientos, 1.240 escuelas y 348 hospitales. Más de 2.000 voluntarios de todo el mundo participan en el proyecto, más de 200 en el propio norte de Tanzania. Sirviéndose de software libre, los voluntarios internacionales van creando un ‘mapa base’ con los accidentes más relevantes, como ríos o montañas, que después los colegas locales van completando.
“En las áreas rurales no es fácil encontrar gente con teléfonos y los que lo suelen tener son sobre todo hombres. Nosotros”, prosigue Chapman, “queremos involucrar a las mujeres. Es la manera de empoderarlas. La idea es combatir los matrimonios infantiles y la ablación, pero también de empujar el desarrollo de las mujeres en estas comunidades”.
Gracias al apoyo de la Humanitarian OpenStreetMap y de algunas otras entidades internacionales han conseguido 60 teléfonos para repartir entre las voluntarias locales. Aunque en muchas zonas no hay electricidad y el transporte es a menudo un problema adicional, han conseguido cubrir ya el equivalente al 6% del territorio rural de Tanzania. El reto es ir más allá, “hasta cartografía toda Tanzania”, asegura Chapman. Si lo consiguen, el fin de la FGM estará un paso más cerca.
Traductor: «El miedo está ahí todos los días, podemos ser atacados en cualquier momento», dice un profesor preocupado de la escuela primaria Tin-Akoff, una aldea situada a menos de 10 km de la frontera con Mali, en la provincia de Oudalan, en el norte de Burkina Faso. «Hace unos meses, hombres armados irrumpieron en nuestra escuela por la noche, quemaron un salón de clases y varias motos pertenecientes a maestros. También atacaron al director, no he tenido noticias suyas desde … «, informa la maestra de 28 años, encubierta del anonimato.
Le 12 avril, une élève a été tuée et un instituteur enlevé lors d’un raid contre une école dans la province du Soum.
« La peur est là tous les jours, on peut être attaqué à tout moment », confie, inquiet, un enseignant de l’école primaire de Tin-Akoff, un village situé à moins de 10 km de la frontière malienne, dans la province de l’Oudalan, dans le nord du Burkina Faso. « Il y a quelques mois, des hommes armés ont fait irruption dans notre école la nuit, ils ont brûlé une salle de classe et plusieurs motos appartenant à des enseignants. Ils ont aussi agressé le directeur, je n’ai pas de nouvelles de lui depuis… », rapporte l’instituteur de 28 ans, sous le couvert de l’anonymat.
« C’est difficile de travailler, mes collègues reçoivent régulièrement des menaces pour qu’on enseigne en arabe, qu’on prêche le Coran et que les femmes portent le voile. On fait classe en français, ça ne leur plaît pas », poursuit-il. Depuis l’attaque, l’école de Tin-Akoff, où sont inscrits 126 élèves, n’a pas rouvert.
Soixante kilomètres plus au sud, à Gorom-Gorom, chef-lieu de l’Oudalan, l’inquiétude et le sentiment d’insécurité dominent également dans les établissements scolaires. « Tous les jours, on a peur d’aller en classe pour enseigner », explique un instituteur qui préfère lui aussi rester anonyme. « La semaine dernière, des hommes ont tiré des coups de sommation pendant près de quarante-cinq minutes, la nuit, devant une école du quartier pour nous intimider. Des professeurs dormaient à l’intérieur de l’établissement », poursuit l’enseignant de 28 ans, originaire du Centre-Ouest, qui entame sa deuxième année à Gorom-Gorom.
S’il reste, « ce n’est pas par courage » mais parce qu’il n’a « pas le choix » : « Si je quitte mon poste, je risque d’être sanctionné, voire licencié. J’aimerais rentrer, mais il me reste encore quatre années à faire ici. Après, je pourrai demander à changer, mais alors tout dépendra de mon affectation. »
Un maire assassiné le 8 avril
« Pour un grand nombre de ces instituteurs exerçant dans le Nord, c’est leur premier poste. A la sortie de leur formation, ils sont affectés d’office dans un établissement selon un système de tirage au sort. Ils ne peuvent pas choisir leur commune », précise Fidèle Kobeané, secrétaire général de la Fédération des syndicats nationaux des travailleurs de l’éducation et de la recherche (F-Synter) à Djibo, chef-lieu de la province voisine du Soum.
L’Oudalan et le Soum font partie de la région du Sahel, proche des frontières avec le Mali et le Niger, où les menaces contre les écoles sont fréquentes. Rares sont les enseignants qui acceptent de témoigner, par peur des représailles des groupes djihadistes. Une méfiance qui s’est encore renforcée avec l’enlèvement, jeudi 12 avril, d’un maître d’école primaire à Bouro, à une trentaine de kilomètres de Djibo, par des individus armés.
Ce rapt, mais aussi l’assassinat du maire de Koutougou, dans le Soum, le 8 avril, ont été revendiqués mardi par le groupe Etat islamique dans le Grand Sahara (EIGS) et non par Ansaroul Islam, le groupe terroriste burkinabé qui semait la terreur dans le nord du pays depuis sa création, fin 2016, par Ibrahim Malam Dicko (mort au printemps 2017). « Tous ceux qui enseignent en français seront combattus. Les moudjahidines ont tué [le maire] Hamid Koundaba, qui travaille contre nous avec l’armée du Burkina Faso, pour les croisés », a déclaré à l’AFP un certain « Hammar », l’un des porte-paroles de l’EIGS.
Lors de l’attaque du 12 avril à Bouro, une élève de CM2 a été tuée par balles et plusieurs autres blessés. « C’est la première fois qu’un enfant est touché mortellement au cours d’un assaut contre une école. Il est probable que ce soit une balle perdue. Le but de ces djihadistes est avant tout de dissuader les enseignants et d’imposer la terreur au sein de la population », analyse une source sécuritaire.
« Les écoliers sont terrorisés »
Les provinces du Soum et de l’Oudalan sont régulièrement le théâtre d’attaques et d’enlèvements de fonctionnaires ou de conseillers municipaux. « C’est la psychose depuis l’attaque à Bouro, tout le monde a peur. En partant au travail le matin, on se demande si on va rentrer vivant le soir. Les écoliers aussi sont terrorisés. Dès qu’il y a un bruit de moto, ils se précipitent pour regarder par la fenêtre », constate l’intendant d’un lycée de Djibo.
Depuis lundi, une coordination de syndicats d’enseignants du Soum observe d’ailleurs un mouvement de grève pour « marquer leur désaccord avec la façon de gérer la sécurité des écoles », ont-ils déclaré dans un communiqué. « Nous demandons que des actions concrètes soient mises en place, telles que la réouverture de deux commissariats aujourd’hui fermés et la reprise des patrouilles autour de certaines écoles », détaille le syndicaliste Fidèle Kobeané.
« Nous allons tout mettre en œuvre pour renforcer la sécurité et permettre aux enseignants et aux élèves de travailler librement », a tenté de rassurer, jeudi, le ministre de l’éducation et de l’alphabétisation, Stanislas Ouaro. La détérioration de la situation dans le nord du Burkina Faso a entraîné la fermeture de 21 % des écoles dans le Soum et de 17 % dans l’Oudalan, affectant au total plus de 11 000 élèves, selon les chiffres publiés par l’Unicef.
El trabajo infantil solo es la cara más visible del impacto del sector privado sobre la niñez. ‘El atlas de Derechos de la Infancia y Empresas 2018’ es una herramienta digital que explora la complicada relación entre ambos
Europa/España/Madrid
Son los futuros dirigentes, clientes, inversores y empleados, pero sus derechos son hoy mismo y a menudo pisoteados por las empresas. Conviene recordarlo cuando se celebra el Día Mundial contra la Esclavitud Infantil. Las prácticas y políticas del sector privado tienen un impacto en niños y niñas que va más allá de su cara más visible, el trabajo infantil.
El Atlas de Derechos de la Infancia y Empresas 2018, una herramienta digital elaborada por Unicef y el Global Child Forum y presentada el pasado miércoles en Estocolmo (Suecia), analiza los pormenores de la relación entre ambas partes para que las compañías, los inversores y la organización industrial tengan una visión clara de cómo sus acciones afectan a los derechos de los más pequeños.
«Es bastante reduccionista limitarse al trabajo infantil, que solo es uno de los impactos para la infancia, aunque la mayoría de los consumidores solo se fijan en ello», explica Andrés Franco, Andrés Franco, director adjunto de incidencia con el sector privado de Unicef. «Los mayores obstáculos suelen estar relacionados con la larga duración de los turnos de los padres o el tiempo que tardan en desplazarse hacia el lugar de trabajo, la posibilidad de amamantar a los bebés o las consecuencias medioambientales. El mayor riesgo, probablemente, es el cuidado de los menores de cinco años».
La cifra total de niños y niñas trabajadores ha caído en un tercio desde el año 2000, según el informe Infancias robadas 2017 de Save the Children. No obstante, el trabajo infantil aún afecta a al menos 152 millones de menores de entre 5 y 17 años alrededor del mundo, estima la Organización Internacional del Trabajo. La mitad de ellos desempeña su empleo en condiciones peligrosas.África subsahariana concentra las tasas nacionales más altas de trabajo infantil, en países como Camerún (47%), Somalia (49%), en Guinea-Bissau (51%), Benín (53%) o Mali (56%).
No es de extrañar que República Centroafricana obtenga la peor puntuaciónentre los 50 casos objeto de estudio del atlas, mientras España se coloca en cuarta posición al otro extremo de la clasificación, detrás de Francia, Croacia y Chile. La República Centroafricana, el país menos desarrollado del mundo según las Naciones Unidas, se coloca casi al cierre también en el índice Infancias Robadas de Save the Children. Solo Malí, Angola y Níger obtienen peores notas en el ranquin de 172 países. Pese a que el trabajo infantil afecta a más del 28% de los niños de entre 5 y 14 años, el estudio pone de manifiesto que en la infancia de República Centroafricana tiene desafíos con prevalencia aún más pronunciada. La mitad (55%) de las niñas de entre 15 y 19 años están casadas, así como el 28% de los chicos con edad inferior a los 18 años. A pesar de los recientes avances en mortalidad infantil, más del 10% de los niños y niñas del país no llega a su quinto cumpleaños, una tasa que multiplica por 40 la de Finlandia (menos del 0,3%).
Aunque el nivel de riesgo para la infancia está estrechamente vinculado con la pobreza, el penúltimo peldaño de la lista está ocupado por Angola, un país cuya economía el año pasado entró en recesión por primera vez desde 2002 tras el desplome del precio del crudo. “Es sorprendente”, sostiene David del Campo, director de cooperación internacional y ayuda humanitaria de Save the Children, “pero en este caso se debe al ambiente de negocio y a un gobierno poco transparente”.
Para Del Campo es importante contar con una herramienta como el Atlas, pero el problema es otro. “La cuestión es si este trabajo y los muchos otros informes que existen en este ámbito se toman realmente en cuenta en los despachos de toma de decisiones, tanto de la política como de las grandes compañías”, argumenta.
El experto de Save the Children insiste en la importancia de que las empresas entiendan que rentabilidad no está reñida con el respeto de los derechos humanos y del medioambiente. Pero la responsabilidad recae también en los consumidores, que están llamados a conocer la actitud de las compañías y a premiar las buenas prácticas, en lugar de señalar con dedo las malas.
Franco, de Unicef, coincide con él y admite que el Atlas por sí solo no necesariamente producirá un cambio en el sector privado si no se acompaña de acciones concretas. «Ya no es aceptable que una empresa se defienda con la excusa de haber comprado el producto en el mercado internacional y no saber qué prácticas esconde. Hay cada vez más gobiernos que se interesan por estos temas y el atlas brinda una base para empezar a trabajar juntos. Hacer otro tipo de negocio es posible y la infancia tiene que estar integrada en las estrategias de las empresas, así como el cambio climático».
Los sectores más peligrosos para los menores
El Atlas se centra en cuatro sectores de actividad que potencialmente presentan más amenazas para los menores. Uno de ellos es la industria de producción de ropa y calzado, que, según Unicef, puede afectar hasta 250 millones de niños, ya sea como fuerza de trabajo (un 12% de los trabajadores menores de edad está empleado en la industria en general) o como consumidores (las sustancias químicas contenidas en algunos productos pueden representar una amenaza para su salud).
ATLAS DE DERECHOS DE LA INFANCIA Y EMPRESAS 2018
Las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) han entrañado nuevos retos para la infancia, con el empleo de aproximadamente un millón de niños y niñas en la extracción de minerales y metales usados para producirteléfonos, televisores y ordenadores. Una cifra en aumento año tras año. Los autores de esta herramiente digital denuncian también violaciones relacionadas con la duración de los turnos de trabajo en países productores de tecnología como China.
La industria extractiva también esconde enormes peligros para los más pequeños. Uno de ellos es un mayor riesgo de violencia sexual en las cercanías de proyectos a gran escala, vinculado con la pobreza y la elevada densidad de población por la afluencia de trabajadores de otras localidades. Muchos de los empleados de las minas o los transportistas de materiales suelen ser hombres alejados de su familia, lo que favorece la proliferación de prostitución de menores.
EL ATLAS
Entre otros factores, el Atlas de Derechos de la Infancia y Empresas 2018 toma en cuenta la edad mínima para trabajar, el riesgo de explotación sexual, tráfico de menores, trabajo forzoso o peligroso, salarios, duración de los turnos, baja maternales.
La herramienta se basa en indicadores como el marco legal y el compromiso del Estado con la defensa de los derechos de los niños, analizando el impacto para la infancia en el lugar de trabajo, en el mercado y en el entorno. Es en este último apartado que República Centroafricana suma las peores notas (7,7 en una escala de 0 a 10, en la que a número mayor corresponde la necesidad de un mayor esfuerzo de empresas e inversores para proteger a la infancia de ese país. Este resultado casi dobla la media de 4 de los otros países analizados).
Por último, se analiza el impacto del sector alimentario, una industria que brinda trabajo a unos 22 millones de personas en el mundo solo en la fabricación, en particular en países en desarrollo. Estas cifras excluyen a los que trabajan en agricultura, cría de ganado, pesca y silvicultura, incluidos 98 millones de menores (el 60% del trabajo infantil). Muchos de ellos son empleados por su familia y no reciben salario. Los menores, en cuanto consumidores, están expuestos a campañas de marketing y publicitarias que promueven el consumo de productos ricos en azúcar y calorías y que inciden en las crecientes tasas de obesidad en esta franja de población. La Organización Mundial de la Salud estima que, de mantenerse el actual ritmo de crecimiento de la población, 70 millones de niños y adolescentes tendrán sobrepeso en 2025.
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