África

 El informe global de la COFEDERACION SINDICAL INTERNACIONAL confirma las irregularidades

El Índice Global de los Derechos de la CSI que se ha publicado hoy confirma que los derechos de los trabajadores se han debilitados en casi todas las regiones del mundo y esel peor año jamás registrado en cuanto a ataques a la libertad de expresión y la democracia.

A juicio de esta organización sindical internacional, el deterioro de los derechos de los trabajadores en la mayoría de las regiones “se ha visto agravado por serias campañas de represión contra el derecho la libertad de expresión y de reunión”, según la edición 2016 del Índice Global de los Derechos de la CSI. “Restricciones de la libertad de expresión y de reunión, incluyendo intensas campañas de represión en algunos países, se incrementaron en un 22%, registrándose restricciones en 50 de los 141 países considerados”.

El Índice Global de los Derechos de la CSI clasifica a 141 países en función de 97 indicadores reconocidos internacionalmente para evaluar dónde están mejor protegidos los trabajadores, tanto en la ley como en la práctica.

“Estamos siendo testigos del cierre de espacios democráticos y un aumento de la inseguridad, el temor y la intimidación hacia los trabajadores y trabajadoras. El ritmo al que se están intensificando los ataques contra los derechos, incluso en algunas democracias por ejemplo las propuestas del Gobierno en Finlandia o la nueva ley de sindicatos en el Gran Bretaña, indican una alarmante tendencia para los trabajadores/as y sus familias”, declaró Sharan Burrow, Secretaria General de la CSI.

“La represión de los derechos de los trabajadores va a la par con un control gubernamental reforzado sobre la libertad de expresión y de reunión, y otras libertades civiles fundamentales, con demasiados Gobiernos que intentan consolidar su propio poder y a menudo siguen el juego a las grandes empresas, las cuales generalmente consideran que los derechos fundamentales resultan incompatibles con su búsqueda de mayores beneficios a toda costa”.

La región de Oriente Medio y Norte de África fue una vez más la peor región para los trabajadores y trabajadoras, con el sistema de la “kafala” en los países del Golfo que impone condiciones de esclavitud a millones de personas. En el otro extremo de la balanza, prosigue el deterioro de los derechos en Europa, tradicionalmente la región mejor situada en el Índice.

Destaca la CSI QUE, “pese al fracaso evidente de las políticas de austeridad, muchos Gobiernos europeos continúan socavando los derechos de los trabajadores. El incumplimiento por parte de la mayoría de los países europeos respecto a sus obligaciones hacia los refugiados, incluyendo el derecho al trabajo, está agravando aún más el problema”.

LOS DIEZ PEORES

Los diez peores países del mundo para los trabajadores y trabajadoras son Belarús, China, Colombia, Camboya, Guatemala, India, Irán, Qatar, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos.

Camboya, India, Irán y Turquía se sumaron a la clasificación de los diez peores países del mundo para los trabajadores, por primera vez en 2016. Con la aprobación de una nueva Ley de Sindicatos, el Gobierno camboyano ha limitado aún más la capacidad de los trabajadores para negociar sus condiciones de trabajo y sus salarios, mientras que la policía en India ha empleado una violencia desproporcionada para reprimir manifestaciones de trabajadores/as y muchos fueron detenidos por el simple ejercicio de derechos garantizados en la legislación nacional.

“En Irán se han dictado duras sentencias de prisión contra trabajadores por llevar a cabo actividades pacíficas, y Turquía se está ensañando contra los trabajadores/as del sector público que intentan participar en acciones sindicales pacíficas, con al menos 1.390 funcionarios públicos sometidos a investigaciones. El Gobierno turco se ha convertido también en sinónimo de ataques contra la libertad de expresión, con la expulsión de diez periodistas extranjeros desde al pasado mes de octubre y los periodistas turcos enfrentándose a una severa represión incluyendo juicios y encarcelamiento en base a falsos pretextos”.

“Las cuatro nuevas adiciones a la galería de villanos que representan los diez peores países del mundo constituyen claros ejemplos del asalto combinado contra los derechos de los trabajadores y otras libertades fundamentales”, indicó Burrow.

En otros países aparte de los diez peores, las condiciones “se han deteriorado” en este último año, como por ejemplo en Indonesia, Montenegro y Paraguay. Las protestas en Indonesia contra los cambios en el sistema de fijación del salario mínimo fueron brutalmente reprimidas por la policía, utilizando cañones de agua, gases lacrimógenos y procediendo a arrestos masivos. El Gobierno de Paraguay se ha negado sistemáticamente a proceder al registro de sindicatos, exponiendo a los trabajadores a discriminación por parte de los empleadores, mientras que ley de quiebras en Montenegro supone la suspensión de la legislación laboral en las empresas en proceso de liquidación, afectando a los trabajadores/as de unas 2.363 empresas en los últimos cinco años.

CONCLUSIONES:

Las principales conclusiones del informe son:

. 82 países excluyen a trabajadores de la legislación laboral

. Más de dos tercios de los países no conceden a los trabajadores el derecho a hacer huelga.

. Más de la mitad de los países deniegan a algunos o a todos los trabajadores/as la negociación colectiva.

. De los 141 países, el número de países que deniegan o limitan la libertad de expresión y de reunión aumentó pasando de 41 a 50, con Argelia, Camerún, Estados Unidos y Pakistán sumándose a la lista.

. De los 141 países, el número en que los trabajadores/as están expuestos a violencia física y amenazas se incrementó en un 44% (de 36 a 52) e incluyen a Colombia, Egipto, Guatemala, Indonesia y Ucrania.

. Se ha asesinado a sindicalistas en 10 países, incluyendo Chile, Colombia, Egipto, El Salvador, Guatemala, Honduras, Irán, México, Perú, Sudáfrica y Turquía.

“Trabajar colectivamente para reclamar mejores salarios, derechos y condiciones de trabajo convierte a los trabajadores en el blanco tanto de las fuerzas de seguridad del Estado como de matones contratados por las empresas”, asevera Burrow. “Esto está ocurriendo tanto en el sector público como en el privado, incluyendo las cadenas mundiales de suministro, una fuente notoria de explotación y pobreza. Los Gobiernos deben cumplir con sus obligaciones con la legalidad internacional, respetando las normas que ellos mismos adoptaron en la Organización Internacional del Trabajo, y asegurarse de que las multinacionales con sede en sus respectivos países se responsabilicen por todos los trabajadores/as en sus operaciones internacionales, tanto en su país como en el extranjero. La alternativa sería un empobrecimiento aún mayor de las familias trabajadoras con la consiguiente paralización de la economía mundial, debido a que las personas encuentran problemas para hacer frente a los gastos básicos, siendo incapaces de invertir en el futuro de sus hijos o de efectuar compras adicionales”, precisa la secretaria general.

El Índice Global de los Derechos de la CSI 2016 clasifica a los países de uno a cinco en base a 97 indicadores, con una puntuación global que sitúa a los países en una de estas cinco categorías.

Violaciones irregulares de los derechos: 13 países incluyendo Alemania y Uruguay.

Violaciones repetidas de los derechos: 22 países incluyendo Irlanda y Japón

Violaciones regulares de los derechos: 41 países incluyendo Australia e Israel.

Violaciones sistemáticas de los derechos: 30 países incluyendo Polonia y EE.UU.

Derechos no garantizados: 25 países incluyendo Belarús, China y Nigeria

5+ Derechos no garantizados debido a la desintegración del Estado de derecho: 10 países incluyendo Burundi, Palestina y Siria.

CASO ESTADO ESPAÑOL:

La CSI recuerda sobre el Estado español la sentencia absolutoria para los 8 de Airbus que fueron enjuiciados bajo las acusaciones de “delitos en contra de los derechos de los trabajadores” y “atentados y lesiones”, supuestamente cometidos durante el transcurso de una huelga general el 29 de septiembre de 2010. Las penas, totalmente desproporcionadas, solicitadas inicialmente eran de ocho años y tres meses de prisión para cada uno de los encausados, por haber formado parte de un piquete que bloqueó la entrada de la fábrica en Getafe, Madrid.

Los ocho sindicalistas –Tomás García, Enrique Gil, Rodolfo Malo, José Alcázar, Raúl Fernández, Armando Barco, Jerónimo Martín y Edgar Martín– fueron acusados en virtud del artículo 315.3 del Código Penal español, “una ley que data de la época franquista y que permite dictar sentencias de prisión para los sindicalistas que intervienen en piquetes para incitar a otros trabajadores a sumarse a una huelga o a continuarla”.

Recuerda, sin embargo, que “queda también pendiente la sentencia dictada contra cinco trabajadores de la empresa ArcelorMittal, liados a MCA-UGT, que fueron condenados en total a 31 años de prisión por sus actividades sindicales durante una huelga general que tuviera lugar en 2012”.

Otro caso que destaca es el de Ryanair que “demanda a su personal en el Estado español por una acción de huelga: Los trabajadores de ‘handling’ de equipaje de Ryanair en el aeropuerto de Madrid se declararon en huelga para protestar por recortes salariales y las malas condiciones de trabajo, interrumpiendo el servicio durante varios días”. En respuesta a esta prolongada acción de protesta, Ryanair presentó una demanda contra los huelguistas dado que, según un portavoz de la compañía, “los sindicatos incumplieron con los servicios mínimos establecidos por la ley”. La compañía es bien conocida en toda Europa por sus políticas antisindicales y ha sido condenada ya en diversos Tribunales Laborales europeos, desde Francia hasta Dinamarca, explica la CSI.

En el informe también recuerda que la Federación Internacional de Periodistas (FIP) y su organiza- ción regional, la Federación Europea de Periodistas (FEP), se han sumado a sus a liados españoles FAPE, FESP, FSC-CC.OO. y ELA-Gizalan para rechazar la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, también conocida como “Ley Mordaza”, que entró en vigor el 1 de julio de 2015.

La Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana convierte en delito penal “el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales” y además limita de manera arbitraria el derecho de los ciudadanos de reunirse y expone a los fotoperiodistas a ser perseguidos por tomar fotografías que incluyan agentes en los eventos públicos.

Organizaciones de periodistas han denunciado los motivos de la ley, incluyendo el esfuerzo del Gobierno para prohibir las multitudinarias protestas contrarias a los recortes presupuestarios. Los sindicatos temen que el texto aprobado afecte de manera especial a los medios regionales y a los comunicadores sociales, socavando así la diversidad mediática y el pluralismo informativo.

CASO FRANCES

Las irregularidades detectadas por la CSI en el Estado francés también son importantes. Cita el recurso ilegal a empleados temporales durante una huelga, suspensión de delegado sindical de la CGT en Start People, una agencia de empleo temporal, fue suspendido y será objeto de un procedimiento de despido por falta grave. Se le reprochaba haber impedido, el 16 de diciembre de 2015, que empleados temporales accediesen a las oficinas de Correos de Rivesaltes (Pirineos-Orientales) y dehaber agredido al director de Correos, algo que el sindicalista niega rotundamente.

Discriminación y represión antisindical: Tras años de procesos judiciales, el tribunal impuso importantes multas en 2015 a la empresa de ferrocarriles, la SNCB y al grupo Air Liquide por el trato discriminatorio en relación con los activistas sindicales, ya sea en materia salarial o de promoción profesional. La Agence France Presse (AFP) también fue declarada culpable de discriminación antisindical contra un miembro del sindicato de periodistas, el Syndicat national des journalistes (SNJ-CGT), que siempre ha visto denegada su candidatura a puestos de responsabilidad sin explicación ni razón alguna objetiva. «Este hecho confirma una tendencia constante en Francia: los delegados/as sindicales reciben menos promociones que los compa–eros/as a los que representan y que presentan las mismas características (edad, formación, antigüedad, etc.); el 40% de los delegados/as sindicales también señalan que han sido obstaculizados en su mandato. Y así cita unos cuantos casos más.

Fuente: http://kaosenlared.net/100488-2/