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Barómetro de la Internacional de la Educación

A través de su herramienta de análisis e investigación por Internet, el Barómetro de la Internacional de la Educación sobre los derechos humanos y sindicales en la educación proporciona el informe más completo hasta la fecha de la calidad de la educación y el respeto de los derechos humanos y laborales en los países de todo el mundo.

Además de analizar todos los niveles de la educación, desde preescolar hasta la enseñanza superior, el informe estudia toda una serie de cuestiones que afectan al sector de la educación mundial hoy en día, como la libertad académica, la igualdad de género, los alumnos con necesidades especiales, los niños refugiados y de grupos minoritarios, y el trabajo infantil.

Como parte integrada del portal web de la IE, el Barómetro se actualiza continuamente tanto en su contenido como a través de enlaces a las últimas novedades, los artículos y los eventos correspondientes a cada país. Las estadísticas y los indicadores se actualizan todos los años gracias a nuestra cooperación con el Instituto de Estadísticas de la UNESCO (IEU), la máxima autoridad en el mundo en cuanto a recopilación de datos relativos a la educación.

Con el fin de que el Barómetro sea una herramienta imprescindible para los sindicatos de educación, los investigadores y los activistas en todo el mundo, la IE trata de mejorar la página web todo lo posible.

 

Pueden acceder en el siguiente enlace

Barómetro educativo

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Nigeria: Dejan morir a niños y niñas de corta edad, incluidos bebés, en detención militar

Amnistía Internacional

Amnistía Internacional ha revelado hoy la muerte de 149 personas —entre ellas 11 niños y niñas (incluidos cuatro bebés)— que se encontraban recluidas en condiciones deplorables en el tristemente famoso centro de detención del cuartel de Giwa, sito en la nigeriana ciudad de Maiduguri.

Ya hemos hecho sonar la alarma, en repetidas ocasiones, con respecto al elevado índice de mortalidad entre las personas recluidas en el cuartel de Giwa, pero este descubrimiento demuestra que se trata de un lugar letal, tanto para adultos como para menores.
Netsanet Belay, Amnistía Internacional
Los datos que se desprenden de las entrevistas realizadas a ex detenidos y testigos oculares, avalados por vídeos y fotos, sugieren la muerte de numerosas personas a causa de enfermedades, hambre, deshidratación y heridas de bala. Asimismo, el documento If you see it, you will cry: Life and death in Giwa barracks contiene imágenes captadas por satélite que corroboran los testimonios de los testigos.

“El descubrimiento de la muerte de bebés y niños de corta edad recluidos en deplorables condiciones en detención militar es tan desgarrador como espeluznante. Ya hemos hecho sonar la alarma, en repetidas ocasiones, con respecto al elevado índice de mortalidad entre las personas recluidas en el cuartel de Giwa, pero este descubrimiento demuestra que se trata de un lugar letal, tanto para adultos como para menores”, afirma Netsanet Belay, director de Investigación y Trabajo de Incidencia en África de Amnistía Internacional.

“No caben excusas ni dilaciones. El centro de detención del cuartel de Giwa debe cerrarse de inmediato, y todas las personas en él recluidas deben quedar en libertad o ser transferidas a las autoridades civiles. El gobierno debe implantar con carácter de urgencia sistemas que garanticen la seguridad y el bienestar de los niños y niñas liberados.”

Amnistía Internacional cree que actualmente hay unas 1.200 personas recluidas en el cuartel de Giwa, hacinadas en condiciones insalubres. Muchas fueron aprehendidas arbitrariamente durante operaciones de detención masiva y, con frecuencia, no existen pruebas en su contra. Una vez en el cuartel, se las encarceló sin acceso al exterior ni juicio. De ellas, al menos 120 son menores.

Reclusión y muerte de niños y niñas

Desde febrero han muerto al menos 12 niños y niñas en el cuartel de Giwa, donde se ha recluido a menores de cinco años, incluidos bebés, en tres celdas de mujeres masificadas. A lo largo del último año, el número de personas recluidas en estas celdas ha pasado de las 25 de 2015 a las 250 de principios de 2016, es decir, la cifra se ha multiplicado por 10. Y, dadas las condiciones de insalubridad que presentan, en ellas las enfermedades proliferan. Según tiene entendido Amnistía Internacional, en cada una de estas tres celdas había unos 20 niños de menos de cinco años, incluidos bebés.

Mientras estábamos allí, murieron tres. Cuando moría un niño, nuestra reacción era de tristeza extrema.
Ex reclusa del cuartel de Giwa
Un testigo ha asegurado ante Amnistía Internacional haber visto ocho cadáveres de niños y niñas: uno de cinco meses, dos de un año, uno de dos años, uno de tres años, otro de cuatro años y dos de cinco.

Por su parte, dos ex detenidas afirmaron que, en febrero de este año, habían muerto dos niños y una niña, de entre uno y dos años. Una de ellas, una joven de 20 años que había pasado en 2016 más de dos meses recluida en una celda de mujeres, explicó a Amnistía Internacional: “mientras estábamos allí, murieron tres. Cuando moría un niño, nuestra reacción era de tristeza extrema”.

La otra, una mujer de 40 años que había permanecido recluida más de cuatro meses en el cuartel de Giwa, describió cómo los soldados hacían oídos sordos a sus peticiones de atención médica: “cuando llegó el calor, empezó a brotar el sarampión. Por la mañana, cayeron [enfermos] dos o tres; por la tarde, cinco bebés [cayeron enfermos]. Se les notaba la fiebre, sus cuerpos ardían y lloraban noche y día. Tenían los ojos rojos, y sarpullidos en la piel. Al final, vino el personal médico, y confirmó que tenían sarampión.”

La mujer añadió que, tras la muerte de estos niños, las revisiones médicas empezaron a ser más frecuentes, y declaró: “cada dos días venía al patio el personal médico y nos decía ‘sacad a los niños que estén enfermos’. El doctor los veía en la puerta, y les daba las medicinas a través de ella”.

Sin embargo, pese a estas medidas, parece que siguieron muriendo niños y niñas. Entre el 22 y el 25 de abril, murieron un niño de un año, otro de cinco, y una niña, también de cinco años.

Los niños varones de más de cinco años, ya hubieran sido detenidos solos o con sus progenitores, eran recluidos en una única celda. Al igual que ocurría con todas las demás personas recluidas en el cuartel, tampoco a ellos se les permitía acceder a sus familias, y se les aplicaba también el régimen de incomunicación.

El hambre, la sed y el calor; esos son los principales problemas.
Ex recluso del cuartel de Giwa
Dos niños que habían sido recluidos en esta celda explicaron a Amnistía Internacional que no habían recibido ninguna visita de familiares, y que sólo les habían permitido salir de la celda para que los soldados los contaran.

Uno de ellos rememoró cómo, a la llegada a Giwa, separaban a las familias que habían sido detenidas juntas: “El padre iba a una celda, la madre, a la celda de las mujeres, y las niñas, con las madres”.

Con respecto a las condiciones soportadas, declaró: “el hambre, la sed y el calor; esos son los principales problemas”. El otro niño, que había estado recluido en la misma celda, corroboró sus palabras: “la comida no era suficiente; había muy poca”.

Este año hemos presenciado la liberación masiva y pública de detenidos, entre ellos niños y bebés, con lo que ha quedado demostrado que la reclusión de niños y niñas en el cuartel de Giwa no es ningún secreto.

El 12 de febrero, en la ceremonia de liberación de 275 personas que habían sido recluidas por error en Giwa como “sospechosas de participación en actividades terroristas o insurgentes”, el general de división Hassan Umaru comunicó que entre ellas había “142 hombres, 49 mujeres, 22 menores y 50 hijos e hijas de mujeres absueltas”. Según las declaraciones del ejército, la prensa y los testimonios de testigos, desde julio de 2015, el ejército ha dejado en libertad como mínimo a 162 niños y niñas.

Reclusión y muerte de personas adultas

En 2016 han muerto al menos 136 hombres recluidos en Giwa, 28 de los cuales presentaban, al parecer, heridas de bala.

Un experto independiente ha efectuado un análisis forense de las pruebas fotográficas y de vídeo, en las que podían verse los demacrados cadáveres de 11 hombres y el cuerpo de un menor de dos años. Una persona previamente recluida en el lugar relató a Amnistía Internacional: “por la mañana, abren la celda y sacan los orinales y los cubos. Luego sacan los cadáveres”.

Los cuerpos eran trasladados a una morgue de Maiduguri, desde la cual el personal de la Agencia de Protección Ambiental del estado de Borno (BOSEPA) los transportaba en camiones de basura para enterrarlos en fosas comunes en el cementerio de Gwange, sin ningún tipo de identificación.

Con un enemigo tan brutal como Boko Haram, para el ejército de Nigeria una de las principales dificultades estriba en cómo derrotarlo sin dejar de respetar los derechos humanos y el Estado de derecho. Se trata de un desafío que, por lo visto, no ha superado.
Netsanet Belay, Amnistía Internacional
Un testigo aseguró a Amnistía Internacional que, desde noviembre de 2015, el camión de la BOSEPA acudía dos o tres veces por semana al cementerio, donde el personal enterraba los cuerpos en lugares apartados de la zona pública.

Existen fotos del cementerio, en las que se observan fosas recientemente excavadas en el área visitada por los trabajadores de la BOSEPA. Además, en noviembre de 2015 y marzo de 2016, se captaron por satélite imágenes del lugar, en las que se aprecia que la tierra ha sido manipulada.

Escalofriantes condiciones de reclusión

Según los testimonios de los testigos, las condiciones eran peores en las celdas de los hombres. Un hombre de 38 años, que ha pasado cuatro meses en Giwa en 2016, explicó a Amnistía Internacional que los reclusos recibían, aproximadamente, medio litro de agua diario. “Para la comida, te dan un cuenco de plástico, de los que se usan para los niños pequeños. Esa es la cantidad que recibes en cada comida”.

Otro hombre, que ha sido liberado hace poco tras cinco meses recluido en el cuartel, relató a Amnistía Internacional: “dentro, no hay alfombrillas, así que se duerme en el suelo. Está muy masificado. Puedes acostarte, pero sólo de lado, y no puedes darte la vuelta”.

Las personas recluidas no tienen ningún lugar donde lavarse, sus celdas no se limpian casi nunca, y en ellas proliferan las enfermedades. Según declaraciones de otro ex detenido a Amnistía Internacional “nadie tiene camisa, así que se les pueden contar las costillas. No hay limpieza, por lo que vives en medio de la enfermedad. Es como una letrina. Mi hermano y yo vomitamos en la celda. Las diarreas eran habituales”.

Aunque en 2014 y 2015 se tomaron medidas para mejorar las condiciones del cuartel de Giwa, facilitando a las personas detenidas tres comidas por día, mantas, esterillas para dormir y acceso a saneamiento y asistencia médica, parece que las recientes detenciones en masa han dado al traste con algunos de estos avances, y el índice de mortalidad está aumentando.

Ha llegado la hora de que el presidente Buhari cumpla su promesa de abrir urgentemente una investigación sobre estas muertes, dejar en libertad a los niños y niñas y cerrar sin demora el centro de detención del cuartel de Giwa.
Netsanet Belay, Amnistía Internacional
“Con un enemigo tan brutal como Boko Haram, para el ejército de Nigeria una de las principales dificultades estriba en cómo derrotarlo sin dejar de respetar los derechos humanos y el Estado de derecho. Se trata de un desafío que, por lo visto, no ha superado”, concluye Netsanet Belay.

“Las muertes de personas detenidas en el noreste de Nigeria no son ninguna novedad. Pero, a medida que aumenta el hacinamiento, también lo hace el número de cadáveres demacrados que salen del cuartel de Giwa, algunos de ellos de bebés y niños y niñas de corta edad.”

“Ahora que ha transcurrido casi un año de que nuestros hallazgos revelaran las numerosísimas muertes ocurridas en detención, ha llegado la hora de que el presidente Buhari cumpla su promesa de abrir urgentemente una investigación sobre estas muertes, dejar en libertad a los niños y niñas y cerrar sin demora el centro de detención del cuartel de Giwa.”

Para acceder a las fotos y a las imágenes captadas por satélite, visiten el siguiente enlace: https://amnesty.box.com/s/3g27l903xwlxnnh7x62z3srivgr6a0zo

Consulte el informe de Amnistía Internacional sobre muertes de personas detenidas desde junio de 2015 https://www.amnesty.org/es/latest/news/2015/06/nigeria-senior-members-of-military-must-be-investigated-for-war-crimes/

Información complementaria

En 2016, desde enero hasta el 28 de abril, el número de muertos entre las personas recluidas en el centro de detención de Giwa, sito en Maiduguri, ascendía ya a 149. El mes más mortífero fue marzo, con 65 muertes, mientras que en abril se produjeron 39 muertes, 8 de ellas de bebés, niños y niñas.

Desde 2013, se viene alertando sobre las condiciones de reclusión del cuartel de Giwa y de otros centros de detención militares. En junio de 2015, un informe de Amnistía Internacional reveló que, desde 2011, habían muerto en Nigeria de hambre, sed, enfermedades, torturas y falta de atención médica 7.000 personas recluidas en detención militar. En concreto, el informe afirmaba que, en 2013, más de 4.700 cadáveres habían sido llevados a una morgue desde el cuartel de Giwa.

En febrero de 2016, el jefe del Estado Mayor aseguró a Amnistía Internacional que las condiciones de reclusión en detención militar eran bastante mejores de lo que se documentaba en el informe de la organización. Asimismo, añadió que el cuartel de Giwa y otros centros de detención militar del noreste del país no eran más que “centros de retención”, desde los cuales se traslada rápidamente a las personas sospechosas a otros centros de detención fuera de la región del noreste.

El hacinamiento existente en el cuartel de Giwa es consecuencia del arbitrario sistema de detención y reclusión en masa del estado de Borno. Durante 2015, a medida que el ejército iba recuperando localidades controladas por Boko Haram, los habitantes de lugares cercanos huían a estas áreas, controladas ahora por el ejército. A su llegada a ciudades como Banki y Bama, o tras haber pasado un tiempo en campamentos para personas internamente desplazadas, estas personas eran detenidas, sobre todo los hombres y los varones adolescentes. En 2016, Amnistía Internacional ha documentado tres casos de este tipo de detenciones arbitrarias en masa, que afectan a varios cientos de personas. Al parecer, se trata de detenciones arbitrarias que obedecen a criterios aleatorios, basados en el el sexo y la edad, y no en ninguna prueba de responsabilidad penal.

Amnistía Internacional escribió el 12 de abril al jefe del Estado Mayor para pedirle una respuesta con respecto a las pruebas presentadas por la organización y más información sobre las muertes en detención. El 20 de abril, llegó la respuesta del jefe del Estado Mayor, que nos remitía a la Fiscalía General y no incluía ninguna respuesta con respecto a las pruebas presentadas. El 27 de abril, Amnistía Internacional escribió a la Fiscalía General y al jefe del Estado Mayor de la Defensa. Hasta la fecha, no ha recibido ninguna respuesta.

Probablemente, las personas detenidas que han quedado en libertad sean estigmatizadas por el hecho de haber estado detenidas. Por tanto, el gobierno debe implantar con carácter de urgencia mecanismos que garanticen la seguridad y el bienestar de los ex detenidos y, en especial, de los niños y niñas liberados.

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Declaración: La Humanidad contra el Golpe en Brasil

 MÁS DE 600 INTELECTUALES Y ARTISTAS DEL MUNDO CONTRA EL GOLPE EN BRASIL

Los abajo firmantes, intelectuales, artistas, escritores e investigadores del mundo entero, miembros de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad (REDH) denunciamos el golpe en curso en Brasil y nos solidarizamos con la presidenta Dilma Rousseff, elegida por 54 millones de brasileros hace sólo un año y medio.
No se trata de un “juicio político” tradicional, como pretende presentarlo el grupo Globo. Michel Temer, la cara visible del golpe, ya expresó sus intenciones: hacer ingresar a la banca privada a la esfera pública y “focalizar” la política social al 5% más pobre del país, lo que significaría excluir del Bolsa Familia a 36 millones de personas. Además, Temer se propone avanzar hacia acuerdos con Estados Unidos y la Unión Europea “con o sin el Mercosur”. En definitiva: un gobierno para la élite de su país, alejado de las mayorías, bajo la expectativa de derribar para siempre la experiencia del Partido de los Trabajadores en el gobierno.
Temer pretende ser el “nuevo Macri” de Brasil, tomando como ejemplo al nuevo gobierno argentino, que avanza en un desmantelamiento estatal pocas veces visto en el hermano país. No es de extrañar, entonces, que haya sido la cancillería de este país suramericano la que más haya apoyado la intentona golpista, en un vergonzoso comunicado público que respalda a «las instituciones» de Brasil. Por todo lo expresado, y por sus vínculos con el gran capital, consideramos ilegitimo e ilegal al espurio presidente de facto Michel Temer, corrupto comprobado, quien responde a los más oscuros intereses de la oligarquía rapaz.
Hacemos un llamado a UNASUR para que se aplique el Protocolo sobre Compromiso con la Democracia aprobado por todos los países de la organización, que podría detener la ruptura del hilo democrático en Brasil. Asimismo, exigimos a los presidentes y gobiernos del mundo no reconocer a Temer, y reclamar la restitución de la presidenta legítimamente electa Dilma Rousseff o la convocatoria inmediata a elecciones presidenciales -como ha reclamado la propia presidenta- para que sea el pueblo brasileño quien se exprese por la vía democrática y no se imponga un golpe de estado por un congreso cuestionado y corrupto.

Nao vai ter golpe!

Enviar adhesiones a: contraogolpenobrasil@gmail.com
Secretaría Ejecutiva REDH
Carmen Bohórquez (Coordinadora General de la REDH)
Marilia Guimaraes (REDH Brasil)
Atilio Borón (REDH Argentina)
Juan Manuel Karg (REDH Argentina)
Omar González (REDH Cuba)
Ariana López (REDH Cuba)
Nayar López Castellanos (REDH México)
Alicia Jrapko (REDH EEUU)
Hugo Moldiz (REDH Bolivia)
Katu Arkonada (REDH País Vasco/Bolivia)
Ángel Guerra (REDH Cuba/México)
Fredy Ñañez (REDH Venezuela)
Roger Landa (REDH (REDH Venezuela)
David Comssiong (REDH Barbados)
Luciano Vasapollo (REDH Italia)
Primeras firmas:
Alessandra Riccio (Italia); Alfredo Vera Arrata (Ecuador); Ali Rodríguez Araque (Venezuela); Antonio Gaztambide-Géigel (Puerto Rico); Arantxa Tirado (España/México); Armand Mattelart (Bélgica); Arnold August (Canadá); Arturo Corcuera (Perú); Berth Carvalho (Brasil); Beto Almeida (Brasil); Bill Hackwell (EEUU); Bill Martinez (EEUU); Bruno Portuguez (Perú); Camille Chalmers (Haití); Carlos Aznarez (Argentina); Carlos Fazio (México); Carlos Fernández Liria (España); Cecilia Roth (Argentina); Chiqui Vicioso (República Dominicana); Cindy Sheehan (EEUU); Claudio Katz (Argentina); Daniel Cholakian (Argentina); Daniel Viglietti (Uruguay); Dick Emanuelsson (Honduras); Diego de la Texera Barnés (Puerto Rico); Domenico Losurdo (Italia); Edmundo Aray (Venezuela); Enrique Dussel (México); Enrique Ubieta (Cuba); Farruco Sesto (Venezuela); Fernando Buen Abad (México/Argentina); Fernando Moraes (Brasil); Fernando Rendón (Colombia); Francois Houtart (Bélgica); Frei Betto (Brasil); Gabo Sequeira (Argentina); Gastón Pauls (Argentina); Gyle McLaughin (EEUU); Gilberto López y Rivas (México); Gisela Alonso Domínguez (Cuba); Guido López Gavilan (Cuba); Hildebrando Pérez Grande (Perú); Horacio López (Argentina); Ignacio Ramonet (Francia); Isabel Monal (Cuba); Ismael Clark Arxer (Cuba); Itsván Mészáros (Hungría); Iván Padilla Bravo (Venezuela); James Cockcroft (Canadá); James Early (EEUU); Javier Biardieu (Venezuela); Joao Pedro Stedile (Brasil); John Kirk (Canadá); John Saxe Fernández (México); José Pertierra (EEUU); Julio Escalona (Venezuela); Katiuska Blanco (Cuba); Keith Ellis (Canadá / Jamaica); Leonardo Boff (Brasil); Leonardo Sbaraglia (Argentina); Lilia Ghanem (Líbano); Manuel Santos Iñurrieta (Argentina); Marco Tulio Restrepo Guzman (Ecuador); Martha Harnecker (Chile); Martín Almada (Paraguay); Michael Lebowitz (Canadá); Michael Parenti (EEUU); Michele Mattelart (Francia); Miguel Angel Conreras Natera (Venezuela); Miguel d´Escoto Brockmannn (Nicaragua); Miguel Urbano (Portugal); Mireille Fanon Mendes (Francia); Mónica Bruckmann (Perú/Brasil); Montserrat Ponsa (España); Nils Castro (Panamá); Osvaldo León (Ecuador); Pablo Guayasamín (Ecuador); Pablo Echarri (Argentina); Pablo Guadamarra (Cuba); Pablo Imen (Argentina); Paula Klachko (Argentina); Pedro Calzadilla (Venezuela); Pedro Véliz Martinez (Cuba); Peera Songkunnatham (Tailandia); Pepe Regato (Ecuador); Piero Gleijeses (EEUU); Poli Délano (Chile); Rafael Cancel Miranda (Puerto Rico); Ramón Pedregal Casanova (España); Raúl Perez Torres (Ecuador); Rita Cortese (Argentina); Salim Lamrani (Francia); Sandra Russo (Argentina); Silvio Rodríguez (Cuba); FrStella Calloni (Argentina); Stephen Kimber (Canadá); Theotonio Dos Santos (Brasil); Vicente Battista (Argentina); Victor Heredia (Argentina); William Blum (EEUU); Winston Orrillo (Perú); Yamandú Acosta (Uruguay)
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12ª Reunión de la red de investigación RESNET de la Internacional de la educación

Fuente Ctera / 16 de mayo de 2016

Durante los días 11 y 12 de mayo se llevó a cabo en Bruselas, la 12ª Reunión de la Red de Investigación ResNet de la Internacional de la Educación.

Desde CTERA hemos participado de la misma con una representación a cargo del secretario de Educación Miguel Duhalde quien compartió el informe de avance del proyecto de Investigación que lleva adelante nuestra organización sobre “Tendencias privatizadoras ´en´ y ´de´ la educación argentina”.

En este evento, los miembros de la ResNet presentaron informes con resultados sobre las investigaciones llevadas a cabo en 2015. Además, se desarrolló el programa de investigación de la IE según lo que se había dispuesto por el 7° Congreso Mundial en mandato 2015-2019.

Se analizaron las condiciones de investigación a nivel mundial y las posibilidades de constitución de redes regionales. Entre las principales cuestiones se expuso sobre la campaña de respuesta mundial contra el aumento de la comercialización y la privatización en y de la educación. En este sentido, se debatió sobre las estrategias y desafíos en la integración de la investigación a nivel mundial y regional con la intención de promover actividades y alcanzar objetivos concretos de campaña.

Esta campaña implica el desafío de construir información con validez y rigurosidad por parte de las organizaciones sindicales a los efectos de proponer estrategias de difusión basada en resultados empíricos. En tal sentido, se ha analizado la situación de los sindicatos respecto de la disposición de unidades de investigación que permitan avanzar hacia este objetivo, como así también sobre los retos que significa para nuestras organizaciones pensar sobre los elementos más importantes a definir desde estas unidades  en tanto a temáticas relevantes, resultados accesibles para los afiliados, formas comunicacionales que permitan construir conciencia crítica de los docentes frente a los principales problemas de la educación en el mundo actual.

Un punto que concentró un importante debate fue la definición de indicadores en el marco de la “Agenda de Educacion 2030” y la perspectiva que sostiene la IE respecto a estas definiciones que se realizan a escala mundial. El informe estuvo a cargo de la “Comisión Internacional sobre la Oportunidad de Financiación Global” y las propuestas giraron en torno a la necesidad de pensar indicadores que permitan reflejar las diversidades a escala regional y nacional. Entre las principales críticas se encuentran la construcción de indicadores en base a categorías que en nuestra región están fuertemente cuestionadas como por ejemplo, competencias, oferta y equidad en lugar de igualdad. A su vez, hay indicadores que reducen y limitan la posibilidad de presentar resultados complejos sobre la realidad educativa y, asimismo, hay una tendencia a no diferenciar  la influencia público-privado en determinados resultados tendiendo a ocultar la presencia de la privatización en muchos de los aspectos relevados.

El otro punto de debate estuvo enfocado en el trabajo que realiza la IE con la OCDE, los desafíos futuros y las contradicciones que genera el hecho de acordar con algunas de las medidas y rechazar otras tantas que emanan de esta organización a nivel mundial.

Otras temáticas que se abordaron en la reunión estuvieron enfocadas en los derechos de los migrantes y refugiados, la renovación de los sindicatos en tiempos de crisis, la ética de la investigación, identidad docente y calidad de la educación e investigaciones sobre prácticas inclusivas.

Desde CTERA nos traemos el compromiso de seguir participando de este espacio como así también de promover y afianzar la Red en la Regional de América Latina y el Caribe a los efectos de tener a futuro una mayor presencia institucional y con resultados de investigación.

Esta reunión contó con miembros de la ResNet de América (Argentina, Brasil, Canadá, EE.UU., Trinidad  y Tobago); Asia (Corea del Sur, Japón); África (Nigeria, Zambia, Ghana, Costa de Marfil, Uganda); Europa (Alemania, Bélgica, España, Francia, Holanda, Irlanda, Noruega, Reino Unido, Suecia) y Australia.

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The panama papers, public education and democracy

What have the Panama Papers – the latest in a series of leaks on the rich, the powerful and data – got to do with public education and democracy? Lots, I am going to suggest in my presentation to an important policy and research conference hosted by Education International in Rome today and tomorrow, because they tell us something about the kind of society we have become, and why it is that a public good, like education, is increasingly viewed as unaffordable.

Governments view the challenges facing them as driven by too much public demand for services like education, health and other welfare services, and that what is needed is to wind back demand, and ramping up private contributions and responsibility .

But, what if we took a look at why governments are confronting these issues in the first place by asking a different set of questions?

Could it be that real problem is that it is those who are the very very rich – the 10% and the 1% of the 10% – as Thomas Piketty in his best-selling book Capital in the 21st Century shows – who have become so because of the ways in which governments have put into place policies that have enabled this highly inequitable state of affairs to flourish.

In short, high net-worth individuals and corporations are able to side-step their obligations to contribute to their respective societies through low tax rates and tax breaks, whilst at the same time convincing themselves and the wider public this is good for economic growth and development, and good for the workings of democracy.

The Panama Papers – a list released this past weekend of powerful and wealthy individuals who use the anonymity of tax havens – from Switzerland to the Bahamas and Luxembourg – to accumulate is one more nail in the coffin of evidence that something is seriously rotten in the corner of the kingdom.

Gabriel Sucman, in his ground-breaking book published in 2015 The Hidden Wealth of Nations, estimates that on average -and clearly averages conceal great differences between countries- around 8% of the worlds wealth is located in tax havens. And by this he does not mean deposits, but stocks, bonds and so on.

This wealth – in some cases difficult to track because of clever intermediary brokering such as creating shell companies – is not subject to tax, and thus not contributing to helping resource our public services as public goods. This 8% would if subject to tax – generate more than we need to fix public services. This 8% would bail out the Greek economy more than 21 times over. This 8% is the cause of much misery via austerity policies. This 8% has a name; ‘anti-democratic’, bordering on corruption, and it is a corrosion of character if we think this is all perfectly acceptable.

Wolfgang Streeck, for Director of the Max Planck Institute in Germany – has written convincingly on what he calls the shift from the tax to the debt state. In a tax state – public goods were funded out of taxation. In a debt state, public goods are regarded as unaffordable, and must be funded out of household debt or by creative accounting manoeuvres by the state such as off-balance sheet accounting techniques which simply create an even bigger problem for future generations in a promise now and pay later.

Yet as Sucman reminds us, modern democracies are based on a fundamental social contract everyone pays on a fair and transparent basis, so as to access public goods and services. When those with privilege and resources avoid their responsibilities – such as paying tax almost entirely– then the modern social contract is at stake.

Education is rightly at the heart of the modern social contract. Education is one of those precious gifts that we have at our disposal – to learn how to live with respect with each other, to leave a world in better shape than we found it, and as one of today’s speakers at Education International’s Conference, Dennis Shirley, reminded us – to give life to the next generation in all of its fullness.

This is not just a gift that helps create the conditions for democracy to be possible – though that is true. It is a gift that requires from all of us, but especially in the education profession, a heightened sense of responsibility to guide us away from this rottenness to something way more noble and deserving of the next generation of learners.

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¿Qué supone en la práctica el aprendizaje sobre derechos sexuales y reproductivos?

De: Maryam Hamami, Sabri Yazidi, Camille Roch

Poder tomar tus propias decisiones en cuanto a tu salud, cuerpo y vida sexual es un derecho básico. Sin embargo, ¿cómo se puede reivindicar ese derecho cuando todas las personas que te rodean piensan que es un tema tabú? En Túnez, un grupo de activistas ha desarrollado iniciativas para romper el silencio sobre temas de los que nadie habla.

“Cuando me involucré por en la campaña Mi Cuerpo Mis Derechos, cada vez que sacaba el tema de los derechos sexuales y reproductivos mis amigos me paraban o se negaban a escucharme”, dice Sabri, de 23 años, activista de Amnistía Internacional en Túnez.

“Por la influencia de la religión, por las costumbres… porque es algo de lo que simplemente no se habla.”

Abogar por los derechos sexuales y reproductivos en Túnez supone un gran desafío. Tratar temas sexuales, informar sobre casos de violencia y abusos o acceder a información todavía se ve mayoritariamente como un tabú.

Por el contrario, la violencia y la discriminación contra las mujeres siguen estando muy presentes. En 2010 una encuesta del gobierno mostraba que casi la mitad de las mujeres en Túnez había experimentado violencia al menos una vez en su vida. La legislación sigue sin prevenirla y a las víctimas de violencia sexual se les dice con demasiada frecuencia que lo asuman.

Así que, ¿cómo se puede romper el silencio sobre la discriminación y los derechos sexuales y reproductivos cuando nadie quiere hablar de ello?

El colectivo de activistas de Amnistía Internacional en Túnez ha conseguido cambiar las cosas a través de la educación y ha compartido tres casos que ilustran cómo la formación en derechos humanos los ayuda a desarrollar nuevos proyectos sobre educación y llegar a otros y otras jóvenes.

Los derechos sexuales y reproductivos en pantalla

Los y las activistas han organizado cursos de formación para estudiantes en universidades de todo el país para que desarrollen un pensamiento crítico sobre los derechos sexuales y reproductivos.

En los talleres de realización de cortos se utilizan imágenes que ayudan al grupo de estudiantes a expresar en la pantalla lo que ven que ocurre en la vida real y a usar la ficción para representar lo que significa la discriminación en sus vidas.

“Creemos que es una buena manera de hacer que el estudiantado se exprese sobre los derechos sexuales y reproductivos. Las películas, que están dirigidas por y para estudiantes, muestran sus preocupaciones sobre temas como el acoso sexual, las violaciones que han sufrido o por qué las mujeres sienten que no pueden ejercer los mismos derechos que los hombres”, explica Sabri.

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Un grupo de estudiantes de la universidad asiste a la primera edición del festival de cine sobre derechos humanos en Gafsa, Túnez, febrero de 2016. © Amnesty International

Seif, de 23 años, es uno de los monitores. Ha podido observar el impacto que ha tenido este tipo de formación en el grupo de estudiantes de las ciudades de Gafsa y Túzar:

“Estamos intentando crear un sitio seguro en el que la gente pueda hablar sobre el tema de los derechos sexuales y reproductivos, algo que supone un desafío por diferentes factores, como que la mayoría de personas son conservadoras o por la influencia de la religión. Después de la sesión, vimos cómo la gente joven cambiaba de actitud y de manera de comportarse respecto a los derechos sexuales y reproductivos y cómo hablaban con los demás y cambiaban el comportamiento de sus amistades y familiares.”

El conjunto de estudiantes que participó en los seminarios dirigió en total 19 cortos que se emitieron en la primera edición del festival de cine sobre derechos humanos, creado para apoyar su trabajo.

La igualdad de género a escena

En las zonas periféricas de Túnez, la capital, se ha formado a 120 profesores y profesoras en más de 20 escuelas para que realicen obras de teatro sobre temas entre los cuales se incluyen los derechos sexuales y reproductivos y los derechos de las mujeres.

En Cartago, 480 estudiantes de escuelas primarias participaron en obras que se centran en mensajes como el derecho de los niños y niñas a decidir sobre sus cuerpos, dónde recibir ayuda y cómo tratar temas tabú en las escuelas.

Tratar estos temas a través del teatro facilita el proceso de aprendizaje de los niños y niñas, pero también promueve la participación de sus progenitores:

“Intentamos centrarnos en la igualdad de género en vez de en la sexualidad, ya que se ve como algo menos problemático cuando se tratan temas difíciles o tabú. Con este método hemos observado que el estudiantado se involucra más en temas como la ciudadanía o los derechos sexuales en la escuela y en su entorno familiar. También son más comunicativos entre sí y entre géneros. Esto hace que se cree un ambiente de confianza y apertura en la clase, así como un mayor entendimiento”, dice Bechir Manai, activista e inspector de escuela primaria.

A principios del próximo año, se extenderá este método a las regiones del norte del país para llegar a más escuelas.

Los derechos de las mujeres en los medios de comunicación

La labor de sensibilización acerca de los derechos de las mujeres debe ir más allá de la educación formal y llegar a personas de todo el país.

Para hacerlo posible, Amnistía Internacional Túnez ha estado proporcionando formación a profesionales de los medios de comunicación en Medenine para reforzar sus conocimientos sobre derechos sexuales y reproductivos. Periodistas, blogueros y blogueras han participado en sesiones que se centran en la defensa de los derechos humanos en los medios de comunicación y en enviar mensajes claros al público.

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En los dos días que dura la formación, el grupo de profesionales estudia maneras de informar mejor sobre las violaciones de derechos humanos y los derechos de las mujeres, Medenine, Túnez, marzo de 2016. © Amnesty International

“Después de la revolución, se ha producido un gran auge en el periodismo, tanto en el número de periodistas como en el número de reportajes sobre temas que antes se consideraban tabú; pero también ha crecido la preocupación sobre el impacto que los medios de comunicación pueden tener a la hora de conformar la opinión pública.”

“Hemos visto que cuando se informa sobre violaciones de derechos humanos o de derechos de las mujeres no se hace un uso adecuado del lenguaje. Hemos organizado sesiones de formación para elaborar una carta de conducta con periodistas y establecer nuevas maneras de pensar e informar sobre estos temas”, dice Monem Khaskhoussi, coordinador sobre educación en derechos humanos de Amnistía Internacional Túnez.

Tras la formación, el grupo de periodistas que ha participado en las sesiones firma un código de conducta por el que se comprometen a poner de relieve los derechos de las mujeres y mejorar su trabajo en el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos.

En Túnez, la formación de activistas es parte del programa Educación – Empoderamiento –  Justicia (EEJ), que tiene como objetivo reforzar los derechos humanos y contribuir a una mayor justicia a través de la educación en derechos humanos e iniciativas de empoderamiento, en concreto aquellas que combaten la violencia contra las mujeres en Túnez y sensibilizan sobre los derechos sexuales y reproductivos.

*Publicado primeramente en: https://www.amnesty.org/es/latest/education/2016/04/what-difference-does-learning-about-your-sexual-and-reproductive-rights-make-in-practice/

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Burkina Faso: Miles de niñas, en peligro por matrimonio forzado y matrimonio precoz

Por: Amnistía Internacional

En Burkina Faso, el matrimonio forzado y precoz está arrebatando la infancia a niñas de no más de 13 años, al tiempo que el costo de los métodos anticonceptivos y otros obstáculos les impiden decidir si quieren ser madres y cuándo, dijo Amnistía Internacional en un informe publicado hoy.

El informe, titulado Coaccionadas y privadas de derechos: Matrimonios forzados y obstáculos a la contracepción en Burkina Faso, saca a la luz la cantidad de mujeres y niñas que son objeto de amenazas o palizas en el país cuando tratan de tomar sus propias decisiones sobre el momento de contraer matrimonio o de procrear.

En determinadas áreas de Burkina Faso, más de la mitad de las niñas están casadas antes de cumplir los 18 años. Esto tiene que acabar.
Alioune Tine, director regional de Amnistía Internacional para África Occidental y Central
“En Burkina Faso son demasiadas las mujeres y niñas que no tienen ningún control sobre sus vidas: se les niega su derecho a decidir si quieren casarse, cuándo hacerlo, con quién y si quieren tener hijos”, dijo Alioune Tine, director regional de Amnistía Internacional para África Occidental y Central.

“En cuanto se casan, se espera que las niñas tengan descendencia cuanto antes. Los embarazos precoces aumentan enormemente el riesgo de muerte entre las niñas o de que sufran lesiones físicas que les cambian la vida para siempre. Muy pocas tienen la oportunidad de ir a la escuela o de terminar sus estudios.

“En determinadas áreas de Burkina Faso, más de la mitad de las niñas están casadas antes de cumplir los 18 años. Esto tiene que acabar. Ni la familia ni la comunidad en general deben tomar decisiones sobre los cuerpos de las niñas, pues así se les niega la oportunidad de cumplir sus propios sueños y esperanzas de futuro.”

El equipo de investigación de Amnistía Internacional entrevistó a 379 mujeres y niñas en 2014 y 2015, y documentó la multiplicidad de obstáculos que les impiden acceder a servicios de salud anticonceptiva.

La delegación habló con 35 víctimas de matrimonio forzado y precoz que lograron escapar de esa situación. A pesar de que, según la legislación de Burkina Faso, la edad mínima para el matrimonio de las niñas es de 17 años, más de la mitad (51,3 %) de las jóvenes con edades comprendidas entre los 15 y los 17 ya están casadas en la región del Sahel, al norte del país.

Matrimonio forzado y precoz

En Burkina Faso, las familias con frecuencia deciden casar a sus hijas para consolidar alianzas familiares, adquirir estatus social o a cambio de bienes, dinero o servicios. El informe también constata una práctica documentada en algunas partes del país conocida como “Pog-lenga”, que significa “mujer de regalo”: según esta tradición, una novia puede llevar también a su sobrina a la familia de su esposo como regalo adicional por el matrimonio.

Yo no quería casarme con ese hombre. Mi tía me dijo: ‘Si te escapas, te destruiremos’.
Céline, niña de 15 años que huyó el día de su boda.
Céline, una niña de 15 años que huyó el día de su boda, contó a Amnistía Internacional que la habían obligado a casarse con un familiar del esposo de su tía:

“Yo no quería casarme con ese hombre. Mi tía me dijo: ‘Si te escapas, te destruiremos’. Yo huí de la casa de mi esposo y regresé a mi poblado, pero, cuando llegué allí, mi familia dijo que no podía vivir con ellos en el poblado”.

Las niñas que se resisten a los matrimonios forzados se enfrentan a una presión tremenda de sus familias y de la sociedad, incluidas amenazas de violencia.

Esto es lo que relata Maria, de tan solo 13 años:

“Mi papá me casó con un hombre de 70 años que ya tiene cinco esposas. Mi padre me amenazó, me dijo: ‘Si no te reúnes con tu esposo, te mataré’”.

Maria abandonó su hogar y caminó casi 170 km durante tres días para buscar protección en una casa refugio para niñas.

Sin posibilidad de elección sobre el control de natalidad

Casi todas las mujeres y niñas entrevistadas por Amnistía Internacional describieron los abusos verbales y la violencia física que sufrieron cuando plantearon el tema de la contracepción a sus parejas.

También contaron que, al no disponer de ningún control sobre los recursos económicos, se veían obligadas a pedir a sus parejas dinero para comprar productos anticonceptivos.

Bintou, de 25 años, relató a Amnistía Internacional:

“Justo antes de quedarme embarazada de mi hijo más pequeño, intenté inscribirme en la semana de anticoncepción gratuita para que me pusieran un parche anticonceptivo, pero llegué tarde y ya había terminado. Había pedido dinero a mi esposo. Se enfadó. Me lo negó sistemáticamente y, en nuestra cultura, cuando el esposo dice una cosa, las mujeres tienen que callar y obedecer. Si pedir dinero para hacer la compra ya supone que te propinen una paliza, se pueden imaginar lo que ocurre cuando pides dinero para anticonceptivos”.

A pesar de los esfuerzos del gobierno por reducir el precio de los anticonceptivos, muchas mujeres y niñas afirmaron no poder permitírselos.Según cifras oficiales, menos del 16 % de las mujeres usa métodos modernos de contracepción, lo que aumenta extraordinariamente el riesgo de embarazos no deseados y a veces de alto riesgo. Organismos de la ONU han resaltado que el uso de métodos anticonceptivos reduce enormemente los índices de mortalidad materna.

Casi el 30 % de las niñas y jóvenes de entre 15 y 19 años de las zonas rurales están embarazadas o han tenido su primer bebé, a pesar del riesgo que supone que tengan el doble de probabilidades de morir durante el embarazo o el parto que las que superan los 20 años.

Necesidad apremiante de reforma

Según la legislación de Burkina Faso, el matrimonio forzado y a edad temprana ya están prohibidos, pero de forma inadecuada y discriminatoria: la edad mínima para el matrimonio de los varones es de 21 años, pero de 17 para las mujeres. La ley solo es aplicable a los matrimonios que registra el Estado –una parte ínfima de los que realmente se celebran– y no a los que tienen lugar por ritos tradicionales o religiosos.

El gobierno se ha comprometido a modificar la ley, pero antes tiene que garantizar que aplica con carácter de urgencia reformas legales que aseguren la inscripción y verificación de todos los matrimonios, y establecer en 18 años la edad mínima para el matrimonio para todas las personas.

El gobierno también ha eliminado obstáculos económicos sustanciales a los que han de hacer frente las mujeres que desean acceder a atención médica durante el embarazo.

Amnistía Internacional ha pedido al gobierno que dé el siguiente paso y facilite de forma gratuita al menos algunos productos anticonceptivos para que las mujeres puedan usarlos con seguridad y de forma discreta.

“Burkina Faso cuenta con una de las tasas más elevadas de matrimonio forzado y precoz del mundo, y una de las más bajas en el uso de métodos anticonceptivos”, dijo Alioune Tine. “Es crucial que el gobierno respete el derecho de las niñas a tomar sus propias decisiones sobre sus cuerpos, sus vidas y su futuro. Los recientes compromisos anunciados para acabar con los matrimonios prematuros son una medida que supone un bienvenido paso adelante, pero hasta que esas promesas se conviertan en una realidad cotidiana, las niñas seguirán pagando el precio’’.

Campaña Mi Cuerpo Mis Derechos

Amnistía Internacional lanzó su campaña global Mi Cuerpo Mis Derechos en Burkina Faso en julio de 2015; con ella se pretende sensibilizar sobre los obstáculos a los que se enfrentas las mujeres y las niñas. La organización publicó un manifiesto de derechos humanos que firmó el actual presidente del país, quien se comprometió a adoptar una postura más firme frente a los matrimonios forazados y a edad temprana.

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