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México: docentes en Michoacán se movilizan por falta de pagos e inseguridad en el estado

Por: Javier Méndez

La Sección XVIII de la CNTE reinició la movilización. Exige pago por compensaciones salariales atrasadas, la contratación de normalistas y denuncia el regreso a clases presenciales en regiones del estado donde prevalece la inseguridad por el crimen organizado.

Las jornadas de movilización iniciaron con la toma de la tribuna del palacio legislativo del estado, donde la dirigencia magisterial llamó a los legisladores y al gobernador Ramírez Bedolla a ejercer un presupuesto “responsable”, haciendo mención de la falta de pagos que padecieron más de 28 mil docentes michoacanos en los meses anteriores.

Esta irrupción se dio después de que la petición de diálogo con el poder legislativo estatal les fuera negada, por lo que tuvieron que dar “portazo” para hacer escuchar sus demandas. Sin embargo, esta acción no se replicó en otros estados donde la CNTE dirige las secciones sindicales, como en Chiapas o Oaxaca.

 

Por otro lado, la secretaria técnica de la sección sindical ha declarado en entrevista que, pese a que ya se aprobó el regreso presencial a clases en más del 90% de la plantilla docente y de trabajadorxs de la educación, las y los docentes de la región de tierra caliente no volverán a clases presenciales debido al fuerte clima de enfrentamientos entre cárteles del crimen organizado, que azotan la región desde hace varios años. Si bien hasta el momento se siguen dando clases virtuales, con las deficiencias que esto implica por la falta de conectividad, el regreso sigue posponiéndose pese a que el gobierno estatal declaró el “regreso obligatorio” desde el pasado 8 de octubre, lo cual está siendo resistido por lxs docentes porque pone en riesgo su vida. Esto no tanto por lo que implica regresar sin condiciones de salubridad y pedagógicas óptimas, como sucede en el resto del país, sino principalmente por la inseguridad imperante en la región.

A estas protestas se sumaron otras, como la movilización hacia la oficina de Recursos Financieros del estado, donde exigieron el pago de 53 millones de pesos de los tres programas de la sección: el colectivo de escuelas integrales, Alfa y Centros para el Desarrollo de la Creatividad, la Cultura, el Arte y el Deporte; además de lo que todavía queda pendiente por concepto de compensaciones salariales que se adeudan desde 2019. Ante estas protestas, el secretario de Finanzas y Administración, Luis Navarro García, aseguró que los pagos se realizarán a finales de diciembre, teniendo que responder para tratar de desactivar la movilización magisterial, y todavía queda pendiente la contratación de cientos de normalistas.

 

Unidad de las filas magisteriales para vencer

La lucha que están dando las y los maestros en Michoacán es justa. El derecho al trabajo y el salario completo se deben tener y la repuesta, cuando los gobiernos federal y estatales están aplicando medidas de ajuste que perjudican a los trabajadores, tiene que darse con la movilización, como lo vienen haciendo las y los educadores.

El reto político que enfrentamos como trabajadores para lograr nuestras demandas es ampliar y fortalecer al movimiento, sin confiar en las instituciones ni en el gobierno.

Lo que pasa en Michoacán no es un hecho aislado. La precarización laboral avanza en todo el país. Hay que unir las filas y demandas de todo el magisterio nacional, como la exigencia de que se respeten los derechos laborales y se basifique a todos los trabajadores de la educación; que se contrate a todos los egresados normalistas; que los salarios aumenten y alcancen a cubrir las necesidades de nuestras familias; que se construyan más y mejores escuelas para evitar el hacinamiento; que haya condiciones seguras y suficiente personal tanto docente como de salud en cada una, entre otras.

Para ello hace falta pelear por un aumento sustancial al presupuesto educativo, hasta que alcance al menos el 10% del P.I.B., el cual tiene que ser fiscalizado y administrado democráticamente por las comunidades educativas para que no lo desvíen los gobiernos y dirigentes sindicales corruptos.

Para lograr estas demandas es necesario impulsar un plan de lucha nacional de todos los trabajadores de la educación de los diferentes niveles e instituciones, que se plantee además pelear por una verdadera democratización del SNTE y de los demás sindicatos del sector, para contar con organizaciones que realmente sirvan para defender nuestros derechos.

Sin romper con la confianza en la “buena voluntad” de los funcionarios de la 4T, los gobiernos, tanto estatales como federal, siempre van a “dar largas” o a resolver a medias, en el mejor de los casos, las demandas del magisterio.

Hasta el momento, cada una de las jornadas de lucha que ha encabezado la CNTE han estado orientadas a “abrir las mesas de diálogo”, sin generar la fuerza suficiente para lograr que se cumplan nuestras demandas pendientes. Cuando era necesario y urgente rechazar contundentemente el regreso presencial a clases impuesto sin que existan condiciones seguras, lo cual ha puesto en riesgo la salud y la vida de docentes, de alumnos y de nuestras familias.

En efecto, tenemos derecho a ser escuchados y nuestras demandas deben ser atendidas. Sin embargo, a la luz de las experiencias recientes de otros sectores de trabajadores, podemos ver que la respuesta del gobierno ante cualquier reclamo obrero y popular es darle largas y negarse a resolverlo.

Por eso las y los docentes de la Agrupación Nuestra Clase opinamos que la única forma de enfrentar los ataques, reconquistar nuestros derechos y conseguir más, es a través de la movilización unitaria del magisterio nacional, en alianza con las madres y padres de familia y otros sectores de trabajadores, exigiendo al mismo tiempo la resolución de las demandas locales, sin confiar en las mesas de diálogo que hasta el momento solo han sido trampas.

Los ejidatarios y la población, con independencia de los partidos políticos en el congreso y de los empresarios, cuyo interés es continuar con la explotación de los mantos acuíferos, son quienes deben organizarse para tomar las decisiones que requieren para resolver el enorme problema del desabasto de agua en la región.

Fuente de la información e imagen: https://www.laizquierdadiario.mx

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La continuidad en el incumplimiento del derecho a la educación en las políticas educativas en México: un recorrido histórico de 1988 a 2021

Integrantes del curso de Política Educativa*

Licenciatura en Pedagogía

Universidad Iberoamericana, campus Ciudad de México

El Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia (ODEJ) es una plataforma para el pronunciamiento público, impulsado por el Campo Estratégico en Modelos y Políticas Educativas del Sistema Universitario Jesuita (SUJ). Su propósito consiste en la construcción de un espacio de análisis informado y de posicionamiento crítico de las políticas y las reformas educativas en México y América Latina, arraigado en la realidad social acerca de las injusticias del sistema educativo, y recupera temas coyunturales y estructurales en relación con la agenda educativa vigente.

A pesar de los esfuerzos empeñados en las políticas educativas a lo largo de treinta años, el derecho a la educación no se ha garantizado debido a la mala repartición del presupuesto, los intereses políticos y la corrupción, entre muchos otros factores. Hoy el derecho a la educación es todavía una tarea pendiente. El objetivo de este texto consiste en analizar las políticas educativas desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari hasta la actual administración de Andrés Manuel López Obrador. Esto nos permite identificar los cambios constitucionales, las diferentes directrices de política educativa y señalar así los retos pendientes para lograr su cumplimiento. Asimismo, reflexionamos sobre la situación actual de este derecho en el contexto de la pandemia ocasionada por el virus SARS CoV-2.

Cambios constitucionales

Respecto a los cambios constitucionales que ha sufrido el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se reconoce como un avance significativo que la modificación principal se ha orientado hacia la obligatoriedad y gratuidad de los distintos niveles educativos y a la responsabilidad que el Estado tiene para garantizarla. De esta forma, durante el sexenio de Salinas de Gortari se introduce en la Carta Magna el derecho a recibir educación en los niveles de educación primaria y secundaria (DOF, 29 de enero de 1990). Durante el periodo de Vicente Fox Quezada, se incorpora la obligatoriedad de la educación preescolar (DOF, 12 de noviembre de 2002), lo cual representa un avance significativo en cuanto al derecho a la educación. Durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, se suma a este proceso la obligatoriedad de la educación media superior (DOF, 9 de febrero del 2012) lo cual a su vez implicó un esfuerzo por articular los diferentes subsistemas en el Marco Curricular Común. Finalmente, con López Obrador se amplía la obligatoriedad del derecho a la educación de todos los niveles educativos, incluyendo la educación inicial y la educación superior (DOF, 21 de septiembre de 2021). Esto significa un avance importante en materia legislativa. Sin embargo, por sí mismo no garantiza el derecho a la educación de todas, todos y todes. Por ello, nos preguntamos por qué no son suficientes los cambios constitucionales para garantizar dicho derecho.

Para garantizar este derecho se ha buscado no sólo ampliar su obligatoriedad y gratuidad, sino también generar directrices de política acerca de la calidad y la equidad educativa. A continuación, se mencionan algunos de esos esfuerzos.

Comenzando por el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, el 18 de mayo de 1992 se firmó el Acuerdo Nacional de Educación para la Modernización de la Educación Básica y Normal (ANMEB), entre cuyas acciones destaca el Programa de Apoyo al Rezago Escolar (PARE) que se enfocó en atender cuestiones educativas en zonas con condiciones desfavorables, además de la creación de programas orientados a la mejora de la educación, tales como el Programa para la Modernización de la Educación Indígena 1990-1994 (PMEI) y el Programa Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas 1991-1994 (PNDPI) (Bello, 2007).

Durante el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León se plantean cinco estrategias claves para garantizar la calidad, equidad y cumplimiento de los objetivos: la organización y puesta en funcionamiento del sistema de educación básica; la regulación de los métodos, contenidos y recursos de la enseñanza; la atención a la formación docente; la actualización y superación de los maestros y directivos de enseñanza; y la justicia educativa por medio de la equidad y el uso de medios electrónicos en apoyo a la educación. Asimismo, se creó el Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000, enfocado en la educación básica, media superior y la educación para adultos (Martínez, 2001).

En el sexenio de Vicente Fox Quezada se instrumentó una política educativa para la mejora en términos de la equidad en la educación, su orientación hacia el desarrollo de capacidades y habilidades, tanto intelectuales como artísticas, afectivas, sociales, deportivas, así como valores solidarios, laborales y competitivos. Se estableció el Sistema Nacional de Becas y Créditos de sostenimiento para la educación y el fortalecimiento de la infraestructura en educación media superior y superior, la Educación apoyada en la tecnología, el Programa Nacional de Escuelas de Calidad y el de evaluación de la Educación y el Fortalecimiento del Ceneval , además de la creación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) (Moreno, 2004).

Durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, las directrices de política se orientaron a la evaluación a través de pruebas nacionales e internacionales estandarizadas para elevar la calidad en la educación. También se buscó reducir las desigualdades entre grupos sociales e impulsar la equidad mediante becas y programas educativos para ofrecer una educación tecnológica e integral (Programa Sectorial de Educación, 2007- 2012).

En el sexenio de Enrique Peña Nieto, la calidad de la educación adquirió relevancia particular al incluirse en el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vinculándola claramente a la infraestructura educativa y a la idoneidad docente (DOF, 26 de febrero de 2013). A la par de ello, se promulgó la autonomía del INEE, la evaluación de los docentes para su ingreso, permanencia y promoción, a través de la Ley General del Servicio Profesional Docente.

Por último, con la reforma de Andrés Manuel López Obrador, se plantea la excelencia educativa como medio para garantizar no sólo la calidad y la equidad, sino también la inclusión educativa, en especial para los sectores menos favorecidos e históricamente excluidos (DOF, 28 de febrero de 2019). Entre los cambios más importantes se observa el reemplazo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) por la Comisión para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), lo cual es un cambio sustantivo dado que éste no es un organismo descentralizado y autónomo como lo fue el INEE. Asimismo, se implementó una serie de becas para garantizar la equidad educativa en todos los niveles educativos.

Finalmente, como estudiantes de la Universidad Iberoamericana, atentas, atentos y atentes a la política educativa, nos resulta preocupante el recrudecimiento del incumplimiento del derecho a la educación en el contexto de la pandemia por Covid-19, la cual agudizó las desigualdades educativas, especialmente en términos de las brechas tecnológicas y la pérdida de los aprendizajes curriculares adquiridos, cuestión de la que dan cuenta diversas investigaciones y publicaciones de nuestra propia universidad. Si bien fueron circunstancias más allá de lo imaginado, y para las cuales ninguna política educativa estaba preparada, es cierto que tampoco hubo una respuesta eficaz por parte del Estado. Sin embargo, aun así, son patentes los esfuerzos de la comunidad docente por mantener el vínculo pedagógico con sus estudiantes, por apoyarlos tanto pedagógica como emocionalmente.

Así como la pandemia trajo consigo grandes problemas en la educación, también abrió enormes oportunidades para el mejoramiento en diversos aspectos, como los aprendizajes informales, la convivencia familiar y la formación de autonomía tanto de los estudiantes como de los colectivos docentes para la colaboración, la reflexión colectiva y el diálogo para la construcción de alternativas pedagógicas. Por ello, resuena en nosotres lo que señaló nuestra vicerrectora, la Mtra. Sylvia Schmelkes: “El Covid-19 quitó nuestras certezas, amplió nuestros horizontes y provocó nuestras aspiraciones” (2021).

A través de las siguientes preguntas, invitamos a la reflexión a nuestras, nuestros y nuestres lectores: ¿qué tipo de información debería generar Mejoredu para promover el derecho a la educación?, ¿qué beneficios aportaría contar con una política educativa transexenal que asegurase el cumplimiento del derecho a la educación con calidad y equidad?, ¿qué directrices de política educativa sugerirían para reducir la brecha tecnológica? Finalmente, si el dinero destinado para la refinería de Tres Bocas y el proyecto del Tren Maya se utilizara en la educación, ¿qué cambios consideran que se habrían implementado?

Referencias

Bello Domínguez, J. (2007). ¿Modernización educativa para los pueblos indios? Historia de una muerte anunciada. IX Congreso Investigación Educativa http://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v09/ponencias/at09/PRE1178157566.pdf

DOF (29 de enero de 1990). Diario Oficial de la Federación del sexenio de Carlos Salinas de Gortari. http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4700152&fecha=01/06/1994

DOF (1996). Programa de Desarrollo Educativo, 1995-2000. http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4871357&fecha=19/02/1996

DOF (2002). Diario Oficial de la Federación. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=718015&fecha=12/11/2002

DOF (9 de febrero del 2012). Diario Oficial de la Federación. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5233070&fecha=09/02/2012

DOF (2013). Diario Oficial de la Federación. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5288919&fecha=26/02/2013

DOF (2019). Diario Oficial de la Federación. https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5551602&fecha=28/02/2019

DOF (2021). Diario Oficial de la Federación. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5630525&fecha=21/09/2021

Martínez Rizo, F. (2001, septiembre). La educación en los noventa. Revista Mexicana de Investigación Educativa. 6(13), 395-400. http://www.comie.org.mx/documentos/rmie/v06/n013/pdf/rmiev06n13scB01n01es.pdf

Moreno Moreno, P. (2004, julio). La política educativa de Vicente Fox (2001-2006). Tiempo de Educar, 5(10), 9-35. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31101002 002

Schmelkes, S. (2021). Pandemia y educación. Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, LI(Esp.), 7-12. https://rlee.ibero.mx/index.php/rlee/issue/view/178/RLEE%20LI.Especial

* Mariana Cíntora Castañeda, Valeria Escobedo de la Torre, Lizbeth Gaytán Medina, Melissa Gibson Castañeda, Irma Luisa González del Castillo, Mónica Iglesias Zorrilla, Muriel Klip Novodzelsky, Naomi Aldenit López Santelices, Daniela Martínez Hernández, Claudia Jessica Martínez Tovar, Luis Alberto Reyes Martínez, Martina Rioseco De Vaal y Mariana Salgado Pérez, a cargo de la Dra. Mercedes Ruiz, con la colaboración de Erick Aguirre Godínez.

Fuente de la información: https://www.educacionfutura.org

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México/COVID en Jalisco: Detectan 14 casos en alumnos de educación básica

Las tasas de contagio de COVID-19 en planteles escolares continúan estables, dice el Gobierno de Jalisco

 

Durante la última semana, se identificaron un total de 14 casos de COVID-19 en alumnos de escuelas de educación básica en Jalisco, con lo que el reporte de incidencias se mantiene estable, dijo el Gobierno estatal. La semana anterior se detectaron 2 contagios en estudiantes.

«La incidencia de casos activos de COVID-19 detectados en planteles de educación básica continúa a la baja con el 0.0065 por ciento en estudiantes, es decir, 14 casos activos; por su parte, en el personal educativo se registraron 8, lo que equivale al 0.0008 por ciento del total de la plantilla», informó en un comunicado.

Detalló que los contagios se detectaron en 20 escuelas, lo que equivale al 0.15% de los 13 mil 415 planteles de educación básica en todo Jalisco durante la semana del 19 al 25 de noviembre.

A dos semanas del regreso presencial en 100% de escuelas

Hace ya 13 semanas del regreso a clases presenciales en Jalisco y suman dos semanas desde la autorización del regreso a las aulas del 100% de los alumnos de educación básica y media superior.

Según cifras del Gobierno estatal, en la semana anterior, del 12 al 18 de noviembre, se identificaron 2 contagios de COVID-19 en estudiantes y 10 en trabajadores de escuelas de educación básica. Del 5 al 11 de noviembre se detectaron 12 casos en alumnos y 25 en personal de planteles.

Sobre la incidencia de contagios en planteles de educación media superior,  se reportaron 18 casos activos en estudiantes; por su parte, en el personal educativo se registraron 14 casos en escuelas federales, estatales, particulares y centros de capacitación.

En cuanto a educación superior, en la segunda quincena de noviembre un total de 32 instituciones de educación superior reportaron 10 casos positivos de alumnos y 5 casos de docentes.

Fuente de la información e imagen: https://www.informador.mx/

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México: Llama Concheiro a cumplir cabalmente mandatos de Ley de Educación

El subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro Bórquez, llamó a cumplir a cabalidad los mandatos de la Ley General de Educación (LGES) con la certeza de que “benefician a los ciudadanos que buscan acceder y concluir sus estudios de nivel superior”.

Al encabezar los trabajos de la segunda sesión del Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior (Conaces) informó que se acordó reunir los avances en su operación, así como las propuestas para definir el instrumento jurídico encargado de su regulación, a fin de incorporar a las instituciones y autoridades educativas correspondientes y ampliar la oferta educativa actual.

Concheiro Bórquez comentó que la prestación de servicios educativos en educación superior, en sus diferentes instituciones y subsistemas, logró avanzar a pesar de las circunstancias impuestas por la pandemia, ya que estrategias como el Modelo de Educación Dual y el apoyo al emprendimiento, arrojaron avances significativos.

El jefe de la oficina de la secretaria de Educación Pública, Rafael Flores Mendoza afirmó que para garantizar la gratuidad de este nivel educativo el Estado debe realizar las acciones necesarias, y añadió que, con su trabajo, el consejo cumple con su obligación de lograr un sistema educativo para todos y para alcanzar la transformación educativa en el país.

Por su parte, la directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla, informó en el ámbito de su competencia, trabaja para revertir las inercias y lógicas de mercado que se aplicaron durante décadas en el entorno educativo, con la convicción de que el acceso a la educación y formación profesional sean concebidas como un derecho, y no como un privilegio al alcance de unos cuantos.

Álvarez Buylla reiteró que, a partir de 2022, se cancelará cualquier tipo de colegiatura y cuota a las y los estudiantes de licenciatura y posgrado de los 26 Centros Públicos de Investigación que coordina el organismo.

En su oportunidad, Rogelio Garza, académico de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), refirió que, con base en la LGES, el Conaces deberá emitir los criterios de evaluación en este nivel educativo para contribuir a la mejora continua de la educación.

Al presentar el Informe de avances en el diseño del Sistema de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (SEAES), informó que el Conaces aprobó los lineamientos de operación y financiamiento del organismo, así como la regulación de los procesos para conformar los consejos estatales y realizar los foros regionales respectivos.

El académico del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, Javier Mendoza Rojas, habló de los avances del documento con el que se busca sentar las bases para la elaboración de un nuevo modelo y de nuevas políticas de financiamiento público de la educación superior.

Esto, con el propósito de asegurar la obligatoriedad y gratuidad de este tipo educativo, así como lograr el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en el Programa Sectorial de Educación 2020-2024.

Presentó los avances en la implementación del modelo y la nueva política de financiamiento en la Educación Superior, el cual, dijo, es un proyecto elaborado por un equipo interdisciplinario de todos los subsistemas de nivel superior con la premisa de que el presupuesto otorgado por la federación responda a las necesidades de las instituciones educativas.

Asimismo, pidió continuar con la formalización del fondo para garantizar la obligatoriedad de la educación superior, a fin de cumplir con la visión educativa del Estado; alcanzar la paridad en el financiamiento educativo; mantener la gratuidad en el nivel superior, y cumplir objetivos y metas para transitar la transformación educativa del país.

El director general de Evaluación Institucional de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Imanol Ordorika Sacristán, informó que ya existe un Sistema Integrado de Información de la Educación Superior, completamente funcional.

Detalló que actualmente cuenta con información respecto a 4 mil 371 instituciones de educación superior de México, públicas y privadas, con información con perspectiva de género e inclusión de grupos marginados, comunidades indígenas o personas discapacitadas en diversos temas y rubros de información.

El catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Juan Carlos López García, informó los avances en la armonización normativa de la LGES en las 32 entidades del país, el cual considera un enfoque de derechos humanos en la educación superior, la reforma al artículo 3 constitucional y los compromisos del Estado en el sector.

Comentó que se crearon cinco subcomisiones para elaborar documentos breves y concisos con el propósito de alcanzar un análisis completo y preciso, el cual tuvo el acompañamiento de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SEP.

López García resaltó las vías para la armonización legal de la LGES, el sentido de la obligatoriedad del Estado para impartir educación, desde premisas como la autonomía universitaria y la paridad en el sistema.

Fuente de la información e imagen: https://www.jornada.com.mx

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La Violencia hacia la mujer y la 4T

Por: Karen Campos

El gobierno de la 4T, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, significa para muchos una esperanza de transformación social, un gobierno y un presidente que representa los intereses del pueblo trabajador, olvidado, empobrecido y sumergido en la extrema violencia gracias a los manejos corruptos y desmedidos de los gobiernos del PRI y el PAN.

Sin lugar a duda, este gobierno ha estado removiendo las aguas y está salpicando de beneficios a los sectores más vulnerables de la clase obrera con sus programas sociales, sin embargo, sólo las mueve en la superficie, sin acercarse al fondo turbio que ha originado todo este ambiente de miseria e inseguridad en la sociedad. En ese fondo turbio se encuentra el capitalismo, que para sobrevivir requiere alimentarse de la explotación hacia la clase obrera.

Con respecto a la cuestión de la mujer, no es un secreto para nadie que hay un enorme foco rojo en México por la violencia de género que, si bien es un mal heredado de gobiernos anteriores, el gobierno de la 4T no ha podido frenarla. ¿La violencia hacia la mujer es resultado de manejos estatales corruptos o de un sistema social decadente?

El gobierno de la 4T se ha declarado feminista, dado que por primera vez se ha logrado un gabinete paritario, lo cual, según su postura, es un avance y una clara muestra de igualdad entre hombres y mujeres. La presidenta del Instituto Nacional de la Mujeres, Nadine Gasman, declaró que el 58% de las beneficiarias de los Programas para el Bienestar son mujeres de zonas rurales, empobrecidas, afromexicanas e indígenas. María Fabiola Alanís, titular de la Conavim, declaró que durante este gobierno ha habido una inversión histórica de 302 millones de pesos para los Centros de Justicia para las Mujeres y se han emitido 7 alertas por violencia de género. Todos estos podríamos considerarlos como avances significativos para resolver los problemas de las mujeres, pero analicemos algunos datos.

De acuerdo con un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad, existe una brecha salarial promedio del 15%, analizada desde 2017 hasta el primer trimestre del 2020, lo que representa que por cada $100 de salario de un hombre, una mujer obtiene $85. Esta brecha salarial evidentemente pone en desventaja económica a las mujeres con respecto a los hombres, por lo tanto, esta condición social genera un proceso de dependencia económica que obliga a las mujeres a permanecer o mantener relaciones de pareja, en muchas ocasiones violentas, debido a que su salario no es suficiente para mantener el hogar, generando un proceso de reproducción de la violencia y vulnerabilidad. Entonces, tenemos paridad en el Congreso, tenemos paridad en el gabinete gubernamental, pero de qué nos sirve si no tenemos paridad en los salarios y estamos bajo el yugo de la dominación económica que nos violenta como parte de la clase obrera y como mujeres. Esto no quiere decir que debamos entonces pugnar por que bajen los salarios de los hombres y los igualen a los de las mujeres, sino todo lo contrario, esto significa que tanto hombres como mujeres debemos organizarnos y luchar juntos, como clase explotada, por incrementar nuestros salarios y derechos laborales de por sí raquíticos y muy golpeados. Por lo tanto, esta declaración de la 4T sobre su feminismo muestra las claras limitantes de esta corriente, pues su paridad sólo representa un avance para las mujeres de arriba, las que no conocen el verdadero mundo de la pobreza y violencia que vivimos a diario las mujeres de la clase obrera. Así que no, esto no es un avance en el proceso de igualdad entre hombres y mujeres, al menos no para la mayoría de nosotras.

En México viven 65.5 millones de mujeres, de las cuales 50 millones están en riesgo de pobreza o en situación de pobreza. Esto significa que, de acuerdo con el último estudio de medición de la pobreza de la Coneval, 8 de cada 10 mujeres en el país viven bajo condiciones de pobreza o vulnerabilidad por la falta de ingresos o carencias sociales. El 67.1% de las mujeres mexicanas presenta al menos una carencia social, el 21.9% presenta tres o más carencias. Un tercio de la población femenina nacional económicamente activa o está afiliada al IMSS o al ISSSTE, lo que significa que no sólo no tiene acceso a la seguridad social, sino que tampoco podrá acceder a una pensión para el retiro o un crédito de vivienda. La pandemia ha profundizado aún más la crisis económica ya presente, donde las principales afectadas han sido las mujeres, pues los índices de desempleo femenino aumentaron con la crisis sanitaria.

Si bien los programas sociales están siendo de gran ayuda para los sectores más vulnerables de la población, estos no son suficientes, pues son como tal un apoyo, mas, no una solución al problema principal, que son la falta de empleo y oportunidades de desarrollo. Todas estas condiciones de pobreza y marginación también son un caldo de cultivo para la reproducción de la violencia hacia la mujer, pues al no existir las condiciones mínimas de salubridad, empleo y desarrollo educativo, la barbarie se reproduce. Estas condiciones obligan a las mujeres a buscar oportunidades de cualquier tipo para sobrevivir, como involucrarse con el crimen organizado, acceder a la prostitución, trabajar en empleos muy precarizados con nulos o pocos derechos laborales, donde los niveles de explotación y violencia son extremos. Por lo tanto, claro que estamos de acuerdo en que se entreguen programas sociales, incluso estos deberían extenderse para que más población pueda tener acceso a ellos, pero no podemos hacerlo cerrando los ojos ante el origen de todo este proceso de desigualdad social y barbarie que ha generado el capitalismo a partir de la acumulación de riquezas de una clase minoritaria que se vuelve cada vez más rica mientras nosotros nos volvemos cada vez más pobres.

Es necesario que, si el gobierno de la 4T quiere ser consecuente con su slogan de “Primero los Pobres”, se encamine entonces hacia la destrucción de este sistema de opresión, pues de lo contrario, se va a quedar en el camino intentando hacer este sistema “un poco más justo”, pues no hay nada justo en la defensa de la propiedad privada y en la apropiación del beneficio del trabajo ajeno, sin los cuales el capitalismo simplemente no podría existir.

Desde que inició el gobierno de AMLO y hasta mayo del 2021, ha habido 2,400 asesinatos de mujeres por razones de género y 7,100 han sido víctimas de homicidio doloso. En 2019 se registró el 89.6% de impunidad para casos de homicidio doloso y 51.4% de impunidad en feminicidios, teniendo un porcentaje general de impunidad del 94.8% de todos los delitos denunciados en 2020. El último reporte del INEGI indica que 10 mujeres son asesinadas al día en este país, más de la mitad son asesinadas por sus parejas o familiares cercanos y casi tres cuartas partes son asesinadas con armas de fuego o por estrangulamiento.

Derivado del confinamiento por la pandemia, el Sistema Nacional de Seguridad Pública indicó que de enero a mayo del 2021 hubo 106,603 reportes de casos de violencia familiar, en todo 2020 se reportaron 220,031 casos, que ha sido la cifra más alta desde el 2015. Estos datos nos hacen preguntarnos si las inversiones a los Centros de Justicia para Mujeres y las alertas de género emitidas en los estados están siendo efectivas para combatir y erradicar la violencia hacia la mujer en México. Las cifras son crudas, la respuesta es no.

La violencia hacia la mujer no se da porque los sistemas de justicia no son eficientes (aunque son un reflejo de ésta), sino porque el tejido social está extremadamente dañado. Se podrá avanzar en instalar más centros de atención a víctimas y sobrevivientes de violencia, aumentar los senderos seguros y la vigilancia, preparar a policías y ministeriales con perspectiva de género, desarrollar protocolos de atención y prevención de la violencia, casas y refugios para mujeres violentadas, etc. Puntos en que sabemos que el gobierno de la 4T invierte y procura atender. El problema real es que todas estas medidas solo son paliativos para disminuir la violencia, pero no para erradicarla, además de que tan solo con buenas intenciones no va a desaparecer un problema que radica en la estructura del sistema capitalista, la cual la 4T y sus políticas reformistas no están dispuestas a tocar y mucho menos a modificar.

Todos los días nos enfrentamos a una realidad de pobreza, hambre, marginación y violencia extrema, una realidad donde los sectores más vulnerables, las mujeres y la infancia, pagan las peores consecuencias. Desde el origen de la propiedad privada y la sociedad dividida en clases, la mujer ha sido colocada en un papel de subordinación y sumisión ante el hombre, lo que históricamente nos ha puesto en desventaja y vulnerabilidad económica y social. Para la sociedad dividida en clases, las mujeres no somos más que un elemento de propiedad del hombre, destinada a obedecer y callar, a servir y satisfacer, a reproducir y criar; estamos inmersas en un sistema donde las prácticas machistas y misóginas son aceptadas y aplaudidas social y culturalmente, pero éstas se reproducen no en beneficio de un género, sino en beneficio de una clase, que se aprovecha de nuestras condiciones de subordinación para obtener beneficios de la doble explotación. Para el capital las mujeres no somos más que una máquina de reproducción de la clase obrera y carne de cañón para la explotación asalariada y, mientras estas condiciones que originan la opresión de la mujer no cambien, la violencia hacia nosotras no podrá ser erradicada.

Es por esto que, aunque este gobierno progresista tenga las mejores intenciones de mejorar nuestras condiciones de vida para podernos desarrollar en un ambiente seguro y libre de violencia, no podrá avanzar sin una lucha decidida contra el sistema de opresión capitalista. Todas sus propuestas y planes estarán siempre limitados ante las necesidades de lucro de la clase burguesa, por lo que no podremos avanzar hacia un proceso de igualdad social. Para esto es necesario defender un programa diferente, un programa socialista, donde sí se planteé la necesidad de romper con el sistema capitalista, donde se combata, desde las bases de la organización obrera, a los defensores de la propiedad privada. Sólo de esta forma los hombres y mujeres de la clase obrera podremos tomar nuestro destino en nuestras manos e iniciar un proceso de reconstrucción social, eliminando la explotación y la miseria, educando a las nuevas generaciones en un ambiente de prosperidad y colectividad, donde la herencia sangrienta de la violencia hacia la mujer no sea más que un amargo recuerdo del extinto capitalismo voraz.

En aras de esta necesidad imperante de la lucha por el socialismo para la liberación de las mujeres y de la clase obrera, hacemos un llamado a organizarnos, apoyando las demandas transicionales que necesitamos para mejorar nuestra calidad de vida, pero empujando al movimiento a ir más allá, a no conformarnos con migajas reformistas. Lo queremos todo, porque somos nosotros, la clase obrera los que generamos la riqueza y es por ello que merecemos vivir en un mundo libre de la violencia y la barbarie del capital.

Fuente de la información e imagen:  https://marxismo.mx/

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México: Una profunda crisis académica y política

Una profunda crisis académica y política

Fuentes: Rebelión

1. Nunca, en tan poco tiempo, la Universidad de Guadalajara (UdeG) es objeto de un gran escándalo local y nacional. Nos referimos al conflicto existente entre las autoridades universitarias y el Gobierno estatal, y de las reiteradas acusaciones del presidente López Obrador caracterizando de cacique al exrector Raúl Padilla López. La Feria Internacional del Libro (FIL) en estos momentos es un escándalo mayúsculo en medio de protestas contra el exrector y porque nuevamente la nomenclatura burocrática la utiliza como tribuna para atacar al presidente del país.

Pero no es la institución misma la del escándalo público, sino sus propias autoridades universitarias, especialmente quien ha detentado el poder caciquil desde hace más de tres décadas: el ya mencionado exrector. Desde entonces, esta institución es la Universidad de los escándalos. No es la comunidad universitaria –estudiantes, académicos y administrativos– la responsable de la profunda corrupción imperante de la crisis académica y de gobierno, sino los altos funcionarios, en particular los del grupo de poder del exrector. Dicho grupo de poder carece de legitimidad democrática, tanto al interior de la universidad como al exterior, donde la sociedad civil no se ve reconocida.

2. ¿Cuál es la situación actual de la UdeG? Un balance general muestra una crisis generalizada, tanto en los procesos de enseñanza–aprendizaje como en las labores de investigación y, no menos importante, en su forma de gobierno. Es una profunda crisis universitaria, es decir, las tareas sustantivas –docencia, investigación y difusión cultural– hace largo tiempo se encuentran en creciente deterioro. Pero esta degradación universitaria obedece principalmente a las consecuencias políticas de las estructuras de poder centralizado burocrático, autoritario y antidemocrático, regido unipersonalmente. Es una estructura corporativa–clientelar con base al control absoluto del Consejo General Universitario (CGU), la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) y los dos sindicatos blancos (patronales): Sindicato Único de Trabajadores Universitarios de la Universidad de Guadalajara (SUTUdeG) y el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara (STAUdeG).

3. Los grandes problemas universitarios son tanto de naturaleza académica como laboral y de opacidad en el manejo del presupuesto financiero. La mayoría de estos problemas se han agudizado desde que las autoridades universitarias vienen compartiendo complacientemente las políticas neoliberales desde finales de los años ochenta. Es la mercantilización de la educación, y con ella un proceso gradual e indirecto de privatización, por ejemplo, con el cobro de colegiaturas y de pagos por los exámenes de admisión para los estudiantes aspirantes (College Board), cuya finalidad perversa es la exclusión de decenas de miles jóvenes estudiantes y al tiempo el negocio de los exámenes.

Una situación que contribuye a la baja calidad académica es la precariedad laboral de la mayoría del personal académico que percibe bajos salarios, especialmente los profesores de asignatura casi impedidos de acceder a una plaza fija con titularidad del contrato personal. A tal situación contribuye el actual sindicalismo corporativo–patronal. A esto debe sumarse la enorme brecha salarial entre la alta burocracia universitaria con sueldos estratosféricos (y en la mayoría de los casos dobles sueldos), y la mayoría del personal académico y administrativo con míseros ingresos. Los privilegios o canonjías de una élite burocrática representan un gasto considerable del presupuesto universitario.

La prevalencia de los criterios políticos sobre los asuntos académicos da por resultado un deterioro de la docencia y de la investigación, pues la designación de muchos de los responsables inmediatos de atender los procesos de enseñanza–aprendizaje carecen de la formación académica adecuada y de una reconocida trayectoria en su campo de estudio. Los cargos, por ejemplo, de las jefaturas departamentales se designan al margen de las decisiones del personal académico, pues se consideran primero los intereses políticos de subordinación irrestricta, de sumisión incondicional a la jerarquía burocrática con base al clientelismo, al compadrazgo o al amiguismo; es una burocracia académica–administrativa enquistada, que se reproduce según los intereses políticos predominantes sin prioridades académicas, ocasionando, entre otras cosas, que los planes de estudios sean obsoletos y no respondan a las necesidades sociales sino a las necesidades mercantiles.

La difusión cultural se proyecta como disfraz del mercantilismo empresarial: El grupo de poder a manos del exrector fomenta el negocio del espectáculo (Auditorio Telmex, Teatro Diana, entre otros) del showbusiness de alfombra roja, dejando la difusión cultural universitaria como mero ropaje de apariencia. La mayoría de los estudiantes no pueden pagar los precios de los boletos de acceso a los espectáculos de estos recintos “culturales”. Los programas televisivos de Canal 44 de análisis político a manos de periodistas a quienes se les paga sueldos elevados son de dudosa calidad, habiendo profesores e investigadores bastante capaces en estos temas. Por supuesto, existen buenos programas televisivos y radiofónicos informativos.

Los problemas relativos al hostigamiento sexual por maestros y funcionarios son escándalos cotidianos debido a la impunidad política prevaleciente. La Defensoría de los Derechos Universitarios o el Protocolo institucional para la Prevención del Acoso, Hostigamiento y la Violencia de Género casi son figuras decorativas en la solución de estos problemas.

Pero uno de los problemas más importantes es la opacidad en el manejo de las finanzas universitarias, porque desde hace largas décadas el círculo cercano al exrector, empezando por éste mismo, ha hecho una considerable fortuna que no puede explicarse por sueldos percibidos. En ello tiene que ver las 16 empresas parauniversitarias que funcionan como verdaderos negocios en propiedad del exrector. Hoy día, en estas circunstancias de profunda crisis, la UdeG se encuentra sumida en una crisis académica y de gobierno muy honda, pues se carece de valores éticos universitarios, hay ausencia de un ethos humanista político, filosófico, cultural, educativo, pues más que administrarse como institución educativa pública para beneficio de la sociedad entera, se maneja como empresa promotora de espectáculos y entretenimiento para fines privados.

Los miembros de la élite universitaria se han perdido en la frivolidad empresarial, y enfocaron sus intereses a preparar los espacios para los grandes negocios. Por ello, la institución quedó en manos de administraciones gerenciales de rectoría sin rumbo. La universidad no ha cumplido con su función para el desarrollo de proyectos que contribuyan a impulsar la economía y el empleo en las distintas regiones de la entidad. La Red Universitaria está en función de intereses clientelares y políticos partidistas como Hagamos. La autocrítica y los diagnósticos objetivos sobre la realidad jalisciense casi no existen en la UdeG, empezando porque muchos de sus maestros e investigadores no cuestionan públicamente su propio entorno; de hecho, no existe pensamiento crítico en las aulas y espacios escolares porque nuestra cultura política universitaria es resultado de una cultura corporativa que adormece las ideas y pensamientos de los estudiantes y maestros. Eso ha permitido la manipulación estudiantil, particularmente del preparatoriano, para fines políticos del grupo caciquil en tanto grupo de presión. Si es que existe pensamiento único es en la UdeG porque la megalomanía del autócrata reina absoluta en sus dominios universitarios.

El concepto de autonomía universitaria es muy flexible y las autoridades de la UdeG la manejan a su antojo para beneficio propio. Es muy cierto que se requiere mayor presupuesto para esta institución, pero este presupuesto debería destinarse a las tareas sustantivas de docencia, investigación y difusión, y no principalmente para aquellas actividades de relumbrón y oropel como la FIL o los festivales de cine (FICG).

4. El modelo político vigente en la Universidad de Guadalajara está incontrovertiblemente agotado, pues contribuye al deterioro institucional. Son múltiples y diversas las debilidades y fortalezas de la institución, como plurales los temas a abordar, discutir y diagnosticar, pero es innegable su profunda crisis generalizada. Por todo ello es necesario replantearse la función social de esta universidad y poner a debate abierto y democrático las posibles alternativas de su desarrollo inmediato.

¿Cuál es la misión social de la universidad? ¿Cómo superar esta crisis universitaria? Proponemos una Reforma Universitaria profundamente democrática para, a su vez, realizar una reforma académica sustancial. Una reforma universitaria integral contemplaría necesariamente la modificación de la Ley Orgánica, que incorpore las figuras de plebiscito y/o referéndum para la remoción del rector o de cualquier funcionario universitario.

De igual manera es necesaria la creación de la figura democrática para defender los derechos legítimos de los sectores de la comunidad universitaria. Es imprescindible una auténtica auditoría para empezar a resolver los graves problemas de manejo discrecional y el desvío de fondos financieros para fines aviesos y totalmente ajenos a las tareas sustantivas universitarias y sus prioridades académicas.

Es urgente la intervención de la Auditoría Superior de la Federación para resolver este problema; es necesario desmantelar los sindicatos “blancos” patronales y crear sindicatos autónomos, democráticos y combativos; crear un movimiento estudiantil representativo e independiente, y hacer del Consejo General Universitario una verdadera asamblea representativa democrática, sin tutelajes corporativos internos ni externos; además, un incremento importante del presupuesto debería ir directamente a la mejora salarial del personal académico y administrativo para elevar la calidad académica institucional.

La universidad debe someterse a debate abierto y democrático. Nuestra universidad puede y debe contribuir a los necesarios procesos democráticos estatales y nacionales, a condición de su propia democratización. Una transformación de fondo para tener una universidad democrática es deseable y posible a condición de que sea realizada por un esfuerzo colectivo, unitario, de la propia comunidad universitaria para beneficio de la sociedad jalisciense.

Tendencia Democrática Universitaria

Responsable: Profesor Silverio Quintero Gutiérrez

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Fuente de la Información: https://rebelion.org/una-profunda-crisis-academica-y-politica/

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Libro: Pueblos indígenas en tiempos de la Cuarta Transformación (pdf)

Prólogo

Estas palabras buscan incentivar la lectura de un texto escrito con rigor. En tanto prólogo no sigue las pautas habituales. No es resumen. Es un recorrido que rompe el orden de exposición propuesto por el autor. Me dejé seducir por las ideas y las reflexiones que López y Rivas plantea de forma abierta y descarnada. Además, el autor tiene la virtud de sintetizar con un lenguaje claro el momento que viven México y América Latina. Describe la lucha contra el neoliberalismo militarizado, la necropolítica y las nuevas formas de exterminio de los pueblos indígenas. No presenta críticas hueras. Selecciona y fija conocimiento. No es una suma de tablas estadísticas, éstas aparecen acompañando la explicación. El libro da argumentos para el debate y la formación militante. Es parte de la lucha política y teórica por apropiarse de la realidad. Una propuesta de pensamiento subversivo para ganar, no sólo para resistir.
Bajo el título Pueblos indígenas en tiempos de la Cuarta Transformación se esconde un trabajo minucioso, que recorre el debate teórico enfrentado por la corriente indigenista hasta su mutación en etnopopulismo. Desgrana su evolución desde sus comienzos en los años cuarenta del siglo pasado, bajo la batuta de Manuel Gamio, antropólogo que sentó las bases del edificio culturalista que niega la identidad de los pueblos indígenas. Su máxima “no se trata de indianizar México, sino de mexicanizar al indio”. Sobre estos pilares, nos dice el autor, vio la luz el Instituto Nacional Indigenista, fundado en la superioridad étnico-racial de la cultura capitalista, blanco-criolla. Lo indígena pasó a ser un resabio a superar bajo las ideas de progreso técnico y asimilación cultural. López y Rivas centra el debate. El nacimiento del etnopopulismo en los años sesenta, cuyos teóricos más destacados fueron Arturo Warman y Guillermo Bonfil Batalla, supuso la visión más alambicada del indigenismo, cuyo eje fue el concepto de la nación con hegemonía monoétnica. Desde
esta posición rebate y propone una salida para romper el círculo  vicioso: el etnomarxismo. En su interior problematiza el concepto de nación, de pueblos sin historia, para, desde la crítica, recuperar las bases de una propuesta alternativa, abierta, en que la posibilidad de crear autonomías regionales favorezca la emergencia de “una entidad nacional de nuevo tipo: popular, multiétnica, pluralista y democrática. El desarrollo de la nación tiende, pues, a romper con los límites y superar las contradicciones de la nación burguesa, las cuales se expresan fundamentalmente en la explotación de clases, el racismo, la segregación de los pueblos indios, la opresión peculiar de las mujeres-patriarcado, la discriminación a grupos de edad, la exclusión de los jóvenes y el control imperialista de nuestras economías y sociedades”. Es la disputa por la nación, dirá López y Rivas, y el etnomarxismo evidencia los múltiples reduccionismos en los que incurren las visiones etnopopulistas e indigenistas, economicistas, esencialistas, clasistas. De esta manera, López y Rivas sostiene que una propuesta de Estado multiétnico, democrático, popular, antipatriarcal y plural, sólo será posible redefiniendo el contenido de la nación, siendo las reivindicaciones de autonomía regional de los pueblos indígenas el eslabón capaz de dar fuerza a la propuesta.

Link de descarga: pueblos-indígenas-4t-VF-impresión-digital pueblos-indígenas-4t-VF-impresión-digital

Fuente: https://rebelion.org/download/pueblos-indigenas-en-tiempos-de-la-cuarta-transformaciongilberto-lopez-y-rivas-y-rivas/?wpdmdl=697435&refresh=61a3b8fd0fcee1638119677

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