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México: Llama Concheiro a cumplir cabalmente mandatos de Ley de Educación

El subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro Bórquez, llamó a cumplir a cabalidad los mandatos de la Ley General de Educación (LGES) con la certeza de que “benefician a los ciudadanos que buscan acceder y concluir sus estudios de nivel superior”.

Al encabezar los trabajos de la segunda sesión del Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior (Conaces) informó que se acordó reunir los avances en su operación, así como las propuestas para definir el instrumento jurídico encargado de su regulación, a fin de incorporar a las instituciones y autoridades educativas correspondientes y ampliar la oferta educativa actual.

Concheiro Bórquez comentó que la prestación de servicios educativos en educación superior, en sus diferentes instituciones y subsistemas, logró avanzar a pesar de las circunstancias impuestas por la pandemia, ya que estrategias como el Modelo de Educación Dual y el apoyo al emprendimiento, arrojaron avances significativos.

El jefe de la oficina de la secretaria de Educación Pública, Rafael Flores Mendoza afirmó que para garantizar la gratuidad de este nivel educativo el Estado debe realizar las acciones necesarias, y añadió que, con su trabajo, el consejo cumple con su obligación de lograr un sistema educativo para todos y para alcanzar la transformación educativa en el país.

Por su parte, la directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla, informó en el ámbito de su competencia, trabaja para revertir las inercias y lógicas de mercado que se aplicaron durante décadas en el entorno educativo, con la convicción de que el acceso a la educación y formación profesional sean concebidas como un derecho, y no como un privilegio al alcance de unos cuantos.

Álvarez Buylla reiteró que, a partir de 2022, se cancelará cualquier tipo de colegiatura y cuota a las y los estudiantes de licenciatura y posgrado de los 26 Centros Públicos de Investigación que coordina el organismo.

En su oportunidad, Rogelio Garza, académico de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), refirió que, con base en la LGES, el Conaces deberá emitir los criterios de evaluación en este nivel educativo para contribuir a la mejora continua de la educación.

Al presentar el Informe de avances en el diseño del Sistema de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (SEAES), informó que el Conaces aprobó los lineamientos de operación y financiamiento del organismo, así como la regulación de los procesos para conformar los consejos estatales y realizar los foros regionales respectivos.

El académico del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, Javier Mendoza Rojas, habló de los avances del documento con el que se busca sentar las bases para la elaboración de un nuevo modelo y de nuevas políticas de financiamiento público de la educación superior.

Esto, con el propósito de asegurar la obligatoriedad y gratuidad de este tipo educativo, así como lograr el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en el Programa Sectorial de Educación 2020-2024.

Presentó los avances en la implementación del modelo y la nueva política de financiamiento en la Educación Superior, el cual, dijo, es un proyecto elaborado por un equipo interdisciplinario de todos los subsistemas de nivel superior con la premisa de que el presupuesto otorgado por la federación responda a las necesidades de las instituciones educativas.

Asimismo, pidió continuar con la formalización del fondo para garantizar la obligatoriedad de la educación superior, a fin de cumplir con la visión educativa del Estado; alcanzar la paridad en el financiamiento educativo; mantener la gratuidad en el nivel superior, y cumplir objetivos y metas para transitar la transformación educativa del país.

El director general de Evaluación Institucional de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Imanol Ordorika Sacristán, informó que ya existe un Sistema Integrado de Información de la Educación Superior, completamente funcional.

Detalló que actualmente cuenta con información respecto a 4 mil 371 instituciones de educación superior de México, públicas y privadas, con información con perspectiva de género e inclusión de grupos marginados, comunidades indígenas o personas discapacitadas en diversos temas y rubros de información.

El catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Juan Carlos López García, informó los avances en la armonización normativa de la LGES en las 32 entidades del país, el cual considera un enfoque de derechos humanos en la educación superior, la reforma al artículo 3 constitucional y los compromisos del Estado en el sector.

Comentó que se crearon cinco subcomisiones para elaborar documentos breves y concisos con el propósito de alcanzar un análisis completo y preciso, el cual tuvo el acompañamiento de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SEP.

López García resaltó las vías para la armonización legal de la LGES, el sentido de la obligatoriedad del Estado para impartir educación, desde premisas como la autonomía universitaria y la paridad en el sistema.

Fuente de la información e imagen: https://www.jornada.com.mx

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La Violencia hacia la mujer y la 4T

Por: Karen Campos

El gobierno de la 4T, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, significa para muchos una esperanza de transformación social, un gobierno y un presidente que representa los intereses del pueblo trabajador, olvidado, empobrecido y sumergido en la extrema violencia gracias a los manejos corruptos y desmedidos de los gobiernos del PRI y el PAN.

Sin lugar a duda, este gobierno ha estado removiendo las aguas y está salpicando de beneficios a los sectores más vulnerables de la clase obrera con sus programas sociales, sin embargo, sólo las mueve en la superficie, sin acercarse al fondo turbio que ha originado todo este ambiente de miseria e inseguridad en la sociedad. En ese fondo turbio se encuentra el capitalismo, que para sobrevivir requiere alimentarse de la explotación hacia la clase obrera.

Con respecto a la cuestión de la mujer, no es un secreto para nadie que hay un enorme foco rojo en México por la violencia de género que, si bien es un mal heredado de gobiernos anteriores, el gobierno de la 4T no ha podido frenarla. ¿La violencia hacia la mujer es resultado de manejos estatales corruptos o de un sistema social decadente?

El gobierno de la 4T se ha declarado feminista, dado que por primera vez se ha logrado un gabinete paritario, lo cual, según su postura, es un avance y una clara muestra de igualdad entre hombres y mujeres. La presidenta del Instituto Nacional de la Mujeres, Nadine Gasman, declaró que el 58% de las beneficiarias de los Programas para el Bienestar son mujeres de zonas rurales, empobrecidas, afromexicanas e indígenas. María Fabiola Alanís, titular de la Conavim, declaró que durante este gobierno ha habido una inversión histórica de 302 millones de pesos para los Centros de Justicia para las Mujeres y se han emitido 7 alertas por violencia de género. Todos estos podríamos considerarlos como avances significativos para resolver los problemas de las mujeres, pero analicemos algunos datos.

De acuerdo con un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad, existe una brecha salarial promedio del 15%, analizada desde 2017 hasta el primer trimestre del 2020, lo que representa que por cada $100 de salario de un hombre, una mujer obtiene $85. Esta brecha salarial evidentemente pone en desventaja económica a las mujeres con respecto a los hombres, por lo tanto, esta condición social genera un proceso de dependencia económica que obliga a las mujeres a permanecer o mantener relaciones de pareja, en muchas ocasiones violentas, debido a que su salario no es suficiente para mantener el hogar, generando un proceso de reproducción de la violencia y vulnerabilidad. Entonces, tenemos paridad en el Congreso, tenemos paridad en el gabinete gubernamental, pero de qué nos sirve si no tenemos paridad en los salarios y estamos bajo el yugo de la dominación económica que nos violenta como parte de la clase obrera y como mujeres. Esto no quiere decir que debamos entonces pugnar por que bajen los salarios de los hombres y los igualen a los de las mujeres, sino todo lo contrario, esto significa que tanto hombres como mujeres debemos organizarnos y luchar juntos, como clase explotada, por incrementar nuestros salarios y derechos laborales de por sí raquíticos y muy golpeados. Por lo tanto, esta declaración de la 4T sobre su feminismo muestra las claras limitantes de esta corriente, pues su paridad sólo representa un avance para las mujeres de arriba, las que no conocen el verdadero mundo de la pobreza y violencia que vivimos a diario las mujeres de la clase obrera. Así que no, esto no es un avance en el proceso de igualdad entre hombres y mujeres, al menos no para la mayoría de nosotras.

En México viven 65.5 millones de mujeres, de las cuales 50 millones están en riesgo de pobreza o en situación de pobreza. Esto significa que, de acuerdo con el último estudio de medición de la pobreza de la Coneval, 8 de cada 10 mujeres en el país viven bajo condiciones de pobreza o vulnerabilidad por la falta de ingresos o carencias sociales. El 67.1% de las mujeres mexicanas presenta al menos una carencia social, el 21.9% presenta tres o más carencias. Un tercio de la población femenina nacional económicamente activa o está afiliada al IMSS o al ISSSTE, lo que significa que no sólo no tiene acceso a la seguridad social, sino que tampoco podrá acceder a una pensión para el retiro o un crédito de vivienda. La pandemia ha profundizado aún más la crisis económica ya presente, donde las principales afectadas han sido las mujeres, pues los índices de desempleo femenino aumentaron con la crisis sanitaria.

Si bien los programas sociales están siendo de gran ayuda para los sectores más vulnerables de la población, estos no son suficientes, pues son como tal un apoyo, mas, no una solución al problema principal, que son la falta de empleo y oportunidades de desarrollo. Todas estas condiciones de pobreza y marginación también son un caldo de cultivo para la reproducción de la violencia hacia la mujer, pues al no existir las condiciones mínimas de salubridad, empleo y desarrollo educativo, la barbarie se reproduce. Estas condiciones obligan a las mujeres a buscar oportunidades de cualquier tipo para sobrevivir, como involucrarse con el crimen organizado, acceder a la prostitución, trabajar en empleos muy precarizados con nulos o pocos derechos laborales, donde los niveles de explotación y violencia son extremos. Por lo tanto, claro que estamos de acuerdo en que se entreguen programas sociales, incluso estos deberían extenderse para que más población pueda tener acceso a ellos, pero no podemos hacerlo cerrando los ojos ante el origen de todo este proceso de desigualdad social y barbarie que ha generado el capitalismo a partir de la acumulación de riquezas de una clase minoritaria que se vuelve cada vez más rica mientras nosotros nos volvemos cada vez más pobres.

Es necesario que, si el gobierno de la 4T quiere ser consecuente con su slogan de “Primero los Pobres”, se encamine entonces hacia la destrucción de este sistema de opresión, pues de lo contrario, se va a quedar en el camino intentando hacer este sistema “un poco más justo”, pues no hay nada justo en la defensa de la propiedad privada y en la apropiación del beneficio del trabajo ajeno, sin los cuales el capitalismo simplemente no podría existir.

Desde que inició el gobierno de AMLO y hasta mayo del 2021, ha habido 2,400 asesinatos de mujeres por razones de género y 7,100 han sido víctimas de homicidio doloso. En 2019 se registró el 89.6% de impunidad para casos de homicidio doloso y 51.4% de impunidad en feminicidios, teniendo un porcentaje general de impunidad del 94.8% de todos los delitos denunciados en 2020. El último reporte del INEGI indica que 10 mujeres son asesinadas al día en este país, más de la mitad son asesinadas por sus parejas o familiares cercanos y casi tres cuartas partes son asesinadas con armas de fuego o por estrangulamiento.

Derivado del confinamiento por la pandemia, el Sistema Nacional de Seguridad Pública indicó que de enero a mayo del 2021 hubo 106,603 reportes de casos de violencia familiar, en todo 2020 se reportaron 220,031 casos, que ha sido la cifra más alta desde el 2015. Estos datos nos hacen preguntarnos si las inversiones a los Centros de Justicia para Mujeres y las alertas de género emitidas en los estados están siendo efectivas para combatir y erradicar la violencia hacia la mujer en México. Las cifras son crudas, la respuesta es no.

La violencia hacia la mujer no se da porque los sistemas de justicia no son eficientes (aunque son un reflejo de ésta), sino porque el tejido social está extremadamente dañado. Se podrá avanzar en instalar más centros de atención a víctimas y sobrevivientes de violencia, aumentar los senderos seguros y la vigilancia, preparar a policías y ministeriales con perspectiva de género, desarrollar protocolos de atención y prevención de la violencia, casas y refugios para mujeres violentadas, etc. Puntos en que sabemos que el gobierno de la 4T invierte y procura atender. El problema real es que todas estas medidas solo son paliativos para disminuir la violencia, pero no para erradicarla, además de que tan solo con buenas intenciones no va a desaparecer un problema que radica en la estructura del sistema capitalista, la cual la 4T y sus políticas reformistas no están dispuestas a tocar y mucho menos a modificar.

Todos los días nos enfrentamos a una realidad de pobreza, hambre, marginación y violencia extrema, una realidad donde los sectores más vulnerables, las mujeres y la infancia, pagan las peores consecuencias. Desde el origen de la propiedad privada y la sociedad dividida en clases, la mujer ha sido colocada en un papel de subordinación y sumisión ante el hombre, lo que históricamente nos ha puesto en desventaja y vulnerabilidad económica y social. Para la sociedad dividida en clases, las mujeres no somos más que un elemento de propiedad del hombre, destinada a obedecer y callar, a servir y satisfacer, a reproducir y criar; estamos inmersas en un sistema donde las prácticas machistas y misóginas son aceptadas y aplaudidas social y culturalmente, pero éstas se reproducen no en beneficio de un género, sino en beneficio de una clase, que se aprovecha de nuestras condiciones de subordinación para obtener beneficios de la doble explotación. Para el capital las mujeres no somos más que una máquina de reproducción de la clase obrera y carne de cañón para la explotación asalariada y, mientras estas condiciones que originan la opresión de la mujer no cambien, la violencia hacia nosotras no podrá ser erradicada.

Es por esto que, aunque este gobierno progresista tenga las mejores intenciones de mejorar nuestras condiciones de vida para podernos desarrollar en un ambiente seguro y libre de violencia, no podrá avanzar sin una lucha decidida contra el sistema de opresión capitalista. Todas sus propuestas y planes estarán siempre limitados ante las necesidades de lucro de la clase burguesa, por lo que no podremos avanzar hacia un proceso de igualdad social. Para esto es necesario defender un programa diferente, un programa socialista, donde sí se planteé la necesidad de romper con el sistema capitalista, donde se combata, desde las bases de la organización obrera, a los defensores de la propiedad privada. Sólo de esta forma los hombres y mujeres de la clase obrera podremos tomar nuestro destino en nuestras manos e iniciar un proceso de reconstrucción social, eliminando la explotación y la miseria, educando a las nuevas generaciones en un ambiente de prosperidad y colectividad, donde la herencia sangrienta de la violencia hacia la mujer no sea más que un amargo recuerdo del extinto capitalismo voraz.

En aras de esta necesidad imperante de la lucha por el socialismo para la liberación de las mujeres y de la clase obrera, hacemos un llamado a organizarnos, apoyando las demandas transicionales que necesitamos para mejorar nuestra calidad de vida, pero empujando al movimiento a ir más allá, a no conformarnos con migajas reformistas. Lo queremos todo, porque somos nosotros, la clase obrera los que generamos la riqueza y es por ello que merecemos vivir en un mundo libre de la violencia y la barbarie del capital.

Fuente de la información e imagen:  https://marxismo.mx/

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EEUU-Reporte: Pandemia agrava desigualdades en la educación en Nevada

Por: Jannelle Calderón is a bilingual intern based in Southern Nevada.

Esta nota fue traducida al español y editada para brevedad a partir de una versión en inglés.

La pandemia de COVID-19 agravó los problemas existentes en Nevada en muchas áreas, incluyendo la educación para alumnos de preescolar a preparatoria (K-12).

Activistas temen que el cambio hacia la educación a distancia haya extendido las desigualdades entre poblaciones estudiantiles, especialmente para quienes tienen discapacidades, aprenden inglés como segundo idioma, viven en zonas rurales, y pertenecen a comunidades de color.

A principios de este mes, el Comité Asesor de Nevada de la Comisión de Derechos Civiles de los EE.UU.publicó un reporte sobre la “pérdida de aprendizaje” durante las clases virtuales.

Wendell Blaylock y Sondra Cosgrove, presidenta y vicepresidenta respectivamente de dicho comité, encontraron que los retos de conectividad hicieron que el aprendizaje fuera casi imposible para algunos estudiantes en áreas donde el internet de alta velocidad no estaba disponible o era limitado.

“Escuchamos testimonios de que sí tenían un dispositivo electrónico, pero no había internet o el internet era muy, muy lento”, dijo Blaylock. “Algunos tuvieron que ir a un restaurante de comida rápida para tener acceso. Otros estudiantes y profesores dijeron que el internet era tan lento e irregular que incluso descargar el trabajo escolar llevaba horas».

Algunos estudiantes también desaparecieron de las clases.

“Estábamos tratando de profundizar para averiguar en dónde habían desaparecido los estudiantes, a dónde fueron. Muchas veces era un niño mayor el que tenía que cuidar a sus hermanos y sus padres eran trabajadores esenciales”, señaló Cosgrove.

El reporte y las recomendaciones del comité se enviaron a funcionarios electos y de educación.

“Todos los panelistas dijeron que este no es un problema nuevo. No es algo causado por la pandemia, pero la pandemia lo está empeorando mucho”, dijo Cosgrove. «El sistema educativo fue sometido a una prueba de estrés por la pandemia y, claro, rápidamente descubrimos dónde estaban las debilidades».

La pandemia ha enfatizado aún más la importancia de la consejería y los servicios de salud mental, dijo Cosgrove, profesora de historia en el College of Southern Nevada.

Los estudiantes de todo el estado han regresado a las clases en persona de tiempo completo, aunque siguen disponibles algunas opciones de aprendizaje a distancia.

“No quiero exagerar, pero creo que Nevada fue el único estado, según el superintendente [Jhone] Ebert, que aseguró que todos los estudiantes tuvieran un dispositivo electrónico y un punto de acceso”, agregó Blaylock.

En enero, Connecting Kids, una coalición público-privada creada en julio de 2020 por el Grupo de Trabajo COVID-19 del gobernador, anunció que todos los estudiantes de escuelas públicas K-12 que participaron en clases a distancia tenían una computadora y conexión a Internet. Sin embargo, quienes testificaron ante el comité esta primavera resaltaron su batalla continua para lograr una mejor velocidad y confiabilidad del internet.

El comité espera que millones de dólares de apoyo federal ayuden a Nevada a seguir abordando los problemas que se mencionan en el reporte.

El proyecto de ley de infraestructura más reciente que se aprobó en el Congreso podría ayudar a implementar algunas de las recomendaciones del comité para resolver los problemas, incluyendo mejorar la banda ancha y ayudar a los distritos escolares después de un estresante año pasado.

“Hemos identificado los problemas. Tenemos el dinero”, dijo Cosgrove.  «Tenemos muchas necesidades en este estado, así que habrá mucha gente que necesitará ese dinero».

https://thenevadaindependent.com/article/reporte-pandemia-agrava-desigualdades-en-la-educacion-en-nevada

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México: Una profunda crisis académica y política

Una profunda crisis académica y política

Fuentes: Rebelión

1. Nunca, en tan poco tiempo, la Universidad de Guadalajara (UdeG) es objeto de un gran escándalo local y nacional. Nos referimos al conflicto existente entre las autoridades universitarias y el Gobierno estatal, y de las reiteradas acusaciones del presidente López Obrador caracterizando de cacique al exrector Raúl Padilla López. La Feria Internacional del Libro (FIL) en estos momentos es un escándalo mayúsculo en medio de protestas contra el exrector y porque nuevamente la nomenclatura burocrática la utiliza como tribuna para atacar al presidente del país.

Pero no es la institución misma la del escándalo público, sino sus propias autoridades universitarias, especialmente quien ha detentado el poder caciquil desde hace más de tres décadas: el ya mencionado exrector. Desde entonces, esta institución es la Universidad de los escándalos. No es la comunidad universitaria –estudiantes, académicos y administrativos– la responsable de la profunda corrupción imperante de la crisis académica y de gobierno, sino los altos funcionarios, en particular los del grupo de poder del exrector. Dicho grupo de poder carece de legitimidad democrática, tanto al interior de la universidad como al exterior, donde la sociedad civil no se ve reconocida.

2. ¿Cuál es la situación actual de la UdeG? Un balance general muestra una crisis generalizada, tanto en los procesos de enseñanza–aprendizaje como en las labores de investigación y, no menos importante, en su forma de gobierno. Es una profunda crisis universitaria, es decir, las tareas sustantivas –docencia, investigación y difusión cultural– hace largo tiempo se encuentran en creciente deterioro. Pero esta degradación universitaria obedece principalmente a las consecuencias políticas de las estructuras de poder centralizado burocrático, autoritario y antidemocrático, regido unipersonalmente. Es una estructura corporativa–clientelar con base al control absoluto del Consejo General Universitario (CGU), la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) y los dos sindicatos blancos (patronales): Sindicato Único de Trabajadores Universitarios de la Universidad de Guadalajara (SUTUdeG) y el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara (STAUdeG).

3. Los grandes problemas universitarios son tanto de naturaleza académica como laboral y de opacidad en el manejo del presupuesto financiero. La mayoría de estos problemas se han agudizado desde que las autoridades universitarias vienen compartiendo complacientemente las políticas neoliberales desde finales de los años ochenta. Es la mercantilización de la educación, y con ella un proceso gradual e indirecto de privatización, por ejemplo, con el cobro de colegiaturas y de pagos por los exámenes de admisión para los estudiantes aspirantes (College Board), cuya finalidad perversa es la exclusión de decenas de miles jóvenes estudiantes y al tiempo el negocio de los exámenes.

Una situación que contribuye a la baja calidad académica es la precariedad laboral de la mayoría del personal académico que percibe bajos salarios, especialmente los profesores de asignatura casi impedidos de acceder a una plaza fija con titularidad del contrato personal. A tal situación contribuye el actual sindicalismo corporativo–patronal. A esto debe sumarse la enorme brecha salarial entre la alta burocracia universitaria con sueldos estratosféricos (y en la mayoría de los casos dobles sueldos), y la mayoría del personal académico y administrativo con míseros ingresos. Los privilegios o canonjías de una élite burocrática representan un gasto considerable del presupuesto universitario.

La prevalencia de los criterios políticos sobre los asuntos académicos da por resultado un deterioro de la docencia y de la investigación, pues la designación de muchos de los responsables inmediatos de atender los procesos de enseñanza–aprendizaje carecen de la formación académica adecuada y de una reconocida trayectoria en su campo de estudio. Los cargos, por ejemplo, de las jefaturas departamentales se designan al margen de las decisiones del personal académico, pues se consideran primero los intereses políticos de subordinación irrestricta, de sumisión incondicional a la jerarquía burocrática con base al clientelismo, al compadrazgo o al amiguismo; es una burocracia académica–administrativa enquistada, que se reproduce según los intereses políticos predominantes sin prioridades académicas, ocasionando, entre otras cosas, que los planes de estudios sean obsoletos y no respondan a las necesidades sociales sino a las necesidades mercantiles.

La difusión cultural se proyecta como disfraz del mercantilismo empresarial: El grupo de poder a manos del exrector fomenta el negocio del espectáculo (Auditorio Telmex, Teatro Diana, entre otros) del showbusiness de alfombra roja, dejando la difusión cultural universitaria como mero ropaje de apariencia. La mayoría de los estudiantes no pueden pagar los precios de los boletos de acceso a los espectáculos de estos recintos “culturales”. Los programas televisivos de Canal 44 de análisis político a manos de periodistas a quienes se les paga sueldos elevados son de dudosa calidad, habiendo profesores e investigadores bastante capaces en estos temas. Por supuesto, existen buenos programas televisivos y radiofónicos informativos.

Los problemas relativos al hostigamiento sexual por maestros y funcionarios son escándalos cotidianos debido a la impunidad política prevaleciente. La Defensoría de los Derechos Universitarios o el Protocolo institucional para la Prevención del Acoso, Hostigamiento y la Violencia de Género casi son figuras decorativas en la solución de estos problemas.

Pero uno de los problemas más importantes es la opacidad en el manejo de las finanzas universitarias, porque desde hace largas décadas el círculo cercano al exrector, empezando por éste mismo, ha hecho una considerable fortuna que no puede explicarse por sueldos percibidos. En ello tiene que ver las 16 empresas parauniversitarias que funcionan como verdaderos negocios en propiedad del exrector. Hoy día, en estas circunstancias de profunda crisis, la UdeG se encuentra sumida en una crisis académica y de gobierno muy honda, pues se carece de valores éticos universitarios, hay ausencia de un ethos humanista político, filosófico, cultural, educativo, pues más que administrarse como institución educativa pública para beneficio de la sociedad entera, se maneja como empresa promotora de espectáculos y entretenimiento para fines privados.

Los miembros de la élite universitaria se han perdido en la frivolidad empresarial, y enfocaron sus intereses a preparar los espacios para los grandes negocios. Por ello, la institución quedó en manos de administraciones gerenciales de rectoría sin rumbo. La universidad no ha cumplido con su función para el desarrollo de proyectos que contribuyan a impulsar la economía y el empleo en las distintas regiones de la entidad. La Red Universitaria está en función de intereses clientelares y políticos partidistas como Hagamos. La autocrítica y los diagnósticos objetivos sobre la realidad jalisciense casi no existen en la UdeG, empezando porque muchos de sus maestros e investigadores no cuestionan públicamente su propio entorno; de hecho, no existe pensamiento crítico en las aulas y espacios escolares porque nuestra cultura política universitaria es resultado de una cultura corporativa que adormece las ideas y pensamientos de los estudiantes y maestros. Eso ha permitido la manipulación estudiantil, particularmente del preparatoriano, para fines políticos del grupo caciquil en tanto grupo de presión. Si es que existe pensamiento único es en la UdeG porque la megalomanía del autócrata reina absoluta en sus dominios universitarios.

El concepto de autonomía universitaria es muy flexible y las autoridades de la UdeG la manejan a su antojo para beneficio propio. Es muy cierto que se requiere mayor presupuesto para esta institución, pero este presupuesto debería destinarse a las tareas sustantivas de docencia, investigación y difusión, y no principalmente para aquellas actividades de relumbrón y oropel como la FIL o los festivales de cine (FICG).

4. El modelo político vigente en la Universidad de Guadalajara está incontrovertiblemente agotado, pues contribuye al deterioro institucional. Son múltiples y diversas las debilidades y fortalezas de la institución, como plurales los temas a abordar, discutir y diagnosticar, pero es innegable su profunda crisis generalizada. Por todo ello es necesario replantearse la función social de esta universidad y poner a debate abierto y democrático las posibles alternativas de su desarrollo inmediato.

¿Cuál es la misión social de la universidad? ¿Cómo superar esta crisis universitaria? Proponemos una Reforma Universitaria profundamente democrática para, a su vez, realizar una reforma académica sustancial. Una reforma universitaria integral contemplaría necesariamente la modificación de la Ley Orgánica, que incorpore las figuras de plebiscito y/o referéndum para la remoción del rector o de cualquier funcionario universitario.

De igual manera es necesaria la creación de la figura democrática para defender los derechos legítimos de los sectores de la comunidad universitaria. Es imprescindible una auténtica auditoría para empezar a resolver los graves problemas de manejo discrecional y el desvío de fondos financieros para fines aviesos y totalmente ajenos a las tareas sustantivas universitarias y sus prioridades académicas.

Es urgente la intervención de la Auditoría Superior de la Federación para resolver este problema; es necesario desmantelar los sindicatos “blancos” patronales y crear sindicatos autónomos, democráticos y combativos; crear un movimiento estudiantil representativo e independiente, y hacer del Consejo General Universitario una verdadera asamblea representativa democrática, sin tutelajes corporativos internos ni externos; además, un incremento importante del presupuesto debería ir directamente a la mejora salarial del personal académico y administrativo para elevar la calidad académica institucional.

La universidad debe someterse a debate abierto y democrático. Nuestra universidad puede y debe contribuir a los necesarios procesos democráticos estatales y nacionales, a condición de su propia democratización. Una transformación de fondo para tener una universidad democrática es deseable y posible a condición de que sea realizada por un esfuerzo colectivo, unitario, de la propia comunidad universitaria para beneficio de la sociedad jalisciense.

Tendencia Democrática Universitaria

Responsable: Profesor Silverio Quintero Gutiérrez

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Fuente de la Información: https://rebelion.org/una-profunda-crisis-academica-y-politica/

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Libro: Pueblos indígenas en tiempos de la Cuarta Transformación (pdf)

Prólogo

Estas palabras buscan incentivar la lectura de un texto escrito con rigor. En tanto prólogo no sigue las pautas habituales. No es resumen. Es un recorrido que rompe el orden de exposición propuesto por el autor. Me dejé seducir por las ideas y las reflexiones que López y Rivas plantea de forma abierta y descarnada. Además, el autor tiene la virtud de sintetizar con un lenguaje claro el momento que viven México y América Latina. Describe la lucha contra el neoliberalismo militarizado, la necropolítica y las nuevas formas de exterminio de los pueblos indígenas. No presenta críticas hueras. Selecciona y fija conocimiento. No es una suma de tablas estadísticas, éstas aparecen acompañando la explicación. El libro da argumentos para el debate y la formación militante. Es parte de la lucha política y teórica por apropiarse de la realidad. Una propuesta de pensamiento subversivo para ganar, no sólo para resistir.
Bajo el título Pueblos indígenas en tiempos de la Cuarta Transformación se esconde un trabajo minucioso, que recorre el debate teórico enfrentado por la corriente indigenista hasta su mutación en etnopopulismo. Desgrana su evolución desde sus comienzos en los años cuarenta del siglo pasado, bajo la batuta de Manuel Gamio, antropólogo que sentó las bases del edificio culturalista que niega la identidad de los pueblos indígenas. Su máxima “no se trata de indianizar México, sino de mexicanizar al indio”. Sobre estos pilares, nos dice el autor, vio la luz el Instituto Nacional Indigenista, fundado en la superioridad étnico-racial de la cultura capitalista, blanco-criolla. Lo indígena pasó a ser un resabio a superar bajo las ideas de progreso técnico y asimilación cultural. López y Rivas centra el debate. El nacimiento del etnopopulismo en los años sesenta, cuyos teóricos más destacados fueron Arturo Warman y Guillermo Bonfil Batalla, supuso la visión más alambicada del indigenismo, cuyo eje fue el concepto de la nación con hegemonía monoétnica. Desde
esta posición rebate y propone una salida para romper el círculo  vicioso: el etnomarxismo. En su interior problematiza el concepto de nación, de pueblos sin historia, para, desde la crítica, recuperar las bases de una propuesta alternativa, abierta, en que la posibilidad de crear autonomías regionales favorezca la emergencia de “una entidad nacional de nuevo tipo: popular, multiétnica, pluralista y democrática. El desarrollo de la nación tiende, pues, a romper con los límites y superar las contradicciones de la nación burguesa, las cuales se expresan fundamentalmente en la explotación de clases, el racismo, la segregación de los pueblos indios, la opresión peculiar de las mujeres-patriarcado, la discriminación a grupos de edad, la exclusión de los jóvenes y el control imperialista de nuestras economías y sociedades”. Es la disputa por la nación, dirá López y Rivas, y el etnomarxismo evidencia los múltiples reduccionismos en los que incurren las visiones etnopopulistas e indigenistas, economicistas, esencialistas, clasistas. De esta manera, López y Rivas sostiene que una propuesta de Estado multiétnico, democrático, popular, antipatriarcal y plural, sólo será posible redefiniendo el contenido de la nación, siendo las reivindicaciones de autonomía regional de los pueblos indígenas el eslabón capaz de dar fuerza a la propuesta.

Link de descarga: pueblos-indígenas-4t-VF-impresión-digital pueblos-indígenas-4t-VF-impresión-digital

Fuente: https://rebelion.org/download/pueblos-indigenas-en-tiempos-de-la-cuarta-transformaciongilberto-lopez-y-rivas-y-rivas/?wpdmdl=697435&refresh=61a3b8fd0fcee1638119677

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Menores de edad víctimas de feminicidio en México, invisibles para el Estado

Por: Aline Espinosa Gutierrez

De enero a septiembre de 2021, se cometieron 736 casos de feminicidio, lo que lo posiciona como el delito con más incidencia delictiva en México, el cual ha cobrado la vida de diversas menores de edad, sin embargo las autoridades desempeñan un abordaje “incorrecto” sobre estos crímenes, pese a que son capacitadas, existen sentencias internacionales sobre esta problemática e instituciones enfocadas en prevenir, atender y erradicar la violencia feminicida.

De los 736 casos de feminicidio, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo Nacional, los cometidos contra menores de edad fueron llevados a cabo en su mayoría en los meses de abril, mayo y junio aún en el contexto de la pandemia. Estos hechos fueron registrados en particular en el Estado de México, Ciudad de México, Nayarit, Michoacán, Chiapas, Jalisco, Chihuahua, Durango y Zacatecas. Todas estas entidades tienen declaradas Alertas de Violencia de Género, ya sea por el alto número de asesinatos o desapariciones de mujeres.

Al participar en el conversatorio “Ante el aumento de la violencia feminicida en México” en el contexto del “Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, este 25 de noviembre, especialistas en los derechos de las mujeres detallaron que es complicado vislumbrar cómo afecta la violencia feminicida a las menores de edad porque los datos oficiales nunca son desglosados por edades, sin embargo existen 12 casos de este tipo que demuestran los riesgos que padece la infancia en este país.

Cabe recordar que algunos de estos casos fueron: el de Lupita, a quien se revictimizó en los medios como “calcetitas rojas”, quien fue golpeada, agredida sexualmente, y su cuerpo fue abandonado por sus agresores en el Bordo de Xochiaca, en Nezahualcóyotl, en 2017. En ese mismo año, Valeria de 11 años abordó una combi en Nezahualcóyotl, pero nunca llegó a casa. Las investigaciones revelaron que su agresor, el chofer del transporte, la había agredido sexualmente, le rompió el cuello y dejó su cuerpo dentro del vehículo.

Similares a estos casos se encuentra el de Valeria Moreno de 12 años, quien en 2018 salió a la tienda, pero fue interceptada por su agresor, el cual abusó de ella y la asesinó; Angela de 18 meses de edad, quien fue asesinada a golpes y agredida sexualmente, su cuerpo fue encontrado en una una maleta en 2015, en la colonia Juárez de la CDMX; Dayana Esmeralda Fierro de cinco años, secuestrada y asesinada, en 2017 en Sinaloa; entre otros casos más, que visibilizan que la violencia feminicida siempre ha atacado a las mujeres sin importar su edad.

Esta violencia feminicida, dijeron las expertas, conlleva a que las menores de edad padezcan otro tipo de agresiones, como ser desaparecidas. De las 94 mil víctimas desaparecidas en México hasta el día de hoy, 16 por ciento corresponde a niñas, niños y adolescentes. De este porcentaje, 8 mil 639 son niñas y adolescentes, es decir 55 por ciento.

“Lo que vemos es una tendencia preocupante en el país ante el aumento de las mujeres desaparecidas, que se concentra entre los 15 y 19 años de edad. Estas niñas y adolescentes deben tener un marco protector que haga que ellas puedan desarrollar vidas libres de violencia, al paso que vamos en las cifras, es posible que la cifra incremente aún más”, agregó la directora ejecutiva del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Silvia Chica.

Frente a este panorama, la Comisionada Relatora sobre los Derechos de la Niñez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Esmeralda Arosemena de Troitiño, dijo que es necesario poner en el centro a las menores de edad dentro de la problemática del feminicidio para así disminuir la normalización de esta grave violencia contra ellas, definir estrategias enfocadas en ello, y combatir los entornos que propician que sean agredidas de diversas formas.

“Las construcciones estructurales de México, pobreza, discriminación, explotación sexual, iniquidades, desapariciones, migración, entre otras, genera que las menores sean víctimas de violencia debido a su género. Se tiene que visibilizar esto enfocado en las niñas, pues son los antecedentes a un feminicidio. La impunidad es altísima en México, esto debemos pensarlo como desafío”, detalló Arosemena.

Enfatizó que las autoridades mexicanas tienen como obligación aplicar los estándares internacionales y nacionales de protección hacia menores de edad, utilizar la perspectiva de género en los asesinatos de niñas y adolescentes, reconocerlas en su condición como personas, respetar sus Derechos Humanos, y permitir su acceso a la justicia a fin de que su capacidad de opinar sobre su vida sea escuchada. “A las niñas hay que empoderarlas para que asuman ese papel protagónico”.

Arosemena agregó que para fortalecer su participación en la sociedad es importante que las menores de edad tengan acceso a la información, intervengan en la toma de decisiones, defiendan sus derechos y formen parte del debate. “Cuando todas hablamos de la importancia de tener acceso a la justicia antes de un feminicidio hablamos de que el Estado debe tener un sistema de justicia con los estándares que acabamos de decir muy claros en sus cuerpos normativos y en la capacitación de sus autoridades”, finalizó.

Por su parte, la directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), María de la Luz Estrada, resaltó que los asesinatos violentos contra menores de edad se caracterizan de patrones, ya que en muchos casos primero son desaparecidas, y después halladas asesinadas, como es el caso de Fátima de 15 años, quien fue privada de la libertad y violentada sexualmente en 2017, en la entonces delegación Gustavo A. Madero y encontrada sin vida en el Estado de México más tarde.

A este hecho, dijo Estrada, se le suma el de Fátima de siete años, la cual fue secuestrada y asesinada en Tláhuac en 2020 o el de Renata, asesinada en 2020. “Estos casos muestran patrones, como que las niñas que abordaron un transporte público fueron desaparecidas, que sufrieron violencia sexual y padecieron actos brutales para ser sometidas, sin embargo sólo algunos estados tipifican agravantes en el delito de feminicidio si la víctima es menor de edad”, agregó.

Las autoridades siguen sin reconocer, comentó Estrada, los asesinatos violentos de menores de edad como un feminicidio porque prefieren investigar estos casos bajo otras figuras jurídicas, minimizan los hechos o no generan las medidas de protección, a pesar a pesar de que sus agresores casi siempre son familiares cercanos a ellas, lo que resulta en la invisibilización de la problemática del feminicidio hacia este sector de la población.

Estrada resaltó que “las autoridades piensan que la edad excluye el factor de género, sin que exista ningún tipo de interseccionalidad entre ambos, lo que provoca que este tipo de feminicidio sean clasificados como otros delitos y provoca que la investigación se omisa en verificar si existen razones de género en el momento en el que sucedieron los hechos, ocasionando investigaciones negligentes y con resultados de impunidad”.

Para la directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), Tania Ramírez Hernández, las autoridades tienen que considerar el contexto en el que se genera la violencia contra las menores de edad para garantizar su seguridad, detener las agresiones y evitar los casos de feminicidio, por ejemplo, las menores de edad en situación de pobreza o migración se encuentran en mayor riesgo de ser víctima de este tipo de delito.

Actualmente 40 por ciento de las y los menores de edad, detalló Hernández, viven en la pobreza; 9.3 en pobreza extrema; una de cada tres niñas adolescentes no ha podido asistir a la escuela ni una sola vez; y  62 por ciento no tienen acceso a seguridad social. Esta crisis económica aunado a la pandemia, implicó que cerca de 1.3 millones personas cayeran por debajo de la línea de la pobreza, lo que ha afectado en específico a las menores de edad.

“Estos riesgos que van derivando de la situación de pobreza hacen que a su corta edad hay una falta de garantía por parte del Estado a tener un entorno que pueda mantenerlas libres de cualquier tipo de violencia. Muchos riesgos que enfrentan las niñas y adolescentes tienen que ver con esa necesidad de encontrar trabajo así como de acompañar al trabajo de sus hogares o en el campo. Estos datos nos dan cuenta de la pirámide existente en el país”, declaró Hernández.

Para las expertas algunos pasos a seguir es promover una cultura de la no violencia, verificar que las autoridades estén capacitadas, impulsar el ejercicio de los Derechos Humanos, informar acerca de esta problemática, generar datos desglosados por edad y sexo, crear redes de apoyo, fortalecer el actuar de las organizaciones civiles y homologar el delito de feminicidio con agravantes en caso de que las víctimas sean menores de edad, en todos los Códigos Penales del país.

Fuente de la información e imagen:  CIMAC Noticias

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Género y Educación Superior

En memoria, y exigencia de justicia, para las 11 mujeres que fueron asesinadas justo en ¡El día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer!

El ocho de marzo de 2020, en todo el mundo —y de manera extraordinaria en México— ocurrieron grandes movilizaciones por parte de las mujeres que exigían su derecho a una vida sin violencia, fuera de la constante del miedo cotidiano, y por la igualdad en las oportunidades de desarrollo de sus trayectorias. Coincidió su enorme marcha con la plenitud del florecimiento de las jacarandas en la Ciudad de México y el color de las pañoletas que portaban. Al día siguiente, vivimos el paro de sus labores y apreciamos la relevancia de su participación en la vida social.

Pese al trancazo de la pandemia y el confinamiento al que condujo, quienes saben de procesos sociales advierten que ese movimiento, el de las mujeres organizadas de acuerdo a sus propias decisiones, modalidades y compleja diversidad, es la acción colectiva más importante en nuestros tiempos en el país y el mundo. Les asiste la razón.

Aún en el encierro, las acciones organizadas por ellas, en las universidades y más allá, no cesó: se adecuó a las circunstancias. En marzo de 2021, por ejemplo, en las calles aledañas al sitio desde donde escribo, el día ocho se cubrieron los nombres oficiales con carteles en que estaban escritos los nombres de mujeres que han luchado por esta causa y, desgraciadamente, con los de algunas que fueron asesinadas por el hecho de ser mujeres.

Entre otras acciones, no estuvo ausente la actividad académica: el Programa Universitario de Estudios sobre la Educación Superior (PUEES) de la UNAM, dedicó la decimoquinta versión del Curso Interinstitucional que organiza cada año a la cuestión del género y la educación superior. Entre agosto y noviembre de este año, cada viernes, se llevaron a cabo 16 sesiones para analizar y comprender este fenómeno en y desde estos espacios de la vida social.

De manera virtual, más de 900 personas inscritas, ubicadas en 43 sedes pertenecientes a 22 Instituciones de educación superior (19 en México, y 3 en el extranjero: una en Costa Rica y dos en Colombia, a las que se sumaron asistentes de Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay, Reino Unido y Bélgica) participaron en este esfuerzo notable no solo por su alcance, sino por la profundidad y solvencia de las personas encargadas de exponer y coordinar las reuniones.

Inició con una introducción dedicada a la contextualización y el carácter transversal de la cuestión en nuestras casas de estudio. Posteriormente, a través de 3 módulos — las mujeres en la educación superior; problemáticas de género en ese campo, y género y movilización estudiantil en y desde los linderos del nivel terciario de los estudios— quienes asistieron pudieron profundizar en el conocimiento y las perspectivas para entender, tanto el problema así y ahí situado, como las formas de organización y legislación que han surgido. No se redujo a lo que acontece en las instituciones mexicanas, sino que la mirada se amplió a otros países.

Como los anteriores 14 cursos, las sesiones del que doy noticia se pueden ver en YouTube y en la página electrónica del PUEES. Revisar las maneras en que las relaciones de género se dan en nuestras aulas, pasillos y espacios universitarios, es importante, no solo por la referencia a la situación de las colegas académicas, estudiantes y trabajadoras y sus luchas, sino porque el curso se abrió a las nuevas masculinidades y las circunstancias en las que se vive desde una perspectiva no heteronormativa ni binaria.

Enhorabuena: la universidad, así, no es ajena ni de espaldas a los problemas nacionales.

Fuente de la información: http://www.educacionfutura.org/generpo-y-educacion-superior/

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