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Crónica de una comparecencia trivial

Por: Lucía Rivera Ferreiro, Roberto González Villarreal, Marcelino Guerra Mendoza

Delfina Gómez lo volvió a hacer. Ante la Comisión de Educación de la Cámara de Senadores, dijo que Cananea y Hermosillo están en Jalisco. Sus profesores de Geografía han de estarse revolcando en su tumba o muriendo de pena ajena, si es que aún viven. No se sabe si reconoció su error fuera de la comparecencia, porque en el momento de la pifia ni ella ni nadie corrigió su dicho; ahí está la grabación para quien quiera verlo y escucharlo (Comparecencia de la secretaria de Educación Pública)

Además de semejante desatino -que no es el primero, por cierto-, la comparecencia resultó bastante tersa; Delfina Gómez dijo medias verdades y prodigó alabanzas en exceso para un magisterio que se siente defraudado por la 4T, principalmente por el maltrato de que han sido objeto por parte de la USICAMM. También respondió a los escasos cuestionamientos con generalidades e hizo muchas promesas.

En su primera intervención dijo que más de veinte millones de alumnos regresaron a las aulas, más de 1 millón 600 mil trabajadores de la educación volvieron a sus centros de trabajo y más de 178 mil escuelas abrieron sus puertas tras 18 meses del cierre debido a la pandemia. Todo esto sin presentar detalles, sin desagregar la situación por nivel, zona geográfica o grupo de edad para mostrar en dónde se localizan las escuelas que no han regresado, los alumnos ausentes y los motivos.

Reiteró, como lo ha venido haciendo desde hace más de tres meses, que el regreso era necesario no solo por motivos académicos, sino también para proteger la salud física y emocional de los alumnos y docentes. Repitió, una vez más, cifras de vacunación ya conocidas, información sobre Aprende en Casa, libros de texto y la alianza con televisoras privadas para divulgar contenidos educativos, sin aludir en ningún momento al monto del presupuesto público destinado a ello. Mencionó la realización de 1200 programas de radio en 22 lenguas indígenas, “se generaron siete mil cuadernillos de apoyo”, pero la diapositiva decía 700 mil; con la participación de 32 mil Líderes Escolares Comunitarios (LEC´s), nombre rimbombante con el que hoy se identifica a los mal pagados promotores de CONAFE.

La primera intervención de la secretaria concluyó con una pretensión de síntesis. Para que haya un “cambio verdadero” en la educación, la administración actual prioriza cuatro programas:

  • Becas que han beneficiado a 11 millones de estudiantes de nivel básico, media superior y superior
  • Revalorización y Dignificación del magisterio, con la asignación de 390 mil plazas basificadas, “un dato histórico, nunca se había logrado tanta basificación como en este rubro” (sic)
  • La Escuela es Nuestra: entre septiembre de 2020 y octubre de 2021, ha atendido cerca de 60 mil planteles, con recursos entregados de manera directa para mejorar la infraestructura escolar. De 2019 a 2021 se han ejercido 20 mil millones de pesos (de nuevo, la diapositiva decía “más de 21 mil millones)
  • Libros de texto gratuito. En 2021 se distribuyeron 182 millones 432 mil 97 ejemplares; por primera vez se distribuyeron 18.6 millones de libros de vida saludable y 1.1 millones de materiales de apoyo; se encuentran en distribución 3.8 millones de libros del Programa Nacional de Inglés (PRONI)
  • Aunque anticipó cuatro programas prioritarios, mencionó también el impulso al Programa Nacional de Convivencia Escolar gracias a la firma de convenios con UNESCO e INMUJERES.

Como todo buen funcionario acostumbra, los retos no podían faltar: mejorar continuamente los libros y materiales educativos; fortalecer transparencia de procesos de promoción de maestras y maestros; ampliar la asignación de becas; contar con una infraestructura educativa más moderna y digna para alumnos y maestros, pues “si bien se ha hecho el esfuerzo, cabe señalar que todavía falta mucho por hacer. Cincuenta años que se dejaron abandonadas las escuelas, obviamente es difícil en dos años lograrlo”.

Pese a que la titular de la SEP intentó acotar las prioridades gubernamentales, y por tanto las intervenciones, en la primera y segunda ronda de comentarios y preguntas, los legisladores de diferentes partidos, incluso Morena, colocaron sobre la mesa otros temas: estancias infantiles; falta de pago a profesores; inconformidades del magisterio ante USICAMM; despidos de docentes “porque estudiaron una carrera neoliberal”; el modelo caleidoscopio de las UBBJ (senador Mario Zamora Gastélum del PRI); el Mexe y las universidades interculturales; Internet para todos; el pago de la deuda por escuelas al CIEN (Certificados de Inversión Educativa Nacional), el programa del sexenio anterior para atender el rezago en infraestructura, definido por el senador Gilberto Herrera Ruiz de Morena como el fobaproa educativo.

En otra oportunidad, abordaremos algunos de los temas arriba mencionados, en especial el de las UBBJ y la situación de precarización magisterial. En las líneas siguientes, nos detendremos en el problema de la infraestructura, esto en razón de su relevancia en el aún inconcluso proceso de regreso a clases presenciales.

Infraestructura escolar: 50 años de deterioro y contando

Ante los cuestionamientos de los legisladores sobre el abandono de las escuelas, en su segunda y tercera intervención, la secretaria Delfina Gómez aclaró que la mención a los 50 años de abandono había estado motivada por el comentario de un padre de familia durante una de sus múltiples visitas: mi escuela tiene 50 años y nunca ha venido, a lo que le respondí es que hace 50 años yo no estaba” (1 hora 14 minutos). La compareciente en tan alta tribuna legislativa, representando el cargo que ostenta, se presentó a decir lo que le dijeron en lugar de mostrar datos duros sobre la situación. Más claro y contundente se vio el senador Herrera Ruiz, quien le entró al quite con una comparación entre Escuelas al CIEN del sexenio anterior y LEEN de la administración actual.

En su descargo, la titular de la SEP reconoció que falta mucho por hacer, pues las necesidades de las escuelas no estaban cubiertas en su totalidad. Lo que no dijo es que el abandono gubernamental prolongado por décadas se ha convertido en un problema estructural del sistema educativo. Tampoco que al rezago inexplicable en la reconstrucción después del sismo de 2017 se suma la vandalización de instalaciones escoalres durante la pandemia, lo que complica todavía más el problema.

Lo que la titular de la SEP tampoco dijo en su comparecencia, es que no todas las escuelas saqueadas durante la pandemia cumplen con las características establecidas en las reglas de operación del programa La Escuela Es Nuestra (LEEN), mucho menos reconoció que éste programa se ha convertido en una especie de bolsa guarda todo, por lo tanto, los recursos nunca serán suficientes para al menos, paliar las múltiples carencias y necesidades de infraestructura escolar,

¿Por qué decimos que es un programa guarda todo? Recordemos: cuando en 2019 comenzó a funcionar LEEN, los recursos directos a las escuelas eran para atender únicamente problemas de infraestructura básica. En los albores de la pandemia, se anunció la inminente desaparición del programa Escuelas de Tiempo Completo (ETC); ante las presiones e inquietudes de diferentes grupos por un lado,  y el interés en proteger las orquestas Azteca de Salinas Pliego por otro, la SEP, en ese entonces a cargo de Moctezuma Barragán, decidió que los recursos del programa LEEN se destinarían a tres componentes en lugar de uno: infraestructura, atención a escuelas de tiempo completo y alimentación (La SEP de la IVT. Tapando hoyos, dejando boquetes). Es decir, se le sumaron nuevos propósitos y exigencias, sin que el presupuesto creciera en la misma proporción.

Así las cosas, un número desconocido de escuelas hoy se encuentran peor que antes de la pandemia. Diversos reportajes nacionales e internacionales advertían desde mayo pasado sobre la situación; el tema continúa siendo motivo de preocupación. Apenas en octubre pasado, el coordinador general de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), reconoció que La mitad de las escuelas en Querétaro fueron dañadas durante la pandemia. Por su parte, la CETEG denunció recientemente que el 70% de escuelas de Acapulco fueron desmanteladas. Y decir desmanteladas significa que carecen de lo más elemental e indispensable, los delincuentes se llevaron lavabos, cables, equipos de cómputo. Estos son los casos más graves, pero hay que agregar aquéllos en donde la falta de uso también hizo estragos: deterioro de instalaciones sanitarias y eléctricas, descomposturas severas de bombas de agua, cisternas con agua estancada, etc. (Alumnos en Veracruz regresan a clases con instalaciones deterioradas)

Ni antes, ni tampoco en el “regreso seguro” a clases, se cumplen las condiciones de asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad, conocidas como las “4 A”[1]. El gobierno mexicano y organismos internacionales las han reconocido como criterios para valorar el grado de cumplimiento del derecho a la educación; el Estado, a través de la SEP, tendría que garantizarlas, con mayor razón en las actuales circunstancias, donde atender los problemas de infraestructura resulta indispensable para cumplir con las medidas sanitarias establecidas por las propias autoridades educativas y de salud.

En comparación con los espacios abiertos y mobiliario adaptable que otros sistemas educativos han comenzado a utilizar, en congruencia con los modelos educativos antidisciplinares adoptados, en nuestro país las escuelas públicas, sobre todo las de mayor antigüedad, responden a un modelo arquitectónico obsoleto, tipo reclusorio.  El robo de equipos de cómputo y recursos materiales por parte de la delincuencia común agrava la situación, las escuelas se han convertido paulatinamente en sitios enrejados, rodeados de alambres de púas y ventanas clausuradas, lo que les da una apariencia deprimente, lúgubre.

La deuda del sistema en esta materia es grande. El déficit refiere a infraestructura básica como muros, paredes, techos, instalaciones hídricas y eléctricas. También a instalaciones deportivas, a la iluminación, temperatura adecuada y ventilación en las aulas, un aspecto crucial para reducir el riesgo de contagios en estos tiempos pandémicos.

Se dice fácil, con abrir ventanas es suficiente, pensarán tal vez algunos despistados lectores. Pero no es así de sencillo; de las casi 200 mil escuelas públicas que existen en el país, no todas cuentan con espacios adecuados, suficientes y funcionales. Debido a ello, para el regreso a clases presenciales, algunas optaron por esquemas rotativos con diversas variantes; por ejemplo, 40 alumnos que antes de la pandemia tomaban clases todos juntos en un espacio reducido, ahora están distribuidos para asistir ya sea por días, horas o semanas.

Todo indica que el deterioro de la infraestructura escolar continuará, así lo ratifica el presupuesto de egresos 2022 aprobado por los legisladores; no se contemplan recursos extraordinarios para atender tantas carencias. Algunos gobiernos estatales han optado por hacerse cargo, en la medida en que sus enjutos presupuestos se los permiten, de realizar reparaciones mayores que tomarán algunos meses. En esos casos, aunque alumnos y familias quisieran regresar ya, tendrán que esperar.

Hasta aquí la crónica de una comparecencia que transcurrió tersa, sin que nadie corrigiera las pifias evidentes de la secretaria. Una comparecencia en la que el debate brilló por su ausencia, plagada de medias verdades, información superficial, demasiada complacencia y una verborrea anodina tras la cual parece ocultarse la incompetencia y el desconocimiento de los problemas educativos actuales.

Los problemas postpandémicos son demasiado graves para tanta frivolidad.

Fotografía: eldiariodeyucatán


[1] Tomasevsky (2004), Indicadores del derecho a la educación. Revista IIDH, 40

Fuente de la información e imagen:  https://insurgenciamagisterial.com

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México: estudiantes de FAECO reciben premios por investigaciones

Los estudiantes galardonados recibieron una remuneración de 9 mil pesos cuando obtuvieron premios por tesis y 5 mil pesos por investigaciones.

Ocho estudiantes de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León recibieron el premio Consuelo Meyer, galardón otorgado por la misma institución para los estudiantes que realizan trabajos de investigación y tesis.

Los premios de tesis de licenciatura y maestría consistieron en una remuneración de 9 mil pesos y los de investigación en 5 mil pesos.

Los lineamientos de evaluación de cada trabajo son la justificación del tema, la fundamentación teórica, la estructura y desarrollo del trabajo, la metodología de comprobación de hipótesis y conclusiones y recomendaciones.

Todo estudiante que busca recibir dicho premio debe presentar un trabajo original de investigación y además obtener un promedio igual o mayor a 85 en el caso de licenciaturas y de 90 cuando se trata de alumnos que estudian algún posgrado.

Las categorías del concurso son Tesis de Licenciatura, Tesis de Maestría, Investigación de Licenciatura e Investigación de Posgrado.

Un comité evaluador conformado por docentes de la Facultad de Economía fueron quienes calificaron y eligieron a los ganadores.

En la categoría de tesis de licenciatura ganó el trabajo “Cuantificación del impacto de las medidas preventivas en el consumo del alcohol de los adolescentes. Estudio de caso del programa de la sociedad civil «Cultura Cabal” de Benjamín Ortiz Trujillo.

Para la categoría de tesis de maestría el trabajo ganador fue “Determinantes de la mortalidad materna en México” de la estduiante María Magdalena Aguilar Guevara.

En Investigación de licenciatura obtuvo el premio el trabajo “Políticas expansivas en Estados Unidos ante el COVID-19 y su impacto macroeconómico para la economía mexicana. Un análisis contrafactual” de Victoria Berenice Gámez Cavazos, Ricardo Hernández Mendoza, Reynaldo López Ramos, José Daniel Morejón Vázquez y Laura Samantha Osorio Reynoso.

En cuanto al premio de investigación en posgrado, se lo llevó el trabajo “Employed and more educated mothers in México, but what about the educational attainment of their children?” de Bianca Nayeli Chacón Montoya.

Fuente de la información e imagen: https://www.publimetro.com.mx

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México: ¿Adiós al PROFEXE?

¿Adiós al PROFEXE?

Miguel Casillas

El Programa de fortalecimiento a la excelencia educativa (PROFEXE) ha sido una de las principales herramientas de política pública hacia la educación superior. En teoría el programa dispone de un fondo financiero con recursos extraordinarios en el que concursan las instituciones de educación superior para complementar sus presupuestos.

En un contexto generalizado de mínimos incrementos del presupuesto ordinario a las IES públicas y después de más de 30 años de políticas neoliberales y de estricto control bajo el tope salarial, el financiamiento extraordinario ligado al cumplimiento de metas de desarrollo es más importante que nunca para muchas de las instituciones.

A pesar de su sociogénesis ligada a los gobiernos neoliberales, el diseño del PROFEXE mantiene, aun dentro del gobierno de la 4T (pues se han publicado sus reglas de operación para 2020 y 2021), significativos rasgos de continuidad con ejercicios anteriores desde el PIFI: sus objetivos están definidos fuera de las instituciones, las cuales además deben asumir evaluaciones externas. Las reglas de operación son definidas por Hacienda, son fondos determinados, etiquetados, no pueden ser utilizados fuera de los criterios establecidos; son fondos anuales o bianuales, no acumulables. El interlocutor de la autoridad educativa es el rector; está excluida la comunidad. Las organizaciones sindicales, los colegios profesionales y otras organizaciones no participan de estas negociaciones, pues desde el principio de los años 2000, se trata de despolitizar los procesos.

El diseño del PROFEXE se sigue sosteniendo en el neointervencionismo mediante el cual el gobierno condiciona la entrega de recursos a cambio de la implementación de políticas públicas en las instituciones. Se mantiene viva la concepción de un estado evaluador-interventor a través del financiamiento.

Para todos los efectos de la evaluación el PROFEXE funciona con los mismos criterios e instrumentos que en el viejo régimen: la competitividad, entendida como el número de programas educativos acreditados, el porcentaje de egresados, el número de egresados que hacen el EGEL; y la difusa responsabilidad social universitaria. El otro concepto clave es la calidad, entendida como la habilitación de la planta de profesores; el número de profesores de tiempo completo con perfil deseable, el número de profesores en el Sistema Nacional de Investigadores, y el número y grado de consolidación de los Cuerpos Académicos.

En sus reglas de operación se mantienen olvidados los mismos agentes que el pasado: los estudiantes, su aprendizaje y su experiencia escolar; los profesores de asignatura; los trabajadores administrativos y su reconversión tecnológica.

Sin embargo, el destino del PROFEXE es incierto. Por un lado, en el proyecto de egresos de la federación se propuso un fondo económico muy considerable, pero por otro, en declaraciones de sus funcionarios, el gobierno de la 4T pareciera dispuesto a liquidarlo.

Estaría muy bien terminar de una vez con el PROFEXE y declarar nulos los indicadores sobre los cuales se midió el fortalecimiento académico de las instituciones. Sin embargo, es muy improbable que el gobierno cambie la política educativa de fondo y renuncie al afán neointervencionista. Frente a ello, cabe preguntarse por los instrumentos de política pública que sustituirán al PROFEXE y por los criterios, valores e indicadores que orientarán el desarrollo del sistema de educación superior.

Para que la nueva Ley general de educación superior pueda traducirse en acciones concretas que modifiquen los cursos de acción predominantes en las instituciones, se requieren de orientaciones claras, con instrumentos precisos que puedan ser observables y medibles, si no, todo quedará en un discurso abstracto de muy difícil realización.

En cuanto al financiamiento extraordinario, lo que no puede privar es la arbitrariedad como sustitución del PROFEXE o de cualquier otro instrumento que esté amparado en reglas de operación claras, auditables, verificables y congruentes con el espíritu de la Ley. En efecto, sin reglas transparentes y construidas con el concurso de las instituciones involucradas, corremos el riesgo de volver a la época de Echeverría o de Fidel Herrera en Veracruz, en que los funcionarios de Educación cargaban un portafolios lleno de billetes que repartían a discreción según sus simpatías.

A pesar de todas las insuficiencias, las comunidades universitarias tienen un largo recorrido en procesos de autoevaluación institucional y sería absurdo renunciar a ello. También, a pesar de los criterios e indicadores impuestos para orientar el sistema, las universidades han desarrollado y siguen dando continuidad a una serie de iniciativas, que apuntan hacia el fortalecimiento institucional, como el impulso a la formación de los profesores, a su actualización y hacia la profesionalización que implica el incremento de profesores de tiempo completo, que si se detuvieran representaría una verdadera regresión.

La planeación democrática y participativa deberá sustituir al viejo sistema. Urge claridad de parte del gobierno sobre el futuro de los fondos concursables si es que van a seguir existiendo. Mientras, no puede simplemente desaparecer el PROFEXE sin ser sustituido por un programa que lo supere.

Fuente de la Información: https://www.educacionfutura.org/adios-al-profexe/

 

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México: Pronto estarán abiertas todas las escuelas del país: Delfina Gómez

Pronto estarán abiertas todas las escuelas del país: Delfina Gómez

La titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, aseguró que pronto estarán abiertas todas las escuelas del país tal como lo pide la sociedad.

Al encabezar en el Senado de la República la ceremonia de inscripción en letras de oro de la leyenda: 2021, Año del Centenario de la Creación de la Secretaría de Educación Pública, en el Muro de Honor del órgano legislativo, la funcionaria federal señaló que gracias al seguimiento riguroso de protocolos sanitarios no han surgido brotes de COVID-19 que impliquen mayor riesgo para las comunidades escolares.

Agregó que hoy se tienen clases de manera presencial, porque el aprovechamiento académico, así como la salud emocional de las y los estudiantes lo ameritaba.   

Dijo que para esto ha sido indispensable la colaboración de las madres, los padres de familia y los tutores, así como de los tres órdenes de gobierno y autoridades educativas, pero muy en especial de las maestras y los maestros. 

Detalló que la pandemia obligó al sector educativo a innovar para seguir avanzando, así como a enseñar en medio de la adversidad.

En ese sentido ratificó que la relación permanente entre docentes y estudiantes es vital, y que nada puede sustituirla, aunque es posible diversificar sus esquemas.

Respecto al reconocimiento del Senado de la República a la SEP, Gómez Álvarez afirmó que es un gesto que motiva a continuar con mayor empeño y dedicación, por lo que las maestras y los maestros de México sabrán estar a la altura de la encomienda que les ha sido otorgada.  

Ante la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, la Secretaria de Educación afirmó que su labor es trabajar por una sociedad más incluyente, justa y libre, porque es tiempo de una educación transformadora, que engrandezca la patria, y que engrandezca a México. 

En presencia de los coordinadores de todos los partidos representados en el Senado, señaló que, a 100 años de su creación, la SEP tiene ante sí el impostergable reto de transformar el entorno social, al considerar que la educación es factor esencial para alcanzar las más nobles metas.

Puntualizó que hoy, la Nueva Escuela Mexicana plantea formar mexicanas y mexicanos íntegros, respetuosos de la ley, comprometidos con un mejor país para todas y todos, y no para unos cuantos, y solidarios con quienes más lo necesitan.

Fuente de la Información: https://profelandia.com/pronto-estaran-abiertas-todas-las-escuelas-del-pais-delfina-gomez/

 

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Necesitamos un sindicato que luche por los derechos de las mujeres

Por: Sulem Estrada

En un gremio altamente femenino, las maestras tenemos mucho que decir frente a la renovación de direcciones seccionales que se está llevando a cabo en distintos estados.

No es un secreto para nadie que el sindicato más grande de América Latina, que agrupa a 1.3 millones de trabajadoras y trabajadores de la educación ‒de los cuales el 70 % somos mujeres‒ hoy se encuentra en manos del charrismo sindical y no defiende los intereses de sus agremiados. Sus dirigentes han estado siempre al servicio de los gobiernos en turno y el gobierno de la 4T no es la excepción.

Desde el inicio del sexenio los dirigentes del SNTE se declararon el ejército ideológico de la 4T en el magisterio y han dejado pasar todos los planes de gobierno, desde la reforma educativa de AMLO ‒que conserva el espíritu neoliberal de la reforma peñista‒ hasta el regreso inseguro a clases presenciales.

Sin embargo, las maestras no solamente enfrentamos la subordinación de los dirigentes sindicales al gobierno ‒que en nuestro caso es también nuestro patrón‒ y que dejan pasar los planes sin ninguna resistencia ‒como en el caso del regreso a clases presenciales‒, sino que, además, en el gremio magisterial, como sucede en la mayoría de los gremios, las mujeres somos excluidas tanto numérica como ideológicamente.

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Aunque es un gremio altamente femenino, prácticamente no tenemos delegadas en las escuelas ni dirigentes femeninas en las secciones sindicales. Según datos de 2016, sólo el 30 % de las secretarías delegacionales eran ocupadas por mujeres, esta cifra disminuye a un 24 % en las dirigencias seccionales y a los 15 % en el Comité Ejecutivo Nacional. Incluso en la CNTE, que se reivindica democrática, la mayoría de quienes ostentan las representaciones sindicales son varones.

Asimismo, las demandas específicas de las mujeres en el gremio magisterial están prácticamente invisibilizadas por lo que dentro de las demandas sindicales no se encuentra prácticamente ninguna de las que tienen que ver con nuestras necesidades como mujeres, como podrían ser guarderías, comedores, jornadas laborales reducidas, licencias de maternidad extendidas, acceso a servicios de salud derivados de nuestros derechos sexuales y reproductivos, educación sexual integral, refugios contra la violencia, etcétera.

Esto genera que no solo padezcamos la misma precariedad laboral que nuestros compañeros varones ‒con el agravante de padecer dobles o triples jornadas de trabajo no remunerado‒, sino que nuestras demandas como mujeres ni siquiera son mencionadas ni peleadas por nadie.

Al ser un sector con una gran mayoría de trabajadoras mujeres, tanto las representaciones sindicales, como los puestos jerárquicos, si éstos fuesen equitativos, 7 de cada 10 tendrían que ser ocupados por mujeres.

Sin embargo, no pensamos que éste sea solo un problema de “paridad de género” o que pueda resolverse con cuotas de participación femeninas, pero es un hecho que requerimos una mayor participación de las mujeres en la vida sindical y gremial, que además se apuesten a defender no solo sus derechos como trabajadoras sino a pelear por sus reivindicaciones como mujeres.

Para ello necesitamos en primer lugar arrancar de manos de los charros nuestro sindicato, pues sin ello, a lo más que podemos aspirar es a ocupar algún cargo ‒es decir, a que se rompa el llamado techo de cristal‒ pero sin que nada cambie para el conjunto de las trabajadoras.

Esto lo hemos visto ya, pues durante 24 años una mujer, Elba Esther Gordillo, ocupó la presidencia del SNTE. No solo estuvo alineada a los partidos del régimen ‒incluso perteneció a ellos‒ sino que dejó pasar todos los planes de los gobiernos neoliberales en detrimento de la educación y de los derechos laborales del magisterio. Fue quien firmó la Alianza por la Calidad de la Educación, antesala de la reforma educativa peñista.

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Lo vemos también con Delfina Gómez a la cabeza del magisterio, quien, a pesar de ser mujer, les impuso a miles de maestras y alumnas un regreso inseguro a clases presenciales y desde el primer día de su mandato planteó que habría recortes y despidos de conformidad con la “austeridad republicana”.

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Un sindicato al servicio de las maestras

Es un hecho que las maestras tenemos mucho que decir y mucho por lo cual luchar. Es por ello que buscan invisibilizar el enorme potencial que tenemos como mujeres trabajadoras.

Imagínense la fuerza del sindicato más grande de América Latina en manos de sus trabajadoras y trabajadores, puesta al servicio de la lucha contra el feminicidio y la violencia contra las mujeres, a favor de garantizar nuestro derecho a decidir para que ninguna mujer ni ninguna de nuestras alumnas vuelva a morir nunca más por abortos clandestinos, por plenos derechos laborales para todas las trabajadoras y un alto a la precarización laboral que también es violencia. ¡Seríamos imparables!

Es por ello que necesitamos organizarnos escuela por escuela, zona por zona. Generar comisiones de mujeres que se apuesten a poner en el centro nuestras demandas. Luchar por recuperar nuestro sindicato de manos de los charros y ponerlo al servicio de la lucha por nuestros derechos. Si coincides con estas ideas. Contáctanos y organízate con nosotras.

Tendremos un conversatorio para charlar entre maestras como organizarnos en las escuelas rumbo al #25N. ¡Inscríbete aquí!

Fuente de la información e imagen: https://www.laizquierdadiario.mx

 

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México: ONG denuncia persecución de la CNDH en contra del defensor José Martínez Cruz

Un año después de que dejó el cargo fue emplazado por autoridades administrativas y penales, por expresiones que realizó después de dejar la comisión, sobre casos como la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Organizaciones civiles denunciaron “la persecución y la criminalización” emprendidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en contra del defensor de derechos humanos José Martínez Cruz, quien fuera de la Primera Visitaduría del organismo durante los primeros ocho meses de la presidencia de Rosario Piedra Ibarra.

Activista, al lado de Rosario Ibarra de Piedra por la presentación con vida personas desaparecidas desde los años setenta, Martínez Cruz se integró a la actual administración de la CNDH en diciembre de 2019, hasta que fue separado de su cargo en agosto de 2020.

Consideraron que “resulta indignante  que en un contexto en el que prevalece en México una grave crisis de violaciones a derechos humanos, la institución Ombudsperson Nacional dedique recursos institucionales de  esta envergadura a dirimir conflictos internos, máxime considerando que en nuestra historia como organismos civiles de derechos humanos no hemos visto similares empeños de la CNDH para lograr que en los ámbitos penales o administrativos rindan cuentas quienes cometen graves violaciones a derechos humanos”.

Más aún, consideraron que la “autocontención de la autonomía” y los conflictos internos “han terminado por dilapidar la oportunidad de refundar dicha institución al servicio de las víctimas y los derechos humanos”, como se comprometió Piedra Ibarra.

Las organizaciones que firman el comunicado resaltaron que el organismo “a la fecha impulsa dos procesos, uno administrativo y otro penal” en contra del defensor quien desde hace más de cuarenta años ha trabajado “al lado de las familias de personas desaparecidas, encarceladas y torturadas”, labor que incluye la creación del Frente Nacional contra la Represión en 1977, el Frente Pro Derechos Humanos de Morelos y la Comisión Independiente de los Derechos Humanos de Morelos en 1989.

“Una vez que concluyó su labor al frente de la Dirección General de la Primera Visitaduría de la CNDH, José Martínez Cruz expresó públicamente diferencias con las personas que actualmente tienen a su cargo la CNDH, entre otras cuestiones respecto de la falta de investigación sobre el Ejército en graves violaciones a derechos humanos. En respuesta la CNDH ha buscado iniciarle procesos penales y administrativos”, alertaron las organizaciones civiles.

Para las organizaciones firmantes, “llevar a cabo una persecución administrativa y penal en contra de un ex funcionario por hacer uso legítimo de su derecho a la libertad de expresión, constituye un proceder que se aleja de los estándares de derechos humanos que una institución cuya misión es la defensa de los mismos está llamada a respetar más que ninguna otra”.

Las organizaciones consideraron que la embestida contra Martínez Cruz es violatorio de derechos humanos, “que constituye una muestra más de la preocupante deriva en que ha caído la CNDH, caracterizada por un ejercicio autocontenido de su autonomía y a abundancia de conflictos internos, que han terminado por dilapidar la oportunidad de refundar dicha institución al servicio de las víctimas y los derechos humanos como se esperaba en un contexto de cambio”.

Apuntaron que su confianza está en que instituciones como el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía General de la República (FGR), “sabrán garantizar los derechos de José Martínez Cruz e impedir que las personas que actualmente tienen bajo su responsabilidad la CNDH empleen a las instituciones para materializar represalias en contra de sus ex colaboradores”.

Las organizaciones informaron que a través de oficios, solicitaron a dicho tribunal y a la FGR que  resuelvan conforme a derecho, garantizando la presunción de inocencia y derechos procesales, los cuales deben ser garantizados en todo momento a José Martínez Cruz para, así, determinar expresamente que el hoy acusado actuó en ejercicio legítimo de sus derechos a la libertad de expresión e información”.

Firmaron el comunicado el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Artículo 19 y la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos.

En breve entrevista, José Martínez Cruz sostuvo que un año después de que dejó el cargo fue emplazado por autoridades administrativas y penales, por expresiones que realizó después de dejar la CNDH sobre casos como la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, “casos graves que requieren de máxima publicidad”.

 “El delito que se me imputa la CNDH es el uso de información privilegiada para beneficio personal y la revelación de secretos”, indicó Martínez Cruz al destacar que “nada de eso tiene fundamento”.

Para el defensor resulta improcedente que se le acuse de revelar secretos “cuando el caso Ayotzinapa todo mundo lo conoce, es un caso que me tocó investigar, analizar y sobre eso di mi punto de vista, pero después de dejar la CNDH”.

Tras agradecer la solidaridad de las organizaciones de la sociedad civil, “que conocen mi trayectoria desde hace décadas”, Martínez Cruz destacó que dará respuesta puntual a los procedimientos emprendidos “por la institución, impulsados por quien la preside (Rosario Piedra), hasta donde yo se soy el único exfuncionario de la CNDH contra el quien se han iniciado procedimientos penales y administrativos”.

Fuente: https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/11/18/ong-denuncia-persecucion-de-la-cndh-en-contra-del-defensor-jose-martinez-cruz-276051.html

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