América del Norte

Por: Silverio Quintero Gutiérrez

1. Nunca, en tan poco tiempo, la Universidad de Guadalajara (UdeG) es objeto de un gran escándalo local y nacional. Nos referimos al conflicto existente entre las autoridades universitarias y el Gobierno estatal, y de las reiteradas acusaciones del presidente López Obrador caracterizando de cacique al exrector Raúl Padilla López. La Feria Internacional del Libro (FIL) en estos momentos es un escándalo mayúsculo en medio de protestas contra el exrector y porque nuevamente la nomenclatura burocrática la utiliza como tribuna para atacar al presidente del país.

Pero no es la institución misma la del escándalo público, sino sus propias autoridades universitarias, especialmente quien ha detentado el poder caciquil desde hace más de tres décadas: el ya mencionado exrector. Desde entonces, esta institución es la Universidad de los escándalos. No es la comunidad universitaria –estudiantes, académicos y administrativos– la responsable de la profunda corrupción imperante de la crisis académica y de gobierno, sino los altos funcionarios, en particular los del grupo de poder del exrector. Dicho grupo de poder carece de legitimidad democrática, tanto al interior de la universidad como al exterior, donde la sociedad civil no se ve reconocida.

2. ¿Cuál es la situación actual de la UdeG? Un balance general muestra una crisis generalizada, tanto en los procesos de enseñanza–aprendizaje como en las labores de investigación y, no menos importante, en su forma de gobierno. Es una profunda crisis universitaria, es decir, las tareas sustantivas –docencia, investigación y difusión cultural– hace largo tiempo se encuentran en creciente deterioro. Pero esta degradación universitaria obedece principalmente a las consecuencias políticas de las estructuras de poder centralizado burocrático, autoritario y antidemocrático, regido unipersonalmente. Es una estructura corporativa–clientelar con base al control absoluto del Consejo General Universitario (CGU), la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) y los dos sindicatos blancos (patronales): Sindicato Único de Trabajadores Universitarios de la Universidad de Guadalajara (SUTUdeG) y el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara (STAUdeG).

3. Los grandes problemas universitarios son tanto de naturaleza académica como laboral y de opacidad en el manejo del presupuesto financiero. La mayoría de estos problemas se han agudizado desde que las autoridades universitarias vienen compartiendo complacientemente las políticas neoliberales desde finales de los años ochenta. Es la mercantilización de la educación, y con ella un proceso gradual e indirecto de privatización, por ejemplo, con el cobro de colegiaturas y de pagos por los exámenes de admisión para los estudiantes aspirantes (College Board), cuya finalidad perversa es la exclusión de decenas de miles jóvenes estudiantes y al tiempo el negocio de los exámenes.

Una situación que contribuye a la baja calidad académica es la precariedad laboral de la mayoría del personal académico que percibe bajos salarios, especialmente los profesores de asignatura casi impedidos de acceder a una plaza fija con titularidad del contrato personal. A tal situación contribuye el actual sindicalismo corporativo–patronal. A esto debe sumarse la enorme brecha salarial entre la alta burocracia universitaria con sueldos estratosféricos (y en la mayoría de los casos dobles sueldos), y la mayoría del personal académico y administrativo con míseros ingresos. Los privilegios o canonjías de una élite burocrática representan un gasto considerable del presupuesto universitario.

La prevalencia de los criterios políticos sobre los asuntos académicos da por resultado un deterioro de la docencia y de la investigación, pues la designación de muchos de los responsables inmediatos de atender los procesos de enseñanza–aprendizaje carecen de la formación académica adecuada y de una reconocida trayectoria en su campo de estudio. Los cargos, por ejemplo, de las jefaturas departamentales se designan al margen de las decisiones del personal académico, pues se consideran primero los intereses políticos de subordinación irrestricta, de sumisión incondicional a la jerarquía burocrática con base al clientelismo, al compadrazgo o al amiguismo; es una burocracia académica–administrativa enquistada, que se reproduce según los intereses políticos predominantes sin prioridades académicas, ocasionando, entre otras cosas, que los planes de estudios sean obsoletos y no respondan a las necesidades sociales sino a las necesidades mercantiles.

La difusión cultural se proyecta como disfraz del mercantilismo empresarial: El grupo de poder a manos del exrector fomenta el negocio del espectáculo (Auditorio Telmex, Teatro Diana, entre otros) del showbusiness de alfombra roja, dejando la difusión cultural universitaria como mero ropaje de apariencia. La mayoría de los estudiantes no pueden pagar los precios de los boletos de acceso a los espectáculos de estos recintos “culturales”. Los programas televisivos de Canal 44 de análisis político a manos de periodistas a quienes se les paga sueldos elevados son de dudosa calidad, habiendo profesores e investigadores bastante capaces en estos temas. Por supuesto, existen buenos programas televisivos y radiofónicos informativos.

Los problemas relativos al hostigamiento sexual por maestros y funcionarios son escándalos cotidianos debido a la impunidad política prevaleciente. La Defensoría de los Derechos Universitarios o el Protocolo institucional para la Prevención del Acoso, Hostigamiento y la Violencia de Género casi son figuras decorativas en la solución de estos problemas.

Pero uno de los problemas más importantes es la opacidad en el manejo de las finanzas universitarias, porque desde hace largas décadas el círculo cercano al exrector, empezando por éste mismo, ha hecho una considerable fortuna que no puede explicarse por sueldos percibidos. En ello tiene que ver las 16 empresas parauniversitarias que funcionan como verdaderos negocios en propiedad del exrector. Hoy día, en estas circunstancias de profunda crisis, la UdeG se encuentra sumida en una crisis académica y de gobierno muy honda, pues se carece de valores éticos universitarios, hay ausencia de un ethos humanista político, filosófico, cultural, educativo, pues más que administrarse como institución educativa pública para beneficio de la sociedad entera, se maneja como empresa promotora de espectáculos y entretenimiento para fines privados.

Los miembros de la élite universitaria se han perdido en la frivolidad empresarial, y enfocaron sus intereses a preparar los espacios para los grandes negocios. Por ello, la institución quedó en manos de administraciones gerenciales de rectoría sin rumbo. La universidad no ha cumplido con su función para el desarrollo de proyectos que contribuyan a impulsar la economía y el empleo en las distintas regiones de la entidad. La Red Universitaria está en función de intereses clientelares y políticos partidistas como Hagamos. La autocrítica y los diagnósticos objetivos sobre la realidad jalisciense casi no existen en la UdeG, empezando porque muchos de sus maestros e investigadores no cuestionan públicamente su propio entorno; de hecho, no existe pensamiento crítico en las aulas y espacios escolares porque nuestra cultura política universitaria es resultado de una cultura corporativa que adormece las ideas y pensamientos de los estudiantes y maestros. Eso ha permitido la manipulación estudiantil, particularmente del preparatoriano, para fines políticos del grupo caciquil en tanto grupo de presión. Si es que existe pensamiento único es en la UdeG porque la megalomanía del autócrata reina absoluta en sus dominios universitarios.

El concepto de autonomía universitaria es muy flexible y las autoridades de la UdeG la manejan a su antojo para beneficio propio. Es muy cierto que se requiere mayor presupuesto para esta institución, pero este presupuesto debería destinarse a las tareas sustantivas de docencia, investigación y difusión, y no principalmente para aquellas actividades de relumbrón y oropel como la FIL o los festivales de cine (FICG).

4. El modelo político vigente en la Universidad de Guadalajara está incontrovertiblemente agotado, pues contribuye al deterioro institucional. Son múltiples y diversas las debilidades y fortalezas de la institución, como plurales los temas a abordar, discutir y diagnosticar, pero es innegable su profunda crisis generalizada. Por todo ello es necesario replantearse la función social de esta universidad y poner a debate abierto y democrático las posibles alternativas de su desarrollo inmediato.

¿Cuál es la misión social de la universidad? ¿Cómo superar esta crisis universitaria? Proponemos una Reforma Universitaria profundamente democrática para, a su vez, realizar una reforma académica sustancial. Una reforma universitaria integral contemplaría necesariamente la modificación de la Ley Orgánica, que incorpore las figuras de plebiscito y/o referéndum para la remoción del rector o de cualquier funcionario universitario.

De igual manera es necesaria la creación de la figura democrática para defender los derechos legítimos de los sectores de la comunidad universitaria. Es imprescindible una auténtica auditoría para empezar a resolver los graves problemas de manejo discrecional y el desvío de fondos financieros para fines aviesos y totalmente ajenos a las tareas sustantivas universitarias y sus prioridades académicas.

Es urgente la intervención de la Auditoría Superior de la Federación para resolver este problema; es necesario desmantelar los sindicatos “blancos” patronales y crear sindicatos autónomos, democráticos y combativos; crear un movimiento estudiantil representativo e independiente, y hacer del Consejo General Universitario una verdadera asamblea representativa democrática, sin tutelajes corporativos internos ni externos; además, un incremento importante del presupuesto debería ir directamente a la mejora salarial del personal académico y administrativo para elevar la calidad académica institucional.

La universidad debe someterse a debate abierto y democrático. Nuestra universidad puede y debe contribuir a los necesarios procesos democráticos estatales y nacionales, a condición de su propia democratización. Una transformación de fondo para tener una universidad democrática es deseable y posible a condición de que sea realizada por un esfuerzo colectivo, unitario, de la propia comunidad universitaria para beneficio de la sociedad jalisciense.

Silverio Quintero Gutiérrez: Profesor

Una profunda crisis académica y política