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México – Contar verdades: esencia de las democracias

Contar verdades: esencia de las democracias

Recientemente, Mario Palma, ex vicepresidente del INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática), publicó la historia de esta institución en el libro Contar Verdades: la Saga del INEGI. Más allá de lo valioso que resulta cada uno de sus capítulos para entender la historia, naturaleza, programas, métodos y logros de esta institución –encargada de generar información estratégica de los distintos ámbitos de un país–, resulta de especial relevancia el capítulo 11 que describe la vulnerabilidad de este tipo de instituciones técnicas y los intentos de ciertos gobiernos de manipular la información estadística generada con el objetivo de beneficiar su imagen pública con fines políticos.

Escuchando que el presidente siempre tiene “otros datos” cuando se le cuestiona, me propongo resaltar lo que a mi parecer debe ser la esencia de este tipo de instituciones: generar información válida, pertinente y oportuna que sirva para la toma de decisiones gubernamentales y la rendición de cuentas a la sociedad.

Para empezar, es esencial que se aprecie la importancia del INEGI, que aporta información básica al Estado mexicano, sin la cual es imposible que cumpla con sus funciones. Dos grandes ámbitos de esta institución son la geografía y la estadística. Si bien, la cartografía se empezó a desarrollar dos mil años antes de Cristo, con mapas rudimentarios para poder navegar, colonizar y trazar rutas comerciales, es hasta el siglo XV que se desarrollan los primeros mapas modernos y con ellos el descubrimiento de América. Sin embargo, es hasta la Segunda Guerra Mundial que esta disciplina adopta estándares técnicos de alta calidad e incorpora la fotografía aérea y después la fotografía satelital. Por su parte, la estadística inicia desde la antigüedad cuando los pueblos requerían organizarse como sociedad, para lo cual era indispensable conocer, además de su territorio, sus recursos humanos y materiales. Desde épocas muy remotas se tienen registros poblacionales rudimentarios, aunque la estadística moderna se desarrolla a mitad del milenio pasado, convirtiéndose en una herramienta indispensable para la generación de información y tratamiento de datos de las naciones.

Se dice que la información es poder, lo que es esencialmente cierto en el contexto de la política, cuya racionalidad se centra en la sobrevivencia de los partidos y de sus agremiados en puestos claves del gobierno. Por ello, en la historia de cada nación los gobernantes han querido ocultar, controlar y, hasta, distorsionar la información que les incomoda. Así, no es de extrañar que al INEGI se le otorgue su autonomía constitucional hasta 2006, siendo que sus inicios se ubican en 1833, con el Instituto Nacional de Geografía e Historia, y se crea con su nombre actual, por decreto presidencial, en 1983.

El control y manipulación de la información es un fenómeno mundial. Mario Palma describe varios casos, entre los que destacan: 1) el segundo censo poblacional de la Unión Soviética (1937) en el que los resultados no fueron los esperados por Stalin (la población era menor a la que él suponía y las personas seguían con sus prácticas religiosas), declarándolos inválidos y acusando de traidores a los técnicos encargados del estudio, por lo que se les ejecutó; 2) los datos de inflación de Argentina en el gobierno de Kirchner (2006) que le eran desfavorables, por lo que destituyó a los responsables del instituto de estadística y los sustituyó por personas afines al gobierno, quienes redujeron las cifras de inflación con “estadísticas militantes” (por considerarlos falsos, The Economist dejó de publicar temporalmente los datos de inflación de Argentina); 3) la información sobre el grado de desforestación en el Amazonas, generado por el instituto de investigación espacial del país (2019), que le disgustó al presidente Bolsonaro por considerar que era un invento del director de este instituto, razón por la cual lo despidió, 4) el reporte de la Comisión Europea sobre las estadísticas del déficit y la deuda de Grecia (2005-2009), en la que identificó errores deliberados de las cifras y, después, el Parlamento Europeo encontró un fraude estadístico del programa Troika. También se reportan los casos de China, Canadá, Estados Unidos, Puerto Rico y Ruritania, con distintos matices. En el caso de México, se describen las diferencias de las estadísticas de algunos estados con las del INEGI.

El libro cierra con una serie de reflexiones sobre la importancia de la integridad de los datos, llagando a la conclusión de que los villanos son casi siempre las autoridades que, a veces, cuentan con aliados en las instituciones encargadas de generar información. Es decir, es el Estado el transgresor del derecho que tienen los ciudadanos a conocer su realidad con veracidad y oportunidad pues, cuando la información la considera contraria a sus expectativas incurre en el engaño, ya sea ocultando o reservando la información o, bien, manipulándola.

Contar verdades es la misión del INEGI, así como de otros organismos autónomos, como es el caso del CONEVAL (y como lo fue del extinto INEE). La verdad junto con la transparencia son componentes sine qua non de las democracias. Por el contrario, las mentiras y la opacidad son propias de las demagogias y de las dictaduras. El nuevo decreto del presidente de reservar la información de sus obras prioritarias, por considerarlas de seguridad nacional, habla mucho de qué lado se inclina.


Presidente del Consejo Directivo de Métrica Educativa A. C.
@Eduardo
Backhoff 
Fuente de la Información: https://www.educacionfutura.org/contar-verdades-esencia-de-las-democracias/
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Un siglo de acoso a mujeres oficinistas

Por: Leonardo Frías

Hace un siglo que las mujeres en México llegaron a las oficinas. Era 1920, un entorno laboral dominado por los hombres, y una profesión relativamente nueva para ellas, en ese contexto inequitativo se sentaron las bases para las condiciones del empleo femenino.

Así lo expuso en la UNAM Sussie S. Porter de la Universidad de UTAH, al dictar la conferencia La Respuesta de las Mujeres al Acoso Laboral 1920-1950, presentado en el Instituto de Investigaciones Históricas (IIH), como parte de la jornada del 25N.

Inició el acoso laboral como parte de la desigualdad de género, los factores que sentaron las bases ocurrieron entre 1920 y 1940, cuando se dio la expansión en la burocracia estatal, y el boom de las mujeres oficinistas.

“Las desigualdades empezaron desde la preparación de las mujeres, ellas iban a la entonces primera Escuela Comercial para Señoritas, Miguel Lerdo de Tejada, abierta en 1905, que preparaba oficinistas, mientras ellos acudían a la universidad.”

Identidad laboral

Al presentar los avances de su investigación, Porter, quien forma parte de los departamentos de Historia, Género y de Estudios Latinoamericanos, de la mencionada universidad estadunidense, agregó que la cultura del trabajo enfatizaba la femineidad de las mujeres, desde su ropa, hasta como se referían a ellas.

“A todas las mujeres las llamaron ‘señoritas’ desde 1920, y se refiere de una manera estrecha como una identidad laboral, que significaba soltera, dispuesta y disponible”, mencionó.

Había desde entonces, dijo, una segregación ocupacional, un techo de cristal, donde las señoritas tomaban dictado a sus jefes y ganaban salarios menores; todo ello reforzó su vulnerabilidad y se crearon condiciones que sentaron las bases para ejercer el acoso sexual.

“Había una cosificación de las mujeres y su continua sexualización, incluso en las convocatorias de vacantes se pedía que las señoritas fueran elegantes, ya que para la elegibilidad de su puesto de trabajo se solicitaba buena apariencia”.

Según las fuentes consultadas por Sussie Porter, a aquellas quienes se quedaban con el empleo se les pedía rapidez en la taquigrafía, incluso había un concurso femenino para ello.

“Además de tales habilidades, se les solicitaba disposición psicológica hacia el hombre. La periodista María Aurelia Reyes escribió en ese entonces que, por ejemplo, la secretaria siempre debía ir un paso adelante de su jefe, para que él pudiera realizar otras actividades, como acudir al cine.”

Asimismo, debían ser discretas, y prever cuándo o en qué momento debían ausentarse de la oficina. Además, las secretarias nunca deberían de llorar, sino esperar a ser felicitadas por ser tan productivas “como una máquina de escribir”.

Primeras denuncias

Acompañada de Elisa Speckman Guerra, y Claudia Amalia Agostoni Urencio, directora e investigadora respectivamente del IIH, Porter relató que algunos periódicos de la época ayudaron a delinear la imagen y el acoso a la mujer en México.

En las vacantes publicadas en algunos diarios se solicitaban requisitos como guapas, agradables y de buena conversación, o incluso hubo episodios y caricaturas referentes a una campaña de sexualización de las telefonistas.

“Las primeras denuncias en aquellos años fueron hechas por mujeres en defensa de otras, por ejemplo, en la denominada Revista Mujer, María Elena de García Sánchez denunció sobre lo que había ocurrido a otras mujeres: ‘lo que hace falta es moralidad en los jefes, en vez de trajes de última moda’”, decía.

Al referirse a los años 30 del siglo pasado, Sussie Porter citó a Otilia Zambrano, quien como empleada de la SEP dijo que siempre serían una tentación, por lo que los hombres deberían de comportarse de forma adecuada, y acostumbrarse a la belleza femenina y a su autonomía, porque podían vestirse como ellas quisieran.

Años más tarde, Sarah Batiza Berkowitz, justamente egresada de esa escuela comercial, y quien trabajó en la Secretaría de Hacienda, escribió un libro de ficción basado en todas las vivencias de sus compañeras, el cual fue base de la película Nosotras las taquígrafas (Emilio Gómez Muriel, 1950).

“Habla sobre la subordinación de la mujer en el trabajo, que se replica en la sociedad, con salarios inferiores y menor preparación que las hace vulnerables, porque mientras ellos conducen autos, ellas van en transporte público”, indicó.

Actualmente, finalizó Porter, muchas mujeres no reportan el acoso sexual en su trabajo por temer a no encontrar justicia, y porque no ha existido el espacio para reclamar tales actos, “¡es muy importante que lo entendamos!”

Fuente de la información e imagen:  Gaceta UNAM

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[Manifiesto] ¡Por una Universidad de Guadalajara democrática! Una profunda crisis académica y política. México

Por: Silverio Quintero Gutiérrez

1. Nunca, en tan poco tiempo, la Universidad de Guadalajara (UdeG) es objeto de un gran escándalo local y nacional. Nos referimos al conflicto existente entre las autoridades universitarias y el Gobierno estatal, y de las reiteradas acusaciones del presidente López Obrador caracterizando de cacique al exrector Raúl Padilla López. La Feria Internacional del Libro (FIL) en estos momentos es un escándalo mayúsculo en medio de protestas contra el exrector y porque nuevamente la nomenclatura burocrática la utiliza como tribuna para atacar al presidente del país.

Pero no es la institución misma la del escándalo público, sino sus propias autoridades universitarias, especialmente quien ha detentado el poder caciquil desde hace más de tres décadas: el ya mencionado exrector. Desde entonces, esta institución es la Universidad de los escándalos. No es la comunidad universitaria –estudiantes, académicos y administrativos– la responsable de la profunda corrupción imperante de la crisis académica y de gobierno, sino los altos funcionarios, en particular los del grupo de poder del exrector. Dicho grupo de poder carece de legitimidad democrática, tanto al interior de la universidad como al exterior, donde la sociedad civil no se ve reconocida.

2. ¿Cuál es la situación actual de la UdeG? Un balance general muestra una crisis generalizada, tanto en los procesos de enseñanza–aprendizaje como en las labores de investigación y, no menos importante, en su forma de gobierno. Es una profunda crisis universitaria, es decir, las tareas sustantivas –docencia, investigación y difusión cultural– hace largo tiempo se encuentran en creciente deterioro. Pero esta degradación universitaria obedece principalmente a las consecuencias políticas de las estructuras de poder centralizado burocrático, autoritario y antidemocrático, regido unipersonalmente. Es una estructura corporativa–clientelar con base al control absoluto del Consejo General Universitario (CGU), la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) y los dos sindicatos blancos (patronales): Sindicato Único de Trabajadores Universitarios de la Universidad de Guadalajara (SUTUdeG) y el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara (STAUdeG).

3. Los grandes problemas universitarios son tanto de naturaleza académica como laboral y de opacidad en el manejo del presupuesto financiero. La mayoría de estos problemas se han agudizado desde que las autoridades universitarias vienen compartiendo complacientemente las políticas neoliberales desde finales de los años ochenta. Es la mercantilización de la educación, y con ella un proceso gradual e indirecto de privatización, por ejemplo, con el cobro de colegiaturas y de pagos por los exámenes de admisión para los estudiantes aspirantes (College Board), cuya finalidad perversa es la exclusión de decenas de miles jóvenes estudiantes y al tiempo el negocio de los exámenes.

Una situación que contribuye a la baja calidad académica es la precariedad laboral de la mayoría del personal académico que percibe bajos salarios, especialmente los profesores de asignatura casi impedidos de acceder a una plaza fija con titularidad del contrato personal. A tal situación contribuye el actual sindicalismo corporativo–patronal. A esto debe sumarse la enorme brecha salarial entre la alta burocracia universitaria con sueldos estratosféricos (y en la mayoría de los casos dobles sueldos), y la mayoría del personal académico y administrativo con míseros ingresos. Los privilegios o canonjías de una élite burocrática representan un gasto considerable del presupuesto universitario.

La prevalencia de los criterios políticos sobre los asuntos académicos da por resultado un deterioro de la docencia y de la investigación, pues la designación de muchos de los responsables inmediatos de atender los procesos de enseñanza–aprendizaje carecen de la formación académica adecuada y de una reconocida trayectoria en su campo de estudio. Los cargos, por ejemplo, de las jefaturas departamentales se designan al margen de las decisiones del personal académico, pues se consideran primero los intereses políticos de subordinación irrestricta, de sumisión incondicional a la jerarquía burocrática con base al clientelismo, al compadrazgo o al amiguismo; es una burocracia académica–administrativa enquistada, que se reproduce según los intereses políticos predominantes sin prioridades académicas, ocasionando, entre otras cosas, que los planes de estudios sean obsoletos y no respondan a las necesidades sociales sino a las necesidades mercantiles.

La difusión cultural se proyecta como disfraz del mercantilismo empresarial: El grupo de poder a manos del exrector fomenta el negocio del espectáculo (Auditorio Telmex, Teatro Diana, entre otros) del showbusiness de alfombra roja, dejando la difusión cultural universitaria como mero ropaje de apariencia. La mayoría de los estudiantes no pueden pagar los precios de los boletos de acceso a los espectáculos de estos recintos “culturales”. Los programas televisivos de Canal 44 de análisis político a manos de periodistas a quienes se les paga sueldos elevados son de dudosa calidad, habiendo profesores e investigadores bastante capaces en estos temas. Por supuesto, existen buenos programas televisivos y radiofónicos informativos.

Los problemas relativos al hostigamiento sexual por maestros y funcionarios son escándalos cotidianos debido a la impunidad política prevaleciente. La Defensoría de los Derechos Universitarios o el Protocolo institucional para la Prevención del Acoso, Hostigamiento y la Violencia de Género casi son figuras decorativas en la solución de estos problemas.

Pero uno de los problemas más importantes es la opacidad en el manejo de las finanzas universitarias, porque desde hace largas décadas el círculo cercano al exrector, empezando por éste mismo, ha hecho una considerable fortuna que no puede explicarse por sueldos percibidos. En ello tiene que ver las 16 empresas parauniversitarias que funcionan como verdaderos negocios en propiedad del exrector. Hoy día, en estas circunstancias de profunda crisis, la UdeG se encuentra sumida en una crisis académica y de gobierno muy honda, pues se carece de valores éticos universitarios, hay ausencia de un ethos humanista político, filosófico, cultural, educativo, pues más que administrarse como institución educativa pública para beneficio de la sociedad entera, se maneja como empresa promotora de espectáculos y entretenimiento para fines privados.

Los miembros de la élite universitaria se han perdido en la frivolidad empresarial, y enfocaron sus intereses a preparar los espacios para los grandes negocios. Por ello, la institución quedó en manos de administraciones gerenciales de rectoría sin rumbo. La universidad no ha cumplido con su función para el desarrollo de proyectos que contribuyan a impulsar la economía y el empleo en las distintas regiones de la entidad. La Red Universitaria está en función de intereses clientelares y políticos partidistas como Hagamos. La autocrítica y los diagnósticos objetivos sobre la realidad jalisciense casi no existen en la UdeG, empezando porque muchos de sus maestros e investigadores no cuestionan públicamente su propio entorno; de hecho, no existe pensamiento crítico en las aulas y espacios escolares porque nuestra cultura política universitaria es resultado de una cultura corporativa que adormece las ideas y pensamientos de los estudiantes y maestros. Eso ha permitido la manipulación estudiantil, particularmente del preparatoriano, para fines políticos del grupo caciquil en tanto grupo de presión. Si es que existe pensamiento único es en la UdeG porque la megalomanía del autócrata reina absoluta en sus dominios universitarios.

El concepto de autonomía universitaria es muy flexible y las autoridades de la UdeG la manejan a su antojo para beneficio propio. Es muy cierto que se requiere mayor presupuesto para esta institución, pero este presupuesto debería destinarse a las tareas sustantivas de docencia, investigación y difusión, y no principalmente para aquellas actividades de relumbrón y oropel como la FIL o los festivales de cine (FICG).

4. El modelo político vigente en la Universidad de Guadalajara está incontrovertiblemente agotado, pues contribuye al deterioro institucional. Son múltiples y diversas las debilidades y fortalezas de la institución, como plurales los temas a abordar, discutir y diagnosticar, pero es innegable su profunda crisis generalizada. Por todo ello es necesario replantearse la función social de esta universidad y poner a debate abierto y democrático las posibles alternativas de su desarrollo inmediato.

¿Cuál es la misión social de la universidad? ¿Cómo superar esta crisis universitaria? Proponemos una Reforma Universitaria profundamente democrática para, a su vez, realizar una reforma académica sustancial. Una reforma universitaria integral contemplaría necesariamente la modificación de la Ley Orgánica, que incorpore las figuras de plebiscito y/o referéndum para la remoción del rector o de cualquier funcionario universitario.

De igual manera es necesaria la creación de la figura democrática para defender los derechos legítimos de los sectores de la comunidad universitaria. Es imprescindible una auténtica auditoría para empezar a resolver los graves problemas de manejo discrecional y el desvío de fondos financieros para fines aviesos y totalmente ajenos a las tareas sustantivas universitarias y sus prioridades académicas.

Es urgente la intervención de la Auditoría Superior de la Federación para resolver este problema; es necesario desmantelar los sindicatos “blancos” patronales y crear sindicatos autónomos, democráticos y combativos; crear un movimiento estudiantil representativo e independiente, y hacer del Consejo General Universitario una verdadera asamblea representativa democrática, sin tutelajes corporativos internos ni externos; además, un incremento importante del presupuesto debería ir directamente a la mejora salarial del personal académico y administrativo para elevar la calidad académica institucional.

La universidad debe someterse a debate abierto y democrático. Nuestra universidad puede y debe contribuir a los necesarios procesos democráticos estatales y nacionales, a condición de su propia democratización. Una transformación de fondo para tener una universidad democrática es deseable y posible a condición de que sea realizada por un esfuerzo colectivo, unitario, de la propia comunidad universitaria para beneficio de la sociedad jalisciense.

Silverio Quintero Gutiérrez: Profesor

Una profunda crisis académica y política

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Pueblos originarios de México contra el poder de las transnacionales

Organizaciones europeas –más de 500- apoyan el recorrido por el viejo continente de las delegaciones del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Congreso Nacional Indígena (CNI) de México, del que forma parte el movimiento zapatista.

En el contexto de la Gira, la delegada otomí del CNI, Marisela Mejía Pérez; y el delegado rarámuri del Congreso, Francisco Palma Aguirre, visitaron el País Valenciano –entre el 22 y el 25 de noviembre- e impartieron una conferencia sobre La lucha contra los megaproyectos de muerte en México en el Centre Octubre de Valencia.

El CNI se constituyó el 12 de octubre de 1996, con el fin de ser la casa de los pueblos originarios, tribus y naciones de México. Denuncian 500 años de exterminio y que el capitalismo “se nació de la sangre de nuestros pueblos y continúa alimentándose de ella”. Se caracteriza, en su página Web, como espacio de solidaridad y reflexión para fortalecer las luchas de resistencia y rebeldía. La de los pueblos –añaden- que llevan en la sangre, en la carne y en la piel, toda la historia, sabiduría, cultura, lengua e identidad.

Entre sus siete principios, figuran “servir y no servirse”; “convencer y no vencer”; “obedecer y no mandar”; “bajar y no subir” o “proponer y no imponer”. En 2001, el CNI se sumó a la Marcha Nacional Indígena –del color de la tierra– encabezada por el Ejército Zapatista, y que llegó a la Plaza del Zócalo de Ciudad de México con la consigna “Nunca más un México sin nosotros”.

El pasado 21 de noviembre el CNI reproducía un comunicado solidario de la Unificación de Pueblos contra la Minería en el estado de Morelos; se denunciaba la “cobarde represión” y las agresiones (“golpeadores con la complicidad policial”) contra seis miembros del colectivo Pueblos Unidos en la comunidad de Santa María de Zacatepec, en el estado de Puebla (dos comunicadores populares y defensores ambientales –Alejandro Torres Cocolatl y Michel Torres- fueron detenidos por la policía municipal).

El mismo día se informaba del ataque a la población zoque del Ejido Esquipulas Guayabal (municipio de Chapultenango, Chiapas) por parte de un grupo armado, con el resultado de pobladores heridos, desaparecidos y casas quemadas; el comunicado hacía responsable al Estado y su “negligencia para resolver el conflicto agrario” en México.

Asimismo, el 21 de noviembre el CNI convocaba al Foro Nacional de las Resistencias y alternativas de los pueblos ante el capital trasnacional y la Militarización, que se celebrará los días 4 y 5 de diciembre en el Istmo de Tehuantepec (Oaxaca).

Durante su estancia en Valencia, Marisela Mejía y Francisco Palma participaron en la tertulia que siguió a la proyección del documental Remedio México, de Cucho Ramírez, en los cines Babel; la película se incluye en la programación de la XII Mostra Itinerant de Cinema i Vídeo Indígena del País Valencià, organizada por la ONG Perifèries, la Assemblea de Solidaritat amb Mèxic y la Xarxa Solidària Gira per la Vida del País Valencià. Los dos activistas fueron entrevistados en Radio Klara y La Radio i Televisió del Poble. La CGT se sumó a las acciones de apoyo.

Los dos miembros del CNI recordaron, en el Centre cultural Octubre, que se cumplen 25 años de la fundación del Congreso. Por este motivo el CNI-Concejo Indígena de Gobierno (CIG) emitió el 21 de octubre un pronunciamiento -dirigido a los pueblos del mundo- en el que se denuncian los “megaproyectos de muerte”. Así, “No queremos el Tren Maya (1.550 kilómetros por las principales regiones de la Península del Yucatán) que convierta todo el sur-sureste de nuestro país en un eslabón del capital trasnacional; en la extracción, contaminación, destrucción y despojo, en las vías y sus alrededores y en toda la región”.

Por otra parte, añade el pronunciamiento, “no queremos el Corredor Transístmico, que convierta en una fábrica de energía eólica, maquilas y explotación de minerales zonas enteras desde el Océano Pacífico hasta el Golfo de México”.

Otra de los macroactuaciones denunciadas por el CNI-CIG es “el Proyecto Integral Morelos (promovido por el Gobierno de México para la generación de energía eléctrica), que atenta contra el territorio de las comunidades de Tlaxcala, Puebla y Morelos en los pueblos del volcán Popocatépetl y que reprime con la muerte a quienes cuestionan o se oponen, como el compañero Samir Flores Soberanes”.

Una de las empresas citadas en el acto de Valencia fue Acciona. En febrero esta multinacional española anunció que emprendería la construcción -en consorcio con la minera y constructora Grupo México- del Tramo 5 del Tren Maya, entre Playa del Carmen y Tulum (Riviera Maya, en el estado de Quintana Roo).

Adjudicada y valorada en 713 millones de euros, la iniciativa implica la construcción de 60 kilómetros de doble vía electrificada, e incluye un viaducto ferroviario de siete kilómetros en Playa del Carmen. En una nota informativa, Acciona relaciona la infraestructura del Tren Maya con “los más de tres millones de turistas que cada año visitan la zona”. La compañía da cuenta de otras inversiones que realiza en México: 1.300 megavatios operativos en energía eólica y fotovoltaica.

Asimismo el ejecutivo español informó, en diciembre de 2020, de que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) del Gobierno de  México había adjudicado un contrato para el Tren Maya –de tres años por valor de 13,5 millones de euros- a un consorcio formado por Renfe; la ingeniera y consultora pública española Ineco y la alemana DB Engineering & Consulting; las adjudicatarias “prestarán apoyo durante el periodo de construcción y supervisarán la fabricación, entrega y puesta en marcha del material rodante”.

En el mismo comunicado del Consejo de Ministros español, se afirma que el Tren Maya es un “proyecto prioritario del Gobierno de México (presidido por Andrés Manuel López Obrador) para el transporte de viajeros y mercancías”.

“¡Exigimos a Iberdrola la cancelación de los parques eólicos y fotovoltaicos en México y Latinoamérica!” Es uno de los lemas utilizados por la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio; y la Coordinadora de Pueblos y Organizaciones del Estado de México en Defensa de la Tierra, el Agua y su Cultura, durante una protesta el 4 de noviembre ante las oficinas de multinacional española en Ciudad de México.

Se trataba de una acción de solidaridad con los pueblos del Istmo de Tehuantepec, contra los megaproyectos y el lavado verde, en la que los activistas denunciaron –en un escrito dirigido a los directivos de Iberdrola- “el engaño, el despojo, la destrucción y la contaminación ocasionados por sus energías mal llamadas ‘limpias’”.

En el escrito, los movimientos populares rechazaban macroiniciativas de supuesto “progreso y modernidad”, como el Corredor Interoceánico, “los Aeropuertos militarizados de Santa Lucía-Estado de México y Tulum-Quintana Roo; el Parque Urbano mal llamado ecológico en el Lago de Texcoco, por cuya ribera avanza dividiendo comunidades y ejidos la autopista Tuxpan-México, vinculada al puerto marítimo de Tuxpan-Veracruz en el Golfo de México; o la Refinería de Dos Bocas en Tabasco”.

Marisela Mejía y Francisco Palma han alertado, asimismo, sobre la situación de los defensores en México; el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) señala que 18 defensores del medio ambiente fueron asesinados durante 2020 (estos homicidios se incluyen en las agresiones -90- llevadas a término en 65 ataques diferentes). Con una perspectiva más amplia, la ONG cifra en 460 las agresiones contra personas defensoras del territorio entre enero de 2012 y diciembre de 2018.

En cuanto a la violencia perpetrada por sectores, el CEMDA destaca el forestal –principalmente respecto a las talas clandestinas- y las vías de comunicación; de hecho, la organización ha identificado ocho ataques en 2020 en relación con el Tren Maya; tres con el proyecto de la carretera en San Francisco Xochicuautla (Estado de México); y otros tres con la construcción del Puente Vehicular Xochimilco (Ciudad de México).

Tras ocho años de trabajo documental y de registro, el CEMDA constata una “violencia estructural y generalizada contra quienes defienden el patrimonio natural, la tierra y el territorio”.

Fuente: https://rebelion.org/pueblos-originarios-de-mexico-contra-el-poder-de-las-transnacionales/

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México: Docentes de Michoacán exigen pago de bonos y mejor presupuesto

América del Norte/México/03-12-2021/Autor: Ernesto Martínez Elorriaga/Fuente: www.jornada.com.mx

Morelia, Mich. Al menos 250 profesores de la expresión Poder de Base se plantaron esta mañana frente a las oficinas del Ejecutivo estatal para exigir el pago de cuatro bonos que aún están pendientes, y se les garantice puntualmente el pago de salarios y prestaciones.

En tanto, integrantes de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la educación (CNTE) reclamaron al gobierno estatal que la iniciativa presupuestal presentada ante el Congreso local para el próximo año, no se haya contemplado un incremento para el sector educativo, a sabiendas de que un déficit de miles de millones de pesos.

Luego de marchar al centro histórico de Morelia, miembros de Poder de Base exigieron también la contratación de egresados de las ocho normales del estado, así como la garantía de que en 2022 se pagará puntualmente salarios y prestaciones.

En un comunicado de prensa, la CNTE de Michoacán manifestó que para el pago a maestros de agosto a diciembre de este año —que incluye salarios, prestaciones y bonos— “el gobierno del estado recibió un adelanto de tres mil 800 millones de pesos que serán descontados en el transcurso de 2022, lo que significa que habrá nuevamente un déficit que impedirá el pago de salarios a maestros después de junio, por lo que pedimos que los ingresos de los trabajadores de la educación queden plasmado en el presupuesto para 2022 que habrá de aprobar el Congreso de Michoacán”.

En tanto, el secretario de gobierno, Carlos Torres Piña, sostuvo que el pago de quincenas y aguinaldos para lo que resta del año está garantizado.

Agregó que se debían cuatro bonos, dos de ellos ya fueron pagados a mediados de noviembre y dos se pagarán en los próximos días, y que están haciendo lo necesario para que el próximo año no haya problemas con retraso de salarios.

Fuente e Imagen: https://www.jornada.com.mx/notas/2021/12/01/estados/docentes-de-michoacan-exigen-pago-de-bonos-y-mejor-presupuesto/

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Identifican a autor de masacre en escuela de Estados Unidos

América del Norte/Estados Unidos/03-12-2021/Autor(a) y Fuente: www.telesurtv.net

Los padres del acusado han prohibido a las autoridades interactuar con él y solo dejan que se comunique el abogado.

Autoridades de Míchigan en Estados Unidos (EE.UU.) identificaron a Ethan Crumbley de 15 años de edad como el perpetrador de la masacre del pasado martes en la escuela Secundaria del municipio de Oxford, donde se reportaron cuatro decesos y ocho herid.s y por la que ha sido acusado de asesinato y terrorismo.

La Justicia le imputó a Crumbley los delitos de asesinato y terrorismo, al mismo tiempo detalla que el arma usada por el adolescente era de su padre y que, en días previos al hecho, Crumbley había sido intimidado en la escuela aunque aún se desconocen las causas del hecho.

En tal sentido, la fiscal del condado de Oakland, Karen McDonald, subrayó que las autoridades se encuentran seguras de que el hecho fue premeditado pues existen disímiles evidencias que lo demuestran.

Al tiempo de que los padres del menor negaron que este hablara con las autoridades, el abogado del acusado ha informado que el joven se declaró no culpable de todos los cargos.

Sin embargo, el acusado fue detenido en el lugar de los hechos y las autoridades informaron que el menor tenía consigo siete rondas extras de munición al momento del arresto.

Desde enero hasta septiembre de 2021 se registraron en Estados Unidos al menos 170 tiroteos en escuelas que incluye kínder, 12 grado y jóvenes de 17 y 18 años. Una de las mayores matanzas de este tipo aconteció el 27 de febrero de 2021 en la secundaria Chardon de Oakland, California, dejando un saldo de tres fallecidos y tres heridos.

Fuente e Imagen: https://www.telesurtv.net/news/identifican-perpetrador-masacre-escuela-estados-unidos-20211201-0032.html

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México: Comisión de derechos humanos en CDMX no protege a víctimas durante marchas

Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa

Durante la protesta por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México no cumplió con su función de promover y acompañar la denuncia de manifestantes agredidas, aseguró Daniela Cerva, investigadora lesionada durante la marcha.

El pasado 25 de noviembre, durante la protesta feminista en la Ciudad de México, la investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Daniela Cerva Cerna, fue lesionada en la cabeza con una piedra, que, aseguró, provino directamente de un policía (mezclado entre el grupo de mujeres policías llamado “Atenea”) que la arrojó hacia las manifestantes.

Cerva Cerna actualmente investiga la criminalización de las protestas feministas en México, para lo cual, durante la marcha del 25 de noviembre, observó y documentó de cerca la actuación policial en contra de las manifestantes. Fue durante esta labor cuando la investigadora resultó herida.

En cuanto la piedra lesionó y sangró su cabeza , personal de la CDHCDMX –que asiste a las protestas para observar, monitorear y, en caso de presenciar una agresión, documentar, promover y acompañar una posible denuncia– se acercó inmediatamente a ella y, con una manta, impidió que alguien le tomara fotografías.

En medio de los hechos, Cerva Cerna no pudo identificar al presunto policía que la habría agredido, ya que éste avanzó inmediatamente entre el contingente policial, además de que funcionarios de la CDMX que asistieron con chalecos naranjas, también le impidieron tomar fotografías.

Aseguró que cuando pidió el nombre de una de las funcionaria de la CDHCMX y le dijo que quería denunciar, ésta se negó a identificarse y no propició su denuncia.

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México no cumplió con su función de promover y acompañar la denuncia de manifestantes agredidas por la policía; por el contrario, parece que hay una estrategia para protegerlos, aseguró Daniela Cerva -autora de los textos como “La protesta feminista en México: la misoginia en el discurso institucional y en las redes sociodigitales”–, en entrevista con Cimacnoticias.

Es de destacar que la represión por parte de la policía en contra de manifestantes mujeres durante diversas movilizaciones sociales a favor de sus derechos ha sido motivo de llamamientos por parte de la Oficina de las Naciones Unidas.

En su informe “México: la (i) era de las mujeres”, Amnistía Internacional documentó que distintas autoridades en México han respondido al ejercicio de la libre manifestación y la libertad de expresión por parte de las mujeres, con violencia y vulneración de sus Derechos Humanos.

De acuerdo con Amnistía, las autoridades responden a las protestas de mujeres y contra la violencia de género, con excesivo e innecesario uso de la fuerza, con detenciones ilegales y arbitrarias, con abuso verbal y físico basado en el género contra las mujeres y con violencia sexual.

Tras desplegar a miles (sin cifras) de policías, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que la marcha del 25 de noviembre fue mayormente pacífica y que el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) brindó atención médica en el sitio a 17 personas, de las cuales 11 fueron mujeres policías, una servidora pública y cinco civiles, entre ellos un integrante de medios de comunicación.

Fuente de la información e imagen: CIMAC Noticias

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