Algunas comunidades bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) despidieron a las orillas de los ríos Jataté, Tzaconejá y Colorado a las y los delegados que realizarán la «Travesía por la vida, capítulo Europa», informaron en un comunicado. La delegación zapatista se prepara para zarpar hacia Europa y encontrarse con luchas y movimientos de más de 30 países.
Por: Juan Carlos Silas Casillas
En algún momento de la campaña presidencial del 2018 y los primeros meses del sexenio 2018-2024, el presidente López Obrador utilizó la expresión “fifí” para referirse a las personas e instituciones que pretendían dar una imagen de liberales o progresistas y que, sin embargo, se trataba de actores más bien conservadores que buscan defender sus privilegios o al menos el estatus quo. Por momentos algunas personas tergiversaron el sentido de la expresión y lo orientaron hacia “rico” o incluso “amanerado”, generando una innecesaria crispación social, cuando el sentido original está más cercano a pretensioso. En este sentido, la Ley General de Educación Superior (LGES) se puede calificar como una ley fifí porque pretende ser lo que no es. En los siguientes párrafos se presentan algunas ideas que dan soporte a la afirmación.
Tras un largo proceso de consultas, foros y mecanismos electrónicos para recoger las opiniones de los interesados, a finales del año 2020 los 108 senadores que asistieron a la sesión la aprobaron de manera unánime. Hace unas semanas, 389 diputados de todas las bancadas la aprobaron y el 20 de abril, se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Académicos de Instituciones de Educación Superior (IES) públicas y privadas han señalado inconsistencias y avizoran problemas. Una nota del 17 de marzo de este año en un periódico nacional señaló que 150 sindicatos universitarios rechazan la LGES por contravenir al artículo tercero de la constitución e instaban al presidente López Obrador a no promulgarla. Otras voces la acusan de ser neoliberal y privatizadora o de abrir la puerta a que las instituciones establezcan requisitos de forma unilateral.
Si se hace un rápido recuento histórico, lo primero que se debe señalar es que esta nueva LGES sustituye a la Ley de Coordinación de la Educación Superior de 1978 que francamente era letra muerta. En la práctica tenía poca importancia. Hablaba, entre otras cosas, de varios consejos nacionales consultivos (de educación normal y tecnológica) y tal vez era algo con cierta utilidad a la mitad del sexenio de López Portillo, pero 42 años después ya no. Un análisis minucioso puede dar cuenta de que la educación en México se ha regulado más con base en acuerdos secretariales que en leyes. En el caso de la educación superior y en específico la privada, el famoso acuerdo 279 de julio del 2000 y los que le nacieron: 17 11 17 del año 2017 y 18 11 18 del año 2018 o incluso en 286 (de octubre del 2000 y reformado en 2017) surgieron de la interpretación de la realidad que tenían los funcionarios en turno y de la factibilidad de poner en marcha sus ideas, tratando de establecer un marco regulatorio al crecimiento descontrolado de la educación superior privada. En este sentido, la LGES se parece más a la conversión en Ley de lo que ya se estaba haciendo desde los acuerdos secretariales que a una verdadera ley moderna y visionaria como la que necesitamos.
La LGES perdió la oportunidad de ser un elemento de transformación de la educación superior y se convirtió en la reiteración de lo que ya se hacía. Por otro lado, algunos de sus vicios permanecen, lo que significa una omisión importante a la luz de lo que los académicos y funcionarios educativos aspiramos para este y los próximos sexenios. Por señalar dos ejemplos: A) el artículo 17 de la Ley de Coordinación ya señalaba que algunas IES públicas podían otorgar y quitar RVOE a las IES privadas. B) el artículo 19 ya habla de que se multaría con 100 mil pesos (pesos de 1978) a las IES que no se registraran ante la SEP (no se entiende si se trata de RVOE o no) y la posibilidad de clausura si se reiteraba la falta. Ya estaba ese gusto por poner en las leyes cosas que corresponden a reglamentos, y no se corrigió. 43 años después tenemos frente a nosotros una LGES conservadora y reglamentaria que denota el firme interés por convertir en ley los acuerdos y en apoyar la ampliación de cobertura a partir de la acción del gobierno federal.
Algunos de los elementos positivos de la LGES son: 1) La voluntad de fortalecer el servicio social y convertirlo en una aportación a la comunidad, 2) La inclusión y la cultura de la paz y no violencia, especialmente a las mujeres, 3) El presumible apoyo a las Tecnologías de Información y Comunicación, 4) La vinculación (integración) con el sector productivo y 5) un relanzamiento de los Consejos Estatales de Planeación de la Educación Superior o su equivalente. Pero, siendo sinceros, incluso estas y otras ideas promisorias no son algo de avanzada, más bien es un nuevo intento de actualizar y convertir en ley lo que ya se proponía por otras vías. Es esperable que en un futuro se pueda ir hacia innovaciones mayores. De momento su foco está en reforzar la posición rectora del Estado en lo que ya existe desde los acuerdos secretariales, lo que deja como pendiente la creación de un sistema educativo superior nacional que funcione como verdadera palanca para el desarrollo nacional.
En lo que respecta a las IES de financiamiento público, busca asegurar que los recursos no disminuyan y usar la infraestructura instalada en la promoción de una de las promesas del actual gobierno: garantizar que se amplíe paulatinamente la matrícula hasta que se pueda cumplir la idea de una educación superior obligatoria y gratuita ofrecida por el Estado. En lo tocante a las privadas se reitera una visión de sospecha y se subalteridad. A pesar de representar un tercio de los estudiantes y profesores, así como 75% de las instituciones, la LGES asume una posición conservadora y centralista al evitar verlas como socios o al menos como actores confiables en la transformación nacional. No las asume como una fuerza más en la mejora comunitaria, científica y académica, más bien las ve como una caterva de emprendedores, creadores de pequeños negocios que requieren ser regulados para proteger a “los clientes”: los estudiantes y sus familias. La LGES parece centrar su mirada en el control más que en el desarrollo, asumiendo que las privadas “no dan el litro o kilo completo” y que son las únicas incumpliendo el compromiso formativo con estudiantes y familias…. tal vez no sean las únicas.
El desdén hacia las instituciones privadas queda claro en que están prácticamente excluidas del Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior. Lo mismo sucede en la composición de las Comisiones Estatales para la Planeación de la Educación Superior, o sus equivalentes. En otras palabras, es una participación simbólica.
Con relación a la autoridad que expide el Registro de Validez Oficial de Estudios RVOE existe un problema desde 1978 que se decidió no solucionar. El texto señala que el RVOE lo otorga la autoridad federal o estatal, o bien una institución pública facultada para ello. Actualmente, de acuerdo con Adrián de Garay, hay 14 Universidades Autónomas que otorgan RVOE, que no incorporación, mecanismo importante que parece soslayado en la LGES. Las IES públicas que lo otorgan son, las Universidades Autónomas de Baja California Sur, de Ciudad Juárez, de Chihuahua, de Coahuila, del Estado de Hidalgo, del Estado de México, del Estado de Morelos, de Nuevo León, de Querétaro, de Quintana Roo, de Yucatán, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional. La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) lo tiene en su ley orgánica pero no lo hace. Como ya se ha señalado en este y otros espacios, esto genera castas entre las instituciones de educación superior y que haya instituciones públicas que son parte del subsistema universitario como actores y también como autoridad que decide si se otorga o retira el RVOE, en pocas palabras, son juez y parte. Este tipo de errores históricos no corregidos solamente preservan el estatus quo en vez de transformar la educación.
Por último, el elemento estelar de la LGES en su trato con las IES privadas se centra en crear un Reconocimiento a la Gestión Institucional y Excelencia Educativa. No se sabe si se trata de un guiño hacia FIMPES o una acción para darle participación a los organismos acreditadores extranjeros o nacionales. En todo caso, no constituye un empujón hacia la calidad participativa, sino que se convierte en transferir un trozo de la participación y responsabilidad a los CIEES o los organismos que están bajo el paraguas COPAES. Es un reconocimiento de parte del estado a las IES privadas que cuentan con alta calidad en la provisión del servicio educativo, lo que es correcto. Sin embargo, se queda corto ya que ignora otras funciones sustantivas como la investigación, creación de ciencia y tecnología o el impacto social.
Algo preocupante señalado en muchos escenarios es que se dedica a determinar infracciones y sanciones (que corresponderían a un reglamento) o incluso a prescribir acciones que, aunque nobles, no corresponden a una ley general. Por ejemplo, el artículo 38 establece la creación de un Registro Nacional de Opciones, para que los posibles estudiantes conozcan el menú de programas e instituciones por los que pueden optar o el artículo 43-I-e, que prescribe que debe haber transporte escolar exclusivo para mujeres. Nobles ideas ambas, pero completamente fuera del alcance de una ley general.
En síntesis, la LGES es conservadora y se regocija en normar minucias operativas o establecer con carácter de ley lo que ya se tenía en los acuerdos secretariales. ¿Es una mejora comparado con lo que se tenía?, sí, sin duda. ¿Es la ley que necesita la educación superior? No, evidentemente se quedó corta y se asienta en ideas muy conservadoras. Falta mucho para que sea el elemento progresista, pro social y desarrollador que se necesita. En este sentido, con todo respeto, lo que tenemos es una ley Fifí, que pretende desarrollar a través de controlar. Ojalá el Programa de ampliación de oferta nacional, regional, estatal; el Programa nacional de educación superior y el Sistema de evaluación y acreditación de la educación superior no sean oportunidades perdidas en la tarea de relanzar la educación superior mexicana.
Fuente: educacionfutura
Por: Pedro Rendón
Aunque el discurso oficial del gobierno menciona que en materia educativa la prioridad está puesta en la revalorización magisterial y en colocar a los niños, niñas y adolescentes al centro, si se revisan los datos del presupuesto 2020, “es claro que no sólo no hay una política con presupuesto para la atención a la primera infancia, sino tampoco una para la formación inicial de los docentes y/o para su desarrollo profesional”, señaló la Dra. Arcelia Martínez Bordón, académica de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.
Esto fue dicho por la docente e investigadora del Departamento de Educación en Los retos del Sistema Educativo Nacional y las grandes líneas de política para atenderlos, cuarta conferencia del ciclo Especialistas frente al contexto, co-organizada por el Departamento de Ciencias Sociales y Políticas, y que forma parte del Diplomado Análisis Político de Coyuntura, impartido por la Dirección de Educación Continua de la IBERO.
En su exposición aseveró que la política pública que no se traduce en presupuestos es sólo discurso. Para ilustrar lo anterior señaló que en 2020, por ejemplo, hubo un recorte muy importante al presupuesto destinado al desarrollo profesional docente -del orden del 60.1%-; además de que no hubo un incremento, sino también un recorte de 3.5% al presupuesto de la educación inicial, no obstante que este nivel se volvió obligatorio con la reforma educativa de 2019.
Por el contrario, recordó que la prioridad en el gasto educativo se ha puesto en las transferencias de dinero a partir de becas: en el Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, para educación media superior, que tras un incremento del 62% representa el 25.4 del gasto total en ese nivel educativo; y en el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro, que luego de un incremento del 73.8% concentra el 5.8% del total del presupuesto para educación superior.
Por otra parte, la doctora Martínez, coordinadora del Faro Educativo de la IBERO, dijo que para el ciclo escolar 2018-2019 el sistema educativo nacional contaba con más de 36 millones de estudiantes -desde preescolar hasta educación superior-, poco menos de 260 mil escuelas y alrededor de dos millones de docentes para todos los niveles.
Entre los principales retos que enfrenta este sistema señaló, la equidad y calidad, que conllevan rezagos importantes que desembocan en la deserción en el nivel medio superior y en el bajo nivel de logro de aprendizajes, hoy agravado por la pandemia después de un año de educación a distancia.
Respecto a la permanencia en el sistema mencionó que, previo al problema de la pandemia por COVID-19, el sistema educativo era “un embudo”. Al analizar, por ejemplo, el tránsito escolar de las y los alumnos, se observa que de 100 que ingresaron a la primaria en el ciclo escolar 2002-2003, egresaron 92; de esos, 88 ingresaron a secundaria y egresaron 73; luego, 70 ingresaron a bachillerato o a una opción profesional técnica, pero sólo 47 terminaron una u otra; de estos 47, 35 ingresaron a la universidad y sólo la concluyeron 25 en el ciclo 2018-2019.
En cuestión de aprendizaje, Martínez Bordón, quien antes de la IBERO colaboró en el hoy desaparecido Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), rememoró que los resultados de 2018 del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (Planea), referidos al logro educativo de los alumnos y alumnas de sexto de primaria, arrojaron que el 49% tuvo un dominio insuficiente de los aprendizajes clave de lenguaje y comunicación, y 59% obtuvo un nivel insuficiente en matemáticas.
En ese mismo 2018, en el Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés), realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el 35% de las y los estudiantes mexicanos no obtuvo un nivel mínimo de competencia en tres áreas: lectura, matemáticas y ciencias -13% fue el promedio del resto de países de la OCDE-.
Tras este vistazo al sistema educativo nacional, la académica de la IBERO, universidad jesuita de la Ciudad de México, concluyó que mejorar los aprendizajes de todos los y las estudiantes debería ser una de las principales metas de la política educativa.
A partir de ello, recapituló y dijo que no se trata sólo de otorgar becas; que la investigación y evaluación educativa han dado cuenta de que se necesita una mejor planeación de las políticas, con presupuestos bien pensados, articulados y sostenidos para la preparación y capacitación docente, la mejora de la infraestructura escolar, el equipamiento y la conectividad -esta última como un tema urgente-, la elaboración planeada y no apresurada de los libros de texto, entre otras cosas, para continuar con programas e intervenciones que han mostrado su efectividad.
Fuente e imagen: IBERO
Texto y foto: Isabel Briseño
Tlachinollan en la Montaña de Guerrero documentó que desde el inicio de la pandemia en esa región 20 mujeres fueron víctimas de feminicidios. La organización lanzó una campaña para visibilizar las violencias que padecen las mujeres en esa zona: “Mar de agravios, Montaña de quebrantos”
En los últimos años ha incrementado la violencia vertiginosamente en las comunidades de la región de la Montaña de Guerrero hacia las mujeres así como hacia los defensores y defensoras que las acompañan durante los procesos en que exigen justicia. Veinte mujeres fueron víctimas de feminicidio en la región durante 2020.
Ante ello, el pasado miércoles 21 de abril Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero presentó la campaña por la vida: “Mar de agravios, Montaña de quebrantos”.
La organización busca visibilizar la violencia, la impunidad y la vulnerabilidad que está imperando en esta región.
Asimismo, las víctimas también se han denominado defensores emergentes a partir de la defensa de sus casos. Como ellos también defienden los derechos de los demás, no solo piden justicia para ellos, también para todas las víctimas que han padecido violaciones a sus derechos.
“Durante la pandemia los casos de violencia contra la mujer han aumentado exorbitante”, señala la abogada Neil Arias, integrante de Tlachinollan.
En tanto, de parte de las autoridades hay indolencia, falta de sensibilidad y ausencia de perspectiva de género. El operador de justicia, sea hombre o mujer, no da la atención debida. Desde el inicio de la denuncia las víctimas desafían en primer lugar un gran riesgo por atreverse a levantar la voz, cuando acuden ante la agencia del Ministerio Público además se enfrentan contra la falta de credibilidad y por eso muchos casos quedan impunes, agrega Arias.
La organización monitoreó desde 2014 hasta abril 2021 las agresiones a mujeres en la región, con los siguientes resultados:
Catarina Velázquez Moreno, mujer indígena Na savi, madre de Aurelia Velázquez Moreno. “Quiero saber dónde está mi hija, es un ser humano, no es un animalito para que la desaparezcan”.
Su hija fue vista por última vez en casa de sus suegros. Dejó a 3 hijos pequeños.
“He escuchado rumores de que me van a matar por pedir justicia”, continúa.
Después de 10 días de la desaparición de Aurelia, llamaron a la señora Velázquez a casa de la síndica. Ahí estaban sus consuegros, quienes además acusan a Aurelia de haber asesinado a Sergio, esposo de la mujer desaparecida.
Maribel Pérez Espinobarros, perteneciente a la comunidad de Huiztlatzala municipio de Zapotitlán Tablas, pide justicia para su hermano Ángel. Lo dice pellizcando sus manos y con voz entrecortada. Un día posterior a la desaparición, Maribel fue avisada que su hermano, su esposa y sus dos niñas aparecieron calcinados dentro de una camioneta en un crucero de Tlapa de Comonfort.
“Fue una muerte muy cruel y queremos justicia”.
En el pueblo han desaparecido más familias, ha habido muchas muertes, expresa la señora Espinobarros.
La organización y las víctimas llamaron a los gobiernos federal y estatal a desmontar las causas de la violencia. También pidieron a al poder judicial agilizar investigaciones y acceder a la justicia. Si denuncian, se arriesgan, por eso el abogado Vidulfo Rosales también solicitó medidas cautelares que garanticen la seguridad de las personas.
La Guardia Nacional no ha implementado acciones orientadas a proteger a las mujeres en la zona. Las autoridades carecen de estrategias de alcance regional para impulsar la investigación de feminicidios, y tampoco cuentan con un plan de prevención y contención ante el crimen organizado, indicó el antropólogo Abel Barrera.
Tlachinollan anunció que pedirán reuniones con autoridades federales y estatales así como con la oficina de la ONU en México para que la campaña redunde en mayor protección para las víctimas y garantice la verdad y la justicia.
Fuente e imagen: piedepagina
Por: Roberto García Hernández
En el afán por destruir la naciente Revolución, Washington desarrolló acciones de todo tipo, como el bloqueo económico, comercial y financiero, agresiones armadas y actos de terrorismo.
Sin embargo, la Operación Peter Pan, ejecutada del 26 de diciembre de 1960 al 23 de octubre de 1962, llegó a extremos de crueldad, y fue un caso de guerra psicológica dirigido a afectar lo más preciado de la familia cubana: sus hijos.
Para llevar adelante la desalmada maniobra, el país norteño y sus aliados dentro de la isla caribeña realizaron una feroz cruzada que aseguraba que el Gobierno revolucionario les quitaría la patria potestad a los padres para disponer de los hijos y enviarlos a la antigua Unión Soviética, o usarlos sin el consentimiento de los progenitores.
El medio empleado en ese mecanismo desestabilizador fue una campaña de propaganda a través de las ondas de la emisora Radio Cuba Libre (también llamada Swan), para provocar alarma y desasosiego en la población.
Entre sus antecedentes más inmediatos está la creación del Programa para Niños Refugiados Cubanos sin acompañantes, en los meses finales de 1960, por parte de contrarrevolucionarios nacidos en la isla y radicados en la península de Florida, bajo la dirección de la Agencia Central de Inteligencia.
Todo ese plan estuvo organizado por el Departamento de Estado norteamericano y la jerarquía de la Iglesia católica en Miami y La Habana, entre otras entidades y agencias federales.
Tanto dicho Programa como la Operación Peter Pan se iniciaron sin tener asegurado el alojamiento para la cantidad de infantes que esperaban sus turnos, a partir de los resultados de las insidiosas maniobras que desplegaron para lograr tales propósitos.
Además de Estados Unidos, diplomáticos de seis embajadas europeas y cinco latinoamericanas estuvieron involucrados en el trasiego de documentos y pasaportes.
De acuerdo con sus organizadores, la Operación Peter Pan finalizó el 22 de octubre de 1962, cuando comenzó la llamada Crisis de los misiles de Cuba y fueron suspendidos los vuelos entre ambas naciones. Sin embargo, durante varios años se continuó realizando de modo secreto.
Los menores de 16 años siguieron saliendo solos, vía España, con un visado regular del país ibérico, donde eran recibidos y los atendían miembros de la Iglesia católica, junto a un grupo de sacerdotes, religiosos y laicos emigrados naturales de la isla.
En una versión libre del famoso refrán, ahora esa historia se repite como otra tragedia, también protagonizada por niños, en la grave crisis migratoria que existe en la frontera de Estados Unidos con México, de la cual muchos culpan a la Administración del presidente Joe Biden.
Allí se concentran decenas de miles de indocumentados, una buena parte de ellos son infantes no acompañados, una adaptación ‘moderna’ pero igual de cruel a lo acontecido hace 60 años.
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Como entonces, los sitios donde los albergan no cumplen un mínimo de condiciones indispensables para la vida cotidiana de los menores, la mayoría de los cuales no tiene contacto alguno con sus familiares en los lugares de origen, ni aquellos que lograron pasar la frontera hacia el norte. Ahora, como durante la Operación Peter Pan, son los infantes las principales víctimas de programas mal concebidos, incoherentes y basados en intereses políticos, en esta ocasión iniciados en parte por el exmandatario Donald Trump (2017-2020), pero sin que la nueva Administración demócrata encuentre una solución definitiva a esa situación humanitaria que cada día tiende a agravarse.
(Tomado de Correo de Cuba)
Fuente e imagen: tercerainformacion.es
Por: Sylvie Didou Aupetit
Cinvestav
El Diario Oficial de la Federación (D.O.F) publicó, el 29 de diciembre de 1978, la Ley para la Coordinación de la Educación Superior. Este mismo órgano dio a conocer, el 20 de abril de 2021, una Ley General de Educación Superior (LGES), que abrogaba la anterior. Nada más habían transcurrido 43 años, entre uno y otro evento. Durante ese periodo, el sistema nacional de educación superior se había transformado profundamente en cuanto a su conformación segmentada, al tamaño de la matrícula, a los rasgos de la profesión académica, a los soportes de la enseñanza virtual o presencial y al suministro, territorial y por nivel, de los servicios de enseñanza.
Ante la multiplicación de los lugares de aprendizaje y la reconfiguración de los tiempos educativos, contar un nuevo instrumento regulatorio era de hecho indispensable para responder las reestructuraciones contextuales y las inducidas por las políticas públicas de educación superior, durante las pasadas 4 décadas. Era, además un paso esperado, conforme con el activismo legislativo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (auto-denominado Cuarta Transformación – 4T), que se había traducido previamente en la aprobación de una Ley General de Educación, el 30 de septiembre 2019.
Una lectura de la LGES, recientemente promulgada, revela su estrecha conexión con los posicionamientos de la 4T, en términos éticos y de equilibrios entre poderes. No sorprende el énfasis del texto en la inclusión, la no-discriminación y la interculturalidad. Esos valores están en sintonía con los desarrollos recientes de la educación superior, a escala continental, y con la moral pública que esgrime el gobierno. Pero la articulación de la LGES con un proyecto partidista no se agota en una dimensión « moral ». Justifica, sobre todo, un reforzamiento de las atribuciones del gobierno federal, en la supervisión del subsistema de educación particular y en la rectoría del público.
El subsistema particular agrupaba el 36.2% de la matricula inscrita en educación superior, en 2019-2020, antes de la pandemia de Covid-19 y el largo cierre de las instalaciones de educación superior. Representaba, en consecuencia, un actor colectivo importante en el sistema educativo nacional, aunque sus componentes fueran heterogéneos. La LGES propone regular su funcionamiento en forma estricta, mediante la aplicación obligatoria de un procedimiento anterior, el Registro de Validez Oficial de Estudios (RVOE), atribuido por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y por otras instancias. Si bien ese afán expresa una preocupación por garantizar la calidad de los programas y de los servicios y estandarizarlos con base en criterios mínimos de desempeño, plantea cuestiones sobre las capacidades instaladas en los organismos habilitados a expedir el RVOE para llevar a cabo expeditamente esos procedimientos y a lo que ocurrirá a los establecimientos, si sus programas no lo consiguen.
En ese mismo tenor, habrá que monitorear cómo las instituciones particulares acogerán una propuesta nueva, la de reconocimiento a la gestión institucional y excelencia educativa para las instituciones particulares, contenida en el artículo 73. Supuestamente, ese dispositivo aligera los requisitos burocráticos hacia el sector para los establecimientos acreditados pero ¿será suficiente esa oferta conciliadora para que las instituciones particulares acepten, sin reparos, nuevas exigencias, por ejemplo las de obtener un aval externo para impartir las carreras de formación para el magisterio o de otorgar becas a sus estudiantes? Aunque varias ya manejaban sus propios programas de apoyos académicos (por desempeño sobresaliente) o económicos (asistenciales), en una coyuntura de tensiones con el gobierno y de supresión del financiamiento indirecto a ciertas funciones, habrá que verificar si esas disposiciones no envenenarán una relación de por sí degradada.
Es sin embargo en el sistema público donde se encienden los focos rojos. Como era previsible, la LGES formula la obligación del Estado de garantizar el ejercicio del derecho a la educación superior (artículo 1) en condiciones de acceso gratuito (artículo 4). Las consecuencias de esas decisiones habían sido previamente discutidas en filtraciones sucesivas de las versiones anteriores del documento. Muchos especialistas habían señalado reiteradamente que acarrearían problemas no sólo financieros, sino pedagógicos, cualitativos y de capacidades institucionales de atención a la diversidad y a los nuevos estudiantes. En cierta forma, afectarían la autonomía de las instituciones para aplicar criterios de ingreso, selectivos o abiertos y definir sus cupos. Contribuirían a disminuir los recursos propios de los establecimientos, esencialmente procedentes de cuotas, derechos de inscripción y venta de servicios.
Ante el revuelo provocado, la LGES indicó que esas medidas tendrán una implementación gradual, a partir del ciclo escolar 2022-2023. Señaló, como apoyo a las instituciones, la apertura de un Fondo Especial Federal, cuyo monto dependería de los recursos disponibles. Dada la magnitud de los retos generados y la espada de Damocles que significa la « ·austeridad republicana » para la educación superior, uno puede interrogarse sobre la suficiencia de una medida de esas características y la certidumbre financiera que brinda a establecimientos ya sumidos en una severa crisis presupuestal.
La LGES, indudablemente, está orientada a regular el sistema de educación superior, en su estado actual. Está destinada, asimismo, a apuntalar, en lo educativo, un proyecto político que reivindica el rol interventor del gobierno, en tanto arbitro y financiador de la res publica y, en particular, de los servicios de bienestar. No se sostiene por ende en un ejercicio de construcción de consensos, destinado a reconstruir pactos sociales extensos, sino que remite a una manifestación de poder.
En ese contexto, es probable que la implementación de la LGES no será tersa sino que avivará las discrepancias preexistentes entre sectores partidarios y opositores al gobierno, en la esfera educativa. Más allá de eso, la Ley pregona ambiciones de transformar la educación superior, alineadas sobre los objetivos de refundación ideológica y social del país, perseguidos por la administración federal. Pero, ¿obtendrá el sistema educativo los recursos y los medios indispensables para concretar esos propósitos?
Fuente e imagen: educacionfutura
Alumnas de la Prepa 5 de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) intervinieron la fachada de su escuela en apoyo a su maestra de inglés, quien fue agredida mientras impartía clase virtual la tarde de este jueves.
Las estudiantes se manifestaron contra la violencia de género y mostraron su solidaridad con la profesora, colocaron carteles con mensajes como «No estás sola», «si tocan a una respondemos todas».
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