La CNTE lanzó una serie de advertencias en contra de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
La Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) elevó el tono de sus advertencias en contra del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Y es que ahora acordó una serie de movilizaciones que incluye un cerco planificado a Palacio Nacional como una de sus principales acciones de presión al Gobierno federal.
En su asamblea nacional representativa del pasado 25 de octubre, la CNTE señaló que la manifestación será el 13 de noviembre durante la Conferencia mañanera de la presidenta, para luego partir en marcha rumbo al Congreso de la Unión e instalar el plantón, en el marco del Paro Nacional de 48 horas en la Ciudad de México.
La CNTE informó que se replicarán acciones en otras entidades federativas, liberando casetas de cobro para el libre tránsito, como parte de la misma jornada de lucha magisterial.
Motivo del cerco
La organización magisterial exige la reinstalación de la mesa nacional entre la CNTE y la Coordinadora Nacional de Universidades Nacionales (CNUN) con la propia Presidenta Claudia Sheinbaum, para que sea ella quien atienda y resuelva una serie de demandas históricas del magisterio, entre las que destacan la abrogación de reformas como la del Ley del ISSSTE (2007) y la reforma educativa-laboral vigente.
El cerco al Palacio Nacional representa un claro mensaje de la CNTE: buscar visibilidad máxima ante el Ejecutivo federal.
Otros acuerdos en la Asamblea Nacional Representativa de la CNTE, es el ultimátum con la amenaza de impedir que el Copa Mundial de Fútbol 2026 si la Presidenta persiste en no cumplir sus demandas, así como perfilar y definir la ruta para un nuevo paro nacional de labores.
Vivimos en un mundo polarizado y confrontado, incluso con una amenaza de guerra global por parte del imperio del Norte; entre las fuerzas de la vieja hegemonía (EEUU) y en contra de las nuevas fuerzas y un nuevo sentido por dirigir el mundo. Bajo este contexto, asistamos en estos años del tercer milenio a una nueva ofensiva de los grupos de derecha y de ultraderecha, a nivel global.
La década de los ochenta y parte de los noventa fue un tiempo espacialmente significativo, que dio lugar al surgimiento de oportunidades para docentes, que se incorporan al sistema con una auténtica vocación democrática, muchos de ellos ya jubilados o retirados del servicio. La movilización, la protesta callejera y la organización desde abajo fue una de las tareas pedagógicas que muchos docentes egresados, principalmente de las escuelas Normales rurales, pudieron vivir. “El maestro luchando, también está enseñando”. Ha sido una de las principales consignas.
Ahora, a partir de hacer un ejercicio por reconstruir los lazos y los vínculos con docentes militantes de la época, sorprendentemente nos podemos dar cuenta de que existe un distanciamiento con la lucha y lo que ello conlleva. A partir de las reformas y los cambios en los modelos de formación y en las distintas transformaciones que la sociedad global experimenta en los últimos tiempos, tenemos que las nuevas generaciones de docentes han dejado de lado la vocación con el compromiso y la lucha social. Los nuevos docentes se han convertido en técnicos y burócratas de la educación, a partir de una concepción pedagógica que coloque de manera escindida el trabajo en el aula con el compromiso de actuación en el plano social, en donde se incluye la lucha política por la democracia y por el cambio educativo y sindical.
Este asunto no es un tema menor; si bien nosotros no fuimos capaces de crear escuela y tener herederos que posibilitaran garantizar la generación de cuadros y militantes políticos y sindicales que reivindiquen y protagonicen el compromiso social y, porque además, en las décadas mencionadas había mucha rivalidad y un alto nivel de canibalismo político entre activistas y militantes debido a las filiaciones y adhesiones ideológicas. En ese tiempo, había trotskistas, maoístas, guevaristas, ultras, puros, moderados, comunistas y una larguísima lista de filiaciones. La constante era la filiación en la izquierda, la cual estaba garantizada, pero hablamos de muchas izquierdas y casi todas dogmáticas y hegemónicas.
Lo de ahora es un escenario difícil de entenderse; los viejos militantes ya no quieren participar y los nuevos no pueden, saben o porque no han aprendido a hacerlo.¿Cómo resolver esta disyuntiva o esta aparente contradicción?
En cuanto al ingreso al puesto, después de la formación normalista o universitaria, desapareció la plaza de reparto automático; ahora los nuevos candidatos para tener una plaza de docente en educación básica están obligados a someterse a un examen de ingreso, más adelante de promoción. Desapareció el escalafón como forma de ascenso profesional, ha desaparecido la jubilación con pago vitalicio; ahora se otorga un bono que se da después del retiro. Es decir, las condiciones laborales cada vez se hacen más desfavorables para las y los trabajadores, pero a cambio ha llegado la desarticulación, la falta de compromiso y conciencia en cuanto a la defensa de la materia de trabajo e incorporarse a la lucha gremial. Hoy, las demandas y las reivindicaciones de las y los docentes y trabajadores de la educación, de todos los niveles y modalidades educativas, no tienen que ver con ganar cosas nuevas, sino por conservar lo ganado y por recuperar lo que se tuvo en otro tiempo y ahora se ha perdido.
El SNTE, como representante formal de las y los trabajadores, ha preferido ponerse del lado del patrón; tanto en la esfera federal como en los estados, se han olvidado de su compromiso (si es que algún día lo tuvieron) de hacer su trabajo en la defensa de los intereses de las y los trabajadores de la educación. Cuando se habla del charrismo sindical, se habla de esto, de la traición de los dirigentes a sus agremiados y de aceptar incondicionalmente lo que la autoridad imponga, en lo salarial, en lo laboral y en lo profesional; a todo eso se le agrega la corrupción en la venta de plazas, el manejo discrecional de la cuota sindical de los trabajadores y la aceptación acrítica de todas las imposiciones que vengan del gobierno.
Ante todo ello, necesitamos un dispositivo que reactive la movilización desde abajo de los docentes en servicio y de los nuevos docentes que recién egresan de las escuelas Normales para que aprendan a través de las movilizaciones. Necesitamos crear una escuela de formación político-sindical como la que hubo en otro tiempo para trabajar la participación y el diálogo bajo una perspectiva de cultura democrática. Necesitamos sensibilizar a los nuevos docentes para que engarcen su trabajo educativo de aula con la lucha por Palestina, en contra de los nuevos y también los viejos imperialismos y por transformar al SNTE. Necesitamos eso y mucho más; el problema es que ahora hemos perdido el método de acercamiento, vinculación y alianza con el maestro novel de Jalisco y de México.
*Doctor en Educación. Profesor–investigador de la UPN Guadalajara, Unidad 141. safimel04@gmail.com
El Frente Nacional de Sindicatos de Educación Media Superior se manifestó afuera de la Cámara de Diputados para exigir un presupuesto de 2 mil millones de pesos para el próximo año, a fin de garantizar los salarios de los trabajadores.
Por: Alexis Ortiz
El Frente Nacional de Sindicatos de Educación Media Superior se manifestó afuera de la Cámara de Diputados para pedir un presupuesto de 2 mil millones de pesos para garantizar los salarios de los trabajadores del próximo año.
Los trabajadores de instituciones como Conalep, telebachilleratos y bachilleratos llegaron a la Cámara de Diputados alrededor de las 10:30 horas de este martes. Desde un templete instalado en la puerta principal del recinto legislativo pidieron los recursos.
“Hemos llegado ante la casa del pueblo para exigir a las distintas comisiones del Congreso de la Unión que atiendan nuestra demanda. La demanda particular de cada uno de los subsistemas consiste en la radicación de 2 mil millones de pesos. Queremos que esos 2 mil millones de pesos sean radicados dentro del presupuestobajo la consigna de abatir el rezago salarial”, expresó Celestino Jiménez, presidente nacional de trabajadores de telebachilleratos comunitarios.
Foto: Alexis Ortiz
Señalan discriminación por falta de presupuesto
Los trabajadores de nivel medio superior acudieron a la Cámara de Diputados previo a la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, que ocurrirá durante el próximo mes de noviembre.
En su mitin, criticaron que han sido “discriminados” por el gobierno federal, debido a que la falta de presupuesto provoca que no reciban sus pagos puntuales e impide que puedan ser basificados.
“Nos encontramos en la cámara de diputados para exigir este presupuesto de 2 mil millones de pesos para resarcir el daño a nuestro salario. No podemos tener maestros en prepas populares que no cuentan ni con un salario, no podemos tener a los maestros de Conalep que no tienen un nombramiento y les pagan por honorarios, no podemos tener un 40% de diferencia salarial que tienen otros subsistemas”, dijo Armando Vargas, secretario general de Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores de Colegio de Bachilleres.
Con la consigna de que no puede haber maestros “de cuarta”, los manifestantes exigieron tener una reunión con las presidentas de las comisiones de Educación y de Bienestar para hablar sobre el presupuesto de 2 mil millones de pesos para el próximo año.
El presente ensayo hace un acercamiento básico a los datos sobre repetición escolar en secundaria de escuelas públicas y privadas en México, su evolución a lo largo de los últimos nueve ciclos escolares, tendencias, número de alumnos y, finalmente, una pequeña revisión de literatura sobre causas y consecuencias de este fenómeno.
El texto comienza con un panorama basado en los datos publicados por la Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en el que se presentan los números totales y por grado de alumnas y alumnos que repitieron un ciclo escolar, en contraste con cada ciclo escolar —de 2016 a 2025— y en comparación con la matrícula total de cada nivel.
También se hace una revisión sobre los Acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación que establecen los criterios de evaluación, acreditación, promoción, regularización y certificación en la educación básica, así como los posibles efectos que tuvieron en el número de alumnos repetidores.
Adicionalmente se recopilan hallazgos de una breve revisión de literatura, para dar cuenta sobre las causas, efectos y consecuencias de la repetición escolar en las y los adolescentes.
Finalmente, se plantea una reflexión que invita a continuar las investigaciones sobre los resultados obtenidos y a fortalecer la vinculación entre la investigación educativa y la toma de decisiones en política.
Repetición en secundaria: quiénes y cuántos son
Repetir un grado en educación básica suele ser muy preocupante para las familias y la sociedad, ya puede tener consecuencias en las trayectorias de niños y jóvenes que podrían resultar irreversibles.
En México, la acreditación de las y los alumnos de educación básica está regulada por lo que marca el Acuerdo 10/09/23 (DOF, 2023), el cual establece los criterios de evaluación, acreditación, promoción, regularización y certificación en la educación básica.
Dicho documento explica que para educación primaria en los grados de segundo a sexto, la acreditación depende de obtener al menos un promedio de 6.0 en los cuatro campos formativos evaluados: lenguaje, pensamiento matemático, conocimiento del medio y desarrollo personal y social.
Por el contrario, en primer grado de primaria y en preescolar no existe la posibilidad de reprobar, ya que en esos niveles la evaluación se centra en la asistencia y en el seguimiento del proceso de desarrollo de cada estudiante, más que en asignar una calificación numérica.
En cambio, para secundaria, la acreditación requiere obtener un promedio mínimo de 6.0 en cada asignatura; y, de no alcanzarlo, el estudiante deberá repetir el ciclo escolar completo en el siguiente periodo, especialmente si acumula cinco o más materias reprobadas. Cuando la situación es de hasta cuatro asignaturas no acreditadas, el alumno tiene la posibilidad de regularizarse conforme a las Normas de Control Escolar mediante exámenes extraordinarios, proyectos u otros mecanismos. Además, se contempla la promoción condicionada, que permite inscribirse al grado inmediato superior siempre que, tras uno o dos periodos de regularización, se mantenga un mínimo de seis asignaturas aprobadas. Finalmente, existe la opción de acreditar un grado a través de una evaluación general de conocimientos, también bajo lo que estipulen dichas normas.
Sin embargo, reprobar y repetir un ciclo escolar va más allá de no obtener una buena nota o bajo aprovechamiento escolar; es también un signo claro de desigualdades en el aprendizaje (Barajas & Olvera, 2018). Y en secundaria, donde las y los alumnos se encuentran en el periodo de adolescencia (entre 12 y 15 años), esto representa un impacto significativo en su desarrollo, pues es en esta edad donde existen momentos de cambios y crisis que “promueven la consolidación de una identidad y comprende elementos de carácter psicológico multidimensional que se desarrollan de manera específica en cada individuo” (Barajas & Olvera, 2018b)
En México, la repetición en este nivel ha tenido un repunte los últimos cinco años. Según datos de la Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa de la Secretaría de Educación Pública (2025), el número total de alumnos de escuelas públicas y privadas que son repetidores, pasó de 34,076 en el ciclo escolar 2021-2021 a 44,052 en el ciclo 2024-2025, de un total de 6,394,720 y 6,293,530 estudiantes inscritos respectivamente (Ver Gráfico 1). Es decir, durante este periodo se observó que, aunque hay menos estudiantes en total, la cantidad de repetidores ha crecido.
Si bien, esto representa bajas tasas porcentuales que van del 0.53 a 0.7 por ciento de la población total de este nivel, no es algo que se debe minimizar.
Durante la pandemia, hubo cambios importantes, pues dadas las condiciones extraordinarias de confinamiento y emergencia sanitaria, la SEP mandató en el Acuerdo 16/06/21 (DOF, 2021) que en ningún caso se retendría a los educandos en el grado escolar en el que estaban inscritos, ya que todos los alumnos fueron sujetos a un proceso de valoración extraordinaria, priorizándose así su tránsito al siguiente nivel educativo sin importar el nivel de participación que hubieran tenido durante el periodo a distancia.En situaciones donde no se contaba con información suficiente para evaluar al estudiante, se registraron las leyendas “Información insuficiente” o “Sin información”, en lugar de una calificación numérica. En estos casos, se activó un periodo extraordinario de recuperación al inicio del ciclo escolar siguiente.
Esta medida tuvo como objetivo garantizar el derecho a la educación, impedir que el alumnado fuera penalizado por las condiciones adversas provocadas por la pandemia y asegurar su permanencia en el sistema.
Durante este periodo de emergencia sanitaria, y antes de la publicación del Acuerdo 16/06/21 sobre la no reprobación, el número de alumnos que repitió el ciclo escolar aumentó considerablemente. En el ciclo escolar 2019-2020, se registraron 64,231 repetidores; sin embargo, para el siguiente ciclo escolar, ya con las medidas previamente expuestas para atender los retos surgidos por la pandemia, disminuyó a 34,076 (Ver Gráfico 2)
Sin embargo, los datos demuestran que antes de la pandemia las tasas de repetición aumentaban de forma sostenida y alcanzaron su punto más alto en el ciclo escolar 2019-2020. Posteriormente, tras la crisis sanitaria, los números de repetición escolar empezaron a incrementarse nuevamente, lo que podría indicar un retorno gradual a las condiciones educativas previas a la emergencia sanitaria.
De estos datos, también llama la atención que 2º grado de secundaria es consistentemente el que presenta más casos de repetición, seguido de 1º y 3º, lo que sugiere que podría tratarse del tramo educativo más desafiante para el alumnado y donde pueden intervenir muchos factores y elementos. Esta peculiaridad puede dar pie a una investigación más profunda (Ver Tabla 1).
Más allá de los datos, los factores asociados al fenómeno de la repetición y sus consecuencias requieren un análisis más profundo incluso con lo que ya se ha investigado.
La complejidad de esta problemática radica en que se trata de fenómenos psicosociales multifactoriales, donde confluyen elementos estructurales, sociales, familiares e individuales (Corzo y Reyes, 2017 en Barajas & Olvera, 2018). Sus efectos también se manifiestan en distintos niveles: desde el funcionamiento del sistema educativo hasta el bienestar emocional de cada estudiante. Por esta razón, resulta equivocado reducir sus causas a cuestiones personales como la falta de esfuerzo o atención, o señalar únicamente la responsabilidad de la escuela o del alumnado. Abordarlo desde una sola dimensión, especialmente la individual, limita cualquier posibilidad de solución efectiva (Corzo y Reyes, 2017 en Barajas & Olvera, 2018b).
Al respecto, Torres y Acevedo (2015) señalan que las causas son muchas y variadas: dificultades de aprendizaje, el contexto socioeconómico familiar desfavorable, el escaso acompañamiento en el hogar, el desinterés estudiantil y los problemas de conducta. Asimismo, se señala la influencia de variables institucionales como la poca atención al ausentismo, la falta de apoyo pedagógico y las prácticas escolares poco inclusivas.
Al mismo tiempo, autores como Rodríguez y Batista (2022) explican que entre los factores personales que contribuyen a la repetición de curso, destaca principalmente un bajo autoconcepto académico, es decir, la percepción negativa que el propio estudiante tiene sobre sus capacidades para aprender y rendir en el ámbito escolar. Este factor, observan, se ve reforzado por experiencias previas de fracaso, que afectan su confianza y disminuyen su implicación con el aprendizaje. Asimismo,concluyen que las bajas orientaciones a metas, especialmente en cuanto a la motivación por aprender o superar retos académicos, limitan el esfuerzo y la persistencia necesarios para progresar.
Repetir año: lejos de ayudar, perjudica en lo académico y lo personal
A pesar de que el acto de repetir un ciclo escolar sigue siendo una práctica recurrente en nuestro sistema educativo, las investigaciones advierten que esto no mejora el rendimiento académico ni la motivación, sino todo lo contrario (Rodríguez Rodríguez y Batista Espinosa, 2022b). El estudio de Rodríguez y Batista (2022) señala que los estudiantes repetidores obtienen calificaciones notablemente inferiores a las de sus compañeros que no repiten, lo que sugiere que repetir no contribuye a recuperar los aprendizajes perdidos. Además, explica que esta medida perjudica el autoconcepto académico del alumnado, refuerza sentimientos de incapacidad, fracaso y desconexión con el entorno escolar y puede dificultar aún más su progreso educativo.
En el plano motivacional, los autores puntualizan que los estudiantes que repiten curso presentan menores niveles de motivación hacia el aprendizaje y el rendimiento, aspectos clave para sostener el esfuerzo y la persistencia académica, lo que prolonga su impacto durante años.
El alumnado repetidor de educación secundaria tiene un autoconcepto académico significativamente inferior al del alumnado no repetidor, viéndose incluso que a más cantidad de cursos repetidos, mayor era dicha disminución. Se comprobó que la aproximación al aprendizaje y al rendimiento de los estudiantes repetidores eran significativamente inferiores. (Rodríguez Rodríguez y Batista Espinosa, 2022, p. 77-81)
Al mismo tiempo, González y Correa (2015) señalan que la repitencia escolar no solo tiene un impacto académico limitado, sino que afecta directamente la autoestima, la integración social y la permanencia escolar del estudiante. Lejos de representar una solución efectiva, repetir un curso suele reforzar la exclusión y aumentar el riesgo de abandono, especialmente cuando no se acompaña de medidas de apoyo individualizado.
Además, investigaciones como las de Blanco-Varela & Amoedo (2025), puntualizan que los alumnos de contextos socioeconómicos y culturales desfavorecidos enfrentan mayores dificultades académicas debido a la carencia de recursos materiales y a un entorno poco propicio para el aprendizaje. Conviven con niveles educativos familiares bajos, acceso limitado a libros, tecnología o apoyo escolar, y suelen asistir a centros educativos con infraestructuras y apoyos limitados. En este contexto, repetir curso deja de ser una oportunidad de mejora académica y se convierte en una carga adicional que incrementa la desmotivación, refuerza el estigma social y amplía la desigualdad, lo que genera un efecto acumulativo que puede derivar en el abandono escolar.
Reflexiones finales
A pesar de que se tiene el conocimiento sobre las causas y consecuencias de la repetición escolar, los datos indican que esta va en aumento en nivel secundaria y aun persiste como una práctica habitual en el sistema educativo. Esta continuidad refleja una resistencia al cambio y una tendencia a mantener medidas tradicionales que, lejos de resolver los problemas de aprendizaje, tienden a profundizarlos. La repetición de curso, señalan las investigaciones, más que una solución, se convierte en un factor que incrementa la desigualdad educativa, especialmente entre los estudiantes más vulnerables.
Además, aún es evidente la poca vinculación entre la investigación científica y la toma de decisiones políticas. Las investigaciones nacionales e internacionales han documentado con claridad los efectos negativos, tanto académicos como emocionales; sin embargo, estas evidencias rara vez se traducen en políticas públicas concretas o en cambios estructurales dentro de las escuelas. Se requiere con urgencia una mayor articulación entre la producción de conocimiento y el diseño de estrategias educativas, de modo que las decisiones se basen en datos sólidos y respondan a las necesidades reales del alumnado. Incluso, resulta necesaria una mayor profundización en el fenómeno; por ejemplo, comprender las causas que explican por qué el segundo grado de secundaria concentra el mayor número de repeticiones.
Cerrar esta brecha entre la evidencia y la acción implica repensar el enfoque punitivo de la evaluación y avanzar hacia una cultura educativa centrada en la prevención, el acompañamiento personalizado y la equidad. Solo así será posible garantizar que todos los estudiantes, sin importar su origen o contexto, tengan oportunidades reales de aprender, progresar y permanecer en el sistema educativo.
Ciudad de México.- Mujeres dirigentes de las Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana (CAMIAs) en toda la República mexicana alertaron que “no se ha identificado una partida explícita dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2026, ni en la estructura del Anexo 13”.
Por lo que la Red Nacional de Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana, expresaron su preocupación de que las CAMIAs «estén en riesgo de desaparecer», ya que no encontraron una partida explícita dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2026, esto derivado del análisis realizado por la Red de Política Fiscal Feminista.
Es por ello que invitaron a la ciudadanía a sumarse a la compaña que están emprendiendo para que firmen una petición dirigida al Congreso de la Unión para que los espacios que operan tengan garantizado el presupuesto público para el 2026.
Además, detallaron que en un país en el que la violencia de género, los feminicidios y el racismo afectan fuertemente a las mujeres indígenas, el trabajo que realizan es fundamental y recordaron que brindan acompañamiento a las sobrevivientes de violencias de género en sus lenguas maternas y desde su cosmovisión indígena.
También hicieron hincapié en la atención que brindan en las CAMIAs, la cual incluye la salud sexual y reproductiva, materna, prevención de la violencia, derechos individuales y colectivos de las niñas y mujeres indígenas, así como su liderazgo y participación comunitaria.
Sin dejar de lado la orientación que ofrecen, así como el apoyo emocional, orientación legal, traducción, canalización y cuando es necesario, articulación con las instituciones de justicia y salud para que las mujeres indígenas sean atendidas con buen trato y accedan a la justicia.
“Nos pronunciamos ante el Estado mexicano para que la política pública de las CAMIAs continúe y se fortalezca, garantizando el financiamiento anual que se recibe a través del INPI”, señaló.
Esta petición se suma a la de la Red Nacional de Refugios (RNR) quienes también se encuentran exigiendo esclarecer el presupuesto específico que se les otorgará para el siguiente año, debido a que desapareció el Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus hijas e hijos como un programa específico del Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, y se dijo que fue fusionado en un programa genérico.
Las mujeres integrantes de CAMIAs recordaron que este proyecto surgió en el 2003, con un crecimiento de 5 a 35 CAMIAs existentes en la actualidad, siendo operadas por un total de 350 mujeres indígenas, distribuidas en 17 estados del país que atienden a un promedio de 35 mil personas al año, principalmente mujeres.
Asimismo, exigieron que el Congreso de la Unión y las autoridades responsables garanticen la permanencia y fortalecimiento de la política pública de las CAMIAs, así como todas aquellas medidas de transparencia presupuestaria que permitan un debido seguimiento, evaluación y trazabilidad del recurso asignado. Además, que se brinde información clara, pronta y de manera directa a las CAMIAs sobre el presupuesto asignado.
Ante esta alerta, las diputadas Martha Aracely Cruz Jiménez (PT) y Karina Pérez Popoca (Morena) informaron que buscarán que se garantice partida presupuestal destinada a las Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana (CAMIAs) para el 2026.
La diputada Cruz Jiménez dijo que “solamente así podemos cumplir con el mandato del artículo 2º constitucional que se aprobó hace un año, pero también hacer honor a lo que hemos llamado el Año de la Mujer Indígena”.
A su vez, la legisladora Pérez Popoca resaltó que el Estado mexicano debe generar las partidas presupuestales necesarias para impactar, de manera directa, en la vida de cada una de las mujeres.
“Nos encargaremos de buscar la vinculación con la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados para poder tener claridad acerca de la orientación de esta partida que estaba designada, en ejercicios pasados, para sostener estas casas en la República Mexicana”, expuso.
Finalmente, la Red Nacional de Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana se dijeron convencidas de que las CAMIAs siguen siendo necesarias y únicas en sus regiones, pues ninguna institución puede sustituir el acompañamiento comunitario, integral y culturalmente pertinente que realizan.
Por ello, consideraron que es necesario establecer vínculos estratégicos con los nuevos espacios que el gobierno mexicano está impulsando para construir juntas una red sólida de atención y prevención con perspectiva intercultural y de género.
Desde hace meses, varias agrupaciones, sindicatos y reagrupamientos de trabajadores de la CDMX vienen peleando por el reconocimiento de sus derechos laborales, el alto a los despidos y al hostigamiento laboral, en ese ciclo de movilizaciones, la agrupación Queremos Trabajo Digno ha presentado su pliego petitorio el día 21 de octubre de 2025 respecto a las y los trabajadores del DIF-CDMX, a continuación lo reproducimos.
Petición al Congreso de la Ciudad de México
Por parte de la Agrupación Queremos Trabajo Digno (QTD)
En defensa de los derechos laborales de las y los trabajadores del DIF-CDMX
I. Exposición de motivos
Las y los trabajadores que integramos la Agrupación Queremos Trabajo Digno nos organizamos para luchar por la recuperación de los derechos laborales arrebatados durante las últimas décadas bajo las políticas neoliberales. Paradójicamente, los gobiernos de MORENA lejos de revertir la situación, han demostrado dar continuidad a la política de precarización en el empleo: siguen impulsando contrataciones inestables en las dependencias públicas e inclusive retroceden en el reconocimiento laboral: becarios, honorarios y outsourcing son moneda corriente en nuestros centros de trabajo.
Aunque el discurso que manejan habla de supuestas mejoras laborales, la realidad que vivimos es otra. En el DIF de la Ciudad de México son inexistentes para las y los trabajadores contratados por honorarios, por mínimas que sean. Se firma a mes vencido, esto quiere decir que trabajamos despedidos. Lo que mes a mes y año tras año se va traduciendo en el deterioro de nuestra salud mental (y física) frente a la permanente incertidumbre de conservar el empleo. ¿Qué tipo de vida se puede ejercer así?
En el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México (DIF-CDMX), esta situación alcanza niveles alarmantes. Al mes de junio de 2025 se reportan 952 trabajadoras y trabajadores contratados bajo el régimen de honorarios, de los cuales más de la mitad (559) perciben menos de $8,000 pesos mensuales, y 298 apenas $5,831 pesos, es decir, menos del salario mínimo vigente. Los datos de 2019 son parecidos, porque los salarios están estancados; y, al contrario, el 14 de febrero de 2019 bajo la política de austeridad republicana se nos realizó una reducción salarial mientras que los puestos directivos tuvieron un aumento del 5.7%.
Todos y cada uno de los que conformamos la Agrupación Queremos Trabajo Digno denunciamos que no se nos ha incrementado el salario en casi dos décadas trabajando para el DIF de la Ciudad. Las políticas de austeridad, neoliberal o republicana, resultaron ofensivas para la clase trabajadora al promover bajos salarios y contrataciones precarias. Una persona trabajadora que en 2007 ganaba 5 mil pesos mensuales, hoy sigue ganando los mismos 5 mil pesos mensuales, ¡18 años después!
Así, entendimos que la transformación para mejorar nuestras condiciones laborales es una lucha de nosotros, porque MORENA, a pesar de sus programas sociales y de decirse antineoliberal, sigue los pasos del PRD, PRI, PAN, PT, MC y otros, que han tomado partido por el gran capital nacional y trasnacional, continuando políticas de precarización y garantizando la subordinación a las políticas de Washington, mediante el T-MEC. Cada vez que planteamos nuestras demandas, nos dicen que no hay recursos; por otro lado, no vemos que al capital financiero le digan lo mismo, se pagan deudas ilegítimas como el FOBAPROA puntualmente. Nos quitan recursos para entregarlos en charola de plata a los grandes empresarios. A Ricardo Salinas Pliego, por ejemplo, el gobierno le otorgó 8 millones de cuentas AFORE en 2022. Hace unos días, la bancada de MORENA en la Cámara de Diputados condonó a las aseguradoras el adeudo de 180 mil millones de pesos en impuestos. ¡No hay para unos, pero sí para los otros!
Mientras tanto, el presupuesto federal para las fuerzas armadas ha crecido como nunca: aumentos presupuestales al Ejército y policía, la asignación de puertos, aeropuertos, hoteles, vías férreas, trenes, etc., que controla la élite de las fuerzas armadas. Para ellos, todo, para nosotros, nada. En 2024, el presupuesto para la Defensa Nacional fue estratosférico, el más alto en tres sexenios, 260 mil millones de pesos. Ese mismo año, el presupuesto para Trabajo y Previsión Social fue de 28 mil millones de pesos.
Es el mismo ejército que ha sido responsable de la desaparición de normalistas, de graves violaciones a los derechos humanos y que compra tecnología y armamento al Estado sionista de Israel, probados contra niñas y niños palestinos. Ese incremento no se traduce en seguridad ni en bienestar social, sino en el fortalecimiento de un aparato militar que asume tareas civiles, controla empresas públicas y se convierte en un actor privilegiado de la economía nacional. En lugar de destinar recursos para fortalecer los derechos laborales o los servicios públicos, el gobierno profundiza un modelo autoritario que normaliza la presencia castrense en la vida cotidiana y debilita el carácter civil del Estado.
En el caso de la Ciudad de México, esta lógica de prioridades se replica. Mientras se destinan miles de millones de pesos a obras de relumbrón, gasto operativo inflado, consultorías y campañas de imagen gubernamental, los programas laborales se mantienen con presupuestos congelados.
Según datos del Proyecto de Presupuesto 2025, áreas como Comunicación Social, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y los órganos de gobierno de la capital concentran incrementos superiores al 10%, mientras el DIF-CDMX apenas conserva recursos.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana recibe aumentos anuales mientras en el DIF, los programas de cuidado, educativos o de promotora de derechos, las y los trabajadores seguimos con salarios de miseria. Se premia el gasto represivo y se castiga el gasto social. La policía, que en distintas ocasiones ha actuado con violencia frente a movilizaciones sociales o protestas laborales, cuenta con equipo nuevo, patrullas y armamento, mientras quienes realizamos tareas esenciales de atención, acompañamiento y cuidado no tenemos siquiera materiales básicos ni estabilidad laboral.
Es posible reorientar recursos hacia el gasto social y laboral mediante medidas como la reducción de los salarios de altos funcionarios, la eliminación de bonos discrecionales y la fusión de áreas duplicadas en comunicación e imagen institucional. Asimismo, se pueden implementar impuestos progresivos a los multimillonarios y exigir que el Gobierno Federal desconozca la deuda externa ilegítima contraída por los gobiernos neoliberales. Con estas acciones, se podrían liberar recursos suficientes para garantizar derechos laborales, basificaciones y aumentos salariales reales para las y los trabajadores.
Por tanto, exigimos al Congreso local revisar con lupa la estructura de gasto y priorizar el bienestar de quienes sostienen día a día la política social de la ciudad.
II. Peticiones al Congreso de la Ciudad de México
Con fundamento en los artículos 8° y 9° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, exigimos:
1. Presupuesto suficiente y etiquetado
Al Congreso de la Ciudad de México que, en el marco de la discusión presupuestal para el ejercicio 2026, garantice los recursos necesarios para poner fin a la precarización laboral en el DIF-CDMX. Es indispensable que se asigne una partida presupuestal específica y etiquetada para la regularización laboral, basificación, cumplimiento de laudos y aumentos salariales para toda la base trabajadora del DIF CDMX.
Asimismo, demandamos presupuesto suficiente que permita garantizar condiciones dignas para el desempeño de las labores cotidianas, como la adquisición de materiales e insumos de trabajo y el mejoramiento de las instalaciones de la institución.
Que estas partidas no estén sujetas a recortes discrecionales y cuente con un calendario claro de ejecución.
Que se asegure que dichos recursos se destinen efectivamente al cumplimiento de las demandas laborales, sin desvíos ni reasignaciones.
2. Aumento salarial y canasta básica garantizada
Que se destine el suficiente presupuesto para el aumento salarial de emergencia para todas las categorías del DIF-CDMX, con especial prioridad para quienes ganan menos del salario mínimo vigente.
Que los salarios garanticen el acceso a una canasta básica de alimentos, vivienda y transporte conforme a los estándares del CONEVAL e investigaciones del Centro Multidisciplinario de la UNAM.
3. Seguridad social y jubilación digna
Abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, que vulnera los derechos de las y los trabajadores al imponer un régimen individualizado y privatizador de pensiones.
Creación de un Fondo Solidario de Pensiones, financiado con recursos públicos y aportaciones progresivas, que garantice jubilaciones dignas para todas y todos los trabajadores del DIF-CDMX y del sector público.
Atención integral y fortalecimiento del ISSSTE para asegurar servicios de salud oportunos, de calidad.
4. Transparencia y rendición de cuentas
Que el Congreso exija informes públicos anuales al DIF-CDMX sobre los recursos asignados y ejercidos en materia laboral: número de basificaciones, aumentos, reinstalaciones y cumplimiento de laudos.
Que se instale una comisión de seguimiento legislativo con participación de representantes de la Agrupación Queremos Trabajo Digno para supervisar el cumplimiento de estos compromisos.
5. Reformas normativas
Que el Congreso revise y adecue la legislación laboral local para eliminar cualquier forma de contratación precaria dentro del servicio público de la Ciudad de México.
Que se establezcan sanciones administrativas o presupuestales a las instituciones que mantengan trabajadores sin reconocimiento de derechos laborales plenos.
Que se establezcan sanciones administrativas a las instituciones que mantienen una práctica de desacato judicial, al no cumplir de manera pronta y expedita con los laudos dictados por la autoridad competente.
Exigimos al Congreso de la Ciudad de México que garantice los recursos necesarios para poner fin a la precarización laboral en las dependencias públicas de la Ciudad. Nuestra labor sostiene el funcionamiento mismo de la ciudad y de sus servicios públicos, desde la atención social hasta las tareas esenciales que hacen posible su operación cotidiana. ¡Gobierne quien gobierne, los derechos se defienden!
Ofrece RMS taller para aplicar acciones de prevención, atención y sanción en casos de violencia laboral
Asistieron agremiados de FSUCROM quienes están en proceso de implementar su protocolo contra la violencia
Participaron los Secretarios Generales, Taidé Alejandra González Baca y Rodolfo González Guzmán
Con la participación de asesores y delegados, la Red de Mujeres Sindicalistas (RMS) y la Federación de Sindicatos Unidos CROM de la República Mexicana (FSUCROM) organizaron un taller de capacitación en el que los Secretarios Generales, Taidé Alejandra González Baca y Rodolfo González Guzmán asumieron compromisos de acción sindical para ambientes laborales libres de violencia.
Los compromisos fueron resultados de las voces y opiniones de todos los participantes que día a día realizan labor sindical en los diversos centros de trabajo en los que la FSUCROM tiene agremiados.
Lo anterior durante el taller de capacitación que Claudia Domínguez Hernández facilitó para la revisión del borrador del Protocolo para prevenir, atender y erradicar la violencia laboral, acoso y hostigamiento sexual que los mismos agremiados de la Federación trabajaron con el apoyo de la RMS.
El taller, que forma parte del programa de capacitación que impulsa la Maestra Taidé Alejandra González, tuvo como objetivo fortalecer las capacidades del personal sindical para aplicar efectivamente el protocolo, promoviendo espacios laborales libres de violencia y con igualdad de trato.
Se realizó este sábado 18 de octubre en las instalaciones de FSUROM y contó con la participación del Secretario General, Rodolfo González, y la Secretaria General Taidé Alejandra González, así como de asesores y representantes sindicales; en total 20 asistentes de manera presencial y 16 que lo tomaron en línea
Los compromisos de acción sindical asumidos por los participantes incluye el impulso de un diálogo social para la discusión de contenido del protocolo, capacitación a todos los agremiados, una campaña permanente de sensibilización y difusión de la importancia de los protocolos, y la integración de un Comité Ético y Moral que conduzca la implementación de este protocolo.
Por su parte, Claudia Domínguez destacó la importancia de los protocolos contra el hostigamiento y violencia laboral porque al reconocer y atender estos casos, se fortalecen las organizaciones sindicales.
Ejemplificó: En México, de acuerdo con la última Encuesta de Relaciones en el Hogar (ENDIREH) 2021, aproximadamente una de cada tres mujeres reporta haber experimentado violencia laboral a lo largo de su vida laboral (27.9%); y, 1 de cada cinco la sufrió dentro del año anterior a la encuesta (20.8%).
Argumentó que en la Ley Federal del Trabajo (LFT), fracción XXXI al artículo 132, se establece la obligación patronal de implementar protocolos: “Implementar, en acuerdo con los trabajadores, un protocolo para prevenir la discriminación por razones de género y atención de casos de violencia y acoso u hostigamiento sexual, así como erradicar el trabajo forzoso e infantil…”
De esta menara, dijo la académica de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, los protocolos definen los mecanismos para identificar y brindar atención a las presuntas víctimas de algún caso de violencia laboral, hostigamiento y acoso sexual.
Agregó que también incluyen estrategias para la contención y seguridad de las presuntas víctimas, así como un proceso propicio para lograr la erradicación de la violencia.
Fuente de la información e imagen: https://insurgenciamagisterial.com
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