América del Norte/Estados Unidos/16-08-2020/Autor(a) y Fuente: www.elsalvador.com
Según los activistas, los detenidos se quejan de problemas respiratorios y de visión, erupciones de piel, náuseas y dolor de cabeza tras las constantes aplicaciones del producto.
A los peligros de mantener encerrados a los indocumentados en Estados Unidos en centros de detención en medio de la pandemia del coronavirus, activistas y ambientalistas alertaron este jueves sobre los riesgos del uso de un desinfectante industrial que en ocasiones es rociado a los internos cada 30 minutos.
Inland Coalition for Immigrant Justice (ICIJ, en inglés) y la organización Earthjustice denunciaron el uso en un centro de detención para indocumentados del producto químico HDQ, un pesticida y desinfectante regulado por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de EE.UU. que se usa en la industria hospitalaria, y que debe ser aplicado siguiendo estrictos protocolos de seguridad por los riesgos que implica para la salud.
No obstante, en centros de detención como el de Adelanto, en California, estas organizaciones activistas aseguran que esas medidas de seguridad no se cumplen por parte del personal que trabaja en las instalaciones, operada por la compañía privada GEO.
“Han estado rociando este producto químico HDQ cada 15 a 30 minutos al día para prevenir la COVID-19”, aseguró en conferencia de prensa Kimberly Galindo, integrante de ICIJ y quien dijo mantener comunicación con los detenidos en Adelanto.
El pesticida se está usando de día y de noche, ahondó Raúl García, director de comunidades saludables de Earthjustice, quien agregó que las pautas de seguridad estipulan que el químico sólo debe usarse con equipo de protección y que únicamente debe ser rociado al aire libre o en áreas bien ventiladas.
“No debe ser inhalado ni ingerido, y, si lo es, la persona afectada debe ser trasladada inmediatamente a una área con aire fresco”, añadió García.
Según las denuncias de los activistas, ninguna de estas prácticas de seguridad se está llevando a cabo en el centro de Adelanto, donde los detenidos vienen denunciando problemas respiratorios y de visión, erupciones de piel, náuseas y dolor de cabeza tras las constantes aplicaciones del producto.
En aislamiento por buscar atención médica
A los problemas de salud que están enfrentando por el químico HDQ los detenidos, se suma el hecho que los guardias de GEO estarían tomando represalias contras los inmigrantes que necesitan buscar atención médica por esta razón, de acuerdo con Galindo.
“Si van a un hospital, de regreso los ponen en confinamiento solitario durante catorce días y sabemos que el confinamiento solitario no es autocuarentena”, denunció la activista de ICIJ.
Estos no serían los únicos problemas que afrontan los detenidos en Adelanto, ubicado al noreste de Los Ángeles.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) denunció esta semana que los oficiales del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) impidieron a una “vasta mayoría” de indocumentados acceder a unas 1,900 pruebas para detectar el coronavirus que se enviaron a esa instalación en mayo.
Según datos del ICE, desde que comenzó la pandemia en Adelanto se han reportado hasta el momento un total de trece contagios, y actualmente hay tres personas con positivos que han sido aisladas.
En total, en todos los centros de detención en Estados Unidos se han reportado desde el inicio de la pandemia un total de 4,531 casos, cinco de ellos letales. En la actualidad se registran 1,147 casos que son vigilados por las autoridades.
A medida que la pandemia avanza en Estados Unidos, el país mas golpeado por el coronavirus y con más de 5.2 millones de casos según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. más voces se han unido para urgir a ICE a que deje en libertad condicional a los indocumentados y puedan seguir sus procesos de asilo en hogares de familiares o allegados.
El congresista federal Mark Takano advirtió este jueves que las cárceles han sido focos de propagación del coronavirus, por lo que aseveró que “una política racional sería minimizar el número de personas en estos centros”.
El demócrata destacó que los inmigrantes detenidos por ICE enfrentan acusaciones civiles, que no son crímenes violentos, y que se les debería liberar bajo fianza, como se hizo en el Gobierno de Barack Obama (2009-2017).
“Muchos, muchos detenidos pueden ser liberados en la comunidad de forma segura, y ellos se presentarán en su audiencias”, aseguró Takano.
Fuente e Imagen: https://www.elsalvador.com/noticias/internacional/migrantes-detenidos-estados-unidos-rociados-potente-quimico-denuncian-ong/742084/2020/
El último estudio del Parlamento Europeo sobre la migración recoge los datos que la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (FRONTEX) recopila sobre “los cruces ilegales de las fronteras exteriores de la UE registrados por las autoridades nacionales”.
Los datos del FRONTEX señalan que “en 2015 y 2016, se detectaron más de 2,3 millones de cruces ilegales. En 2019, el número total de cruces fronterizos ilegales en la UE se redujo a 141.846, su nivel más bajo desde 2013 y un 5% menos que en 2018″.
En el mismo informe advierten que una persona puede pasar por una frontera más de una vez, por lo que “el número de personas que vienen a Europa es en realidad menor“, aunque afirman que “en cualquier caso, los estados miembros han estado bajo una enorme presión”.
La tumba del Mediterráneo
Según el Parlamento Europeo “durante la primera mitad de 2020, un total de 23.288 personasarriesgaron sus vidas intentando llegar a Europa por mar, y se teme que alrededor de 248 personas pueden haberse ahogado en este intento”.
Las llegadas de personas migrantes al Estado español han descendido durante este 2020 casi un 40%. 11.460 personas han llegado a España en los siete primeros meses de esteaño, mientras que en el mismo periodo de 2019 lo hicieron 18.515, esto supone una caída del 38%.
Los datos que aporta FRONTEX recogen que casi 30.000 personas llegaron a Europa por vía marítima en 2019, frente al más de un millón en 2015. Además, reconoce que “sin embargo, la travesía por el Mediterráneo siguió siendo mortal, con 1.319 muertos o desaparecidos en 2018, frente a 2.277 el año precedente”.
“El régimen migratorio europeo deja un saldo récord de víctimas en las rutas hacia Europa, especialmente en el Mediterráneo” denuncian en su investigación porCausa. “Los dos grandes beneficiarios de este modelo son los grupos criminales de tráfico de migrantes y la Industria del Control Migratorio. Entre perdedores y vencedores, aflora una contradicción: el 13% de los trabajadores esenciales en Europa con un papel clave durante la crisis de la covid-19 son migrantes extracomunitarios, según los datos más recientes de la Comisión Europea” aseguran.
Montse Sánchez, de Caminando Fronteras, denunciaba a El Foro de Ceuta que “en las políticas de control migratorio prima la ley de extranjería y no el rescate. Ha cambiado el sistema de rescate de Salvamento Marítimo, ahora depende un mando único de la Guardia Civil que se coordina con Marruecos y hay un apagón informativo respecto a este ente. Esta serie de cambios provocan más muertes. Está llegando menos gente pero se siguen produciendo muchas muertes”.
En el último informe de la APDHA se recoge que hay un incremento en términos relativos de las personas que han fallecido intentando alcanzar España. En total, 34 personas más han muerto este año respecto a las que hubieran correspondido por volumen de llegadas de 2018″.
Cooperación con Marruecos y reactivación de la ruta de Canarias
El control del Mediterráneo y la “colaboración” con Marruecos -con el ingreso de 140 millones de euros- ha hecho posible que el reino alautia fabrique un muro anti-inmigrantes muy cerca del vallado español -finalizado antes de que España comenzase a retirar sus concertinas- y que despliegue al ejército e intensifique los controles en los bosques colindantes y las redadas violentas para trasladar a los migrantes subsaharianos hacia el sur para ser abandonados en medio del desierto.
Esta “cooperación” ha hecho que se reactive la ruta de Canarias, una ruta mucho más peligrosa y mortífera, que en los últimos días ha dejado tras de sí, dos naufragios con al menos 50 personas muertas y otras tantas desaparecidas.
El negocio del control migratorio
La Unión Europea asegura haber aumentado significativamente su financiación para las políticas de migración, asilo e integración a raíz del incremento de la afluencia de solicitantes de asilo en 2015. En las próximas negociaciones sobre el presupuesto de la UE posterior a 2020, el Parlamento solicitará financiación adicional para la migración.
Según el informe de la fundación porCausa, la UE destinará a control migratorio y de fronteras 30.829 millones entre 2021 y 2027, según su nuevo marco presupuestario. En ese periodo, la UE también consagrará 24.322 millones de financiación pública para defensa y seguridad.
“La Industria del Control Migratorio es uno de los negocios con mejor perspectiva de futuro en el territorio europeo. En la última década, una amplia red de políticos y empresarios, principalmente del sector armamentístico y la construcción, han logrado consolidar un nuevo mercado en torno a la securitización de las migraciones y la militarización de las fronteras” apunta la investigación de porCausa.
Imagen de la valla de la frontera de Serbia con Hungría / Antonio Sempere
PorCausa asegura que “los capos del negocio migratorio dejan cierto espacio a organizaciones sin ánimo de lucro, que cumplen la tarea secundaria de asistir a los migrantes, y estos aprovechan su influencia mediática y política para situar las migraciones como un problema de seguridad. La reconstrucción postcoronavirus obligará a muchos Estados a ajustar sus presupuestos, pero la industria del control migratorio no atisba nubarrones en el horizonte: la incertidumbre, el miedo y la inestabilidad social son bazas favorables para su negocio”.
El negocio de las mafias
PorCausa señala además, que “esta política de contención migratoria y blindaje fronterizo también enriquece el negocio de los grupos criminales de tráfico de migrantes y redes de trata, dentro (movimientos secundarios) y fuera de nuestras fronteras. Sus ganancias aumentan cuanto mayor es el riesgo que asumen las víctimas. Incluso en tiempos de COVID19 y de cierres y restricciones fronterizas, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el nuevo escenario producirá un aumento del tráfico de migrantes que además huirán de la devastadora crisis económica y de empleo que se avecina”.
Según los últimos datos de Naciones Unidas, aportados en el informe de PorCausa, “cada año las mafias del tráfico de personas generan unos 400 millones de euros de beneficio tan solo en el Mediterráneo y 4.000 millones de euros a nivel europeo, una cifra similar al gasto de toda la UE en ayuda humanitaria”.
¿Qué piensan los europeos?
“La migración ha sido una prioridad de la UE durante años” aseguran desde el Parlamento Europeo. “Se han adoptado varias medidas para gestionar la crisis, así como para mejorar el sistema de asilo” afirman desde la institución.
Según el sondeo del Eurobarómetro de mayo de 2018, el 72% de los europeos quieren que la UE intervenga más en la gestión migratoria. La misma encuesta realizada en junio de 2019, refiere que “la inmigración fue el quinto tema que más influyó en las decisiones de voto de los ciudadanos que participaron en las elecciones al Parlamento Europeo del pasado mayo, aunque el Eurobarómetro más reciente, de 2019, registró una caída de su importancia. El 34% de los europeos votó con la mirada puesta en la inmigración. Los otros asuntos que más tuvieron en cuenta fueron la economía, el cambio climático, los derechos humanos, la democracia y el futuro de Europa”.
Frontera Sur: laboratorio de proyectos antimigratorios
“España es uno de los principales mercados de esta industria, que ha convertido la frontera sur española en un laboratorio para ensayar proyectos antimigratorios que después son exportados a otros países de la región. Empezando por el uso de la ayuda al desarrollo como mecanismo de presión, un modelo que el conjunto de la UE replicó después durante la crisis de acogida de 2014. Las concertinas (cuchillas de acero) de las vallas de Ceuta y Melilla subvencionadas con fondos europeos y fabricadas por una empresa malagueña, ya coronan las vallas de varios países de los Balcanes y del norte de Europa” aseguran en su informe.
En su investigación también señalan al “éxito de los drones desplegados en el litoral atlántico español y el estrecho de Gibraltar, que ya inspira nuevos proyectos en el Mediterráneo”. Y denuncian la opacidad del Gobierno de España en lo que se refiere a los CATE, “cárceles ‘express’ para migrantes, repartidas por el sur de España y cofinanciadas por Europa y España”.
Sin embargo, “el crecimiento de la Industria no logra frenar el flujo de personas que migran: sube el número de muertos en el Mediterráneo, crece la letalidad de otras rutas migratorias y aumenta la población migrante encarcelada”.
Migrante subsahariano tras su rescate en aguas del Estrecho / Antonio Sempere
La ‘España fortaleza’
Pese a que el 77% de los migrantes irregulares que hay en España proceden de AméricaLatina, el Gobierno central focaliza el gasto antimigratorio en la frontera sur, “la mayor parte de los 1.677 contratos públicos analizados tienen por objeto reforzar el perímetro fronterizo de España (551,3 millones de euros, el 83,5% del gasto total), especialmente en la zona del Estrecho” denuncian desde la Fundación en otro artículo publicado en el diario Público.
Según los investigadores de PorCausa, “este dato revela un patrón consolidado en el negocio antimigratorio: cada año que pasa, la política antimigratoria de España y la UE refuerza el enfoque militar y securitario, centrado en impedir la migración, en detrimento de medidas que buscan gestionarla y abrir vías seguras”.
“El despliegue y mantenimiento de barcos de vigilancia marítima y salvamento,radares, aviones, drones y modernos sistemas de reconocimiento de personas representó el 83,5% de todo el dinero que el Gobierno puso en manos de las empresas que se lucran en el negocio antimigratorio. Si se suman los gastos derivados de detener y encarcelar a los migrantes en los CIE y la reesidencia “temporal” en los CETI para después expulsarlos en deportaciones forzosas, el porcentaje aumenta al 98,3%” advierten en su publicación PorCausa y Público.
Las vallas que separan Melilla y Ceuta de Marruecos, suponen otros de los fuertes del control migratorio al que más fondos se destinan: en el año 2006, que se colocaron las concertinas, se realizó un gasto de unos 20 millones de euros, “entre 2006 y 2013, este y otros gastos de la valla sumaron un desembolso de más de 47 millones de euros del erario público” exponen en su investigación. “Buena parte de ese dinero lo ingresó Mora Salazar, la empresa malagueña que fabrica estas cuchillas y que pasó de ser una desconocida a firmar contratos con más de 20 países, principalmente de la Unión Europea. También grandes empresas del Ibex, como Indra, Dragados y Ferrovial”.
Pero el negocio no acaba ahí, según la investigación de la fundación, “al menos 45 altos cargos que estuvieron en el Gobierno en ese periodo fueron contratados después por empresas armamentísticas y de seguridad de la Industria del Control Migratorio”.
La retirada de las concertinas de las vallas de Ceuta y Melilla, para la implementación de “medios menos cruentos y más eficaces” ha supuesto un nuevo desembolso. La empresa adjudicataria fue Tragsa y el ministerio de Grande-Marlaska destinaba al proyecto de las concertinas un total de 18 millones de euros. El paquete completo, de 32 millones, incluía otros “sistemas de protección fronteriza” que afectan a los controles del Tarajal. Entre estas medidas de “modernización” de la Frontera se encuentran el circuito de control televisión o la instalación de la “frontera inteligente“.
Fundación porCausa ha podido constatar que “desde 2014 hasta 2019 se han adjudicado 188 contratos con un valor total de 71,2 millones —sin contar los 32 millones antes mencionados— para el mantenimiento, control y vigilancia de los perímetros fronterizos terrestres en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, cuyo fin es impedir el paso de migrantes irregulares”.
En esta galería se puede ver todo el proceso de construcción del vallado marroquí con una triple sirga tridimensional de concertina, así como la retirada de las concertinas del vallado español y la sustitución por “elementos menos lesivos”
Los solicitantes de asilo son personas que presentan una petición formal de asilo en otro país porque temen que su vida esté en riesgo en su país de origen. Los refugiados son personas a las que ya se les ha reconocido oficialmente el derecho a recibir asilo por un temor fundado de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, política o pertenencia a un grupo social determinado. En la UE, la directiva sobre la cualificación establece las directrices para asignar protección internacional a quienes la necesitan.
“En este momento, los nacionales de terceros países deben solicitar protección en el primer país por el que acceden a la UE, de acuerdo con las reglas comunitarias de asilo. La presentación de una reclamación les convierte en solicitantes de asilo, pero solo reciben el estatuto de refugiado o una forma diferente de protección internacional una vez que las autoridades nacionales hayan tomado una decisión positiva sobre su caso” explica el Parlamento Europeo.
Sin embargo, no habla de las devoluciones en caliente -avaladas desde febrero por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)- de aquellas personas que ya han pisado suelo español y que con esta práctica se les impide tener acceso a las oficinas de asilo que debe haber en frontera.
La Comisión Española de Ayudar al Refugiado (CEAR) denunciaba que es de sobra conocido “la imposibilidad de solicitar asilo en una embajada para ser trasladado a territorio español“. Cuando se conoció la sentencia del TEDH alertaban que “desde que existe esta posibilidad en la Ley de Asilo solo ha sido aplicada en casos contados y muy excepcionales. Además, las autoridades españolas no garantizan una política de visados efectiva en materia laboral, tal y como justifica la Gran Sala, lo que supone un preocupante desconocimiento de la realidad migratoria en la frontera sur europea“.
En esta galería se pueden ver algunas de las devoluciones en caliente producidas en los últimos años en la frontera sur
En 2019, los países de la UE concedieron protección a casi 295.800 demandantes de asilo, frente a los 333.400 de 2018, lo que supuso una bajada de casi el 40% con respecto a 2017 (533.000). Cerca de uno de cada tres (27%) procedían de Siria, un 14% de Afganistán y un 13% de Venezuela, las principales tres nacionalidades. El número de demandantes de asilo de Venezuela aumentó casi 40 veces en 2019 comparado con el de 2018. De los 78.600 ciudadanos sirios que recibieron protección internacionaen la UE, casi el 71% la recibieron en Alemania.
En 2019España vivió un nuevo año récord de peticiones de asilo, con un total de 118.264, más que el doble respecto a 2018. Las 5 nacionalidades con mayor número de solicitudes fueron: Venezuela (40.906), Colombia (29.369), Honduras (6.792), Nicaragua (5.931) y ElSalvador (4.784). De este modo, el 80% de las solicitudes fueron presentadas por personas de América Latina.
Pero, España se sitúa muy por debajo de la media de la Unión Europea que registra alrededor de un 30% de resoluciones favorables. Así, de un total de más de 60.000 resoluciones, se otorgó el estatuto de refugiado en 1.653 ocasiones y se ofrecieron 1.503 protecciones subsidiarias. Sin embargo, cabe destacar como un claro avance respecto a periodos anteriores, la concesión de 39.776 permisos por razones humanitarias.
Estrella Galán, directora de CEAR, denuncia que “resulta indefendible que España imponga obstáculos como el visado de tránsito a quienes que huyen de países que viven graves conflictos y no tengan otra forma de solicitar asilo en nuestro país que arriesgando sus vidas poniéndolas en manos de traficantes de personas“.
“La política de visados impuesta por España está determinando el perfil de los solicitantes de asilo en nuestro país, dificultando enormemente la llegada de nacionales de Siria, Yemen o Palestina, entre otros, al imponerles un visado de tránsito. De este modo, estas decisiones se convierten en la práctica en una herramienta selectiva de control de fronteras“, denunció Galán.
En las imágenes se muestran personas de diversas nacionalidades con la “tarjeta roja” de solicitud de asilo protestando en el CETI y en la Delegación del Gobierno para poder salir de Ceuta
Refugiados en el mundo
Según los datos aportados por Europa, en todo el mundo, el número de personas que huyen de la persecución, el conflicto y la violencia ha alcanzado los 79,5 millones por primera vez. Eso equivaldría a que casi toda la población de Alemania fueran expulsadas de sus hogares. Los niños representan aproximadamente el 40% de la población refugiada del mundo.
Los países que acogen al mayor número de refugiados son Turquía, Colombia, Pakistán, Uganda y Alemania. Solo el 15% de los refugiados de todo el mundo se alojan en países desarrollados.
Partidos y organizaciones sociales quieren implementar en 13 estados del país el “pin parental”, un mecanismo con el que los padres pretenden autorizar los contenidos que se enseñan en las escuelas.
Partidos políticos y organizaciones sociales de al menos 13 estados de la República han propuesto reformar leyes educativas para crear un “pin parental”, con el objetivo de que los padres de familia autoricen los contenidos que se enseñan en las escuelas y, con ello, limitar temas como la igualdad de género, la salud sexual y reproductiva.
Aunque la Secretaría de Gobernación (Segob), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y organismos internacionales se pronunciaron en contra del pin parental, cada vez son más los estados donde se aviva la discusión en torno a este tema.
Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Querétaro, Veracruz, Puebla, Aguascalientes y Nuevo León son las entidades donde los partidos Encuentro Social (PES) y Acción Nacional (PAN) han promovido la intervención de los padres en los contenidos educativos.
En el caso de Nuevo León, la iniciativa del pin parental fue votada y rechazada en el Congreso estatal, mientras que en Aguascalientes la Comisión de Derechos Humanos local impugnó las reformas educativas que ya habían sido publicadas en el Periódico Oficial.
Conservatives seek to implement parental veto over sex education in 13 states
Por otra parte, en Baja California, Oaxaca, Tamaulipas y Yucatán asociaciones como el Frente Nacional por la Familia ejercen presión para que los Congresos estatales incluyan el tema en sus agendas.
Especialistas alertaron que permitir a los padres o tutores aprobar los contenidos que se dan en las escuelas provocaría que sectores conservadores rechacen los temas de igualdad de género, salud sexual y reproductiva, lo cual podría derivar en un aumento de la violencia contra las mujeres, embarazos infantiles, abuso sexual de menores y homofobia.
Retroceso
“El pin parental sería un retroceso para la Convención sobre los Derechos del Niño, la Constitución Política y las diferentes leyes que tenemos donde se expresa que los niños y adolescentes no son propiedad de los padres.
“Este tipo de iniciativas ponen a los menores como objetos de sus papás y ese es un retroceso de décadas”, criticó José Lugo Rodríguez, coordinador de Incidencia Política de Protección a la Niñez de la organización Save The Children México.
El experto aseveró que la sexualidad sigue siendo un tabú en la sociedad mexicana, por lo que la escuela se ha convertido en un espacio ideal para que los infantes aprendan sobre este tema.
La sexualidad aún es tabú en la sociedad mexicana, afirma experto.
“Si eliminamos la posibilidad de que los niños puedan conocer este tema desde el punto de vista científico, que en las escuelas puedan dialogar, realmente podríamos poner en riesgo a nuestros niños, porque no somos un país donde hablemos de esto con naturalidad en nuestras casas”, advirtió el especialista.
Las consecuencias de eliminar la educación sexual y de género en las escuelas no sería poca cosa: aunque ha habido una tendencia a la baja durante los últimos años, en 2018 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) registró 154 mil 299 embarazos de niñas y adolescentes.
Con respecto a la violencia de género, la cifra de 10 asesinatos de mujeres al día sigue vigente a pesar de las estrategias implementadas por el gobierno federal para contener el problema.
En cuanto al abuso sexual infantil, las autoridades no tienen una cifra específica para medir este delito, y sobre la homofobia el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBT registró 65 asesinatos de integrantes de esta comunidad en 2019.
Oportunismo político
El pin parental no es un proyecto surgido de la nada, tiene sus raíces en el partido político español VOX, que propuso que los padres tengan información previa sobre cualquier actividad que involucre cuestiones sobre identidad de género, feminismo o diversidad.
El objetivo es que los responsables de los menores, con base en “cuestiones morales” y creencias, decidan si los niños pueden realizar esas actividades.
Teniendo en cuenta los antecedentes políticos, Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia (Redim), no dudó en que el PES y el PAN puedan utilizar esta iniciativa con miras a las elecciones de 2021, cuando se disputarán 15 gubernaturas, 30 Congresos estatales, casi 2 mil municipios y se renovará la Cámara de Diputados.
“El pin parental es un pretexto para confrontarse con las instituciones del gobierno mexicano, para hacer visibles sus cuestionamientos homofóbicos, misóginos y adultocéntricos porque en nuestro país hay mucha gente que piensa así. Este es un método que utilizó VOX para ganar electores”, declaró Juan Martín Pérez.
El experto equiparó el pin parental con otras propuestas que en su momento lanzó el Partido Verde Ecologista, como la pena de muerte, y que le sirvieron para conseguir votantes que a la postre eran de utilidad para su aliado favorito: el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
“México es un terreno fértil para las propuestas antiderechos por la fragilidad institucional, por los altos niveles de impunidad y por la polarización que hay en estos momentos. Así como vemos a estos grupos antiderechos esforzándose para lograr visibilidad y ganar electores, seguramente vamos a ver a otros grupos con la misma estrategia”, aseveró Juan Martín Pérez.
Para que el pin parental no sea aprobado en las entidades federativas, la semana pasada la Comisión Permanente del Congreso de la Unión hizo un llamado a la CNDH para que interponga acciones de inconstitucionalidad contra las iniciativas estatales en la Suprema Corte.
El Legislativo federal coincidió en que esta propuesta viola derechos humanos de los menores de edad, entre ellos el acceso a la salud sexual y reproductiva. Y aunque esta crítica se replica desde distintos frentes, grupos conservadores han optado por no escuchar y seguir con su agenda.
Convocan a protesta por homicidio de Jonathan Santos
Por Rubí Bobadilla
La Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) convocó a través de sus redes sociales a una protesta para exigir justicia por Jonathan Santos, el joven estudiante de la Universidad de Guadalajara que fue asesinado la mañana del martes.
“En Jalisco, la cifra de desaparecidos y la inseguridad, aumentan día con día; hace una semana exigimos #JusticiaParaFrancisco y hoy desafortunadamente, vamos a exigir #JusticiaParaJonathanSantos”, expresó la FEU.
La protesta está convocada para llevarse a cabo este viernes 14 de agosto a las 20:00 horas afuera de Casa Jalisco.
A los estudiantes y personas que deseen asistir se les pidió que acudieran con su respectivo cubrebocas, paraguas y una vela blanca, además de recordarles que durante la manifestación deben mantener la “sana distancia”.
Este jueves por la mañana compañeros de Jonathan realizaron un homenaje en la Escuela Politécnica Ingeniero Matute Remus, donde él estudiaba.
Ahí, con carteles y globos de color blanco, recordaron al estudiante como un joven alegre y libre y exigieron justicia por su homicidio, solicitando a las autoridades que atrapen a los responsables y los hagan pagar por el crimen.
Nota del editor: La Dra. Edith Bracho-Sanchez es pediatra de atención primaria, directora de telemedicina pediátrica y profesora asistente de pediatría en el Centro Médico Irving de la Universidad de Columbia.
(CNN) — Los maestros y los padres que actualmente están sopesando sus opciones cuando se trata de las reaperturas escolares en medio de una pandemia mortal pueden tener un desafío adicional por delante: que los niños teman regresar a la escuela.
Al igual que el resto de nosotros, a los niños en este país se les ha dicho durante meses que se queden en casa, que se laven las manos y que usen una mascarilla.
Para algunos niños, las restricciones, lo que han escuchado en las noticias y su propia experiencia personal con el covid-19 han hecho que el mundo exterior se sienta como un lugar peligroso.
«Él es diferente ahora, puedo ver eso», dijo Rose Israel, cuyo hijo de 6 años Jeremiah Israel-James se ha negado a salir a la calle en las últimas semanas. En la rara ocasión en que Jeremiah acepta abandonar su hogar en East Harlem, primero debe mirar por la ventana, declarándolo seguro cuando «no hay mucha gente afuera».
Los CDC emiten nueva guía para reabrir las escuelas 0:39
Una vez fuera, Jeremiah quiere volver a entrar lo más rápido posible. «Antes, cuando estaba afuera, quería explorar, quería ver, ahora todo es ‘Regresemos, mamá’», agregó Israel.
«No hay duda de que esta ha sido una experiencia extremadamente estresante y en cierto modo traumática para muchos de nosotros», dijo la Dra. Barbara Robles-Ramamurthy, psiquiatra de niños y adolescentes del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas en San Antonio, UT Health San Antonio.
«Creo que la falta de información, la información errónea, la incertidumbre de cómo se verán las cosas en los próximos meses del año escolar es extremadamente estresante y difícil de manejar para las familias», agregó.
Durante estos meses de aislamiento, Robles-Ramamurthy ha estado alentando a los padres para que saquen a sus hijos mientras guardan el distanciamiento físico y usan máscaras. «[Los niños] necesitan ver los cielos azules y las nubes blancas y los árboles verdes y otros niños riéndose y jugando. Necesitamos esas experiencias cotidianas».
Pero el miedo a contraer covid-19 y la incapacidad de distanciarse adecuadamente una vez afuera ha mantenido a muchas familias adentro por períodos prolongados de tiempo, y algunos niños temen cada vez más al mundo exterior.
«¿Qué pasa con la escuela? Tienes que ir a la escuela», le preguntó Israel a su hijo. «No mamá, no quiero ir a la escuela, no voy a la escuela, me matará. No quiero morir», respondió Jeremiah.
Estados Unidos: medidas para poder reabrir las escuelas 0:49
Los niños luchan con la ansiedad
Jeremiah, como muchos niños, está luchando con ansiedad por el próximo año escolar, explicó Robles-Ramamurthy. «He estado escuchando a los niños decir cosas como ‘No quiero ir a la escuela y contraer coronavirus‘», dijo.
No ayuda que las decisiones sobre las aperturas escolares varíen según el estado e incluso por el distrito escolar, y algunos tengan clases por internet este otoño (boreal), que otras escuelas propongan un modelo híbrido de educación presencial y virtual, y algunas tratarán de comenzar con clases presenciales. Y, por supuesto, eso podría cambiar si aumentan las tasas de infección.
Para algunos niños puede ser más fácil hacer la transición a la educación en persona, dijo la Dra. Neha Chaudhary, psiquiatra de niños y adolescentes en el Hospital General de Massachusetts y la Escuela de Medicina de Harvard y cofundadora de Stanford Brainstorm.
«Incluso podrían estar emocionados de volver a la escuela y ver a sus amigos y volver a ese ambiente», dijo.
Pero para otros, especialmente aquellos que ya luchan con la ansiedad, la transición de regreso será difícil, agregó.
Niños como Jeremiah también traerán a la escuela una capa adicional de experiencia personal con el covid-19. En su caso, tanto su abuela como su tía, que viven en la misma casa de la ciudad de Nueva York, contrajeron casos graves de covid-19.
«Cada vez que mi madre sentía que no podía respirar, Jeremiah siempre estaba allí», dijo Israel. «Él dijo ‘Quiero ver, quiero ver qué está pasando, mamá’. Ya sabes, la ama, y fue entonces cuando comenzó a entender más sobre el covid», agregó.
Los diferentes niveles de miedo, ansiedad y experiencias personales de los niños con covid-19 pueden en última instancia dificultar el aprendizaje este periodo escolar.
«Cuando un niño está ansioso o temeroso, las partes de su cerebro responsables de la atención, el pensamiento y el aprendizaje simplemente no pueden funcionar tan bien», dijo Chaudhary.
«Los maestros pueden encontrar que algunos niños están más distraídos, aparentemente desconectados, no entienden el material tan fácilmente, o incluso ver que se molestan fácilmente o están más reactivos emocionalmente», agregó.
Tanto Chaudhary como Robles-Ramamurthy reconocieron la enorme tarea que les espera tanto a los maestros como a los padres, y aún así tienen esperanzas para este otoño, haciendo hincapié en la capacidad de recuperación y la capacidad de los niños para adaptarse a las circunstancias cambiantes.
«Los niños suelen ser más propensos a aceptar nuevas normas con gracia que los adultos, siempre y cuando les ayudemos a superar los obstáculos en el camino», dijo Chaudhary. «Y eso significa apoyar a los maestros para que puedan apoyar a nuestros hijos», dijo.
En preescolar, primaria y secundaria, el abandono de los estudios alcanzó a 10% (2 millones 523 mil 330 alumnos), en la educación universitaria llegó a 8% (305 mil 89 universitarios), según datos de la SEP.
Durante la conferencia de prensa en el Palacio Nacional para resolver dudas sobre el ciclo 2020-2021, Luciano Concheiro -subsecretario de Educación Superior-, detalló que “cuando un estudiante no se ha reportado o ha incumplido sus tareas, se hace un seguimiento directo con el joven a fin de que se reincorpore a las actividades”. Por el lado de la educación superior, se tienen acuerdos con las universidades para que puedan recuperar e inscribir más materias.
Según la SEP y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), son 2.8 millones de estudiantes quienes dejan la escuela en estos 5 meses que lleva la pandemia en México.
Pero el abandono de estudios no comienza con la pandemia, desde antes, 4.1 millones de niños, niñas y adolescentes de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato estaban fuera de la escuela, así como 61 de cada 100 jóvenes en la universidad.
700 mil jóvenes de bachillerato abandonan la escuela cada año, por problemas económicos, sociales o familiares. Son cantidades inconcebibles.
Ahora con la pandemia, los números van en aumento. El PNUD estimó que al menos un 15.5% de estudiantes de nivel medio superior, superior y posgrado no regresarán a clases para el ciclo 2020-2021, o sea 1 millón 431 mil 576 alumnos.
Pero las autoridades niegan que esto pasa, como Esteban Moctezuma (secretario de Educación Pública), quien afirmó que no habrá un abandono masivo de estudiantes “ninguna niña, niño adolescente o joven abandonará el Sistema Educativo Nacional sin que la autoridad haga lo posible por apoyarlos”.
Luciano Concheiro anunció que se ofrecerán 37 mil 977 lugares en 185 instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, a fin de que los jóvenes no se queden sin un espacio en las universidades con el programa “Rechazo Cero”.
En el marco de la imposición de las clases en línea, los primeros en abandonar la escuela son los y las jóvenes más precarias, quienes no tienen las herramientas necesarias como una computadora o internet en casa, quienes se suman a las filas de pobreza que cada vez son más grandes. Con familias despedidas o salarios recortados, les es imposible seguir estudiando.
Probablemente, muchos de estos estudiantes, tendrán que trabajar para apoyar a la familia. Pero son empleos con un pésimo salario, sin seguro social ni derechos laborales, empleos como call centers, repartidores de apps, empacadores en los supermercados, etcétera.
Y para los y las niñas de preescolar y primaria que tienen una televisión en casa, los programas de Aprende en Casa vienen con sus graves consecuencias, como la falta de interacción entre profesores y alumnos, pero también entre colegas.
Fuente e imagen: http://www.laizquierdadiario.mx/Mas-jovenes-y-nines-sin-condiciones-para-estudiar
En plena pandemia los pueblos indígenas luchan con otro enemigo que está arrebatando la vida de sus hijos e hijas, tanto en sus comunidades como en los diferentes condados de Nueva York. Además de las muertes maternas, de los niños y niñas indígenas que mueren por desnutrición, los feminicidios, la violencia delincuencial que ha cobrado muchas vidas de jóvenes que se vieron obligados a incorporarse a las filas del sicariato, en el primer semestre del 2020 se ha elevado el número de muertes de jóvenes y adultos mayores de los pueblos indígenas que han muerto por covid. El desmantelamiento de los centros hospitalarios, la carencia de personal médico, de equipamiento y medicinas son indicadores funestos de la discriminación y el racismo, que cotidianamente enfrentan las madres y padres de familia cuando llegan a los hospitales o clínicas de salud.
La falta de pruebas PCR invisibiliza los contagios, pero sobre todo desdeñan las muertes que ocurren en las comunidades indígenas. Son atisbos del etnocidio que se sigue reproduciendo por parte del estado ante el abandono secular y el despojo sistemático de sus riquezas naturales y del presupuesto público, por parte de una clase política voraz, que se ensaña contra la población más vulnerable. El escenario es cruento en las regiones indígenas porque el desmantelamiento de la vida comunitaria está tocando fondo, sobre todo porque se ha ido resquebrajando la red de solidaridad que han sabido tejer en las últimas décadas para contar con ingresos seguros que provienen de las remesas. El gran número de muertes de jóvenes indígenas en Nueva York, nos muestra el rostro del racismo que padecen en Estados Unidos, por el simple hecho, de asumir una identidad cimentada en sus raíces culturales y por pertenecer a la población estigmatizada por el presidente Trump, que los sataniza por el hecho de ser personas indocumentadas.
En nuestro país la brecha social y económica tiene visos de una brecha que institucionaliza la discriminación y el racismo, porque la clase política y el empresariado mexicano siempre se han erigido como los herederos de la revolución y los elegidos y ungidos para gobernar un país pluricultural. Sigue imperando una forma vertical de ejercer el poder con una visión etnocéntrica que tiene como paradigma el individualismo, la privatización de los bienes públicos y el modelo extractivista para garantizar la acumulación capitalista. Las consecuencias de este sistema depredador se han traducido en miseria, muerte y sometimiento a una población indígena insumisa, que ha sido protagonista de las grandes transformaciones del país, pero que al final de las gestas históricas, siempre han sido relegados tratándolos como súbditos o seres sin derechos.
En Guerrero la lucha por el reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos nos remite a momentos claves de nuestra historia. La lucha independentista y la gesta revolucionara no se entiende sin la participación de estas poblaciones y de sus dirigentes. A pesar de que, en el estado, el mismo congreso celebra con bombo y platillo el legado histórico que nos dejó José María Morelos y Pavón, en los Sentimientos de la Nación, que es como la carta de los derechos humanos en América, los diputados y diputadas de esta legislatura, se han negado atender la demanda legitima de los pueblos de Guerrero, para impulsar una reforma que reconozca plenamente sus derechos como pueblos indígenas y afromexicanos.
En esta lucha varias organizaciones sociales y autoridades comunitarias buscamos el acercamiento con diputados de la actual legislatura del estado, con el fin de emprender un proceso de dialogo que iniciamos en los meses de mayo y junio de 2019. Celebramos 4 sesiones de parlamento abierto, donde se invitamos a varios expertos y expertas en los temas e hicimos mesas de trabajo para discutir las problemáticas y propuestas en la materia.
Posteriormente se organizaron 10 foros de consulta previa, libre e informada y culturalmente adecuada en diversas regiones y municipios del Estado de Guerrero, siendo un ejercicio inédito, por la participación de diferentes actores sociales y políticos, pero sobre todo de las comunidades indígenas y afromexicanas. El primer foro fue en la comunidad del Paraíso, municipio de Ayutla; el segundo, se realizó en la cabecera municipal de Metlatónoc; el tercero, en Tlapa de Comonfort; el cuarto en la comunidad de Paraje Montero; el quinto, en San Luis Acatlán; el sexto, en Marquelia; el séptimo, el Tlacoachistlahuca; el octavo, en la comunidad de las Juntas-Caxitepec municipio de Acatepec; el noveno, Xalitla municipio de Tepecoacuilco de Trujano y el décimo en el Puerto de Acapulco.
Los foros de consulta cumplieron con los requisitos de ser previos puesto que se realizaron anteriormente a la elaboración y presentación de la iniciativa de reforma, libres e informados pues a la gente no se le condicionó ni se le obligó a ir, sino que por su propia voluntad acudieron a manifestar sus voces de reclamo y propuestas sobre sus derechos; de buena fe, porque no hubo otra intención más que la del reconocimiento pleno de los derechos; y culturalmente adecuados porque se dieron en el marco de sus asambleas estando presentes sus autoridades. Se contó con intérpretes y las decisiones las tomaron de acuerdo a sus sistemas internos.
Después de todo este proceso de consulta en el mes de octubre 2019 por parte de la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos del Congreso se nombró un Comité Técnico Comunitario, el cual se encuentra integrado por autoridades indígenas y afromexicanas, así como expertos en el tema. Una vez que tomaron protesta dicho Comité comenzó a trabajar y redactó la iniciativa de reforma constitucional tomando en cuenta todas las participaciones y propuestas que se dieron en los foros de consulta.
En diciembre de 2019 el presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos presentó la iniciativa de reforma constitucional que redactó el Comité Técnico Comunitario, la cual fue respaldada por otros 19 diputados y diputadas, siendo turnada a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos. Sin embargo, hasta el 1 de junio de 2020, luego de que diversas autoridades comunitarias e integrantes del Comité Técnico Comunitario, realizaran una manifestación en el Congreso del Estado, para pedir la dictaminación y aprobación de dicha reforma, fueron recibidos por los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Congreso (JUCOPO), tomando como acuerdo central, discutir esta propuesta para el 24 de junio del 2020.
Se sostuvieron dos reuniones virtuales entre los integrantes del Comité Técnico Comunitario y la JUCOPO, y a pesar de que los diputados y diputadas han expresado su disposición y la voluntad política de legislar en la materia de los derechos indígenas y afromexicanos, no hay avances a más de 8 meses y ni si quiera un dictamen por parte de la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos.
Recientemente, el 3 de agosto el Comité Técnico Comunitario dio una conferencia de prensa en la que exhortó a los diputados integrantes de la JUCOPO, para que se instalará el 9 de agosto de 2020 una mesa de trabajo para debatir los temas. Contrario a lo esperado emitieron un comunicado argumentando que los anexos de los foros de consulta no habían sido entregados y en consecuencia, no podían determinar que dicha iniciativa había sido sometida a consulta a los pueblos indígenas y afromexicanos.
Conviene traer a colación las palabras del EZLN hechas en la Sexta Declaración de la Selva Lacandona cuando de igual manera el gobierno en turno y los partidos políticos traicionaron los Acuerdos de Sn Andres Larrainzar: “Y entonces en esos acuerdos los malos gobiernos dijeron que sí van a reconocer los derechos de los pueblos indios de México y van a respetar su cultura, y todo lo van a hacer ley en la Constitución. Pero, ya luego que firmaron, los malos gobiernos se hicieron como que se les olvida y pasan muchos años y nada que se cumplen esos acuerdos”.
“Pero resulta que no, que los políticos que son del partido PRI, el partido PAN y el partido PRD se pusieron de acuerdo entre ellos y nomás no reconocieron los derechos y la cultura indígenas. Eso fue en abril del 2001 y ahí los políticos demostraron claro que no tienen nada de decencia y son unos sinvergüenzas que sólo piensan en ganar sus buenos dineros como malos gobernantes que son. Esto hay que recordarlo porque ya van a ver ustedes que ahora van a decir que sí van a reconocer los derechos indígenas, pero es una mentira que echan para que votemos por ellos, pero ya tuvieron su oportunidad y no cumplieron”
Estos Acuerdos tienen más de 20 años y no han sido cumplidos. No es posible que a pesar de todo este tiempo que ha pasado los legisladores se sientan con el derecho de decidir quién debe tener derechos y quién no. Ojalá que la reforma en el estado de Guerrero se logré plasmar conforme al interés supremo de los sujetos principales que son los pueblos indígenas y afromexicanos. Que esta reforma sea una respuesta efectiva para avanzar sus demandas históricas. Ya es tiempo de que los pueblos sean reconocidos como sujetos de derechos públicos y que formen parte de las transformaciones sociales que se requieren en nuestro estado, para que haya justicia, equidad, pluralidad política, autónoma, respeto a los sistemas normativos y una verdadera representación política en todos los órganos de gobierno.
OtrasVocesenEducacion.org existe gracias al esfuerzo voluntario e independiente de un pequeño grupo de docentes que decidimos soñar con un espacio abierto de intercambio y debate.
¡Ayúdanos a mantener abiertas las puertas de esta aula!
Users Today : 10
Total Users : 35466893
Views Today : 460
Total views : 3478309