En plena pandemia los pueblos indígenas luchan con otro enemigo que está arrebatando la vida de sus hijos e hijas, tanto en sus comunidades como en los diferentes condados de Nueva York. Además de las muertes maternas, de los niños y niñas indígenas que mueren por desnutrición, los feminicidios, la violencia delincuencial que ha cobrado muchas vidas de jóvenes que se vieron obligados a incorporarse a las filas del sicariato, en el primer semestre del 2020 se ha elevado el número de muertes de jóvenes y adultos mayores de los pueblos indígenas que han muerto por covid. El desmantelamiento de los centros hospitalarios, la carencia de personal médico, de equipamiento y medicinas son indicadores funestos de la discriminación y el racismo, que cotidianamente enfrentan las madres y padres de familia cuando llegan a los hospitales o clínicas de salud.
La falta de pruebas PCR invisibiliza los contagios, pero sobre todo desdeñan las muertes que ocurren en las comunidades indígenas. Son atisbos del etnocidio que se sigue reproduciendo por parte del estado ante el abandono secular y el despojo sistemático de sus riquezas naturales y del presupuesto público, por parte de una clase política voraz, que se ensaña contra la población más vulnerable. El escenario es cruento en las regiones indígenas porque el desmantelamiento de la vida comunitaria está tocando fondo, sobre todo porque se ha ido resquebrajando la red de solidaridad que han sabido tejer en las últimas décadas para contar con ingresos seguros que provienen de las remesas. El gran número de muertes de jóvenes indígenas en Nueva York, nos muestra el rostro del racismo que padecen en Estados Unidos, por el simple hecho, de asumir una identidad cimentada en sus raíces culturales y por pertenecer a la población estigmatizada por el presidente Trump, que los sataniza por el hecho de ser personas indocumentadas.
En nuestro país la brecha social y económica tiene visos de una brecha que institucionaliza la discriminación y el racismo, porque la clase política y el empresariado mexicano siempre se han erigido como los herederos de la revolución y los elegidos y ungidos para gobernar un país pluricultural. Sigue imperando una forma vertical de ejercer el poder con una visión etnocéntrica que tiene como paradigma el individualismo, la privatización de los bienes públicos y el modelo extractivista para garantizar la acumulación capitalista. Las consecuencias de este sistema depredador se han traducido en miseria, muerte y sometimiento a una población indígena insumisa, que ha sido protagonista de las grandes transformaciones del país, pero que al final de las gestas históricas, siempre han sido relegados tratándolos como súbditos o seres sin derechos.
En Guerrero la lucha por el reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos nos remite a momentos claves de nuestra historia. La lucha independentista y la gesta revolucionara no se entiende sin la participación de estas poblaciones y de sus dirigentes. A pesar de que, en el estado, el mismo congreso celebra con bombo y platillo el legado histórico que nos dejó José María Morelos y Pavón, en los Sentimientos de la Nación, que es como la carta de los derechos humanos en América, los diputados y diputadas de esta legislatura, se han negado atender la demanda legitima de los pueblos de Guerrero, para impulsar una reforma que reconozca plenamente sus derechos como pueblos indígenas y afromexicanos.
En esta lucha varias organizaciones sociales y autoridades comunitarias buscamos el acercamiento con diputados de la actual legislatura del estado, con el fin de emprender un proceso de dialogo que iniciamos en los meses de mayo y junio de 2019. Celebramos 4 sesiones de parlamento abierto, donde se invitamos a varios expertos y expertas en los temas e hicimos mesas de trabajo para discutir las problemáticas y propuestas en la materia.
Posteriormente se organizaron 10 foros de consulta previa, libre e informada y culturalmente adecuada en diversas regiones y municipios del Estado de Guerrero, siendo un ejercicio inédito, por la participación de diferentes actores sociales y políticos, pero sobre todo de las comunidades indígenas y afromexicanas. El primer foro fue en la comunidad del Paraíso, municipio de Ayutla; el segundo, se realizó en la cabecera municipal de Metlatónoc; el tercero, en Tlapa de Comonfort; el cuarto en la comunidad de Paraje Montero; el quinto, en San Luis Acatlán; el sexto, en Marquelia; el séptimo, el Tlacoachistlahuca; el octavo, en la comunidad de las Juntas-Caxitepec municipio de Acatepec; el noveno, Xalitla municipio de Tepecoacuilco de Trujano y el décimo en el Puerto de Acapulco.
Los foros de consulta cumplieron con los requisitos de ser previos puesto que se realizaron anteriormente a la elaboración y presentación de la iniciativa de reforma, libres e informados pues a la gente no se le condicionó ni se le obligó a ir, sino que por su propia voluntad acudieron a manifestar sus voces de reclamo y propuestas sobre sus derechos; de buena fe, porque no hubo otra intención más que la del reconocimiento pleno de los derechos; y culturalmente adecuados porque se dieron en el marco de sus asambleas estando presentes sus autoridades. Se contó con intérpretes y las decisiones las tomaron de acuerdo a sus sistemas internos.
Después de todo este proceso de consulta en el mes de octubre 2019 por parte de la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos del Congreso se nombró un Comité Técnico Comunitario, el cual se encuentra integrado por autoridades indígenas y afromexicanas, así como expertos en el tema. Una vez que tomaron protesta dicho Comité comenzó a trabajar y redactó la iniciativa de reforma constitucional tomando en cuenta todas las participaciones y propuestas que se dieron en los foros de consulta.
En diciembre de 2019 el presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos presentó la iniciativa de reforma constitucional que redactó el Comité Técnico Comunitario, la cual fue respaldada por otros 19 diputados y diputadas, siendo turnada a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos. Sin embargo, hasta el 1 de junio de 2020, luego de que diversas autoridades comunitarias e integrantes del Comité Técnico Comunitario, realizaran una manifestación en el Congreso del Estado, para pedir la dictaminación y aprobación de dicha reforma, fueron recibidos por los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Congreso (JUCOPO), tomando como acuerdo central, discutir esta propuesta para el 24 de junio del 2020.
Se sostuvieron dos reuniones virtuales entre los integrantes del Comité Técnico Comunitario y la JUCOPO, y a pesar de que los diputados y diputadas han expresado su disposición y la voluntad política de legislar en la materia de los derechos indígenas y afromexicanos, no hay avances a más de 8 meses y ni si quiera un dictamen por parte de la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos.
Recientemente, el 3 de agosto el Comité Técnico Comunitario dio una conferencia de prensa en la que exhortó a los diputados integrantes de la JUCOPO, para que se instalará el 9 de agosto de 2020 una mesa de trabajo para debatir los temas. Contrario a lo esperado emitieron un comunicado argumentando que los anexos de los foros de consulta no habían sido entregados y en consecuencia, no podían determinar que dicha iniciativa había sido sometida a consulta a los pueblos indígenas y afromexicanos.
Conviene traer a colación las palabras del EZLN hechas en la Sexta Declaración de la Selva Lacandona cuando de igual manera el gobierno en turno y los partidos políticos traicionaron los Acuerdos de Sn Andres Larrainzar: “Y entonces en esos acuerdos los malos gobiernos dijeron que sí van a reconocer los derechos de los pueblos indios de México y van a respetar su cultura, y todo lo van a hacer ley en la Constitución. Pero, ya luego que firmaron, los malos gobiernos se hicieron como que se les olvida y pasan muchos años y nada que se cumplen esos acuerdos”.
“Pero resulta que no, que los políticos que son del partido PRI, el partido PAN y el partido PRD se pusieron de acuerdo entre ellos y nomás no reconocieron los derechos y la cultura indígenas. Eso fue en abril del 2001 y ahí los políticos demostraron claro que no tienen nada de decencia y son unos sinvergüenzas que sólo piensan en ganar sus buenos dineros como malos gobernantes que son. Esto hay que recordarlo porque ya van a ver ustedes que ahora van a decir que sí van a reconocer los derechos indígenas, pero es una mentira que echan para que votemos por ellos, pero ya tuvieron su oportunidad y no cumplieron”
Estos Acuerdos tienen más de 20 años y no han sido cumplidos. No es posible que a pesar de todo este tiempo que ha pasado los legisladores se sientan con el derecho de decidir quién debe tener derechos y quién no. Ojalá que la reforma en el estado de Guerrero se logré plasmar conforme al interés supremo de los sujetos principales que son los pueblos indígenas y afromexicanos. Que esta reforma sea una respuesta efectiva para avanzar sus demandas históricas. Ya es tiempo de que los pueblos sean reconocidos como sujetos de derechos públicos y que formen parte de las transformaciones sociales que se requieren en nuestro estado, para que haya justicia, equidad, pluralidad política, autónoma, respeto a los sistemas normativos y una verdadera representación política en todos los órganos de gobierno.
En un texto escrito por la Dra. Irma Fuenlabrada, del Departamento de Investigaciones Educativas (DIE-CINVESTAV), sobre pensamiento matemático infantil, dirigido a educadoras y educadores del nivel Preescolar (1) se leía el siguiente título: “¿Hasta el 100?… ¡No! ¿Y las cuentas?… ¡Tampoco! Entonces… ¿Qué?”. Precisamente en homenaje a ese creativo título, aparte de su magnífico contenido, en esta ocasión elegí el presente título para hacer una analogía y llamar por un momento la atención sobre un término que se utiliza indiscriminadamente en los medios educativos (y fuera de ellos: en medios de comunicación o en diversos espacios públicos). Me refiero al término “deserción” escolar, el cual está en desuso en los círculos de la investigación educativa, porque el término viene de la jerga militar o de los medios castrenses, y expresa un significado confuso en el campo educativo, pues hace referencia a la renuncia que realiza una persona, con deshonor, como un acto que generalmente se produce en las filas de un ejército.
A nuestros estudiantes, dado que no son soldados (aunque el líder sindical en turno dice que las y los maestros constituyen un “ejército intelectual” a favor del nuevo régimen), no les corresponde ese adjetivo: “desertores”. Lo cierto es que las y los estudiantes (me gusta decirles “estudiantes”, en vez de “alumn@s), se van de la escuela, pero no necesariamente porque así lo quieran, sino porque sucede un fenómeno social complejo que no podría ser simplificado como simple acto de “deserción”.
Cabe señalar que algunos autores –Manuel Gil cita a varios de ellos (2)-, han optado por -sustituir el término “deserción” escolar por “abandono” escolar, esto con la idea de salvar el exceso (de lenguaje militar) que se supuestamente se atribuiría a las “bajas” en una estadística del sector público; sin embargo, el problema de este último término (“abandono”) es que hace alusión a una responsabilidad asimétrica, es decir, a una de las partes se le adjudica moralmente la carga del “abandono” (“abandonan la escuela porque son flojos”, diría una versión extraviada). Implícitamente en el discurso de ciertas políticas públicas, supuestamente con base académica, las o los estudiantes son los responsables de “abandonar” a la institución llamada “escuela”. Al respecto, cabe preguntar ¿Quién abandona a quién? Los estudiantes a su querida institución, la escuela, o esta última es la que sistemáticamente “expulsa” a los y las niñas, niños y jóvenes, que son, junto con las y los docentes, los actores sustantivos de los procesos educativos.
Esto lo comento a propósito de varios datos que se revelaron recientemente y que, al mismo tiempo, generan nuevas preguntas. En una de las conferencias vespertinas, relacionadas con las medidas sanitarias y educativas en el contexto de la crisis causada por el Coronavirus, el subsecretario Concheiro, de Educación Superior, afirmó que aproximadamente el 10 por ciento de la matrícula de Educación Básica “abandona o abandonará a la escuela” luego de la actual crisis.
¿Cómo pueden las autoridades educativas saber o manejar esas cifras, si aún no inicia el ciclo escolar 2020-2021? Quizá cuenten con la estadística o los datos acerca del cierre del ciclo escolar 2019-2020, donde se calculaba que alrededor del 80 por ciento de los estudiantes de Educación Básica (Preescolar, Primaria y Secundaria, dato general), había participado en las actividades del plan emergente “Aprende en casa” (de marzo a julio de 2020). Es la única información vaga que se tiene, misma que de por sí es imprecisa.
Por consiguiente el 20 por ciento de los estudiantes de la educación básica en México no participó de las actividades realizadas en forma “irregular” debido al confinamiento y el distanciamiento social.
Cuando se toca el tema del “abandono” escolar como proceso social en un rango del 10 por ciento ¿De qué hablamos? Según el documento oficial de la SEP que consulté (3), y donde se abordan los datos o cifras principales del ciclo escolar 2018-2019, la matrícula de la Educación Básica sumaba un total de 22 millones 596 mil 818 estudiantes en el subsistema público, mientras que otros 2 millones 896 mil 884 estaban inscritos en el subsistema privado. Más de 25 millones de estudiantes de este nivel educativo en el país. Si el 10 por ciento no regresará a la escuela durante este ciclo escolar, estamos frente a una catástrofe social de dramáticas dimensiones. Más de 2 millones 500 mil estudiantes que no continuarán la Educación Básica. El equivalente a dos veces la cantidad de habitantes actuales de la ciudad de Querétaro y municipios vecinos.
En resumen: Antes se les llamaba «desertores» (deserción escolar), pero no son militares; hoy se les llama «abandonadores» (abandono escolar), pero no es un asunto personal. Con la aguda observación que hace Catalina Inclán @inclan66 se podría hablar de «excluidos» (o de “exclusión escolar”).
Propongo: «expulsados o excluidos del sistema educativo, por motivos académicos, económicos, religiosos o socio culturales». Ciertamente, éste es un asunto estructural y que ha sido abordado desde una visión y una concepción de las políticas públicas educativas. Mirada a todas luces ausente de una percepción incluyente de la educación.
Así pues, bienvenida la discusión sobre estos términos para afinar los nombres o conceptos que utilizamos, esto con la finalidad de referirnos de manera consensuada, crítica y analítica a los fenómenos educativos.
Reflexiones recientes y en breve (vía Twitter)
Esto comentó hace unas semanas Catalina Inclán: “Muchas posibilidades caben, la escuela estableció formas de “estar en ella”, los que ya no están, ¿dónde están? y ¿qué pasó con ell@s? Ej. La maestra de Milpillas, ahí hay un caso, no una razón…”. Por su parte Elodinn @elodinn dice lo siguiente: “¿Víctimas de negligencia? Cultural, social, familiar, académica.”
Javier Rosales @PearlJavs opina así: “Da para debate, sin embargo, estás dejando fuera a los docentes, podría ser hasta una situación de discriminación por falta de capacitación docente.” JBello @pumas_jbello: “Yo le llamo “expulsados”, porque es un fenómeno de carácter estructural y de “cultura escolar” autoritaria.”
L. Rivera @LRiveraF: “Los conceptos son construcciones históricas, responden a determinadas racionalidades (discursos de saber y poder), que emergen en determinadas condiciones. La SEP está definiendo el problema de los alumnos que nadie sabe dónde están, como abandono, o sea, son ellos, no el sistema. Entonces, la cuestión no es cambiar unos términos por otros, sino desmontar el modo en que la SEP está construyendo el problema. Quedando eso claro, es posible tomar posición para pensar una situación tan grave de otro modo, desde otro lugar.”
Alejandro Carrera: @L_carrera “Pues no todos caben en un solo concepto. Hay quienes abandonan por cuestiones económicas, otros que lo hacen por la falta de interés, otros tantos por no cumplir expectativas académicas. En todo caso me iría por «segregación», una inducida estructuralmente y otra «voluntaria».” Rubén Edel: @redeln “Necesitaría cambiarse una larga lista de constructos en la educación heredados de la milicia y las empresas: misión, estrategia, insumos, rediseño, calidad, rendimiento, desempeño, competencias, solo por citar algunos.”
Liliana Hernández @LilianaHC9 “Leí hace poco del fenómeno; @MejoreduMX le llama: desafiliación escolar…”. Carlos Yáñez @soyyanez: “También son «abandonados», otra discusión vigente: ¿quién abandona a quién?”
Fuentes consultadas:
(1) Irma Fuenlabrada. “¿Hasta el 100?… ¡No! ¿Y las cuentas?… ¡Tampoco! Entonces… ¿Qué?”. SEP, 2009. México.
(2) Manuel Gil Antón. “Este tema se enriquece con los trabajos de Vincent Tinto. Al desertor se le puede matar por la espalda, por cobarde. Yo he usado abandonar o ser abandonado por la escuela. Excluido está bien. E. Blanco propone desvincular o desafiliar. En fin: desertar, nunca más.” Twitt del 20 de junio, 2020.
(3) Principales cifras del Sistema Educativo Nacional 2018 – 2019. (2019) SEP. México.
En su glosario de términos, la SEP indica lo siguiente: “Abandono escolar: Número de alumnos que dejan la escuela en el ciclo escolar, por cada cien alumnos que se matricularon al inicio de cursos de ese mismo nivel educativo.”
Hace unos días la SEP (Secretaría de Educación Pública) dio a conocer que (debido a la pandemia del covid-19) el ciclo escolar 2020-2021 se iniciará a distancia. Para trabajar a distancia hizo un acuerdo con cuatro televisoras (Televisa, TV Azteca, Grupo Imagen y Grupo Multimedios) para que den el servicio educativo a los aproximadamente 30 millones de estudiantes del país. Además, resaltó ayudarse de internet y la radio. Para los estudiantes que no tengan acceso a ninguno de los anteriores medios, la SEP comentó que a través del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) se les hará llegar cuadernillos de trabajo. Lo anterior forma parte de una estrategia para no agravar el rezago educativo que se encuentra produciendo el tener las escuelas cerradas.
Al respecto, Manuel Gil Antón -académico del Colegio de México (COLMEX)- inició una crítica de la decisión tomada por la SEP.2 Primero, indica que la estrategia de la SEP no contempla la experiencia de los profesores. Pero su crítica sobresale cuando menciona que el plan desnuda la pobreza pedagógica del gobierno; se refiere al uso de la televisión como medio pedagógico a implementarse.
Gil Antón toma como referente a Freire para cuestionar el plan de la SEP. Expresa que la estrategia es la evidencia clara que la SEP concibe a los estudiantes como sujetos a los que hay que depositarles conocimientos, dejando de lado el diálogo que se debe entablar en todo proceso formativo. En sus palabras: “nunca había visto yo un elogio tan grande a lo que don Paulo Freire llamaría la educación bancaria, que consiste en un emisor, un transmisor y luego un espectador; que recibe como cubeta el agua que vierte con una manguera la fosa autorizada del ogro filantrópico en su modalidad pedagógica”. Me parece que Gil Antón olvida la capacidad de agencia de las personas; es un error pensar que la gente percibe pasivamente todos los mensajes que recibe.
En general, me encuentro de acuerdo con Gil Antón, pero no coincido con el argumento teórico con el que sostiene su visión. A mi juicio, la estrategia de la SEP es la de reproducir información; dicho plan proviene de la noción social que se tiene de la educación (o tal vez deba decir escolarización); esto no solo incluye el uso de la televisión o internet, sino también incluye el trabajo presencial en el aula.
Bauman (2008) refiere al estudio de D. Myers, quien analizó el significado de la educación en 13 civilizaciones y llegó a la conclusión que actualmente la educación es vista como un producto. Bauman (2008, p. 24) interpreta “cuando es considerada como un producto, la educación pasa a ser una cosa que se consigue, completa y terminada, o relativamente acabada”. En este sentido, si la educación es vista como un producto, entonces puede ser otorgada mediante cualquier forma, sea televisiva, online e incluso presencial, pues de lo que se trata es de reproducir ideas y no de producirlas.
La crítica que realiza Manuel Gil Antón me parece pertinente, ya que el shock que nos ha generado la pandemia no debe hacernos tomar decisiones a la ligera que en un futuro -cercano- podríamos lamentar. La SEP nos ha planteado la forma (la televisión como herramienta pedagógica) pero ha evitado detallar la manera en que se empleará (por ejemplo, el diseño de los programas televisivos).
El uso de la televisión en un tiempo en el que es difícil el regreso presencial a clases me parece una opción adecuada. Pero antes de llevar a cabo el plan debemos anticipar ciertos cuestionamientos que ayuden a enriquecerlo: ¿de qué manera es posible el uso pedagógico de la televisión? ¿es la televisión mala maestra?
En mi lectura subalterna del origen de la telesecundaria, recuerdo haber leído que éstas se originaron para llegar a la población rural; en ellas se adecuaba un espacio en el que se instalaba una televisión y a los estudiantes se les otorgaban dos cuadernillos (conocidos como conceptos básicos y guía de aprendizaje). Alguien de la población se encargaba de ir a prender la televisión y poner la programación. Pronto la estrategia generó problemas, ya que los estudiantes tenían dudas en cuanto a ciertos conceptos y vocabulario que manejaba el programa y que no se solucionaban al leer los cuadernillos. También, se encontraban con dificultades al momento de resolver las actividades planteadas en el cuadernillo. Lo anterior llevó a la exigencia de enviar profesores. En un inicio el profesor de telesecundaria se dedicaba a socavar dudas que surgían del programa televisivo y de interpretar lo que pedía el cuadernillo de actividades.
Tal vez encontremos las mismas dificultades al echar a andar el plan de la SEP. Las familias que no se encuentran cercanas al lenguaje escolar se les dificultará ayudar a sus hijos.
A mi juicio, debemos tener mucho tacto al momento de emplear la televisión como herramienta pedagógica. Propongo dejar de lado una programación grabada en la que se muestre una especie de documental que oriente a los estudiantes a resolver lo que se le pide en el libro. Se debe emplear la mayor inteligencia posible. Pienso en realizar clases en vivo para que los estudiantes puedan plantear sus dudas al momento de la explicación, además seleccionar a un grupo de estudiantes, que desde sus casas funjan la manera en que se está llevando la clase. El programa en vivo permitiría una ida y vuelta sobre el tema escolar; regresiones que frecuentemente acontecen en el aula. Esto se complementaría con que los profesores pudieran llamar a sus alumnos o escribirse vía WhatsApp con la intención de dar un seguimiento puntual a la formación académica y la situación emocional de los alumnos. Además, sería interesante proyectar peliculas dándoles un sentido educativo; incluso construir nuevos objetivos escolares. (De la anterior, habrá que sumar más y mejores propuestas).
Con lo anterior se atisba la gran labor que conlleva una programación televisiva con sentido pedagógicos. En este contexto, me parece adecuada la propuesta de K. Popper (2006) de conceder a las televisoras una patente para producir programas. En nuestro contexto, por la situación que vivimos es necesario conceder la patente a las televisoras y después evaluarlas (desde el vocabulario que emplean hasta las actividades que propician); estó ayudará a ir mejorando la estrategia, ya que mientras la pandemia no cese, será uno de los pocos medios para llevar la educación a las familias mexicanas.
La televisión puede ser buena maestra, así como lo puede ser el teatro, la lectura de un libro; todo depende de la manera en que se emplee.
Por último, para animar el pensamiento, quiero compartir una frase de Popper (2006, p. 38), quien indica que “la televisión, así como es una tremenda fuerza para el mal, podría ser una tremenda fuerza para el bien”.
Referencias:
Bauman, Z. (2008). Los retos de la educación en la modernidad líquida. España: Gedisa.
Popper, K. (2006). Una patente para producir televisión. En Popper, C., Condry, J., Clark, Ch. y Wojtyla, K. (2006). La televisión es mala maestra. México: Fondo de Cultura Económica.
1 El autor agradece la revisión de la doctora María de Ibarrola.
2Me baso en la entrevista que concedió a un programa de radio. Escuchado el 08-08-2020 en: https://codigomagenta.com.mx/articulo/politica/especialistas-en-pedagogia-cuestionan-plan-regreso-a-clases-a-distancia
*Estudiante de doctorado en Ciencias en la especialidad de Investigaciones Educativas en el Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (DIE-Cinvestav). Su línea de investigación actual refiere a la comprensión de las relaciones entre escolaridad y trabajo en jóvenes rurales. Correo electrónico: jairo.auli@cinvestav.mx
América del norte/Estados Unidos/13 Agosto 2020/elpais.com
Las vacaciones terminan sin un consenso nacional sobre el regreso o no a las aulas, tras una primavera de clases virtuales que ahondaron las desigualdades, y el debate se tiñe de batalla electoral
Condado de Montgomery, Maryland, uno de los 13.506 distritos escolares en los que se divide Estados Unidos. Después de más de un mes debatiendo, consultando a padres, profesores y profesionales médicos, la autoridad educativa decide que los colegios públicos cerrarán y todas las clases serán virtuales. Los centros privados, en cambio, se disponen a abrir. Semanas después la autoridad del condado les dice que no pueden. El gobernador del Estado le corrige y dice que sí pueden abrir. Las instrucciones confusas, las tensiones, se repiten por todo el país. “¡Los colegios deben abrir en otoño!”, tuitea el presidente Trump, desesperado por cualquier señal que indique un regreso a la normalidad en un país devastado, económica y socialmente, por la pandemia. El Congreso, atascado en la negociación de un segundo paquete de rescate a la economía, no aprueba los fondos que legisladores de uno y otro partido coinciden en que son necesarios para la reapertura segura de las aulas. Los Centros de Control de Enfermades (CDC) urgen a abrir, entre acusaciones de haber sucumbido a las presiones de la Casa Blanca. Anthony Fauci, prestigioso epidemiólogo del equipo de trabajo del coronavirus en el Gobierno, defiende que la opción por defecto debe ser abrir las aulas. El secretario general de la ONU defiende que cerrar los colegios puede causar “una catástrofe generacional”. La mayoría de los padres dice que prefiere que sus hijos vuelvan a clase, pero a medias. Y el arranque del curso escolar en Estados Unidos, el país más golpeado por la pandemia del coronavirus, se hunde en un barrizal de campeonato.
Las vacaciones de verano terminan sin nada parecido a un consenso nacional sobre cómo afrontar el inicio del curso escolar en medio de la pandemia, y la ansiedad crece en las familias. El equilibrio entre los riesgos del coronavirus y el impacto académico, económico y social de mantener las escuelas cerradas se ha convertido en el último gran tema que polariza al país y, con elecciones presidenciales en noviembre, se ha ensuciado rápidamente con tintes políticos.
Se supo cómo cerrar las aulas, pero nadie parece tener idea de cómo abrirlas. El curso ha empezado ya en algunas partes del país y en otros muchos distritos aún no se ha tomado la decisión final sobre cómo hacerlo. En el condado de Cherokee, en Georgia, la semana pasada abrieron los colegios y se detectaron 13 casos de covid entre los alumnos, lo que obligó a imponer cuarentenas a más de 300 menores. “Nuestros padres querían una elección para sus hijos, y se la ofrecimos. No es perfecta, y lo sabemos, pero la perfección no es posible en una pandemia”, resumía el viernes la autoridad escolar en un mensaje a la comunidad.
Hasta la fecha, de los 20 mayores distritos escolares de enseñanza primaria y secundaria, 17 planean abrir solo en modo remoto, según un estudio de Education Week, un sitio independiente de noticias de educación. Pero la ciudad de Nueva York, que constituye de lejos el distrito más grande del país con más de un millón de alumnos, anunció la semana pasada que planea un sistema híbrido.
La enseñanza remota abre una brecha social evidente. Las familias con más recursos buscan profesores particulares para sus pequeños o los trasladan a centros privados; las más pobres se preocupan por cómo podrán seguir sus hijos las clases online, quién se quedará con ellos en casa y cómo podrán alimentarlos sin las comidas escolares. “La ausencia de opciones educativas presenciales perjudica desproporcionadamente a los niños con pocos ingresos, a los pertenecientes a minorías y a aquellos con discapacidades”, reconocían los CDC en un informe de finales de julio.
Otra brecha se abre entre distritos rurales y urbanos: el 55% de los segundos, frente al 4% de los primeros, planea empezar las clases de manera enteramente virtual. También hay contrastes de color político: las escuelas en territorios republicanos tienden más a abrir sus aulas, y las de territorios demócratas tienden a optar por fórmulas no presenciales. De 153 distritos en los que ganó Hillary Clinton en 2016, contemplados en el estudio de Education Week, el 67% planea un arranque de curso enteramente virtual. De los 307 distritos estudiados en los que ganó Trump, el 58% planea abrir entera o parcialmente las aulas.
“Todos los colegios pueden abrir. Si alguien puede hacerlo, somos nosotros, que tenemos la mejor tasa de infecciones del país”, dijo el demócrata Andrew Cumo, gobernador del Estado de Nueva York, que fue el más golpeado por la pandemia pero ahora presenta una tasa de pruebas positivas respecto a las totales del 1%. La Organización Mundial de la Salud recomienda abrir los colegios en distritos que registren una tasa menor del 5% durante dos semanas, y ese es el umbral que han adoptado muchos distritos escolares. Pero los gobernadores de otros Estados, como los republicanos Ron DeSantis y Greg Abbot, de Florida y Texas, han ido más allá y han animado a los colegios a abrir aunque la pandemia siga sin controlarse.
Ante las tres opciones disponibles, según un sondeo de The Washington Post llevado a cabo entre el 24 y el 31 de julio, el 44% de los padres prefiere que sus escuelas ofrezcan una mezcla de clases online y presenciales; el 39% prefiere todo virtual, y el 16% elige todo presencial. Los sindicatos de maestros insisten en que no es seguro abrir las aulas y el segundo más grande del país, la Federación Estadounidense de Profesores, ha publicado una resolución de apoyo a eventuales huelgas contra órdenes de volver a las aulas.
Las presiones de Trump y su Administración, cuya sintonía con la comunidad de educadores es escasa, ha endurecido la resistencia de muchos profesores a volver a las aulas. Pero crece también la presión a los sindicatos desde otros frentes: todos saben que la reactivación de la economía y la vuelta al trabajo requerirán que el sistema escolar funcione. A nadie se le escapa tampoco que la experiencia esta primavera con la enseñanza remota ha estado lejos de ser satisfactoria para muchas familias y ha profundizado las desigualdades sociales y económicas. Y en un verano que muchos centros han dedicado a diseñar la reapertura de las clases o sistemas híbridos, muchos señalan que se ha hecho poco por mejorar la calidad de la enseñanza online para este nuevo curso
Unidad de Estudios de Posgrado. Normal Veracruzana
La Especialidad en Docencia Multigrado, tiene la finalidad de contribuir a la profesionalización de un sector del magisterio de educación básica que demanda una formación especializada para la enseñanza y la gestión propias de escuelas con grupo multigrado.
El programa está destinado principalmente a docentes en servicio que laboran en escuelas primarias multigrado ubicadas en contextos rurales o urbanos, quienes en muchos casos asumen la función directiva. También está dirigido a los Apoyos Técnico Pedagógico (ATP) que se desempeñan en las supervisiones escolares y tienen el compromiso de orientar y procurar la mejora del trabajo docente en estas escuelas.
«No cambies la salud por la riqueza, ni la libertad por el poder.»
Benjamin Franklin
«El primer día derogaremos el Obamacare. El Obamacare es un gran problema de los demócratas y nosotros vamos a resolver ese problema«
«Lo tenemos bajo control«
Donald Trump
«Sabed que vuestros pueblos os juzgarán por lo que podéis construir, no por lo que destruyáis.«
Barack Obama
Mientras el presidente Trump prepara el terreno y el clima social de cara a las próximas elecciones presidenciales y los Demócratas continúan enfrascados en sus propias dinámicas internas, intentando transformar definitivamente el mermado sistema político estadounidense en un mero juego de popularidad y engaños, la abnegada comunidad científica que a duras penas logra sobrevivir, intentando asesorar al Gobierno de Estados Unidos durante la gestión de esta crisis sanitaria motivada por el Covid-19, se empaña una vez más en repetir para todo aquel que lo quiera escuchar el alarmante mensaje de que el coronavirus se encuentra hoy mucho más extendido en el país de lo que estuvo en los meses pasados. Con cerca 1,9 millones de positivos y 25.000 muertos durante el mes de julio, casi el doble que las cifras oficiales de los últimos meses, el total de infectados en el país se sitúa en la actualidad en los 4.700.000 con un balance total de 150.000 fallecidos. Unas cifras realmente crudas que evidencian la incapacidad del Imperio estadounidense para lograr hacer frente a los efectos de la pandemia entre su propia población.
Tal y como señala la doctora Deborah Birx, coordinadora médica del equipo de la Casa Blanca, el coronavirus continua hoy expandiéndose sin control tanto por las áreas rurales como urbanas del país, todo en medio de una contracción histórica de la economía nacional durante el segundo trimestre del año, fruto de los efectos de la pandemia en el consumo y la actividad de las empresas. La situación actual de Estados Unidos puede calificarse sin temor a equivocarnos de total y absoluto descontrol, al tiempo que la propagación del virus parece imparable entre protestas sociales, un consumo desmedido y desplazamientos generalizados por todo territorio nacional sin respeto alguno por las más básicas medidas de distanciamiento social. La cifra de desocupación alcanzaba la semana del 25 de julio los 1,43 millones de estadounidenses desempleados, un incremento de cerca de 12.000 personas respecto a la semana anterior. Sin la posibilidad real de una vacuna en un lapso de tiempo cercano más allá de las especulaciones en bolsa y con un panorama empresarial y económico realmente complicado, las colas del hambre en torno a los bancos de alimentos y la amenaza de un nuevo confinamiento, parecen ubicar a la administración Trump y al propio modelo estadounidense al borde del abismo.
El sistema de seguros médicos privado en Estados Unidos ha demostrado ser costoso e ineficiente, el país que más gasta en sanidad, cerca del 17% del PIB, se encuentra actualmente atrapado e un modelo que apenas satisface al 21% de la población
La situación de crisis sistémica potenciada por los efectos del Covid-19, afecta especialmente a un país que alberga a cerca de 40 millones de habitantes viviendo por debajo de la línea oficial de pobreza y con aproximadamente la mitad de los trabajadores inmersos de lleno en un mercado laboral deteriorado y de bajos ingresos, en el que solo el 40% de los estadounidenses declara poder hacer frente a un gasto imprevisto de apenas 400 dólares, sin tener por ello que recurrir a la venta de alguna propiedad o a pedir dinero prestado. Con pérdidas generalizadas y sostenidas en el tiempo durante las últimas décadas de los ingresos reales de la clase trabajadora y con un panorama inmediato de profunda recesión económica fruto de los efectos del coronavirus, la ausencia de un sistema de salud pública en los Estados Unidos dibuja la respuesta política y social a esta crisis no tanto como un asunto de derecho a la vida y a la salud garantizado por el estado, sino como una cuestión meramente mercantilista de carácter individual en su respuesta. Mientras una minoría social ve totalmente garantizado su acceso a servicios sanitarios de calidad gracias a lograr costear las elevadas cuotas que exigen las compañías aseguradoras, el conjunto de la depauperada clase obrera estadounidense se enfrenta durante esta pandemia a la espada de Damocles que los acorrala a diario entre la amenaza de un contagio casi asegurado o el desempleo y la ruina. En un país en el que la cobertura sanitaria depende de la actividad laboral, eso supone sin lugar a dudas una condena al fracaso para el proyecto vital de gran parte del proletariado estadounidense.
Desde el acceso a los tests, hasta el más mínimo ingreso hospitalario, la profunda desigualdad del sistema y los efectos del coronavirus sobre el mismo, vienen en este contexto a depauperar los ya de por sí pobres índices de salud de un Imperio militar, económico, pero quizás no social o sanitario. Actualmente la esperanza de vida de los estadounidenses se encuentra situada en los 79,2 años, ubicándose así en el puesto número 40 de mundo, claramente por detrás del conjunto de naciones desarrolladas y muy lejos de los cerca de 83 años en los que se encuentra la esperanza de vida en nuestro país. Pero hay más, analizando en detalle los datos de un estudio del Centro Nacional sobre Pobreza de Estados Unidos (NPC) podemos ver como las diferencias sociales en el país son llamativas, mientras un hombre blanco con estudios universitarios sitúa su esperanza de vida cerca de los 80 años, un afroamericano con escasa formación, apenas llegaría a los 66 años. Otros datos complementarios en este análisis del marco social estadounidense como la mortalidad infantil o la mortalidad materna, evidencian claramente la actuación disfuncional del sistema sanitario de este país sobre la salud de su población. Con cerca de 5,7 muertes por cada 1.000 nacimientos y 26,5 muertes maternas en el año 2015 por cada mil nacimientos, Estados Unidos se ve de nuevo sobrepasado en estos indicadores por el conjunto de los países ricos, llegando incluso a ser superado en el primer indicador por países como Bosnia Herzegovina y Croacia y mostrando tendencias claramente contrarias a la evolución global en el caso de la mortalidad materna.
Actualmente cerca de 27,5 millones de estadounidenses carecen de seguro médico, lo que significa que cerca del 8,5% de la población carece de cualquier tipo de asistencia sanitaria de calidad
En medio de una situación de clara crisis sanitaria global, los cuidados hospitalarios, los medicamentos o las operaciones, suponen un gasto difícilmente asumible para millones de estadounidenses. Mientras las empresas mejor situadas suelen correr con los gastos del seguro médico de sus empleados, muchas otras no lo hacen o simplemente suelen ofrecer coberturas muy limitadas. Esta vinculación entre vida laboral y cobertura sanitaria, explicaría perfectamente la profunda brecha en el acceso a los cuidados sanitarios entre las diferentes clases sociales en Estados Unidos y su reflejo en los indicadores generales del país. Una sola noche de hospitalización en EE. UU. puede elevar una factura médica a cerca de 5.220 dólares, frente a los 424 que costaría en España, mientras que el precio de una operación de apéndice variaría entre los 16.000 dólares que pagaría un estadounidense a los apenas 2.000 que podría costar en el caso de un hospital español. No se trata únicamente de la inversión individual en servicios médicos tal y como señalan repetidamente muchos economistas liberales, sino del propio concepto de la sanidad, entendida esta como un bien común o como un lucrativo negocio. España se encuentra entre los países que menor porcentaje de la renta dedica a su sistema público de salud, unos 1.500 euros al año pero cápita, frente a los cerca de 9.000 dólares al año que dedica cada estadounidense, pero mientras el gasto sanitario del país norteamericano no cesa de aumentar y su atención es claramente deficiente para una mayoría social, el sistema público español se encuentra, pese a las continuas oleadas recientes de austeridad impuestas por el modelo neoliberal, entre los más eficientes y mejor valorados del mundo.
Cerca del 57% de los habitantes de Estados Unidos aseguran haberse llevado en algún momento de su vida una sorpresa con una factura médica que aparentemente cubría su compañía de seguros y quizás precisamente debido a eso, los estadounidenses acuden aproximadamente la mitad que los españoles al médico, una media de 4,1 visitas al año. Facturas de 126.000 dólares por un ingreso hospitalario de 4 días tras un accidente de moto, 47.000 dólares por servicios varios como laboratorio, anestesista, fisioterapia, rehabilitación, 60.000 dólares en servicios médicos esenciales como un escáner o una radiografía tras un accidente de coche, 11.000 dólares tras el traslado al hospital en ambulancia y una estancia de penas dos días o directamente 407.000 dólares por una estancia hospitalaria de algo más de dos meses. Analizar este contexto social en medio de un aumento significativo de casos de Covid-19 -una enfermedad que en muchos casos requiere intensos y prolongados cuidados hospitalarios- y con una crisis económica acuciante que afecta progresivamente a sectores más amplios de la población, supone hablar de un marco sanitario en el que el virus y una economía depredadora se unen mano a mano para poner en riesgo la vida de millones de personas, ante el nulo papel de un estado ciertamente inexistente que únicamente observa como las compañías de seguros negocian sus propias tarifas con médicos y hospitales, incluso caso por caso, para tratar al paciente como un cliente que en gran parte de los casos rematará teniendo que asumir una parte importante del coste de sus tratamientos, incluso cuando creía tener una cobertura sanitaria suficiente. Este es el caso de Malcol Bird: en 2016 un hospital en Connecticut le reclamó algo más de 600 dólares por haberle puesto una venda a su hija de un año tras haber sufrido un corte en el dedo mientras le cortaban las uñas. Cerca de 7 dólares por lavar la herida y una tirita y 622 dólares por el servicio médico y el uso de las instalaciones del hospital.
Estas elevadas cifras en las facturas médicas no son casos aislados en un sistema sanitario que funciona en su foro interno como un gran sistema especulativo al rededor de la salud de los pacientes o directamente jugando con la salud de los mismos: 1.000 dólares por una resonancia magnética, 300 dólares por una mamografía, 300.000 por una fractura de cráneo con hemorragia cerebral o 9.000 por un traslado en helicóptero. Una consulta medica en Estados Unidos ronda los 100 dólares en un médico de cabecera, 300 en un especialista y 700 dólares si además de la misma necesitamos un análisis de sangre. Estados Unidos es en esencia el país ideal para terminar arruinado por el costo de las facturas médicas.
Sin embargo el gobierno estadounidense no se muestra en absoluto capaz de garantizar la calidad de su sistema de salud pese al alto costo del mismo. No deberíamos olvidar que tras el cáncer y las enfermedades cardíacas, la tercera causa de muerte el país se debe precisamente a los errores médicos. Cerca de 250 mil personas al año mueren en Estados Unidos debido a esta causa, superando con creces los fallecimientos debidos a accidentes o infartos. Pero incluso con estas alarmantes cifras, la mala praxis o directamente la negligencia médica, no siempre conllevan automáticamente la suspensión del ejercicio profesional de sus responsables, sino que en gran parte de los casos los mismos son únicamente sometidos a largos procesos disciplinarios durante los cuales los médicos afectados por la investigación podrán seguir ejerciendo su profesión a la espera de que los Consejos Médicos de los estados en los que ejercen resuelvan las demandas. Miles de médicos estadounidenses ejercen su profesión pese a estar sometidos a investigaciones por abuso de drogas, acoso sexual, negligencias graves o incluso a cometer errores letales. Por estrambótico que parezca, la figura del Dr. Nick Riviera de Los Simpson, es un reflejo de una situación real de una parte del sistema sanitario estadounidense. En el caso del FBI contra el doctor Farid Fata, se demostró que al menos 553 personas habían sido falsamente diagnosticadas con cáncer y sometidas a caros y agresivos tratamientos médicos, por los que el doctor Fata llegó a presentar facturas equivalentes a 225.000.000 dólares al Medicare, el sistema de seguro de salud estatal de Estados Unidos. Largos y dolorosos procesos de quimioterapia aplicados a personas sanas, únicamente como forma de enriquecerse a costa de la salud de sus pacientes. Una estafa posible bajo el paraguas de un sistema de salud privado y depredador.
El 40% de las personas que están muriéndose debido a una enfermedad terminal en Estados Unidos, aseguran tener serias preocupaciones acerca de las facturas médicas y sobre como sus familias podrán hacer frente a las mismas
En la otra cara de la moneda, una enfermedad como la diabetis, fácilmente controlable y tratada con cambios en el estilo de vida y una buena dieta, supone a día de hoy una amenaza sanitaria creciente en un país en el que al menos el 72% de los adultos admite no consumir las suficientes frutas o vegetales y opta directamente por la comida rápida, llegando a consumirla incluso cuatro veces por semana, en muchas ocasiones debido a lo accesible de su precio frente a otras alternativas más saludables. Solo en California entre 2011 y 2017, los médicos llegaron a realizar más de 82.000 amputaciones diabéticas. Un procedimiento drástico e irreversible que ejemplifica claramente las consecuencias de ser pobre y carecer de seguro médico en Estados Unidos. Atendiendo a un estudio de 2015, los pacientes que sufren diabetes en comunidades que se sitúan en el nivel más bajo de la base de ingresos, tuvieron casi un 39% más de probabilidades de sufrir amputaciones severas en comparación con los que viven en comunidades de mayores ingresos. Las personas de raza negra o latinas tienen en la actualidad más del doble de probabilidades que los blancos de sufrir amputaciones relacionadas con la diabetes, lo que en muchos casos supone una incapacidad directa para continuar de manera efectiva en un mercado laboral cada vez más deteriorado.
La cosa es simple: sin trabajo, no hay seguro. Actualmente cerca de 27,5 millones de estadounidenses carecen de seguro médico, lo que significa que cerca del 8,5% de la población carece de cualquier tipo de asistencia sanitaria de calidad. Si triunfase el llamado «Trumpcare», la propuesta republicana para derogar y sustituir el Obamacare, esta cifra se elevaría en 14 millones de estadounidenses sin cobertura médica en el país durante el próximo año y cerca de 24 millones de cara al 2026. En una sola década, el número de habitantes sin cobertura médica podría llegar a situarse en Estados Unidos en 52 millones de personas. En contraprestación, la administración Trump podría reducir el déficit federal en cerca de 337.000 millones de dólares, una suculenta mordida económica con total seguridad destinada a los peces gordos de Wall Street y a una lluvia de fuego y destrucción sobre algún país soberano en forma de jugosos beneficios para la industria del armamento.
Debemos apuntar llegados a este punto que para los ciudadanos más depauperados de Estados Unidos existe un programa destinado a asistirlos con los gastos derivados de su atención médica, llamado Medicaid. Actualmente se encuentran inscritos en este programa unos 75 millones de personas, que ven como mediante servicios puntuales se cubren sus necesidades sanitarias. Pero el Medicaid únicamente se dirige a reducir los costes sanitarios, no a propiciar una atención gratuita. No es extraño por tanto encontrarse a familias que directamente recurren al crowfunding como la alternativa más directa de cara a intentar evitar la ruina que puede suponer una enfermedad en los Estados Unidos. La caridad individual como sustituto del papel que debería jugar el estado a la hora de aportarnos la atención médica que necesitamos. La más mínima visita a un hospital puede llegar a suponer una factura de cientos de dólares para aquellos que se encuentran sin cobertura sanitaria. Pese a que la ley de Estados Unidos exige que las personas que tienen una emergencia médica puedan obtener la atención que necesitan, independientemente de su capacidad de pago, la acuciante crisis económica y la seguridad de que las facturas médicas terminarán por llamar a la puerta de los pacientes, hace que el 57% de los trabajadores estadounidenses acudan a trabajar mientras están enfermos y que cerca del 33% lo haga de forma habitual. Una situación social que si bien supone una auténtica locura en condiciones normales, apunta directamente al desastre más absoluto en medio de la crisis sanitaria derivada del coronavirus.
La situación de crisis sistémica potenciada por los efectos del Covid-19, afecta especialmente a un país que alberga a cerca de 40 millones de habitantes viviendo por debajo de la línea oficial de pobreza
Cerca de 45.000 personas mueren cada año en Estados Unidos debido a la falta de una correcta atención médica y el riesgo de morir aumenta en torno a un 40% entre quienes carecen de un seguro de salud. No se trata de una decisión individual o de un riesgo que corran personas irresponsables, se trata directamente de pobreza y de su efecto sobre la salud de las personas. Los gastos médicos suponen una de las principales causas de pobreza entre los estadounidenses y provocan que cada año miles de ciudadanos tengan que declararse en banca rota. Incluso entre quienes tienen un seguro médico, cerca de 500.000 personas deben declararse insolventes cada año debido a deudas relacionadas con sus enfermedades. Una deuda médica total de cerca de 81.000 millones de dólares que afecta a uno de cada seis estadounidenses. Una situación social límite que no hace sino empeorar con los años, si entre el año 2000 y 2006 la inflación en el país subió un 3,5% y los salarios de los estadounidenses aumentaron en un 3,8%, las primas de los seguros médicos lo hicieron a su vez en un 87%.
El simple hecho de adquirir un medicamento puede llegar a costar para un estadounidense miles de dólares mensuales pese a contar con un seguro, mientras un tratamiento con insulina cuesta entre 5 y 10 euros en España y es cubierto por la Seguridad Social, en Estados Unidos su precio se puede disparar a los 200-300 euros al mes con un seguro médico y hasta los 800-1200 euros para aquellas personas que carecen del mismo. Esto convierte el acceso a medicamentos básicos en un problema de primer orden de salud pública. En el caso del cáncer, el 42% de los estadounidenses que padecen esta enfermedad se dejan en facturas médicas durante los dos primeros años de tratamiento los ahorros de toda su vida. De nuevo un personaje de ficción como Walter White de Breaking Bad, retrata bajo toda la locura de su trama la realidad asfixiante de miles de ciudadanos en Estados Unidos. No en vano, un cáncer de vejiga puede llegar a suponer cerca de 21.000 dólares, frente a los más de 100.000 de tratamientos relativos a las últimas etapas de los tipos de cáncer más complicados.
El 59,7% de los estadounidenses obtiene directamente el acceso a su seguro médico por la empresa en la que trabaja, un 27% por ciento a través de programas del gobierno como Medicaid –destinados a gente con bajos ingresos– y Medicare –para mayores de 65 años– y solo un 9,1% lo hacen a través de seguros contratados de forma individual. Pero todos ellos, sin excepción, se ven inmersos en un bazar sanitario en el que las 10 compañías más importantes controlan el 70% de todo el mercado de los seguros sanitarios en Estados Unidos. Un sistema enormemente rentable para estas compañías cuyos beneficios superan ampliamente los 10.000 millones de dólares. Quizás por ello, sus directores se encuentran entre los profesionales estadounidenses mejor pagados con un promedio de 12 millones de dólares al año. Las compañías basan sus beneficios en la pura lógica mercantil y por ello estos directores funcionan como ejecutivos de una empresa y no como médicos, sus tareas principales se basan en seleccionar a pacientes con mayores necesidades médicas, especialmente los crónicos, eliminar a las personas que requieren cuidados costosos y reducir en la medida de lo posible la cobertura sanitaria prestada, aumentando los copagos. No en vano, el 40% de las personas que están muriéndose debido a una enfermedad terminal en Estados Unidos, aseguran tener serias preocupaciones acerca de las facturas médicas y sobre como sus familias podrán hacer frente a las mismas. Todo ello a pesar de que la mayoría tiene un seguro médico. Pero esto no es todo, tu edad, tu estado de salud y tu profesión, pueden suponer factores decisivos para que se te niegue un seguro de salud en Estados Unidos. Un modelo sanitario que en la práctica ya aplica una especie de eugenesia ligth a pacientes con antecedentes de cáncer, obesos, hipertensos o simplemente a fumadores o personas que practican deportes de alto riesgo.
La situación actual de Estados Unidos puede calificarse sin temor a equivocarnos de total y absoluto descontrol
El sistema de seguros médicos privado en Estados Unidos ha demostrado ser costoso e ineficiente, el país que más gasta en sanidad, cerca del 17% del PIB, se encuentra actualmente atrapado e un modelo que apenas satisface al 21% de la población. La supervivencia de un modelo demencial e ineficiente, solo resulta por tanto posible atendiendo al enorme peso que las compañías de seguros médicos tienen en la economía y en la vida política del país. El poder político y mediático de los grupos de presión relacionados con estas compañías es inmenso y se refleja fielmente en sus enormes aportaciones a las campañas electorales de las diferentes figuras con capacidad de decisión en el Congreso de Estados Unidos. Unos fondos que hasta ahora se dirigían de forma más o menos equitativa tanto a figuras demócratas como republicanas y que a día de hoy, tras el intento de la administración Obama por remodelar ligeramente el sistema sanitario estadounidense, parecen decantarse firmemente por las posturas más extremas y fundamentalistas de la ultraderecha del país. Medios como FOX News funcionan a su vez como un engranaje necesario para lograr trasladar satisfactoriamente el mensaje de estas grandes compañías de seguros a los estadounidenses, boicoteando con ello cualquier intento de Reforma Sanitaria mediante campañas de intoxicación informativa.
En medio de una de las mayores tragedias sanitarias de Estados Unidos debido a los desastrosos efectos Covid-19 sobre la población y a las puertas de la posible conjunción de esta crisis sanitaria con una profunda recesión económica que amenaza directamente a cerca de 28 millones de estadounidenses con ser desalojados de sus casas, el sistema sanitario de Estados Unidos parece profundizar en la decadencia de un país cuya clase trabajadora se encamina a la ruina y la realidad de unos índices sanitarios más propios de países del tercer mundo que de una potencia imperial. Todo, mientras su presidente, Donald Trump, se atreve a catalogar la situación en del país y su propia gestión de la pandemia de «adecuada». En un país con millones de personas sin acceso a servicios sanitarios y con grandes porcentajes de población decidiendo no acudir al médico por temor a ser deportados o a quedarse sin trabajo, el cambio de rumbo de un presidente y una militancia republicana adscrita a las teorías conspirativas, parece ser el golpe de timón definitivo para que un el coronavirus termine cobrándose la vida de millones de estadounidenses. De todos modos, pese al dolor personal y a la tragedia para la nación, para el sistema de salud del país y para las grandes firmas de seguros médicos, tan solo se tratará de negocios.
Fuente e imagen: https://nuevarevolucion.es/las-invasiones-barbaras/
Era el sexto día del mes de agosto. El antier de estas letras. En la pantalla, el rostro del secretario de Educación a medias pues usa, y qué bueno, mascarilla en estos tiempos. La voz clara y quien esto escribe atento. Se trataron varios temas. En un momento —al minuto 20 y 16 segundos del video— como respuesta a la pregunta de un reportero, dijo: “Muy bien. Lo que anunciamos (para el ciclo escolar 2020-2021) es (que será) totalmente a distancia. El 24 de agosto tenemos un programa muy robusto, como lo hemos señalado aquí, de varios canales de televisión que van a impartir los cursos, las clases, con base en los libros de texto gratuito (y) los aprendizajes esperados, por lo que no habrá necesidad de acudir a las escuelas.” La explicación termina 31 segundos después: minuto 20 con 47 segundos.
Como se dice en Narvarte, algo me hizo chiras al oír lo expresado en ese momento. ¿De veras dijo lo que creí oír el maestro Moctezuma? ¿Acaso escuché bien? Para verificar la raíz del desconcierto, volví a ver el video y tomé nota textual de sus palabras. Y sí, tal cual: lo redactado es transcripción cuidadosa.
No es menor. Se dirá que fue una forma de decir y nada más. Sostengo que no, que el equívoco en este caso se basa en una concepción profunda que modula al habla. Para emplear el sistema común de la escuela, preguntemos: ¿quién o quiénes son los sujetos que llevarán a cabo la acción? Varios canales de televisión. ¿Y qué harán? Impartir los cursos, las clases. Es, por supuesto, un dislate. Carece de sentido.
Sin embargo, enuncia, al filtrarse sin querer, la convicción de la capacidad educativa de lo transmitido por las televisoras. Negar que las señales de la tele y la radio son las que más alcance tienen entre la población sería errado, en comparación con la desigual distribución de equipos de cómputo, dispositivos semejantes y, más aún, conectividad. Se ha elegido la vía de transmisión más accesible, aunque de un modo que merece, en otro momento, analizar y debatir.
El circuito es: emisor (SEP), transmisor (tele y radio), reproductor de imagen y sonido (una pantalla o aparato) y el receptor: quien está ahí, recibiendo el conocimiento que, de acuerdo al lapsus de la autoridad educativa, llegará por medio de las clases que impartirán (sic) los canales. De ser así el alcance será máximo y el aporte al aprendizaje nulo.
El reto educativo es generar una mediación pedagógica entre la información emitida y quién está en posibilidad de aprender. En la pandemia es muy difícil lograrlo, aunque trivial endilgarlo a los padres (sobre todo a las madres por la inequidad en la asignación de tareas entre hombres y mujeres). Tampoco resuelve el entuerto la prótesis del libro de texto que contiene aprendizajes esperados diseñados sin tomar en cuenta la circunstancia que vivimos.
¿Qué hacer? Desanudar al magisterio de las instrucciones uniformes y, en un marco general compartido, permitir que diseñen modalidades adecuadas a la diversidad del país, para intentar conseguir el mejor vínculo pedagógico posible con aprendices y familias. Ya lo hicieron o intentaron en los meses previos. Hay experiencias geniales. Son quienes más saben de este complejo oficio que, en las condiciones actuales, lejos de reducirse a vigilar y evaluar si se puso atención a los “cursos del canal”, pueden generar espacios para aprender con lo que esté disponible, lo que aprendan y adopten de otros y lo que ensayen e inventen para su contexto. Vivimos tiempos de creatividad, no de control.
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