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Educación y pandemia: tiempo de preguntas

Por: Iván Salinas.

Hay una cierta tentación –motivada quizá por un deseo de control de la “anormalidad”- de retornar a las formas habituales de trabajo, independiente de lo que ocurre en el país. Esa tentación es visible en las autoridades del Ministerio de Educación, pero se extiende a las instituciones de educación, que han buscado promover formas de escolarización a distancia, las cuales claramente solo serían posibles si el país dispusiera de las condiciones socioeconómicas con que cuenta una minoría privilegiada. Es decir, condiciones de comunicación constante (por internet), preparación adecuada para ambientes no presenciales, posibilidad de optar a quedarse en casa con niñas y niños en edad escolar, entre muchas otras que claramente no permiten establecer una “normalidad”. Menos aun cuando se cierne la posibilidad de una cuarentena general.

Pero hay otra tentación que no ayuda a enfrentar a la primera. Se trata de aquellas que ven en las soluciones del poder, como la educación a distancia (y su adulta versión de tele-trabajo), un monstruo neoliberal que acabará con las relaciones pedagógicas. Esta tentación se desliza y aparece como discurso anti-tecnológico, como si el aprendizaje desde la tecnología y las redes de comunicación online fuesen con certeza un imperio del neoliberalismo. Por cierto que hay un nivel de justicia en la crítica cuando se mira el trabajo en general, pues no hay un tele-conductor de buses, ni un tele-recolector de basura, como tampoco tele-cajeros o tele-cajeras (por ahora). Cual distopía de Orwell, lo que han llamado “tele-disciplina” tiene un límite, pues el disciplinamiento se origina más allá de la ‘virtualización’ de las relaciones que existen ya en la sociedad. Pero el contexto escolar, o de instituciones educativas, sí ofrece un debate.

¿Qué pasa y debería pasar con la educación en época de pandemia? En este debate, hay que tener clara una distinción: educación no es lo mismo que escolarización. Por una triste herencia de la modernidad neoliberal, hemos llegado a hablar inseparablemente de la educación y la escuela. Y es casi obvio: pasamos doce años de nuestra vida obligatoriamente institucionalizados –en la escuela segregada- para poder decir que estamos bien o mal educados. Y podemos seguir y endeudarnos para pasar otros 5 ó 6 años en otra institución educativa para adquirir un título profesional. En la teoría del Capital Humano, solo recién al terminar el proceso escolarizante “estamos preparados” (o no) para la vida. El neoliberalismo nos dice que la vida en serio comienza después de educarnos, o bien prepararnos en la escuela. De allí que sea tan importante para el sistema el contener la educación en la escuela, pues es la institución que distribuye las certificaciones de ser persona ‘educada’ o ‘no educada’.

Pero sabemos que la educación supera a la escuela. Como bien nos ha enseñado la filosofía de la educación, la escuela es parte de la vida, y debiese entonces ser un lugar donde se desplieguen capacidades y se constituyan identidades que no están exclusivamente en la escuela. La escuela, así, no es exclusivamente un lugar para “capacitarse”, sino que es un lugar para aprender sobre el mundo y su organización, participando de ese mundo activamente. Es solo uno de los espacios para educarse.

Pero, ¿es la escuela nuestra educación? Si miramos los procesos de la vida misma, podremos notar que hay un asidero en pensar que la educación está ocurriendo más allá de la escuela. Las tecnologías de información y comunicación están teniendo un efecto en las formas de aprender que aún no logramos dilucidar ¿Cómo re-definen la educación las nuevas tecnologías? Hay quienes quizá pensarán que estamos de nuevo en un momento de que la tecnología podría armar “máquinas de enseñanza”, como soñaba Skinner en los 40, y que la pandemia permite probarse nuevamente con la educación virtual. Pero la respuesta no es tan simple. ¿Se puede una persona educar prescindiendo de la escuela? ¿Se puede educar sin la autoridad conferida a la escuela? ¿Se puede educar sin acceder al espacio físico de la escuela, a sus registros, a sus relaciones sociales? Y si se pudiera, ¿qué futuro le cabe a la escuela, al rol docente? ¿Qué nos dirá esta crisis social y sanitaria sobre la escuela y sus desigualdades?

Para cada una de las tentaciones, la negadora de la crisis social y la negadora de la tele-tecnología, las escuelas de hoy ofrecen algo de realidad. Por un lado, lo que está pasando les dice que las escuelas hacen más que solo escolarizar, pues son necesarias para entregar vacunas, para comunicarse, y –en varios casos- para alimentar a sus comunidades. Por otro lado, la multitud de profesionales docentes han debido imaginar –forzadamente o no- formas de conectarse con sus estudiantes, de proveerles materiales para que continúen con los objetivos de su docencia. Lo hacen como tele-educación, repartiendo en físico casa por casa, o por grupos de mensajería, o por correo electrónico, o armando sitios web. En la práctica arman un espacio educativo que supera a la escuela, pero no prescinde de ella. No hay una dicotomía entre la tecnología y la educación y hoy parecen ser más necesarias que nunca para mantener ciertos grados de conexión pedagógica. ¿Cuál es la autenticidad de la educación cuando hay crisis social? ¿Quién tiene la autoridad para decirlo? ¿Cuál es la autenticidad de la pedagogía? ¿Cómo se encuentran profesores y estudiantes cuando hay ausencia de la institución escolar, que les aglutina y llama a conectarse?

Si hay algo que la crisis social y sanitaria nos debe empujar es a imaginar, a pensar la educación y la escuela desde otros lugares, sin abandonar su imprescindible presencia. Imaginar desde la vida misma es un paso, pero es muy desafiante aún –considerando que llevamos décadas de gobernantes mirando a la escuela como puntajes en pruebas estandarizadas-. Este escenario de crisis social y sanitaria invita a abandonar la idea de que las escuelas son las unidades productoras de “calidad” de la educación. El contexto de explosión e incertidumbre institucional nos refleja que toda la discusión educativa que se amarra del “mejoramiento” escolar, de las “habilidades del siglo XXI”, o del rendimiento y la calidad, se quedan desnudas, pues son incapaces de describir qué es la educación cuando hay crisis en la sociedad. Pero también es necesario abandonar los idearios romantizados de la escuela moderna y modernizante, que la sitúa como único lugar posible para la educación.

En tiempos de preguntas, más que negarse a la tecnología –que es parte del devenir de “la vida misma”-, hay un llamado natural a experimentar, a volcarse a crear y mostrar las creaciones, a dejar que la sociedad y sus ‘multitudes’ puedan mostrarse superiores a ese poder opresor que nos llama a trabajar sin sentido. Si eso se transforma en un curso online o en una revolución sanitaria, depende de cuánto estemos dispuestos a jugarnos por mirar el mundo con preguntas con las que experimentar. No nos neguemos la posibilidad de esta oportunidad, porque hoy será de preguntas, pero también necesitamos al menos algunas respuestas que no sean las mismas de siempre. Son quizá esas respuestas las que necesitaremos debatir para aportar al momento constituyente que aún tenemos en tarea, a pesar de la pandemia.

Fuente del artículo: https://radio.uchile.cl/2020/04/10/educacion-y-pandemia-tiempo-de-preguntas/

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El rebrote de las manifestaciones en Chile en medio de la pandemia

Redacción: BBC

A pesar de la emergencia sanitaria, en los últimos días ha habido una serie de protestas en diversos puntos de este país sudamericano.

«El Piñeravirus es más mortal que el coronavirus».

La frase que alude al presidente de Chile, Sebastián Piñera, se leía en uno de los carteles con los que unas 200 personas volvieron a las calles de la ciudad de Santiago a protestar este lunes 27 de abril.

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Carros lanza agua, bombas lacrimógenas y duros enfrentamientos entre manifestantes y la policía tomaron nuevamente la Plaza Italia -o «Plaza Dignidad», como algunos la rebautizaron-, el epicentro del estallido social que irrumpió en este país sudamericano el 18 de octubre del año pasado.

A pesar de la emergencia sanitaria, la imagen se repitió en otras capitales regionales, como Antofagasta, Concepción y Valparaíso, donde también hubo barricadas.

Era una jornada simbólica, pues no solo se celebraba el aniversario 93 de Carabineros, la institución policial chilena, sino también porque se recordaba que un día antes -el 26 de abril- era la fecha original programada para la realización del plebiscito que busca cambiar la Constitución heredada del régimen de Augusto Pinochet.

Desde la llegada del coronavirus a este país, a mediados de marzo, la agenda que buscaba descomprimir la tensión social pasó a segundo plano y, con ello, el referendo fue postergado para el 25 de octubre.

Las intensas protestas, en tanto, parecían haber cesado. O, al menos, eso se pensaba.

Sin embargo, lentamente han vuelto a cobrar relevancia, aunque en grupos bastante más reducidos.

La razón detrás -explican sus protagonistas- no es distinta a la que motivó el «despertar» de Chile en octubre: el descontento social ante las desigualdades del sistema político y económico que impera en esta nación sudamericana.

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«El coronavirus visibilizó las desigualdades»

«Protestamos porque el sistema chileno es mucho más cruel que el coronavirus», le dice a BBC Mundo Paloma Grunert, quien ha asistido a todas las manifestaciones desde octubre y está detrás de la organización de algunas de las protestas que han ocurrido en medio de la pandemia.

Para ella, todo lo que los llevó inicialmente a salir a la calle «sigue vigente», como la inequidad en los salarios y en el acceso a la salud y educación, entre otros.

«Hay desigualdad, injusticia y un constante apoyo a los empresarios y grupos económicos», señala.

Una opinión similar comparte el fotógrafo Cristóbal Venegas, quien también ha participado en las manifestaciones.

«No hay credibilidad en el gobierno ni en la clase política. Las demandas sociales están a flor de piel», le dice a BBC Mundo.

Venegas afirma que con el coronavirus quedaron «aún másen evidencia los problemas de la gente».

«En el tema de la educación, por ejemplo, en este país no todos tienen computador, ¿quién puede hacer clases online? El tema de la salud también; en algunos lugares no hay abastos, no hay insumos», indica.

De acuerdo con el académico de la Universidad de Cambridge y experto en movimientos sociales, Jorge Saavedra, este último punto es justamente una de las cosas más importantes que explican el «rebrote» de las manifestaciones.

«Lo que ha hecho el coronavirus es visibilizar las desigualdades estructurales por las que se protestó en su momento», dice a BBC Mundo.

«Si en Chile antes se protestaba por la desigualdad en la salud, eso ahora ha quedado en evidencia. Lo mismo ha pasado con la precariedad laboral, donde se ha visto lo frágil que era el sistema. Se demostró que el mercado no solucionaba los problemas porque ahora el propio mercado le está pidiendo ayuda al Estado», agrega.

Ante la emergencia, no obstante, el gobierno de Chile ha diseñado una serie de medidas para enfrentar las consecuencias de esta crisis.

Es así como se creó un Plan de Emergencia Económico que, con la inyección de US$11.750, se busca proteger el empleo y apoyar a los trabajadores entregándole liquidez a empresas de todos los tamaños.

También se decidió reforzar el presupuesto del sistema de salud -será suplementado con el 2% constitucional- para asegurar que cuente con los recursos necesarios frente a la pandemia.

Por otro lado, se estableció una Ley de Protección del Empleo -que busca resguardar los puestos de trabajo-, y se creó un fondo de US$2.000 millones para la protección de los ingresos de los trabajadores más vulnerables (informales sin contrato), entre otras cosas.

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De todas maneras, esta es una realidad que no solo golpea a Chile. En otros países de Latinoamérica hay una percepción similar.

Debido a la paralización de la economía por las cuarentenas que buscan enfrentar la pandemia, buena parte de la población en la región se han visto afectada por la pérdida de empleo o por una disminución en sus salarios.

Esto ha dado paso a un profundo malestar social que se ha reflejado en marchas callejeras, bloqueos y cacerolazos en países como Colombia, México y Bolivia, entre otros.

«El coronavirus ha exacerbado las diferencias sociales», explica Saavedra.

Y, en el caso de Chile, el académico afirma que las grandes demandas que se vienen exigiendo desde octubre «siguen ahí».

«Hay un sujeto político que todavía no se siente escuchado. Y que cree que, si deja de manifestarse, va a pasar al olvido», indica.

Plebiscito: ¿se realizará el 25 de octubre?

Entre esas demandas quizás la más relevante y simbólica es el cambio a la Constitución que rige en Chile desde 1980.

Es una petición que se escuchó con fuerza en la mayoría de las protestas que tuvieron lugar en los últimos meses en este país.

La demanda encontró una salida el 15 de noviembre de 2019, cuando el parlamento chileno alcanzó un acuerdo histórico donde se estableció un plebiscito que se realizaría en abril de este año.

En él, los ciudadanos chilenos iban a poder elegir si apoyaban o no un cambio constitucional y el mecanismo para la elaboración de una nueva carta magna.

Sin embargo, el coronavirus cambió los planes y el referéndum debió postergarse para el 25 de octubre.

Pero en los últimos días algunos líderes políticos han vuelto a poner en duda su realización debido a la pandemia.

El propio presidente Piñera dijo en una entrevista con CNN que «quizás la recesión económica va a ser tan grande, que esto es un tema que quizás se va a volver a discutir». Mientras que diversos ministros de Estado han indicado que todo dependerá de la realidad sanitaria del país.

En conversación con BBC Mundo, Diego Schalper, diputado del partido oficialista Renovación Nacional, explica que es importante tener en cuenta la legitimidad del proceso constitucional en medio de la pandemia.

«Chile está en crisis. Y habrá que ver la dimensión de la crisis en junio o julio para resolver si es que están las condiciones adecuadas para realizar un plebiscito que tenga la participación y la legitimidad necesarias», afirma.

«Hay que volver a trabajar y a desarrollar distintas actividades, pero de ahí no se sigue a que sea posible tener un día de votación con alta participación, tener una campaña como la que todos queremos para que este proceso tenga legitimidad», agrega.

«En democracia no se cancelan elecciones por crisis económicas»

Estos planteamientos no han sido bien recibidos por miembros de la oposición, quienes señalaron que es «incoherente» que el gobierno proponga un plan de «nueva normalidad» -que contempla, entre otras cosas, la reapertura de centros comerciales y el retorno a clases escolares- y, paralelamente, ponga en duda el plebiscito.

«Es preocupante; en democracia no se cancelan ni se suspenden elecciones por crisis económicas», dice a BBC Mundo el diputado Gabriel Boric, perteneciente a la coalición opositora Frente Amplio.

«Hay un sector de la derecha que nunca ha querido cambiar la Constitución y que está buscando cualquier excusa para tratar de instalar un debate entorno al tema. Yo quiero ser enfático: nosotros vamos a defender el itinerario constituyente, aunque no les guste», agrega.

El parlamentario afirma que esta no es una demanda de los políticos, sino de los ciudadanos chilenos.

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«Ese descontento social que se expresó durante los últimos meses sigue presente, no se puede esconder debajo de la alfombra, y tenemos que canalizarlo institucionalmente», señala.

De la misma manera, el presidente del Partido por la Democracia (PPD), Heraldo Muñoz, afirma a BBC Mundo que «la protesta aún está viva y el cuestionar el plebiscito lo único que hace es alterar la tranquilidad que hoy necesitamos para controlar el coronavirus».

Y puede que Muñoz tenga razón pues muchos de los manifestantes que hoy salen a las calles a protestar con mascarillas dicen estar molestos ante un eventual aplazamiento del referéndum.

Así lo afirma Cristóbal Venegas.

Fuente: https://www.t13.cl/noticia/nacional/bbc/el-rebrote-de-las-manifestaciones-en-chile-en-medio-de-la-pandemia

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Más Internet, más igualdad de oportunidades

Por: Andrés Cargill.

Si algo de oportuno tiene la terrible crisis sanitaria que vivimos hoy es que al menos nos terminará de mostrar que indudablemente hay espacios en nuestro país que nos separan demasiado. El sector de la educación, en donde miles de niños han tenido que cumplir con sus clases a distancia, está dejando en evidencia que no solo debe ser la calidad de los contenidos, la formación de los profesores o la infraestructura de las aulas, lo que debe mejorarse para eliminar brechas, sino que también las condiciones para acceder a todo aquello. Y dadas las circunstancias, la principal condición parece ser la conectividad, tanto en términos de acceso como en asequibilidad.

Hoy existen 380.000 estudiantes de zonas rurales con bajo acceso a Internet, y aproximadamente 1.500 localidades en nuestro país que están completamente a oscuras. Según cifras de la OCDE, tenemos un 12,5% de población que no tiene conexión.

El problema se amplía si explicamos que los estudiantes con planes básicos, que son la mayoría, no tienen capacidad suficiente para asistir a una clase online, sostener videoconferencias con sus profesores, llenar fichas en línea o, simplemente, subir una tarea realizada. Y tampoco tienen los recursos económicos para pasar a un mejor plan.

En resumidas cuentas, en Chile estamos intentando formar a nuestros niños con soluciones de educación a distancia, cuyo principal requisito de acceso a ella es demasiado caro, o bien, definitivamente no existe. Si eso no es enrostrar la desigualdad, entonces estamos todos ciegos.

Según cifras de la OCDE (2019), Chile es el segundo país con mayor brecha digital después de Turquía, situación que, si se aplica directamente a la educación, constituye una perpetuación de las condiciones de inequidad para las próximas generaciones. Sobre todo, si consideramos que, por esencia, las localidades más pobres y desconectadas, ya cuentan con una peor calidad educativa.

Chile necesita con urgencia una mejora en su infraestructura de telecomunicaciones. Ciertamente se avanza y se conocen planes, pero estos no pueden retrasarse, ni menos estancarse. La base, no solo de la educación, sino que de los trabajos del futuro, de la salud y del emprendimiento, se sustentan en una columna vertebral sólida en conectividad y alcanzable para todos.

No cabe duda, tal como lo ha mencionado la OCDE, que más Internet es sinónimo de más oportunidades.

Fuente del artículo: https://www.latercera.com/opinion/noticia/mas-internet-mas-igualdad-de-oportunidades/ST2EVKD3TZBSVHDW4LPFX7RODE/

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Chile. Rodrigo Cornejo, Director de la OPECH: «el teletrabajo no asimila la realidad de los estudiantes ni de los docentes»

Chile. Rodrigo Cornejo, Director de la OPECH: «el teletrabajo no asimila la realidad de los estudiantes ni de los docentes»

Valentina Riveros Soto

Ante el escenario que plantean las autoridades de turno, anunciando una pronta vuelta a clases presenciales luego de la «implementación» del teletrabajo en los establecimientos educacionales del país, revisamos los posibles efectos del coronavirus en las comunidades educativas chilenas y la labor de los/as docentes con Rodrigo Cornejo, del Observatorio Chileno de Políticas Educativas de la Universidad de Chile (OPECH).

El tele-trabajo y la educación en línea son las dos soluciones que ha entregado el gobierno para mantener en marcha el año académico en plena crisis sanitaria, evidenciado una larga lista de problemáticas que afecta tanto a docentes como al estudiantado: escaso acceso a conectividad, ausencia de dispositivos móviles o computadores en los hogares de los/as estudiantes, hacinamiento, entre muchos otros, son los factores que impiden llevar a cabo las labores solicitadas.

Para profundizar en esta problemática, abordando las responsabilidades del Ministerio de Educación en todo este proceso, conversamos con Rodrigo Cornejo, Director del Observatorio Chileno de Políticas Educativas (OPECH), quien explica los diferentes problemas a los que se enfrenta la educación chilena en este contexto.

¿Qué te parece el modo en que el Ministerio de Educación ha actuado durante la pandemia del Covid-19?

Nosotros con Eduardo González (el dirigente nacional del colegio de profesores, escribimos una columna para Radio Universidad de Chile donde caracterizábamos la respuesta del Ministerio como un intento de volver pronto a la normalidad y de no perder clases: ellos tienen un lema «aprendo sin parar», o sea, no perder el ritmo de aprendizaje. Yo creo que eso responde a un desconocimiento básico del ministro de las condiciones reales de vida de esos estudiantes, sobre todo de los liceos y escuelas más populares. No hay ninguna posibilidad de volver a la normalidad, de mantener el ritmo de aprendizaje o de estudios en las condiciones de conectividad ni menos socio-emocionales en que está la gente.

Mayo, Junio y Julio son meses tentativos para volver a clases, ¿es una buena idea volver a clases en el escenario que vivimos?

Creo que en este momento la prioridad tiene que ser la salud de la población, y ya sabemos que lamentablemente la familia trabajadora va a tener que salir igual, de una u otra forma. Creo que los niños vuelvan antes de que se de el peak del contagio es un foco brutal de enfermedad. Siento que, sinceramente, es una locura lo que dijo el ministro, de que los niños se enfermaban con pocos síntomas: justamente es eso lo que hacen los niños, transmitir el virus porque aunque tengan pocos síntomas en general, son los portadores. La gente sabe que es una tozudez y un acto de inhumanidad.

Docentes han planteado que la excesiva presión para volver a clases presenciales, tiene que ver con que el Estado ve como una suerte de guardería a los establecimientos educativos. ¿Qué piensan ustedes sobre esto?

Sí, creo que tiene que ver con eso: como no hay ningún tipo de apoyo real a las familias, se está obligando a la gente a volver a trabajar, y por ende se presenta el problema de con quien dejar a los niños. Pero por otro lado creo que hay una mirada muy obtusa de la educación sobre los estándares de aprendizaje, manejo de contenidos y traspaso de información.

Por otro lado creo que hay algo bien concreto, y es que este Ministerio de Educación funciona como una especie de Ministerio para la educación privada, entonces, hoy día posponer la vuelta a clases presenciales hasta agosto (que a todas luces es lo más lógico, cuando termina el invierno) es una señal muy fuerte para los apoderados de la educación privada, que están pagando mucha plata. Nosotros sabemos de buena fuente que ha habido un lobby fortísimo de los dueños de los colegios -particulares y subvencionados que siguen cobrando, que son menos- una presión sobre el Ministerio para que no dé señales de que el retorno va a ser después de un buen tiempo porque los apoderados no están queriendo pagar.

Creo que es un Ministerio que responde a los intereses de clase, que privilegia los intereses de quienes son su gente.

¿Qué consecuencias tiene el teletrabajo «a la chilena» en el trabajo docente?

No tenemos condiciones de conectividad para hacer teletrabajo, por lo menos de manera innovadora. No tenemos condiciones de espacio, de dispositivos. No todo el mundo tiene dispositivos, en general lo que tienen los estudiantes (mayoritariamente de educación media) son celulares con muy poca capacidad de conexión.

La política que está rigiendo para teletrabajo o clases online no asimila la realidad de los estudiantes ni de los docentes. Por eso nosotros decimos «¿qué es lo que hacen los países serios con la educación pública?», echan mano a lo que tiene todo el mundo. El presidente de Argentina dijo «vamos a intentar emplear una política que tome como referente a quien está al último», y esa es una decisión muy sabia. Hay que ir a lo básico y lo que dicen los organismos internacionales es que en estos momentos lo básico es la televisión educativa, y en ello vale decir que hay un trabajo y participación colectiva de selección curricular, de actualización de currículo (eso hay que hacerlo con los trabajadores de la educación) y que implica parar un tiempo, pero parece que en estos momentos Chile no tiene un Ministerio que responda ante la educación pública, sino que lo hace por los intereses de los privados. Hoy no hay condiciones para hacer educación a distancia, eso requiere mucho tiempo y requiere características que no tenemos.

Educadores y educadoras artísticas, además de docentes que hacían talleres financiados con dineros SEP han quedado sin sus horas o derechamente sin sueldos, ¿qué piensan de la decisión de suspender estos pagos? ¿Se puede hablar de una tercerización del trabajo docente?

Yo creo que tercerización hay desde antes, y en esos programas en general se dan en condiciones precarias: la gente no está contratada, suelen ser trabajadores/as honorarios/as. El problema es que estamos frente a un Estado que ya se desmoronó completamente, un Estado que muchos pensamos en un momento, tal vez en un contexto de crisis tenía dos posibilidades: o asumía que estaba a la defensiva después del 18 de octubre y que tenía que hacer un esfuerzo grande, una recogida de impuestos a los más ricos y generar un programa de protección a los trabajadores como en países vecinos, o hacer todo lo contrario, que es lo que pasó.

Aquí se expresa la lógica de capital financiero especulativo, del cual Piñera es un representante. En el fondo vieron la oportunidad y están haciendo más negocios, frente a esta realidad están cortando todo, y están cortando especialmente los programas a honorarios y eso es una respuesta global, no creo que sea solamente en el ámbito educativo.

La PSU y el SIMCE ya sufrían un profundo cuestionamiento, incluso antes del estallido social. Este año, no han anunciado su suspensión ¿Se deberían suspender estas pruebas? ¿Qué consecuencias podría tener una decisión así?

Creo que a todas luces corresponde suprimir todo tipo de evaluación, y lo están diciendo muchas personas, incluyendo a aquellas que han sido parte de la gestión de los gobiernos neoliberales de centro/izquierda. Es obvio, insistir el SIMCE es una estupidez, ¿cómo vas a comparar puntajes, para qué?, el año pasado en medio de las movilizaciones en noviembre lo realizaron, con la excusa de tener un referente, ¿referente de qué? Este año hay que negarse y boicotearlo derechamente.

En el caso de la PSU es similar en el sentido de que hay un rechazo muy grande a este tipo de sistema de admisión y que este año tiene que cambiar por ley, aunque sea en lo cosmético. Pero claramente, si se va a hacer, tiene que dejar de lado los contenidos de cuarto medio, sino vamos a enfrentar una realidad demasiado dispar y va a aumentar aún más la brecha- que es ya muy grande-de puntajes elevados de chicos más ricos y puntajes más bajos en los estudiantes más pobres. Aunque nosotros siempre hemos estado en la idea de explorar la posibilidad de un acceso generalizado a la educación superior.

Hace años desde la OPECH ustedes han denunciado, en conjunto con organizaciones gremiales y sociales, la estratificación socio económica del sistema educativo chileno, ¿qué piensan que ocurrirá con el sistema luego del paso del Covid-19?

Es difícil saber cuándo y cómo se sale de esto, pero creo que el 18 de octubre dejó claro que el modelo y el sistema no da para más, y la crisis del coronavirus da más luces respecto a aquello. Es un mensaje que tiene que madurar, y va a depender de las correlaciones de fuerza, de qué tanto la gente organizada es capaz de proponer una alternativa para hacer las cosas. Y eso implica tener un proyecto educativo, consenso sobre un proyecto social compartido. Es un escenario con un gobierno deslegitimado, sin fuerzas para imponer su programa, sin credibilidad, pero con un pueblo muy disperso (en términos de estabilidad en el tiempo).

Tenemos que concentrarnos en cuidarnos mucho porque el gobierno no nos va a cuidar. Hay que salir con banderas muy claras, ya no basta con pedir gratuidad, hay que pedir educación pública; ya no basta con pedir «calidad», tenemos que pedir una educación integral, humana. Nadie asegura que vayamos a derrocar el modelo, que vayamos a triunfar, pero debemos tener claro por qué pelear.

resumen.cl/articulos/rodrigo-cornejo-director-de-la-opech-el-teletrabajo-no-asimila-la-realidad-de-los-estudiantes-ni-de-los-docentes

Fuente de l Información: https://kaosenlared.net/chile-rodrigo-cornejo-director-de-la-opech-el-teletrabajo-no-asimila-la-realidad-de-los-estudiantes-ni-de-los-docentes/

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Chile: liberar a violadores de DDHH en tiempos de coronavirus

América del Sur/Chile/Ladiaria.uy/Iván Ojeda Pereira y Roque Alfaro Navarro

¿Los gobiernos posdictatoriales chilenos promovieron y aseguraron la justicia para las víctimas de violaciones a DDHH? ¿Dónde está el límite entre buscar justicia transversal y validar la impunidad a violadores de DDHH? ¿Es la pandemia del coronavirus una razón válida para otorgar blindaje jurídico a criminales de lesa humanidad? ¿En qué momento los tribunales de justicia dejarán de ser cómplices y velarán por la dignidad? Son preguntas que como jóvenes no podemos dejar de realizarnos, porque en aquellas reflexiones descansa la posibilidad de que un país logre de una vez por todas comenzar a sanar las mortales heridas que la dictadura militar dejó en nuestro tejido social y cultural.

Esta columna nace desde la indignación de ver a la derecha chilena y a lo que en algún momento se autodenominó “izquierda” (la Concertación) cerrando filas en pos de entregar aún más regalías penales a quienes mediante el uso de la fuerza estatal violaron los derechos humanos y socavaron el alma de nuestra República. El objetivo del presente texto es criticar y reflexionar sociológicamente respecto a la acción de los gobiernos de la posdictadura chilena en materia de derechos humanos. Parece incluso que este tipo de acciones son la culminación de un pacto de retorno a la democracia cuya principal característica es la salida negociada de la dictadura de Pinochet y el traspaso del mando a gobiernos de la Concertación. En ese proceso no se derogó la Constitución, no se intervinieron las Fuerzas Armadas, se protegió la identidad de los violadores de DDHH y hoy se comienza a buscar alternativas para entregar garantías penales e indultos a los pocos criminales juzgados.

El 5 de octubre de 1988 Chile vivió un momento histórico. El plebiscito del Sí y el No dirimió la posibilidad de que Augusto Pinochet perdurara en el cargo o, de lo contrario, se mantuviera un año más en la presidencia y convocara a elecciones generales 90 días antes que de que expirara la prórroga. El resultado del plebiscito se inclinó por la segunda opción y el demócrata cristiano Patricio Alwyn fue elegido en 1990 como presidente de la República, dando fin a veinte años de una sangrienta dictadura militar. La pregunta es: ¿realmente el cuento fue de esa forma? ¿Realmente Pinochet perdió y retornamos a la democracia? Óscar Godoy (1999)1 menciona que el retorno chileno, a diferencia de otros países latinoamericanos, fue un retorno pactado, donde los grupos que asumieron el poder realizaron acuerdos con el dictador para conducir el traspaso bajo sus reglas del juego. Estos pactos significaron: a) la persistencia de aspectos claves de la institucionalidad política gestada en dictadura, como la constitución vigente de 1980; b) la no intervención al modelo punitivo de fuerzas armadas y de orden, y c) apoyo jurídico y político en mantener la impunidad o, de lo contrario, encontrar las mejores condiciones penales para los pocos juzgados por crímenes de lesa humanidad. Este contexto evidentemente no constituye un modelo democrático y generó un sistema político cargado de enclaves autoritarios que, en palabras de Garretón y Garretón (2010),2 es una democracia incompleta.

Este pacto se ha traducido en una serie de eventos, por ejemplo, en que Pinochet continuó como general en jefe del Ejército, y durante los cuatro años siguientes se sentó en el Parlamento como senador designado y se declaró senador vitalicio. O que su juicio fue llevado por el juez español Baltazar Garzón y su detención por la Policía británica. ¿Qué clase de democracia sienta al dictador en el Parlamento y lo deja a cargo del Ejército? ¿Qué clase de democracia dota de fuero parlamentario a un responsable de violaciones a los derechos humanos y no lo juzga por sus crímenes? Esa es la democracia de los pactos, la democracia de los acuerdos, la democracia de la concertación, una democracia que escondía a los asesinados, torturados y mutilados bajo la alfombra de la historia chilena. Si bien los gobiernos de Concertación realizaron procesos de investigación de las violaciones a DDHH, como el informe Rettig y la Comisión Valech, no necesariamente se orientan hacia la justicia y reparación de los familiares de los desaparecidos, ni tampoco buscan potenciar procesos de reconstrucción societaria a la violencia estatal. Ricardo Lagos Escobar, del Partido por la Democracia, en su mandato presidencial decretó el secreto sobre contenidos del informe Valech, protegiendo la identidad de los autores de crímenes de lesa humanidad. ¿Un texto lleno de líneas tachadas que no da cuenta de los nombres de los responsables busca justicia o impunidad?

El presidente demócrata cristiano Eduardo Frei Ruiz-Tagle creó en 1994 la cárcel Punta Peuco con la finalidad de que el ex director de la Dirección Nacional de Inteligencia de Chile (Dina), Manuel Mamo Contreras, cumpliera su primera condena por el asesinato del canciller Orlando Letelier y posteriormente por los otros 35 procesos, por los que suma un total de 350 años de cárcel. Posterior a esto, el penal continuó albergando a los juzgados por crímenes en la dictadura bajo el pretexto de cuidar su seguridad personal. Esta cárcel, si se puede llamar así, pone a su disposición salas de recreación, canchas de tenis, asistentes personales, piscina, médicos, entre otros lujos, mientras que el resto de la población carcelaria del país tiene altas tasas de hacinamiento y condiciones miserables de vida.

Durante esta semana, el tema en Chile vuelve a salir a colación porque el presidente Sebastián Piñera y la derecha política, en una torpe jugada, evidenciaron sus continuas ganas de entregar garantías a los pocos responsables juzgados por crímenes en dictadura. Este esfuerzo se materializa no solo desde el gobierno sino desde la totalidad del Estado, en tanto parte del Poder Legislativo de derecha participa, y el Poder Judicial deja en claro una vez más que no sólo se llenaron de temor para juzgar a Pinochet, sino que mantienen formas de apoyo a sus colaboradores.

El 9 de abril de 2020 el gobierno puso carácter de discusión inmediata en el Congreso al proyecto de “ley humanitaria” para la población penal, que en el marco de descongestionar las cárceles para evitar la propagación del coronavirus entrega el beneficio de reclusión domiciliaria para algunos reos. Lo problemático es que Piñera y su gobierno establecen que no importa la naturaleza del delito para optar por el beneficio, mientras estén en fase terminal de una enfermedad, se tengan más de 75 años y se haya cumplido a lo menos la mitad de su condena. Estos criterios han generado una serie de dudas, porque, contrario a los convenios internacionales de derechos humanos,3 entrega beneficios carcelarios para criminales que no han demostrado arrepentimiento sobre sus crímenes y mediante tratos de silencio no han aportado a las investigaciones. Por otro lado, el proyecto no establece mecanismos transparentes para establecer enfermedades terminales, y además ¿las posibilidades de contraer coronavirus es una justificación real cuando hablamos de una cárcel VIP?

Frente a esto, ¿cuál fue el posicionamiento de la ex Concertación? El ex presidente Ricardo Lagos, del Partido por la Democracia, el mismo que profundizó el neoliberalismo, privatizó servicios sociales, mantuvo Punta Peuco y protegió la identidad de quienes cometieron crímenes de lesa humanidad, apoyó el proceder de Piñera y se declaró a favor de indultar a estos criminales mediante el proyecto de ley humanitaria. Entonces, surge la duda de si esto no será el último aspecto del pacto de retorno a la “democracia”. ¿Cómo se puede justificar tamaña validación de la impunidad? Esta interrogante nos motiva a alzar la voz contra los gobiernos de la posdictadura que permitieron la continuidad del negacionismo en la sociedad chilena y hoy demuestran su poco compromiso con los ideales de la democracia.

En Chile no es para nada extraño que la derecha política siga velando por la impunidad y la ex Concertación se ponga al servicio.

El mismo 9 de abril de 2020 dictaba sentencia la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago respecto a las condenas para ex agentes de la Dina juzgados por delitos de secuestro calificado y homicidio calificado de 17 personas entre 1973 y 1977. Antes de que los criminales cumplieran tres años en la cárcel, este fallo viene a revisar sus condenas, revocar el fallo contra ocho ex agentes y reducir la condena de los nueve restantes a tres años y un día de libertad vigilada. Para el Poder Judicial chileno, ¿es más grave robar un auto que cometer crímenes de lesa humanidad?, ¿en qué momento los tribunales de justicia cumplirán su rol?, ¿cuándo se perseguirá a los cómplices civiles de la dictadura? Son interrogantes de hace 30 años. Desde la transición a la democracia, la Justicia ha asignado penas rebajadas y vergonzosas por cada asesinato, tortura y violación, privilegiando que gane la injusticia y jamás sane la herida del país.

Parecería que la pandemia está generando el contexto para que el pacto de poder político para la impunidad se materialice por completo. En nuestro país algunos sectores propician condiciones institucionales para la impunidad. Han mantenido por 30 años la cultura de la impunidad, que subjetiviza los derechos humanos y que se ha expresado en el conflicto del Estado con el pueblo mapuche, en la represión contra movimientos estudiantiles y nuevamente con las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos que siguen ocurriendo como consecuencia del estallido social.

Los que la derecha llama “viejitos de Punta Peuco” han sido los más brutales criminales de la historia chilena actual. No podemos jamás olvidar lo que esos asesinos hicieron a las personas en nombre del Estado. Nieves Ayress, torturada en dictadura, entrevistada por el noticiario chileno 24 Horas el 16 de diciembre de 2014, relataba:

“A mí me torturaban y me metían botellas en la vagina, me metían palos por el ano y a muchas compañeras les hacían lo mismo con objetos. La orden que había en ese momento para los militares era destruir la vagina de todas las que éramos jóvenes y estábamos en período de reproducción”.

“Nos destruyeron la vagina y el útero para que no fuéramos reproductoras de revolucionarios y comunistas. Esa fue la orden que les dieron [a los militares] (…) Aparte de ser prisioneras políticas, nos torturaban por ser mujeres. Ellos [los torturadores] nos decían: ‘ustedes son mujeres y no tienen que estar metidas en esto [política]’”.

Estos son los “viejitos de Punta Peuco”, los sociópatas a los que Sebastián Piñera ya ha indultado, como cuando en 2018 indultó al responsable del asesinato de Beatriz Díaz, la joven de 26 años asesinada con seis meses de embarazo. En Chile no es para nada extraño que la derecha política siga velando por la impunidad y que la ex Concertación se ponga al servicio.

Iván Ojeda Pereira y Roque Alfaro Navarro son estudiantes de Sociología de la Universidad de Chile.

Fuente: https://ladiaria.com.uy/articulo/2020/4/chile-liberar-a-violadores-de-ddhh-en-tiempos-de-coronavirus/


 

 

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Chile: Ministro de Educación insiste en el retornar clases durante mayo

América del sur/Chile/23 Abril 2020/kaosenlared.net

El ministro de Educación, Raúl Figueroa, sostuvo en la Comisión de Educación de la cámara baja, que se está trabajando en un plan de retorno gradual a las aulas el mes de mayo, en razón que las condiciones sanitarias así lo permitan.

En medio de la pandemia, mediante una cadena nacional realizada el día 19 de abril, el presidente Sebastián Piñera anunció la postergación del retorno a clases presenciales prevista para el día lunes 27 de abril, al mes de mayo.

Debido a lo anterior, tanto el ministro como el subsecretario Jorge Poblete, debieron presentarse a la sesión de la Comisión de Educación de la Cámara del 20 de abril, con la finalidad de dar cuenta de las labores realizadas por la cartera durante la pandemia y aclarar los dichos de Sebastián Piñera.  En relación a este último punto, Raúl Figueroa, señala que se está trabajando en un plan de retorno gradual a las clases presenciales durante el mes de mayo, el que está sujeto a modificaciones; por tanto no le parece razonable ahondarlo en detalles. No obstante, afirma que este plan contempla tres etapas: en un primer momento, se llevará a cabo una fase de diagnóstico que abarque aspectos emocionales como de aprendizaje; posteriormente, se iniciará un proceso de nivelación en las diferentes asignaturas, para finalmente implementar un «currículum priorizado», basado en contenidos fundamentales según cada asignatura.

Al mismo tiempo, el llamado a retomar las clases ha sido altamente cuestionado tanto por el gremio docente como por la sociedad civil. Muestra de esto, son los resultados arrojados por la siempre favorable a Piñera encuesta Plaza Pública Cadem, en la que el 91% de los encuestados señala estar en desacuerdo con retomar las clases durante el mes de mayo. A su vez, el presidente de Colegio de Profesoras y Profesores, Mario Aguilar, ha afirmado que no volverán a clases «mientras no esté garantizada la seguridad de que no hayan contagios«, acusando al gobierno de jugar con la salud de las personas.

Fuente e imagen tomadas de: https://kaosenlared.net/chile-ministro-de-educacion-insiste-en-el-retornar-clases-durante-mayo/

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Vídeo: ¿Cómo abrir el corazón desde la educación? por Amanda Céspedes

Por: TEDxUCHILE.

El buen trato y la sana convivencia vienen instalados en el cerebro infantil desde antes de nacer; son un espléndido potencial que muestra que la especie humana es una especie programada para la paz, pero este potencial debe ser actualizado desde el papel educador del adulto. Médico cirujano, egresada de la Universidad de Chile, especializada en Psiquiatría Infanto Juvenil en la misma universidad. Posee posgrados en Psiquiatría y Neurología Infanto Juvenil, y en Neuropsicología, por la Universidad Degli Studi, Turín, Italia. Se desempeña como neuropsiquiatra infanto juvenil y es académica en diversas universidades chilenas. Especialista en desarrollo emocional y afectivo de niños y niñas, ha sido directora del Instituto de Neurociencias Aplicadas a la Educación y la Salud Mental del Niño. Ha puesto al servicio de la educación su experiencia como médico especializada en psiquiatría infantil y juvenil, proponiendo una visión innovadora para aplicar el modelo de neurociencias como una teoría integradora, no sólo para la pedagogía, sino para la educación en su concepción más amplia. Es autora y co-autora de libros como “100 preguntas sobre educación escolar” (2015) y “Esos locos bajitos” (2015).

Fuente de la reseña: https://www.youtube.com/watch?v=o1eEAd0Inew

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