Yamari Osorio Membache murió este miércoles. No pudieron contener el vómito y la diarrea que aquejaba a esta niña indígena de 6 años del resguardo Unión-San Cristóbal, en Istmina, Chocó.
La pequeña Yamari fue la última, de 11 niños que han muerto en Itsmina, a causa de un virus que aqueja al resguardo Unión de este municipio chocoano.
“Si no hay una brigada de salud urgente, vamos a seguir derramando lágrimas de las madres”, relató Victor Carpio Conquista, Comisionado de Derechos Humanos para los Pueblos Indígenas de Chocó.
La situación ha sido catalogada como grave por las autoridades indígenas. Desde el 22 de diciembre, cuando falleció Eder Yadan Pizario Abadía, de 4 meses, se ha reportado el deceso de 11 menores.
“La epidemia no para. En la última semana 108 niños han sido atendidos porque presentan esta gripa con síntomas como fiebre, vómito y diarrea”, cuenta el líder Carpio Conquista.
En la tarde de este miércoles 12 de enero las autoridades locales y nacionales prometieron hacer una brigada de salud en el territorio para frenar la muerte de estos menores.
El inicio de esta problemática viene desde el pasado 19 de septiembre. Ese día cerca de 100 armados de las Autodefensa Gaitanistas de Colombia (AGC) generaron el desplazamiento forzado de 868 indígenas.
Las víctimas alcanzaron a huir y pidieron refugio en la comunidad de Puerto Olave, ubicada en el corregimiento de Potedó en Istmina.
“Desde que se desplazaron empezamos a exigir la atención por parte del Estado. Pero eso no ha pasado. La comunidad receptora no tiene nada que ofrecerle a los compañeros desplazados y hoy vemos el desbordamiento para atender la salud y la alimentación”, explica Carpio.
Desde la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), clamaron por la atención en salud de estos niños y pidieron que se les garantice el retorno a los territorios a las familias desplazadas desde septiembre pasado.
MinEducación negó solicitud para aplazar la presencialidad en colegios privados de Cali
La cartera reafirmó la necesidad de regresar a las aulas sin límites de aforo, a pesar del pico de contagios que vive la capital vallecaucana.
Tras la petición del alcalde de Santiago de Cali, Jorge Iván Ospina, de aplazar el retorno a clases de los estudiantes de colegios privados en la ciudad al Ministerio de Educación; la cartera respondió al mandatario local negando la solicitud y recalcando la necesidad de la presencialidad en las aulas para los menores.
“Nuestra ciudad tiene un modelo educativo distinto al del resto del país. Nuestros colegios privados fundamentalmente tienen calendario B, y ese calendario iniciaría las clases este 12 de enero. Hemos solicitado al Ministerio de Educación que posibilite recomendarle a los colegios privados que aplacen el inicio presencial de clases dos semanas”, fue la petición del alcalde, Jorge Iván Ospina.
Sin embargo, este viernes 7 de enero, la Secretaría de Educación de Cali informó que esto no podría ser posible, ya que luego de revisar la petición con el Ministerio de Educación, este ratificó que los colegios privados, incluso los que tiene calendario B, deberían comenzar las clases presenciales lo antes posible y sin límites de aforo; todo esto argumentado con la resolución 2157 de 2021.
Según indicó la cartera, “el retorno a la presencialidad en el sistema educativo, más allá de ser una orientación y decisión del Gobierno nacional, es una causa que nos une como colombianos en coherencia con el principio constitucional de la prevalencia de los derechos de los niños y requiere del concurso y concurrencia de todos los actores involucrados de alguna manera en este gran propósito nacional”, resaltando la importancia del retorno a clases para los menores como la protección de su derecho a la educación.
Por otro lado, el alcalde Ospina buscaba que las instituciones privadas, las cuales cuentan con otros tipos de autonomía en el país, pudieran retornar a la presencialidad a finales del mes. ”Consideramos que las instituciones privadas deben empezar con virtualidad dos semanas y aplazar el inicio de la presencialidad hasta el 31 de enero”, expresó el mandatario, afirmando que los estudiantes estarían recibiendo clases desde sus casas, para evitar que fueran a las aulas en medio del pico de contagios que vive la ciudad.
Es de recordar que los estudiantes de calendario A, es decir, todos aquellos que comienzan clases en enero y terminan el año escolar en noviembre-diciembre, comenzarán las clases presenciales el día 31 de este mes, esto luego de que el Ministerio de Educación les aplazara una semana el retorno a la presencialidad por el aumento de contagios, con respecto a la variante ómicron de la covid-19.
Fuente de la Información: https://www.semana.com/educacion/articulo/mineducacion-nego-solicitud-para-aplazar-la-presencialidad-en-colegios-privados-de-cali/202231/
No pretendo escribir un artículo de investigación o una reseña académica sobre el tema de los imaginarios colectivos y las narrativas del poder convirtiendo este texto en una cadena de referencias a Castoriadis, Randazzo o Morin, mi intención es mostrar de manera sencilla clara y directa , alejado del exasperante argot académico: como existe un discurso colectivo en contra de los maestros colombianos dirigido por exponentes de cierto partido político de derecha, que desde sus narrativas impulsan la creación de un peligroso imaginario sobre los educadores y sus presuntos privilegios y opulentos derechos.
Ahora bien, más allá de hacer una relación descriptiva a ciertos políticos, todos ellos de un mismo partido, la cuestión es preguntarnos cuánta ganancia electoral pueden captar convirtiendo a los educadores desde sus narrativas en sujetos peligrosos para la sociedad y cómo dichos relatos entran a impactar de manera central en la mirada y percepción que tiene el ciudadano sobre el magisterio, escuchar frases de la representante a la cámara por el centro democrático Margarita Cabellos que sin rubor alguno expresa : “o acabamos con Fecode, o Fecode acaba con la educación en Colombia” https://www.rcnradio.com/colombia/puso-una-lapida-docentes-sindicalizados-fecode-ante-trino-de-congresista-uribista, de igual manera lo expresado por el también político del centro democrático Juan Carlos Echeverry afirmando que Fecode toma el derecho a adoctrinar políticamente a los estudiantes https://www.semana.com/confidenciales/articulo/fecode-adoctrina-politicamente-a-los-estudiantes-juan-carlos-echeverry/202148/incluso desde este mismo partido personas como Alirio Barrera exgobernador de Casanare y actualmente aspirante al congreso de la república el cual en un foro realizado en la ciudad de Santa Marta expresa de manera directa y puntual: Fecode está “para destruir al país […] Una entidad que el país la conoce, porque la primera corrupción está ahí, personas que tienen entre tres y cuatro pensiones, ganan más que el Presidente de la República, ganan más de 25 millones al mes”https://periodicoeldiario.com/no-buscamos-ser-violentos-ni-derrocar-ningun-gobierno , y cuando uno cree que estas y muchas locuciones y comentarios se le pueden achacar a la “experticia” de políticos ancestrales anclados en el poder, emerge una perla final , un joven político Sergio Rodríguez expresa de manera pública que a los profesores hay que acabarlos que con Fecode no se negocia (https://twitter.com/SdrodriguezT?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor, aclarando que este joven que a lo máximo tendrá 27 años también es candidato a las elecciones legislativas por el centro democrático, cuando uno cree que los jóvenes son la fuerza motriz del cambio social, ejemplos como los de Sergio te dejan en silencioso estupor.
Ahora bien, entremos a analizar este problema en cuestión: quiero pensar en dos (2) posibles rutas para poder comprender este discurso emergente, más aun en plena campaña electoral colombiana, por un lado está el lograr conseguir votos entre los sectores más vulnerables de nuestra sociedad mostrando a los profesores como unos jerarcas llenos de privilegios y que viven cual vampiros de la sangre y sudor del pueblo, afirmar como lo expresó Alirio Barrera que por la labor docente se gana mas dinero que el mismo presidente de la república, solo pretende azuzar a los sectores más vulnerables contra los profesores, pero también crea el imaginario colectivo del privilegio, quieren mostrar a los educadores como una clase déspota que solo piensa en su beneficio y no en el bienestar de la sociedad, un gremio que en su egoísmo poco le importan los niños y piensan solo en sus derechos, creo que no hay narrativa mas peligrosa que convertir a los maestros en los malos del paseo sobre todo en un país donde el asesinato y la muerte a líderes sociales, magisteriales y sindicales está a la orden del día.
El otro sendero es la categoría repetitiva de “adoctrinar”, si en algo se destaca el centro democrático es en manifestar que los educadores enajenan esas mentes jóvenes y que son un peligro en las aulas, en este caso hablaré desde el yo: soy profesor en Ciencias Sociales egresado de la UPTC y tengo esta cátedra en el colegio donde laboro, es inverosímil que no desarrolle temas, competencias, apuntes o como lo quieran llamar sobre aspectos claves de la historia de Colombia, por ejemplo: la masacre de las bananeras, el bogotazo, el frente nacional, la lucha bipartidista, el problema del latifundio, los indicadores de pobreza, etc… , estos temas están consignados en los mismos Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) que el Ministerio de Educación plantea, nada tiene que ver Fecode en ese aspecto, es el estado el que brinda orientaciones sobre lo que se debe y puede desarrollar en mi área, me pregunto entonces ¿cómo el centro democrático puede afirmar que nosotros adoctrinamos cuando es el ministerio el que expone los elementos a enseñar? https://santillana.com.co/documentos-de-interes/
Lo que no gusta a los políticos del centro democrático es que los profesores enseñemos a pensar de forma crítica ante el orden dominante, eso les genera tensión y malestar como bien lo afirma la reconocida educadora latinoamericana Estela Quintar que sabiamente muestra como la divergencia es aborrecida por aquellos que tienen y detentan el poder https://ipecal.edu.mx/001-estela-quintar-trabajadores-de-la-cultura-y-la-precarizacion-del-sentido/ , por eso es comprensible que exista un muro de resistencia ante los vientos de cambio que empiezan a soplar en Colombia, que tengan miedo de empezar a observar cómo avanzan nuevas propuestas que piden reformas estructurales a temas tan críticos como la corrupción el cual considero que es el cáncer más grande que padecemos en 200 años de vida republicana
Ahora bien por otro lado no quiero decir que los educadores sean la panacea del Olimpo, existen fallos en algunos procesos, la autocrítica es necesaria y en algunas ocasiones no es bien acogida por algunos sectores sindicales, hay aspecto donde los docentes podemos llegar a fallar, no obstante lo incómodo de esta situación es que en un análisis profundo el problema se escapa muchas veces del mismo educador aunque se le quiera lanzar la culpa a él. Por ejemplo, aducen los políticos de partido que referencié en reglones anteriores que los resultados de las pruebas saber ( ICFES) son muy bajas en comparación al sector público y esto es culpa del educador, sin embargo la razón estructural la cual no se ve a simple vista, es la poca inversión del estado en el sector educativo, colegios que se caen en pedazos, escuelas a las cuales no se les nombra un educador, poca posibilidad de que los educadores se cualifiquen por medio de becas estatales y bajos salarios, en esto último por ejemplo un PhD en el magisterio no gana más de 6 millones https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=169087 lo cual en términos de tiempo, esfuerzo, e inversión es una retribución muy baja, más aún cuando en otras entidades del estado, un abogado o administrador sin posgrado o con alguna especialización supera con creces el valor salarial del educador, si bien hay críticas válidas a algunos procesos de los educadores, estas no pueden convertirse en la única doctrina hegemónica que pretenda desconocer las luchas y esfuerzo de los docentes, siendo la prueba de ello la manera en que se respondió ante el Covid-19 donde casi el 100% de los profesionales de la educación diversificamos nuestras habilidades, metodologías y recursos para brindar educación virtual de calidad a nuestros estudiantes y mucha de esta sin ayuda directa del estado.
A manera de colofón los maestros estamos llamados a seguir generando procesos de pensamiento críticos, amplios, abiertos, democráticos y pluralistas con nuestro trabajo, desde las aulas debemos desmontar esas narrativas e imaginarios que quieren vender miedo y que además, como lo expresé anteriormente, solo buscan debilitar la labor magisterial y sindical de los educadores, las luchas de los profesores por un sistema educativo de avanzada científica debe seguir siendo nuestra bandera, la reivindicación de los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes nuestro sendero infranqueable, el llamado a los maestros es necesario ante la horda galopante que pretende arrancarnos lo que con más de 50 años nuestro sindicato con el sudor y la sangre de nuestros lideres y colegas logro revindicar, que nuestra eterna consigan nunca se olvide: Maestros unidos jamás serán vencidos.
Edwin Tovar Briñez, Catedrático Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
En las primeras horas de 2022 ocurrió el primer feminicidio en Colombia
Luego de celebrar la llegada del año nuevo, en Floridablanca ocurrió el primer caso de feminicidio de 2022. Según informaron las autoridades, los hechos sucedieron en el barrio San Bernardo. De acuerdo con las primeras versiones, una pareja habría tenido una discusión el 31 de diciembre, que terminó en un enfrentamiento con cuchillo. El hombre habría causado la muerte de su pareja y luego, se habría quitado la vida.
La Policía informó que la víctima fue identificada como Mariela Moncada. Su cuerpo fue encontrado en su vivienda, con heridas de arma de fuego. La hipótesis de las autoridades es que Humberto Sandoval habría disparado a su esposa, debido a un ataque de celos.
Yamile Roncancio Alfonso, directora de Feminicidios Colombia expresó su rechazo frente a este acontecimiento. “Qué desgracia tan infinita. No van nueve horas del día y del año, y ya llevamos un feminicidio en Floridablanca. El agresor se suicidó. Un día de paz no tenemos”, se lee en la publicación de su perfil personal de Twitter.
Qué desgracia tan infinita. No van 9 horas del día y del año, y ya llevamos un feminicidio en Floridablanca. El agresor se suicidó. Un día de paz no tenemos.
Feminicidios en 2021
El feminicidio es el asesinato de una mujer, por el hecho de ser mujer. Según explica ONU Mujeres, ha sido clasificado en diferentes casos, dependiendo la relación entre la víctima y el victimario: feminicidio de pareja íntima, feminicidio de familiares, feminicidio por otros conocidos y feminicidio de extraños.
Defensoría del Pueblo revela cifras preocupantes de violencia contra la mujer
Los expertos explican que es importante entender que el feminicidio ha sido naturalizado y legitimado históricamente. Por eso, “resulta fundamental generar acciones integrales que incluyan leyes junto con su implementación decidida, para proteger a las mujeres y las niñas ante la violencia, medidas de prevención desde una edad temprana y la prestación de servicios accesibles a todas las sobrevivientes, así como su acceso a la justicia”, explica ONU Mujeres.
De acuerdo con el último informe del Observatorio de Feminicidios, se registraron 577 feminicidios en Colombia, de enero a noviembre, en el 2021. Las cifras por departamento son la siguientes:
Antioquia: 101.
Valle del Cauca: 73.
Cauca: 42.
Norte de Santander: 41.
Bogotá: 40.
Magdalena: 34.
Atlántico: 27.
Córdoba: 31.
Nariño: 21.
Meta: 16.
Tolima: 15.
Guajira: 12.
Cesar: 13.
Bolívar: 10.
Risaralda: 11.
Sucre: 9.
Santander: 11.
Quindío: 8.
Cundinamarca: 9.
Putumayo: 5.
Chocó: 12.
Huila: 7.
Guaviare: 5.
Caquetá: 4.
Caldas: 4.
Vichada: 2.
Boyacá: 5.
San Andrés: 1.
De acuerdo con un informe de la Secretaría de la Mujer, de Bogotá, en el que se analizaron las cifras de feminicidios de enero a octubre, de 2021, una de cada cinco asesinatos ocurrieron en el mes de mayo, posicionándolo como el mes más violento para las mujeres en este tipo de delito. Luego, sigue agosto con uno de cada ocho. Las localidades de Suba, Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar y Engativá son las que más registran más de la mitad de delitos de alto impacto en la ciudad, con 55 %.
La entidad alertó a la comunidad debido a que entre 2020 y 2021 no hubo variación en el número de asesinatos, pero sí en la cifra de feminicidios, con un incremento de 15 %. Diana Franco, secretaria distrital de la mujer explicó que “no existen crímenes pasionales o por amor, las violencias contra las mujeres no son justificables ni aceptables; como sociedad no debemos seguir normalizando los actos de barbarie en contra de las mujeres”.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo también ha indicado sobre las cifras graves de violencia contra las mujeres. Según la entidad,desde 2018 y hasta septiembre de 2021 se ha brindado la atención a 17.949 mujeres y personas con orientación sexual e identidad de género diversasquienes denunciaron haber sido víctimas de violencias basadas en género.
Fuente de la Información: https://www.semana.com/nacion/articulo/en-las-primeras-horas-de-2022-ocurrio-el-primer-feminicidio-en-colombia/202232/
Asinort señala que, desacatarán esa orden, pues no se ajusta a la realidad que vive el país y la región con la pandemia de la COVID.
Ayer, el ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, en compañía de la ministra de Educación Nacional, María Victoria Angulo, anunció que, basados en las recomendaciones del Comité Asesor Epidemiológico, tomaron la decisión de eliminar los aforos para todo el sistema educativo, es decir, para la educación inicial, primaria, secundaria, educación superior y educación para el trabajo y desarrollo humano.
Esto, con el objetivo de que el próximo año se retome la presencialidad total, porque hay grandes avances en el Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19, especialmente con la alta cobertura de inmunización en la población docente y en niños y jóvenes.
Aunque la noticia fue bien recibida por algunos sectores, para la Asociación Sindical de Institutores Nortesantandereanos (Asinort) y algunos padres de familia, esto no concuerda con la realidad que está viviendo el país en medio de la COVID-19 con las nuevas variantes.
Hugo Cárdenas, fiscal de Asinort, señaló que, mientras no haya una inversión real para el sistema educativo, no es para nada conveniente enviar a todos los estudiantes a las aulas de clase, pues las condiciones de infraestructura y bioseguridad no se cumplen al 100%.
“Nosotros no nos oponemos a la presencialidad, pero vamos a seguir manteniendo que esta debe ofrecer las efectivas condiciones, entonces desde ya nosotros anunciamos que desacataremos esas decisiones del ministerio, pero con base en una realidad que tenemos”, dijo Cárdenas.
El fiscal manifestó que, a nivel nacional se rompieron las relaciones entre el Ministerio de Educación Nacional y Fecode (Federación Colombiana de Educadores), por lo que, probablemente la situación se va a tornar compleja para la prestación del servicio educativo en 2022.
“La vacunación de los niños es muy incipiente todavía. El nivel de los docentes si ha avanzado, estamos por ahora en la situación del refuerzo y lógicamente que mientras la comunidad no esté vacunada, esas decisiones son muy delicadas para la salud de la comunidad educativa”, agregó Cárdenas.
El representante de Asinort precisó que, desde que inició la pandemia han fallecido más de 200 docentes (activos y pensionados) a causa de la COVID.
Con respecto a la situación de la infraestructura de los planteles educativos, Cárdenas expresó que, los proyectos que se tienen programados son a mediano plazo, por lo que no se pueden confiar que en el 2022 se van a dar todas las inversiones.
“Nosotros somos defensores de que la educación debe ser presencial, eso nunca lo hemos dejado de percibir de esa manera. Sin embargo, toda esta situación ha sido angustiosa, ha sido un reinvento de los docentes, porque queremos a nuestros estudiantes y nuestra razón de ser son los niños y los jóvenes y por ellos haremos lo que sea posible, pero también tenemos que ayudar a preservar la vida y la salud y que el proceso educativo se lleve en condiciones dignas. Este es un país que ha demostrado que no tiene las condiciones ni en salud ni en educación adecuadas para enfrentar retos tan importantes como el de la pandemia», afirmó Cárdenas.
El fiscal invita a los estudiantes y padres de familia para que se matriculen y se sostengan en el sistema educativo, pero «que también tomemos conjuntamente las decisiones de no dejarnos llevar a mayores riesgos en esta pandemia».
Padres de familia
Eduardo Parra, presidente de la Liga Municipal de Asociación de Padres de Familia de Cúcuta, mencionó que este anuncio los toma por sorpresa, por lo que esperarán hasta que llegue el mes de enero para evaluar la situación de la pandemia con los contagios y muertes.
En cuanto al tema de la vacunación de los estudiantes, Parra sostuvo que como la vacuna no es obligatoria, “hay padres de familia que han decidido no vacunarse, ni vacunar a sus hijos y eso es respetable, entonces esa es una situación compleja que tenemos”.
Parra afirmó que el próximo año todos los padres de familia se convertirán en veedores, para ver si realmente la administración municipal está destinando los recursos a los colegios que necesitan adecuaciones en materia de infraestructura.
“Aspiramos que desde el Gobierno Nacional y el ente territorial ofrezcan todos los sistemas de bioseguridad a los estudiantes y estaríamos muy contentos de volver el año entrante a la presencialidad en todas las instituciones educativas de la ciudad”, puntualizó Parra.
Las opiniones entre los padres de familia, pues algunos están de acuerdo en que sus hijos vuelvan completamente a los colegios, mientras que otros prefieren que sigan en virtualidad, no obstante, la determinación quedó reglamentada mediante la resolución 2157 del 2021.
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Secretarías de Educación se pronuncian
Jessica Ramírez, secretaria de Educación Municipal detalló que recibe la noticia con mucha alegría y responsabilidad, resaltando que durante todo el 2021 se estuvieron preparando, pues ya todos los colegios y sedes de Cúcuta cuentan con planes de bioseguridad aprobados.
“Este año hicimos una compra de más de 280 mil tapabocas para todos los estudiantes, a los profesores se les entregaron kits, lavamanos, todo este combo en términos de papel, alcohol, gel antibacterial, entonces ya todos los colegios están preparados”, mencionó Ramírez.
La funcionaria precisó que, en el 2022 los esfuerzos estarán concentrados en mejorar la calidad de la educación y cerrar las brechas de aprendizaje.
Ramírez señaló también que ya tienen un 95% de docentes y directivos vacunados, y se tienen más de 20 puntos de vacunación habilitados en toda la ciudad para que los niños y jóvenes también accedan a los biológicos, por lo que no hay excusas.
“En temas de infraestructura el Área Metropolitana de Cúcuta (AMC) está avanzando en obras. Una entrega las primeras baterías en enero y otras arrancan entre febrero y marzo, para tener en el 2022 una infraestructura bien bonita y adecuada”, dijo Ramírez.
La Secretaría de Salud Municipal informó que, desde el Inicio del Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19, en Cúcuta se han aplicado 44.270 vacunas en menores de 3 a 9 años, distribuidas entre 35.382 de primeras dosis y 8.888 de segundas dosis.
Mientras que en la población de 10 a 19 años se han aplicado 133.264, de las cuales 97.864 son de primeras dosis, 32.566 de segundas dosis y 2.834 de única dosis.
«De esta forma la Secretaría de Salud Municipal y la Secretaría de Educación vienen trabajando en forma articulada para garantizar el acceso de los menores de edad a las vacunas dispuestas por el Ministerio de Salud y Protección Social», manifestaron.
Diomar Velásquez, secretario de Educación Departamental, afirmó que no pueden existir excusas por parte de los docentes para regresar a la presencialidad, pues a corte de diciembre de 2021, el 97,2% de los directivos docentes se encuentran vacunados, así como el 92% de los docentes y el 94,2% del personal administrativo.
Para el 2022, en Cúcuta las clases se iniciarán el 24 de enero y en los otros 39 municipios de Norte de Santander, el 31 de enero.
Las secretarías de Educación hacen una invitación a los padres de familia y estudiantes para que le apuesten a la presencialidad y a la vacunación contra la COVID-19, para regresar a las aulas de una manera biosegura y puedan volver a la normalidad.
«Sabemos que el retorno de los niños y jóvenes a las aulas es fundamental, así que esa decisión refrenda ese compromiso y ese trabajo con la educación que es tan importante y con noticias como que sigue el refuerzo de vacunación para los maestros», dijo María Victoria Angulo, ministra de Educación Nacional.
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Universidades
La Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS) anunció que, adoptará los lineamientos emitidos en la Resolución 2157 del 2021 emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social, por lo que, para el 2022 retornará a la presencialidad en todas sus modalidades (pregrado, posgrado y educación a distancia).
Por su parte, la Universidad Libre, seccional Cúcuta,ha informado que, a partir de enero de 2022, conforme a las fechas establecidas en los cronogramas para cada programa y cohorte de posgrados en curso, retornarán a la presencialidad física a las aulas de la infraestructura de la universidad, a las clases programadas.
«Todos los estudiantes de posgrado deben retornar de manera presencial a continuar su proceso académico. Quien no pudiera realizarlo debe informarlo a la Coordinación de Posgrados para realizar el trámite de suspensión y reprogramación del respectivo programa», mencionaron.
Asimismo, indicaron que los estudiantes de pregrado retornarán a la presencialidad física en las aulas de la infraestructura de la universidad a partir del 24 de enero de 2022, fecha de inicio de clases, razón por la que deben legalizar su proceso de matrícula, teniendo en cuenta que todos los programas se desarrollarán de manera presencial conforme a lo estipulado en las resoluciones de registro calificado autorizados en la modalidad de presencialidad.
José Consuegra Bolívar, rector de la Universidad Simón Bolívar (Unisimón), expresó que estaba sumamente complacido en que la comunidad académica vuelva a las instalaciones físicas de la institución.
El rector mencionó que se continuarán aplicando todos los protocolos de bioseguridad, pero sobre todo, hace un llamado al autocuidado, «para que cada quien sea consciente de protegerse y proteger a los demás».
Consuegra precisó que seguirán usando los medios virtuales, especialmente para algunas materias que lo requieren , pero la presencialidad será el foco de atención.
Desde la Universidad de Santander (Udes), habían informado hace unas semanas que desde agosto de 2020 iniciaron la preespecialidad de todas las prácticas a nivel de laboratorios, finalizando ese año con el cumplimiento del 100% de todos los compromisos adquiridos con los estudiantes.
Carmen Elisa Araque Pérez, rectora de la Universidad de Santander en el Campus Cúcuta, dijo en su momento que la institución no ha interrumpido sus actividades académicas desde el periodo A 2020 y ha dado continuidad a la formación académica de sus estudiantes.
«Al inicio de la pandemia, la Udes tomó medidas estratégicas para hacer sincrónico el proceso formativo en todos los programas que ofrece la institución», mencionaron.
Para 2021, la Udes siguió ofreciendo las actividades académicas de manera presencial a través de prácticas en clínicas y hospitales, así como en talleres, laboratorios y sitios de prácticas al interior de la universidad. Las clases teóricas se ofrecieron de manera sincrónica en su totalidad, finalizando el 2021 con gran satisfacción.
Para el año 2022, al igual que las otras instituciones, tienen preparado volver a la presencialidad total.
América del Sur/Colombia/24-12-2021/Auto(a) y Fuente: www.lahora.com.ec
La familia descubrió que en el internado en que se encontraba le amarraban el pene con cabello humano; además, lo ortigaban y lo sometían al frío.
BOGOTÁ. A un niño de 9 años le amarraban el pene con cabellos humanos para que no se orinara y además era azotado con ramas de ortiga, según denunciaron sus familiares en Bogotá (Colombia), un caso que tiene conmocionado al país.
El maltrato supuestamente ocurrió en el Hogar Monserrate, manejado por monjas y ubicado en el municipio de Chocontá, en el departamento de Cundinamarca, cercano a Bogotá. Así lo dijo a FM radio Paola Morales, tía del menor que denunció el caso ante la Fiscalía.
«El menor estaba ingresado en un internado de monjas en Chocontá desde hace 7 meses y el día 15 de diciembre lo recogimos porque le dieron vacaciones para estar en familia en Navidad; el niño empezó a llorar y a sentir un fuerte dolor; el niño fue revisado por la mamá y se evidenció que su pene estaba inflamado y morado», aseguró Morales.
Explicó que cuando el menor fue llevado al médico y le quitaron los hilos y el cabello humano con el que le amarraron el pene, llevaba al menos «10 días sin poder orinar». Eso se «debía a que le habían amarrado el pene para que no se orinara, lo que también le provocó una infección en la vejiga».
El procedimiento fue muy doloroso porque el cabello cortó la piel y tenía heridas profundas que estaban infectadas y ahora está recibiendo apoyo psicológico.
«Se evidencia más maltrato físico, como baños donde le pegaban con ortiga que lo picaban y le ardían en la piel y otras cosas como pararlo muy temprano sin ropita a aguantar frío por más de dos horas a la madrugada; es lo que el niño nos pudo comunicar», dijo la tía.
Afirmó además que la mamá del niño lo llevó a ese internado porque tenía buenas referencias y que allí le podían ayudar a superar los problemas de comportamiento y de lenguaje, así como también podía progresar en lo académico.
«Los médicos hallaron que el pene de mi hijo estaba amarrado con cabellos largos de una persona. Habían amarrado su miembro desde la base y eso le impedía orinar», dijo la mamá del menor al diario El Tiempo.
Incomunicado
Al momento de matricularlo, las monjas le dijeron que solo podían visitarlo cada seis meses y que una vez por semana podían comunicarse por teléfono con el niño. El menor también ha contado que un profesor les daba coscorrones y palmadas en la cabeza, y que a él y a otros niños los castigaba pegándoles con ramas de ortiga.
Ante las denuncias sobre este caso el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, ordenó una visita de inspección al internado por parte de funcionarios de las secretarías de Desarrollo Social y Salud, a fin de verificar las condiciones en que están los menores.
Mientras tanto, la Fiscalía también inició una investigación con expertos en temas de infancia.
«Esto no se puede quedar así. Deben investigar qué más vejámenes han sufrido los niños que se encuentran allí», dijo la mamá del niño. EFE
Fuente e Imagen: https://www.lahora.com.ec/mundo/castigo-monjas-menor-orina-colombia/
Salario mínimo: ¿cuánto tiempo les durará el ingreso adicional a trabajadores?
La cascada de incrementos que arrastra el ajuste salarial de 10,07 % termina sacando del bolsillo de los trabajadores el ingreso adicional. ¿Cómo corregir esa situación?
El salario mínimo en Colombia, en el componente básico, llegó al anhelado millón de pesos que aclamaban los sindicatos desde hacía al menos tres años. Pero ¿cuánto durará ese ingreso adicional, en medio de una inflación con tendencia al alza? Sobre todo si se tiene en cuenta que el incremento del sueldo básico amenaza con una mayor escalada del costo de vida.
El aumento de 10,07 por ciento logrado por acuerdo en la mesa de negociación de la política salarial equivale a una remuneración total de 1.117.172 pesos, incluyendo el auxilio de transporte. Aunque el incremento fue catalogado por el presidente Iván Duque como un hecho histórico, pues en términos reales sería el más importante en casi 50 años, hay varias circunstancias alrededor de la sonada decisión que podrían ir en contravía de uno de los fines del ajuste: evitar que el trabajador pierda poder adquisitivo.
Precisamente, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que los salarios mínimos se establecen con la finalidad de proteger a los trabajadores contra el riesgo de una remuneración indebidamente baja frente al aumento del costo de vida. No obstante, para el logro de esa protección parece no ser suficiente la fórmula que se usa cada año: subir una cifra compuesta por la productividad, que en 2020 fue de 1,19 por ciento, y la inflación esperada al cierre del año, que es de 5,3 por ciento. Eso da una cifra de 6,49 por ciento, lo que implica una ganancia de 3,58 puntos porcentuales si se tiene en cuenta que el salario mínimo subirá 10,07 por ciento.
El lío es que existen otras variables que pueden sacar esa ganancia extra rápidamente del bolsillo de los ciudadanos. Por ejemplo, la indexación del salario mínimo a costos como la salud. Pese a que el ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, dijo que se identificarán los costos que están amarrados al alza del mínimo y que no tienen fuerza de ley, de manera que se puedan realizar con otra herramienta –como la Unidad de Valor Tributario, UVT–, por ahora es complejo evitar el arrastre.
Incrementos a granel
Tan pronto como empieza el año y entra en vigencia el incremento del mínimo, los ciudadanos comienzan a sentir que la plata adicional se esfuma por la cascada de incrementos que se suscitan. Si sube el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) y los comparendos por infracciones, el sector transporte experimenta una variación en el costo de operación.
En muchos casos, el efecto termina llegando al final de la cadena, que es el consumidor. Sucede, por ejemplo, con las tarifas de administración de las propiedades horizontales, que se elevan al mismo ritmo del alza en el salario mínimo, pues al personal que presta los servicios de seguridad y de aseo hay que subirles el sueldo, que en general es el salario mínimo.
El director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, llamó la atención sobre el riesgo que tienen los aumentos del salario mínimo muy por encima de la inflación y la productividad laboral, que “también generan indexación”. Expresó que “en sectores con márgenes bajos o baja productividad, a las empresas no les queda otra alternativa sino trasladar esos mayores costos salariales al consumidor a través de un aumento en el precio del bien final”.
La ola termina llevándose por delante todo lo que encuentra a su paso. Por eso, aumenta el salario y se aviva el riesgo inflacionario. Tanto es así que Daniel Velandia, director económico de Credicorp Capital, estima que el porcentaje incrementado al salario mínimo podría agregar entre 0,5 y 1 por ciento a la inflación esperada en 2022.
Los boquetes que se abren para que el trabajador finalmente pierda el incremento son muchos. Tan pronto como se dio a conocer el alza en el salario mínimo que regirá para el próximo año, la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas mencionó la necesidad de que el Gobierno fije un aumento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), con la que se cubre el costo de atención en salud para cada persona afiliada al sistema, en al menos un 7 u 8 por ciento, de manera que los hospitales y clínicas puedan hacer el incremento salarial al personal de la salud sin que sean ellos los que salgan sacrificados al asumir el mayor gasto.
Costo-beneficio
El debate sobre el incremento en el salario mínimo no se acaba con la decisión de la mesa de negociación salarial, que este año se dio por acuerdo, algo que no sucedía desde 2018. Algunos analistas económicos, como David Pérez-Reyna, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, estiman que la decisión del incremento en 10,07 por ciento “puede tener un componente de economía política unido al descontento social que se vio este año”. En consecuencia, esa alza “puede dar una señal positiva para los ciudadanos, sobre todo en época electoral”.
Pero el consenso entre las opiniones es que sigue vigente el error craso de indexar precios al salario. Mario Valencia, de Conexión Análisis, expresa que, “si se supone que estamos en una economía de mercado, resulta inadecuado amarrar el salario mínimo a otros precios. El Gobierno debería velar porque no se pierda poder adquisitivo, y, en ese contexto, tendría más sentido indexar costos a tasas de interés, por ejemplo. En Colombia, todos los años hay un gran debate por la tasa de crecimiento del salario mínimo, que ganan muy pocas personas, pero nadie, ni siquiera los empresarios, debate sobre la tasa de interés que fija unilateralmente el Banco de la República”.
La decisión del incremento en el salario mínimo se celebra con bombos y platillos, pese a que la cobertura directa que logra en el mercado laboral colombiano no es tan amplia, pues solo 18,1 por ciento de la población ocupada recibe un ingreso entre 0,9 y 1,1 salario mínimo. En cifras netas, el Ministerio del Trabajo estima que serían unos 2,2 millones de trabajadores dependientes los beneficiados con el incremento, ya que en el país, aun cuando 64,2 por ciento de los ocupados reciben hasta 1,1 salario mínimo o menos, 47,9 por ciento está en la informalidad, con un ingreso inestable.
Ese universo de trabajadores formales es el que se defiende en una negociación del salario. Francisco Maltés, presidente de la CUT (Central Unitaria de Trabajadores), argumentó que “los hogares que ganan el salario mínimo gastan cerca del 40 por ciento en alimentos. Entonces, si miramos la propuesta del 10 por ciento frente al 15 por ciento que subieron los alimentos, es claro que no compensa”.
Para el director de Fedesarrollo, entre tanto, “cuando el crecimiento salarial está muy por encima de la productividad laboral, continúa ampliándose la brecha entre los 10 millones de ocupados que ganan menos de un salario mínimo y el resto de ocupados. Ese es el balance que se debe tener en cuenta en esta discusión”.
¿Cómo desindexar el salario?
Por el lado del Gobierno, Alejandra Botero Barco, directora de Planeación Nacional, respondió un par de preguntas en SEMANA.
SEMANA ¿Qué camino seguiría el gobierno para desblindar costos indexados al incremento en el salario mínimo y garantizar así que la población no se empobrezca cada año pese a los aumentos?
Alejandra Botero. El presidente de la República señaló que “se hace historia porque se está logrando el mayor aumento real del salario mínimo en casi 50 años. Se hace historia porque se llega a un salario mínimo de $1 millón, cumpliendo una promesa de campaña, cumpliendo un anhelo de los trabajadores por décadas, pero, también, cumpliendo con una agenda de solidaridad y de generosidad que quiero reconocerle a los empresarios, emprendedores e industriales de nuestro país”.
De esta forma, no es una respuesta fácil decir que se viene una indexación debido a este aumento, por cuanto este logro está basado en un acuerdo unánime entre trabajadores, empresarios y emprendedores o pequeños empresarios, y el Gobierno.
Acá todos haremos un esfuerzo porque estos aumentos no se trasladen de manera automática a los precios finales al consumidor. Por parte del Gobierno, el presidente dio la orden de que muchos de los contratos que estaban indexados al salario mínimo sean convertidos en UVT, ello se hará por vía decreto o resolución. De esta manera se alivian algunas de las posibles alzas en los precios de los servicios regulados. El sector empresarial ha venido haciendo grandes esfuerzos para evitar que las alzas en muchos de los insumos se trasladen directamente a la inflación.
De otro lado, hay muchas presiones inflacionarias que no solo están afectando el desempeño de la economía, sino también el ingreso de los trabajadores y sus familias. Este aumento también es una compensación a estos ingresos, con el fin de lograr equidad y compromisos entre empresarios y trabajadores.
SEMANA. Países como China han demostrado que incrementos en los salarios constituyen un estímulo para subir la productividad laboral y, por esa vía, la de todos los factores. En Colombia se sigue insistiendo en que los salarios son altos y la productividad baja. Es decir, el meollo del asunto está en qué debe ser primero. ¿Qué camino se debería seguir en los próximos años en ese sentido?
Alejandra Botero. Es una pregunta compleja porque hay muchas respuestas dependiendo del sector, de la tecnología y del momento del ciclo de la economía. No es lo mismo la manera de producir de una gran empresa, los incentivos que ella implementa para sus trabajadores, los procesos que ella adopta para aumentar la productividad y que tiene como compensar estos costos debido a la escala de producción, que una empresa Pyme o pequeña, donde la tecnología es menos avanzada, lo costos de personal pesan más y hay poca facilidad de mitigarlos, dado que otros factores tienen un peso importante. Esto es aún más complejo en el sector informal, donde el capital es muy pequeño.
Lo que hemos hecho está vez es cumplir con el anhelo de los trabajadores por décadas, pero, también, cumpliendo con una agenda de solidaridad y de generosidad en vista de que estamos saliendo de una de las crisis más agudas de la historia. Este incremento salarial va a tener un impacto importante en el bolsillo de los colombianos, permitiendo compensar las pérdidas que tuvieron en 2020 y parte de 2021, cuando muchos no pudieron trabajar de manera normal y, por ende, es necesario aumentar su capacidad de compra en el año que viene.
En esta coyuntura, cuando la economía aún se encuentra por debajo de su nivel potencial y la pobreza todavía está en niveles superiores a los que se registraban antes de la pandemia. Este aumento, con seguridad, permitirá estimular la demanda por bienes y servicios por parte de las familias más pobres, teniendo en cuenta que es una coyuntura en donde aún es necesario que ellas tengan más ingresos, tal como nos ha enseñado la historia en las crisis pasadas.
Fuente de la Información: https://www.semana.com/economia/macroeconomia/articulo/salario-minimo-cuanto-tiempo-les-durara-el-ingreso-adicional-a-trabajadores/202100/
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