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La educación no es un plan de desarrollo

América del Sur/ Colombia/ 04.11.2017/ Fuente: www.las2orillas.co. Autor: Diego Andrés Cortés Peña.

Aunque el país ha pretendido responder en los términos del marco de la Declaración Universal de Derechos Humanos en lo que corresponde al artículo 26 y a las inscritas disposiciones del artículo 67 de la Constitución Política de Colombia de 1991, pareciera, incluso como agravante, que estas obligaciones solo han venido implementándose de conformidad con las medidas retóricas y lejos de las prácticas.

En términos de pertinencia, la educación debe ser garantizada en una extensión no menor a cualquier Estado soberano, es decir, debe ser otorgada a todo habitante nacionalizado que ocupe un lugar en la geografía del ordenamiento territorial del Estado. Así mismo, la educación tiene que facilitar estructuras generadoras de igualdad y progreso, en donde a través de su implementación sistemática se elimine toda posibilidad de desequilibrio social.

En la actualidad es seguro que la lucha por alfabetizar a los colombianos haya alcanzado cifras que antes era imposible imaginar, pero está claro que hablar de una cobertura decente en desarrollo de la demanda actual, es un intento por legitimar el populismo del político ad portas de la rapiña electoral.

El Plan Nacional de Desarrollo 2014–2018 “Todos por un Nuevo País” promovido e implementado por el gobierno del actual presidente Juan Manuel Santos, asume la educación en los siguientes términos:

“El más poderoso instrumento de igualdad social y crecimiento económico en el largo plazo, con una visión orientada a cerrar brechas en acceso y calidad al sistema educativo, entre individuos, grupos poblacionales y entre regiones, acercando al país a altos estándares internacionales y logrando la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos”.

A través de una premisa más que seductora: “Colombia la mejor educada de América Latina en el 2025”.

Si bien es menester del órgano superior del poder ejecutivo establecer los lineamientos para el desarrollo social de la nación, respaldado a través de los resultados previos del Consejo Nacional de Política Económica y Social, también es obligación del legislativo propender por la garantía constitucional de todas aquellas leyes que insten para ser soporte o vínculo directo con dichos planteamientos, toda vez que es el Congreso de la República quien ostenta las facultades legislativas.

Hoy la constitución incluye la educación en los términos que dispone el artículo 72 de la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación), en donde se establece lo siguiente:

“El Ministerio de Educación Nacional, en coordinación con las entidades territoriales, preparará por lo menos cada diez (10) años el Plan Nacional de Desarrollo Educativo que incluirá las acciones correspondientes para dar cumplimiento a los mandatos constitucionales y legales sobre la prestación del servicio educativo. Este plan tendrá carácter indicativo, será evaluado, revisado permanentemente y considerado en los planes nacionales y territoriales de desarrollo”.

En estricto cumplimiento con el ejercicio de la anterior ley, el Ministerio de Educación tiene establecido el Plan Nacional Decenal de Educación (PNDE) renovado apenas hace un año, por medio del cual establece la implementación de un plan en función de un mecanismo único de consulta, en el que la educación se convierte en un compromiso de todos los colombianos y uno de los principales temas de la agenda pública.

En esta entrada es notable que la educación es un tema coyuntural en todas las políticas al interior del Estado. Lo que no queda demostrado es la efectividad de las mismas para garantizar el aumento en los índices de calidad, ingreso, sostenimiento y cobertura. Pero ¿por qué?

Veamos un par de ejemplos: como política de gobierno, debidamente respaldada por el Conpes y como medida para lograr los objetivos del Plan de Desarrollo Nacional, se estableció con apoyo del Ministerio de Educación el programa Ser Pilo Paga (SPP), cuyo propósito fue desde su implementación: fomentar el acceso y la excelencia en la educación superior, a través de créditos condonables en las instituciones de educación superior (IES) acreditadas en alta calidad.

El programa proyectó un indicador para el 2018 de 40.000 estudiantes beneficiados con un aporte inicial de 155.000 millones de pesos por año. Con ello se pensó en estimular a aquellos estudiantes que por méritos académicos y puntajes bajos del Sisbén pudieran estudiar una carrera de pregrado en cualquier universidad de alta calidad del país, siempre y cuando fueran admitidos.

Hay que decir que las IES se facultaron para que actuaran, como es debido, en virtud de su autonomía para seleccionar a los aspirantes, es decir, nunca estuvieron obligadas a recibir beneficiarios de este programa.

Este modelo lleva más de tres años y según el informe de rendición de cuentas del Ministerio de Educación ante el Congreso de la República, el programa contó para el 2016 con una destinación de recursos de 374.000 millones de pesos, o sea, más del doble de recursos estimados inicialmente por año. Además, estableció que a junio del 2017 solo se han otorgado 31.940 créditos condonables.

En este sentido, se puede hacer un análisis de incremento sobre el costo en la financiación del programa y una estimación negativa de las metas respecto de la población que debía verse favorecida.

Desde esta perspectiva, queda clara la ineficiencia que el programa (SPP) ha desarrollado en consecuencia con su objetivo, obteniendo como resultado el rechazo enfático de algunos analistas y académicos que lo definen como una brecha que fomenta la exclusión y el aumento de la desfinanciación de universidades públicas.

Como es de suponerse, el Estado por su parte, juega su papel de auspiciador del aparente éxito mientras omite su responsabilidad presupuestal para subsanar el abismo fiscal de más de 2 billones de pesos que tienen hoy las 32 universidades públicas del país.

Respecto al debate, el rector de la Universidad Nacional de Colombia, el Dr. Ignacio Mantilla, manifestó en su columna del 24 de octubre del diario El Espectador, una serie de cambios que él haría al programa, en tanto deja la siguiente reflexión:

“Naturalmente, la cifra del costo es cuestionable, y por tal razón el debate se ha centrado en este punto, ya que con un tercio de lo que reciben las universidades públicas, que forman a 600.000 estudiantes, se financiará a sólo 40.000 estudiantes de SPP (…)”.

Sin embargo, este no es el único problema, pues además de estar fallando en materia presupuestal con vínculo a la universidad pública, hay inconsistencias graves en temas de cobertura en todo lo que se entiende como educación.

De manera que lo que preocupa es: ¿cómo lograr la ambiciosa meta de ser el país más educado de América Latina para el 2025, si ni siquiera los reportes se ajustan a la realidad?

Según las cifras del Ministerio de Educación en su rendición de cuentas final, el año 2016 cerró con 2’394.000 jóvenes matriculados en programas de educación superior, es decir que, el año pasado se contó con una cobertura de 51,5%, avanzando 14 puntos porcentuales respecto de la tasa reportada para el año 2010.

Estas cifras son tan pretenciosas que lejos están de ajustarse a la realidad, pues el número de personas que componen la población juvenil y que establecen la demanda de la educación superior en virtud de la ley estatutaria 1622 de 2013, asciende a 25.514.080 personas, (Cifras tomadas del Sistema Nacional de Información Juventud y Adolescencia de Colombia) es decir, un 52% de toda la población colombiana y una cobertura del 9,4% con respecto a la cifra de matriculados del Ministerio.

De modo que es obvio pensar que tanto el Gobierno Nacional como el Ministerio de Educación, son culpables por omisión de la misma realidad poblacional del país que hoy se acerca a los 50.000.000 habitantes.

¡Hagan cuentas! Pero tengan en cuenta que el programa duplicó el presupuesto para el año pasado, como ya se mencionó, además que a menos de dos meses de terminar este año no se ha logrado llegar a la meta de beneficiarios pactada en principio.

Otro ejemplo de la poca eficacia de las soluciones que se plantean con el propósito de subsanar el problema de la educación, puede evidenciarse en un proyecto de ley radicado por el Senador Luis Fernando Duque García el 26 de junio del presente año ante la Secretaría General del Senado de la República: el proyecto de ley número 39 de 2017 Senado, por la cual se establece “la gratuidad en la educación superior pública y se dictan otras disposiciones”.

Dicho proyecto de ley tiene por objeto: “mejorar el acceso a la educación, estableciendo de manera gradual y progresiva la gratuidad en la educación superior pública de derechos de matrícula, conforme los requisitos que se establecen en la presente ley.”

Los requisitos son: “haber sido admitido en un programa académico de pregrado en una institución oficial de educación superior” y “pertenecer al nivel uno (1) o dos (2) del Sisbén”.

El debate, en primera instancia, es competencia de la Comisión Sexta Constitucional Permanente del Senado de la República. Allí se deberá tratar el articulado con sus debidas proposiciones, adiciones, sustituciones, etcétera; para votar posteriormente el documento en bloque. Finalmente, de hallar las respectivas ponencias, el proyecto debe ser expuesto ante la Plenaria, donde finalmente se decidirá si se aprueba o se archiva.

Con esta iniciativa se busca ampliar la cobertura de educación de manera progresiva con las capacidades del Estado para lo cual se pretende establecer una cuenta especial sin personería jurídica (Fondo Solidario de Educación) en donde el ordenador aparente del gasto es el Ministerio de Educación.

La financiación para dar pleno cumplimiento al objeto de la propuesta será el producto de contribuciones voluntarias efectuadas por otros gobiernos, organizaciones internacionales, particulares y otras sociedades como entidades financieras y almacenes de cadena. El Estado está comprometido pero no obligado para la delegación de recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación y de las entidades Territoriales, de conformidad con lo que autorice el Gobierno Nacional.

Ahora bien, revisando el documento se pueden evidenciar fallas de fondo que por sus formas podrían parecer benefactoras.
En un primer momento es fundamental pensar en que no es el acceso a la educación superior en términos de derechos de matrícula el problema principal de los jóvenes de bajos recursos del país, sino que es el sostenimiento durante el periodo académico.

En un segundo momento no se puede resumir el problema solamente a niveles de estratificación inconsistentes como los del Sisbén, sino que también se hace obligatorio analizar los parámetros socioeconómicos en función de elementos como la pobreza multidimensional y la pobreza monetaria, índices que para el 2016 cerraron cerca de los 18 y 28 puntos porcentuales respectivamente (según estadísticas del DANE).

Generalizando el articulado y la exposición de motivos, el proyecto se muestra demasiado ambiguo y pareciera que lo que pretende es maquillar, como es costumbre, los problemas de facto respecto a la educación.

En el mismo no es posible establecer garantías rigurosas para la implementación “gradual y progresiva” de la gratuidad. No obstante, carece de fundamento jurídico y presupuestal en el sentido de aclarar la participación del Estado, la regulación y administración de los recursos, y las garantías de las contribuciones del sector privado.

En conclusión, aun sabiendo que los honorablísimos políticos de este país trabajan sin cansancio para ofrecer a sus electores las mejores soluciones a la luz de aquellas necesidades fundamentales y no en detrimento de las mismas, es pertinente invitarlos a que contemplen una reforma estructural enfocada en la educación incluyente y absoluta.

En donde la calidad de la formación primaria y media, sin excepción territorial, sea una plataforma efectiva de estudiantes preparados para el ingreso a la educación superior de calidad, y por tanto, formados para el fomento del desarrollo económico y social que tanta falta le hace al país.

No se trata de subsidiar, se trata de fomentar, de facilitar, de garantizar el sostenimiento a través del empleo y, lo más importante; de observar las realidades locales para echarlas a andar en función de las dinámicas mundiales estandarizadas. No al contrario: principio básico del verdadero desarrollo.

Hay que entender que las omisiones nos están saliendo costosas. Hay que sentarnos a reflexionar la historia de la deuda. Hay que exigir a nuestros gobernantes una indemnización sobre el perjuicio causado a todos aquellos que no han logrado educarse. Hay que tener en cuenta a Mandela cuando dijo: “la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo”, pues siendo optimistas, en lo que concierne a los colombianos, lo que nos hace falta es organizar la equivocada armería política, porque la educación tiene que ser más que un plan de desarrollo

Fuente de la reseña: https://www.las2orillas.co/la-educacion-no-es-un-plan-de-desarrollo

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Solo el 25 % de los universitarios colombianos estudian en instituciones de alta calidad

América del Sur/ Colombia/ 04.11.2017/ Fuente: elpais.com.

No basta con distribuir computadores en las instituciones educativas de Colombia si no se piensa en educación digital para estudiantes y maestros. Tampoco sirve llevar tecnología a las aulas si no se reducen los costos de acceso a la educación para acabar con la deserción escolar. Las conclusiones del Consejo Privado de Competitividad (CPC), que desde el año 2006 le mide el pulso al país, son claras. Colombia ha mejorado, pero no lo suficiente para alcanzar lo que hace 11 años se propuso cuando se dibujó en el mapa como una nación distinta, como una de las mejores de América Latina.

El CPC es una organización que ha servido como articulador entre el sector público, el privado y la academia con el fin de promover la competitividad en el país y en su informe presentado este jueves pone en rojo las deficiencias que persisten en el gobierno de Juan Manuel Santos. Mientras la cobertura en educación en los países de la OCDE es del 76%, la de Colombia es de 49,4%. Apenas el 14,9% de los programas de pregrado de educación superior y el 14,5% de las instituciones tienen acreditación de alta calidad. Esto implica, según el informe, que tan solo el 25,7% de los más de dos millones de estudiantes matriculados estudia en instituciones acreditadas.

Hay que reducir costos directos e indirectos de la educación para reducir deserción escolar.

Colombia tiene el peor puntaje en la región en competencias digitales y no supera el promedio de desempeño de América Latina en las pruebas PISA en matemáticas, lectura y ciencias. A final de 2016, el Gobierno colombiano había construido o ampliado 3.243 aulas. La meta para el cuatrienio son 30.000. A Santos no le queda mucho tiempo para conseguirlo, su presidencia termina en apenas unos meses.

“Si Colombia no consigue avanzar en estos aspectos, será difícil cumplir el objetivo planteado a 2025 y transformar la estructura productiva del país para 2032. Eso es especialmente relevante en el marco del posconflicto porque la educación es un pilar esencial para lograr una paz estable y duradera en aquellas zonas que han sido asediadas por la violencia y la criminalidad durante décadas”, señala el informe. “La educación recibe el presupuesto más alto porque sabemos que es la clave para lograr un país competente en el futuro”, ha respondido el presidente ante el panorama poco alentador que revela el CPC. Sin embargo, cerca del 92% de ese dinero corresponde a gastos de funcionamiento y tan solo el 8% a inversión, señala la investigación. “Esto limita los fondos que podrían invertirse en mejorar la calidad, la infraestructura educativa y el desarrollo profesional de los docentes”, explican.

La cobertura en educación preescolar también está en rojo. En los últimos años ha caído, de 61,8% en 2010 pasó a 53,6% en 2016. En el contexto internacional es baja respecto al promedio de Latinoamérica, en donde países como Perú y Brasil superan el 80 %. El Gobierno nacional atendió en 2016 a un millón 160.000 niños entre los 0 y 5 años, lo que representa un cumplimiento del 40,4% de la meta de educación inicial, que es de dos millones 875.000 niños de bajos recursos.

La deserción sigue siendo otro pendiente. Apenas 64 de cada 100 estudiantes matriculados en quinto de primaria alcanzan el grado undécimo. Es decir, no terminan el colegio. “Esta cifra evidencia que aún hay mucho por hacer para evitar la deserción, sobre todo en el tránsito de primaria a secundaria, donde desertan cerca del 10% de los jóvenes”.

Para el Consejo de competitividad, los retos que faltan por cumplir le impiden a Colombia estar a la vanguardia de la educación cuando se compara con otras naciones similares. En los últimos resultados del Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial, Colombia está en el lugar 66 entre 137 países, un retroceso de cinco puestos frente al año anterior y en América Latina ocupa el quinto lugar, detrás de Chile, Costa Rica, Panamá y México.

Colombia logró, entre 2010 y 2016, alfabetizar a 664.010 jóvenes y adultos mayores en condición vulnerable, víctimas del conflicto y con discapacidad, pero el reto sigue siendo mayor. La población que no sabe leer ni escribir alcanza el 3,8% y se tiene hasta el otro año para cumplir con la promesa de 400.000 nuevos cupos escolares.

Fuente de la noticia: https://elpais.com/internacional/2017/11/02/colombia/1509653456_791134.html

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Colombia: Todos a hablar de educación

Por: Semana Educación

Aunque el país progresa, todavía falta mucho camino por recorrer en términos de pertinencia, acceso y habilidades para la vida. Estas son las principales conclusiones que dejó la Cumbre Líderes por la Educación 2017.

Durante dos días, más de 800 asistentes se dieron cita en el evento más importante del sector educativo en el país, para escuchar las reflexiones de cerca de 50 expertos nacionales e internacionales. Fueron dos jornadas para debatir sobre la necesidad de seguir impulsando la educación como motor de transformación y desarrollo de Colombia, más ahora cuando el país necesita nuevos imaginarios, narrativas y realidades de cara a un futuro en paz.

La cuarta edición de la Cumbre Líderes por la Educación 2017 giró en torno a una idea central: qué tipo de ciudadano necesita la sociedad y qué significa ser un ciudadano en un Estado que busca reconciliarse y avanzar hacia la modernización de sus instituciones. En ese sentido, la educación debe ser el elemento de cohesión y progreso para que los colombianos impulsen sus proyectos de vida tanto en lo personal como en términos de ciudadanía.

Pero, como repitieron una y otra vez los expertos congregados, la educación no es una varita mágica que resolverá todos los problemas. Se requiere de un compromiso de todos los actores y a todos los niveles (también en términos de recursos). Aunque Colombia está haciendo grandes esfuerzos por impulsar su sistema educativo y posicionar este tema en el debate nacional, no se pueden descuidar ciertos aspectos en los que el país sigue rezagado.

Uno de los principales es la brecha que existe todavía entre las zonas rurales y las urbanas en términos de acceso, permanencia, calidad, oferta y pertinencia, así como las posibilidades de progreso en un lado y en otro.

“Tengo una gran preocupación por la concentración de oportunidades en las urbes. Si hay más opciones en las ciudades, la gente del campo continuará marchándose. Eso tiene varias consecuencias: por ejemplo, las provincias pierden sus talentos porque sus jóvenes migran”, indicó durante el encuentro Eduardo Aldana, fundador de la iniciativa regional Innovar.

De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional (MEN), un niño de las zonas rurales acude al colegio un promedio de 5,5 años, mientras un niño de ciudad lo hace durante nueve. Solo tres de cada 10 niños del campo logran acceder a la educación media, lo que supone una enorme desventaja de cara a su futuro laboral y desarrollo profesional. Los jóvenes rurales no encuentran incentivos suficientes para quedarse en sus veredas, por eso muchos panelistas coincidieron en apuntar que es importante desarrollar una educación dirigida a las regiones, con su aval y el consenso e incluyendo sus necesidades reales de formación.

“A nosotros nos toca ir al colegio en lancha, mientras que en Bogotá inauguran megacolegios. A veces no tenemos la alimentación necesaria o no nos enseñan lo que es útil. Los jóvenes entonces piensan que estudiando no van a salir adelante en la vida. Las zonas rurales están alejadas de todo, inclusive de la educación, porque los contenidos no son pertinentes”, advirtió Lucero Valencia, una líder estudiantil de 15 años de Guapi, Cauca, que asistió a la cumbre para hablar de su realidad.

Pero ese no es el único desafío que enfrenta Colombia en materia educativa. Hay otra gran brecha que se agudiza con los años: los jóvenes que terminan sus estudios profesionales no están preparados para enfrentar las exigencias del mercado laboral. En otras palabras, las instituciones de educación superior no están preparando bien a los futuros profesionales de este país.

De acuerdo con Li Kai Chen, consultor de la compañía McKinsey, “en el mundo hay 85 millones de estudiantes que carecen de habilidades aplicables al trabajo. El 42 % de los empleadores afirma que los jóvenes no están preparados”.

La solución que brindaron los especialistas nacionales e internacionales para superar esta fisura pasa, por un lado, por la elaboración de un marco nacional de cualificaciones en el que se detallen las capacidades que necesitan desarrollar los profesionales de cada sector y, por otro, comenzar a educar a los menores de edad desde los primeros años con un perfil vocacional. “Hoy los jóvenes son tres veces más propensos al desempleo que sus mayores y, para empeorar las cosas, se estima también que el 50 % de los trabajos de hoy van a desaparecer por cuenta de las tecnologías”, agregó el experto.

Otra opción, señalaron, es impulsar la educación técnica como una opción de formación igual de válida a la universitaria. Como explicó María Andrea Nieto, directora general del Sena: “La formación técnica es una oportunidad de movilización económica y social: disminuye la pobreza, genera empleo e ingresos”.

Otro punto clave son las nuevas tecnologías aplicadas a la educación, entendidas como una herramienta para impulsar la calidad y la pertinencia. Pero para lograrlo, maestros, rectores e instituciones deben prepararse para asumir los retos que implica y capacitarse para saber cómo emplearlas en beneficio del futuro de sus estudiantes, potenciales ciudadanos digitales.

Sin embargo, será imposible materializar esta hoja de ruta sobre los grandes desafíos de la educación en Colombia si no se empieza a trabajar en su implementación desde la primera infancia. “Como decía Gabo, ‘la educación debe ocurrir desde la cuna hasta la tumba’. Mientras más nos demoremos en actuar, más costoso será. Entre más nos demoremos, los rezagos son mayores. Las bases se forman a muy temprana edad; de ahí la importancia de la primera infancia”, indicó durante su intervención Carolina Meza, directora ejecutiva de Empresarios por la Educación.

No obstante, esa atención integral jamás estará completa –al igual que la formación que reciben el resto de estudiantes en los diferentes niveles educativos– si no se impulsa la educación en competencias socioemocionales y en capacidades para la vida de una manera transversal a todas las asignaturas del currículo. Las también llamadas habilidades del siglo XXI, como el trabajo en equipo, la resolución de conflictos y la resiliencia deben ser las bases para formar ciudadanos en épocas de posconflicto, concluyeron los expertos convocados. No solo hay que educar en matemáticas o lenguas, también es imprescindible una formación centrada en el ser. Un hito que solo será posible por medio de la consolidación de currículos que guíen a las nuevas generaciones no solo a lograr las mejores notas y entrar a las mejores universidades, sino a construir la paz que durante más de 50 años se le negó al país.

Fuente: http://www.semana.com/educacion/articulo/educacion-en-colombia-cumbre-de-lideres-por-la-educacion-2017/545589

 

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¿Calificar o evaluar? A propósito del reciente debate en redes

Por: Julián de Zubiría

Los profesores dedicamos un tiempo inmenso a calificar, lo que no nos permite asumir responsablemente la tarea esencial de evaluar. El profesor Julián de Zubiría analiza esta tensión a partir del debate en redes que se dio a raíz de la respuesta de un niño mexicano a la pregunta de su docente de matemáticas.

La semana pasada, un trino de un padre de familia mexicano se viralizó en las redes, algo muy poco común en temas educativos. El problema se originó porque el profesor había señalado en un ejercicio colocado a niños pequeños que deberían indicar con cifras los “siguientes” números. De manera muy original, un niño de 7 años respondió una cifra siguiente a la que se señalaba en números, pero el profesor calificó como equivocada dicha respuesta. El padre, en cambio, sostenía que la respuesta de su hijo era correcta. El problema dividió a los tuiteros, ya que muchos estuvieron de acuerdo con el padre. En el debate terció la Real Academia de la Lengua en defensa del docente. Sin embargo, se puede plantear que, pedagógicamente, el debate está mal planteado.

Con frecuencia, los docentes dedicamos enorme tiempo a calificar trabajos y exámenes de nuestros estudiantes. El problema es que por estar tan obsesionados con la calificación, hemos terminado por descuidar lo esencial: la evaluación. Nos hemos dedicado a certificar los procesos de aprendizaje, cuando esa es la función menos importante de la evaluación a nivel escolar. Debido a ello, la relación que establecemos con estudiantes, y por lo tanto, con padres de familia, gira en torno a si “aprobaron” o “reprobaron” los exámenes, las asignaturas y los cursos. Este es un claro indicador del predominio que sigue teniendo el sistema educativo tradicional en Colombia y América Latina.

Desde el punto de vista pedagógico, la pregunta central es: ¿Para qué debemos evaluar en la escuela? La evaluación nos sirve fundamentalmente para dos grandes cosas: Para establecer cómo están los niños al iniciar un proceso educativo, en lo que se conoce como la evaluación diagnóstica; y para determinar en qué nivel del desarrollo se encuentra en un momento dado el estudiante, para saber cómo impulsarlo, en lo que se conoce como evaluación formativa. El fin de la escuela debería ser favorecer el desarrollo integral de los niños. Por tanto, la finalidad esencial de la evaluación debiera ser ayudar a determinar el nivel de desarrollo alcanzado por el estudiante, para jalonar su proceso educativo a partir de allí. Ninguna de estas dos funciones tiene que ver con el debate que se dio en las redes, ya que la escuela sigue obsesionada con la calificación y certificación de los aprendizajes, cuando hace mucho tiempo deberíamos haber relegado esa finalidad. Aun así, el peso de la tradición sigue siendo tan abrumador que seguimos debatiendo en torno a una pregunta equivocada: ¿Quién tenía la razón? ¿El profesor o el estudiante? ¿A quién, en últimas, había que certificar?

No usar pruebas diagnósticas sería análogo a que los arquitectos e ingenieros no realizaran estudios de suelos antes de levantar sus casas y puentes. Cualquier arquitecto que incumpliera este principio, sería despedido por irresponsable. Sin embargo, en la escuela tradicional, que sigue siendo bastante hegemónica en los colegios de América Latina, es poco frecuente que los maestros realicen evaluaciones diagnósticas al iniciar cada año y es todavía más raro que la realicen los docentes en las universidades. Allí la evaluación diagnóstica es casi inexistente, ya que, contrario a lo que se cree, en muchos aspectos sigue siendo el nivel del sistema educativo más tradicional de todos.

Las evaluaciones diagnósticas deberían realizarse no solo para conocer el nivel alcanzado de los estudiantes en los conceptos, procesos y competencias que se supone que ya deberían dominar, sino que, adicionalmente, deberían ayudarnos a determinar si los nuevos contenidos están muy por encima o muy por debajo de lo que podrían llegar a dominar los estudiantes, si contaran con la mediación adecuada. Pero si no se hacen las evaluaciones diagnósticas sobre las competencias previas, mucho menos sobre los contenidos por ser abordados, en lo que se conoce en educación como la determinación de la zona de desarrollo potencial.

Aun así, el papel fundamental de la evaluación debería ser formativo. Deberíamos determinar el nivel alcanzado por el estudiante en su desarrollo y estimar qué le falta para seguir avanzando. Deberíamos ayudar a precisar las dificultades del proceso hasta el momento desarrollado. La evaluación debería brindar la información necesaria para saber qué ajustes se deberían hacer al proceso por parte de los docentes, los padres y los estudiantes. En este sentido, todos deberíamos aprehender de ella.

Con seguridad, desde décadas atrás muchas innovaciones pedagógicas han explorado con evaluaciones centradas en el desarrollo, tal como se está haciendo actualmente en todos los colegios de Francia y Cataluña. Algo análogo está haciendo con rigor y responsabilidad el Icfes al evaluar competencias transversales para diversos grados y que no corresponden a asignaturas particulares, sino a procesos de carácter más general y estructural; por ello mismo, sus pruebas son más confiables para saber cómo van los procesos cognitivos y valorativos de los estudiantes colombianos en los diferentes momentos del proceso educativo. Pero, pese a estos avances, por lo general, las evaluaciones en los colegios y en las universidades siguen centradas en asignaturas y en conocimientos particulares y rutinarios, como vestigio de una escuela tradicional que se resiste a morir y de un paradigma que tiempo atrás deberíamos haber superado: El paradigma de la transmisión de la información.

Un docente preocupado por determinar el nivel de desarrollo alcanzado por su estudiante, no hubiera tachado la respuesta del alumno mexicano, sino que indagaría por qué la dio. Con seguridad, intentaría evaluar las estructuras profundas a nivel cognitivo, valorativo y comunicativo que subyacen a las respuestas de sus estudiantes. Necesariamente, elaboraría evaluaciones teniendo en cuenta el uso pedagógico que daría a sus resultados, involucrando diversas dimensiones y con adecuada retroalimentación para orientar el proceso de sus estudiantes.

En la universidad, el problema es aún más grave, ya que suele ser común que el docente entregue los resultados de exámenes y trabajos días antes de culminar el curso. Esas pruebas y esos trabajos carecen de cualquier valor, ya que, si el papel de la evaluación es estimar el nivel alcanzado –para determinar qué ajustes realizar–, cuando se entregan sus resultados, culminado el curso, dichas pruebas perdieron cualquier pertinencia pedagógica.

Esto es así, ya que, si hiciéramos una evaluación a un grupo de estudiantes y no brindamos ninguna retroalimentación de los aciertos y debilidades, y si, hipotéticamente, meses después volviéramos a hacer la misma prueba, los resultados serían exactamente iguales; es decir, que los estudiantes y el docente, no habrían aprehendido de la evaluación previamente realizada. En este caso, se perdió el tiempo, como suele pasar hoy en tantos procesos educativos desaprovechados para el desarrollo, por la inexplicable obsesión del sistema educativo en el aprendizaje.

Para terminar, si un docente no permite que sus estudiantes saquen calculadora, libros, cuadernos e internet es porque en sus evaluaciones los estudiantes no tienen que pensar. Y si la pregunta que hace en un examen se puede resolver directa y exactamente en Google, es porque tampoco fue diseñada para pensar, ya que Google no piensa.

Como puede verse, las evaluaciones rutinarias y tradicionales, que siguen dominando la educación colombiana, son una prueba más del peso que sigue manteniendo la educación tradicional en el país. Lo peor es que tenemos uno de los decretos más progresistas en materia de evaluación en el mundo (el decreto 1290 del año 2009), hasta tal punto que a los docentes europeos los asombra el saber que en Colombia podemos diseñar en cada institución libremente nuestro propio sistema de evaluación, pero que, por el peso abrumador de los enfoques tradicionales, la gran mayoría de evaluaciones en el aula sigue siendo informativa y fragmentada.

Tristemente, los profes, en pleno siglo XXI, seguimos dedicando excesivo tiempo a la calificación y muy poco a la evaluación. Por lo tanto, el debate en redes no lo perdió ni el niño ni el docente, sino la inaplazable revolución pedagógica que necesitamos en el país para centrar el trabajo de las escuelas en el desarrollo y no en el aprendizaje, como desafortunadamente ha sido la costumbre desde tiempos inmemoriales.  Algún día –y ojalá no esté muy lejano–, el énfasis de la educación será el de impulsar el desarrollo de los niños y jóvenes vinculados a dicho proceso. Uno de los requisitos para lograrlo es que comencemos a dedicar más tiempo a la evaluación y menos a la calificación.

Fuente: http://www.semana.com/educacion/articulo/respuesta-viral-de-nino-mexicano-en-examen-de-matematicas/545593

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Colombia: El compromiso de las nuevas generaciones con el medio ambiente y la sociedad

Colombia/Noviembre de 2017/Fuente: El Espectador

Los jóvenes entre 18 y 35 años han sido reconocidos como una generación con alta conciencia ambiental por ser consumidores responsables y cambiar sus hábitos con el fin de cuidar el planeta y aportar a la sociedad.

Todos los años el Foro Económico Mundial se encarga de difundir la encuesta Global Shapers Survey, realizada en 180 países, con el fin de conocer las percepciones de los jóvenes acerca del mundo. El resultado, presentado en el mes de agosto, ratificó que los llamados millennials, jóvenes que tienen actualmente entre 18 y 35 años, están preocupados, especialmente, por los efectos que ha tenido el cambio climático en el medio ambiente.

De los 31.000 encuestados un 48,8% respondió que el cambio climático y la destrucción de la naturaleza era uno de los asuntos más graves a nivel global. A este problema le siguen los grandes conflictos sociales con un 38,9%, y en tercer lugar se ubica la desigualdad y la discriminación con un 30,8%. En total fueron 31.000 jóvenes los encuestados.

Ser testigos de catástrofes naturales, y otras situaciones, ha hecho que aquellos que nacieron entre 1981 y 1995 decidan cambiar su estilo de vida y quieran llevar el planeta hacia un futuro más sostenible. Esta generación, que ha sido definida por el estudio Trendsity como los “nativos sustentables” , expone que éstos han asumido un compromiso activo respecto a lo que significa la sustentabilidad y la preservación de lo que conocemos para las futuras generaciones.

El Instituto de Inversión Sostenible de Morgan Stanley reveló que, en una encuesta aplicada a mil inversores activos, el 9% de la inversión sostenible era impulsada por las nuevas generaciones, pues son ellos los primeros interesados en adquirir carteras sostenibles y productos como bonos verdes.

Todos ellos representan una generación con conciencia ambiental, lo que significa que han sido capaces de cambiar sus hábitos y reconocer que sus acciones tienen efectos directos en el medio ambiente. Ahorrar agua y energía, reciclar y buscar medios de transporte ecoeficientes han sido sus primeros pasos en ese plan por prevenir y mitigar los impactos negativos.

Su compromiso con cuidar y preservar el planeta los ha convertido en consumidores diferentes, lo que hace que muchos de ellos sientan mayor compromiso con las empresas que públicamente han sido reconocidas por contribuir con el medio ambiente y la sociedad.

Este nuevo relacionamiento con el entorno ha hecho que las grandes marcas transformen sus modelos de producción y empiecen a desarrollar prácticas centradas en impactar de forma positiva a nivel social y ambiental, no solamente económico. Hoy se habla de marcas sostenibles, las que han incorporado en sus operaciones diarias todos los temas relacionados con la prevención y mitigación de sus impactos negativos.

“Las nuevas generaciones representan un consumidor que tiene mayor conciencia de sus acciones en términos del impacto ambiental y social, de este modo son más exigentes con las marcas y con los productos que consumen. Más allá de comprar, ellos esperan tener una relación de confianza y honestidad por parte de la marca en lo que tiene que ver con acciones responsables y concretas alrededor de la sostenibilidad. Estos jóvenes han entendido que cuidar el entorno es cuidarse a ellos mismos”, explican desde la Dirección de Marca Corporativa de Bancolombia.

Ese compromiso que tienen las empresas con la sociedad y el medio ambiente fue reconocido en septiembre de este año por parte del Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco), que reveló el listado de las empresas con mejor percepción en responsabilidad social en Colombia durante el 2016.

El primer lugar fue ocupado por el Grupo Bancolombia que ha emprendido estrategias en pro del bienestar social, el cuidado del medioambiente y la inclusión financiera. Esta es una entidad que tiene como pilar fundamental la sostenibilidad, esto quiere decir que se preocupa por contribuir a la transformación de la sociedad y aporta al cambio a través de sus clientes por medio de iniciativas como: Vinculación a BanCO2, esta es una estrategia de pago por servicios ambientales con la que empresas y personas pueden medir su huella de carbono y compensarla con dinero, el cual posteriormente es entregado a familias campesinas que forman parte del programa y se dedican a cuidar los recursos naturales

Además, la Línea verde para vivienda y construcción sostenible ofrece beneficios en su tasa de financiación a quienes construyan y adquieren vivienda, considerada como construcción sostenible, a través de crédito o leasing con Bancolombia.

Las pymes y grandes empresas que requieren una financiación para mejorar la eficiencia energética, implementar energía renovable, un modelo de producción limpia y realizar proyectos de construcción sostenible, pueden beneficiarse de las Líneas ambientales. Por otro lado, el Programa Mide lo Importante está enfocado en los proveedores y clientes pyme para que puedan autoevaluar su desempeño económico, social, ambiental y de gobierno corporativo, e implementar criterios de sostenibilidad en su gestión.

A estas iniciativas se suma la Fundación Bancolombia, entidad que busca conectar el campo con el mundo y hacerlo protagonista por medio de tres pilares: educación, emprendimiento rural y modelo de asociatividad, y alianza y cooperación, contribuyendo así al desarrollo sostenible de las comunidades rurales del país.

Bancolombia es una marca que, más allá de ser reconocida como una entidad financiera, se ha convertido en un agente movilizador de acciones positivas que invitan y contagian a las personas para que se unan a las iniciativas sociales y medioambientales que quieren promover. Así logran una transformación positiva en el país entre los diferentes actores de la sociedad.

Compañías privadas y públicas, y la misma academia, han empezado a hablarle a las nuevas generaciones para que cada vez sean más personas las que se comprometan en el cuidado de los recursos naturales.  De este modo la influencia de los niños sobre sus padres, la de los jóvenes sobre sus compañeros y la de los adultos sobre los más ancianos, crea un ciclo que permite garantizar a futuro los recursos suficientes para vivir de forma digna.

Fuente: https://www.elespectador.com/es-el-momento-de-los-que-transforman/noticias/medio-ambiente/el-compromiso-de-las-nuevas-generaciones-con-el-medio-ambiente-y-la-sociedad-articulo-720935

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Colombia: La huerta con la que siembran paz en un colegio de Santander de Quilichao

Colombia/Noviembre de 2017/Autoras: Carolina Sterling y Valentina Maza/Fuente: El País

Rodeado de grandes montañas se encuentra el corregimiento de Mondomo en Santander de Quilichao y al subir la ‘trocha’ por la vía El Turco se comienzan a escuchar las risas de los niños, el sonido que produce el balón al patearlo en la arena y los cánticos de los menores que expresan el dolor que ha vivido esta pequeña comunidad a causa del conflicto armado. Se trata de la Institución Educativa Agropecuaria Las Aves, más conocida como la Escuela Rural El Arbolito.

Uno de los cuatro maestros que se encuentran en esta escuela es el líder y creador de una estrategia innovadora para transformar positivamente la vida de los niños y familias que habitan en este lugar tratando de superar un triste pasado, pues donde anteriormente se sembraba terror, hoy se siembra paz.

“El sistema educativo tradicional no estaba calando en los niños, queríamos que el aprendizaje fuera significativo para que pudieran poner en práctica lo aprendido, así escogimos la huerta escolar”, expresó el profesor y líder Jorge Campo Noguera, quien tuvo la iniciativa de crear una huerta en la escuela ‘El arbolito’.

Para llegar al centro educativo se debe hacer un recorrido de una hora y quince minutos desde el municipio de Jamundí, luego al llegar a Mondomo, se sube una carretera destapada por la vía El Turco en donde se pierde completamente la señal del celular y se comienzan a ver algunas casas construidas en barro y a niños que juegan descalzos.

Al subir la trocha por más de veinte minutos se visualiza al fin la escuela rural en medio de la nada, donde 71 niños toman clases hasta el mediodía y almuerzan en los mismos pupitres donde estudian o incluso, en el suelo, pues no cuentan con un comedor, ya que las ayudas que se les ha brindado han sido pocas.

La vereda ‘El arbolito’ hace 6 años sufrió el conflicto armado y la escuela no fue la excepción, constantes enfrentamientos entre las Farc y el Ejército hicieron que los niños vivieran la guerra con normalidad, haciendo que muchos tuvieran como aspiraciones
– y limitados por las faltas de oportunidades en la región- el deseo de pertenecer a grupos armados (Ejército o Farc).

“No estamos educando niños para la guerra”, decía Jorge con una expresión de tristeza al recordar aquel estudiante que por voluntad propia quiso hacer parte de un grupo armado, pues sus esperanzas por un mejor futuro se habían desvanecido. De ahí surge la necesidad de incentivar a los niños a que vean en la agricultura una posibilidad de llevar una vida digna y borrar de su mente alternativas como el uso de drogas o pertenecer a grupos delincuenciales.

Huerta Santander de Quilichao

Con la huerta florecen nuevas esperanzas para una mejor calidad de vida.

Carolina Sterling / especial para El País

Al llegar a la escuela, los niños expresaron su deseo por cantar. La gran sorpresa fue la letra de sus canciones, las cuales llevan plasmada la violencia que ha vivido el territorio “…Al llegar a casa se dio cuenta de que había muerto su mamá, encima de una mesa una carta encontró, decía: ‘hijo yo te amo con el corazón’…”

Con el deseo de transformar la historia, nació la idea de sembrar un camino diferente y de cosechar un futuro de paz para los niños que habitan esta zona, a través de la huerta, en donde florecen nuevas esperanzas para una mejor calidad de vida.

En los niños se está tratando de rescatar la imagen del campesino para recuperar los valores propios de la comunidad, pues socialmente se piensa que son personas con pocas oportunidades, pero gracias a la huerta, muchos niños expresan el gran deseo de ser agricultores y de querer llevar la siembra a sus casas. De esta manera, Jorge ha demostrado que a través de la enseñanza y el respeto por cuidar la tierra, el agua y el medio ambiente se brinda una mejor educación y se van transformando los sueños de los niños, quienes antes querían cargar fusiles, ahora cargan semillas, regaderas y palas con las que aran la tierra.

“Lo que buscamos con la huerta es que los estudiantes no vean la agricultura como un trabajo, sino como la posibilidad de abastecerse de alimentos para el consumo diario”, expresó la profesora Saida Yalanda.
Los padres de familia, por su parte, al ver la pequeña producción que se hizo el año pasado, han venido apoyando la huerta con sus conocimientos, ya que es una práctica que a futuro se piensa llevar a los hogares.

A través del trabajo que se ha venido desarrollando con padres de familia, estudiantes, profesores y líderes de la comunidad se fue visualizando el trabajo de la huerta y fueron invitados para participar en ‘Líderes solidarios’ por la Fundación Internacional América Solidaria. Debieron entonces realizar un video sobre el manejo que le hacen a la huerta y los propósitos que persiguen a través de ella.

El 14 de agosto pasado, el profesor Jorge Campo recibió la noticia de que el proyecto de la ‘Huerta para la paz’ clasificó entre los 20 ganadores de 435 proyectos de la convocatoria realizada por la mencionada fundación, que trabaja para la superación de la pobreza infantil en América. Se ganaron como premio el derecho de tener una capacitación en Chile sobre gestión de proyectos y liderazgo social. Y por supuesto, fue recibida por el profesor Jorge Campo para que sigan trabajando con la comunidad en proyectos educativos.

A futuro, ‘Huerta para la paz’ tiene como propósito agrandar el espacio para establecer una parcela donde se siembren las plantas medicinales que ancestralmente ha tenido la comunidad para sanar enfermedades y armonizar el cuerpo. Así la huerta se convertirá en lo que los indígenas llaman ‘Tul tradicional’, que combina los saberes de antaño con la dimensión espiritual; recogiendo una gran cosecha de paz, fruto del trabajo que entre maestros, padres de familia y estudiantes están sembrando hoy.

Fuente: http://www.elpais.com.co/colombia/la-huerta-con-la-que-siembran-paz-en-un-colegio-de-santander-de-quilichao.html

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“María” ¿tiene vigencia?

Por: Gloria Hurtado

Asociar a Jorge Isaac y “María” es inevitable. Sin embargo no creo que su único mérito  fuera escribir “María”: su vida está llena de situaciones significativas que fueron  divulgadas en los últimos días. Por ello cuestionar la vigencia de “María” no significa cuestionar los méritos del autor. Debo confesar, entonces, que no entiendo cómo hoy las nuevas generaciones leen “María”. ¡Sin dormirse! Se que el texto es representativo del Valle, sé que adoro a mi tierra, pero también es válido que aquí en un Valle incluyente y tolerante, podemos tener maneras diferentes de “mirar” el acontecer regional.  La obra como trabajo literario es una cosa, la región que describe es otra y la actualidad del manuscrito, otra. Reunir los tres componentes y hacer una amalgama  para justificar su vigencia, lo considero una equivocación, o mas suave, un despropósito.

Personalmente, no la soporto. No me la imagino en el mundo de hoy. No sé cómo un joven del siglo XXI puede digerirla. No entiendo cómo se le ocurre a un profesor exigirla como texto para una clase de español. No logro asimilar qué podrían hacer hoy María y Efraín en el acelerado mundo actual. Cómo, un muchachito o  muchachita de 14 años, en el mundo de los juegos electrónicos, la época de los animados japoneses, la era de las galaxias, o en los mundos llenos de colores, movimiento y empuje, pueda resistir dos páginas seguidas de “María”. Sí, que estoy diciendo algo que para muchos sonará a blasfemia, pero ¡es real!  Que la obra es poética, que transcribe paisajes increíbles del Valle del Cauca, también es cierto. Pero en el trepidar del mundo de hoy, qué difícil es poder digerir “María” y descubrir su valor como obra perenne. Como  texto representativo para las generaciones  del siglo XXI.

“María” es un referente vallecaucano y debería ser consultada para estudiosos de Literatura o interesados en temas de vallecaucanidad. Es un texto para “expertos” o especialmente motivados. Pero pretender que “guste”, que  la “disfrute”, un joven en bachillerato lo considero un poco pretencioso. ¡El mundo cambió! No podré renunciar nunca a mi profesión inicial de profesora de Literatura (con título) y por ello entiendo que sintonizar con el momento del estudiante es vital. No educamos tan sólo para llenar de conocimientos sino también para darle sentido a sus vidas. Y “Maria está a “años luz” de la vida de los jóvenes de hoy. O en términos de la novela, su idealismo termina siendo chocante precisamente por iluso. Salido de la realidad, el mundo de hoy “no soporta” la lentitud de “María”.  En el mundo real  para un adolescente es mas fácil acercarse en vivo y en directo a “El Paraíso” que digerir  la novela. Donde no pasa nada. Donde las descripciones requieren de la fantasía del lector para suponer lo que sucede. “María” es vallecaucana, si,  pero hay que buscar “adaptarla” al mundo de la juventud de manera que dé información sobre la historia del Valle, pero que no se “duerman” en el aprendizaje. Leerla por obligación puede “matar” el gusto por la lectura. Hay textos maravillosos que pueden consultarse pero “imponerlos” en procesos educativos es un suicidio. Lo importante es que las nuevas generaciones conozcan y valoren  nuestra historia. Pero que no se aburran con ella. ¡Ni se duerman!

Fuente: http://www.revolturas.com/en/articulos

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