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Trump, Israel y la complicidad del Partido Demócrata

Por: Roberto Montoya

La comunidad internacional se rasga las vestiduras: Trump ha reconocido a Jerusalén como capital del Estado de Israel. ¿Fue una decisión personal del nuevo emperador, o la medida cuenta desde 1995 con el apoyo aplastante de republicanos y demócratas?

“El presidente Trump reconoció que Jerusalén ha sido la capital eterna del pueblo judío por más de 3.000 años, y que Estados Unidos, bajo su Administración, finalmente aceptará el mandato del Congreso de reconocer a Jerusalén como la capital unificada del Estado de Israel”. Esta frase no corresponde a una noticia de días pasados sobre la decisión de Trump que se convirtió en portada de medios de todo el mundo y se hizo viral en las redes.

La frase es del 25 de septiembre de 2016 y corresponde al comunicado de prensa del equipo de campaña electoral del entonces candidato presidencial Donald Trump. Fue emitido poco después de terminar el encuentro privado del magnate republicano en su Trump Tower de Nueva York con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Como muchas de las promesas y exabruptos de su campaña no fue tomada en cuenta… salvo por los palestinos.

Y como muchas de sus otras promesas electorales subestimadas en su momento, ésta también se cumple. Trump en definitiva es menos imprevisible de lo que algunos sostienen.

Bastaba con leer a fondo su programa electoral y analizar quiénes eran sus principales apoyos económicos y asesores políticos para poder prever que,de llegar a la Casa Blanca,la paz mundial, el medioambiente y las libertades democráticas sufrirían nuevos, inesperados golpes y fuertes retrocesos.

LOS DEMÓCRATAS YA VOTARON LA MISMA MEDIDA CON CLINTON EN EL PODER 

Cuando Trump prometía a Netanyahu en 2016 que “finalmente” se cumpliría con la decisión del Congreso estadounidense estaba recordando que, efectivamente, el 23 de octubre de 1995, durante la Administración de Bill Clinton, se aprobó la conocida como Ley de la Embajada de Israel (Jerusalem Embassy Act) por la que se reconoció a Jerusalén como capital de Israel.

“Jerusalén debe ser reconocida como la capital del Estado de Israel, y la embajada estadounidense en Israel deberá establecerse en Jerusalén no más tarde del 31 de mayo de 1999”. Por esa ley se reconocía a Jerusalén como ciudad “unida e indivisible” bajo la autoridad de Israel.

En 1995, durante la Administración de Bill Clinton, se aprobó la Jerusalem Embassy Act por la que se reconoció a Jerusalén como capital de Israel

Copiaba así casi literalmente la Ley de Jerusalén aprobada el 30 de julio de 1980 por el Parlamento israelí, que hablaba de una Jerusalén “entera y unificada” como capital de Israel.

Salvo unas escasas excepciones todos los congresistas y senadores estadounidenses del entonces gobernante Partido Demócrata votaron a favor de la ley, al igual que los del Partido Republicano.

En el Senado hubo 93 votos a favor y solo cinco en contra, y en la Cámara de los Representantes 374 a favor y 37 en contra. Bernie Sanders fue uno de los cinco senadores que votó en contra… aunque años después votaría lo contrario.

Paradójicamente, semejante aprobación por el Congreso de EE UU no solo violaba flagrantemente los acuerdos internacionales sobre la soberanía de Jerusalén sino que se producía nada menos que dos años después de que Bill Clinton recibiera en su casa vacacional de Camp David (¡nombre imparcial!) a Isaac Rabin y Yasir Arafat tras firmar en Washington días antes los Acuerdos de Oslo entre israelíes y palestinos.

Aquel acuerdo reconoció la autonomía de la Autoridad Nacional Palestina sobre Gaza y Cisjordania en materia de educación, cultura, salud, turismo, bienestar social, tributación directa y policía local, y fue presentado al mundo como un hecho histórico que daría inicio al fin del conflicto.

Sin embargo, el mismo día de la firma de los Acuerdos, Rabin dejó clara la postura de Israel: “Jerusalén es la antigua y eterna capital del pueblo judío”. Rabin rechazó explícitamente el veredicto de la ONU.

A pesar de su estrecha relación con el lobby judío-estadounidense y el abrumador apoyo del Congreso a la Ley de la Embajada de Israel en 1995, Clinton no se atrevió a concretar la mudanza de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Influyó en esa decisión —que nunca le perdonó Israel a pesar de su gran fidelidad— el hecho de que el Tribunal Supremo recordara que tal decisión no era competencia del Congreso sino del presidente, por afectar a la política exterior y a la seguridad nacional de EE UU. Por ello Clinton hubiera tenido que firmar expresamente una Orden Ejecutiva para que fuera efectiva. No lo hizo.

Tanto George Bush junior como Barack Obama siguieron los pasos de Clinton en la no aplicación de la Ley de la Embajada de Israel

Medio Oriente vivía momentos convulsos en aquellos años de post Guerra Fría y EE UU no quería crearse más enemigos en el mundo árabe y musulmán. No había logrado la caída del ayatolá Jomeini a pesar de los ocho años de guerra que fomentó. Sadam Husein había pasado de ser un gran aliado a ser un archienemigo y la Guerra del Golfo se cerró en falso. Al Qaeda ya había empezado sus atentados contra intereses estadounidenses, y Clinton necesitaba también la ayuda de los países árabes musulmanes para apoyar en los Balcanes a la Armija en su guerra por la independencia de Bosnia-Herzegovina.

Tanto George Bush junior como Barack Obama siguieron los pasos de Clinton en la no aplicación de la Ley de la Embajada de Israel. Lo hicieron a través de una ‘Presidential Waiver’ , una prerrogativa del presidente para no implementar temporalmente una ley por cuestiones de seguridad nacional, que se ha venido aplicando desde octubre de 1998.

EL VOTO INESPERADO DE BERNIE SANDERS 

A pesar de que durante su campaña electoral había prometido reconocer la capitalidad israelí de Jerusalén, el 1 de Junio de 2017 Trump mantuvo la tradición, firmó la Presidential Waiversemestral, aunque prometió que sería la última que firmaría. Muchos creyeron que era un farol, una promesa para seducir al lobby judío pero que no cumpliría.

Pero para Trump era solo cuestión de cuadrar su agenda. Pocos días después, el 5 de Junio, el Senado estadounidense votó la simbólica Resolution 176, celebrando el 50º aniversario de la “reunificación de Israel”; reafirmó solemnemente la Ley de la Embajada de Israel, y reclamó al presidente Trump que esta vez diera su autorización para que entrara en vigor.

La Resolution 176 no solo fue aprobada por abrumadora mayoría como en la votación de la Ley de la Embajada de Israel de 1995; en esta ocasión fue unánime. El voto de Sanders había cambiado, votó a favor. Votaron 47 republicanos, 41 demócratas y dos independientes, el total de los miembros de la Cámara Alta presentes.

Seis meses después tocaba renovar la ya tradicional Presidential Waiver para no implementar la ley, pero ya nadie dudaba que Trump haría finalmente el anuncio. Y no defraudó.

Paradójicamente, tras las abrumadoras críticas de líderes de todo el mundo al anuncio que hizo Trump el pasado 6 de diciembre, Sanders valoró en su cuenta Twitter de las negativas consecuencias que la decisión podía tener para el proceso de paz. Ya era tarde.

Cuando Julian Assange se hizo eco en su cuenta de Twitter del voto que había hecho Sanders en la votación del 5 de junio, reproduciendo la lista donde el nombre del senador progresista figuraba en la lista de todos los que habían votado unánimemente ese día, hubo un aluvión de sus seguidores que reaccionaron críticamente contra Sanders, no pocos de ellos con ataques rayanos con el antisemitismo.

Bernie Sanders along with 90 other Senators unanimously voted to move the U.S. embassy to Jerusalem in June #Zionismhttps://t.co/RZxoOkffNcpic.twitter.com/nHCHip2Hky

— Julian Assange 🔹 (@JulianAssange) 9 de diciembre de 2017

A pesar de que durante su campaña electoral Sanders no se distinguió por tener un programa alternativo global en política exterior, fue el único candidato que criticó públicamente la política de Netanyahu y los asentamientos judíos y le dio plantón al primer ministro israelí cuando este pronunció un discurso ante el Congreso en marzo de 2016.

“La paz en Medio Oriente también implica seguridad para cada palestino”, dijo Sanders en un discurso público aquellos días, “implica conseguir la autodeterminación, los derechos civiles y la seguridad económica del pueblo palestino”.

Sanders también defendió el Pacto Nuclear con Irán y, siendo el único candidato presidencial judío en las primarias del Partido Demócrata, fue el único de los cinco candidatos que todavía había en ese momento que se excusó de no participar en la reunión anual del AIPAC, el más poderoso lobby judío de Estados Unidos. La bendición del AIPAC es considerada imprescindible para cualquier candidato.

Resulta difícilmente comprensible y será difícil de borrar de su biografía el polémico voto de Sanders aquel 5 de junio de 2017, aunque aquella resolución del Senado no fuera vinculante

Por ello resulta difícilmente comprensible y será difícil de borrar de su biografía el polémico voto de Sanders aquel 5 de junio de 2017, aunque aquella resolución del Senado no fuera vinculante.

Fue en realidad uno de los pocos senadores y congresistas que criticaron la decisión de Trump. Muchos de ellos tienen doble nacionalidad, estadounidense e israelí. Chuck Schumer, el líder del Partido Demócrata en el Senado, fue uno de los primeros en alabar la decisión de Trump.

El presidente dio en definitiva un paso que en principio no cambia de por sí la ya tradicional política pro israelí de los gobiernos tanto republicanos como demócratas anteriores que ha tenido Estados Unidos, pero tiene un gran simbolismo que tendrá previsiblemente consecuencias políticas y que va a obligar a retratarse a muchos líderes mundiales.

Fuente: http://elsaltodiario.com/el-lado-oculto-de-la-noticia/trump-israel-y-la-complicidad-del-partido-democrata-sanders

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Honduras, Perú, Chile: descomposición democrática

Por: Raúl Zibechi

En las últimas  semanas asistimos a la escenificación de la deslegitimación de las democracias electorales en América Latina. Me refiero al fraude electoral contra la oposición en Honduras, al irresistible ascenso del fujimorismo que está a punto de desplazar al presidente electo con un golpe parlamentario y al retorno del empresario derechista Sebastián Piñera a la presidencia en Chile. En los tres casos parece evidente que el sistema democrático no sirve a los intereses de los sectores populares.

En Honduras se produjo un doble fraude. En 2009 se había dado un golpe institucional contra el presidente Manuel Zelaya porque pretendía postularse a la relección que está expresamente prohibida por la Constitución. Sin embargo, en 2015 la Corte Suprema de Justicia falló de manera unánime señalando la inaplicabilidad del artículo 239 que prohíbe la relección. O sea, la misma Corte que destituyó a Zelaya, violó la Constitución para hacer lo contrario.

Días atrás, hasta la OEA de Luis Almagro se pronunció por repetir unas elecciones que a todas luces fueron irregulares, aunque el Tribunal Supremo Electoral parece haber zanjado la cuestión en favor del presidente Juan Orlando Hernández. Nada indica que el corrupto poder hondureño, que provocó el asesinato de Berta Cáceres y de otras 123 personas asesinadas desde 2010 por oponerse a proyectos de represas, vaya a retroceder. Ni que la OEA sea tan beligerante en este caso como lo está siendo con Venezuela.

En Perú el Parlamento con mayoría absoluta fujimorista está al borde de un golpe parlamentario para destituir al presidente Pedro Pablo Kuczynski, economista y empresario neoliberal. La justicia lo acusa de haber favorecido a la brasileña Odebrecht en 2006 cuando era el primer ministro de Alejandro Toledo. Lo que indigna es que sea el partido de Keiko Fujimori, que cobija a los genocidas y corruptos del régimen de su padre, Alberto, preso que será puesto en libertad si ganan la Presidencia, quien esté al frente del ataque al actual gobierno.

El fujimorismo busca hacerse con el control del Tribunal Constitucional y de la Fiscalía de la Nación, a cuyos miembros acusa de presunto lavado de activos del narcotráfico. El control del Parlamento puede terminar por ahogar todas las instituciones del país, entre ellas la Corte Suprema, para evitar que la justicia siga adelante con el caso Lava-Jato que implica a los Fujimori. En tanto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado peruano suspender el proceso contra miembros del Tribunal Constitucional (goo.gl/V6gkfm).

Llama la atención que las izquierdas no denuncien golpe cuando el proceso contra Kuczynski tiene rasgos similares a la destitución de Dilma Rousseff en Brasil. Parte de la izquierda peruana (el Frente Amplio de Marco Arana) está empujando el mismo carro que el fujimorismo, seguramente por cálculos electoralistas.

En Chile, Piñera ganó la Presidencia con poco más de 25 por ciento de los votos, ya que más de la mitad de los habilitados decidieron no concurrir a las urnas. No es la primera vez que esto sucede. Desde que la votación no es obligatoria, el porcentaje de votantes cayó abruptamente. En la segunda vuelta la abstención fue apenas menor que en la primera, porque el electorado decidió que entre el candidato oficialista (Alejandro Guillier) y el millonario neoliberal hay poca diferencia.

Algunos analistas progresistas sostienen que no votar es un síntoma de despolitización. No dicen que la ley antiterrorista ha sido y es aplicada en Chile por los gobiernos progresistas de Bachelet contra el pueblo mapuche, pese a que incluso órganos de las Naciones Unidas se han pronunciado en contra de su aplicación en el conflicto de la Araucanía.

La reforma educativa a la que se comprometió el segundo gobierno de Bachelet (2014-2018) es otra promesa incumplida que recibió duras críticas del movimiento estudiantil porque no considera la educación como un derecho social, no termina con el sistema de créditos con garantía estatal, no pone fin al lucro y no da plazos explícitos para la gratuidad (goo.gl/EiJfie). Ni qué hablar de las AFAP, sistema privado de pensiones que se mantiene en pie desde la dictadura de Pinochet (1973-1990).

Estos tres casos merecen algunas consideraciones sobre la democracia electoral y las estrategias de quienes queremos cambiar las cosas.

La primera es la inconsistencia de las llamadas instituciones democráticas y también de las organizaciones internacionales como la OEA, que aplican un doble rasero desvergonzado. El Poder Judicial y el Parlamento (que deberían velar por los derechos y representar a la población, respectivamente), se han convertido en instituciones decorativas que son manejadas por los poderes económicos y las mafias (como el fujimorismo y las élites hondureñas) según sus propios intereses.

La segunda es que estamos viviendo tiempos de turbulencia global que llevan a los poderosos a quitarse las máscaras, siendo la careta democrática la primera en caer para dejar paso al gesto adusto de la fuerza bruta. Esto sucede en todo el mundo, empezando por las grandes potencias como Estados Unidos, Rusia y China. Ni qué hablar de países como los nuestros, donde los Estados-nación conservan un nítido sello colonial.

La tercera es qué hacemos ante esta realidad. No propongo ignorar los escenarios electorales, sino definir una estrategia que los coloque en su justo lugar. El primer paso de cualquier estrategia en el escenario actual es consolidar las organizaciones, territorios y espacios de los sectores populares. Eso quiere decir: apuntar hacia educación propia, salud propia, justicia propia y poder propio. No depender de los Estados, ni de las instituciones internacionales. Construir organizaciones sólidas y flexibles capaces de navegar en las tormentas.

Si lo anterior funciona, podemos pensar en el calendario electoral y dedicarle algunas fuerzas. Sin desarmar los mundos propios, naturalmente.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2017/12/22/opinion/020a2pol

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Educación técnica: ¿cuándo?.

Los niveles de educación de los trabajadores reflejan una grave falencia del sistema educativo colombiano: no hay preparación para el trabajo.

Por: Hernán Avendaño Cruz.

Los niveles de educación de los trabajadores reflejan una grave falencia del sistema educativo colombiano: no hay preparación para el trabajo. En efecto, el 80 por ciento de los ocupados informales y el 45 por ciento de los formales tienen grado de secundaria o menos.

Como la mayoría de los egresados de secundaria no consigue cupo en la educación superior o no cuenta con financiación, se enfrenta al mercado laboral sin una formación específica. Su destino, igual que el de los no bachilleres, es engancharse en lo que salga, con bajos ingresos: salario mínimo, si se gana la lotería y accede al mercado formal; menos, si entra al informal; uno azaroso en la delincuencia; y cero en el mundo de los ‘ninis’.

El país tuvo hace varias décadas unas instituciones de educación técnica de alta calidad, con estudiantes que cursaban siete años de secundaria (uno más que en los colegios tradicionales). En algún momento se buscó fomentar y ampliar este tipo de educación mediante la creación de los Inem, aun cuando su calidad era inferior a la de colegios como el Técnico Central. Esa opción sobrevive, pero ha perdido protagonismo y su cobertura es muy baja.

El país debería emular el ejemplo de Alemania. Hoy, los muchachos desde los 10, 11 años de edad cuentan con diversas alternativas de formación. En la secundaria ‘alta’, los estudiantes tienen la posibilidad de laborar en empresas para practicar los conocimientos que reciben en las aulas de clase; las áreas de formación técnica están en función de los requerimientos de mano de obra de las empresas, lo que hace muy pertinente la formación y bajo el desempleo de los bachilleres.

Cuando terminan la secundaria, además de la vinculación al mercado laboral, pueden ingresar a instituciones de formación de tecnólogos o a la educación universitaria para adquirir una formación teórica.

Las repercusiones económicas de la formación técnica secundaria y terciaria son notables. Ella es una de las bases de la productividad y de la potencia económica de Alemania, lo que llevó a otras economías desarrolladas a adaptar este modelo a sus sistemas educativos, desde el siglo XIX. También fueron evidentes los resultados en la gran recesión que asoló al mundo desarrollado recientemente; mientras en países como España el desempleo juvenil superó el 50 por ciento, en Alemania apenas bordeó el 9 por ciento.

Estas diferencias indujeron a la Ocde a desarrollar investigaciones orientadas a evaluar entre los Estados miembro las políticas de formación para el trabajo con base en institutos técnicos de educación secundaria y terciaria; las resultantes recomendaciones de política son útiles para países como Colombia. Habrá quienes se opongan a este tipo de educación aduciendo que castran la creatividad, la sensibilidad hacia las artes y la formación de científicos que impulsen la innovación y el desarrollo. Nada más alejado de la realidad; los alemanes se han destacado en los últimos siglos por sus notables aportes al avance de la ciencia y las artes.

Las diferencias saltan a la vista. De los matriculados en educación superior en un año, en Colombia menos del 30 por ciento son técnicos o tecnólogos, mientras que en Europa superan el 60 por ciento. Con niveles como los europeos en el país habría menos informalidad, menos delincuencia, más productividad y, por qué no, mayor emprendimiento.

Fuente: http://www.portafolio.co/opinion/hernan-avendano-cruz/educacion-tecnica-cuando-512859

Imagen: http://www.cubahora.cu/uploads/imagen/2014/03/02/0157df1fe19ef67c9c98e104e6e54e5eb706fe3e.jpg

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Educación será prioridad para gobierno uruguayo en 2018.

América del Sur/Uruguay/03.01.2018/Autor y Fuente: http://www.prensa-latina.cu
El gobierno uruguayo priorizará en el 2018 el tema de la Educación como uno de los pilares del Ejecutivo, se conoció hoy aquí tras celebrarse un encuentro del presidente Tabaré Vázquez con su Consejo de Ministros en pleno.
La víspera el jefe de Estado recibió en la casa residencial de Suárez y Reyes a ministros y viceministros, en una reunión donde fuentes oficiales informaron que se realizó un balance de los principales resultados del año que termina y las proyecciones estratégicas para el siguiente.

Juan Andrés Roballo, prosecretario de la Presidencia, remarcó a medios locales de prensa que será la Educación tema prioritario para el 2018 y mencionó la reciente propuesta del Poder Ejecutivo, enviada ya al Parlamento de crear la Universidad de la Educación.

Esta iniciativa tendrá por objetivo fomentar la formación en ese nivel de profesionales de la educación.

La universidad contribuirá a la formación de licenciados en las categorías de maestro, maestro en primera infancia, maestro técnicos, educador social y profesor, entre otras titulaciones requeridas por el Sistema Nacional de Enseñanza.

El tema educativo concuerda también con las principales demandas del 2018 para la Central Única de Trabajadores PIT-CNT, cuyo presidente, Fernando Pereira, manifestó que en la rendición de cuentas se seguirá reclamando el seis por ciento para ese sector.

Atender el tema de la educación es priorizar el futuro porque no hay país en el mundo que apueste a la generación de la inteligencia y adaptarse a la revolución 4.0 sin invertir en la educación, ciencia y tecnología, reflexionó.

Otra asunto que priorizará el Ejecutivo para el próximo año será el de la rendición de cuentas al tratarse de la última en el actual período de gobierno para las asignaciones y reasignaciones de recursos.

En tal sentido, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, manifestó que cada ministerio tiene fijado las metas y objetivos públicos en los cuales se debe seguir trabajando.

Este viernes está previsto Vázquez sostenga similar encuentro con los legisladores del Frente Amplio de las bancadas en Diputados y en el Senado, según las fuentes.

Fuente: http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=141736&SEO=educacion-sera-prioridad-para-gobierno-uruguayo-en-2018
Imagen: http://ecuadoruniversitario.com/wp-content/uploads/2012/11/ministerio-educacion-estudiantes-biblioteca-eu.jpg
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Escuelas de élite y propuesta de “Ley Machuca”.

Por: Tomas Ilabaca.

Pocos días después del triunfo electoral en segunda vuelta de Chile Vamos, el recién electo senador de Evópoli, Felipe Kast, señaló que el futuro gobierno debería impulsar una política educacional que busque democratizar las escuelas de élite por medio de que ellas acepten alumnos provenientes de sectores vulnerables, lo que al mismo tiempo significaría entregar una “educación de mejor calidad” para ellos.

Kast la denominó “ley Machuca” en alusión a la película chilena sobre como un colegio durante la Unidad Popular aceptó alumnos provenientes de clases bajas.

La propuesta de Felipe Kast por un lado devela una buena voluntad por democratizar estos colegios de élite, algo que es absolutamente necesario. Estas escuelas congregan un alumnado proveniente de un nicho selecto (élite socioeconómica) lo que da cuenta de una alta homogeneidad en su origen.

A su vez, si bien estas escuelas poseen una relativa diversidad de proyectos (dentro de ellas hay algunas destinadas a una élite católica conservadora, católica progresista o de tintes más laicos) al interior son absolutamente homogéneas también en estos aspectos.

A nivel curricular, la poca evidencia que existe de ellos da cuenta que la enseñanza se encuentra orientada hacia la formación de una élite empresarial, política y en menor medida intelectual (la gran mayoría de los egresados estudian derecho, ingeniería o economía), y en general con una tendencia ideológica (pertenecientes a los sectores de derecha).

Por otra parte, la propuesta de Kast implicaría el deseo que los alumnos que accederían a dichas escuelas pudiesen tener una educación de mejor calidad, dado que estos colegios se encuentran en la vanguardia en resultados académicos medidos en test estandarizados. Qué duda cabe con los últimos resultados PSU, los cuales son sólo un ejemplo.

El problema de Kast, quien egresó de una de estos colegios, es que su propuesta podría terminar siendo menos inclusiva o democratizante de lo que él podría esperar mientras que también podría significar otro golpe de gracia a la alicaída educación pública chilena. A su vez, devela un profundo sesgo de clase que posee el parlamentario. Vamos por parte.

En primer lugar, si se fomenta el ingreso de alumnos provenientes de diferentes clases sociales, culturas o, por qué no, credos, sin una regulación de la educación que estas escuelas realizan, el resultado sería una colonización de una cultura sobre otra (“educar al bárbaro”), donde el resultado sería seguir observando que los alumnos que salen de dichas escuelas piensan igual, tienen los mismos intereses, las mismas creencias, etc.

Esto ha ocurrido en otros espacios de la élite: una parte menor de la élite empresarial proviene de sectores de clase media, lo que podría significar tener una visión política, ideológica, cultural, diferente a la que caracteriza al empresariado, pero lo que se observa a nivel general es lo contrario, asumen las practicas, discursos e ideología hegemónica dentro de la élite empresarial. Lo mismo puede suceder en estas escuelas, por lo que, para poder realizar un cambio realmente inclusivo y democrático sería necesario establecer diversas regulaciones en estas escuelas.

Un segundo elemento a considerar sería que ocurriese una “huída” de las clases altas de estas escuelas. No es una locura pensar eso ya que ha sucedido en la historia de Chile.

Antiguamente la élite dirigencial del país se educaba en liceos públicos (el Instituto nacional es el mayor ejemplo), pero a medida que las clases medias fueron inscribiendo a sus hijos en estos, la clase alta fue creando y emigrando a escuelas privadas católicas.

La lógica podría ser similar en el tiempo, lo que implicaría un fracaso en hacer en dichas escuelas espacios de mayor mixtura social. Digo podría dado que no necesariamente ocurrirá este fenómeno, pero revisando la historia de Chile, y la constante clausura social de la élite socioeconómica chilena lleva a pensar que podría suceder algo parecido.

No nos olvidemos que en la misma película Machuca, el padre de la familia de clase alta (que se declara socialista) quería huir de Chile dado que “le gustaba el socialismo siempre y cuando no le afectara a él”.

Por último, esta propuesta aparece como completamente contradictoria para un senador que constantemente ha señalado que busca mejorar la educación pública (dentro de sus críticas a la Ley de Inclusión aparece la de que esta no ayudaba a que las familias optaran por la educación pública), dado que consolida el imaginario de que la educación particular es mejor que la pública (aseveración que no es del todo real), por lo tanto fomentaría el deseo de inscribir a los alumnos en escuelas privadas y no públicas.

¿Por qué no pensar en una política que fomente el interés de las familias por poner a sus hijos en la escuela pública?, o al menos, ¿por qué no pensar en políticas que fomenten que las familias de sectores altos pongan a sus hijos en escuelas públicas?

Las escuelas de élite, o de modo general, las escuelas particulares pagadas, se han consolidado como un “nicho intocable” (Madrid 2016) el cual ha servido tanto para la reproducción de una clase social como también de la producción de la misma.

En ese sentido, Kast tiene razón en que existe la necesidad de democratizar y regular dicho sector. Ahora bien, la búsqueda por regular y democratizar la educación privada debe hacerse pensando en todos los aspectos y dinámicas que se desencadenan, y con el claro objetivo de hacer menos desigual el sistema educativo en su conjunto.

Proponer políticas basadas en entusiasmos producto de una victoria electoral y en un marcado sesgo de clase podrían tener causas negativas y que fomenten aún más aspectos de discriminación, desigualdad y segregación que ya son altos en el sistema educativo chileno.

Fuente: http://opinion.cooperativa.cl/opinion/educacion/escuelas-de-elite-y-propuesta-de-ley-machuca/2017-12-28/101713.html

Imagen: http://www.viveusa.mx/sites/default/files/styles/interior_nodo/public/field/image/eliteschool.jpg?itok=fxuzN0Bc

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El gran dilema de China.

Por: Alfredo Toro Hardy.

El décimo segundo plan quinquenal chino, aprobado en 2011, cambió de manera radical las prioridades económicas de ese país, proyectándose sobre el siguiente plan. El objetivo central del mismo era reorientar el crecimiento económico mediante el énfasis en el consumo privado doméstico. Ello no sólo para darle mayor sustentabilidad a dicho crecimiento, sino para permitir que su población derivase mayores beneficios de éste.

Pero junto a este propósito medular el plan preveía otro conjunto de objetivos. El primero buscaba un movimiento poblacional desde las zonas rurales de bajo rendimiento productivo, hacia núcleos urbanos con mayor disponibilidad de empleo. Dado el bajo nivel educativo de los grupos humanos involucrados eso implicaba, básicamente, su inserción en trabajos fabriles de mano de obra intensiva. El segundo era dirigir mayores recursos financieros hacia aquellos sectores económicos que pudiesen generar mayor calidad de empleo, especialmente en el área de los servicios. El tercero era elevar el nivel de los recursos humanos por vía de la educación y la capacitación técnica. El cuarto era incrementar las destrezas científicas y tecnológicas de la nación por vía de la innovación.

Ocurre, no obstante, que el último de los objetivos citados está en capacidad de transformarse en fuerte obstáculo para la realización de los demás. El énfasis que China está poniendo en la innovación productiva, mediante el acceso en gran escala a la digitalización y a la robótica, estaría en capacidad de impactar negativamente al plan en su conjunto. La acelerada automatización en curso podría no sólo propiciar el declive prematuro de la producción manufacturera de mano de obra intensiva, sino complicar en importante medida la consolidación de un modelo de servicios. Ello afectaría seriamente la capacidad de empleo y por extensión la posibilidad de que el consumo privado se transforme en motor fundamental del crecimiento del PIB.

China se ha adentrado a pasos agigantados en el área de la robótica. De acuerdo a Martin Ford en 2014 dicho país contaba ya con un 25% de los robots industriales del planeta, lo que en sí mismo significó un aumento del 54% con respecto al año precedente. Para 2017 ocupaba ya el primer puesto mundial en capacidad manufacturera sustentada en la robótica. En la sola provincia de Guandong el gobierno de ese país planea invertir 154 millardos de dólares en la introducción de robots industriales, aspirándose que para 2020 el 80% de la capacidad fabril de la ciudad de Guangzhou, capital de dicha provincia, esté ya robotizada. Programas similares se adelantan en Jiangsu y en el Delta del Río Perla, otros de los grandes epicentros industriales de ese país (“China: Thousands of unskilled workers at risk from increased automation”, Daily News, 17 June, 2015).

El por qué el gobierno chino busca automatizar crecientemente la producción manufacturera del país es explicable. Ello evitaría la migración de sus industrias hacia países asiáticos de mano de obra más barata. Evitaría, alternativamente, que la producción doméstica se mudase hacia las fábricas robotizadas del mundo desarrollado. Prevendría al mismo tiempo contra el envejecimiento de su población laboral a mediado plazo. El problema, sin embargo, es que los robots no consumen. Esto podría atemperarse si China lograse dar el salto de la fase de mano de obra intensiva a la de los servicios intensivos. Es decir, los servicios sustituyendo a las manufacturas como grandes creadores de empleos.

No obstante también en el área de los servicios el gobierno chino persigue la innovación, promoviendo activamente la revolución digital. Cierto, busca a la vez invertir masivamente en educación y en la calificación profesional de sus recursos humanos. Sin embargo, la revolución digital no sólo afecta a los servicios repetitivos y puntuales, sino que se apresta a penetrar con fuerza exponencial a aquellos sectores que requieren de pensamiento analítico y que se sustentan en altos niveles educativos. Ello plantea un problema serio para un país que ya en 2013 se encontró con que la mitad de sus egresados universitarios recientes no habían conseguido trabajo y donde 43% de los empleados se encuentran sobrecapacitados para las tareas que desempeñan.

Si a la automatización en las manufacturas se le suma la de los servicios el resultado puede ser una supresión mayúscula de empleos. Ello complicaría en gran medida la estrategia de transformar a la demanda privada en eje principal del crecimiento económico, a la vez que crearía inmensos problemas sociales.

China enfrenta así un inmenso dilema entre empleo e innovación tecnológica. Lo que hace particularmente complicada su situación es que su proceso de transición desde una economía de mano de obra intensiva a otra que brinda prioridad a los de servicios, se produce en momentos en que la revolución digital se apresta a hacerse sentir con intensidad inédita. Cuando se cruza el río no es el mejor momento para que se produzca la crecida de éste.

Fuente: http://www.eluniversal.com/noticias/opinion/gran-dilema-china_682140

Imagen: http://cdnmed.eluniversal.com//resources/jpg/1/6/1514133962861.jpg

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Reseña de libro: Ecología política latinoamericana.

Pensamiento crítico, diferencia latinoamericana y rearticulación epistémica. Volumen 1.

Héctor Alimonda. Catalina Toro Pérez. Facundo Martín. [Coordinadores]

Catalina Toro Pérez. Gabriela Merlinsky. Héctor Alimonda. Arturo Escobar. Ana Patricia Noguera de Echeverri. Omar Felipe Giraldo. Guillermo Castro Herrera. Germán Palacio Castañeda. Enrique Leff. Gian Carlo Delgado Ramos. Melissa Moreano. Francisco Molina. Raymond Bryant. Leonardo Boff. Henri Acselrad. Carlos Walter Porto Gonçalves. Felipe Milanez Pereira. Carlos Bittencourt. María Cecilia Roa García. Tatiana Roa Avendaño. Alberto Acosta. Mario Pérez-Rincón. Zulma Crespo-Marín. Julieth Vargas-Morales. Luis Humberto Hernández. [Autores de Capítulo]

Colección Grupos de Trabajo.
ISBN 978-987-722-270-8
CLACSO. Universidad Autónoma Metropolitana.
Buenos Aires.
Octubre de 2017

La Ecología Política de América Latina desde su emergencia se viene constituyendo en una relación activa de permanente intercambio y retroalimentación con los muy diversos movimientos y luchas que protagonizan conflictos en diferentes escalas y circunstancias, recogiendo las críticas a los modelos de desarrollo de vigencia hegemónica y delineando con ellos otros futuros posibles.

En este sentido, los dos volúmenes que presentamos mantienen el diálogo sobre los debates epistemológicos de la Ecología Política latinoamericana a la vez que se entrocan con las prácticas teóricas, políticas y territoriales, que han caracterizado a nuestra región. Esta marca de origen, se basa en la convicción del vínculo, por momentos tenso y conflictivo pero también creativo y productivo, entre el imperativo del refinamiento de las herramientas teórico-políticas para asumir el análisis crítico y la construcción sostenida de alternativas frente al saqueo, el despojo y la devastación socio-ambiental.

Fuente:  http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20171030111951/GT_Ecologia_politica_Tomo_I.pdf
Imagen: https://www.clacso.org.ar/clacso/novedades_editoriales/img_tapas/1303_Tapa.jpg
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