Nuevamente decenas de padres soportaron las bajas temperaturas para conseguir una matrícula para sus hijos. Esta vez, un grupo de apoderados hizo fila a las afueras de la Escuela Rafael Sanhueza Lizardi de la comuna de Recoleta.
Teniendo en cuenta el frío que se registró durante la noche, quienes llegaron al establecimiento lo hicieron preparados, equipados con abrigos y otros implementos que les permitieron capear las bajas temperaturas. Algunos, incluso establecieron turnos con familiares para no perder el lugar.
Desde el establecimiento valoraron el interés de los padres por matricular a sus hijos con ellos, pero insistieron en que durante esta jornada, el proceso de admisión es sólo para la comunidad interna , o sea, hermanos de alumnos, hijos de ex alumnos y de funcionarios.
De la misma forma, fueron claros en sostener que el proceso no se ve influido por el orden de llegada , ya que todos los que lleguen en el horario establecido obtendrán un número. De haber más postulantes que cupos, se realizará sorteo vía tómbola el día 4 de julio con los números entregados hoy.
“No es necesario hacer fila en las afueras del colegio” , indicaron. De quedar vacantes, se abrirá un nuevo proceso de admisión orientado a la comunidad externa.
Hacemos un llamamiento para ir a la manifestación del 18 de Junio en Bilbao en apoyo al proceso revolucionario Bolivariano.
En nuestras escuelas y colegios se repiten en innumerables ocasiones roles y conductas que nos dibujan las diferentes posiciones que se toman en la sociedad. Cualquier persona que haya participado en el sistema educativo capitalista, se verá reflejado en ellas. Los estudiantes revoltosos que pasan de curso, los que son excluidos por sus capacidades, los que no se amoldan a la pedagogía y son reprimidos, los niños de papá, los que pasan desapercibidos…
Lo mismo pasa en la sociedad capitalista. Están los exentos de cumplir las normas del estado (impuestos, leyes de medio ambiente, laborales…) por su «buen hacer» en el sistema, como las grandes corporaciones y la oligarquía monopolista mundial.
Están los que mediante la corrupción asumida, compran su situación social, como las mafias. Por otro lado, está la gente que por su lucha y resistencia contra este sistema que los excluye, ha sido reprimida. Y por último, la inmensa mayoría, que aguanta lo que le echan, asumiendo la autoridad como norma, aun sabiendo que les engañan, pero con un profundo miedo al cambio.
Pero hay ocasiones en el que ese sistema empieza a tambalearse, como ha pasado en las últimas décadas en Venezuela. Donde a los que tienen el poder se les fuerza a cumplir las normas.
Donde a los que son corruptos se les aplican las normas para que dejen de robar. Donde los que son excluidos vuelven a ser parte del sistema, y donde los que luchan por un mundo mejor, intentan cambiar el orden de las cosas. Así las masas pasan de mirar a los que les aterran y se liberan de su sumisión poniéndose al lado de los que habían estado excluidos. Es entonces cuando los que lo tienen todo se vuelven a poner nerviosos, y utilizan su poder para seguir manteniendo el orden que les sustenta en el poder.
Esa es la realidad, cada vez más cruda, que nos muestra Venezuela. Una lucha entre los que necesitan recuperar el poder perdido y los que defienden el poder popular. La lucha antagónica entre la burguesía, los corruptos y los que hasta ahora habían estado excluidos. Una lucha histórica, que sigue avanzando a pesar de sus contradicciones.
Y cuando las contradicciones se agudizan, es importante tomar posición. Y en el caso venezolano ha llegado ese momento. El proceso revolucionario Bolivariano, todos estos años, nos ha dado una clase magistral de educación popular. Hemos visto nacer de un sistema corrupto y vasallo del imperialismo yanqui, otro mundo donde los excluidos han asumido su papel de cambio. Donde, la pedagogía popular y democrática ha creado espacios en el que el poder capitalista se ha tambaleado.
Espacios como los innumerables consejos comunales, las comunas, las empresas petrolíferas nacionalizadas, o los procesos constituyentes. Con todas las contradicciones, los excluidos han conseguido poner en jaque a las oligarquías trasnacionales y han puesto los cimientos para construir otro mundo.
A estas alturas de la lucha, ya no existe espacio para las medias tintas. Ya no caben soluciones edulcoradas. En Venezuela son evidentes las posturas y de ahí la tensión generalizada en el país. La violencia de las oligarquías, fascistas y golpistas, frente al poder popular organizado. La balanza caerá según la fuerza de cada una de las partes.
En Euskal Herria, la derecha ha salido a la calle con el fascismo más repugnante, utilizando los grandes medios de comunicación que apoyan la violencia golpista sin titubeos.
Titubeos que si hemos tenido en la izquierda vasca en un momento tan importante. Pero aquí tampoco hay espacio para relatividades. Es momento de tomar posición, o defender los intereses de las clases populares venezolanas, o defender las oligarquías imperialistas que están desestabilizando el país. O asumir la opresión que ejerce este sistema, o apostar por derrotarlo y construir otro sistema que defienda los intereses del pueblo trabajador. La batalla que actualmente se da en Venezuela, es una batalla entre dos mundos posibles, y por lo tanto también es nuestra batalla.
Por todo ello, queremos hacer un llamamiento para ir a la manifestación del 18 de Junio en Bilbao en apoyo al proceso revolucionario Bolivariano. Por que, entendemos que en Euskal Herria, al igual que en Venezuela, hay un pueblo que quiere avanzar en su lucha de liberación, en la construcción del socialismo y seguir así con nuestra propia educación popular.
Los trabajadores de Buenos Aires denunciaron que la gobernación decidió suspender el pago para los comedores escolares los días de paro docente.
El Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba) denunció que el gobierno de la provincia de Buenos Aires suspendió los pagos a los proveedores de comedores escolares los días de paro.
La denuncia se suma a la alerta del Consejo Escolar de Chivilcoy sobre la supuesta decisión del gobierno de María Eugenia Vidal, en la provincia de Buenos Aires, de suspender los pagos de los comedores escolares los días de paro docente.
En marzo el gremio inició una serie de paros para exigir al Gobierno del presidente Mauricio Macri la implementación de paritarias nacionales y así compensar la inflación que se elevó más del 40 por ciento desde 2016.
Los consejeros denuncian que la gobernación señaló que no pagaría el presupuesto por alumno debido al paro, así que las escuelas no recibirían alimentos. Sin embargo, la Dirección General de Cultura y Educación, encargadas de administrar los fondos de los comedores, emitió un comunicado este martes en el que aseguró que nunca tomaron esa decisión.
El ente que no solo no han suspendido el pago, sino que han instado a los consejos escolares bonaerenses a prestar el Servicio Alimentario Escolar (SAE) los días que haya paro.
Por su parte, la presidenta del Consejo Escolar de Chivilcoy, Leticia Berdugo, aseguró que la suspensión de los pagos en los días de huelga «ya están ocurriendo».
Señaló que el Ministerio de Desarrollo Social y la Dirección General de Cultura y Educación no pagaron los días de paro, lo que significó que se quedaran en deuda con los proveedores.
Defesa do Plano Nacional de Educação como política de Estado também marca nova edição, que traz análises inéditas. Publicação é gratuita e está disponível no formato impresso e digital.
Enquanto 52,3% das crianças de 0 a 3 anos pertencentes aos 25% de famílias mais ricas da população estão matriculadas na creche no Brasil, apenas 21,9% das que pertencem ao quartil mais pobre já frequentam a Educação Infantil nessa idade. Ao passo que somente 65,9% dos jovens de 16 anos concluíram o Ensino Fundamental na região Nordeste, esse indicador é de 83,5% para o Sudeste. Já no Ensino Médio, a taxa de atendimento entre os jovens Brancos é 71%, mas entre os pretos e pardos é bem menor: 56,8% e 57,8%, respectivamente.
Esses são alguns dos dados que retratam as enormes e diversas desigualdades educacionais que ainda persistem em nosso País, desde os primeiros anos de vida de uma criança. Essa questão, sua importância e urgência, e também a defesa do Plano Nacional de Educação (PNE) 2014-2024 como instrumento norteador e política de Estado imprescindível para alcançarmos a equidade, são o foco da sexta edição do Anuário Brasileiro da Educação Básica, que acaba de ser lançado pelo movimento Todos Pela Educação e pela Editora Moderna.
Com base, principalmente, em dados gerados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e pelo Ministério da Educação (MEC), a nova edição propõe uma leitura crítica e bem-informada da realidade educacional brasileira, com recortes inéditos e novas formas de organização das estatísticas, evidenciando a baixa equidade do nosso sistema educacional e os desafios que o PNE busca enfrentar.
Em 2016, o PNE, em seu segundo ano de vigência já enfrentou uma dupla prova de fogo para sua efetivação: uma crise política associada a uma recessão econômica de proporções históricas. Mas é justamente em cenários como este que planos como o PNE precisam se provar políticas de Estado.
De acordo com Priscila Cruz, presidente-executiva do TPE, e Luciano Monteiro, diretor de relações institucionais da Editora Moderna, “o Plano Nacional de Educação, mesmo com suas imperfeições, tem o grande mérito de estreitar o foco e, ao incorporar demandas sociais de muitos setores, buscar enfrentar a desigualdade, em todas as metas. Daí a importância de preservá-lo, mesmo nos cenários mais turbulentos. É uma oportunidade histórica de mudar o futuro, que não pode ser desperdiçada”.
Desde seu lançamento, em 2012, o Anuário Brasileiro da Educação Básica ganhou maior repertório de informações e profundidade analítica, e conquistou progressivamente mais legibilidade e leveza gráfica, tornando-se mais próximo do leitor não-especialista – sem, no entanto, abandonar o rigor estatístico. A partir de sua segunda edição, a publicação começou a organizar-se editorialmente em função do PNE, quando este ainda era um projeto de lei.
O Anuário Brasileiro da Educação Básica 2017 está disponível para download nos sites do movimento Todos Pela Educação (clique aqui para conferir) e da Editora Moderna (www.moderna.com.br).
Ayer se realizó en la Universidad Autónoma de Asunción el acto de graduación de 180 profesores que realizaron dos posgrados en “Especialización en Gestión Pedagógica y Curricular” y en “Especialización en TICs en prácticas pedagógicas”. La inversión fue de G. 3.681.000.000 para ambos cursos.
El ministro de Educación, Enrique Riera, señaló que los docentes graduados serán formadores de formadores de los Institutos de Formación Docente y Niveles de Centros Regionales de Educación y de técnicos del nivel central. El ministro reiteró que la formación en TICs será permanente para los docentes, y una de las prioridades en su gestión.
Los 180 egresados implementarán el curso de Especialización y Técnico Docente en Gestión Pedagógica y Curricular dirigido a los Coordinadores Departamentales, Supervisores Educativos y Directores de las instituciones educativa
Para Eduy21, más que la cifra de incremento presupuestal, lo relevante es qué se hace con el dinero.
Como decimos los profesores: «Puede y debe rendir más». Así definió Luis Martínez, presidente de la Asociación de Docentes de Educación Secundaria de Montevideo (ADES) el incremento presupuestal que el Poder Ejecutivo quiere asignarle a la ANEP y Udelar. Este salto de US$ 62 millones para un año (alrededor de un punto del PIB) está «lejos de lo sustantivo: no parece haber un crecimiento en infraestructura, en otros cargos y se replica el aspecto salarial de los dos años anteriores», agregó José Olivera, dirigente de la coordinadora de sindicatos de la enseñanza, en base a los datos que se enteró «por la prensa» y «no por vía oficial».
Los docentes organizados, que ayer encabezaron un paro nacional en ANEP que «en algunos departamentos alcanzó una adhesión del 96%, se reúnen hoy a las 14 horas en el Ministerio de Trabajo. Llegan a este Consejo de Salarios con la esperanza de negociar; porque si el Ejecutivo «solo quiere imponer su idea, estamos ante un problema grave», dijo Olivera.
Según los cálculos primarios de los sindicatos, los US$ 50 millones que irán para la ANEP y los US$ 12 millones para Udelar, cubrirían el 3,53% de aumento general que va destinado a salarios. Es decir: mantiene «a la baja» aquella cláusula de paz que destrabó el conflicto de 2015. Por aquel entonces se había acordado alcanzar un salario base de $ 25.000 (a precios de 2015) hacia 2020.
Según el anuncio que hizo ayer el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda (ver página A5), la educación también recuperará los US$ 25 millones que le fueron quitados en la Rendición de Cuentas anterior.
Contando esta recuperación y el aumento anunciado, se está a un punto de alcanzar el 6% del PBI para la educación hacia 2020 y «solo restará» el salto cuantitativo del año próximo (el año electoral no se puede incrementar el gasto).
Más allá de lo financiero, los docentes están preocupados por las formas en que se está dando este proceso de negociación. Primero, dicen haberse enterado de que la Rendición de Cuentas sería por un único año a través del anuncio que hizo el presidente Tabaré Váz-quez desde Ginebra, cuando nueve días antes «se había dicho desde el gobierno que no tenían información».
Segundo, no hubo una convocatoria al Consejo Superior y mañana irán a negociar, directamente, los actores involucrados. Tercero, la cifra de incremento en educación les «llegó por la prensa». Y cuarto, «hay un problema de plazos: recién mañana nos sentaremos a conversar y el proyecto de ley debe enviarse antes del 30 de junio», cuestionó Olivera.
Para el dirigente sindical, «el gobierno tiene una actitud cuando oficia de garante en las negociaciones del sector privado y otra cuando hace de empleador». Desde que comenzó esta administración, agregó Olivera, «hay una estrategia de dilatar los tiempos para que no haya margen».
Los docentes reclaman un aumento para la educación que llegue al 6% del PIB para ANEP y Udelar hacia 2020 y 1% para investigación y desarrollo. La búsqueda de ese objetivo llevó a la paralización de ayer, con 40 actividades en todo el país, la adhesión de los dos consejeros en representación de los sindicatos (Isabel Jaureguy por Secundaria y Pablo Caggiani por Primaria), el corte de calle en Montevideo frente al Ministe-rio de Economía y la convocatoria para un paro general de 24 horas el próximo 21 de junio (que esa vez incluirá también a Udelar, UTEC y la enseñanza privada).
A diferencia de otros paros, «las medidas que estamos encabezando están teniendo buena comprensión de la ciudadanía», dijo el sindicalista Martínez. El dirigente de ADES se basa en los comentarios que han recibido en las movilizaciones de ayer y en que «no puede ser que el gobierno haga demagogia con la educación».
Desde el colectivo Eduy21 ven con beneplácito que haya un aumento para la educación, y que haya una priorización de esta área, pero insisten con que «la mayor preocupación es saber a qué van destinados los recursos».
Bruno Gilli, integrante de Eduy21, explicó que de seguir contribuyendo a engrosar la estructura actual, la que no está dando resultados esperados (sobre todo en ANEP), hay «una alta probabilidad de que se esté ante más de lo mismo».
El último informe de estado de la educación, que presentó hace dos semanas el Ineed, da cuenta de que la estructura actual fomenta la desigualdad. Los indicadores de rendimiento y calidad educativa muestran un claro diferencial según el contexto en que se encuentra el centro educativo. «Es ahí donde hay que poner los esfuerzos», insistió Gilli. Y agregó: «Es necesario que los mejores docentes vayan a dar clase a los lugares donde se los está necesitando».
Paro con una «gran adhesión».
La dirigencia de los sindicatos de la educación quedó conforme por la «excelente» respuesta al paro de ayer, dijo el gremialista José Olivera. «En algunos centros educativo apenas fueron a trabajar dos o tres personas; toda una señal». De hecho, la adhesión superó a la cantidad de afiliados de todos los sindicatos.
Mañana, desde las 18 horas, habrá una marcha organizada por la FEUU y la Intergremial Universitaria a la que adhieren los sindicatos docentes (aunque no habrá paro).
Aumento a Udelar dista de lo solicitado.
Entre la aspiración presupuestal de la Universidad de la República y la que planteará el Poder Ejecutivo hay un abismo. Los US$ 12 millones para 2018 que el gobierno quiere incrementarle a la UdelaR, apenas alcanzan para cubrir la inversión en el Hospital de Clínicas.
Hace una semana, el rector Roberto Markarian anunció que la institución solicitará un aumento de $ 4.477 millones para el próximo año, US$ 138 millones más de lo que le quiere asignar el Ejecutivo. Esta diferencia dejaría por el camino alguno de los proyectos que busca promover la UdelaR, como el aumento de becas para los estudiantes, la inversión y la investigación.
El aumento salarial planteado por UdelaR representa un 38% del total del gasto del organismo. En la ANEP, las remuneraciones trepan al 85% de la torta a repartir.
Para los funcionarios no docentes de UdelaR, en base al esquema del Rectorado, se les solicitará un sueldo mínimo de diez BPC hacia 2019, por 40 horas de trabajo a la semana. A la fecha, esas 10 BPC son poco más de $ 36 mil.
Con la intensión de llegar al 6% del PBI dedicado a la educación, la UdelaR había proyectado $ 3.582 millonespara 2019, siempre a precios de 2017. Pero la realidad con la que se enfrenta ahora hará más que duplicar esa cifra.
Argentina/15 junio 2017/Fuente: eldiariodelaeducacion
Los profesores han salido a la calle para exigir mejoras salariales y derechos laborales, y cambiar un modelo que asfixia el sistema de enseñanza desde los tiempos de la dictadura de Rafael Videla.
El curso escolar argentino avanza sin que se muevan las fichas del conflicto que marcó el inicio del año lectivo en este país. El pasado mes de marzo, decenas de miles de docentes se movilizaron durante 40 días para exigir al gobierno liberal de Mauricio Macri mejoras laborales, en un intento por terminar con los severos efectos que la descentralización educativa ha dejado en el país desde que se instauró durante la dictadura.
Las y los maestros exigen al Ministerio de Educación que convoque a paritarias nacionales, un mecanismo que reúne en una mesa de negociación al Ejecutivo, las provincias y los principales sindicatos de la enseñanza, para regular el aumento salarial mínimo a partir del cual las distintas regiones establecen su propia proporción, mayor o igual a la cifra nacional según cada jurisdicción.
“El conflicto sigue abierto a pesar de que hoy no se estén desarrollando medidas de fuerza contundentes”, explica Mariano Garrido, secretario de asuntos pedagógicos de la Asociación Docente de Enseñanza Media y Superior (Ademys), el segundo sindicato más grande de la capital federal. Según el representante, la discusión, en términos formales, no ha concluido, “aunque la pretensión del gobierno es darla por cerrada”.
Macri decidió unilateralmente, a principios de este año, no abrir el debate porque considera que la paritaria de 2016 ya estableció una actualización automática de los sueldos de los maestros en función del salario mínimo. Pero el gremio critica que el Ejecutivo no tomó en cuenta el coste que representa hoy día la inflación del país suramericano, que se ha disparado exponencialmente en los últimos dos años.
En 2016, el salario mínimo aumento solo un 18%, para una inflación del 40%. “Si este porcentaje se mantiene en 2017, con una estimación de la inflación cercana al 28%, el salario de los profesores perdería parte de su valor, de nuevo”, expone Garrido.
Los sindicatos docentes, liderados por las organizaciones de Buenos Aires, donde se concentran casi la mitad de las matrículas del país, rechazaron de inmediato la oferta del Ejecutivo y aseguran que no aceptarán otra cifra que quede por debajo del 35%. Además, según dicen, este piso ni siquiera es el ideal ya que afirman que para no tener pérdidas el aumento tendría que ser del 50%.
Más allá del ajuste salarial, los maestros acusan las duras condiciones laborales que los llevan a trabajar dobles turnos y que fomentan la sobreexplotación porque “con un solo salario no se vive”, dice el secretario sindical, quien además de trabajar en un colegio de primaria, da varias clases a la semana de Lengua y Literatura española en un instituto de secundaria. “Además de todo lo que implica prepararse las clases, corregir, asistir a capacitaciones, etc., hay que trabajar más horas y esto implica el deterioro inevitable de las condiciones de enseñanza y aprendizaje”, sostiene.
Fotografía cedida por Ademys
Una herencia de la dictadura
El trasfondo del conflicto entre el Gobierno y los trabajadores de la educación se remonta a los tiempos de la dictadura. En 1978 Rafael Videla impuso por decreto la descentralización de los servicios educativos primarios, que fueron transferidos a las provincias. El proceso se agudizó durante el gobierno liberal de Carlos Menem de principios de los 90 que, siguiendo los preceptos del Fondo Monetario Internacional, transfirió a las regiones la totalidad de las escuelas secundarias, los institutos técnicos y las escuelas privadas, y recortó los fondos estatales a la escuela pública. Fue el mismo período en el que se privatizaron empresas estatales, llegó la flexibilización laboral y la desinversión en políticas sociales.
Con la llegada de los gobiernos ‘kirchneristas’, los sindicatos docentes se hicieron un lugar en el diseño de las políticas educativas. Un logro que, a pesar de que no conllevó cambios estructurales en el modelo, culminó en 2006 con la promulgación de la Ley de Financiamiento Educativo, que significó una cierta recuperación de la inversión educativa. Se creó un Fondo Nacional de compensación de desigualdades salariales y se habilitó la paritaria para promover la negociación colectiva del salario mínimo anual.
“Con la descentralización se crearon escuelas de primera, segunda y tercera categoría porque había provincias que podían garantizar los servicios educativos, pero muchas otras no”, señala Gabriel Castillo, miembro del comité del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba) de la provincia bonaerense, que es el mayoritario de la región con más de 6.000 afiliados.
De hecho, las diferencias entre los salarios de los profesores de una parte u otra del país pueden llegar a ser del doble. Es el caso de la remuneración bruta de un maestro con 10 años de antigüedad de algunas provincias patagónicas, como Tierra del Fuego o Santa Cruz, que es el doble de lo que ganan en las zonas del noreste del país, como Chacao o Formosa.
Castillo, que ejerce como profesor de Historia, afirma que las reformas de los 90 “ampliaron más la brecha que existía en cuanto a presupuesto, salarios, alimentación escolar, infraestructura y calidad de los servicios, entre las provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires”.
Además de las desigualdades en las condiciones de trabajo, la ausencia del Estado en el financiamiento educativo tiene efectos que se reflejan en las diferencias de los currículos escolares, las asignaturas o los años de escolaridad porque el sistema de educación en la provincia de Buenos Aires no coincide con el de las otras regiones.
“Hasta el final”
Los docentes argentinos se unen hoy para revindicar viejos “pendientes” que nunca terminaron de concretarse. Como en marzo de 1988, cuando durante 43 días protagonizaron la Marcha Blanca que se convirtió en una fecha histórica para la lucha en defensa de la escuela pública. Los profesores reclaman que se convoque la paritaria nacional en el marco del aumento del presupuesto educativo: “Estamos dispuestos a llegar hasta el final”, exclama con convencimiento Gabriel Castillo.
El fin de semestre se viene intenso. Ante la pasividad del Gobierno, los sindicatos están discutiendo si convocan nuevas medidas de fuerza antes de las vacaciones de invierno que en poco más de un mes llegan al hemisferio sur. “Todo dependerá, en gran medida, de si se puede llegar a un grado de articulación porque el nivel de fragmentación hace que las provincias muchas veces peleen por separado, y no siempre acompañadas de la CETERA, el mayor sindicato a nivel nacional”, asegura Mariano Garrido.
Y es que lo que sí ha conseguido Mauricio Macri en estos meses es algo que hasta ahora parecía imposible: unir al movimiento sindical argentino, incluso a los trabajadores de escuelas privadas. Más allá de las tradicionales disputas por los lineamientos políticos de cada organización, los docentes quieren mantenerse cohesionados y unir a su demanda a otros colectivos. El desafío no es fácil: sólo en la jurisdicción de Buenos Aires existen 17 sindicatos de trabajadores de la educación.
El llamado, en esta ocasión, se hace extensivo también a padres, madres, estudiantes e incluso a los que no están afiliados. Los maestros no quieren dar la pelea solos y sienten que la movilización es responsabilidad de toda la comunidad educativa. “Esto va más allá de los salario, es una lucha por recuperar nuestra educación pública”, concluye Castillo.
OtrasVocesenEducacion.org existe gracias al esfuerzo voluntario e independiente de un pequeño grupo de docentes que decidimos soñar con un espacio abierto de intercambio y debate.
¡Ayúdanos a mantener abiertas las puertas de esta aula!
Users Today : 143
Total Users : 35420448
Views Today : 160
Total views : 3355008