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Educación en crisis: profesores universitarios venezolanos son los más pobres de América Latina

Un docente necesita el equivalente a 29,76 veces su salario para pagar la canasta básica de alimentos, valorada en 539,79 dólares para una familia representativa de cinco personas.

El Observatorio de Universidades de Venezuela (OBU) denunció este jueves la crisis salarial que afrontan los profesores universitarios. Señaló que el mejor sueldo que puede percibir un docente público es de 27 dólares mensuales, y eso significa que son “los más pobres” de América Latina.

 

Venezuela está por debajo de Cuba, donde los profesores universitarios perciben 29 dólares mensuales, mientras que Brasil figura con el salario más alto, calculado en 4.231 dólares al mes.

 

“Tras casi mil días sin aumento salarial, los profesores que recién comienzan su carrera académica y tienen solo medio tiempo de dedicación, reciben 5 dólares americanos mensuales por su trabajo”, manifestó el observatorio en su cuenta de X el Día del Profesor Universitario, que se conmemora el 5 de diciembre en Venezuela.

 

Debido a la crisis salarial, el OBU señalo que “32% de los profesores universitarios comen menos de 3 veces al día y 45% ha tenido que vender o intercambiar bienes para comprar alimentos”, según datos de la última encuesta de la organización, publicada en 2023.

 

Añadió que 7 de cada 10 docentes se dedican a otras actividades, “que no necesariamente tienen que ver con la labor educativa, para obtener ingresos y cubrir sus necesidades más básicas”.

 

Un docente en Venezuela necesita el equivalente a 29,76 veces su salario para pagar la canasta básica de alimentos, valorada en 539,79 dólares para una familia representativa de cinco personas, según datos del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM).

 

En octubre, el Cendas calculó que la cesta alimentaria, conformada por 60 productos básicos, costaba 539,79 dólares, 8,22 dólares más que en septiembre.

 

Desde marzo de 2022 el salario mínimo se ha mantenido en 130 bolívares, monto que ha perdido poder de compra ante el alza de la cotización del dólar en el país, donde los comercios usan esta divisa como referencia para fijar sus precios.

 

El precio oficial del dólar cerró noviembre con aumento de 11,47%, lo que indica desaceleración en comparación con el alza de 15,70% que reportó en octubre.

Educación en crisis: profesores universitarios venezolanos son los más pobres de América Latina

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Educación y prevención de la violencia contra la mujer

 

¿Es correcto que 1 de cada 4 adolescentes mujeres hayan sido maltratadas por sus parejas varones? Como si esto no es demasiado, 736 millones de mujeres en el mundo han padecido violencia física al menos una vez en su vida, según las Naciones Unidas. Ante este agravio de lesa humanidad, que no permite la construcción de una familia como célula de toda sociedad, es necesario cultivar una educación que sensibilice el sentimiento y la mente, eso que muchos llaman el sentipensar para vivir mejor.

A lo largo del 2023, 51,100 mujeres fueron liquidadas por sus parejas o familiares en todo el mundo. En Perú, 121 mujeres han sido asesinadas en lo que va del año 2024. A pesar de los derechos humanos, copiosos leyes y marchas globales que buscan reducir las brechas de género, la violencia contra la mujer continúa creciendo, afectando a 3 de cada 9 mujeres a nivel global.

Desde 1981, la ONU celebra el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con el objetivo de erradicar la violencia hacia las mujeres y niñas, destaca la directora regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, María Noel Vaeza. Ella agrega, involucrar a toda la sociedad en la protección de las víctimas, denunciar toda violencia psicológica y el acoso digital, y fomentar la participación de las mujeres en la política y en los espacios de poder.

En este desafío global, las universidades juegan un papel crucial en la erradicación de la violencia contra las mujeres al investigar sus causas y soluciones, así como en la recolección de datos y la elaboración de la estadística real de la violencia de género. Los mismos que los gobiernos pueden utilizar de manera estratégica para tomar decisiones informadas y reducir la violencia contra las mujeres, como la de endurecer los castigos contra los homicidas. Además, la educación básica tiene la misión de empoderar a las mujeres, fortaleciendo su resiliencia, autoestima y educación financiera, lo que les permitirá superar adversidades, y acceder a mejores oportunidades laborales.

Finalmente, es inaceptable que millones de mujeres sufran violencia. Según la ONU, se registran 140 feminicidios al día, por lo que es necesario promover una educación basada en el respeto e igualdad, a fin de asegurar un futuro donde todas las mujeres vivan con dignidad y libre de agresiones.

© David Auris Villegas. Escritor peruano, columnista pedagógico, profesor universitario y creador del ABDIVCPC.

Fotografía: UDG

Fuente de la información:  https://insurgenciamagisterial.com

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La educación indígena en Venezuela se ve afectada por el deterioro de las escuelas

La educación intercultural bilingüe en Venezuela se ha visto afectada por el “deterioro” de las escuelas dispuestas para este fin y por otros problemas económicos y sociales, según un informe de la oenegé Fundaredes difundido este miércoles.

“Las comunidades indígenas enfrentan una crisis educativa que perpetúa la desigualdad, vulnera derechos fundamentales y pone en riesgo la preservación de sus culturas”, dice el escrito, en el que se señala que estos grupos étnicos representan el 2,8 % de la población total de Venezuela, distribuidos principalmente en los estados Bolívar, Zulia, Amazonas y Delta Amacuro.

Con base en entrevistas, la oenegé alerta sobre una “preocupante decadencia” de la educación en los pueblos originarios, atribuida a causas como la falta de recursos y la discriminación, ocasionando una “pérdida de la identidad cultural y marginación” para niños y jóvenes que viven en estas comunidades, muchas de ellas ubicadas en zonas remotas.

“El Estado ha fallado en garantizar su derecho a una educación de calidad, culturalmente relevante y accesible”, subraya el informe, en el que, a modo de ejemplo, se cita el caso de Delta Amacuro, donde “8 de cada 10 escuelas no operan, y en las que lo hacen, los niños asisten a instituciones sin mobiliario adecuado, sentados en el suelo o en bancos improvisados”.

A esto se suma -prosigue Fundaredes- la escasez de docentes capacitados en educación intercultural y bilingüe, lo que restringe aún más la capacidad para cumplir con la garantía constitucional que obliga al Estado a proveer el traspaso de conocimientos ancestrales en estas poblaciones.

Otro de los ejemplos expuestos por la organización es el de unos 2.500 niños indígenas en Amazonas, que “deben cruzar el río Orinoco para recibir educación en Colombia, exponiéndose a riesgos graves”, ante la ausencia de una escuela operativa en el lado venezolano de esa zona fronteriza.

Ante ello, la ONG llamó al Gobierno a priorizar la inversión en infraestructura y en la capacitación de docentes en enfoques interculturales y bilingües, así como a “garantizar el acceso equitativo a una educación de calidad, que respete y valore la diversidad cultural de los pueblos indígenas”. EFE

hp/sb/pddp

https://www.lavanguardia.com/vida/20241127/10147862/educacion-indigena-venezuela-ve-afectada-deterioro-escuelas-agenciaslv20241127.html

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Docentes y no docentes exigen salarios dignos en Argentina

En un contexto de creciente descontento social, el Frente Sindical de Universidades Nacionales ha convocado una manifestación este lunes en Buenos Aires, Argentina; para exigir una recomposición salarial que permita a los docentes y no docentes vivir dignamente.

La movilización se llevará a cabo frente al Palacio Pizzurno a las 17:00 (hora local) y se suma a la protesta programada para el jueves en la Plaza de Mayo, organizada por las centrales obreras del país contra las políticas de ajuste del gobierno de Milei.

Francisca Staiti, secretaria general de Conadu Histórica, destacó la necesidad de «una Navidad sin salarios por debajo de la línea de pobreza» para todos los trabajadores universitarios.

Los sindicatos han manifestado su preocupación por la falta de diálogo con el gobierno y la interrupción de las negociaciones paritarias, lo que ha llevado a un deterioro significativo en las condiciones laborales del país.

Protestas en Argentina

Walter Merkis, secretario general de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun), señaló que muchos trabajadores no docentes se encuentran en categorías salariales que apenas alcanzan para subsistir.

Merkis, afirmó que el aumento del 2 % anunciado por el gobierno para noviembre es insuficiente; y no responde a las expectativas reales frente a los niveles de inflación.

La situación se agrava ante la posibilidad de que el gobierno no apruebe el Presupuesto 2025, lo que podría derivar en una gestión discrecional y arbitraria de los recursos para las universidades: “Al gobierno le conviene más, como estrategia, no aprobar el presupuesto porque, de esa manera, lo maneja como quiere”; advirtió.

Los sindicatos han criticado al gobierno por deslegitimar el rol de las organizaciones gremiales en la defensa de los derechos laborales. Las paritarias han sido reducidas a meras discusiones salariales; excluyendo temas fundamentales como los convenios colectivos y los fondos para capacitación.

En este contexto crítico, la lucha por salarios dignos y condiciones laborales justas; se convierte en un símbolo de resistencia frente a políticas neoliberales que amenazan con desmantelar logros históricos en materia educativa y laboral.

Foto: Protestas en Argentina /cortesía
Foto: Protestas en Argentina /cortesía

La movilización del lunes, según sus organizadores; será una oportunidad clave para visibilizar estas demandas y reafirmar el compromiso colectivo por una educación pública accesible y equitativa en Argentina.

TeleSur 

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Chile: Presidente Boric firmó proyecto de ley para reparación de deuda histórica de profesores/as

El día lunes 2 de diciembre en la Plaza de la Constitución, en un espacio por años ocupado por profesores/as que se reunían periódicamente para reclamar esta deuda del estado de Chile desde hace más de 40 años, esta vez volvieron a reunirse pero con la presencia del Presidente de la República Gabriel Boric Font, ministros, ex ministros de la cartera, parlamentarios y profesores/as, para escuchar atentamente los discursos, particularmente el del primer mandatario, quien firmó un proyecto de ley de reparación de la deuda histórica, que inicia ahora su trámite en el parlamento.

El proyecto, que beneficiará a 57.560 profesoras y profesores afectados vivos, –aprobado por el Colegio de Profesores en un plebiscito nacional- propone el pago de un aporte único de 4,5 millones de pesos a cada docente afectado vivo, en dos cuotas, partiendo por el grupo de mayor edad.

Asimismo, contempla la transmisibilidad en caso de que el titular fallezca durante el proceso, y su pago se dará en un plazo de 6 años, desde octubre de 2025 a enero de 2031.

El Presidente Boric, emocionado en la ceremonia al dirigirse a los docentes, señaló que:

“Hoy estoy muy emocionado porque saber lo que ustedes dicen en sus palabras es lo que le da sentido a la política.”

Agregó en parte de su discurso:

“En 2022 iniciamos un camino conjunto con el Colegio de Profesores y Profesoras para abordar y resolver con voluntad política, de manera definitiva, un proceso que sabemos ha sido doloroso para miles de profesores y profesoras.”

Profesora Patricia Garzo Norambuena, destacada luchadora por la deuda histórica

El mandatario recordó un encuentro previo con los docentes, mencionando:

“A lo largo de todo Chile, a la región en que voy, se me acerca un profesor o una profesora jubilada –Ñuble, Magallanes vi por allá– para decirme: ‘No se olvide de nosotros’. El poder hoy estarles cumpliendo a todos esos profesores es, de verdad, un tremendo orgullo.”

El Presidente destacó además la presencia de la dirigenta Patricia Garzo, a quien dedicó estas sentidas palabras:

Profesora Patricia Garzo Norambuena, destacada luchadora por la deuda histórica.

“Además, en el caso de Patricia, esta no es la única deuda que tenemos que saldar con ella. Su compañero fue ejecutado político por la dictadura y ella estuvo dos años presa y, aun así, como decían y contaban, estaban acá para recordarnos, pero sin rencor, sin resentimiento, con alegría, ella misma lo decía en sus palabras. Tener esa templanza, esa energía después de tanto despojo, de tanto dolor es, en verdad, encomiable y admirable, y de verdad, te abrazo y te admiro profundamente, Patricia.”

El proyecto de ley inicia ahora su camino por el Parlamento.

Revisa el proyecto aquí.

Fuente e imágenes: Prensa presidencia.

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La educación superior en Colombia, un derecho desfinanciado

Álvaro Martín Moreno Rivas | Profesor asociado de la Facultad de Ciencias Económicas la Universidad Nacional de Colombia (UNAL)

Si en 2023 el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en vez de usar recursos del presupuesto hubiera utilizado la emisión de bonos de deuda pública para cumplir con sus obligaciones del Fondo de Estabilización de los precios de los Combustibles (FEPC), hoy se podrían atender sin mayores dificultades las contingencias que enfrenta el sector educativo, que de hecho es lo que se ha venido haciendo parcialmente desde junio de este año. De los $20,5 billones programados, el Gobierno nacional contempla pagar $7,8 billones con recursos del Presupuesto General de la Nación (PGN), y los restantes $12,7 billones con bonos de deuda (TESB).

Ahora bien, es interesante comparar las reacciones de las autoridades y de la sociedad en general a dos eventos que se podrían considerar como isomorfos, es decir que pueden tener la misma forma fenoménica, pero obedecen a naturalezas diferentes.

Cuando un banco o un grupo de bancos empiezan a manifestar problemas de liquidez –esto significa que las reservas de caja en efectivo no alcanzan para responder a las demandas de sus clientes–, inmediatamente se prenden las alarmas y las entidades de vigilancia y regulación activan todas las medidas para conjurar la emergencia, conteniendo la corrida de depósitos y preservando el sistema de pagos, que es un “bien público”. Un gran banco no puede cerrar.

Por el contrario, si una o varias universidades públicas se ven impedidas para cumplir los compromisos de su nómina con los trabajadores y profesores, y se declaran incapaces de realizar los pagos de las cuentas vencidas, apenas si se escuchan algunas declaraciones lacónicas, y los órganos de vigilancia y control no activan automáticamente las acciones y los correctivos del caso, subsanando el contratiempo de corto plazo.

Los rectores anunciarán que la situación puede durar más de lo previsto y que se requerirá vender rápidamente algunos activos, antes de que se restablezca la normalidad. Mientras tanto, el “bien común” del conocimiento y el derecho fundamental de la educación superior se interrumpe. Una gran universidad pública sí puede cerrar.

Los sucesos que ocupan el interés de algunos analistas y entidades de control como la Contraloría General de la República, que solicitó atención urgente a los faltantes de caja de tres importantes universidades públicas del país (Universidad del Valle, Universidad de Antioquia y Universidad del Cauca), son apenas el síntoma de una crisis estructural del sistema público de educación superior, cuyo origen se encuentra en la arquitectura privatizadora de la Ley 30 de 1992.

Los ponentes y legisladores de principios de los noventa le apostaron a un esquema de autofinanciamiento de las IES públicas. Las reglas presupuestales definidas en los artículos 86 y 87 buscaron contener el crecimiento ordenado y sostenido de las universidades estatales –hoy IES del Sistema Universitario Estatal (SUE)– reservando el espacio del mercado a la iniciativa privada.

Las exigencias de mayor cobertura, de promover la internacionalización, de mejorar la calidad, de ofrecer nuevos programas de pregrado y posgrado, junto con las crecientes demandas de recursos para la investigación y la contratación de profesores con altos niveles de cualificación, obligaron a las IES públicas a movilizar sus limitados recursos para incrementar los ingresos mediante la venta de servicios en el mercado.

Sin embargo los problemas no se pudieron resolver, acarreando otro tipo de tensiones que debilitaron a las comunidades académicas. Mientras tanto los desbalances financieros siguieron aumentando con el tiempo, convirtiéndose en verdaderas “cargas de profundidad”. Se habla de que el desequilibrio ya sobrepasa los $18 billones.

En la vigencia de la Ley 30 de 1992 las IES privadas han venido ganando espacio político y una mayor participación en el mercado. Foto: Nicol Torres, Unimedios.En la vigencia de la Ley 30 de 1992 las IES privadas han venido ganando espacio político y una mayor participación en el mercado. Foto: Nicol Torres, Unimedios.

Este proceso no es específico para Colombia. Los años noventa se pueden considerar como el giro hacia lo que Joaquín Brunner y otros expertos han definido como el capitalismo académico, caracterizado por la mercantilización de la educación superior, la privatización y la introducción de los métodos de gestión empresarial a las IES públicas, cercando los bienes comunes del conocimiento e imponiendo nuevas restricciones al financiamiento público del lado de la oferta. Las universidades tuvieron que diversificar sus fuentes de recursos, eso sí, priorizando las actividades con las mayores tasas de rendimiento pecuniario en desmedro de aquellas que no son valoradas por el mercado.

Desde las orillas más conservadoras se defendió la idea de que la educación superior no era un bien público, y por ende que su financiamiento debería ser una especie de joint venture (alianza estratégica) entre el contribuyente y el estudiante. Aunque se reconoció la existencia de externalidades positivas y beneficios a terceros para la educación superior (aumento de la productividad, movilidad social, convivencia pacífica, reducción de la delincuencia, innovación, etc.), primó la idea del capital humano –un activo con altas tasas de rendimiento intertemporal– para justificar los esquemas de financiamiento privado (como los créditos contingentes al ingreso) y promover la provisión del servicio de educación superior por medio de las fuerzas del mercado.

Como siempre, el caballito de batalla para los privatizadores fue la retórica del subsidio cruzado: como los hijos de los pobres no tienen las mismas posibilidades de ingresar a la educación superior pública, los contribuyentes estarían subsidiando a los vástagos de los ricos, sin merecerlo, un argumento cuya retórica técnica justifica el fin del Estado de bienestar y la llegada de la austeridad fiscal.

En el gráfico 1 se muestra la estructura de propiedad de las instituciones universitarias de varios países de América Latina en 2023.

Gráfico 1. Instituciones universitarias de América Latina, 2023. Fuente: Centro Interuniversitario de Desarrollo (Cinda). Educación superior en Iberoamérica. Informe 2024.Gráfico 1. Instituciones universitarias de América Latina, 2023. Fuente: Centro Interuniversitario de Desarrollo (Cinda). Educación superior en Iberoamérica. Informe 2024.

Como se puede observar, en solo 4 países de la muestra las IES públicas dominan a las privadas. Argentina, Ecuador y Venezuela son los tres países que muestran un mayor peso estatal en el mercado de la educación universitaria, caracterizados además por formar parte del primer ciclo de gobiernos progresistas de América Latina, en los cuales se introdujeron medidas para recuperar el carácter de bien público de la educación superior. Los restantes países conservan los arreglos normativos e institucionales de las reformas neoliberales de primera y segunda generación que se iniciaron con la ola del Consenso de Washington.

Después de 30 años de vida de la Ley 30 de 1992 el modelo privatizador ha tenido un relativo éxito en Colombia. Las IES privadas han venido ganando espacio político y una mayor participación en el mercado. Los programas Ser Pilo Paga y Generación E les permitieron acceder a recursos de financiamiento público, sin que ello implicara aumento de costos, dados los excesos de capacidad instalada que se mantenían ociosos.

Por el contrario, la IES públicas siguieron experimentado un desbalance estructural que se ha ido ahondando con el tiempo sin que se logren las coaliciones ganadoras en la lucha legislativa por un cambio de la Ley 30 de 1992. En el gráfico 2 se presenta el desequilibrio estructural entre los gastos de funcionamiento e inversión y los recursos provenientes del Presupuesto Nacional definidos en los artículos 86 y 87 de dicha ley.

Gráfico 2. Desbalance estructural de las finanzas de las IES públicas según el índice de ingresos y gastos de inversión y funcionamiento. Fuente: SUE (2022), cálculos propios.Gráfico 2. Desbalance estructural de las finanzas de las IES públicas según el índice de ingresos y gastos de inversión y funcionamiento. Fuente: SUE (2022), cálculos propios.

El debilitamiento financiero de las IES públicas es el síntoma de un inadecuado modelo de gestión privada tanto para el gobierno de un bien común como el conocimiento, como para garantizar el derecho fundamental a la educación superior.

Como lo expresa Ugo Mattei en su manifiesto por los bienes comunes de 2013:

El saber crítico, en efecto, no se produce en ambientes competitivos. Prospera en comunidades solidarias, tendencialmente igualitarias, dispuestas a ver los problemas desde la perspectiva de los perdedores de los procesos sociales y no a reproducir la retórica de los vencedores. El saber crítico no puede tener patrones. No puede prestarse a esconder la verdad para proteger los intereses de los financiadores. Como todo bien común, el saber crítico debe ser defendido por todos contra cercamientos que solo sirven a los intereses de unos pocos.

https://periodico.unal.edu.co/articulos/la-educacion-superior-en-colombia-un-derecho-desfinanciado

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Fim da escala 6×1 e antiprodutivismo ecossocialista

Por: Gustavo Seferian

“Olhar a realidade de frente; não procurar a linha de menor resistência; chamar as coisas pelo seu nome; dizer a verdade às massas, por mais amarga que seja; não temer obstáculos; ser rigoroso nas pequenas como nas grandes coisas; ousar quando chegar a hora da ação: tais são as regras da IV Internacional. Ela mostrou que sabe ir contra a corrente. A próxima onda histórica conduzi-la-á a seu ápice.”

(Leon Trotsky, Programa de Transição)

Nas últimas semanas, o Brasil se viu tomado nas redes e nas ruas por importantes movimentações contra o que veio a ser chamado de «escala 6×1» de trabalho. O tema – em seus aspectos estruturais, históricos e conjunturais – foi muito bem abordada pelo camarada Afrânio Castelo no texto «Fim da escala 6×1 – Reduzir a jornada e organizar as e os trabalhadores precarizados», o que nos economiza muita energia em sua caracterização e importância.
Afinal, sabemos que nossas energias, assim como a Terra, são marcadas pela finitude, daí que beber de boas referências e não repetir o já dito se faz fundamental. Nos lançamos a incorporar mais alguns elementos a essa discussão e acúmulo coletivo, tomada a perspectiva ecossocialista.

Este texto é escrito em um momento em que a proposta de autoria da deputada federal Érika Hilton (PSOL-SP) já conta com a assinatura de 231 deputados e deputadas, dos mais diversos espectros políticos, ultrapassando a exigência de 171 endossos de parlamentares para tramitação no Congresso Nacional. Antes disso, atos pautando o fim da escala 6×1 encheram as ruas do país no dia 15 de novembro, tendo sido sobretudo animados pelo movimento Vida Além do Trabalho (VAT), juntamente com diversos segmentos da classe trabalhadora organizada. Agora, uma greve dos trabalhadores da Pepsi, no interior de São Paulo, reivindica a redução da jornada, na trilha do debate da 6×1.

A revitalização de tão importante luta histórica dos trabalhadores e trabalhadores do Brasil e de todo o mundo resgata agenda que se via, ao menos desde o golpe de 2016, interditada em nosso país. Basta lembrar que as disputas por essa pauta se colocavam até então quase que exclusivamente por alguns sindicatos e poucas centrais sindicais, tendo sua principal síntese a PEC 89/2015. Esta PEC propunha a redução da jornada semanal, em âmbito constitucional, de 44 horas para 40, recobrando tema que teve amplo debate no âmbito da Constituinte, em 1987. Às vésperas do golpe, em janeiro de 2016, a PEC 89/2015 foi apreciada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados, tendo então parecer favorável à sua tramitação aprovado. A inflexão conjuntural que impôs uma série de contrarreformas às classes trabalhadoras – das quais tem destaque as trabalhistas, instituídas pelas leis 13.429 e 13.467/2016 – inibiu essa pauta e outras importantes demandas, como o PL Gabriela Leite, sobre regulamentação da prostituição, na época também objeto de ampla discussão.
A proposta hoje colocada em pauta é mais arrojada e radical do que aquela: reduzir a jornada para 36 horas semanais máximas e impor que, ao menos, três dias de descanso semanais ocorram revela uma marca mais progressiva e que, transicionalmente, vem alcançando ampla acolhida da população trabalhadora brasileira.
Todavia, ampliar perspectivas políticas e assumir uma postura radical, ecológica e socialista para a abordagem da jornada de trabalho é tarefa de todos os revolucionários de nosso tempo, sobretudo diante da urgência de transformação social posta pela atual conjuntura.
Redução de jornada e produtividade
São infindas as posições públicas que, ao sair em defesa da redução da jornada e de pôr fim à escala 6×1, anunciam que a medida traria não apenas benefícios a quem trabalha, mas uma maior produtividade dos trabalhadores e trabalhadoras, que, mais contentes e não exauridos com a redução da jornada de trabalho, se empenhariam plenamente às atividades de trabalho. Ou seja, não trariam impactos aos exploradores, seria em verdade até mais benéfica a quem extrai o mais-valor. Até mesmo parlamentares da esquerda, do próprio PSOL, saíram em defesa desse discurso[1].
Sequer colocamos em questão se há alguma demonstração histórica ou científica de que a redução da jornada implica em majoração da produtividade de quem trabalha. O ponto crucial é: deve ser esse um argumento da esquerda revolucionária na defesa da redução da jornada de trabalho?
Nossa resposta é um triplo NÃO.
Primeiramente, em razão de não competir ao conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras, ou aos seus representantes institucionais, a satisfação argumentativa e concreta do interesse do capital, sobretudo em um contexto que já é de soterramento, em todos os seus sentidos, da vida pela mercadoria. O incremento de produtividade na atual ordem social capitalista só visa uma única finalidade: a promoção ainda maior do lucro obtido pelas classes proprietárias, por meio da apropriação de riquezas naturais e da intensificação da exploração do trabalho. Ou seja, uma ainda mais significativa sujeição das nossas vidas à socialização pelo mercado, que hoje tem na produção de supérfluos, na volatilidade dos “valores de uso” e na descartabilidade sua tônica fundamental.
Ademais, o aumento da produtividade pautado no empenho dos próprios trabalhadores – e não na recomposição de métodos organizacionais ou implementação técnica que intensifique a capacidade das forças produtivas – encontra uma contradição irresolúvel: é drenando nossas energias, limitadas e preciosíssimas no destinar de tantas dimensões de nossa vida, que esse “aumento de produtividade” se fiará.
A apologia à exaustão, ao adoecimento, ao limitar de nossas potências em um mundo extralaboral seguirão como marcas fundantes do processo de exploração. Mesmo que objetivamente as jornadas sejam menores, essas dinâmicas nocivas seguirão caso a produtividade seja mantida ou aumentada.
Se há, todavia, uma intenção de mobilização desse argumento para convencer setores patronais, há de se convir que compete não a nós, mas aos arautos dos próprios proprietários, conscientes dessas pretensas benesses, fazê-lo. Esta mediação pode ter alguma serventia em debates públicos travados no âmbito parlamentar ou na interlocução patronal, todavia reclama ser pautada por sujeitos outros, que não os porta-vozes de nossa própria classe.
Em segundo lugar, a ideia de incremento de produtividade é, em si, base de sustentação à lógica produtivista que leva hoje o mundo a um colapso climático. O produtivismo, que tem seu principal vetor a organização social pautada pelos interesses e finalidades da mercadoria, alcança todos os desenhos relacionais que nos últimos séculos se vivenciaram sob o capitalismo, lançando de mesmo modo seus tentáculos nas malfadadas experiências pós-revolucionárias do século XX – naquilo que Daniel Bensaïd chamou de “socialismo realmente inexistente”. Estas, após experienciarem suas degenerações contrarrevolucionárias, pautadas em uma perspectiva de crescimento econômico burocraticamente controlado e sem distribuição da riqueza social, evidenciaram seus limites. A nós cabe percebê-los como lições de como não impulsionar nossas lutas e construções, afirmando, ao contrário, um horizonte ecossocialista.
A “produtividade” reveste os discursos que buscam justificar a predação natural e do trabalho posta pelo neoextrativismo em todas as suas dimensões. O exemplificam o uso de veneno e fertilizantes artificiais para a produção do agronegócio, a informatização e virtualização de nossas vidas, ensejando crescentes ondas de desemprego e sub-empregabilidade, dentre outras mazelas.
Hoje, a tônica hegemônica de (des)organização da vida pautada pelo capital contamina – ideológica e materialmente – o conjunto de nossa classe, ao apontar que nossa realização pessoal se efetiva pela aquisição de bens materiais. A lógica retroalimenta o imperativo da produção mercantil pela própria produção, sem que a efetiva atenção aos bens indispensáveis a uma boa vida seja conferida à população trabalhadora como um todo.
Impor a esta tônica um freio é nossa tarefa fundamental. E isso não passa pela corrosão da capacidade de acesso a bens materiais por parte da classe trabalhadora.
Assim, por fim, é preciso ter em conta que a redução da jornada com manutenção de salários é o principal elemento para minoração do poderio econômico das classes proprietárias, sobretudo de suas frações que diretamente encontram na extração do mais-valor sua abjeta sustentação. Sequer precisamos recorrer às importantes formulações que se voltam ao trato do mais-valor absoluto, trabalhado por Marx a partir da seção III de seu O Capital, e suas derivações diretas, que passam pelo trato do mais-valor relativo na seção subsequente. Basta a nós perceber que, em um quadro de coisas que perdura, sendo o mesmo o quinhão percebido pelos trabalhadores e trabalhadoras na partilha da riqueza social, sem que se produza o mesmo, nossa posição relativa enquanto classe se favorece. Ou ainda, para que seja produzido o mesmo, mais trabalhadores e trabalhadoras deverão ser contratados, majorando nossa participação nessa mesma partilha e reduzindo a desocupação endêmica hoje existente.
Não há uma “necessária” situação de que para a redução da jornada se efetive com benefícios a toda sociedade, inclusive às classes proprietárias.
Tudo isso se coloca na necessidade de que percebamos que, enfim, o conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras no Brasil se engaja em uma luta progressiva, e não apenas de contenção de agendas regressivas que lhe são impostas. Daí reconhecer, plenamente, que esta medida nos trará favor é indispensável.
Demanda transicional e o “reino da liberdade”
A redução da jornada de trabalho é reforma indispensável, tática e potencializadora do processo de auto-organização da classe trabalhadora. Mas não basta por si só. Assumi-la como parte constitutiva de uma agenda de outras lutas é fundamental, amarrando-se a embates com vistas à construção de efetivos tempos «livres» aos trabalhadores e trabalhadoras.
O modo como o tema assumiu os horizontes de vida de milhões de brasileiros coloca o quanto a pauta, já há muito assim abordada em seus aspectos de fundo, tem um caráter transicional. A síntese de enfrentamento à “escala 6×1” mostrou a eloquência necessária para, qual rastilho de pólvora, tomar explosivamente o conjunto da população brasileira.
Ela é, todavia – qual Marx pronunciou e tão bem debateu Michael Löwy, inicialmente só[2] e posteriormente com Olivier Besancenot[3] –, a porta de saída do “reino da necessidade” e o abrir para o “reino da liberdade”?
Por certo é sua principal fissura. Mas compete a essa demanda uma articulação mais ampla capaz de conferir sentidos políticos ainda mais profundos a essa reivindicação histórica.
Passa, por um lado, pela combinação da redução da jornada e a revogação de outras tantas contrarreformas trabalhistas que se deram no último período e que possibilitam, juridicamente, jornadas aviltantes, seja pelo próprio referendar legal, seja pela negociação coletiva ou individual, ainda em alguma medida “tolerada” pela redação proposta à mudança constitucional hoje proposta.
É bem sabido, para ficar em um único exemplo, que a normalização da jornada 12×36 se constituiu um ataque sem precedentes a diversos segmentos da classe trabalhadora, estendendo tal prática tão comum a algumas frações da classe – trabalhadores da vigilância, saúde, segurança, asseio etc. – a outros tantos setores. Esses trabalhadores e trabalhadoras, a rigor, já gozam de 3 a 4 dias de folga na semana, mas cumprem jornadas descomunais nos demais dias. Isso quando não conjugam, pela própria natureza de trabalho, dois vínculos em mesma escala, trabalhando em um ritmo alternado que não lhes possibilita sequer um dia de descanso semanal para gozar de uma renda minimamente digna para si e para os seus.
Outro aspecto passa pela luta por tempos livres de efetiva qualidade. Um primado que nos guia, enquanto ecossocialistas, é a desconsideração da lida com a vida a partir de elementos meramente quantitativos – quais os postos pela métrica cartesiana do capital –, para que possamos incidir diretamente em aspectos qualitativos de nossa existência. Desse modo, o embate ao enredar da indústria cultural nociva à plenipotência de nossos seres, do entorpecimento de nossas aberturas sensíveis, da homogeneização pasteurizada dos desejos e das vidas, da interdição de nossos momentos de gozo pleno das individualidades e diferenças por meio de atividades de descanso, lúdicas, estéticas, recreativas e eróticas, conforme o desejo de quem convém, é tão importante quanto a ampliação do número de horas livres do trabalho por dia e semana.
Mais horas fora do trabalho não podem se compatibilizar com tantas horas de transporte entre a residência e o labor. Ou pelo deleite estético marcado exclusivamente pelo compasso do mercado. Ou ainda com ambições de vida mediadas pelo jogo do tigrinho.
Daí que a redução da jornada de trabalho deve ser necessariamente o plantar de um novo horizonte de existência da humanidade, radicalmente humanista, socialista e harmônico com o restante da natureza.
A lei e a realidade
Entre a lei e a realidade, há um abismo. E esse se preenche – e só poderá se preencher – pela política.
O embate hoje colocado tem uma mediação institucional e normativa explícita: estamos a tratar de uma disputa pela alteração do texto Constitucional naquilo que alcança a jornada normal de trabalho. E a textualidade normativa pode se alterar, podemos ter uma vitória importante com a alteração da redação do texto que segue desde o processo Constituinte originário inalterado, mas de nada nos servirá se este não se reverter em uma inflexão concreta na vida da classe trabalhadora.
E a garantia para que isso ocorra é integralmente política.

O texto normativo não é, e jamais poderia ser, autossuficiente e determinante da realidade social pelas suas próprias forças e expressões.

Não é e nem poderá ser autoexecutável.

A história de nossa classe é pródiga em exemplos, e a preocupação não é recente: resgatemos a memória, esse novembro ainda mais vivaz, das apostas dos trabalhadores e trabalhadoras da CSN em 1988, que, amparados no recém aprovado texto Constitucional, levantaram-se em greve e tiveram como resposta às suas mobilizações, já na então recém-nascida Nova República, a ação do Exército Brasileiro, responsável pelo assassinato por coronhadas e fuzilamento de três operários.

A conquista no plano jurídico é fundamental, importante, e pode cumprir um papel tático, caso assim mobilizada pelos trabalhadores e trabalhadoras. Ela cristaliza um estágio da correlação de forças e de uma esperada “normalidade” dentro da ordem social do capital. Ela pode e deve ser alicerce para novos referenciais protetivos ao conjunto da classe, mas não pode ser percebida enquanto meta final, objetivo último, conquista que traga qualquer suficiência aos nossos interesses enquanto classe.

Jornada mínima, jornada máxima: contradições do trabalho por tarefa e plataformização do trabalho

É bem-sucedido o texto do camarada Afrânio no que se refere à denúncia de diversos aspectos que envolvem o trabalho sob plataformas[2]. Fato é que, muito embora não hegemônica na contemporaneidade, a exploração do trabalho nestas condições expressa um avanço crescente e tendencialmente dominante sobre as demais formas de organização do trabalho na contemporaneidade.

Isso traz consigo alguns pontos que reclamam nossa atenção: o debate todo da “escala 6×1” só tem aplicabilidade ao componente CLTizado da classe que se assalaria, parcela esta que, dados os marcos de precarização e uberização – ou “ifooderização”, como ouvi certa vez e me pareceu ainda mais eloquente – do trabalho, mostra-se cada vez mais diminuta, ao menos proporcionalmente, no conjunto da classe trabalhadora, especialmente em países como o Brasil, já marcados pela informalidade.

Os dilemas postos a essa parcela da classe ultraprecarizada acabam sendo outros: a garantia de uma jornada mínima para trabalhadores intermitentes, de direitos mínimos para o descanso a quem trabalha por tarefa – condição formal do assalariamento da massa maioria dos plataformizados – e salvaguarda de pagamento de salário mínimo adequado pelo trabalho em uma jornada minimamente humana. Tais questões se abrem como desafios que, do mesmo modo, temos que articular com o tão importante embate pela redução da jornada de trabalho.

Novos sujeitos em luta e revitalização do movimento sindical, ou QUEM TEM MEDO DO VAT?

O despontar do VAT enquanto movimento social coloca na ordem do dia o recobrar de uma velha constatação: o movimento sindical – forma por excelência que os trabalhadores e trabalhadoras encontraram para promover seus interesses no seio da ordem social capitalista – é um movimento social. E mais: um movimento social irredutível ao sindicato enquanto instituição, independendo da sua existência – ainda que se potencialize no seu conformar, desde que amparado em premissas de liberdade, autonomia, independência e democracia classistas.

A cisão entre “velhos” e “novos” movimentos sociais, tão cara ao academicismo pós-moderno e aos desamparados da experiência histórica, tomba por terra ante a constatação daquilo que irrompe longe do que a ossificação do sindicato de Estado no nosso país, e que traz consigo inúmeros reclamos tão radicais da luta histórica do movimento sindical, seja de fato algo de muito “velho”.
Ainda que protagonizado por jovens, negros e negras, LGBTs, ocupantes dos postos de trabalho mais precários – mas ainda assim CLTizados -, o movimento por certo tira da zona de conforto alguns setores de uma esquerda que se esforça em gastar suas energias se digladiando com a realidade. Foram eloquentes alguns discursos de “dirigentes” sindicais e partidários que, em ilegítimo sinal de desconfiança, colocaram reticência quanto ao processo, suas lideranças, em patética disposição demarcatória para disputa de protagonismos.
Afinal, quem tem medo do VAT? São aqueles que, por certo descolados da classe e engessados em certa modelagem institucionalista e burocrática do fazer sindical, operam na desconfiança em detrimento da esperança e do estímulo diante dos exercícios de criatividade e ebulição de nossa classe.
Como tudo que brota nessa ordem, também o VAT não é isento de contradições. Vemos, porém, seu processo organizativo com grandes esperanças quanto à recolocação de pautas classistas, ofensivas, que não se dissociam de demandas antirracistas, feministas, antilgbtfóbicas, anticapacitistas e, qual reclamamos, radicalmente ecológicas em sua conformação.

O tema não é “onda que passou”, como disse deputado bolsonarista, sobrinho de um dos maiores crápulas do período ditatorial empresarial-militar[4]. É dever do movimento sindical classista, autônomo e independente, se somar a estas lutas, que não são apenas de uma fração ou segmento dos trabalhadores e trabalhadoras, mas de toda a nossa classe.

[1]  CNN. Escala 6×1 tira o direito de ter uma vida com qualidade, diz Boulos. Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br/politica/escala-6×1-tira-o-direito-de-ter-uma-vida-com-qualidade-diz-boulos/

BRASIL DE FATO. Erika Hilton: ato pelo fim da escala 6×1 mostra que país ‘precisa avançar em uma escala mais humana’ Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=U_1CqHMKnGc

BRASIL DE FATO. Redução de jornada aumenta produtividade e beneficia também as empresas, diz Sâmia Bomfim sobre PEC do fim da escala 6×1. Disponível em: https://www.brasildefato.com.br/2024/11/12/reducao-de-jornada-aumenta-produtividade-e-beneficia-tambem-as-empresas-diz-samia-bomfim-sobre-pec-do-fim-da-escala-6×1

[2] A redução da jornada de trabalho é a condição do reino da liberdade», em LÖWY, Michael. A teoria da revolução no jovem Marx. 2a ed.. São Paulo: Boitempo, 2012.

[3] La journée de travail ou le “règne de la liberté”. Paris: Fayard, 2018.

[4] https://bsbaltafrequencia.com.br/politica/pec-6×1-foi-onde-passou-avalia-presidente-da-fpe-34137/

https://www.insurgenciard.org/post/fim-da-escala-6×1-e-antiprodutivismo-ecossocialista

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