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Las empleadas de casas particulares quedaron fuera de la «Promoción del trabajo registrado»

La Ley Bases implica muchos ataques al pueblo trabajador. Pero hay un punto en particular que muestra la saña del Gobierno con las trabajadoras más precarias.

 

Las empleadas de casas particulares ya habían sufrido una primera agresión: el DNU 70/23 deroga el artículo 50 de la Ley de empleo doméstico, que estipula la indemnización agravada en caso de registración deficiente o falta de registración. Hoy ese capítulo está suspendido por la justicia. Pero Milei insiste. Ahora quedaron afuera del capítulo “Promoción del trabajo registrado”, que se reglamentó a fines del mes anterior.

 

Según denunciaron desde la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp), el decreto reglamentario “incorpora esa exclusión que no figura en la ley, dejando fuera de la posibilidad de regularización laboral al sector más afectado por la informalidad”.

 

El Decreto 847/2024 permite la regularización de “relaciones laborales no registradas o deficientemente registradas” hasta el 31 de julio de 2024, aunque con un sesgo que favorece a los empleadores, que ven condonadas o reducida las infracciones. El reconocimiento es limitado a solo 60 meses de servicios con aportes, calculados en base al salario mínimo vital y móvil (SMVM), y deja afuera el cálculo para el haber previsional.

 

Pero para las empleadas ni siquiera habrá ese limitado mecanismo. Según el artículo 8 del decreto, quedan excluidas. Y no es porque el gobierno les permite seguir litigando legalmente “sin límites”. Lo que quiere, como adelantó con el DNU, es hundirlas en la informalidad eterna.

 

Se trata de más de 1,7 millones de empleadas y empleados domésticos, pero el 97% son mujeres. Y solo un 30% está registrado.

 

Más allá de las denuncias, los gremios que representan al sector ante las Cámaras patronales no hacen nada para organizar esa fuerza y terminar con tanta precarización.

 

Las trabajadoras de casas particulares perdieron 18% de salario real en la era Milei

 

Se calcula que en el país hay aproximadamente 2 millones de trabajadoras de casas particulares, uno de los tantos empleos feminizados donde la precarización laboral y los bajos sueldos son la ley.

 

A partir de la era Milei, el periodista económico Ismael Bermúdez calcula que este sector perdió un 18% de salario real, contemplando la devaluación de diciembre de 2023. Tras los últimos aumentos que recibieron acumulan en 9 meses una suba salarial de 99,8% contra una inflación estimada para el mismo período de 143.8%.

 

A junio de este año una trabajadora que presta servicio por tareas generales (limpieza, lavado, cocina, entre otros) tuvo un sueldo básico con retiro de $ 284.794. Ese mismo mes la canasta de indigencia calculada por el INDEC para un grupo familiar de tres personas fue de $313.128 y la de pobreza (que no incluye el costo de alquilar) $695.144.

 

Los aumentos salariales se fijan en la Comisión Nacional de Trabajo de Casas Particulares, compuesta por representantes de las trabajadoras, de los empleadores, el ministerio de Economía y del ministerio de Capital Humano. El gobierno lleva adelante la misma postura que respecto a las jubilaciones o los salarios de los estatales donde toma la decisión directamente: que sigan perdiendo contra la inflación. La pérdida de poder adquisitivo del sector no es nueva, viene de arrastre de sucesivos gobiernos que fijaron aumentos llevando el salario a este piso.

 

Una progresión similar se observa al analizar el nivel de trabajo registrado del sector, particularmente desde el gobierno del Frente de Todos cuando comenzó a crecer la informalidad. Según analiza Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA-Autónoma: “Las trabajadoras en casas particulares siguen siendo las más afectadas por el deterioro del mercado formal de fuerza de trabajo. Ya no hay piso para el sector. La caída es ininterrumpida desde principios de 2020. Desde entonces se perdieron 52.743 puestos de trabajo (10,5%)”.

 

Una realidad que muestra un denominador común en aquellas mujeres que trabajan en la salud o la educación, donde son mayoría, o aquellas titulares de planes sociales que cobran montos de miseria que alcanzan para poco y nada. Sobre sus espaldas recae todo el ajuste y la crisis social que profundiza La Libertad Avanza, mientras desde la CGT siguen sin anunciar medidas de fuerza con el peso de la crisis sintiéndose más día a día.

 

“Tenemos que debatir, sacar conclusiones y organizarnos para volver a poner en pie el movimiento feminista sobre nuevas bases” plantea Andrea D’Atri, fundadora de Pan y Rosas y legisladora electa en CABA, a propósito de los debates que se entrecruzan estos días. Con la perspectiva de desarrollar la organización de cara del 37º Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidad Sexual que será en Jujuy. Planteando así la necesidad de construir un movimiento de mujeres independiente políticamente de los Estados y partidos de gobierno, que recupere esa potencialidad que demostró en las calles en la perspectiva de enfrentar el ajuste voraz de Milei y todos sus cómplices, cuestionando el sometimiento al FMI y sacando conclusiones del derrumbe político y moral de un peronismo que busca recomponerse de la mano del Papa.

 

Salarios de niñeras y cuidadores de adultos en septiembre de 2024

 

Martín Martínez

 

Las niñeras y cuidadores de adultos verán reflejado en sus salarios un incremento del 4% a partir de septiembre, según lo establecido en el último acuerdo paritario para los trabajadores de este sector. Este aumento corresponde a la labor realizada en el mes de agosto y se suma al aumento del 8,5% que se aplicó en julio, generando así un efecto acumulativo en sus remuneraciones.

 

Detalles del Acuerdo Paritario

 

El acuerdo fue ratificado por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares y la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp), sindicato que representa a los trabajadores del sector. Aunque el Gobierno aún no ha oficializado el acuerdo, el sitio oficial de la Upacp ya ha actualizado las cifras por categoría y modalidad de trabajo.

 

Impacto en los Salarios de Niñeras y Cuidadores

 

Este ajuste salarial afecta a las personas que se desempeñan como niñeras y cuidadores de adultos, quienes se encuentran en la cuarta categoría de empleados de casas particulares, realizando tareas de asistencia y cuidado no terapéutico. Esto incluye el cuidado de personas enfermas, con discapacidad, niños, adolescentes y adultos mayores.

 

Sueldo por Hora en Septiembre 2024

 

Las personas que trabajan en casas particulares y están contratadas por horas o por jornada recibirán los siguientes montos en concepto de salario por hora, tomando como referencia los valores actualizados hasta agosto:

 

· Por hora con retiro: $2825

 

· Por hora sin retiro: $3159

 

Estos valores son aplicables para quienes laboran menos de 24 horas semanales para un mismo empleador.

 

Sueldo Mensual en Septiembre 2024

 

Para aquellos empleados que operan bajo un esquema mensual, las remuneraciones correspondientes al trabajo realizado en agosto serán:

 

· Mensual con retiro: $357.350

 

· Mensual sin retiro: $398.229

 

Las cantidades mencionadas están destinadas a los trabajadores bajo el régimen establecido por la ley N° 26.844 y son aplicables a quienes laboran 24 o más horas semanales para un mismo empleador, calculándose de forma proporcional según las horas efectivamente trabajadas.

 

Consideraciones Adicionales sobre el Salario

 

Es relevante señalar que los montos mencionados corresponden exclusivamente al salario, por lo que el empleador tiene la obligación de abonar también otros conceptos tales como antigüedad, aportes jubilatorios y obra social.

 

Cálculo de la Antigüedad del Servicio Doméstico

 

Para determinar el monto que corresponde a la antigüedad de los empleados, se deberá calcular el 1% por cada año trabajado, considerando la antigüedad desde el 1° de septiembre de 2020, sin efecto retroactivo.

 

Es importante que este pago adicional se estime como un nuevo ítem en los recibos de sueldo, facilitando así su identificación para los trabajadores del servicio doméstico.

 

22 de julio: Día Internacional del Trabajo Doméstico

 

El 22 de julio se conmemora el Día Internacional del Trabajo Doméstico, una fecha proclamada en el Segundo Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe en 1983. Este día tiene como objetivo principal reconocer y visibilizar la labor que millones de mujeres realizan en los hogares.

 

La realidad del trabajo no remunerado

 

El trabajo no remunerado incluye tanto el trabajo doméstico como el trabajo de cuidado a miembros del hogar, apoyo a otros hogares o trabajo voluntario. Según la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo de 2021 del INDEC, el 92,7% de las mujeres realizan estas tareas no remuneradas. En el caso de los hombres, este porcentaje desciende al 75,9%.

 

¿Qué son las tareas de cuidado o trabajo doméstico?

 

Las tareas de cuidado se definen como el conjunto de actividades destinadas a satisfacer las necesidades básicas para la existencia y el desarrollo de las personas (CEPAL, 2012). Esto incluye:

 

Cuidado personal y directo de otras personas.

 

Provisión de precondiciones para que estas tareas se realicen (como la compra de alimentos, insumos de botiquín o útiles escolares).

 

· Gestión y organización de dichas tareas, como cocinar, ayudar en actividades escolares, y administrar el tiempo de las mismas.

 

El trabajo doméstico y las tareas de cuidado son fundamentales para el funcionamiento de cualquier sociedad. A pesar de su importancia, estas labores a menudo no son reconocidas ni valoradas adecuadamente, lo que genera desigualdad de género y desequilibrios económicos.

 

Celebrar el Día Internacional del Trabajo Doméstico es una oportunidad para reflexionar sobre la equidad y la necesidad de políticas públicas que reconozcan y apoyen a quienes realizan estas tareas esenciales.

 

¿Por qué es clave desde los feminismos abordar el trabajo del hogar remunerado?

 

Por Juliana Díaz Lozano

 

En América Latina y el Caribe, entre 11,5 y 18,6 millones de personas se dedican al trabajo doméstico remunerado, de las cuales el 93% son mujeres. El trabajo doméstico supone en promedio entre el 10,5% y 14,3% del empleo de las mujeres en la región, lo que significa que una parte importante de la población activa, especialmente feminizada, lo hace en condiciones precarias y sin acceso a la protección social. Al mismo tiempo, en cuanto al peso de las personas migrantes dentro del sector de trabajo doméstico, las estimaciones de la OIT señalan que un 17,2% de las personas ocupadas como trabajadoras domésticas son migrantes, siendo un 73,4% de ellas mujeres (ONU-OIT-CEPAL, 2020).

 

Estas cifras dan cuenta de la importancia cuantitativa del sector dentro del empleo femenino, feminizado y racializado. Si bien, entonces, la relevancia numérica del sector es indudable, esto no se ha traducido en mejoras sustantivas en la adquisición masiva de derechos. Aunque el Convenio 189 de la OIT ha sido un logro en términos del reconocimiento global de derechos para el sector, -jornadas laborales razonables, condiciones de empleo y coberturas sociales básicas-, no todos los países lo han ratificado, y aún en los casos en los que lo han hecho, no siempre eso ha redundado en mejoras concretas para las trabajadoras. Un balance a diez años del Convenio en diversos países puede consultarse aquí. En la práctica, en el mundo, el 90 % de las trabajadoras no tiene prestaciones de seguridad social, el 50 % no llega al salario mínimo, y otro 50 % sin protección contra la extensión de la jornada laboral. En América Latina las TDCR perciben ingresos inferiores a las mujeres ocupadas en otras categorías laborales (Torres, 2023).

 

Por otra parte, y más allá del subregistro que padece la actividad, la OIT reconoce que el aporte de este trabajo al producto bruto de los países de América Latina ronda entre el 15% al 24%. Sin embargo, la importancia del sector para la economía y para el sostén social, no redunda necesariamente en la visibilización de estas trabajadoras en la sociedad, lo que las perjudica a la hora de dar sus luchas. Esto también se verifica dentro de los sindicatos y otros movimientos sociales más amplios, donde padecen una segregación de sus demandas y sus capacidades políticas (Martínez Prado, 2014). Esto se conjuga con la particular naturaleza de este trabajo que ocurre en ámbitos privados y aislados, con diversos empleadores, con regímenes muy variantes y escasa disposición para tiempos propios de las trabajadoras, ya sea para la educación, para ocuparse de la salud y la de sus familiares y para organizarse colectivamente.

 

Además de tener una posición lateral dentro de los sindicatos y movimientos sociales y populares, algo similar ocurre con el movimiento de mujeres y feminista, incluso en los llamados feminismos anticapitalistas. Si bien durante los 70 estas perspectivas dentro de los feminismos pusieron en escena la importancia de los trabajos del hogar remunerados (Pérez, 2015), estos han perdido centralidad en las preocupaciones actuales. En lo que va del siglo, la economía feminista, junto con otras disciplinas y bajo el impulso de los aprendizajes de la lucha cotidiana, logró posicionar conocimientos y demandas en relación a los cuidados, fundamentar la necesidad de las huelgas internacionales de los 8M, redefinir la propia noción de trabajos, ampliándola. Al mismo tiempo, se desplazó la división entre trabajo reproductivo y productivo, cuestionando la noción neoclásica de que la producción de mercancías movía el mundo y posicionando que las labores que sostienen la reproducción social son poco reconocidas, permanentes, no están pagas y están mal repartidas. Se demostró que la gestión, la desigual distribución clasista, racista y patriarcal de los cuidados sostiene otras desigualdades estructurales (Pérez Orozco, 2014).

 

A pesar de este énfasis que ponen los feminismos sobre los cuidados no reconocidos que sostienen el mundo, solo en honrosas excepciones posicionan con la misma centralidad las demandas de las trabajadoras del hogar asalariadas dentro de las demandas generales feministas. Salvo en fechas o casos puntuales, las organizaciones feministas y las de trabajadoras del hogar funcionan como dos sujetos separados, que enfocan el tema cuidados desde ópticas diferentes y fragmentadas. Esta distancia refuerza, a su vez, la debilidad del sector de asalariadas del hogar dentro de las organizaciones sindicales y en general perjudica las posibilidades de imponer demandas hacia el estado y empleadorxs.

 

Ahora bien, ¿a qué se debe este desencuentro bastante generalizado? Según la investigadora Martínez Prado (2014), una de las dificultades en la articulación entre feministas y trabajadoras domésticas deviene de la ambigua relación que el feminismo ha tenido con la “valoración” del “trabajo doméstico”. Esto se debe, según la autora a la contradicción no resuelta entre la valoración del trabajo doméstico en general, y la búsqueda de su abolición. Según la autora, la disyuntiva para las feministas es la siguiente: si se acompaña a las trabajadoras del hogar en la lucha por mejores condiciones laborales, dejando intactas las relaciones de género sobre las que descansa la asignación de este trabajo a las mujeres, no se cuestiona la dominación masculina que dispone la distribución de dicho trabajo entre mujeres. Pero, por otra parte, si se ataca al trabajo doméstico por las relaciones de opresión que origina, se termina atacando la fuente laboral femenina más importante de la región y debilitando la lucha por derechos. Quizás, esta disyuntiva tenga alguna similitud con el debate mucho más visible y encarnizado en torno a la prostitución/trabajo sexual, que no se desarrollará aquí.

 

A su vez, volviendo al trabajo del hogar remunerado, desde algunos sectores de los feminismos se critica a esta labor como la que garantiza privilegios de unas mujeres – quienes pueden pagar los cuidados-, sobre otras, las que cuidan y al decir de Nancy Fraser (en Gimeno, 2019) no tienen quién las cuide. Este dilema es inseparable de la imbricación de las relaciones de género con las de clase y raza. Efectivamente las que cuidan son en su mayoría mujeres y feminidades racializadas, pobres, del sur. Y, en gran medida, lejos de liberar a otras mujeres de sus quehaceres, resuelven los cuidados abandonados por los varones en las familias y comunidades (ídem, 2019), por lo que la división del trabajo se refuerza, descansando sobre mujeres pobres con dobles y triples jornadas laborales. Si bien la disyuntiva aquí planteada parece generalizada, pueden reconocerse algunas experiencias de articulación no sólo de luchas concretas, sino también de elaboraciones conceptuales.

 

Por ejemplo, en muchos países, los procesos de convocatoria a huelgas feministas para el 8 de marzo con el eje central de visibilizar y parar los múltiples trabajos de cuidados, ha tenido el protagonismo de las organizaciones y sindicatos de TdH. En Chile, por ejemplo, los llamados a huelga feminista en el año 2019 incluyeron como protagonistas a las trabajadoras del hogar, quienes, como parte de un comité sindicalista dentro del movimiento feminista, generaron formas creativas de manifestarse, colgando delantales en la puerta de su lugar de trabajo cuando no podían parar (AAVV, 2021). Algo similar ha ocurrido con algunas propuestas feministas para la reorganización social de los cuidados, donde el trabajo del hogar y cuidados remunerado aparece junto al no remunerado como espacios interrelacionados económica y socialmente. Justamente, en juntar las luchas reivindicativas con lo político parece estar un camino fructífero para la unidad.

 

Rafaela Pimentel, referenta de Territorio Doméstico, una organización madrileña de trabajadoras del hogar en su mayoría migrantes latinoamericanas, acerca ambas posiciones. Afirma que la lucha del sector por derechos no puede desvincularse del proyecto de una reorganización general de los cuidados. En sus palabras:

 

“No solamente luchamos por los derechos laborales de las trabajadoras de hogar, sino que queremos una reorganización social de los cuidados. Queremos un sistema comunitario del cuidado. No queremos que a este sistema lo sigamos sosteniendo las trabajadoras de hogar pobres, migrantes y específicamente las mujeres, que somos las que estamos haciendo el cuidado de manera remunerada o gratuita en las casas” (Capire, 2022).

 

Además de ser parte activa en la organización de las huelgas feministas en Madrid, las trabajadoras del hogar lograron, según la referenta, instalar la lucha por la ratificación del convenio 189 de la OIT en España como parte de las demandas centrales feministas y de sectores migrantes latinoamericanos, lo que según ella permitió alcanzar el logro a mediados de 2022. En este caso específico, se enuncia la articulación de demandas de corto plazo vinculadas a derechos y de largo plazo como cambiar la organización y distribución capitalista, patriarcal y racista de los cuidados como estrategia para unificar al sujeto de lucha. En otras experiencias como la ya citada, del Comité Sindicalista 8 de Marzo en Chile, que agrupa trabajadoras del hogar y feministas, y la Red de Trabajadoras Domésticas de Honduras, también aparece el esfuerzo de hilar demandas a corto y largo plazo1. Esta politización de las luchas por derechos y su articulación con un horizonte de organización de cuidados anticapitalista y feminista se muestra imprescindible para romper la fragmentación.

 

Para retomar la pregunta del título, ¿Por qué es clave desde los feminismos abordar el trabajo del hogar remunerado? Por una parte, porque constituye uno de los empleos mayoritarios para las mujeres y feminidades en el mundo y el más importante en Latinoamérica. Por otra parte, porque luchar por los derechos de las trabajadoras del hogar nos permite cuestionar la desvalorización del trabajo doméstico y de cuidados y visibilizar su aporte económico a las sociedades. Al mismo tiempo, desde los feminismos es importante cuestionar la distribución racista y patriarcal de los cuidados ya sea remunerados o no remunerados, y pensar estrategias para su socialización y reorganización no sólo por género, sino su injusta distribución en el globo. En un marco donde las propuestas en torno al sector se emparentan con el sistema de Vouchers y otras formas de subsidio a empleadorxs, que poco tienen que ver con la mejora en las condiciones de vida de las trabajadoras, una mirada feminista es imprescindible. Propuestas como la de la Municipalización del trabajo del hogar remunerado, o la exigencia de sistemas integrales de cuidados feministas, pueden ser claves para unir la lucha por derechos con la organización de ciudades con la vida en el centro.

 

Por último, un feminismo anticapitalista solo es posible si incorpora en un lugar central la lucha de todas las trabajadoras, y entre ellas de las más precarias. Luchar juntas puede fortalecer también a las trabajadoras del hogar en sus posiciones dentro de sindicatos y movimientos mixtos, al tiempo que se construyen feminismos de izquierda donde todas y todes sean protagonistas.

 

1. Estas experiencias nombradas, junto a otras de Paraguay, Argentina, Alemania confluyen en un proyecto actualmente en curso para el fortalecimiento del sector en vínculo con los activismos feministas, desarrollado por el Programa de Feminismos Internacionalistas de la Fundación Rosa Luxemburgo.

 

Referencias bibliográficas:

 

AAVV (2021) ¡La huelga general feminista Va! Historias de un proceso en curso, Buenos Aires: Tiempo robado editoras. https://www.rosalux.de/en/beyond_c189 Capire (2022) https://capiremov.org/es/entrevista-es/rafaela-pimentel-las-trabajadoras-dehogar-estamos-articuladas-en-una-de-las-luchas-mas-potentes-en-espana/ Municipalización del trabajo del hogar remunerado Gimeno, Beatriz (2019) “¿Es compatible ser feminista y tener empleada doméstica?” en Diario Femenino. Disponible en https://diariofemenino.com.ar/df/es-compatible-ser-feminista-y-tenerempleada-domestica/ John, Maya (2023) “Beyond Private Power of Employers and Precarity. Why municipalizing paid domestic work will benefit everyone”. Policy Paper. Disponible en https://www.rosalux.de/en/publication/id/49798/beyond-private-power-of-employers-and precarity?fbclid=IwAR1wJ63RrXrKGidRCbgwlu4RaOcxGPkS__5mFvO3Xk7Hr5_xhmMFiF5I4i0 Martínez Prado (2014) Discursos Feministas sobre las Trabajadoras del Hogar. (Des) Articulaciones Políticas. publicada en Latin American Policy, Issue 5, n° 2, Pp.303-318. URL: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/lamp.12042/abstract ONU-OIT-CEPAL (2020) Trabajadoras remuneradas del hogar en América Latina y el Caribe frente a la crisis del Covid-19, disponible en https://oig.cepal.org/sites/default/files/trabajadoras_remuneradas_del_hogar_v11.06.20_1.pdf Pérez, Inés (2015) “Un ´régimen especial´ para el servicio doméstico. Tensiones entre lo laboral y lo familiar en la regulación del servicio doméstico en la Argentina, 1926-1956”, en El trabajo doméstico: entre regulaciones formales e informales. Miradas desde la historia y la sociología. Buenos Aires: Cuadernos del Ides. Disponible en https://static.ides.org.ar/archivo/www/2012/03/Cuadernos-del-IDES-N%C2%BA-30-Octubre 2015.pdf Pérez Orozco, Amaia (2014) Subversión feminista de la economía. Madrid: Traficantes de sueños. Torres, Aylin (2023) “Bordes, movilidades y ciudadanías. Notas sobre trabajo de cuidados y migraciones en América Latina”, en Torres Santana, Martínez y Muggenthaler (comp.) Y aquí estamos. Migraciones populares, trabajo y economías. Quito: Fundación Rosa Luxemburgo.

 

 

Las empleadas de casas particulares quedaron fuera de la «Promoción del trabajo registrado»

 

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Chile: Niñeces y adolescencias en un panorama desolador

Entre 2022 y 2023 un total de 2.184 niñas, niños y adolescentes fueron identificadas como víctimas de explotación sexual en Chile. Lo más grave es que dicha vulneración se da recurrentemente en quienes están bajo el cuidado del Estado.

Una nueva balacera ocurrida hace unas semanas en Bajos de Mena, zona sur poniente de Puente Alto y considerada el “gueto más grande de Chile”, dejó un saldo de tres hermanos afectados, uno fallecido de 17 años y dos de 11 y 13 años con heridas graves, aunque fuera de riesgo vital. Días después, un niño de 12 años asesina con un cuchillo a un adulto en Antofagasta y es declarado inimputable por el tribunal, regresando donde su abuela, quien es su tutora. El Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia en la región informa a los medios que él estaba en programas ambulatorios desde hace mucho tiempo, lo que explicaría en parte su comportamiento.

Estos dos casos son apenas una muestra de lo que están viviendo niñeces y adolescencias en nuestro país, en un Chile muy distinto al de nuestra generación donde no campeaba el crimen organizado ni el narcotráfico, este último ventana atractiva para este grupo etario, que ven una salida inmediata a su situación de pobreza y así emular a los líderes de las bandas -ropa cara, joyas, autos de alta gama, etc. -, logrando una satisfacción a corto plazo, la que en este escenario de criminalidad puede ser muy efímera, ya que la muerte está a la vuelta de la esquina literalmente.

Por si esto fuera poco, el informe “Explotación sexual contra niñas, niños y adolescentes: factores y caracterización en los últimos años”, del Observatorio de la Defensoría de la Niñez y elaborado con datos otorgados por el Ministerio Público, nos ratificó una realidad brutal y dolorosa, considerada una de las más graves formas de violencia sexual: entre 2022 y 2023 un total de 2.184 niñas, niños y adolescentes fueron identificadas como víctimas de explotación sexual por el Ministerio Público, incrementándose de un año a otro en un alarmante 29%. De esas más de dos mil víctimas, un 86% son niñas y adolescentes mujeres y el 64% tiene entre 14 a 17 años. Lo más grave es que dicha vulneración se da recurrentemente en niños, niñas y adolescentes bajo el cuidado del Estado.

Además, la violencia ejercida a este rango etario por sus cuidadores principales ha tenido un aumento en los últimos seis años, según los datos de la Segunda Encuesta Nacional de Polivictimización, pasando de un 35% en 2017 a 39% en 2023. El mismo estudio, a cargo de la Subsecretaría de Prevención del Delito, muestra un mayor incremento de la violencia sicológica, manifestada en insultos, pasando de un 28% en 2017 a 35% en 2023. Es decir, el panorama es desolador denotando un abandono del Estado y donde no vemos acciones concretas que apunten a que esto vaya a solucionarse en el corto plazo, pese a que la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Chile en agosto de 1990, y la Ley 21.430 sobre Garantías y Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, de 2022, establecen que el Estado debe contar con mecanismos que permitan protegerlos efectivamente de cualquier forma de violencia, entre otras obligaciones.

En julio pasado el Presidente Gabriel Boric lanzó la Política Nacional de la Niñez y Adolescencia 2024-2032, con su respectivo Plan de Acción, que busca cambiar esta brutal realidad. Para que esto ocurra deber haber un avance sostenido y con sentido de urgencia en la implementación de la Ley de Garantías y en el plan de seguridad del Gobierno con foco en ellos y ellas. No bastan las buenas intenciones, reyertas políticas y denuncias por la prensa. Evitar balaceras en poblaciones y situaciones de violencia no depende de uno o un par de organismos públicos, tampoco basta que el Estado en su conjunto se articule, sino que toda la ciudadanía debería estar detrás, desde la señora Juanita hasta el empresario exitoso, del artista a la ingeniera, de las policías hasta los civiles. Esto no es una entelequia, en la medida que la sociedad chilena se sensibilice con el tema; dicho de otro modo, que no pierda la capacidad de asombro frente a la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes.

Prevenir que esta violencia ocurra tiene un impacto positivo indiscutible en las relaciones familiares, barriales y educativas, por lo que mi invitación es a generar conversaciones, en espacios seguros y acogedores, que permitan abordar la convivencia, el cuidado mutuo, el trato respetuoso, el valor de la inclusión y aceptación de la diversidad de personas con las que se vinculan cotidianamente, y cómo resolver pacíficamente los conflictos a través del diálogo. Busquemos estrategias y mecanismos que permitan que se reencanten con su escuela o liceo, que vuelvan a reír y a bailar, devolviéndoles lo que les quitamos como adultos y adultas responsables: la esperanza de un presente donde no los volvemos a abandonar.

https://elpais.com/chile/2024-10-10/nineces-y-adolescencias-en-un-panorama-desolador.html

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China influye en Brasil a través de universidades

El mundo académico de Brasil se ve cada vez más amenazado por la influencia de China. En los últimos años, las principales instituciones de enseñanza superior del país, establecieron asociaciones con instituciones chinas a un ritmo cada vez mayor, como la Universidad Estatal de Campinas (Unicamp) y la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG). Los expertos advierten de los riesgos de este creciente poder blando utilizado por Pekín para promover el modelo chino.

“La influencia de China en las universidades brasileñas nunca ha sido mayor”, dijo a Diálogo el periodista Gabriel de Arruda Castro, editor del periódico brasileño Gazeta do Povo. “Obviamente, esto abre la puerta a la presencia de representantes de un régimen autoritario, lo que no ocurre cuando Brasil establece asociaciones académicas con países como Alemania o Francia”.

En enero de 2023, Castro publicó un artículo señalando la creciente influencia de China en las universidades brasileñas. “Desde entonces, esta influencia incluso ha aumentado”, afirma. “Instituciones como la Universidad de Brasilia (UnB) y la Universidad Federal de Santa María, firmaron otras asociaciones o reforzaron las que ya tenían [con instituciones chinas]”.

Aunque los acuerdos entre universidades brasileñas y extranjeras son habituales, Castro señala que estos países respetan la independencia y la autonomía académica de sus centros de enseñanza. Las universidades chinas, en cambio, están sometidas al estricto control del Gobierno de Pekín. “Desde el punto de vista del régimen chino, no tiene ningún sentido financiar ningún proyecto que pueda criticar al modelo chino”, afirma Castro.

Amenaza silenciosa en Brasil

El poder blando de China también crece en las universidades de todo el mundo. La diferencia es que en Brasil crece silenciosamente, mientras que en otros países está causando preocupación, dice Castro.

En Inglaterra, por ejemplo, un reciente documental de Channel 4 indica que las universidades sufren “la injerencia del Estado chino y la represión de disidentes en suelo inglés. Pekín apunta cada vez más a los campus universitarios para ejercer una fuerte influencia en todo el mundo”, afirma un informe de 2023 del laboratorio de ideas estadounidense Council on Foreign Relations.

En Brasil, en cambio, la influencia china crece sin trabas entre los muros universitarios, dice Castro. “No hay debate en Brasil sobre los riesgos de abrir las puertas, sin mucho cuidado, a un régimen que es autoritario y tiene la costumbre de promover el espionaje”, afirma Castro. “Nadie se preocupa por esto en Brasil”.

Instituto Confucio

Parte de la influencia china en las universidades brasileñas es inyectada a través de asociaciones con el Instituto Confucio, una organización vinculada al Ministerio de Educación chino, cuya misión oficial es difundir su cultura y su lengua.

Con sedes en más de 150 países, el Instituto afirma en su portal que las asociaciones están “basadas en los principios de respeto mutuo, consulta amistosa, igualdad y beneficio mutuo”. Pero la organización es criticada en varios países por socavar la libertad académica en las universidades que la acogen, participar en actividades de espionaje industrial y militar, y promover las opiniones del régimen chino en temas como Taiwán.

El 13 de agosto de 2020, el Departamento de Estado de los Estados Unidos designó al Instituto Confucio como “misión extranjera” de China, y señaló en un comunicado que “promueve la propaganda global de Pekín y su campaña de influencia maligna en las aulas. Los Institutos Confucio están financiados por la República Popular China y forman parte del aparato de propaganda e influencia global del Partido Comunista Chino”.

En 2023, la Oficina Federal Alemana para la Protección de la Constitución, calificó al Instituto Confucio como herramienta de influencia política. Afirmó en su informe anual que “Las actividades y formas de cooperación de China amenazan con socavar la libertad académica en el ámbito de la educación y la investigación”, publicó la agencia alemana de noticias Deutsche Welle.

Mientras tanto, en Brasil, el Instituto Confucio se extiende a gran velocidad. En la actualidad, 13 universidades brasileñas cuentan con filiales de la organización. La más reciente se creó en septiembre de 2023, en la Universidad Federal de Bahía (UFBA), mediante un acuerdo con la Universidad de Shanghai.

Según el sitio web de la UFBA, también hay filiales del Instituto Confucio en la Universidad Federal Fluminense, la Universidad Estatal Paulista, la Unicamp, la UNB, la UFMG, la Universidad Federal de Río Grande do Sul, la Universidad de Pernambuco, la Universidad Federal de Ceará, la Universidad Estatal de Pará (UEPA), la Fundación Armando Alvares Penteado, la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro y la Universidad Federal de Goiás.

Castro afirma que, por lo general, las asociaciones con el Instituto Confucio no implican que China envíe fondos directamente a las universidades. Pekín sólo paga a los profesores de mandarín en los espacios físicos existentes. De este modo, las universidades no se benefician económicamente de las asociaciones, pero sí de estrechar lazos con China.

“Obviamente, en estos casos no se cuestiona la visión oficial del régimen. Por tanto, la promoción de la cultura china se mezcla con la promoción del régimen chino”, afirma Castro. “En mi investigación no encontré ninguna perspectiva crítica de China”.

El resultado de estas asociaciones suele ser la exaltación del modelo chino en las universidades brasileñas. La Universidad Federal de Santa Catarina y la UEPA, por ejemplo, ofrecieron en los últimos años el curso en línea: China 1949-2025: de un país muy pobre a la mayor economía del mundo. El programa incluía temas como La ayuda rusa, 100 años del Partido Comunista Chino, El socialismo chino, y Becas en China, según los portales de las universidades.

Asociación tecnológica

La otra forma de influencia china en las universidades brasileñas son las asociaciones de innovación tecnológica en áreas como la agricultura. “Son áreas que requieren inversión financiera, y las universidades públicas brasileñas no siempre tienen esa capacidad. Así que China interviene ayudando a financiar laboratorios, por ejemplo, teniendo en cuenta la importancia de Brasil como exportador de materias primas agrícolas”, dice Castro.

En su opinión, estas iniciativas pueden entrañar un gran riesgo de espionaje. “Tal vez porque no es percibido como un adversario directo de China, Brasil tiene un poco menos de este aspecto [del espionaje]. Pero tal vez haya aquí un ‘espionaje blando’: saber dónde está Brasil en determinadas áreas de conocimiento, para luego utilizarlo como ventaja estratégica en una posible competencia en algún área o para ofrecer soluciones”, dice.

“Esto es más o menos lo que hacen en África por otros medios. Es decir, satisfacen la demanda local de forma pragmática al principio, pero hacen que estos países dependan cada vez más de China”, agrega Castro.

“Antes de entrar en asociaciones, incluidas las que implican recursos financieros, con regímenes extranjeros autoritarios como China, nuestros investigadores deberían ser un poco más cuidadosos. Lo mismo deberían hacer los gobiernos, que casi siempre son los mantenedores de estas universidades”, remarca Castro.

https://dialogo-americas.com/es/articles/china-influye-en-brasil-a-traves-de-universidades/

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Colapsa la educación en toda Argentina

La tensión entre las universidades públicas argentinas y el presidente Javier Milei se disparó el jueves con un paro de profesores y distintos actos de protesta por parte de los estudiantes de decenas de facultades en rechazo a la decisión oficial de vetar un incremento a los salarios docentes y los presupuestos de esas casas de estudio.

https://eldiariodecoahuila.com.mx/2024/10/11/colapsa-la-educacion-en-toda-argentina/

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Venezuela: Estado debe garantizar a adolescentes presos políticos su derecho a la educación, dice movimiento de docentes

Familiares de presos políticos a Lula: Debe interceder porque son personas inocentes.

“En cada pupitre faltará un muchacho, este nuevo año escolar”. La docente jubilada y fundadora del Movimiento de Educadores Simón Rodríguez (Mesr), Raquel Figueroa, denunció este jueves, 10 de octubre, la ausencia total de atención educativa en el sistema carcelario venezolano, sobre todo en atención a los más de 150 adolescentes convertidos en presos políticos luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio, de los cuales se mantienen 70 tras las rejas según la cuenta de la ONG Foro Penal.

Figueroa detalla que a todas las violaciones a derechos en el caso de los jóvenes y, particularmente en el caso de los adolescentes, se le suma la suspensión de facto del derecho a la educación, contemplada en la Lopnna, en la Ley Orgánica de Educación y en la propia Constitución, incluso en los casos de jóvenes y NNA que viven un proceso penal.

“El ministro de Educación, en lugar de pedirle a los jubilados que atiendan la grave crisis de docentes que ellos crearon, al destruir la carrera docente, debería presentar un plan para atender educacionalmente no solo a los chamos presos políticos a quienes les están violando sus derechos, sino a toda la población joven que está encarcelada en Venezuela”, sentenció.

Leyes que no se cumplen

“Esos niños y niñas han sido sometidos a vejámenes como los descritos por Cecodap: negación de defensa, precalificación de delitos, estigmatización, tratos inhumanos y crueles, violación al debido proceso, un juicio preferencial establecido por jueces de infancia que la propia ley establece. Es muy larga la lista de violaciones. Pero a esto se le suma uno de los tres pilares del Sistema de Protección venezolano: el derecho a la Educación”, detalló la dirigente magisterial.

El artículo 103 de la Constitución nacional establece por ley la garantía de “igual atención a las personas con necesidades especiales o con discapacidad y a quienes se encuentren privados o privadas de su libertad o carezcan de condiciones básicas para su incorporación y permanencia en el sistema educativo”.

Pero en el caso de los niños, niñas y adolescentes, el artículo 53 de la Lopnna, que es la ley que corresponde aplicar en casos como los señalados por el Gobierno, se establece que “los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho a la educación gratuita y obligatoria, garantizándoles las oportunidades y las condiciones para que tal derecho se cumpla, cercano a su residencia, aun cuando estén cumpliendo medida socioeducativa en el Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente”.

Para la dirigente magisterial, “esto determina la plena responsabilidad del Estado en materia de garantía del derecho a la educación en el caso de los adolescentes presos políticos”.

Campaña por adolescentes presos políticos

El MESR propone que familiares, ONG de DDHH, abogados y la sociedad venezolana, acompañen la lucha por la libertad de NNA y jóvenes en general, con la exigencia del derecho a la educación. “Incluso, estamos evaluando la posibilidad de organizar a un grupo de maestros en los estados donde encarcelaron estos chamos, para ir a atender de alguna forma su proceso educativo, evaluar su situación y sistematizar alguna medida junto a las familias, para que los adolescentes que padecen esta situación puedan tener, en alguna medida, atención en materia educativa”.

A propósito de esta iniciativa, Pedro García, presidente de la asociación de docentes jubilados de Caracas, denuncia que la solicitud que les ha hecho el nuevo Ministro de Educación a los jubilados es un “falso acto de solidaridad. Es preferible dirigir nuestra solidaridad a atender a estos NNA presos, que están siendo víctimas de varias violaciones de derechos y están en una situación crítica, sumamente vulnerable”.

“Nos pagan una miseria, nos robaron nuestra jubilación y nuestros ahorros, nos piden ahora que volvamos a trabajar con la miseria que pagan y luego de haber cumplido plenamente nuestra vida laboral y merecer hoy un descanso que, con la asignación que nos dan, no podemos tener. Y quieren ahora pedirnos un sacrificio. Eso es cínico”, denunció García, dirigente y cofundador del Mers. “Un acto de solidaridad haría yo por esos niños, que son la población más vulnerable en este momento en el país”, dijo.

Proceso penal de adolescentes es distinto

García detalló que de acuerdo a la ley venezolana, un adolescente a partir de los 14 años es responsable por los actos que cometa. Pero el proceso penal es, por ley, distinto al de los adultos. “La ley indica que la pena debe conducir a la reparación del daño causado y a la educación del adolescente sobre las consecuencias de sus actos”, precisa el maestro.

“Lo que se debe garantizar, suponiendo que fuesen culpables en el peor supuesto negado, es un proceso educativo que brinde desarrollo, conciencia y capacidad social de reparar el daño que supuestamente causaron a la sociedad. Pero en este caso, yo siento más bien que ellos estaban defendiendo el derecho de todos los que votamos el 28 de julio. Más bien esos chamos son unos héroes y así debemos considerarlos”, finalizó.

Estado debe garantizar a adolescentes presos políticos su derecho a la educación, dice movimiento de docentes

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Colombia ¿Por qué más del 75 % de los educadores aprobaron la evaluación de ascenso y reubicación salarial de 2024?

En 2024, más de 79.000 docentes aprobaron la evaluación de ascenso o reubicación salarial, proceso que refleja la labor diaria y los conocimientos de los participantes.

  • Esto, luego de un rediseño a la evaluación por parte del Gobierno del Cambio, con el propósito de avanzar en la dignificación y el mérito de los educadores. Descubra cómo fue posible este cambio.
Collage de docentes que aprobaron la evaluacion de ascenso

Educadores que aprobaron la evaluación de 2024.

Bogotá, D. C., 6 de octubre de 2024. Un hito sin precedentes, así fue la evaluación de ascenso docente y reubicación salarial de este año; ya que de los 103.025 educadores que se presentaron, el 75 %, es decir, 79.199 docentes, superaron con éxito esta evaluación, lo que evidenció un avance en el desarrollo profesional y personal de los maestros y maestras.

En pro de la dignificación docente y respondiendo al clamor de los educadores, en el Gobierno del Cambio se rediseñó y reestructuró este proceso que sigue buscando que sea de carácter diagnóstico formativo, pero con un enfoque más cercano al reconocimiento de experiencias de zonas de difícil acceso. Es así como la prueba escrita, que fue de carácter pedagógico, tuvo como fin evaluar y valorar al maestro por lo que sabe y por su desempeño del día a día, a diferencia de las anteriores versiones de la prueba.

Ejemplo de ello, es que en 2018-2019, con la Evaluación de Carácter Diagnóstico Formativa (ECDF) III cohorte, solo logaron superar el proceso 31.848 educadores.

Docente de colegio publico
¿Por qué la prueba estuvo acorde a los conocimientos y experiencias de los participantes?

Los educadores que avanzaron en este proceso debían obtener un puntaje mínimo de 80.01 puntos para aprobar la evaluación, la cual estaba compuesta por cinco instrumentos: la prueba pedagógica y la autoevaluación de desempeño, aplicadas por la Universidad de Antioquia (UdeA), junto con la valoración de la experiencia, la zona de desempeño y los movimientos, competencia que revisó cada entidad territorial certificada.

«Por primera vez notamos que se realiza una evaluación a los docentes que realmente refleja su labor diaria y sus conocimientos. Cuando una evaluación es transparente y se ajusta a las condiciones y lineamientos establecidos, es lógico que los participantes obtengan buenos resultados. Esto nos demuestra que tenemos un Magisterio altamente preparado», expresó Carlos Arturo Arias, directivo docente de la Institución Educativa Ciudadela Nuevo Latir de Cali (Valle del Cauca), quien aprobó la evaluación.

Por su parte, desde la Institución Educativa La Florida en Milán (Caquetá), la docente rural, Cenaida Lozano, expresó su felicidad por aprobar esta evaluación porque con esta oportunidad podrá terminar su maestría y mejorar las condiciones de su vida familiar, al ser madre soltera. Para realizar su inscripción, la ‘profe’ Cenaida tuvo que desplazarse en ‘Palomo’, el caballo que la transportó al lugar donde encontró internet.

«Gracias por esta oportunidad, ya era hora de que este proceso de evaluación se hiciera a la altura de los profes y estuviera enfocada en nuestros procesos y labor», afirmó.

El proceso aún continúa, y de acuerdo al calendario, se tienen contempladas las siguientes fechas: antes del 8 de noviembre, la Universidad de Antioquia y las ETC resolverán las reclamaciones interpuestas. Hasta el 18 de octubre, las ETC expedirán los actos administrativos de ascenso o reubicación salarial para los que superaron la evaluación y No presentaron reclamación.

De otro lado, el 13 de noviembre se realizará la publicación del listado definitivo de aspirantes que superaron o no la evaluación, luego de la respuesta a sus reclamaciones. Posteriormente, del 14 de noviembre al 4 de diciembre, las ETC expedirán los actos administrativos de ascenso o reubicación salarial para los que reclamaron y superaron la evaluación.

Conozca las cifras históricas de los maestros y maestras que han superado la evaluación:

· 2024: 79.199
· 2018-2019: 31.848
· 2016-2017: 22.747
· 2015-2016: 23.741
· 2014: 16.045
· 2013: 13.631
· 2012: 10.369
· 2011: 8.699
· 2010: 8.741

La revolución del cambio continuará trabajando con el compromiso de dignificar el desarrollo profesional docente con énfasis en el reconocimiento al mérito.

https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/Comunicados/422159:Por-que-mas-del-75-de-los-educadores-aprobaron-la-evaluacion-de-ascenso-y-reubicacion-salarial-de-2024

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