El Senado paraguayo aprobó este jueves la moción de censura al ministro de Educación, Eduardo Petta, de criticada gestión por sindicatos de docentes y estudiantes, y la remitió a la Cámara Baja para su ratificación.
En Paraguay, la moción de censura no es vinculante para el Gobierno y está prevista en la Carta Magna para recomendar la destitución del interpelado, para la que se requiere una mayoría calificada.
En el Senado fue alcanzado este requisito luego de que 31 miembros votasen a favor, 11 en contra, dos abstenciones y un ausente, según el recuento de su presidente, Blas Llano, durante la sesión por videoconferencia ante la pandemia de coronavirus, que provocó la suspensión de las clases.
La votación se produjo tras la interpelación del pasado día 13, en la que Petta respondió durante once horas a las criticas de bases sindicales y colectivo de estudiantes que le achacan de negarse al al diálogo.
El senador Sixto Pereira, del izquierdista Frente Guasu, tercera fuerza política del país, dijo en su intervención que el ministro «no tiene condiciones ni capacidad» para ejercer el cargo y aseguró que sus explicaciones de la pasada semana satisficieron «en absoluto».
La moción de censura en la Cámara Alta fue acompañada casi por la totalidad de la oposición y parte de los propios miembros del sector del gobernante Partido Colorado.
Petta es uno de los ministros más cuestionados del Gobierno desde que asumió la cartera, en agosto de 2018, tanto por el tono de sus declaraciones o por su reticencia a asumir errores, como la publicación de unos libros de texto con erratas.
La mayor parte de su prolongada interpelación, el ministro se refirió a las clases virtuales que ha improvisado durante la pandemia por el COVID-19 pese al rechazo de sectores estudiantiles y sindicales.
Esta estrategia es una de las más cuestionadas en un país con una conexión a internet lenta, baja penetración tecnológica y con dificultades de acceso para buena parte de la población.
Además de estar suponiendo un reto para profesores, padres y alumnos.
Sin embargo, Petta manifestó que el aula virtual ha llegado a 918.000 escolares de un total de 1,5 millones de los estudiantes de la educación pública del país y anunció el apoyo de empresas del sector para capacitar a los maestros.
Más de 100 líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados ya este año en Colombia. ¿Quiénes, cómo, dónde y por qué matan, desaparecen, agreden o amenazan a los activistas colombianos?
#PazAlLiderazgoSocial, pide el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), mientras actualiza permanentemente una lista delíderes sociales y defensores de los derechos humanos asesinados en 2020. Estamos a mediados de mayo y esa lista registra ya 101 nombres, 26 tras el inicio de la cuarentena por la actual pandemia de coronavirus.
Desde la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC (noviembre de 2016) hasta hoy, la cifra total de asesinados asciende a 902, precisa a DW Leonardo González Perafán, coordinador del Observatorio de Conflictividades de Indepaz.
¿Quiénes son los asesinados?
En su mayoría, se trata de activistas de base campesina (39 en 2020); muchos, con liderazgo comunal (33). Hay, además, numerosos líderes indígenas (30), cívicos (13), afrodescendientes (7), que hacen parte del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (5), sindicales (4), mineros (2), ambientalistas (1).
«Son agentes que trabajan por el cambio, por la paz entendida como la reducción de la violencia, la garantía de los derechos humanos o la protección de los recursos naturales en sus territorios”, comenta a DW Viviana García Pinzón, investigadora del Instituto GIGA de Estudios Latinoamericanos de Hamburgo y del programa de estudios de paz y conflicto de la Universidad de Marburgo.
A ellos se suman familiares o personas cercanas (8), así como firmantes del Acuerdo de Paz o excombatientes de las FARC (25). Y el registro incluye mujeres (11), aunque la violencia armada suele tener un impacto desproporcionado en los hombres, señala esta politóloga colombiana.
Amenazas, atentados y desapariciones
Junto a los asesinatos, los activistas están expuestos a otras formas de violencia. A mediados de 2019, las principales organizaciones sociales del país denunciaban más de 460 amenazas individuales o colectivas, 46 atentados con armas de fuego de largo y corto alcance y/o artefactos explosivos, y 5 casos de desaparición forzada.
En lo que va de 2020, se han publicado ya 79 panfletos de amenazas a organizaciones y comunidades, confirma González Perafán, a cargo del registro de víctimas en Indepaz. Y, por si fuese poco, en las amenazas más recientes, se ha declarado como objetivo militar a quienes violen la cuarentena. El objetivo es minar la autoridad de las organizaciones sociales en sus territorios, especialmente de las indígenas, explica el experto.
Territorios, narcotráfico, minería y agroindustria
La cifra más alta de asesinatos se recoge, este año, en el departamento del Cauca (30), «epicentro de muchos conflictos en Colombia, por un tema geopolítico”: por su geografía, con salida a la costa pacífica y cercana a la frontera sur (con Ecuador); por sus conexiones con el resto del país y las rutas de la droga, enumera la politóloga del GIGA.
Antioquia, que secunda al Cauca en récord de asesinados en 2020 (con 17), es también «corredor estratégico para la minería ilegal, para el producto del cultivo de coca que va hacia México”, agrega el abogado González Perafán, desde Indepaz.
El Cauca, además, es un territorio con antecedentes de violencia contra población indígena y comunidades afrodescendientes, con historia de presencia paramilitar, muy rico en minerales y fertilidad del suelo: «donde se ha usado la violencia para avanzar en proyectos de extractivismo y de agroindustria”, precisa asimismo la también exinvestigadora del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz y del Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa, de la Universidad Nacional de Colombia, García Pinzón.
Factores históricos y estructurales convergen allí con recientes luchas por el territorio entre diversos sectores y actores armados, a raíz de la desmovilización de las FARC. Y la presencia del Estado es «principalmente militar, enfocada en la seguridad nacional, en desmedro de la garantía y protección de los derechos”, subraya la politóloga.
Maritza Quiroz, líder social reclamante de tierras en la Costa Atlántica, asesinada en 2019.
Crimen organizado con raíces paramilitares y guerrilleras
¿Qué revelan las estadísticas sobre los autores directos e indirectos de los asesinatos y sus motivos? «No hay claridad”, lamenta García Pinzón, porque el Estado colombiano no garantiza ni la seguridad de los líderes sociales, ni la justicia frente a sus asesinatos: no es eficiente en la investigación y el castigo a los autores.
Hasta ahora, el Estado ha negado o solo reconocido muy vagamente la sistematicidad del fenómeno, denuncian estudiosos y activistas. Ha llegado a reducirlo a incidentes de criminalidad común: a supuestos atracos o riñas personales, que activistas y organizaciones sociales desmienten, aludiendo al modus operandi y el tipo de armas empleadas.
Así, el esclarecimiento queda en manos de la sociedad civil, que apunta, sobre todo en el Cauca, a grupos del crimen organizado con raíces paramilitares como el Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas.
Históricamente, «las peores masacres en esta región no fueron perpetradas por la guerrilla sino por grupos paramilitares, con vínculos con actores legales de las élites políticas y económicas de la región”, recuerda la politóloga colombiana, mientras resalta la porosidad de las fronteras entre lo criminal y lo legal en el conflicto armado en su país.
Aunque el Estado insiste en atribuirle todo a disputas territoriales entre las múltiples disidencias de las FARC y el ELN, «todos los grupos armados presentes en esos territorios están usando las armas contra los líderes sociales”, asegura el coordinador de Indepaz. Y el panorama lo completan las disidencias del desmovilizado EPL, tercera guerrilla izquierdista de Colombia, conocida ahora como el grupo armado «Los Pelusos”, dedicado al narcotráfico. O las llamadas Águilas Negras, un presunto grupo de origen paramilitar, cuya naturaleza, estructura y hasta existencia real no parecen claras.
¿Qué (más) puede y debe hacer el Estado?
En Colombia, se negoció el Acuerdo de Paz con uno -el mayor y más antiguo- de muchos otros grupos armados. Pero ahora, el resto pugna por el control de territorios, poblaciones y mercados antes en manos de las FARC.
«Se abrieron vías para que muchas comunidades comenzaran procesos locales de construcción de paz”, afirma García Pinzón. Pero el Estado apenas «simula la implementación de los acuerdos”, sin cumplirlos, especialmente en el tema agrario, denuncia González Perafán. Y, en medio de todo, ha llegado una pandemia, que agrava la situación de vulnerabilidad socioeconómica y física de los activistas, hoy confinados en sus casas y fácilmente localizables por sus asesinos.
En 2016 y ahora, el Estado colombiano debió «estar preparado para copar esos territorios; no solamente con el Ejército sino con instituciones de salud, educación y justicia. Esa es la tarea pendiente”, por razones de voluntad política y, quizás, hasta de recursos, sugiere la politóloga García Pinzón.
Desde Indepaz, también González Perafán reclama inversión social: cumplir los planes de desarrollo territorial contemplados en los acuerdos con las comunidades. De lo contrario, Colombia seguirá «en transición”, coinciden ambos expertos, pero más hacia «una mutación de la violencia” que hacia la paz.
En primaria y secundaria habrá «evaluaciones formativas».
El Consejo Federal de Educación decidió por unanimidad que no haya calificaciones numéricas en el país por la situación de excepcionalidad que generó el coronavirus, en un contexto de clases presenciales suspendidas desde marzo. El encuentro entre los ministros provinciales de Educación y el titular de la cartera educativa a nivel nacional, Nicolás Trotta, se dio en el marco de una asamblea virtual.
De este modo, habrá evaluación de carácter formativo con el objeto de retroalimentar el proceso de aprendizaje, adaptar contenidos y hacer devoluciones orientativas al estudiantado y a sus familias. Además, se acordó realizar una encuesta nacional a directivos, docentes y familias para evaluar la respuesta del sistema educativo en el marco de la continuidad pedagógica. La encuesta, señalaron, será útil para tomar decisiones respecto de los procesos de enseñanza y el regreso a las aulas cuando se pueda hacerlo.
Silvina Gvirtz, actual secretaria de Ciencia, Tecnología y Políticas Educativas de La Matanza, y exministra de Educación bonaerense, defendió la medida por la eclosión de la pandemia. «No tiene sentido calificar con número en este momento, el docente no puede distinguir por qué un trabajo merece un 7 o un 8», afirmó a este diario. En su opinión, los chicos trabajan en el aula de modo sincrónico, por la simultaneidad, y lo pueden hacer fuera de la escuela, con herramientas como Zoom, pero hay también una comunicación ascincrónica, que se da básicamente con la tarea en el hogar. El coronavirus alteró todo.
«Hay familias angustiadas, y los padres, en gran medida, no son maestros», estimó Givrtz. «Por eso lo ideal no es hacer una calificación, sino una valoración», en un contexto en el que los docentes no pueden seguir el proceso como en el aula. «Lo que se puede hacer en este momento es reforzar los aprendizajes», añade.»Y estar pendiente de los recursos de los hogares», subrayó, «en la selección de contenidos que se pueden enseñar». En ese sentido, la cuarentena es una etapa que juzgó propicia «para comprensión de textos complejos de estudiar, o incluso de producción de textos, así como matemática».
Por su parte, Adrián Cannellotto, rector de la Universidad Pedagógica, coincidió con la funcionaria en lo positivo de la medida y resaltó un punto también señalado por Gvirtz: «Se trabaja con herramientas digitales desde el hogar, y no en todas las casas hay acceso a Internet», dijo a Página/12. Para el rector de la UniPe, «la pandemia puso a prueba a muchas cosas, y en el plano escolar no es lo mismo el acceso para un pobre que para un rico, las familias cuentan con pocas herramientas y no todos los padres pueden acompañar del mismo modo».
Cannelloto estimó que «si no hay nota, no hay evaluación» y que «la formación implica un seguimiento» que se dificulta con los alumnos desde el hogar. «La nota aparecerá cuando se retomen las clases presenciales», dijo, y manifestó que «el sistema no es resultadista ni facilista, solamente se posterga la nota y se reabre el ámbito de la evaluación». La calificación, adujo, se «recuperará en el próximo cuatrimestre si se reabren las aulas. Y ponderó que «los 24 ministros y la Nación acordaron poner el foco en la evaluación como proceso».
Respecto de la vuelta a clases, ambos especialistas coincidieron en que deberá ser gradual. No hay un modelo único en el mundo y es factible un regreso que alterne días en el aula y en casa, con grupos chicos, si bien la realidad de cada distrito es distinta. «No es lo mismo la provincia de Buenos Aires que Misiones», ejemplifica Cannellotto, ya que «hay que ver la capacidad de infraestructura».
Gvirtz recalcó que «no es lo mismo la clase en la escuela que on line, entre otros motivos por el nivel de dispersión. El chico en su casa tiende a concentrarse menos» y resaltó que «la escuela no puede replicar por Zoom». En su opinón, «se deben seleccionar bien los contenidos» e incluso «repensar la secundaria, no se trabaja sobre alfabetización digital», al tiempo que deslizó que la situación sería más llevadera si se hubiera mantenido el reparto de computadoras de Conectar Igualdad con el ritmo que tuvo hasta 2015. Mientras «la brecha educativa se amplió» por esta situación y hoy la mitad del alumnado tiene acceso a Internet de alta velocidad, en un contexto en el que «los padres quieren que los chicos vuelvan al aula y se destaca el valor de la presencialidad».
Para Cannellotto, «hubo etapas» a lo largo de estas semanas. «Primero se habló de dos semanas de encierro, las escuelas buscaban contener, luego se desplegaron otras herramientas, aulas virtuales, Zoom. Ya se piensa en encarar la transición, y pasar de la virtualidad a la realidad no es tan fácil. Hay un proceso de enseñanza interrumpido, falta trabajo en el aula». Y eso fundamenta que en vez de la calificación numérica haya una orientación en cada alumno respecto de lo que puede corregir y mejorar.
En opinión de Gvirtz, «no volveremos a las clases tal y como teníamos antes de la pandemia. Hay varias posibilidades, un sistema mixto, que permita a su vez que los chicos que puedan seguir desde casa continúen así, pero los que vuelvan deberán hacerlo con distanciamiento dentro de las escuelas, y esto es para verlo localidad por localidad, escuela por escuela».
Los dos especialistas coinciden en que desde que se tomó la decisión de cerrar las escuelas por la covid-19 «se hizo mucho» y que «se pusieron muchos recursos desde el Estado», en un contexto en el que se proveyó de libros y cuadernillos y, en muchos casos, bolsones de comida. La situación, por cierto, es de alcance global. La Unesco calcula que el cese de clases por la pandemia afectó a unos 1200 millones de estudiantes en 160 países.
Rosario Gómez, socia fundadora de la Casa de Refugio Matilde en Quito, Ecuador, explica que aunque se podría pensar que el primer paso para disminuir la violencia de pareja es denunciar al agresor, éste no es el caso. En realidad, más del 80% de las mujeres que viven violencia en Ecuador no la denuncian, y se requiere de un acompañamiento previo a cualquier medida legal:
En nuestros 30 años de trabajo hemos luchado por las leyes apropiadas, pero la primera entrada no debe ser jurídica. Se puede llegar a la denuncia, pero solo cuando la mujer esté más fuerte emocionalmente, haya logrado una separación afectiva del agresor, y cuente con apoyo.
Daniela Pullas, abogada del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer, CEPAM, en Rumiñahui, Ecuador, añade que este acompañamiento es fundamental porque el proceso puede durar meses y ser desgastante para el núcleo familiar. Por eso, CEPAM ofrece soporte psicológico para la mujer y sus hijos, si los tiene, en conjunto con asistencialegal gratuita.
Gómez añade que la Casa de Refugio Matilde acoge a mujeres en alto riesgo de femicidio, pero no todas las personas que están viviendo violencia se encuentran en el mismo nivel de peligro. Por eso, se precisa detectar el nivel de riesgo de cada caso y fomentar la colaboración entre distintos sectores para generar mecanismos complementarios que aborden diversas necesidades. Por ejemplo, existen centros de atención ambulatoria que ofrecen consultas externas para casos menos críticos.
Además, los medios y la sociedad civil pueden jugar un rol importante durante el confinamiento. Según Gómez, se podría crear programas radiales para guiar a personas que estén viviendo violencia, o activar redes entre vecinos para que estén pendientes de lo que pasa en el barrio. Para ello, es urgente romper con la indiferencia y la cultura de silencio.
Familiares y amigos también pueden ser proveedores esenciales de recursos de apoyo, sobre todo durante la cuarentena cuando se dificulta el acceso a otros servicios. Sin embargo, Esteban Laso, psicoterapeuta y psicólogo social, explica que este acompañamiento debe ser libre de juicio, y debe respetar las decisiones de cada mujer:
Hay que comprender que la terminación de una relación de pareja violenta no ocurre de la noche a la mañana. Es fundamental no cortar el vínculo con la persona durante el proceso, no culparla si regresa con su agresor, y no demonizar a la pareja. Ayudan más las preguntas que facilitan la reflexión que los consejos, pero esto puede ser difícil y requiere un entrenamiento, por eso es importante complementar este apoyo con el trabajo de un profesional especializado.
Aparte de soporte emocional, amigos y familiares pueden brindar asistencia práctica, como un lugar para llegar, aporte económico, o ayuda con el cuidado de los hijos.
Ana (nombre protegido), una mujer ecuatoriana de 31 años que ama leer y hacer deporte y que vivió violencia por parte de su expareja, cuenta a Global Voices que el respaldo de su hermana fue decisivo:
Después de una de las veces que mi exmarido me pegó, mi hermana llegó con algunas personas y entre todos me ayudaron a salir de la casa. Sin ella, yo no me habría animado porque estaba asustada y no tenía la independencia económica para mantener a mis dos hijas sola.
Gómez explica que eliminar las situaciones de inequidad como la dependencia económica que describe Ana es indispensable para reducir la violencia. Opina que la sociedad civil ha logrado algunos avances importantes, como visibilizar la precarización del empleo y posicionar a la violencia como un problema público. Sin embargo, considera que para lograr un cambio profundo es imprescindible que las estructuras sociales que mantienen la desigualdad se desestabilicen.
Según Pullas, para alcanzar este objetivo es fundamental que el Estado también priorice la prevención de la violencia y destine los recursos suficientes para hacerlo. La necesidad de abogar por esto es incluso más inminente durante la pandemia cuando el presupuesto se recorta.
Además, Pullas dice que se requiere mayor cumplimiento de leyes y mecanismos existentes, y que se precisa cambiar las ideas que perpetúan la violencia. Para Ana, estas normas culturales pesaron mucho, pero ahora que logró vencerlas, como profesora inculca nuevos valores desde la educación:
Te meten en la cabeza que si tienes hijos nadie te va a querer, y hay un miedo gigante a quedarte sola. Además, muchas veces permaneces en el ciclo de la violencia por miedo a que te juzguen, y eso la naturaliza. Esas son las ideas que yo intento cambiar todos los días en mis alumnos.
Por último, Laso recalca que la erradicación de la violencia debe ser un esfuerzo en conjunto, y que, si bien la prevención es fundamental, este trabajo no puede recaer únicamente en las mujeres:
La concientización debe dirigirse hacia los testigos y perpetradores, y no solo a las potenciales víctimas. Los hombres tenemos que recuperar nuestra capacidad de querer y ser queridos. Este es un proceso largo y profundo de transformar nuestra forma de entender lo que es ser hombre y ser humano. Solo así lograremos el cambio auténtico y duradero que tanto necesitamos.
Daniela es una de las muchas campeonas destacadas por el Informe GEM en el período previo al lanzamiento de su publicación 2020 sobre inclusión y educación: todo significa todo, que saldrá el 23 de junio.A su manera, y en varios países del mundo, estos campeones luchan por celebrar la diversidad de los alumnos, en lugar de ignorarla.
A los 31 años, Daniela dirige su propia empresa » Hablando con Julis «, una empresa que utiliza software de comunicación y educación para que los niños, jóvenes y adultos con discapacidad, analfabetos y bilingües, puedan aprender y comunicarse sin dificultad
Daniela creció con su hermana, Julis, quien debido a su discapacidad no podía hablar ni comunicarse con los demás. Usando sus estudios de ingeniería, Daniela creó un programa que le permite a su hermana comunicarse y, por lo tanto, tener un futuro y ser incluida en la sociedad. Hoy, Daniela y Julis trabajan juntas compartiendo su programa y modelo pedagógico con gobiernos, universidades e instituciones privadas, llegando a 9,000 estudiantes en América Latina. Su objetivo es expandirse a Europa y Estados Unidos.
“Todos tenemos discapacidades: físicas, médicas, psicológicas, cognitivas y ambientales.Las personas piensan que las personas con discapacidades más visibles no pueden vivir, no pueden aprender o comunicarse.Pero estamos demostrando que pueden hacerlo si les damos las herramientas adecuadas «.
Para Daniela, la discapacidad de su hermana no es una incapacidad. El mayor obstáculo para las personas con discapacidad es que no se tienen en cuenta. Por lo tanto, el trabajo más importante es educar y crear conciencia sobre las discapacidades.
“Nos hemos acostumbrado a creer que solo hay una forma de hablar, solo una forma de pensar, solo una forma de aprender, solo una forma de ver o caminar.La discapacidad es solo otra forma de hacer las cosas: si no puedo hablar, lo hago a través deHablando con Julis;si no puedo caminar, lo hago con una silla de ruedas;si no puedo ver, uso un bastón, tacto y / o audición.Todos los formularios son validos.Y lo mismo es cierto en el aprendizaje«.
Si bien creó el programa de computadora para ayudar a su hermana, su visión es que todos tengan acceso a él. Daniela ha dedicado su vida a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y espera que, gracias a este programa, las barreras que nos impiden tener una sociedad verdaderamente inclusiva puedan ser desarmadas.
“Todos, sin excepción, aprenden de manera diferente y les gustan las cosas diferentes.Si usamos este principio en la construcción de un plan de estudios que nutre nuestras habilidades al aceptar nuevas formas de llegar a donde vamos, todos podemos cumplirnos como personas«.
El Informe GEM 2020 sobre inclusión analizará a todos los excluidos de los sistemas educativos de todo el mundo.Ofrece ejemplos concretos de políticas que utilizan los países para ayudar a abordar la exclusión y recomendaciones sobre cómo asegurarse de que cada niño, sin importar su identidad, antecedentes o capacidad, pueda acceder a una educación inclusiva y de calidad.Regístrese aquí para recibir una copia en su bandeja de entrada tan pronto como se lance el 23 de junio.
La ONU advierte que los efectos de la pandemia en la educación, la salud y las condiciones de vida provocará una caída del índice que mide el progreso de los países
Cada año el mundo progresaba un poco, con más niños en las escuelas, más esperanza de vida y mejores indicadores de salud. Quizá no lo suficiente ni lo rápido que se deseaba, pero se avanzaba. Hasta 2020. Este año, por primera vez desde 1990, se va a retroceder. Esta es la advertencia que lanza el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que elabora desde hace tres décadas el llamado Índice de Desarrollo Humano (IDH) y que para su edición de 2020 no obtiene datos esperanzadores.
«El mundo ha visto muchas crisis en 30 años, incluida la financiera de 2008. Todas han golpeado con fuerza al desarrollo humano pero, en general, a nivel global se ha conseguido avanzar cada año», ha explicado Achim Steiner, administrador del PNUD, en un encuentro virtual con periodistas. Pero la que vive ahora el planeta por el virus SARS-CoV-2 «es distinta», apunta Heriberto Tapia, investigador del organismo, en una conversación telefónica posterior. Lo es porque la pandemia de covid-19 impacta de lleno y de forma simultánea en todos los elementos de la existencia con los que se mide el desarrollo humano: la salud, la educación y los ingresos de las personas. Lo que no solo provocará que el mundo retroceda, sino que además lo hará de una forma «significativa, equivalente a las variaciones de seis años de progreso», concreta.
Los tres valores han experimentado retrocesos desde el comienzo de la crisis, tanto en los países pobres como en los ricos de todas las regiones. Si bien, las previsiones del PNUD apuntan que la caída será desigual. Los menos adelantados, que cuentan con menos recursos para gestionar los efectos sociales y económicos, sufrirán la peor parte. «Hay gente que puede trabajar y estudiar desde casa. Pero otra población no tiene esas oportunidades. La mitad del planeta no tiene acceso a Internet. Hay 3.000 millones de personas que ni siquiera puede lavarse las manos en su hogar», reflexiona Tapia.
Los efectos sobre la salud son evidentes. Hasta la fecha, más de cinco millones de personas se han contagiado del nuevo coronavirus y más de 325.000 han fallecido por él. Además, las medidas de confinamiento y el desvío de fondos sanitarios a la atención de la covid-19, afectarán de forma negativa. «Este año, se calcula que se producirán entre 250.000 y 1,2 millones de muertes infantiles adicionales. Con el número menor, este 2020, la esperanza de vida no va a aumentar, como venía creciendo anualmente, sino que se va a mantener», detalla Tapia.
La educación no se libra de la debacle. El cierre de escuelas ha afectado a entre 1.400 y 1.500 millones de niños; pero mientras los hay que pueden continuar su formación a través de Internet, otros no tienen esa opción. Según los cálculos del PNUD, el 60% de los pequeños en edad de cursar enseñanza primaria no está recibiendo ninguna educación. «Para fin de año, la tasa efectiva de niños sin escolarizar será la que tenía el mundo en los años ochenta», anota Tapia.
Los más pobres serán los paganos. El informe presentado este miércoles señala que el 86 % de los niños de primaria se encuentran actualmente sin escolarizar en los países con un desarrollo humano bajo, frente al 20% en las naciones en la parte alta de la tabla. De no mejorar en lo que queda de 2020, este indicador será otro lastre para el progreso del mundo que se mide con el IDH.
Los ingresos de las familias y su calidad de vida son las otras variables con las que se calcula el desarrollo humano. Y tampoco registran datos para la esperanza. La recesión económica —el Banco Mundial calcula una caída de casi el 5% del PIB mundial para 2020— y la pérdida de empleos es un mazazo para el progreso y la lucha contra la pobreza extrema, en la que podrían caer 60 millones de personas, según esta entidad, además de las 736 millones que ya viven con menos de 1.90 dólares al día.
«Y estamos en mayo; esta es nuestra evaluación, relativamente conservadora, de cómo podríamos estar a final de año», previene Tapia. Pero no es inevitable. «Podemos frenar el retroceso, pero se necesita una acción decidida. Es fundamental que se tomen las medidas correctas», dice el investigador del PNUD. «Con el tratamiento adecuado se podrá volver a la normalidad con rapidez, aunque hay el riesgo de que se abandone la senda positiva del progreso», agrega.
Para el experto es muy importante la colaboración internacional. «Los países en desarrollo no tienen la capacidad para implementar grandes paquetes de ayuda como los que están aprobando las naciones más ricas. Y tampoco para endeudarse», anota Tapia. Y van a necesitar apoyo. Hasta ahora, dice, la mayoría de los casos se han dado en países desarrollados, pero en los últimos días se observa «un vuelco» en este sentido. «Nos espera un segundo semestre de año duro», avanza. Aunque, «por suerte, los menos adelantados han sido rápidos en poner en marcha políticas para frenar el avance del virus, necesitarán ayuda para garantizar la salud y la educación a su población», apostilla.
Un mensaje que el propio secretario general de la ONU, Antonio Guterres, reiteró este miércoles, con la mirada puesta en África, que concentra la mayor parte de países con un Índice de Desarrollo Humano bajo. «La pandemia amenaza el progreso de África. Agravará las antiguas desigualdades y aumentará el hambre, la desnutrición y la vulnerabilidad a las enfermedades», dijo en un comunicado. Por eso, pidió «solidaridad» con el continente, donde el nuevo coronavirus se ha cobrado casi 3.000 vidas hasta la fecha y se han reportado más de 95.000 casos confirmados. Menos de los que se temían, pero que podrían aumentar rápidamente, advirtió el mandatario.
«Los países africanos también deberían tener acceso rápido, equitativo y asequible a cualquier vacuna y tratamiento, que deben considerarse bienes públicos mundiales», reclamó Guterres en su declaración. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo apunta a otros apoyos en su estudio. Así, para esta institución, una medida fundamental para que el retroceso del mundo no sea el que muestran los números es cerrar la brecha digital.
El PNUD calcula que cerrar la brecha digital en los países de renta media y baja costaría apenas un 1% de los extraordinarios paquetes de medidas fiscales —ocho billones de dólares— de apoyo aprobados hasta el momento en todo el mundo en respuesta a la covid-19. «Nosotros no lanzamos recomendaciones fijas para cada país, pero esperamos que haya énfasis en modernizar el mundo», anota Tapia. «Se puede salir de esta crisis ayudando a las personas ahora y para que estén mejor preparadas para el futuro». Hará falta porque las tensiones que había antes de que todo quedase en pausa por la pandemia, las protestas contra la desigualdad y el cambio climático, volverán. «Y puede que más fuertes».
Reseñas/América del sur/Colombia/21 Mayo 2020/elpais.com
Romper el círculo de pobreza de las madres menores de edad en contextos vulnerables y enseñarlas a ser agentes de transformación social y económica en su propio terreno: esta organización en Cartagena (Colombia) lo está consiguiendo
“Esta es la condición”. Cuando Ana María Salas, madre adolescente de una niña de dos años, vecina de Cartagena de Indias (Colombia), entró a la Fundación Juanfe, se lo explicaron así, según recuerda: “Te podemos ofrecer formación técnica, y la oportunidad de conseguir un trabajo digno, con una condición: evita embarazarte por segunda vez en los próximos cinco años”.
Es una de las características más llamativas del modelo con el que trabaja esta organización. En sus inicios, hace 18 años, contribuyó a reducir la mortalidad infantil en Cartagena y, actualmente, se centra en romper el ciclo de la pobreza de madres menores de edad en contextos vulnerables y acompañarles a ser agentes de transformación social y económica.
Catalina Escobar, fundadora de la Juanfe (el nombre proviene de su propio hijo, Juan Felipe Gómez Escobar, que murió en el año 2000), explica cómo surgió la necesidad de este modelo de trabajo: “El embarazo adolescente hace que el país sea más pobre y menos sostenible. En Colombia, cuando una joven se queda encinta, con menos de 15 años, hay un 83% de probabilidades que antes de los 20 años tenga ya tres hijos. Aquí, el 74% de las menores están por debajo de la línea de pobreza”. Catalina es una emprendedora social muy conocida en círculos empresariales y políticos del país.
Ana María Salas vive en esa otra Cartagena que contrasta con la del centro histórico o de la línea de costa que frecuentan los turistas. Como ella, muchos habitantes de esta ciudad caribeña habitan en “casas de invasión”, construcciones precarias levantadas sin licencia por familias en espera de conseguir legalizarlas o de tener que mudarse a otro barrio. Esta muchacha estudia un curso de servicios hoteleros, una de las salidas laborales de más demanda en la ciudad. El período en el que la Fundación desarrolla sus programas de atención en salud, educación e integración al mercado laboral, suele durar unos dos años. Ana María conoció la Juanfe por el boca a boca de algunas amigas.
Al vivir en una casa de invasión, no dispone de todos los servicios básicos. El agua, por ejemplo, llega mediante una tubería a la que se han enganchado. Su madre, que trabaja de cocinera en un centro infantil y cobra unos 450.000 pesos mensuales (121 euros aproximadamente), es la fuente principal de ingresos de esta casa con espacios muy reducidos y que alberga a cinco familiares, incluyendo a Ana María y su hija de dos años y su hermano mayor, Adrián, de 22 años. Él no tiene trabajo formal, ni está estudiando.
“Me quedé embarazada a los 15 años”, relata Ana María. “Pero yo al menos pude estudiar la secundaria en cursos sabatinos. Creo que la fundación me ha ayudado a ser mejor persona, y a fijar metas, metas que voy a lograr”. Quedarse embarazada tan joven no fue algo que le preocupase en demasía, según confiesa. Su madre la tuvo a los 17 años. Pero ahora piensa que fue una equivocación.
Para la fundadora de la Juanfe, centrar el trabajo en las madres adolescentes es fruto del aprendizaje de errores iniciales: “Al principio quisimos trabajar con más ahínco en la prevención del primer embarazo. Pero no nos funcionaba, puesto que muchas de las jóvenes que atendíamos son hijas, nietas y biznietas de mujeres que dieron a luz muy temprano. Es muy difícil evitarlo. Es un trabajo de escala nacional que debe reforzarse desde el sector público. Nosotras queríamos un modelo replicable, sostenible, escalable y que rompiera ciclos de pobreza. Entonces, decidimos prestar más atención. Entrar a los barrios, y escuchar”.
Y escucharon a las mujeres de más edad. “Ellas fueron una fuente de información clave. Nos ayudaron a entender los problemas de las potenciales beneficiarias, así como sus verdaderas necesidades. Cambiamos el enfoque y todo empezó a ir mejor”, reconoce Catalina. “Las adolescentes empezaron a empoderarse a través de la formación y el trabajo, y así evitaban embarazarse por segunda vez. Entonces vimos los buenos resultados que ello supone en la reducción de la carga de la pobreza en el país”.
ver fotogaleríaUno de los compromisos que se pide a las madres aceptadas es que no vuelvan a quedarse embarazadas en cinco años.LEAFHOPPER PROJECT
Antes de entrar a la Juanfe, Ana María tuvo que pasar los exámenes de ingreso: pruebas de lectura y escritura, entrevistas y test de personalidad. Un filtro riguroso que, según explica Eunice Cortecero, del equipo directivo del centro en Cartagena, hace que cada año entren 300 jóvenes, seleccionadas de unas 1.000 solicitudes, aproximadamente. La fundación trabaja anualmente con un total de 850 madres, sumando las de nuevo ingreso, provenientes de los barrios más vulnerables de la ciudad. “Nuestra intervención les ayuda a recuperar el hábito de estudiar, de formarse para trabajar. Las que no entran en una primera ocasión, tienen la oportunidad de volver a intentarlo, siempre que no se embaracen por segunda vez. Sólo un 5% de las jóvenes que inician el programa de la Juanfe lo abandonan”, afirma Eunice.
Hay un dato aún más revelador: el 99,7% de las jóvenes que entran a la Juanfe optan por no tener otro bebé durante el período de formación, y aún varios años después.
Tener un hijo antes de los 18
En Colombia, aproximadamente una de cada cinco embarazadas es adolescente, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Demografía y Salud del Ministerio de Salud y Profamilia, aunque la tendencia es a la baja en los últimos años. Esta situación está ligada a menores niveles educativos y socioeconómicos: el 48% solo había cursado la educación primaria.
Adrián, el hermano de Ana María, también tienen una niña pequeña que vive con su madre, de la que él se separó. Durante un tiempo estuvo limpio, pero con la separación recayó en las drogas, que llevaba consumiendo desde los 12 años. Lleva un par de semanas en proceso de desintoxicación. Mira a su hermana “como un ejemplo a seguir, una buena influencia”.
Los habitantes de Cartagena cuentan que es frecuente que no se utilicen métodos de planificación ni de protección en las relaciones sexuales. Adrián indica que su expareja se había quedado embarazada en diferentes ocasiones. ¿Qué método utilizaban para evitarlo?: “La hice abortar varias veces”.
Entonces, ¿por qué su pareja dio a luz a la niña (que hoy tiene dos años)? “Porque mi mamá es muy creyente. Va a una iglesia. Me convenció de que era un pecado. Así que le dije a mi pareja que, por esta vez, sería mejor que tuviéramos al bebé”.
En sus inicios, la fundación demostró que podía reducirse la mortalidad infantil en Cartagena. Desde los años noventa, era una de las ciudades donde más niños morían por causas evitables. Catalina se puso a estudiar esta situación, desde su experiencia en el sector empresarial y económico, tras la muerte de su pequeño.
Su familia estaba vinculada al negocio del acero. “Yo no iba a dejar el sector empresarial y un horizonte de éxito por algo que no valiese la pena arriesgarlo. Así que esto no es una ONG de una madre que perdió a su hijo. Esto es un modelo económico de desarrollo. Y la economía del desarrollo tiene el reto de demostrar su eficacia en el campo, en contextos reales”.
“El paseo de la muerte” le llamaban, en la Cartagena de aquellos años, al periplo que recorrían las madres con sus hijos enfermos de hospital en hospital sin poder recibir la atención necesaria. Y a ello, se unía la corrupción que penetró en las instituciones públicas y privadas de la ciudad. “Desde 2002, durante los primeros siete años de trabajo de la fundación, contribuimos a reducir en un 81% la mortalidad infantil en la ciudad. Podemos decir que salvamos la vida de unos 5.000 niños y atendimos a 20.000 por desnutrición crónica y severa, sin ayudas estatales”, afirma Catalina.
ver fotogaleríaCartagena de Indias es una ciudad de contrastes, desde las zonas turísticas hasta los barrios vulnerables.LEAFHOPPER PROJECT
Durante esa experiencia, la fundación constató que alrededor del 30% de los partos que se producían en la ciudad eran de mujeres menores de edad. Fue entonces cuando viró su enfoque de trabajo: conseguir que las madres adolescentes rompieran el ciclo de dependencia y pobreza.
Actualmente, este modelo de intervención atrae la atención de diversas instituciones y centros de investigación como la Universidad de los Andes, o el Banco Interamericano de Desarrollo que han colaborado con la Juanfe en la medición de impacto de sus programas.
La financiación de la Juanfe depende principalmente de eventos y recursos privados fundamentalmente, como los que aporta la Fundación Mapfre. Además, cuentan con iniciativas de autosostenimiento, como la panadería que opera en el centro de la fundación en Cartagena. Actualmente, el modelo se está exportando a otras ciudades de Colombia, como Medellín, y también a la de otros países, como Panamá, Santiago de Chile y Guayaquil.
Desde 2014, 1.200 mujeres jóvenes formadas en la Juanfe han obtenido la certificación laboral. 700 de ellas ya trabajan en el sector de la hostelería y el turismo, principalmente. El 70% de las jóvenes que consiguen un empleo formal, continúan trabajando en la empresa que les contrató después del primer año, según datos de la fundación.
El bono de impacto social
Un ejemplo de ello, es Mabel Cecilia Iriarte. Tiene 21 años, y nació en Caracas, aunque su familia es colombiana. Mabel vino a Colombia con otros 3 hermanos, cuando tenía 11 años. Sus padres se quedaron en Venezuela durante mucho tiempo, desde donde les enviaban remesas, y los niños vivieron con parientes cercanos. Actualmente reside en el barrio Olaya Herrera, un lugar que para algunos significa violencia, pandillas, tráfico de drogas, aunque para otros no es un sitio tan peligroso como se dice.
Mabel es bailarina de música afrocaribeña y contemporánea. Transpira optimismo, es una pura sonrisa. Ahora vive con sus padres, que regresaron de Venezuela hace pocos años. Ella se quedó embarazada antes de los 18, aunque asegura que tomaba precauciones. Desde que entró a la Juanfe no ha vuelto a quedarse embarazada, y tampoco ha vuelto a tener pareja. “Hasta que tenga mi propio camino recorrido, hasta que esté más segura”, dice.
Ella es una de las 17 jóvenes de la Juanfe que trabajan en el Centro Comercial La Serrezuela. Es el único mall que se ha levantado en el entorno histórico, respetando la arquitectura de una antigua plaza de toros, y tiene un convenio con la Juanfe para contratar a las jóvenes que finalizan el período de formación. El salario de Mabel está algo por encima del mínimo en Colombia, y llega al millón de pesos (unos 270 euros, con las horas extras). Para ella representa un cambio exponencial.
Catalina Escobar es conferencista en diversos foros nacionales e internacionales, y aborda el gran reto de la sostenibilidad de ONG como la suya. “Una buena forma de atraer recursos”, dice, “son los bonos de impacto social. La sostenibilidad en las ONG depende de estrategias muy diversas. La nuestra es empresarial. Una empresa no invierte sin retorno. Todos los proyectos en los que trabajamos se basan en la economía de escala, utilizando el principio de Pareto: un 20% de inversión para un 80% de impacto y retorno”, dice Catalina. “El resultado de la inversión es una ciudad con menos madres adolescentes abandonadas y sin empleo. Y a la vez, muchas de ellas se integran a la vida económica y aportan su esfuerzo y capital para el desarrollo del país”.
Según el estudio realizado por la Universidad de los Andes con el apoyo del BID, en 2017, este modelo de intervención es rentable en un tiempo de 31 meses, lo que implica que se produce un beneficio social costo-efectivo y que aumenta exponencialmente a partir del segundo año y medio de la intervención.
En la Juanfe también se cuida de los niños de las madres que se están formando. En su centro infantil de desarrollo integral, se atiende semestralmente a unos 120 bebés. Ahora han ampliado una decena de plazas para hijos de madres venezolanas o colombianas que han regresado de la crisis del país vecino. En el centro trabaja Yorelis Figueroa. Tiene 26 años. Fue beneficiaria de la Juanfe, después de quedarse embarazada a los 16 años. Aquí se formó como técnica de atención a la primera infancia. Y desde entonces, no ha vuelto a quedarse embarazada. “Tengo aún muchas metas. Entre ellas, la de seguir estudiando. Me gustaría ser una investigadora judicial”. A Yorelis le motiva poder ayudar a esclarecer y prevenir casos de violencia y abuso. “He visto muchos en estos barrios, y me duele ver a mujeres en situación tan vulnerable”.
La fundación atendió a 30 casos de abuso sexual en un solo semestre del pasado año, comenta Eunice. “Las víctimas son niñas de entre 9 y 11 años. Un 2% han tenido un embarazo, resultado del abuso. Otro dato alarmante, en este último año es que se ha disparado la atención a personas con tendencias suicidas, muchas veces, a causa de la violencia intrafamiliar”. Es un trabajo difícil, pero Eunice afirma que, en este contexto, “lo difícil es ser indiferente”. Ella tiene un compromiso personal que parece un lema de muchos que trabajan en esta fundación: “No perder nunca la capacidad de asombrarse”.
La visita al centro se realizó antes de que las medidas de confinamiento con motivo de la pandemia se extendieran en Colombia. “La pobreza en el país se está agravando y se empieza a ver la desesperación”, afirma Catalina Escobar. Toda la actividad de la Juanfe se está desarrollando ahora de manera virtual. “El personal docente se ha reinventado y continúa con su labor para que las alumnas sigan las clases. Por ello hemos distribuido smartphones para garantizar la conexión. Hay 3.000 personas más 100 empleados que dependen de la Juanfe. Nuestra prioridad ahora es que a ninguna de las jóvenes que atendemos, muchas en condiciones extremas de pobreza, no les falte un plato de comida en la mesa”.
Fuente e imagen tomadas de: https://elpais.com/elpais/2020/03/23/planeta_futuro/1584958428_459337.html
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