Las Misiones Sociales: Nueva Visión de la Gestión Pública

Heriberto Rivera

Uno de los elementos desarrollados como instrumentos para lograr la integralidad social ha sido la política social del gobierno revolucionario la cual se ha centrado en los nuevos programas masivos o “misiones sociales” orientados  a reemplazar parcialmente la política focalizada por una “universal”, basada en la participación  social y en el empoderamiento ciudadano, entendido básicamente como empoderamiento de los sectores populares; de esta forma surge en el discurso oficial la categoría  de “inclusión social” va de la mano con la noción de “empoderamiento popular”.

En el caso especifico de la inclusión social como categoría, según Alvarado (2012) “alude al proceso que garantiza que los diferentes sectores en situación de pobreza y exclusión social, tengan acceso a las oportunidades y recursos necesarios para participar  totalmente en la vida económica, social, cultural cívica, disfrutando un nivel de vida considerado normal en la sociedad”.

De tal manera que dicho proceso de inclusión social conformaría el empoderamiento y estado en que las personas puedan sentirse ciudadanos plenos, asumirse como sujetos de sus propias vidas, actuar basados en la conciencia de sus intereses y el reconocimiento de sus propias capacidades interactuando en diferentes tipos de organización.

Efectivamente, en el caso venezolano, ello haría que los antes excluidos de la toma de decisiones públicas, sean ahora el eje central del discurso y la acción participativa, que enfatiza el liderazgo popular-comunitario. En ese contexto surgen los consejos comunales y las misiones sociales como estrategias para coadyuvar con estos procesos.

Las misiones como mecanismo central de la política de inclusión social:

Según lo siempre expresado por el presidente Chávez, (2004) “las misiones sociales son la base del modelo y de la política social dentro del proyecto de democracia participativa y protagónica, siendo uno de los elementos fundamentales de la integralidad”; en general “son programas de alcance masivo, dirigidos a educar, sanar y capacitar a los venezolanos, principalmente a aquellos que habitan en las zonas pobres y difícil acceso”.

Es innegable que en esa corta expresión se resume el objetivo de las misiones sociales que nacen ante la imposibilidad de las instituciones públicas establecidas por resolver los problemas de las comunidades.

En ese sentido se afirma que las misiones sociales tienen como propósito declarado consolidar el proceso de inclusión, equidad y justicia social, mediante el abatimiento de la pobreza-exclusión y el mejoramiento dela calidad de la vida y de los sectores populares, tradicionalmente excluidos.

A tal efecto, las misiones se pueden resumir en dos grandes objetivos:1) promover la participación y desarrollo de la ciudadanía  (combate de las causas que generan la exclusión social; auspicio de la organización  integral de las comunidades; de las condiciones indispensables para la vida colectica y la ciudadanía plena y, 2) Rescatar-defender la soberanía nacional, edificando el desarrollo sustentable y consolidando el proyecto bolivariano con apoyo comunitario. (MINCI, 2007).

En consecuencia y siendo coherentes con una forma de pensar que conlleve a la transformación de la sociedad, el gobierno se vio en la necesidad de plantear  otra modalidad de organizar la gestión de las políticas publicas diferente a la tradicional puesto que “uno  de los elementos fundamentales para su planificación, ejecución y seguimiento es la participación activa y protagónica de las comunidades organizadas” (Alvarado, 2012).

De allí, que las misiones tienen una cobertura masiva y es innegable que responde legítimamente al proyecto político ideológico oficial, pero su rasgo innovador es la gestión comunitaria directa, dentro de un proceso de parroquializacion.

Es oportuno señalar que la visión de realizar una gestión comunitaria, además de incentivar la participación ciudadana en su propia gestión de vida, se planteo inicialmente superar diferentes obstáculos y mañas de la administración publica tradicional; de allí que las misiones como expresión de las políticas sociales no tenía mediación con los gobiernos municipales, alcaldías ni gobernaciones ni los ministerios dela administración central, así como tampoco obedecen, a un proceso convencional de descentralización, ni responden a la tradicional entramada burocrática institucionalidad.

De esta manera, las misiones lograron convertirse en una vía alternativa para reorientar la gestión publica hacia la inclusión, a la velocidad reclamada por el proceso bolivariano, tomando en cuenta los problemas estructurales que a manera de “nudos críticos” existe todavía en la administración publica y que continúan conspirando contrala efectividad de la intervención oficial, a causa del burocratismo, clientelismo, corrupción, sectorialidad.

La experiencia vivida hasta ahora, cuando inicialmente ese nuevo tipo de gestión comunitaria que se dio a través de las misiones sociales, hoy viene perdiendo efectividad y eficacia. Podríamos preguntarnos si la forma de elaborar dichos programas de atención social que no obedecen a una planificación  bien articulada con otros entes del estado impiden el alcance de las políticas publicas diseñadas para las comunidades mas económica y socialmente vulnerables?

En ese sentido, se establece el imperativo de superar los amplios niveles de desigualdades sociales en función de los objetivos sociales y económicos consagrados en la Constitución Nacional, señalando como principios del equilibrio social “ la universalidad, la equidad, la participación y la corresponsabilidad con base alas garantías de todos los derechos”.(España, s/f).

Esos lineamientos establecidos como los pilares de las políticas publicas surgen de los diferentes diagnostico de las realidades del pueblo venezolano con lo cual se puede inferir que las “políticas publicas se pueden entender como una respuesta del estado a las demandas de las comunidades en general, resultado de un diagnostico estratégico, donde lo técnico y participativo son clave para la toma de decisiones que resuelvan  problemas comunes de la nación y con recursos adecuados destinados específicamente a la resolución de situaciones no deseadas, con presupuestos fijos y la evaluación constante” ( Pérez,2015).

Otro elemento adicional y no menos importante que entrelaza una buena política pública es la asignación del recurso humano formado para asegurar la efectividad de las acciones involucradas en la planificación de las políticas públicas.

Sobre la implementación de las políticas publicas, es un reclamo popular el hecho de que en las mismas no están las personas mas capaces tanto en lo político  como en lo  técnico- tal vez esta sea una de las limitantes de los alcances de la políticas publicas- pues de lo que se trata no es privilegiar lo  político y olvidar la parte técnica; por el contrario se debe buscar la articulación de ambas cualidades para obtener mejores resultados.

Cuando se plantea  la importancia de privilegiar la capacidad y preparación por encima de otro valor subjetivo, es comparable con el reclamo que hace la sociedad de los estados modernos sobre la  actuación de los jueces en las decisiones de los fallos jurídicos. En el caso del poder judicial, éste se transforma en un obstáculo para el pleno desarrollo de la justicia sino se toman las mejores decisiones aunado a la óptima preparación de los jueces y el cuerpo jurídico que administra la justicia.

Es de recordar que  los jueces tiene su forma su visión particular la cual puede ayudar y/o impedir el desarrollo de los postulados de la justicia tomando en consideración las realidades sociales ( Socorro y Cruceta, s/f); así mismo puede ocurrir con quienes tienen a su cargo la responsabilidad del diseño, planificación , aplicación y evaluación de las políticas publicas, pues no son pocas las veces en que existen actores que de forma deliberada generan acciones de contracorriente que enturbian el cauce de la política publica que se manifiesta en disminuir la  posibilidad del alcance de aquella por los sectores comunitarios.

Anteriormente se hace referencia a que las políticas sociales son una modalidad de las políticas publicas, de tal manera que se hace necesario establecer criterios que permitan  a las comunidades como entender las políticas sociales y poder ubicarlas en contexto.

Al respecto existen diferentes concepciones sobre las consideraciones acerca de las políticas sociales. A tal efecto se puede afirmar según (Pérez, 2015), “que las  políticas sociales son respuestas del estado a problemas inmediatos de la población, es decir, son acciones que están dirigidas a resolver situaciones insatisfechas encontradas en las comunidades, donde la gente manifiesta directamente al gobernante las demandas relacionadas con la pobreza y sus manifestaciones en salud, el empleo, la seguridad y la educación, junto a los signos de exclusión y desigualdad”

El referido autor agrega, que “estos elementos en el discurso político se convierten en estrategias ideológicas a favor electoral y dejando en el concepto una visión practica y material; es decir ofrecer soluciones inmediatas con dineros inmediatos, producto de los negocios con el petróleo, dejando en el campo de la coherencia económica preguntas como: ¿se resuelve el problema con programas supletorios?, ¿ los recursos económicos del gasto social son continuos?, ¿Qué pasa cuando el costo del petróleo es bajo?; ¿por que no aumentan los presupuestos de las políticas publicas ya institucionalizadas y extenderlas optimizando su funcionalidad?” (pág. 98).

Los factores anteriormente planteados podrían darnos algunas ideas sobre el por qué de las limitaciones de las políticas publicas, pues el aumento del gasto social a servicios pragmáticos, sin mucho diagnostico y que resuelva de una forma inmediata la problemática planteada por la población, con otra respuesta real en tiempo futuro, producen resultados inesperados por el gobierno y esperados por los analistas.

De esta manera el fracaso de políticas sociales sin planificación coherente y generadoras de inestabilidad social; el incremento improvisado del empleo publico sin seguridad social, implementar créditos sociales para vivienda y negocios de sobrevivencia, dando así una semblanza (sensación de solución) de empleo constante.

Aunadas a las anteriores ideas que se viene desarrollando como parte de la investigación sobre  los alcances de las política publicas, se observa como esa situación generan otras situaciones de desgate  social por mala praxis en las políticas publicas y sociales, escenario éste que deben llevar a los ciudadanos a plantearse una visión y practica política critica.

En consecuencia  esa ciudadanía se entiende y justifica  enmarcada  en una vida de acción política constante que sea capaz de adquirir la suficiente, completa  y seria  formación política  y técnica que tenga como consecuencia la insurgencia de un liderazgo social comprometido con una ciudadanía proactiva, que si bien puede obedecer a un proyecto de país, de sociedad, pueda englobar a todos los miembros de una comunidad sin mayores distingos que el abogar, proponer , desarrollar e implementar la solución a sus problemas, como un brazo ejecutante las política publicas.

Desde la óptica anterior, esa formación de la ciudadanía esta vinculada con obtener un conocimiento de sus derechos consagrados en la Constitución Nacional de la Republica Bolivariana de Venezuela que refuerza e incentiva la participación ciudadana y establece los medios de protagonismo del pueblo y las instancias de atención ciudadana.

En tal sentido, las instancias de atención ciudadana  son los derechos que tienen los ciudadanos y ciudadanas en la formación, ejecución y control de la gestión y de las políticas publicas directamente o a través de sus representantes legales

Es por ello que ejercer la  ciudadanía y participación del pueblo se conjugan y es necesaria para lograr de hecho y de derecho el tan esperado protagonismo del pueblo que garantice su completo desarrollo  tanto individual como colectivo, según lo establece el artículo 62 de la citada Constitución Nacional.

En ese mismo orden de ideas la Constitución Nacional también consagra el Derecho de Petición en los artículos 51; artículo 28; artículo 31 y artículo 58 aunado  al derecho a la oportuna información en su artículo 143, así como en los artículos 7, 8 y 9 de la Ley Orgánica de la Administración Publica.

Fuentes:

Alvarado, N. El modelo endógeno socialista de Venezuela y su estrategia de inclusión social. Revista de ciencias sociales (RES) vol. XVIII, nº 4, octubre-diciembre 012, pp. 641-656. FACES- LUZ.

España, L. La Política Social de Venezuela: Volver a lo básico. Observatorio venezolano de la Seguridad social.

Pérez, J. Participación, Políticas Publicas y Sociales. Revista  Memoria  política. Nueva etapa, nº 4, 2015.

Socorro, J y Cruceta, J (s/f). Argumentación Jurídica. Escuela Nacional de la Judicatura. República Dominicana, en www.enj.org

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Autor: Heriberto Rivera