Por: Meritxell Freixas Martorell

Los chilenos y chilenas han reventado, hartos de tanta desigualdad y de vivir bajo un modelo neoliberal que no les garantiza el acceso a sus derechos más básicos como la educación, salud o las pensiones. De la mano de los más jóvenes, tratan de dar respuesta a lo que la política, por ahora, está dejando al aire.

“El malestar llegó a los estudiantes, que veíamos que la gente mayor no hacía nada, pero de repente comenzamos a ver que mucha gente quería hacer algo”. Lo explica a través de un podcast uno de los tres jóvenes que puso en marcha la cuenta de Instagram @cursedin, a través de la cual se viralizaron las evasiones masivas en el metro de Santiago que fueron el punto de partida de las movilizaciones más multitudinaria desde el retorno de la democracia en Chile. Una generación que impulsó el despertar de un país que se creía dormido.

El gobierno de Sebastián Piñera decidió aplacar los llamados de los adolescentes a la evasión masiva con mano dura. Envió a la policía a intervenir a las estaciones afectadas, lo que desató una ola de protestas, saqueos y altercados mucho mayor: 118 estaciones de las 136 que conforman la red de metro quedaron dañadas, 25 de ellas incendiadas. La noche del viernes 18 de octubre, casi de madrugada, el mandatario chileno decidió decretar el Estado de Emergencia, desplegar los militares en la calle e imponer un toque de queda durante una semana. La respuesta ciudadana, articulada sin líderes ni portavoces, fue, entonces, masiva: “Ahora ni cagando pueden decir que son sólo los estudiantes quienes protestan”, decía una de las jóvenes que participaba en uno de los tantos cacerolazos que se autoconvocaron en las calles durante todo el fin de semana.

Lo que partió como una protesta de los secundarios en contra del alza del precio del transporte público se ha convertido en el estallido de la mayor crisis política y social desde 1990. Ni la revocación del alza del transporte público, ni tampoco la llamada a diálogo con la oposición, ni el anuncio de una “nueva agenda social” –considerada insuficiente desde el inicio–, ni mucho menos el “profundo” cambio de gabinete que llevó a cabo el presidente han servido para convencer a los manifestantes y rebajar la movilización. Las protestas –mayoritariamente pacíficas– se mantienen hasta hoy. Con más de 15 días en las calles, los manifestantes han perdido el miedo y ya no se conforman con medidas parche, sino que reclaman cambios profundos y estructurales al modelo bajo el que (sobre)viven desde hace 30 años.

En la agenda se ha instalado la demanda por una nueva Constitución, que sustituya la diseñada e implementada en 1980, bajo la dictadura de Pinochet, y que acabe con el actual modelo. Ese es el principal objetivo al que hoy apuntan los manifestantes y pasaría por convocar un plebiscito que confirmara que ese es un clamor mayoritario. «No descarto ninguna solución, ninguna reforma estructural», afirmó la semana pasada Piñera, cuando empezó a tomar fuerza la posibilidad de abrir un proceso constituyente.

El torpe manejo político de la crisis ha tenido costos importantes para Sebastián Piñera y su gobierno. La cancelación del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25), ambos eventos internacionales previstos para las próximas semanas, representa un duro golpe al liderazgo regional del presidente, un objetivo que quería consolidar y para el que venía trabajando desde su llegada al poder.

Jóvenes reprimidos

La Fiscalía investiga la muerte de 23 personas bajo el Estado de Emergencia, cinco de ellas a manos de policías o militares, además de 840 denuncias por presuntas violaciones de derechos humanos. La última actualización de las cifras del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) asegura que hay más de 4.300 personas detenidas, casi 500 de ellas menores de edad, además de 1.574 heridos por balas, balines, perdigones o armas de fuego no identificadas. El organismo ha presentado hasta la fecha un total de 179 acciones judiciales, la mayoría de ellas por torturas y una veintena por violencia sexual.

Una de ellas recoge el caso de Josué Maureira, estudiante homosexual de Medicina que declaró haber recibido golpes, amenazas y vejaciones de parte de varios agentes de policía. «Fue desnudado y abusado sexualmente en el contexto de tortura que estaba sufriendo […]. Lo obligaron a gritar su identidad sexual, mientras los uniformados proseguían con los golpes», aseguraron desde el INDH. “Estoy amenazado por la policía y nos han intimidado a mi familia y amigos. Mi vida cambió radicalmente desde ese día. Chile ya no es un país seguro para mí, por eso decidí irme a España para acabar mis estudios de especialización”, explica el joven.

Otro caso es el de Jennifer Abarca, estudiante de Quillota, municipio ubicado en la región de Valparaíso, al centro del país. Fue detenida alrededor de las 6 de la tarde, cuando entraba en vigor el toque de queda de la primera semana. “La marcha casi había terminado y había sido pacífica. Iba llegando a casa y la policía empezó a disparar perdigones y a tirar bombas lacrimógenas. Corrí para refugiarme en un edificio, pero llegaron los policías y nos golpearon con las lumas. Estaba con otras dos chicas, menores de edad”. La estudiante cuenta que fue arrastrada por las escaleras de tal forma que “le saltó la ortodoncia de la boca” y que, una vez en comisaría, “fueron obligadas a desnudarse y a hacer sentadillas”. Dice que no la autorizaron a ir al baño hasta el día siguiente a las 10 de la mañana, cuando fue llamada a declarar ante el juez.

La semana pasada el ministro de Justicia, Hernán Larraín, reconoció por primera vez la veracidad de las denuncias: «Estamos muy complicados porque se han producido situaciones que, efectivamente, aparentemente, parecen ser violaciones a los derechos humanos», asumió. El Ministerio de Interior, por su parte, dio a conocer que hay 983 personas de Fuerzas Armadas, Carabineros y Policía de Investigaciones que también han sido lesionadas en los múltiples enfrentamientos con los manifestantes.

Entre la incertidumbre y la esperanza

Está previsto que durante esta semana se retome la actividad en la mayoría de las universidades e institutos. Sin embargo, algunos centros ya han anticipado el cierre del año escolar, que normalmente se da antes de las vacaciones de Navidad, por falta de condiciones que garanticen la seguridad de la comunidad escolar.

Chile vive al día, sumido en la incertidumbre y sin muchas certezas ni claridades de cómo van a avanzar los acontecimientos. Sin embargo, hay una cierta sensación de esperanza y muchas expectativas puestas en la posibilidad de lograr un cambio real. La semana comienza con convocatorias de nuevas manifestaciones, cacerolazos y caravanas de vehículos, además de las múltiples asambleas y cabildos abiertos que se siguen celebrando en pueblos y ciudades para que la ciudadanía decida sobre el futuro de su propio país.

Los chilenos y chilenas han reventado, hartos de tanta desigualdad y de vivir bajo un modelo neoliberal que no les garantiza el acceso a sus derechos más básicos como la educación, salud o las pensiones. De la mano de los más jóvenes, tratan de dar respuesta a lo que la política, por ahora, está dejando al aire.