Por: Leonardo Fabio Martínez.
La Universidad Pedagógica Nacional (UPN) ha jugado un papel relevante en el análisis de políticas y normas colombianas en materia educativa. Especialmente ha realizado estudios y recomendaciones al Ministerio de Educación para generar políticas de Estado que permitan el mejoramiento de la formación de maestros y educadores en Colombia y que incentiven la producción de conocimiento para la solución de problemas estructurales del sector.
Claro ejemplo de esta labor se expresó en las discusiones que lideró la institución en el 2017 que junto a las facultades de Educación alertaron sobre los riesgos de la implementación del artículo 222 de la Ley 1753 de 2015 por la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo del segundo periodo de gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, que obligó a todos los programas de licenciatura del país a tramitar y obtener su acreditación de alta calidad en un plazo perentorio de 32 meses, contados desde la expedición de dicha ley, so pena de perder su registro calificado, tener que suspender inscripciones y cerrar su oferta.
La UPN, basada en un estudio llevado a cabo por expertos de la institución, argumentó que la obligatoriedad de la acreditación en programas de licenciatura terminaba ampliando la brecha entre las universidades presentes en las grandes urbes y las del contexto regional, ya que las exigencias planteadas no podían alcanzarse sin un plan estratégico que contemplara condiciones financieras y técnicas para aumentar el número de docentes de planta dedicados a la formación e investigación de las licenciaturas, fomentar la investigación y la divulgación de conocimiento, mejorar la infraestructura, asignar recursos concretos para la realización de planes de formación en lengua extranjera e implementar la práctica pedagógica progresivamente a lo largo de la carrera, de tal forma que los licenciados contaran con una formación de excelencia. Efectivamente la Ley 1753 de 2015 y las resoluciones 2041 del 2016 y 18583 del 2017 plasmaron iniciativas en favor de la calidad, desafortunadamente sin partidas presupuestales concretas y sin un plan de gobierno para su realización, lo cual terminó sobrecargando a las instituciones con más gastos y responsabilidades y en el escenario regional desencadenó un cierre inminente de oferta educativa para la formación de maestros.
La universidad continuó participando críticamente en distintos escenarios nacionales convocados por el actual Gobierno sobre el tema de la calidad educativa e insistió sobre la impertinencia de mantener la obligatoriedad de la acreditación para los programas de licenciatura. Además cuestionó enfáticamente la expedición apresurada y poco concertada del decreto 1280 del 2018 que pretendía reglamentar aspectos centrales del Sistema de Aseguramiento de la Calidad en materia de registros calificados y acreditación; afortunadamente consideramos que, en parte, los planteamientos hechos fueron tenidos en cuenta en el Plan Nacional de Desarrollo aprobado por el Congreso de la República, el cual deja sin efectos la obligatoriedad de acreditación de alta calidad para las licenciaturas. Sin embargo, no versa sobre aportes esenciales que hicimos en mesas de trabajo llevadas a cabo con el MEN a propósito de rescatar, revitalizar y poner en marcha del Sistema Nacional de Formación de Maestros que articule todas las facultades de Educación del país que trabajan en la formación de licenciados, extienda y fortalezca vínculos con las Escuelas Normales y plantee estrategias sustentadas financieramente para la cualificación permanente del profesorado que dignifique la profesión docente, acompañada del debido reconocimiento social y la mejora sustantiva de sus condiciones laborales.
Sigue pendiente la deuda histórica con los maestros en materia de política gubernamental y educativa. Desde el inicio de la actual cartera del Ministerio de Educación hemos expuesto nuestras recomendaciones en sesiones de trabajo e incluso entregamos el estudio denominado “Entre las exigencias de calidad y las condiciones de desigualdad: formación inicial de profesores en Colombia”, con el objetivo de contribuir con el direccionamiento político del sector educativo. Esta labor es concreta y da cuenta de nuestra responsabilidad consignada en la Ley 30 de 1992 de ser asesores del Estado en materia de formación docente.
Esperamos que la expedición del nuevo decreto que reemplaza el 1280 tenga en cuenta las recomendaciones que también hicimos de forma escrita y que se sintetizan en lograr articular —y sobre todo unificar— el lenguaje y los procedimientos tanto para el registro calificado como para los procesos de acreditación. Se entendería que los procesos siguen siendo paralelos e independientes con discursos semejantes, pero disímiles (v. gr. factores vs. condiciones de calidad). Sugerimos retomar el asunto de la articulación tanto en el número y denominación de condiciones/factores, formas de verificación y/o rubricas de evaluación para validar el cumplimiento en cada proceso. Así mismo se requiere una revisión cuidadosa de los aplicativos SACES y SACES-CNA, en cada caso, que resuelva vacíos existentes en los sistemas de información. Todo esto debe quedar claro y subsanado antes de la entrada en vigencia del nuevo decreto, de tal forma que se garantice el principio de coherencia entre los diferentes procedimientos del sistema de aseguramiento de la calidad.
Pese a los avances tanto en el Plan Nacional de Desarrollo como en la actualización del decreto 1280, es necesario que se tome en serio el papel central de la formación de maestros y educadores para el país si se quiere favorecer una transformación social basada en la equidad y en el papel predominante que juega la educación.
Fuente del articulo: https://www.elespectador.com/opinion/escenario-incierto-para-la-formacion-de-maestros-en-nuevo-plan-nacional-de-desarrollo-columna-864717
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