Uruguay

Fue un año difícil y lo reconoció. El 2015 no le trae buenos recuerdos al presidente de la República, Tabaré Váz-quez. El líder frenteamplista volvió al sillón presidencial después de cinco años y debió enfrentar una fuerte pelea con los sindicatos de trabajadores que exigieron mante-ner el ritmo de aumentos salariales.

El resultado fueron varios días de paros, movilizaciones, enfrentamientos entre gremialistas y gobernantes que tensaron la relación al límite, y llevaron al jefe de Estado a emitir un decreto declarando la esencialidad para la educación; un hecho inédito en las administraciones frenteamplista.

Esta historia amenaza con repetirse en 2017, cuando el Poder Ejecutivo ingrese otra vez en la discusión presupuestal.

Es que los sindicatos de la educación advierten una fuerte lucha, ya que exigirán un presupuesto del 6% del Producto Interno Bruto (PIB) para el 2018.

«La mano viene complicadita», dijo a El País el dirigente de la Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES-Montevideo) Luis Martínez. El sindicalista explicó que ya se visualiza un escenario de alta conflictividad para este año, ya que las previsiones del gobierno para la educación no son las que aspiraban los gremios de trabajadores.

El presidente Vázquez convocó a la primera reunión del gabinete de ministros para el 28 y 29 de enero en la Estancia Presidencial Anchorena. El objetivo del mandatario es reunirse durante dos días a puertas cerradas para planificar el 2017, y darle el primer impulso a los lineamientos generales del proyecto de ley de Rendición de Cuentas.

Incluso no quieren comprometer la meta y las autoridades del Ejecutivo aclaran que se hará el mayor esfuerzo posible, tal como lo dice el programa de gobierno: «ir hacia el 6% del PIB». Para los dirigentes sindicales la forma en que está planteado, es una especie de «protección» en el caso de que no se alcance la meta.

Después de un 2016 con «paz sindical», los sindicatos tienen las manos libres en 2017 para definir nuevas medidas de protesta. Esto se debe a que el convenio firmado entre los gremios de la educación y el Poder Ejecutivo —que les impedía tomar medidas de lucha— vence el 1° de abril de este año.

«El reclamo es claro: 6% como mínimo para la educación, pero para la ANEP y Universidad de la república (Udelar); el gobierno ha agregado otros rubros para intentar llegar a la cifra. A pesar de eso no se ha llegado ni mucho menos», dijo Martínez. El sindicalista admitió que tiene pocas expectativas en lo que ofrecen las autoridades de gobierno.

«Por supuesto que se augura un año conflictivo, ¡sin duda!», agregó. El dirigente de ADES explicó que la tarea del sindicato es defender los intereses de sus trabajadores agremiados y las reivindicaciones que consideran justas.

En ese marco, adelantó que si se vuelven a encontrar con un gobierno en la misma posición que en 2015, sin intención de negociar —dijo— tomarán todas las medidas que consideren oportunas. Por eso adelantó que el 2017 «va a ser un año difícil» y la magnitud de la conflictividad dependerá de la actitud del gobierno frenteamplista, dijo.

El presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, —que a su vez es dirigente del sindicato de maestros— explicó que si el gobierno no cambia su forma de negociar con los sindicatos de la enseñanza se visualiza un escenario de alta conflictividad.

«No son los gremios los que provocan la conflictividad, es el gobierno con su actitud po-co abierta a la negociación. En las pasadas discusiones presupuestales convocan a los sin-dicatos cuando ya está todo el pescado vendido. Así es muy difícil», opinó el dirigente sindical.

La presidenta de la Asociación de Maestros del Uruguay (Ademu-Montevideo), Daysi Iglesias, adelantó a El País que el 2017 es un año clave para el sector. «Los maestros van a reclamar aumentos salariales para todos los escalafones», dijo. Si bien el gremio manejará la plataforma reivindicativa de la central única de trabajadores (6% del PIB para la enseñanza), el sindicato de maestros definirá su plataforma y plan de acción a comienzos de marzo.

La ley de presupuesto quinquenal diseñada por el Ejecutivo y aprobada por el Parlamento en 2015 estipula un presupuesto para la educación de 4,7% y 4,8% del PBI para los dos primeros años. El ministro Astori estimó que al finalizar el 2017 se alcanzará el 5% y, en los dos años siguientes, se alcanzará al 6%.

El jerarca adelantó la semana pasada que trabajarán sobre la base de una Rendición de Cuentas prudente y que mantenga los equilibrios macroeconómicos.

Vázquez y el ministro Astori tienen claro que será una discusión especial. Si la negociación presupuestal del 2015 fue compleja, la de este año estiman que será más entreverada aún. Eso se debe a que el oficialismo no tendrá mayoría parlamentaria por primera vez desde que gobierna el país.

Un decreto que quedó en la memoria de docentes.

El 24 de agosto de 2015 quedó en la memoria de los trabajadores de la enseñanza. Ese día la ministra de Educación, María Julia Muñoz, anunció la decisión del presidente Vázquez de decretar la esencialidad en la educación, y así, intentar obligar a los trabajadores a levantar la medida de paro que habían definido como protesta. El anuncio enfureció a los trabajadores docentes. Vázquez dio marcha atrás, pero la anécdota marcó la negociación del 2015; que ahora los trabajadores temen que se reedite.

PIT: sin más impuestos es difícil llegar al 6% para la educación.

La central única de trabajadores tiene como tema central para el 2017 la discusión presupuestal. Para el Pit-Cnt es clave que se cumpla con la promesa electoral de otorgar el 6% del PIB para la educación. Sin embargo sus dirigentes analizaron el tema y concluyeron que si no hay una decisión política de estructurar nuevos impuestos para incrementar la recaudación es muy difícil llegar a la meta presupuestal para la educación.

El presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, dijo a El País que es momento de gravar a los sectores más pudientes para obtener desde allí los recursos necesarios para el sistema educativo. «Durante mucho tiempo este país se enriqueció, pero parece que nadie tiene esa plata, entonces: ¿dónde está la plata?», dijo el dirigente sindical y opinó que el gobierno debe apuntar a gravar con nuevos impuestos a esos sectores que más se enriquecieron.

La idea está plasmada en un documento programático que la central de trabajadores presentó a fin de año. En el documento —escrito por el Instituto Cuesta Duarte— el Pit-Cnt impulsa aumentos en la tasa del Impuesto al Patrimonio y reducción de su mínimo imponible. A su vez pide analizar las exoneraciones de IRPF, Impuesto al Patrimonio y del IRAE.

En esta posición se han manifestado varios sectores del partido de gobierno.

Los grupos más ubicados a la izquierda dentro del Frente Amplio buscan presionar al presidente Vázquez para que aumente el gasto público y financie esas obras con la suba de tasa a la renta empresarial y de alquileres. También propusieron la quita de las exoneraciones tributarias. En esa línea están el MPP, PCU, 711 (Sendic), y socialistas ortodoxos.

Pero en el otro «bando» se ubica el Frente Líber Seregni, comandado por el ministro de Economía, Danilo Astori. El jerarca ya manifestó que no es una buena decisión cambiar las reglas de juego en materia impositiva.