Venezuela

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Arco Minero del Orinoco: ¿Desarrollo económico o destrucción silenciosa?

Noticias

www.hinterlaces.com/30-08-2016/Por: Scarlet Clemente

Explotación del Arco  Minero compromete 12% del territorio nacional, más de 44 mil toneladas de minerales y 60% de las fuentes hídricas de la nación

12% del territorio nacional se encuentra comprometido por 40 años, en principio. Con el nombre “Arco Minero del Orinoco” fue denominado el decreto N° 2.248 (Gaceta Oficial N° 40.855)  ordenado por el presidente Nicolás Maduro, que autoriza el desarrollo de la explotación minera en un vasto territorio que se extiende por los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro.

111.843,70 kilómetros de territorio serán ocupadas por más de 150 empresas de la minería de diversas partes del mundo, según informaciones difundidas por voceros del oficialismo. Esta extensión que será el foco de explotación representa un territorio mayor a países como Cuba, Portugal o Bulgaria.

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La división de este territorio ha sido dispuesta en atención a la predominancia de los minerales en:

  • Área 1: Coltán tierras raras, diamantes.  
  • Área 2. Predominancia de hierro y oro.
  • Área 3. Bauxita, hierro y oro.
  • Área 4. Oro, bauxita, coltán, caolín y dolomita.

Con la obtención de las certificaciones internacionales que adelanta el país, Venezuela legitimaría que posee 10% de las reservas probadas de diamantes del mundo, ocupando el sexto puesto, y se convertiría en la segunda mayor reserva mundial de oro.

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Según el decreto, la decisión se fundamenta en la “creación de estímulos necesarios para implementar las capacidades para el aprovechamiento de las potencialidades de los recursos minerales del arco”. Según Maduro, el plan persigue desligar al país del “modelo rentista” con el que opera en materia petrolera. Establece que los postulados fundamentales que lo rigen son los principios de “integralidad en la regulación” y  manejo de la zona; posteriormente enumera una serie de postulados que serán analizados a la par de las informaciones que se conocen del proyecto de explotación.

objetivos

Gaceta Oficial N° 40.855. Decreto N° 2.248

*Ética Socialista

“No cambiemos el clima, ¡cambiemos el sistema! Y en consecuencia comenzaremos a salvar el planeta”

Con estas palabras intervino el ex presidente  Hugo Chávez, en la XV Conferencia Internacional de la Organización de Naciones Unidas sobre Cambio Climático en 2009. Hoy, 7 años después, su sucesor, Nicolás Maduro, ha aprobado un plan para la explotación de oro, diamante, hierro y aluminio a empresarios nacionales e internacionales.

Según información difundida por su gabinete ministerial, el plan de inversión involucraría a 35 países de los que solo han sido mencionados Canadá, China, Rusia, Arabia Saudita, Sudáfrica, Estados Unidos, El Congo, Inglaterra, Alemania y Suiza. Y a más de 150 empresas de las que solo han sido dadas a conocer las  chinas Camc Engeerering CO. LTD(trabajará en el área 1), Yakuang Group (para el área 4) y la canadiense Gold Reserve, que retornó al país luego de ser suspendida su concesión en 2009 y posteriormente haber firmado en 2016 un memorándum de entendimiento con el Ejecutivo para el establecimiento de una empresa mixta, que le permitirá retomar acciones y le concederá el pago de 769,6 millones de dólares como indemnización por la estatización de sus operaciones.

El ministro del Poder Popular para Desarrollo Minero Ecológico, Roberto Mirabal, explicó que el plan de trabajo con estas trasnacionales sería bajo la figura de empresas mixtas con mayoría accionaria venezolana, donde “el Estado obtenga un mínimo de 55% de ganancias, 13% de regalías, y además reciba el pago del Impuesto Sobre La Renta (Islr), lo que totaliza más de 70% de ingresos”. Entretanto, el presidente Maduro ha señalado que 60% de los dividendos que reciba el Estado, serán orientados para el Fondo Nacional de las Misiones y Grandes Misiones.

Diversos sectores del país han alzado la voz en contra de la aprobación de este decreto por considerar que ha revertido decisiones “inconsultas y poco meditadas” entorno al porvenir del país. Han criticado que se le pretenda tildar de “prácticas ecosocialistas” cuando trae consigo grandes impactos ambientales. La llamada Plataforma en Defensa de la Constitución, organización que agrupa a voceros del llamado “chavismo crítico” y a exministros del ex presidente Hugo Chávez, han sido de los más fervientes opositores a este proyecto.

El exministro de Comercio y miembro de la plataforma, Gustavo Márquez, en días pasados aclaró que de esta operación no surgiría “dinero fresco” para el Estado. A su juicio, Venezuela no solamente no va a recibir inyección de capital, sino que además va a tener que cancelar a la Gold Reserve un total de 769,6 millones de dólares antes del 31 de diciembre de este año; y adicionalmente, otros 240 millones de dólares por concepto de los datos técnicos de minería que posee la empresa. Lo que comprometería las finanzas de la nación que atraviesa una profunda crisis producto de la disminución de ingresos por concepto de exportaciones petroleras. Márquez expresó:

 “Este es un acuerdo que revierte toda la política de la Revolución Bolivariana antineoliberal porque de hecho está asumiendo las condiciones que aplica el Fondo Monetario Internacional a los países en materia de promoción de inversiones (…)  Ese tratado está por debajo de la Constitución, porque es heredado y viene desde 1998, es completamente inconstitucional”

*Resguardo y defensa de soberanía nacional

El Gobierno venezolano anunció durante el mes de agosto la firma de 7 acuerdos por4.500 millones de dólares con diferentes empresas nacionales e internacionales para iniciar el “desarrollo” del Arco Minero. Aunque las condiciones contractuales son desconocidas para la opinión pública, diversos sectores han denunciado unas desiguales condiciones. Entre los acuerdos más controvertidos está el establecido con la Golden Reserve. Al respecto, el ministro de Petróleo y Minería de Venezuela, Eulogio del Pino, ha señalado:

“Hemos firmado el acuerdo de inversión por 5 mil millones de dólares, que están disgregados en la resolución de la disputa que se tenía -con la Golden reserve-, las inversiones en las minas de oro por 2 mil millones de dólares y 2 mil millones de dólares en préstamo para el país”

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Sin embargo, el profesor Edgardo Lander explicó que este acuerdo no resulta beneficioso para la nación, ya que el Estado deberá acudir a financiamiento externo para llevar a cabo el proyecto. Además, denunció que se le cede a la trasnacional canadiense -por 40 años-  18 mil hectáreas para la explotación, pues se le suma a la mina Las Brisas (Bolívar) y la mina vecina Las Cristinas donde se estima que existen reservas de oro de 55 millones de onzas, además de 4,2 billones de libras de cobre

“La nueva empresa mixta tendrá que buscar los recursos en el mercado de capitales, entonces además de pagar mil millones de dólares en el corto plazo, tendrá que endeudarse por 1.155 millones de dólares para poder hacer su aporte de capital”

Pese al anuncio hecho por el ministro Mirabal, donde aseguraba que el fisco percibiría  el pago del Impuesto Sobre La Renta (Islr) y otros tributos de manos de las empresas mineras; Rockne Timm, CEO de la compañía canadiense, ha declarado que otro incentivo para retornar al país ha sido la declaración del área como “zona económica especial”, lo que les ofrece beneficios adicionales como la exoneración de ciertos impuestos, por lo que el país tampoco estaría percibiendo estos ingresos fiscales.

La compensación a Gold Reserve no será la única que deberá realizar el país, porque se conoció que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) decidió que Venezuela deberá pagarle a la minera ruso-canadiense Rusoro, una compensación de 1,2 millardos de dólares por concepto de la expropiación de sus activos en el país en 2012.

*Protección y respeto a los pueblos indígenas

La exploración de los territorios del Arco Minero incidiría de manera directa en los territorios indígenas de pueblos y comunidades como los Yekuanas, Piaroas, Pemón, Arawak , Akawayo, Piapoco, entre otras. Distintas comunidades se han manifestado en contra el decreto por considerar que están siendo amenazados sus derechos y que estas explotaciones devastarían sus territorio, y además, afectarían varias áreas bajo Régimen de Administración Especial como las ubicadas en la cuenca del río Caroní, la Reserva Forestal Imataca y el Monumento Natural Cerro Guanay.

En una carta elaborada por todas las autoridades de 49 comunidades Yekuana y Sanemalos representantes indígenas “rechazaron definitivamente la implementación del decreto del Arco Minero “en sus territorios y hábitats. Advirtieron que estudios científicos con data de los 2010 y 2011, vienen reportando un impacto ambiental en la zona, producto de la minería ilegal y artesanal practicada en estos territorios y temen que la situación se agrave con la aprobación de la minería extensiva a cielo abierto:

“Estudios reportan el impacto ambiental en nuestro territorio tradicional incluyendo el incremento de contaminantes químicos y sedimentos en suspensión en el río Yuruani y en el río Caura, así comobioacumulación de mercurio en tejido muscular de los principales peces de consumo masivo por parte de nuestras comunidades indígenas, especialmente en niños, niñas y adultos mayores. El resultado de los estudios científicos reportan bio-acumulación de mercurio en tejido humano (cabellos) en miembros de las comunidades indígenas Yekuana y Sanema”

En contraposición, el ministro Mirabal ha declarado que los planes contemplan el cuidado y respeto hacia el medio ambiente y una “política de bienestar centrada las necesidades, tradiciones y costumbres ancestrales de quienes habitan el territorio”. El presidente Maduro ha añadido que esta exploración se realiza con un amplio criterio “científico, ecológico, econométrico”, que garantizaría el fortalecimiento de la riqueza minera y la capacidad productiva nacional.

“Aún no existe en el mundo una minería ecológica, amistosa con el ambiente, sobre todo cuando se trata de una megaminería de mayores y más bastas proporciones de cualquier iniciativa similar a nivel mundial”. Esteban Emilio Mosonyi, antropólogo.

*Adaptabilidad, solidaridad

Ana Elisa Osorio, exministra del ambiente del expresidente Chávez,  fue la responsable de ejecutar bajo su gestión el retiro de la concesión a la trasnacional Gold Reserve. Se han convertido en una de las voceras más activas en contra del Arco Minero. Osorio ha declarado que  la autorización de la explotación “afianza la lógica rentista” del país y ha alertado que el proyecto esconde la destrucción de nuestro ecosistema y el compromiso del futuro del país.

El vicepresidente de Planificación, Ricardo Menéndez, en declaraciones ofrecidas a la opinión pública dio a conocer que se tienen contabilizados 465 centros poblados a lo largo del Arco Minero, que se traducen en más de un millón 660 mil habitantes (4,9%) de la población nacional y que según estimaciones oficiales esperan un aumento de un millón 768 mil personas para 2019.

Menéndez explicó que en el marco del proyecto minero se impulsará un plan de desarrollo industrial que prevé asistencia en materia de viviendas, salud, educación y la “protección y preservación de nuestras comunidades originarias”.

El Mayor General retirado, excomandante de la REDI Guayana, Clíver Alcalá Cordones ha expresado:

“Es la vida de los venezolanos que está en peligro, la ambición por una riqueza nos va a destrozar de forma abismal y el presidente debe rectificar en la firma de estos documentos y debe haber una discusión previa antes de firmar porque se compromete el futuro del país si se continua avanzando en esa locura. Piensen en las comunidades indígenas que no han sido consultadas. Exigimos el derecho donde el Estado explique este tipo de contratos”.

*Eficiencia, calidad, transparencia, sustentabilidad

Poco se conoce sobre la metodología que emplearán las empresas en la explotación del suelo. El presidente Maduro firmó días atrás un decreto que “prohíbe absolutamente” el uso del mercurio en las actividades mineras en Venezuela. Sin embargo, no ha hecho alguna mención a la solución cianurada altamente contaminante y ampliamente empleada en la explotación del oro.

El investigador Edgardo Lander al ser interrogado sobre los posibles métodos extractivos consideró que es “ poco probable que exista otra opción diferente al uso masivo del cianuro, porque eso se ha convertido hoy en el estándar global de como se opera la minería de oro a gran escala”.

La exministra Osorio explicó que el Macizo Guayanés no solamente es uno de los mayores depositorios de minerales del país, sino también de las más grandes reservas hídricas de la nación. Dilucida que esta zona se encuentra protegida por decretos de reserva forestal, leyes ambientales y convenios internacionales. Destacó que la explotación minera en la zona afectaría de manera irreversible a fuentes como la Cuenca del Caroní (96 mil kilómetros) que provee de las reservas de agua dulce más importantes del país y además “nos abastece más o menos de 70%” de la energía hidroeléctrica que alimenta la represa del Guri y el complejo hidroeléctrico nacional.

Lander asegura que Venezuela debe buscar articulaciones con las Redes Latinoamericanas de Resistencia a la Gran Minería, porque somos un país ajeno a este tipo de conflictos. Añade que, estos acercamientos cooperarán con el asimilamiento de experiencias requeridas en términos de instrumentos legales, formas de organización, consultas populares, entre otras.

“La afectación de la Amazonía, del agua, de la capa vegetal y los bosques de esta zona  no solo tienen consecuencias para Venezuela, sino que tienen consecuencias planetarias en papel de lo que esta zona juega en funcionamiento del sistema climático”, resaltó Lander.

*Equidad, control social

Santiago Arconada, activista y profesor de la Universidad Nacional Experimental Indígena del Tauca, ha calificado el plan como “una puñalada a la vida del planeta” y ha deplorado que el decreto presidencial se hiciese sin el menor desarrollo de estudio de impacto ambiental. Esta falta iría en menoscabo del  Artículo 129 de la Constitución que establece que “todas las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas deben serpreviamente acompañadas de estudios de impacto ambiental y socio cultural“.

“Esos estudios no han sido presentados y no se pueden presentar a posteriori. No es que los van a presentar mañana o pasado y eso es lícito (…) eso tendría que haberse presentado previamente a la emisión del decreto y a la realización de cualquier tipo de convenio con ninguna empresa”, señaló el psicólogo y comunicador, Gonzalo Gómez.

Arconada añadió que el decreto del Arco Minero donde se abre la posibilidad a las empresas de comercializar un porcentaje del oro en el extranjero, sin tener que pasar por el Banco Central de Venezuela y dejar las ganancias fuera del país en cuentas offshore; entra en contradicción con la Gaceta Oficial N° 40.692 del 30 de junio de 2015,  donde el Gobierno Nacional establecía que “las personas, sociedades o formas de asociación que desarrollen actividades de exploración y explotación del oro en áreas destinadas a las actividades mineras en el país deberán vender al Banco Central de Venezuela (BCV) todo el material aurífero obtenido“

La Plataforma denuncia que se pretenda justificar la realización la explotación masiva a cielo abierto con mega minería como medida de urgencia para hacer frente a la crísis económica,  cuando los riesgos ecológicos y económicos duplican los volúmenes de las ganancias que se podrían obtener en las extracciones.

“Esos 280 mil millones de dolares de los que habla el Gobierno (en reservas de oro en el Arco Minero), son apenas un poco más de la mitad de lo que se estima que ha perdido la nación, por el desfalco, fuga de capitales y faltantes detectados en PDVSA”, expresó  Gonzalo Gómez Freire, también miembro de la Coordinación de Marea Socialista.

*Participación del Poder Popular

El artículo 128 de la Constitución Nacional decreta que “el Estado desarrollará una política de ordenación del territorio atendiendo a las realidades ecológicas, geológicas, poblacionales, sociales, culturales, económicas, políticas, de acuerdo con las premisas del desarrollo sustentable, que incluya la información, consulta y participación ciudadana”.

Para la Plataforma de Defensa de la Constitución, ningún procedimiento anterior al decreto de creación del Arco ha cumplido con estás características. Por esta razón, encabezados por Freddy Gutiérrez Trejo, Cliver Alcalá Cordones, Ana Elisa Osorio, Héctor Navarro; han interpuesto una demanda de nulidad ante la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que ya fue admitida por el ente.

Gómez, califica el proyecto como “lesivo para la soberanía nacional” y acota que arrebata competencias legislativas al Estado al comprometerse a indemnizar a las corporaciones por cualquier acción judicial que se lleve a cabo más adelante:

“Cuando la empresa se plantea que podría apelar a los Tratados de Protección en Materia de Inversiones y que no sería posible que en Venezuela se emitiera ninguna ley o decreto posterior que pretendiese anular o menoscabar las condiciones en que se establecen estos contratos actualmente, entonces nosotros también estamos cediendo soberanía a futuro“

El exconstituyente Gutiérrez ha dejado claro que “cualquier contrato que suscriba la República y que no pase por la Asamblea Nacional (AN) es ilegal e inconstitucional”, puesto que el Parlamento debe conocer y posteriormente aprobar cualquier compromiso que asuma el Gobierno Nacional con otras naciones o empresas.

Para diversos sectores el país, este decreto revierte una enorme preocupación para el porvenir de la nación. Dada la envergadura del proyecto y sus implicaciones, exigen una todos los miembros de la sociedad civil tengan cabida en la discusión para construir los términos de acuerdos, ya que compromete el porvenir económico, político, ecológico y social de varias generaciones.

“¡Queremos seguir existiendo! ¡Exigimos nuestro territorio para seguir viviendo bien! ¡La vida vale más que el oro!“, proclama la comunidad Yekuana.

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Venezuela: Transformación curricular en educación media se orienta a crear una nueva ciudadanía

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América del Sur/Venezuela/ 30 de agosto de 2016/Fuente: correodelorinoco

Humberto González, viceministro de Educación, considera que nuevos contenidos y prácticas en la Educación Media se orientan a desarrollar el potencial creativo del ser humano.

“Con el nuevo proceso de transformación curricular en la educación media se pretende crear a una nueva ciudadana y a un nuevo ciudadano, además de desarrollar su potencial creativo como ser humano”. Así lo expuso el profesor Humberto González, viceministro de Educación, durante su participación en el taller de formación para periodistas realizado ayer en la sede del Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE).

El nuevo diseño curricular, sostuvo González, propone referentes éticos y temas indispensables que tienen como finalidad desarrollar ciudadanas y ciudadanos participativos y protagonistas de su realidad social.

FOMENTAR EL AMOR A LA PATRIA

Algunos contenidos indispensables presentes en este proceso transformador son los temas petróleo, democracia, sociedad multiétnica y pluricultural, comunicación y medios de comunicación, diversidad de géneros; asuntos que son abordados por docentes y estudiantes, en las llamadas áreas de formación, antiguamente denominadas materias.

Durante su disertación, González se refirió a los referentes éticos en los que se basa el proyecto curricular, el cual contempla el educar en, por y para la participación protagónica; fomentar amor a la Patria, educar para la soberanía y la autodeterminación; para el amor, el respeto y la reafirmación de la condición humana; y para la interculturalidad, el trabajo productivo y la transformación social. Además de formar para la preservación de la vida en el planeta; para la libertad y fomento de visión crítica del mundo; y para la curiosidad y la investigación.

Considera Gonzalez que el nuevo currículo desarrollará la sensibilidad de las y los estudiantes y del personal docente. “Además de fomentar el conocimiento, como uno de los objetivos esenciales de la educación, también será un referente social que garantice la continuidad de la población estudiantil en el sistema educativo”, indicó.

ÁREAS DE FORMACIÓN PROPUESTAS

El nuevo currículo favorece el estudio en profundidad de los temas, más que el estudio extenso de los programas de formación. Con este fin fueron diseñadas las áreas de formación de lengua, lengua extranjera, matemática, ciencias naturales, memoria; territorio y ciudadanía; arte y patrimonio; educación física, deporte y recreación; producción de bienes y servicios; acción científica, social y ciudadanía.

Cabe destacar que algunas de las materias que históricamente integraban el currículo de educación media, como es el caso de biología, ahora están incluidas en áreas de formación como ciencias naturales.

Se proponen dos formas de trabajar las área de formación, una como área común de todas y todos, con alumnos que integran un aula de clases; y otra mediante grupos estables, es decir, congregaciones o clubes de estudiantes que se reúnen para participar en actividades específicas como danza, sociedad bolivariana, ciencias, ajedrez, un deporte en particular y periódicos estudiantiles, entre muchas otras.

CERO NOMINALISMO

Considera el profesor Humberto González que una de las razones por la que hay detractores de la transformación curricular en Educación Media, es el nominalismo presente en las discusiones, es decir, una discusión en la que los debates no se basan en el tema tratado sino que se desvirtúan hacia otros asuntos.

Ejemplos sobre esto hay muchos, estimó el ministro. Entre ellos destacó las polémicas creadas en torno a la promulgación de los decretos 1.011 y 3.444, en base a los cuales integrantes del sector opositor, principalmente dentro de las instituciones educativas privadas, se valieron para advertir sobre el cierre de las escuelas privadas, el secuestro de las y los niños y la perdida de la autonomía universitaria.

El viceministro señaló que los programas que rigen los procesos educativos actuales datan de 1987, en el caso de primero a tercer año; y de 1972 y 1973, los referentes al ciclo diversificado. Es así aun cuando se sabe que son modelos cerrados, poco flexibles y distanciados de la realidad y del mundo laboral.

UN PROCESO TRANSPARENTE

El viceministro manifestó que el proceso de transformación del currículo “no es un acto clandestino”, ya que es el producto permanente de una larga discusión que continúa día a día, y que tomó elementos de las discusiones generadas en la Constituyente Educativa y sobre la Ley Orgánica de Educación; además de los debates públicos escenificados en diversos sectores de la sociedad venezolana. No obstante, precisó que fue la Consulta Nacional por la Calidad Educativa, realizada a partir del año 2014 y en la que participaron alrededor de 7,3 millones de personas, la que ayudó a concretar la nueva propuesta curricular.

El nuevo currículo será puesto en funcionamiento a partir del próximo año escolar. Durante este periodo se nutrirá de las experiencias que puedan aportar cada uno de sus protagonistas, en las más de tres mil instituciones educativas a escala nacional.

Fuente: http://www.correodelorinoco.gob.ve/nacionales/transformacion-curricular-educacion-media-se-orienta-a-crear-una-nueva-ciudadania/

Imagen: ww.correodelorinoco.gob.ve/wp-content/uploads/2016/08/educacion-media-1.jpg

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Venezuela: Propuesta de reforma curricular requerirá nueva formación docente

Noticias

Venezuela/Agosto de 2016/El Nacional

La aplicación de un nuevo currículo nacional integrado –una de las banderas de lucha del Ministerio de Educación, en especial tras la Consulta Nacional por la Calidad Educativa de 2014– está más cerca de concretarse.

El ministerio se reunió este mes con directores de las zonas educativas y expuso su propuesta para la transformación curricular en educación media para actualizar un diseño que data de hace 40 años.

Voceros oficiales señalan que el proyecto ha sido discutido por la comunidad educativa e incluso se ha modificado producto de lo que ha surgido de las mesas de trabajo. En junio la viceministra de Educación Media, Yoama Paredes, declaró que desde hace 2 años aplican un plan piloto en 71 planteles y han sistematizado las experiencias de la reforma.

Sobre la aplicación formal del plan de estudios existen contradicciones entre los representantes del gobierno, unos han referido que sería para este año escolar 2016-2017, mientras otros dicen que en este período se llevará la discusión del proyecto a las escuelas.

El modelo tiene un enfoque transdisciplinario con 6 áreas de formación (Ciencias Naturales, Educación Física, Lengua, Lengua Extranjera, Matemática y Memoria, Territorio y Ciudadanía), algunas agruparán las asignaturas tradicionales. Además, incluye otras 5 áreas que se desarrollarán a través de los llamados grupos estables, antes conocidas como actividades extracurriculares: Arte y Patrimonio; Acción Científica, Social y Comunitaria; Participación en Producción de Bienes y Servicios, y Orientación y Convivencia.

Otros componentes son los referentes éticos y “temas indispensables” como democracia participativa y protagónica; derechos humanos;  independencia, soberanía y autodeterminación de los pueblos; ideario bolivariano; seguridad y soberanía alimentaria; defensa integral de la nación y medios de comunicación.

Déficit y formación docente

Esta nueva organización implicará una sacudida para el docente. Leonardo Carvajal, director del doctorado en Educación de la UCAB, interpreta que si antes un profesor solo impartía una materia ahora deberá enseñar los contenidos de las otras que agrupe el área de formación. Por ejemplo, un docente de Geografía ahora en el área de Memoria, Territorio y Ciudadanía tendrá que asumir Historia y Cívica.

Expertos en educación no se oponen a una reforma, incluso encuentran aspectos positivos en la propuesta, pero sí son críticos sobre los referentes ideológicos y de adoctrinamiento en los contenidos.

Tulio Ramírez, director del posdoctorado de Educación en la UCV, opina que esa podría ser la manera del gobierno de solventar el déficit de docentes, pues en lugar de contratar a tres profesores para Física, Química y Biología solo se requeriría uno para Ciencias Naturales, que arroparía esas tres asignaturas. Otro escenario sería que se mantengan educadores por materia, pero deban planificar juntos cómo enfocar un tema para englobar las disciplinas de un área de conocimiento y luego elegir quién de ellos dictará los contenidos, lo que podría generar desorganización.

Ambos coinciden en que el problema de fondo que representaría un obstáculo para la transformación curricular continúa siendo el grave déficit de docentes especializados. “El total de profesores con título no llega a 50% de los que necesitamos”, precisó Carvajal.

El también miembro de la organización Asamblea de Educación recordó que en el proceso de cambio de currículo, que debe ser progresivo, los profesores deben invertir tiempo mientras ocurre la transición, sobre lo que Carvajal se pregunta cómo lo van a remunerar.

Ramírez hizo hincapié en que, además, la mayoría de los docentes activos no están entrenados en una práctica pedagógica transdisciplinaria, por lo que deberán pasar por un nuevo proceso formativo: “El que egresó de Física en el Pedagógico a lo mejor no tiene conocimientos de Química y Biología. Tendrá que ver cómo se las arregla ante ese nuevo reto”.

Sobre ese desafío, el viceministro de Educación, Humberto González, indicó durante el I Encuentro Nacional de la Micromisión Simón Rodríguez su expectativa de que los misioneros de ese programa “participen de manera decisiva en el proceso de transformación que ocupará gran parte del venidero año escolar”.

Orlando Alzuru, presidente de la Federación Venezolana de Maestros, afirmó que no han sido consultados para esta reforma curricular. El documento les llegó extraoficialmente y crearon una mesa técnica para analizarlo. Añadió que algunos aspectos de los llamados temas indispensables le parecen peligrosos hasta tanto no conozcan el contenido con detalles.

La Asociación Venezolana de Educación Católica sostuvo una reunión con el ministerio y calificó de positiva la iniciativa ante la deuda que existe con la actualización del currículo. Trina Carmona, presidente de la AVEC, explicó que pronto entregarán sus observaciones.

Pero Ramírez destaca un aspecto que el proyecto no aclara: cómo los jóvenes formados bajo esta nueva visión transdisciplinaria enfrentarán los retos en universidades que funcionan bajo modelos y exigencias disciplinarias.

DATO

Los referentes jurídicos del proyecto indican que la transformación curricular se inspira en la Constitución, en la Ley de Educación y también en el Plan de la Patria 2013-2019. Este documento en su apartado 2. 4. 1. 2. reza: “Adecuar los planes de estudio en todos los niveles para la inclusión de estrategias de formación de valores socialistas y patrióticos”

Fuente: http://www.el-nacional.com/sociedad/Propuesta-curricular-requerira-formacion-docente_0_907109363.html

Fuente de la Imagen: https://www.google.co.ve/search?q=reforma+curricular+en+venezuela&biw=1024&bih=485&tbm=isch&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwi19_b5odXOAhXBOiYKHRmPAe4Q_AUIBigB&dpr=1#imgrc=Xu0Y00nFsEO-uM%3A

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Consideraciones esenciales para la construcción de la Política de Financiamiento de la Educación Superior en Latinoamérica

Doctorado Latinoamericano en Educación: Políticas Públicas y Profesión Docente (DLAE) 1 comentario

Luis Emilio Torres Núñez (*)

La creciente incapacidad económica que vienen presentando los Estados latinoamericanos para asignar suficientes recursos públicos a sus sistemas de educación superior (SES), cada vez más masificados, han convertido el tema del financiamiento de la Educación Superior (ES) y la responsabilidad que tienen los Estados nacionales para la promoción de la ES como derecho humano, en un debate permanente, presente en todos los niveles de la vida socio-política del país: en la opinión pública, oficinas de los distintos niveles de gobierno, parlamentos nacionales, medios de comunicación, familias y expertos académicos, estudiosos o no del tema (Brunner, 2013).

Cuando nos referimos al financiamiento de la ES en el caso latinoamericano, es necesario precisar la responsabilidad económica -ineludible- que tienen los Estados para la construcción de una política pública que considere varios elementos intervinientes para la asignación de recursos monetarios –público o privado- que deben disponer las Instituciones de Educación Superior (IES) para llevar a cabo sus actividades académicas, en el marco de la políticas públicas aplicables para dicho sector educativo; para ello, se debe conocer el comportamiento de sus elementos fundamentales, como son: 1) el tipo de gestión que se emplean los Estados y las IES para el financiamiento –burocrático, corporativo y mercado-; 2) el origen de los recursos -de carácter público o privado-; 3) la modalidad seleccionada para el destino de los recursos económicos -oferta o demanda-; 4) el modelo utilizado por los Estados para determinar la cuantía o valores monetarios asignados a las IES –negociado incremental, negociado con aplicación de fórmulas, aplicación de fórmulas de rendimiento o resultados, establecimientos de fondos concursables y/o categóricos-; 4) los propósitos de la financiación de la ES –las razones que generan la intencionalidad de los recursos destinados por el ente financiador a las IES-. Por ahora nos proponemos a dar una rápida caracterización de estos elementos para el caso latinoamericano.

En primer lugar, la gestión empleada al igual que el origen de los recursos económicos destinados al financiamiento de los SES, están estrechamente influenciados por la concepción filosófica presente en el Estado; para la región latinoamericana el origen se ha caracterizado históricamente por ser de carácter público, generalmente bajo el tipo de financiamiento burocrático, el cual se fundamenta en que es el Estado quien debe financiar y supervisar a las universidades, toda vez que las considera instituciones que desempeñan una función pública, característica muy propia del modelo “Napoleónico” de universidad, (Schwartzman, 1993).

En segundo lugar, la modalidad mayormente empleada por los Estados para destinar los recursos públicos en la región, es la modalidad de la oferta, es decir, cuando los entes gubernamentales transfieren directamente los recursos económicos a las IES mediante cualquier mecanismo empleado en sus modelos de financiamiento –negociado, formulas y/o establecimientos de fondos-. En la región solo Chile y Puerto Rico emplean la modalidad de la demanda para la transferencia de recursos públicos; es decir, los recursos son asignados a los estudiantes –no a las IES- por diferentes mecanismos contemplados en sus modelos de financiamiento –becas, créditos educativos, prestamos financieros, subsidios de costos, entre otros instrumentos financieros aplicables solo para el concurso estudiantil-. (Brunner y Villalobos, 2014).

En tercer lugar, nos referimos al modelo de financiamiento empleado por los Estados para la determinación de la asignación o cuantía monetaria destinados a los SES, para el caso latinoamericano predomina el enfoque de modelo negociado-incremental, es decir, se mantienen los criterios de la negociación y la misma tendencia incremental económica acordados entre los gobiernos y las universidades; los aportes públicos generalmente no son condicionados para la mayoría de los países de la región, con la excepción de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Puerto Rico y Uruguay, donde se empieza a observar que la distribución financiera -o parte de ella- ya está vinculada en presupuestos por conceptos y/o presupuesto en bloque, (Brunner y Villalobos, 2014).

Se desconoce la relación existente entre los propósitos de la financiación de la ES que plantean los Estados nacionales y las políticas públicas en materia de la ES, no se han desarrollado trabajos empíricos que señalen dichos datos con alcance regional y este elemento si es una consideración fundamental para la construcción de una política de financiamiento en la ES; sin embargo, Brunner y Villalobos (2014) señalan la presencia de nuevos esquemas de financiamiento como: los créditos estudiantiles, el tratamiento de las deudas contraídas por las familias de los estudiantes, las becas gubernamentales de quienes estudian en las IES de carácter privado, los fondos competitivos y de financiación mixta –público-privada-, los programas de estímulos tributarios para la financiación privada y el establecimiento de políticas de control de costos y precios en la ES.

Igualmente, estos autores (op. cit.), nos indican que varios países de la región han acudido a la implementación de “mecanismos de tipo mercado” (MTM) dentro del enfoque de la “nueva gestión pública” (NGP); instrumentos que ha conllevado a generar nuevas tensiones de todo tipo por considerarles excelentes vías para la privatización y mercantilización de la ES, según los planteamientos de Ball (2009) y López-Segrera (2009).

Por otra parte, se debe tener plena conciencia que el tipo de financiamiento “burocrático” está agotado en el sentido estricto de su aplicación, sencillamente porque los Estados no tienen recursos públicos suficientes para financiar en la misma proporción la totalidad del crecimiento de la masificación de la ES y las demás inversión para el resto de las actividades académicas que debe emplear la universidad latinoamericana; sin embargo, los Estados nacionales deben tener en claro que la ES de nuestra región está fuertemente influenciada por la concepción filosófica que tiene el modelo de universidad “Napoleónica” que se instauro en la universidad latinoamericana; razón por la cual, no será pertinente ni sencilla la implementación “pura o exclusiva” de un tipo de financiamiento de mercado para los SES.

La principal consideración en materia de gestión y financiamiento de los SES latinoamericanos, será la determinación que tengan los Estados nacionales, sobre la construcción de un modelo de financiamiento propio y no la aplicación de ningún mecanismo único o estándar, en tal sentido, Schwartzman (1993) expresa que “Los tres tipos de financiamiento y coordinación académica descritos en este texto son tipos «tipos puros», en el sentido weberiano del término, y sólo pueden existir de manera combinada. El buen desempeño de un sistema de educación superior depende menos del predominio de uno de estos modelos, que del tipo de combinación que se consigue establecer en cada caso.” Por tal razón, consideramos que los Estados latinoamericanos deben construir su propia política de financiamiento para la ES, partiendo del estudio de sus experiencias previas, la determinación de la viabilidad socio-política del nuevo modelo de financiamiento y la debida correspondencia o vinculación con las decisiones gubernamentales que configuran los propósitos de lo que deberá ser una nueva estrategia del Estado en materia de políticas públicas del sector y las consideraciones positivas de las IES. La construcción de esta política de financiamiento, podrá facilitar a los Estados nacionales y las IES la implementación de procedimientos de evaluación académica-financiera que permita conocer la suficiencia o insuficiencia de los recursos públicos asignados –por los Estados- y ejecutados –por las IES-.

Referencias

Ball, S. J. (2009), Privatising education, privatising education policy, privatising educational research: Network governance and the “competition state”, Journal of Education Policy, 24 (1), pp. 83-99.

Brunner JJ (2013) Financiamiento de la educación superior en América Latina: Viejas y nuevas prácticas. LASA-FORUM, Volumen XLIV pp 15-17 Disponible en: https://lasa.international.pitt.edu/forum/files/vol44-issue2/Debates6.pdf

Brunner JJ y Villalobos C (2014) Políticas de educación superior en Iberoamérica 2009-2013. Santiago de Chile, Ediciones Universidad Diego Portales. Disponible en: http://www.brunner.cl/?p=10365 [Consulta: 2014, julio, 25]

López-Segrera, F. (2009) La universidad latinoamericana y los procesos de internacionalización: Las estrategias de financiamiento, en Gentilli P; Frigotto; Leher; y Stubrin, (2009) Politicas de privatización, espacio público y educación en América Latina. Homo Sapiens Ediciones. Santa Fé.

Salmi, J. y Hauptmann, A. (2006) Mecanismos de asignación de recursos en la educación superior: Tipología y evaluación, en GUNI (Global University Network for Innovation) (2006) Educación superior en el mundo 2006. La Financiación de las universidades. Ediciones Mundi-Prensa, Madrid

Schwartzman, Simón. (1993) Financiamiento de la Educación Superior. En «Estado y Mercado en el Financiamiento de la Educación Superior», Notas para el Debate 8, Grupo de Estudios Para el Desarrollo – GRADE, Lima, 1993, 75-92

(*) Luis Emilio Torres Núñez 

contacto: letn2210@gmail.com

El autor forma parte del  Doctorado Latinoamericano en Educación Políticas Públicas y Profesión Docente.

El presente es un artículo inedito, publicado con el consentimiento de la autor

Fuente de la imagen: http://www.financiamientoeducativo.com/wp-content/uploads/2016/04/Porqu%C3%A9-invertir-en-educaci%C3%B3n-superior.jpg

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Venezuela: 4to Congreso de Gestión Ambiental

Noticias 1 comentario

América del Sur/Venezuela/28 de Agosto de 2016/Fuente: UBV

El Programa de Formación de Grado Gestión Ambiental de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), del Eje Geopolítico Regional Cacique Guaicaipuro y el Centro de Estudios Ambientales (CEA) invita a profesores, estudiantes, investigadoras(es), movimientos ambientalistas, colectivos, consejos comunales, comuneras(os), cultoras(es) y artistas, productoras(es), instituciones, militantes de la defensa de la vida, trabajadoras(es), y público en general a participar en el 4to Congreso de Gestión Ambiental para dialogar, debatir, intercambiar experiencias y construir saberes desde la perspectiva crítico-reflexiva que permita contribuir con la Conservación de las Áreas Estratégicas, la promoción de la Socioproductividad y el debate sobre el Desarrollo.

En el marco del quinto objetivo de la Ley del Plan de la Patria, la Ley Orgánica del Ambiente y la Estrategia Nacional de Conservación de la Diversidad Biológica se plantea promover acciones en el ámbito nacional, donde las comunidades organizadas sean los protagonistas para la protección, conservación y gestión integral de áreas estratégicas, tales como fuentes y reservorios de agua dulce, cuencas hidrográficas, diversidad biológica, mares, océanos, bosques y otros espacios del territorio nacional cuyos sistemas naturales son estratégicos para el país. En tal sentido, este evento es propicio para generar propuestas concretas con la participación de los colectivos asistentes a fin de construir la gestión ambiental ecosocialista en Venezuela, en contribución a la activación de los Motores de Desarrollo, propuestos por el ejecutivo nacional como modelo económico productivo alternativo al rentista petrolero.

El evento incluye diferentes modalidades para el debate de temas trascendentales tales como: Participación Comunitaria y Educación Ambiental Transformadora; Gestión de Políticas Públicas Ambientales y Ecosocialismo; Ordenamiento del Territorio y Sistemas de Producción Sustentable, así como la Gestión en la Conservación y Manejo de Ecosistemas. Además, se realizará una Feria Expositiva de Tecnologías, Proyectos y Experiencias socioambientales, presentación, intercambio y comercio justo de libros, artesanías, dulces, materiales elaborados por productores comunitarios, un concurso de fotografía, un concurso de ilustraciones, simposios y talleres. Por otro lado, se podrá disfrutar de actividades estético lúdicas que potencien el encuentro entre el conocimiento, el arte y la ecología.

El Eje Geopolítico Territorial “Cacique Guaicaipuro” con su imponente Waraira Repano, en la ciudad de Caracas, Cuna de El Libertador Simón Bolívar y del Cuartel de la Montaña, donde reside la llama viva del Comandante Eterno “Hugo Rafael Chávez, Padre Fundador de la UBV y de la Patria Bolivariana, les invita a participar en la cuarta edición del Congreso de Gestión Ambiental.

En esta oportunidad, de seguidas le invitamos a venir y compartir con nosotros en el:

«4to. CUARTO CONGRESO DE GESTIÓN AMBIENTAL»

Desde el viernes 19-8-2016, estamos en calidad de coorganizadores participando en este importantísimo e ilustre evento nacional ambientalista que se realizará del 24 al 28 de octubre de 2016 en la sede rectoral de la Universidad Bolivariana de Venezuela, ubicada en urbanización Los Chaguaramos, de la ciudad de Caracas.

Es una maravillosa oportunidad para que tod@s lqs usuari@s de esta Ecoagenda del Ministerio Público: personas, instituciones, organizaciones, colectivos y todo género de agupaciones que suelen hacer vida en nuestros ecoeventos participen, por ello, LES INVITAMOS FORMALMENTE a ser parte del gran conglomerado humano que se dará cita en esta nutritiva vorágine de saberes, conocimientos y vida que nos congregará en aportando nuestras experiencias y/o trabajos de investigación.

Queremos hacerles un llamado a DIVULGAR SUS SABERES, EXPERIENCIAS Y/O INVESTIGACIONES, somos muchos haciendo maravillosas iniciativas y recreando pequeñas grandes ideas en pro del ambiente y la vida y LA HORA ES AHORA PARA COMPARTIRLAS.

 Todas y todos a participar en este congreso, en el que no se requiere ser un académico o un intelectual para participar en la Gran Academia Universitaria Nacional.

Las inscripciones son a través de este link: http://congreso.ubv.edu.ve/

Para cualquier información adicional: Coordinación Nacional del Programa de Formación de Grado en Gestión Ambiental de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Piso 5, Los Chaguaramos, Caracas,

Teléfono: +58 0212 – 6063593

http://www.ubv.edu.ve/content/gestión-ambiental

Twitter: @ubv @cngambiental  IG: @Coord.Nac.PFG.GAMBUBV https://www.facebook.com/profile.php?id=100010764609602

 

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¿Tiene sentido hablar de la apropiación del conocimiento tecnológico?

Santiago Roca

Santiago José Roca

Generalmente, cuando se habla de «apropiación del conocimiento», suelen entretejerse al menos tres nociones del concepto: como divulgación, como transferencia y como construcción social del conocimiento.

La apropiación del conocimiento, como divulgación, supone un conjunto de actividades para difundir unilateralmente contenidos sobre alguna rama del saber. La «apropiación» se supone como un efecto de la recepción de los contenidos, y puede equipararse a la transmisión de saberes a través de algún medio de difusión. Esta perspectiva incluye aquellas actividades orientadas a la «popularización» o «divulgación» del saber, realizada con técnicas propias de la comunicación formal o informal.

La apropiación del conocimiento, como transferencia, incluye un conjunto de actividades para el «traslado» de conocimientos de una comunidad cognitiva a otra. La introducción de un conjunto de conocimientos e infraestructura provenientes de un contexto cultural y territorial, en otro, y su asimilación en el discurso y las prácticas tecnológicas del receptor, es lo que permitiría dar cuenta del proceso de «apropiación». Desde esta perspectiva es que se comprenden los programas de adopción de nuevas tecnologías en general, particularmente en ciertos ámbitos de políticas públicas.

La apropiación del conocimiento, como construcción social, es de seguro la perspectiva idealmente más ambiciosa. Supone un conjunto de actividades para que la apropiación forme parte de un proceso de construcción colectiva de un sistema técnico / tecnológico de producción. La apropiación sería observable por la adaptación crítica de nuevas tecnologías, y por la generación de capacidades para abordar la formulación de problemas técnicos y darles respuesta propia. Esta perspectiva favorece la conformación de unidades productivas de escala humana, la puesta en marcha de empresas liberadas, la creación de cooperativas de base tecnológica, la formación de redes de innovación… Es decir, todas aquellas experiencias de producción que involucren un componente tecnológico y cuya constitución no se comprende como un hecho definido verticalmente (el determinismo de la racionalidad funcional, el poder fáctico de los agentes tecnológicos hegemónicos) sino horizontalmente (la razón comunicativa, la construcción del saber entre pares-productores).

Las tipologías de este tipo suelen ser contrastantes. Por ejemplo, cuando Mario Kaplún habla de tres tipos de comunicación: orientada a efectos, a conductas y a procesos (Kaplún, 1998), está estableciendo una diferenciación entre dos perspectivas dominantes y una apuesta política. También es el caso de la tipología que acabamos de presentar. Pero por ello es necesario indagar sobre los fundamentos de la perspectiva constructiva y sus posibilidades de expansión.

A diferencia de las primeras dos categorías, cuando hablamos de apropiación como construcción social no entendemos la técnica y la tecnología sólo como contenidos (susceptibles de “transmisión” con cierta lógica bancaria, siguiendo a Freire), ni solamente como un instrumento (“transferible”, como infraestructura y paquetes de saber-hacer). Vemos en la tecnología el conjunto de saberes individuales y colectivos, explícitos y tácitos; así como también el lugar funcional – y político – que asumen los sujetos en un sistema de producción – cuya base es necesariamente cognitiva e incluye artefactos.

Además, aunque el saber puede mostrarse como un conjunto de contenidos comunicacionales, y también puede estructurarse como un cuadro de contenidos epistémicos, prácticas técnicas y patrones de actuación tecnológica, el concepto de “tecnología” no puede restringirse sólo al conjunto de relaciones funcionales, y la vemos, en un nivel más general, como una manifestación de las relaciones políticas y socioculturales imperantes.

Pero exploremos el primer nivel. Tengamos en cuenta que todo sistema (socio)técnico puede describirse por la interrelación entre una dimensión socio-cognitiva y una dimensión físico-funcional. La interacción que tiene lugar entre estas dimensiones, que es una dinámica de producción, puede comprenderse como una dinámica sociotécnica (Thomas y Fressoli, 2009). Por lo tanto, la «apropiación» en los sistemas técnicos / tecnológicos concretos puede verse como la manera en que un conjunto de saberes, prácticas técnicas e infraestructura se integran en una dinámica de este tipo. En otras palabras, si caracterizamos una dinámica sociotécnica como un proceso de producción, la «apropiación» se presentaría como la manera en que determinados conocimientos y dispositivos se incorporan conscientemente en el mismo, modificándolo.

Cuando hablamos de un sistema de producción no nos estamos refiriendo de forma restringida a un sistema lineal que sólo produce bienes tangibles, sino más bien buscamos una forma de caracterizar a los sistemas sociotécnicos en general. Tomemos en consideración tres ejemplos de sistema sociotécnico: una unidad administrativa de planificación, un aula de clases y un cultivo bajo techo. Recordemos que lo que describe al sistema sociotécnico es la integración entre la dimensión socio-cognitiva y la dimensión físico-funcional o, por representarlas de algún modo, la dimensión organizacional y la infraestructura tecnológica.

En una unidad administrativa de planificación se procesa información y se producen actos de decisión que tienen como soporte registros concretos. En un espacio de enseñanza-aprendizaje, se gestiona la información a través de la relación entre profesores y alumnos, tomando en cuenta que el aprendizaje puede apreciarse a través de productos. En un cultivo bajo techo, como un invernadero, se procesan insumos como las semillas y los nutrientes, y se cosecha la producción agroalimentaria. Cada uno de estos casos, mutatis mutandis, puede verse como un sistema sociotécnico en el que existe cierto modo de integración entre las dos dimensiones antedichas.

Podemos imaginarnos una situación 1 y una situación 2 como los momentos “inicial” y “final” del proceso de apropiación de una nueva tecnología. La distancia entre la situación 1 y 2 podríamos describirla como la trayectoria del proceso de apropiación. La dinámica sociotécnica es el modo en que sujetos y sistemas funcionales interactúan entre sí, a través de conocimientos explícitos, tácitos, roles funcionales y respuestas instrumentales. La trayectoria sociotécnica es cómo este proceso cambia a lo largo de un período de tiempo. Supongamos que la nueva tecnología es un software o un hardware adecuado para el cumplimiento de los fines de cada sistema organizacional. La integración del software o del hardware en el sistema funcional y organizacional sería el resultado del proceso de apropiación.

Pensemos, claro está, en implementaciones tecnológicas cuyo impacto cognitivo e instrumental tenga posibilidad de ser significativo para el sistema: una metodología de planificación que se apoya en un sistema de información; un programa educativo de enseñanza a través de las TIC con sus respectivos contenidos y aplicaciones; un dispositivo electrónico de automatización de riego u otros procesos. En la unidad administrativa de planificación sería de esperarse que, desde una perspectiva constructiva, la apropiación integral de la herramienta modifique el modo de producción y genere cambios organizacionales; es decir, que las decisiones comiencen a tomarse de otra forma. En el caso de aula de clases, la incorporación de computadoras con software educativo en el programa pedagógico debe generar cambios en la dinámica de enseñanza-aprendizaje. En la unidad de producción agrícola podrían observarse también cambios en los procesos de producción.

En ocasiones, algunos cambios organizacionales se realizan solamente para ajustarse a las nuevas herramientas, pero no se dan conscientemente ni logran afectar la dinámica como un todo (por ejemplo, se le da a los niños una hora dentro de la rutina diaria para estudiar con la computadora, pero la herramienta no se integra orgánicamente en el proceso de aprendizaje), lo que quiere decir que sigue teniendo peso la dimensión físico-funcional, y que la relación entre el dispositivo y el ser humano está mediada por el uso y el rol técnico asumido. La apropiación se da integralmente, en sentido constructivo, cuando la herramienta se incorpora en la dinámica socio-cognitiva y funcional del sistema sociotécnico. Es decir, cuando la adopción de nuevos conocimientos y aplicaciones permite la reformulación consciente del sistema sociotécnico de producción, al asumirse los individuos como sujetos del construcción del mismo desde las dos dimensiones.

La diferencia entre la apropiación como transferencia y como construcción social también avanza por otro lado. La transferencia supone el ajuste del receptor a las indicaciones socio-cognitivas y funcionales del modelo tecnológico importado a su sistema de producción. Aquí entendemos la relación entre sujetos y dispositivos / sistemas tecnológicos como determinada funcionalmente. La construcción del sistema sociotécnico, así sea idealmente, supone el conocimiento y la toma de consciencia en torno a las variables del sistema de producción, y propicia la oportunidad para la transformación creativa. Si en la primera se adoptan los patrones técnicos / tecnológicos de forma automática, en la segunda se hace de forma crítica y reflexiva.

Claro está, esta perspectiva asume que, en un contexto instrumentalista, los sujetos técnicos ordinarios sufren un proceso de reducción de su capacidad creativa para adecuarse a un sistema funcional. Supone, también, que pueden voluntariamente participar en procesos de decisión colectiva que permitan crear consciencia sobre los fines concretos y últimos de un sistema particular de producción. Por lo mismo, esta perspectiva puede resultar atractiva para quienes se sienten llamados a apoyar la conformación de unidades tecnológicas y de producción de otro tipo, más conscientes de sus relaciones con los seres humanos y con el ambiente, menos restringidas por la vinculación entre lo funcional y el producto, el cual a la larga se concreta socialmente sólo como mercancía.

Entre estas dos concepciones existe otra diferencia. Si la transferencia invita a entender el sistema tecnológico desde la perspectiva instrumental (la relación entre el ser humano y el dispositivo se da a través de la instrumentación del uso y de los roles técnicos), entonces el problema del desarrollo tecnológico es meramente técnico y se encuentra subordinado a la racionalidad funcional. Pero si se abre el espacio para el aprendizaje en torno al sistema – y el proceso de “apropiación” es eminentemente educativo – se encuentra la posibilidad de debatir políticamente no sólo sobre las particularidades del sistema técnico, sino también sobre sus fines como sistema de producción y sobre su propósito en el contexto político y social. En otras palabras, la construcción deliberada de los sistemas sociotécnicos a partir de procesos conscientes de apropiación, representa una ocasión para cerrar la brecha entre la política y la técnica, o entre los fines sociales y los medios cognitivos para alcanzarlos. Representa, en suma, otra oportunidad para democratizar la innovación y el desarrollo tecnológico.

Referencias

Kaplún, M. (1998). Una pedagogía de la comunicación. España, Ediciones de la Torre.

Thomas H. y Fressoli, M. (2009). “En búsqueda de una metodología para investigar Tecnologías Sociales”. Dagnino, D. (comp.) Tecnologia social: ferramenta para construir outra sociedade. Brasil, IG/UNICAMP.

Fuente del articulo: http://www.aporrea.org/tecno/a206696.html

Fuente de la imagen:https://pixabay.com/es/los-libros-estudiante-estudio-1012088

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En Venezuela sobran 46.086 cupos en universidades públicas

Bernardo Ancidey

Por Bernardo Ancidey

Mientras miles de jóvenes esperan por ser asignados en alguna carrera, al menos 46 mil 86 cupos se quedarán fríos en las universidades venezolanas. Estas plazas quedarán vacías porque ninguno de los 410 mil 783 solicitantes las quiere. El problema continuará sin importar cuántas corridas más se hagan intentando asignar esos cupos, simplemente nunca serán llenados y por supuesto tampoco se traficará con ellos. Ellas son las opciones menos deseadas por los aspirantes o son fruto de una deficiente planificación que creó mucho más plazas que las requeridas. Los 46 mil cupos vacantes equivalen a un campus como el de la Universidad Central de Venezuela (UCV) en Caracas, con sus edificios, talleres, oficinas, equipos y materiales, más todo el personal docente, empleados y obreros, pero sin estudiantes.

La cifra se obtiene de los resultados del proceso de asignación del 04 de julio de 2016 (1), en el cual se ofertaron 311 mil 954 cupos a través de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU). Se calculó la totalidad de los cupos sobrantes, primero, restando de la oferta de cupos para cada carrera ofrecida por las universidades públicas venezolanas, la demanda total para dicha carrera en todos los órdenes de preferencia. Luego, se sumaron los resultados anteriores para obtener el total nacional. Este es un cálculo conservador porque el desperdicio de cupos con toda seguridad será mayor a la cifra señalada. En el cálculo anterior se asumió que la oferta de cupos por carrera es suficiente para recibir a todos los aspirantes que hubiesen seleccionado una determinada carrera en cualquier orden de preferencia. Y en verdad es raro que esto ocurra, porque la forma de asignar a los aspirantes está diseñada para priorizar sus preferencias (2).

Cada aspirante que se registra en el Sistema Nacional de Ingreso, escoge en orden de preferencia seis (6) opciones de estudios entre carreras y Programas Nacionales de Formación (PNF). Dependiendo de su índice académico, puede ser asignado en alguna de las seis opciones que elija y como se señaló antes, el sistema tratará de asignarlo en alguna de sus opciones favoritas. Si el cálculo se hiciese, asignando a dichas plazas sólo a los que las seleccionaron en primera opción, los cupos sobrantes ascenderían a 71 mil 141. El total de cupos sobrantes para 2016 con seguridad estará en una cifra acotada entre un mínimo de 46 mil 86 cupos y un máximo de 71 mil 141.

Paradójicamente, la cantidad de cupos sobrantes se incrementa mientras crece la cantidad de cupos ofertados, esto quiere decir que cada vez se gasta más dinero para tener más universidades vacías. El siguiente gráfico se realizó con datos de los procesos de ingreso de los años 2008 (3), 2010 (4), 2012 (5) y 2015 (6); el eje vertical izquierdo indica los cupos sobrantes en miles (barras) y el de la derecha, el total de cupos ofrecidos (línea) también en miles:

ancidey
Gráfico 1. Cupos sobrantes en los procesos de ingreso a universidades públicas. Elaboración propia

El porcentaje de cupos sobrantes en los últimos tres años ronda el 15%, de modo que si se le aplica a los 311 mil 954 cupos ofertados el 04/07/2016, se obtiene una cifra de 47 mil cupos sobrantes, cercana a nuestra estimación inicial sobre otras bases. Lo más probable es que la cifra aumente, porque en la primera corrida se careció de la totalidad de la oferta de instituciones como la UCV. Esta institución contribuyó con unos escasos 619 cupos de sus centros en el interior del país, faltando incluir unos 8 mil más, que cada año suelen ofrecerse entre sus sedes de Caracas y Maracay (7).

El fenómeno ha sido explicado en varios artículos previos del autor (8), (9) (6) (10), como resultado de la extrema desigualdad en la atractividad de las carreras/PNF. Tiene sus orígenes en la dinámica evolutiva del sistema universitario venezolano por lo cual abordarlo, requiere comprender los mecanismos causales que subyacen al mismo. Para gerenciarlo con éxito se requieren acciones estructurales como la creación de un Sistema Nacional de Orientación (11), que operando a lo largo de toda la secundaria permita integrar la vocación de los jóvenes con los intereses de la patria. Es una situación compleja que requiere abordajes sofisticados y a largo plazo, por tanto es ilusorio intentar resolverlo con mecanismos ad-hoc o transitorios, al momento que los jóvenes y sus familias, con poca o nula orientación previa, enfrentan el dilema de planificar la vida. Ningún sistema de admisión post-secundaria, sean cursos, pruebas de ingreso o el Modelo de Asignación Multivariable resolverá el problema, a lo más solo lo esconderán bajo la alfombra.

Lamentablemente otros factores estructurales contribuyen a que el problema sea todavía mucho más delicado. Entre ellos destacan las malas prácticas administrativas en los registros estudiantiles de las instituciones y su efecto de sobre-cuenta matricular (12); la supresión, desde hace nueve años, de todo tipo de información estadística oficial sobre las universidades distinta de la matrícula; y el escaso o nulo seguimiento a las cohortes para determinar la inscripción efectiva (inscritos/asignados), deserción, repitencia y tiempo de duración de los estudios. Todo ello contribuye a que el problema de las plazas efectivamente ocupadas sea todavía más serio que lo presentado hasta ahora. La extensión de estos temas obliga a tratarlos en próximos artículos siempre en base a las evidencias disponibles.

Mientras tanto, es urgente frenar el desperdicio continuado fruto de la ausencia de sentido común y de un mínimo de planificación por parte de autoridades universitarias y del Gobierno. Es inaceptable que en las condiciones actuales del país, se estén destinando recursos para mantener infraestructura y personal para atender a una población estudiantil fantasma, mientras que por otro lado miles de jóvenes se quedan sin cupo todos los años. Esta desidia criminal la pagamos todos, sobre todo los más pobres.

Bernardo Ancidey
bernardo.ancidey@gmail.com

Notas
1. Oficina de Planificación del Sector Universitario. Sistema Nacional de Ingreso. Índice, Cupos y Demanda 2016. [En línea] 4 de Julio de 2016. [Citado el: 25 de Agosto de 2016.] ingreso.opsu.gob.ve/descargas/demanda.pdf.
2. La revolución bolivariana y la inclusión a la educación universitaria. Alfonzo, M., Silva, R. y Raddatz, M. 100, 2016, Revista de Pedagogía, Vol. 37, págs. 43-66.
3. OPSU. Estadísticas del proceso nacional de ingreso 2008. Caracas : Autor, 2009.
4. Noticias MPPEU/OPSU. Fidel Ernesto Vasquez I. A partir del 15 de septiembre comienza segundo proceso de asignación de cupos RUSNIEU 2010. [En línea] 10 de Septiembre de 2010. [Citado el: 25 de Agosto de 2016.] https://fidelernestovasquez.wordpress.com/2010/09/10/rusnies-inicia-el-15-de-septiembre-segunda-etapa-de-asignacion-de-cupos/.
5. González, M. Aporrea. Más de 19 mil cupos universitarios pasarán a un proceso de reasignación. [En línea] 2012. [Citado el: 25 de Agosto de 2016.] http://www.aporrea.org/actualidad/n208464.html.
6. La paradoja del cupo universitario en Venezuela. Ancidey, B. Caracas : ONCTI, 2015. IV Congreso de Ciencia, Tecnología e Innovación, 4 al 6 de noviembre de 2015.
7. Universidad Central de Venezuela, Secretaría. Año 2010 Boletín Estadístico. Caracas : Universidad Central de Venezuela, Secretaría General, Unidad de Investigación y Análisis, 2011.
8. La Reina Roja de Alicia en el espejo y las carreras universitarias, Ponencia aceptada. Ancidey, B. Caracas : Escuela de Educación de la UCV, 2016. IX Jornada de Investigación Educativa y V Congreso Internacional de Educación de la UCV, 18, 19, 20 y 21 de octubre de 2016.
9. La complejidad en la gerencia del proceso de ingreso a la educación universitaria venezolana. Ancidey, B. Caracas : Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Innovación, 2012. Libro de resúmenes del 1er Congreso Venezolano de Ciencia, Tecnología e Investigación. Vol. II, págs. 441-442.
10. Ancidey, B. Modelo gerencial de la atractividad social de las disciplinas académicas universitarias en Venezuela. Caracas : UNEFA-Chuao, 2015. Tesis para optar al grado de Doctor en Ciencias Gerenciales.
11. Mesa Técnica Nacional del Sistema Nacional de Orientación, Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria. Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria. Sistema Nacional de Orientación. [En línea] Abril de 2009. [Citado el: 25 de Agosto de 2016.] https://orientacionpsicologiaycultura.files.wordpress.com/2012/10/sistema-nacional-de-orientacion.pdf.
12. Mosquera, J. Aporrea. La matrícula de educación universitaria, despelote estadístico y el «eterno estudiante». [En línea] 11 de Agosto de 2016. [Citado el: 25 de Agosto de 2016.] http://www.aporrea.org/actualidad/a232264.html.

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