Venezuela

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Los nefastos efectos de la kakonomía universitaria venezolana

Bernardo Ancidey

Por: Bernardo Ancidey

El término acuñado por la filósofa italiana Gloria Origgi (1) significa la preferencia por los intercambios de baja calidad o mediocres. El prefijo griego “kako” significa excremento y la palabra se puede traducir en algo así como la «economía de lo malo», es decir la aparentemente extraña preferencia por cometidos de baja calidad. En una transacción kakonómica, ambas partes acuerdan implícitamente rebajar los estándares de calidad, la parte que entrega el producto o servicio no se esfuerza por hacerlo bien y quien lo recibe o revisa, acepta lo entregado descuidando sus propias obligaciones e intereses. El beneficio final es menos stress para las partes.

El concepto describe la complicidad aparente entre algunas autoridades universitarias y quienes deben ejercer una vigilancia continuada sobre la educación superior pública venezolana. Las primeras no se preocupan por realizar una planificación de los cupos con un mínimo de sentido común, y las segundas tampoco revisan con el cuidado debido, la información que consignan las primeras. Ambas partes incumplen sus obligaciones y todos se relajan. Excepto que la educación universitaria paso a paso se convierte en una estafa al país de gigantescas proporciones.

En un artículo anterior (2) se mostró como cada año sobran plazas en las universidades públicas venezolanas, mientras que miles de aspirantes se quedan esperando por un nuevo proceso o deben prepararse para costear sus estudios en el sector privado. El desperdicio de cupos se adjudicó a dos factores principales: en un caso, corresponden a la oferta de opciones de estudio que los aspirantes no desean y en el otro, a que son fruto de una deficiente planificación que creó mucho más plazas que las requeridas. A continuación, se analizan con mayor detalle estos dos factores bajo la perspectiva metodológica del Análisis Exploratorio de Datos ( (3) y (4)) aplicado al resultado del proceso de asignación de cupos del 04/07/2016. En dicho proceso 60 instituciones ofertaron 311 mil 954 cupos en 1 mil 638 disciplinas en todo el país (5).

 

Los factores explicativos

  1. La percepción social acerca de las carreras universitarias

En Venezuela las personas concentran sus preferencias de estudio en unas pocas disciplinas denominadas a veces como “tradicionales”, aunque es más adecuado, denominarlas “atractivas”. Entre ellas destacan: Medicina, Administración, Derecho, Comunicación Social, Sistemas e Informática, Psicología, Odontología, Ingeniería Civil, Contaduría, y hasta hace poco Educación Integral (en (6) se mostró la pérdida de atractividad de esta carrera) y Preescolar, entre otras. En contrapartida, más del 80% de la oferta de las disciplinas ofrecidas, entre las cuales se encuentran muchas consideradas prioritarias, pasan desapercibidas. Ellas son las poco atractivas o “neutras”, tales como: agroalimentarias, ciencias básicas, la mayor parte de las menciones de Educación, las humanísticas derivadas de filosofía y las técnicas cortas.

La asimetría en las preferencias conduce a que en cada proceso anual de asignación de plazas, siempre falten cupos en las favoritas, mientras que sobran en las neutras. No es raro, aunque si alarmante, detectar en el listado de Índice, Cupos y Demanda 2016 (5) de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), que carreras y Programas de Formación de Grado (PFG), como el de Gestión Social para el Desarrollo Local de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), no tengan ningún demandante. Así, 1 mil 620 cupos en sus cinco (5) sedes quedaron vacantes. Tampoco sorprende que Educación Intercultural Bilingüe del Instituto Pedagógico Rural de Mácaro (UPEL IPRM) en Turmero, ofrezca 426 cupos y la demanda total, es decir la suma de todas las personas que eligieron esta carrera sin importar el orden de preferencia en que lo hicieron, sea de apenas 169 personas.

Situaciones similares, aunque menos extremas, se encuentran en el listado de la OPSU (5) en carreras como Educación Mención Química, en las Universidades de Oriente (UDO) y Zulia (LUZ), en las cuales los cupos disponibles en sus campus principales de Cumaná y Maracaibo, son de 50 y 194 cupos respectivamente, pero la demanda en primera opción son de apenas 1 y 9 aspirantes y la demanda total llegan a 32 y 125 personas.

Estas situaciones pueden ser fácilmente explicadas, se trata de carreras “neutras” con poco o ningún atractivo, de modo que pocas personas las consideran como opción de estudio y futuro ocupacional. En todo caso, se impone desarrollar políticas públicas para promoverlas como alternativas atractivas para los jóvenes. Ahora bien, aunque en estos casos tenemos un obvio problema de planificación éste tiene raíces sociales difíciles de revertir. No obstante, los casos siguientes que caen dentro del segundo factor exigen una explicación y corrección inmediata por parte de las autoridades universitarias.

  1. Planificación deficiente o inexistente.

Al ordenar los datos de la primera corrida del proceso de asignación de cupos del 04/07/2016 (5), de acuerdo a la demanda total y en primera opción, se obtienen situaciones que podrían adjudicarse a una falta total y absoluta de racionalidad por parte de las autoridades universitarias responsables de planificar el cupo universitario:

  1. El “Top Ten” de la planificación equívoca lo encabeza la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Ezequiel Zamora (UNELLEZ), la cual en su núcleo de Barinas ofertó 6 mil 5 cupos para Medicina Integral Comunitaria (una disciplina atractiva), pero la demanda en primera opción fue de 1 mil 82 aspirantes y la demanda total llegó a 2 mil 947 personas. Es decir, que en el mejor de los casos, suponiendo que ingresaran todos aquellos que seleccionaron esa disciplina en cualquier orden de preferencia, el exceso sería de 3 mil 58 plazas. Esta cifra equivale a la matrícula total de una institución universitaria de medianas proporciones.
  2. Sigue la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (UNESR) en San Juan de Los Morros, con 2 mil 651 cupos en Educación Integral para una demanda en primera opción de solo 33 aspirantes y una demanda total de apenas 197 personas. El exceso, otra vez en el mejor de los casos, alcanzó los 2 mil 454 cupos que se quedaran congelados. Proporcionalmente, esta situación es peor que la anterior, porque aquel tiene una demanda total de un 49% del total de cupos ofrecidos, mientras que en este caso, representa apenas el 7% de las plazas utilizables.
  3. El tercer y cuarto lugar lo ocupa el Instituto Pedagógico Rural del Mácaro (UPEL IPRM), con las carreras de Educación en las especialidades Rural y Preescolar, con plazas para 1 mil 326 y 1 mil 451 estudiantes respectivamente, con una demanda en primera opción de 32 y 106 aspirantes y una demanda total de 219 y 414 personas. Es de notar que antes se comentó el caso de la carrera de Educación Intercultural Bilingüe en esta misma institución. Y si se mira la otra carrera que se imparte allí, Educación Especialidad Educación Integral, el resultado tampoco es alentador: 968 cupos para una demanda en primera opción de 123 aspirantes y una total de 456 personas. En síntesis, esta institución ofreció un total de 4 mil 171 cupos pero solo 1 mil 258 aspirantes se interesaron por seleccionarlos.
  4. El quinto lugar nuevamente lo ocupa la UNESR, núcleo San Juan de los Morros, en la carrera Administración Mención Informática, con 984 plazas, para una demanda en primera opción de solo 16 personas y una demanda total de 151 aspirantes. En este núcleo también está la carrera que ocupa el noveno lugar del “Top Ten”: Administración Mención Recursos Humanos, con 983 plazas, para 49 demandantes en primera opción y 352 personas como demanda total.
  5. De sexto lugar, otra vez la UNESR pero en el núcleo Zaraza, con la carrera Educación Mención Agropecuaria (no atractiva), con 850 plazas para 29 demandantes en primera opción y una demanda total de 197 personas.
  6. Sigue en el octavo y noveno lugar la UBV en su sedes de Maracaibo y Punto Fijo, con el Programa de Formación de Grado de Gestión Ambiental, con 800 cupos, 27 demandantes en primera opción y una demanda total de 148 personas en Maracaibo; mientras que en Punto Fijo se ofrecieron 800 cupos, hubo 29 demandantes en primera opción y una demanda total de 166 personas.

Otras formas de desperdiciar cupos

  1. Sobrecapacidades planeadas

Existen otras instituciones con severas dificultades de planificación y no aparecen en el “Top Ten” por la menor magnitud de los cupos ofertados, sin embargo emergen cuando se agrupan los datos según los valores más pequeños de demanda por primera opción y demanda total para cada institución, extensión o núcleo. En ese caso, sobresale la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda (UNEFM), con extensiones que incluyen carreras y PNF atractivos y sin embargo, faltan las personas que las soliciten, tal como se devela en la Tabla 1:

Tabla 1. Extensiones de la UNEFM con demandas totales inferiores a 10 personas en el año 2016.

Extensión Carrera/PNF Cupos Demanda 1era opción Demanda Total Cupos sobrantes totales
Falcón Municipio Dabajuro Ingeniería Mecánica 120 1 1 119
Falcón Municipio Dabajuro Desarrollo Empresarial 120 2 8 112
Falcón Municipio Dabajuro PNF en Enfermería Integral 60 3 6 54
Falcón Municipio Federación PNF en Enfermería Integral Comunitaria 100 1 6 94
Falcón Municipio Federación Ingeniería Industrial 60 2 5 55
Falcón Municipio Tocópero PNF en Enfermería Integral Comunitaria 210 0 0 210
Falcón Municipio Tocópero Ingeniería Civil 160 0 0 160
Falcón Municipio Tocópero Ingeniería Industrial 160 1 1 159
Falcón Municipio Tocópero Ingeniería Mecánica 160 0 3 157
Falcón Municipio Tocópero Medicina Veterinaria 160 1 6 154
Falcón Municipio Tocópero Desarrollo Empresarial 140 0 0 140
Falcón Municipio Tocópero Educación Lenguas Extranjeras Mención Inglés 120 0 0 120
Falcón Municipio Tocópero Educación Mención Agropecuaria 60 0 0 60
Yaracuy Municipio Manuel Monge Educación Física, Recreación y Entrenamiento Deportivo 80 1 1 79
Yaracuy Municipio Veroes Educación Mención Música 40 0 3 37
Falcón-Municipio Colina Desarrollo Empresarial 80 0 0 80
Falcón-Municipio Petit Ingeniería Agronómica 60 0 0 60
Falcón-Municipio Petit PNF en Enfermería Integral Comunitaria 40 0 0 40
Falcón-Municipio San Francisco Educación Física, Recreación y Entrenamiento Deportivo 60 0 1 59
Falcón-Municipio Zamora Ingeniería Agronómica 60 0 0 60
Totales 2.050 12 41 2.009

Al ver esas cifras surge la pregunta si no hubiese sido más sencillo trasladar 41 personas a Coro u otra localidad donde ya se ofrezcan esas carreras, en vez de abrir 20 carreras y 9 extensiones. Esto no es masificación, es desperdicio. La Misión Sucre, con sus ofertas municipalizadas flexibles, hubiese sido otra opción más adecuada para ofrecer estudios universitarios en sitios rurales de escasa población, como parece ser el caso de la ubicación de las extensiones de la UNEFM.

Crear o abrir una oferta de estudios, implica un análisis serio de la demografía, economía, servicios presentes, necesidades de la población, planes y proyectos para la zona, así como una evaluación de alternativas. La improvisación, el empirismo y el voluntarismo, solo conducen a malbaratar recursos o dejar comunidades insatisfechas.

  1. Sobrecapacidades derivadas

Además de los anteriores casos extremos, existen otros moderados en los cuales se observa una diferencia significativa entre la cantidad de cupos disponibles y la demanda en primera opción, además, la demanda total supera la oferta. Esta situación es más acusada en el caso de las universidades más demandadas, como el caso del PNF en Educación para las Artes en la Universidad Nacional Experimental de las Artes (UNEARTE) en Nueva Esparta, con 65 cupos, 4 demandantes en primera opción y 90 aspirantes como demanda total. La carrera no es atractiva, pero permite ingresar a UNEARTE si se la marcó entre las opciones menos preferidas. Luego de ingresado, el nuevo estudiante buscará el cambio hacia su carrera preferida, probablemente Artes Audiovisuales en la misma institución, la cual apenas ofrece 20 cupos y la piden en primera opción 77 personas, y 248 personas como demanda total.

Disciplinas con el perfil antes descrito para el PNF de Educación para las Artes, reflejarán una alta deserción y por tanto una baja tasa de asignación efectiva (% asignados/inscritos). Los asignados no se inscribirán, otros se inscribirán pero se cambiarán o desertarán al poco tiempo de ingresar, sin embargo la carrera seguirá mostrando un alto índice académico de entrada. Este tipo de índices no reflejan la realidad porque presentan carreras neutras como atractivas. La práctica de usar estas carreras como “trampolín” para ir a la carrera favorita luego de ingresar a la universidad, es bastante común en instituciones que sirven a grandes poblaciones y ofertan un menú variado entre carreras atractivas y neutras. Todo lo cual genera una fuerte presión derivada de la competencia por los cupos de las atractivas.

La situación descrita antes, es un efecto indeseado del Modelo de Asignación Multivariable y tiene una fácil solución: permitir el ingreso libre en las carreras neutras, impidiendo el cambio por un período de tiempo, y aplicar mecanismos de selección solo para carreras con numero clausus, donde la demanda supere a la oferta. De esta manera irán a las carreras neutras solo los aspirantes que en verdad deseen cursarlas. La depuración de la matrícula estudiantil y la sinceración de las estadísticas serían automáticas.

La imagen global del problema

Esta imagen se obtiene al inspeccionar cómo se distribuyen los 46 mil 86 cupos que sobrarán irremediablemente en 2016 (2), discriminados por instituciones y carreras/PNF/PFG. Con estos datos se determinan quienes son los que contribuyen en mayor medida al problema y por tanto los que ameritan una acción sin demora. En palabras gerenciales se trata de obtener el diagrama de Pareto que discrimine los pocos vitales de los muchos triviales.

  1. Por Universidad

El cálculo por universidad es inmediato. Son 29 instituciones que planificaron cupos en exceso para ciertas disciplinas superando la demanda total. El Gráfico No. 1 muestra el diagrama de torta con las más relevantes:

Gráfico 1 Universidades con mayores cantidades de cupos sobrantes

Gráfico 1. Universidades con mayores cantidades de cupos sobrantes en el año 2016. Elaboración propia.

Obsérvese que las siete primeras universidades, 24% de las 29 con cupos sobrantes, contribuyen con el 89% del total de estos últimos. La UNESR es el caso más delicado, porque además de representar el 40% de los cupos sobrantes, 18 mil 334 cupos, es la segunda institución que más plazas ofreció este año: 47 mil 242 cupos de un total nacional de 311 mil 954 plazas.

La cifra de cupos ofertados por la UNESR solo fue superada por la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional (UNEFA) con 59 mil 661 plazas abiertas. La evidencia concuerda con el comportamiento tan irregular de la demanda de la UNESR a lo largo de un período de quince años, entre 1999 y 2013, detectado en un trabajo anterior (7), en el cual se observaron variaciones cercanas a los 20 mil aspirantes. La situación amerita profundizar la investigación porque las ofertas de la UNESR son mayoritariamente carreras atractivas las cuales, en principio, deberían recibir una gran demanda.

  1. Por disciplinas

La segunda imagen global la proporciona el análisis desde la perspectiva de las opciones de estudio con más cupos sobrantes. Para realizar el gráfico se consideraron como iguales carreras/PNF/PFG con denominaciones distintas pero que entregan títulos homologables, resultando un total de 78 disciplinas con plazas disponibles vacías. El Gráfico No. 2 presenta en un diagrama de torta los resultados:

Gráfico 2 Disciplinas con màs cupos sobrantes en 2016

Gráfico 2. Disciplinas con más cupos en el año 2016. Elaboración propia.

Al igual que en el caso de las universidades, la mayor contribución deriva de las primeras 21 disciplinas, las cuales aunque representan el 27% del total de carreras con cupos sobrantes, acumulan el 80% de las plazas sobrantes. La mayoría, como es de esperar, correspondió a carreras neutras como Educación, con menciones en Educación Integral, Preescolar, Agropecuaria, Matemática, Rural, Inglés y Educación Física, Recreación y Entrenamiento Deportivo; y Geografía e Historia. También aparecen Gestión Ambiental y Gestión Social Para el Desarrollo Local de la UBV y las relacionadas con el área agroalimentaria, como Administración de Empresas Agropecuarias, Ingeniería Agroindustrial e Ingeniería Agronómica de Producción Vegetal.

La sorpresa fue encontrar varias atractivas como Medicina Integral Comunitaria, Administración, Contaduría Pública, Ingeniería de Sistemas, Ingenierías Civil, Gas y Mecánica; y Enfermería. Esta situación es indicativa de una planificación descuidada. Lo usual es que falten cupos para las opciones atractivas, a menos que la planificación de la oferta haya sido muy sobreestimada, como en efecto parece haber ocurrido.

Conclusiones y recomendaciones

Urge que las autoridades tomen medidas inmediatas para racionalizar el uso de los recursos destinados a la educación universitaria. Especial atención deben dedicar los cuerpos directivos de las siguientes instituciones: UNELLEZ, UBV, UPEL (Mácaro), UNESR, UNEFM, UNEFA, UNERMB, UDO, UTDFT (Tucupita), UPTAAPC (Mantecal), UPTJAA (Pariaguán), UPTJFR (Barinas), UNESUR (Santa Bárbara), IUTB (Bolívar), UNERG (Mapire), IUTLL (Altagracia de Orituco). Igualmente es necesario inspeccionar casos como los de UC en Educación o el del IUTM en Contaduría Pública, en los cuales se presenta una escasa demanda en primera opción para carreras atractivas.

El hecho que la mayoría de las instituciones identificadas son afectas a la actual gestión de gobierno, no es motivo para pensar que las otras salgan mejor libradas:

  • En primer lugar, las primeras son 46 instituciones que aportan el 80% de la oferta mientras las segundas son 14 y aportan el 20% restante de cupos. El crecimiento matricular y de nuevas ofertas de estudio de las primeras ha sido explosivo en los últimos años y todo esto genera dificultades en la planificación.
  • En segundo lugar, también las segundas presentan problemas de planificación que se ocultan durante el proceso de asignación. La mayoría se encuentra en zonas densamente pobladas y desde hace años, como lo muestra Ramírez para la ULA y la UCV ((8) y (9)), disminuyen su oferta de cupos o la restringen, aún en momentos de crecimiento presupuestario y del personal. De esa manera siempre la demanda será superior a la oferta, incluso en carreras neutras que, como se analizó antes, se utilizan como trampolín hacia carreras atractivas.
  • En tercer lugar, los problemas de asignación efectiva, deserción y alargamiento de los estudios, liquidan los beneficios de una mayor asignación relativa de cupos.
  • En cuarto lugar, la oferta de algunas instituciones fue tan exigua, de menos de 10 plazas, como en los núcleos Cagua y Barquisimeto de la UCV, que dificulta el análisis.

En todo caso un estudio detallado de la situación descrita antes, amerita un nuevo artículo apoyado con las estadísticas respectivas.

Finalmente, luego de revisar el conjunto de evidencias presentadas, seguramente las autoridades universitarias presentarán sus argumentos y ojalá que lo hagan, en aras de un sano debate. Y puede que en algunos casos existan razones con capacidad suficiente para dar cuenta de estos resultados, como por ejemplo: carreras/ PFG/PNF nuevos que todavía son desconocidos por los aspirantes, errores materiales en la transcripción de los datos, decisiones motivadas por fines inmediatos electorales, maquillajes para compensar presupuestos deficitarios, entre otras.

Sin embargo, la duda persistirá más allá de la consideración de casos individuales, porque como se señaló en un artículo anterior (2), los cupos sobrantes tienden a incrementarse proporcionalmente a medida que aumenta la capacidad del sistema. La masificación es buena si se la proyecta con racionalidad y calidad. La constancia del 15% de cupos ofertados que se quedan fríos en los últimos años es, lamentablemente, una evidencia de que la kakonomía en la planificación de los cupos es una práctica consuetudinaria e irracional en el sistema universitario venezolano.

Bibliografía

  1. Origgi, G. Edge.org. Kakonomics. [En línea] 2011. [Citado el: 26 de Agosto de 2016.] https://www.edge.org/response-detail/10993.
  2. Ancidey, B. Otras Voces en Educación. En Venezuela sobran 46.086 cupos en universidades públicas. [En línea] 27 de Agosto de 2016. [Citado el: 27 de Agosto de 2016.] http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/150084.
  3. Tukey, J. W. Exploratory Data Analysis. Reading, Massachusetts, EEEUU : Addison-Wesley., 1977.
  4. We need both exploratory and confirmatory. Tukey, J. W. 1, 1980, The American Statistician, Vol. 34, págs. 23-25.
  5. Oficina de Planificación del Sector Universitario. Oficina de Planificación del Sector Universitario. Sistema Nacional de Ingreso. Índice, Cupos y Demanda 2016. [En línea] 4 de Julio de 2016. [Citado el: 25 de Agosto de 2016.] ingreso.opsu.gob.ve/descargas/demanda.pdf.
  6. La reina roja de Alicia en el Espejo y las carreras universitarias, Ponencia aceptada. Ancidey, B. Caracas : Escuela de Educación de la Universidad Central de Venezuela, 2016. XIV Jornada de Investigación y V Congreso Internacional de Educación 2016, Ciudad Universitaria de Caracas, 18, 19, 20 y 21 de octubre de 2016.
  7. Atractividad cuántica universitaria, ponencia en revisión. Ancidey, B. Caracas : Escuela de Educación de la Universidad Central de Venezuela, 2016. XIV Jornada de Investigación y V Congreso Internacional de Educación 2016, Ciudad Universitaria de Caracas, 18, 19, 20 y 21 de octubre de 2016.
  8. Universidad de Los Andes: un presupuesto reconducido que ha aumentado once veces. Ramírez, Lílido. 44, Enero-Febrero de 2009, Educere, Vol. 13, págs. 11-20.
  9. La Relación Estudiante / Trabajador Universitario como Indicador de la Calidad de la Educación. Ramírez, Lílido. 33, 2010, Mundo Universitario, págs. 34-38.

 

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Arco Minero del Orinoco: ¿Desarrollo económico o destrucción silenciosa?

Noticias

www.hinterlaces.com/30-08-2016/Por: Scarlet Clemente

Explotación del Arco  Minero compromete 12% del territorio nacional, más de 44 mil toneladas de minerales y 60% de las fuentes hídricas de la nación

12% del territorio nacional se encuentra comprometido por 40 años, en principio. Con el nombre “Arco Minero del Orinoco” fue denominado el decreto N° 2.248 (Gaceta Oficial N° 40.855)  ordenado por el presidente Nicolás Maduro, que autoriza el desarrollo de la explotación minera en un vasto territorio que se extiende por los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro.

111.843,70 kilómetros de territorio serán ocupadas por más de 150 empresas de la minería de diversas partes del mundo, según informaciones difundidas por voceros del oficialismo. Esta extensión que será el foco de explotación representa un territorio mayor a países como Cuba, Portugal o Bulgaria.

Web

La división de este territorio ha sido dispuesta en atención a la predominancia de los minerales en:

  • Área 1: Coltán tierras raras, diamantes.  
  • Área 2. Predominancia de hierro y oro.
  • Área 3. Bauxita, hierro y oro.
  • Área 4. Oro, bauxita, coltán, caolín y dolomita.

Con la obtención de las certificaciones internacionales que adelanta el país, Venezuela legitimaría que posee 10% de las reservas probadas de diamantes del mundo, ocupando el sexto puesto, y se convertiría en la segunda mayor reserva mundial de oro.

Web

Según el decreto, la decisión se fundamenta en la “creación de estímulos necesarios para implementar las capacidades para el aprovechamiento de las potencialidades de los recursos minerales del arco”. Según Maduro, el plan persigue desligar al país del “modelo rentista” con el que opera en materia petrolera. Establece que los postulados fundamentales que lo rigen son los principios de “integralidad en la regulación” y  manejo de la zona; posteriormente enumera una serie de postulados que serán analizados a la par de las informaciones que se conocen del proyecto de explotación.

objetivos

Gaceta Oficial N° 40.855. Decreto N° 2.248

*Ética Socialista

“No cambiemos el clima, ¡cambiemos el sistema! Y en consecuencia comenzaremos a salvar el planeta”

Con estas palabras intervino el ex presidente  Hugo Chávez, en la XV Conferencia Internacional de la Organización de Naciones Unidas sobre Cambio Climático en 2009. Hoy, 7 años después, su sucesor, Nicolás Maduro, ha aprobado un plan para la explotación de oro, diamante, hierro y aluminio a empresarios nacionales e internacionales.

Según información difundida por su gabinete ministerial, el plan de inversión involucraría a 35 países de los que solo han sido mencionados Canadá, China, Rusia, Arabia Saudita, Sudáfrica, Estados Unidos, El Congo, Inglaterra, Alemania y Suiza. Y a más de 150 empresas de las que solo han sido dadas a conocer las  chinas Camc Engeerering CO. LTD(trabajará en el área 1), Yakuang Group (para el área 4) y la canadiense Gold Reserve, que retornó al país luego de ser suspendida su concesión en 2009 y posteriormente haber firmado en 2016 un memorándum de entendimiento con el Ejecutivo para el establecimiento de una empresa mixta, que le permitirá retomar acciones y le concederá el pago de 769,6 millones de dólares como indemnización por la estatización de sus operaciones.

El ministro del Poder Popular para Desarrollo Minero Ecológico, Roberto Mirabal, explicó que el plan de trabajo con estas trasnacionales sería bajo la figura de empresas mixtas con mayoría accionaria venezolana, donde “el Estado obtenga un mínimo de 55% de ganancias, 13% de regalías, y además reciba el pago del Impuesto Sobre La Renta (Islr), lo que totaliza más de 70% de ingresos”. Entretanto, el presidente Maduro ha señalado que 60% de los dividendos que reciba el Estado, serán orientados para el Fondo Nacional de las Misiones y Grandes Misiones.

Diversos sectores del país han alzado la voz en contra de la aprobación de este decreto por considerar que ha revertido decisiones “inconsultas y poco meditadas” entorno al porvenir del país. Han criticado que se le pretenda tildar de “prácticas ecosocialistas” cuando trae consigo grandes impactos ambientales. La llamada Plataforma en Defensa de la Constitución, organización que agrupa a voceros del llamado “chavismo crítico” y a exministros del ex presidente Hugo Chávez, han sido de los más fervientes opositores a este proyecto.

El exministro de Comercio y miembro de la plataforma, Gustavo Márquez, en días pasados aclaró que de esta operación no surgiría “dinero fresco” para el Estado. A su juicio, Venezuela no solamente no va a recibir inyección de capital, sino que además va a tener que cancelar a la Gold Reserve un total de 769,6 millones de dólares antes del 31 de diciembre de este año; y adicionalmente, otros 240 millones de dólares por concepto de los datos técnicos de minería que posee la empresa. Lo que comprometería las finanzas de la nación que atraviesa una profunda crisis producto de la disminución de ingresos por concepto de exportaciones petroleras. Márquez expresó:

 “Este es un acuerdo que revierte toda la política de la Revolución Bolivariana antineoliberal porque de hecho está asumiendo las condiciones que aplica el Fondo Monetario Internacional a los países en materia de promoción de inversiones (…)  Ese tratado está por debajo de la Constitución, porque es heredado y viene desde 1998, es completamente inconstitucional”

*Resguardo y defensa de soberanía nacional

El Gobierno venezolano anunció durante el mes de agosto la firma de 7 acuerdos por4.500 millones de dólares con diferentes empresas nacionales e internacionales para iniciar el “desarrollo” del Arco Minero. Aunque las condiciones contractuales son desconocidas para la opinión pública, diversos sectores han denunciado unas desiguales condiciones. Entre los acuerdos más controvertidos está el establecido con la Golden Reserve. Al respecto, el ministro de Petróleo y Minería de Venezuela, Eulogio del Pino, ha señalado:

“Hemos firmado el acuerdo de inversión por 5 mil millones de dólares, que están disgregados en la resolución de la disputa que se tenía -con la Golden reserve-, las inversiones en las minas de oro por 2 mil millones de dólares y 2 mil millones de dólares en préstamo para el país”

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Sin embargo, el profesor Edgardo Lander explicó que este acuerdo no resulta beneficioso para la nación, ya que el Estado deberá acudir a financiamiento externo para llevar a cabo el proyecto. Además, denunció que se le cede a la trasnacional canadiense -por 40 años-  18 mil hectáreas para la explotación, pues se le suma a la mina Las Brisas (Bolívar) y la mina vecina Las Cristinas donde se estima que existen reservas de oro de 55 millones de onzas, además de 4,2 billones de libras de cobre

“La nueva empresa mixta tendrá que buscar los recursos en el mercado de capitales, entonces además de pagar mil millones de dólares en el corto plazo, tendrá que endeudarse por 1.155 millones de dólares para poder hacer su aporte de capital”

Pese al anuncio hecho por el ministro Mirabal, donde aseguraba que el fisco percibiría  el pago del Impuesto Sobre La Renta (Islr) y otros tributos de manos de las empresas mineras; Rockne Timm, CEO de la compañía canadiense, ha declarado que otro incentivo para retornar al país ha sido la declaración del área como “zona económica especial”, lo que les ofrece beneficios adicionales como la exoneración de ciertos impuestos, por lo que el país tampoco estaría percibiendo estos ingresos fiscales.

La compensación a Gold Reserve no será la única que deberá realizar el país, porque se conoció que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) decidió que Venezuela deberá pagarle a la minera ruso-canadiense Rusoro, una compensación de 1,2 millardos de dólares por concepto de la expropiación de sus activos en el país en 2012.

*Protección y respeto a los pueblos indígenas

La exploración de los territorios del Arco Minero incidiría de manera directa en los territorios indígenas de pueblos y comunidades como los Yekuanas, Piaroas, Pemón, Arawak , Akawayo, Piapoco, entre otras. Distintas comunidades se han manifestado en contra el decreto por considerar que están siendo amenazados sus derechos y que estas explotaciones devastarían sus territorio, y además, afectarían varias áreas bajo Régimen de Administración Especial como las ubicadas en la cuenca del río Caroní, la Reserva Forestal Imataca y el Monumento Natural Cerro Guanay.

En una carta elaborada por todas las autoridades de 49 comunidades Yekuana y Sanemalos representantes indígenas “rechazaron definitivamente la implementación del decreto del Arco Minero “en sus territorios y hábitats. Advirtieron que estudios científicos con data de los 2010 y 2011, vienen reportando un impacto ambiental en la zona, producto de la minería ilegal y artesanal practicada en estos territorios y temen que la situación se agrave con la aprobación de la minería extensiva a cielo abierto:

“Estudios reportan el impacto ambiental en nuestro territorio tradicional incluyendo el incremento de contaminantes químicos y sedimentos en suspensión en el río Yuruani y en el río Caura, así comobioacumulación de mercurio en tejido muscular de los principales peces de consumo masivo por parte de nuestras comunidades indígenas, especialmente en niños, niñas y adultos mayores. El resultado de los estudios científicos reportan bio-acumulación de mercurio en tejido humano (cabellos) en miembros de las comunidades indígenas Yekuana y Sanema”

En contraposición, el ministro Mirabal ha declarado que los planes contemplan el cuidado y respeto hacia el medio ambiente y una “política de bienestar centrada las necesidades, tradiciones y costumbres ancestrales de quienes habitan el territorio”. El presidente Maduro ha añadido que esta exploración se realiza con un amplio criterio “científico, ecológico, econométrico”, que garantizaría el fortalecimiento de la riqueza minera y la capacidad productiva nacional.

“Aún no existe en el mundo una minería ecológica, amistosa con el ambiente, sobre todo cuando se trata de una megaminería de mayores y más bastas proporciones de cualquier iniciativa similar a nivel mundial”. Esteban Emilio Mosonyi, antropólogo.

*Adaptabilidad, solidaridad

Ana Elisa Osorio, exministra del ambiente del expresidente Chávez,  fue la responsable de ejecutar bajo su gestión el retiro de la concesión a la trasnacional Gold Reserve. Se han convertido en una de las voceras más activas en contra del Arco Minero. Osorio ha declarado que  la autorización de la explotación “afianza la lógica rentista” del país y ha alertado que el proyecto esconde la destrucción de nuestro ecosistema y el compromiso del futuro del país.

El vicepresidente de Planificación, Ricardo Menéndez, en declaraciones ofrecidas a la opinión pública dio a conocer que se tienen contabilizados 465 centros poblados a lo largo del Arco Minero, que se traducen en más de un millón 660 mil habitantes (4,9%) de la población nacional y que según estimaciones oficiales esperan un aumento de un millón 768 mil personas para 2019.

Menéndez explicó que en el marco del proyecto minero se impulsará un plan de desarrollo industrial que prevé asistencia en materia de viviendas, salud, educación y la “protección y preservación de nuestras comunidades originarias”.

El Mayor General retirado, excomandante de la REDI Guayana, Clíver Alcalá Cordones ha expresado:

“Es la vida de los venezolanos que está en peligro, la ambición por una riqueza nos va a destrozar de forma abismal y el presidente debe rectificar en la firma de estos documentos y debe haber una discusión previa antes de firmar porque se compromete el futuro del país si se continua avanzando en esa locura. Piensen en las comunidades indígenas que no han sido consultadas. Exigimos el derecho donde el Estado explique este tipo de contratos”.

*Eficiencia, calidad, transparencia, sustentabilidad

Poco se conoce sobre la metodología que emplearán las empresas en la explotación del suelo. El presidente Maduro firmó días atrás un decreto que “prohíbe absolutamente” el uso del mercurio en las actividades mineras en Venezuela. Sin embargo, no ha hecho alguna mención a la solución cianurada altamente contaminante y ampliamente empleada en la explotación del oro.

El investigador Edgardo Lander al ser interrogado sobre los posibles métodos extractivos consideró que es “ poco probable que exista otra opción diferente al uso masivo del cianuro, porque eso se ha convertido hoy en el estándar global de como se opera la minería de oro a gran escala”.

La exministra Osorio explicó que el Macizo Guayanés no solamente es uno de los mayores depositorios de minerales del país, sino también de las más grandes reservas hídricas de la nación. Dilucida que esta zona se encuentra protegida por decretos de reserva forestal, leyes ambientales y convenios internacionales. Destacó que la explotación minera en la zona afectaría de manera irreversible a fuentes como la Cuenca del Caroní (96 mil kilómetros) que provee de las reservas de agua dulce más importantes del país y además “nos abastece más o menos de 70%” de la energía hidroeléctrica que alimenta la represa del Guri y el complejo hidroeléctrico nacional.

Lander asegura que Venezuela debe buscar articulaciones con las Redes Latinoamericanas de Resistencia a la Gran Minería, porque somos un país ajeno a este tipo de conflictos. Añade que, estos acercamientos cooperarán con el asimilamiento de experiencias requeridas en términos de instrumentos legales, formas de organización, consultas populares, entre otras.

“La afectación de la Amazonía, del agua, de la capa vegetal y los bosques de esta zona  no solo tienen consecuencias para Venezuela, sino que tienen consecuencias planetarias en papel de lo que esta zona juega en funcionamiento del sistema climático”, resaltó Lander.

*Equidad, control social

Santiago Arconada, activista y profesor de la Universidad Nacional Experimental Indígena del Tauca, ha calificado el plan como “una puñalada a la vida del planeta” y ha deplorado que el decreto presidencial se hiciese sin el menor desarrollo de estudio de impacto ambiental. Esta falta iría en menoscabo del  Artículo 129 de la Constitución que establece que “todas las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas deben serpreviamente acompañadas de estudios de impacto ambiental y socio cultural“.

“Esos estudios no han sido presentados y no se pueden presentar a posteriori. No es que los van a presentar mañana o pasado y eso es lícito (…) eso tendría que haberse presentado previamente a la emisión del decreto y a la realización de cualquier tipo de convenio con ninguna empresa”, señaló el psicólogo y comunicador, Gonzalo Gómez.

Arconada añadió que el decreto del Arco Minero donde se abre la posibilidad a las empresas de comercializar un porcentaje del oro en el extranjero, sin tener que pasar por el Banco Central de Venezuela y dejar las ganancias fuera del país en cuentas offshore; entra en contradicción con la Gaceta Oficial N° 40.692 del 30 de junio de 2015,  donde el Gobierno Nacional establecía que “las personas, sociedades o formas de asociación que desarrollen actividades de exploración y explotación del oro en áreas destinadas a las actividades mineras en el país deberán vender al Banco Central de Venezuela (BCV) todo el material aurífero obtenido“

La Plataforma denuncia que se pretenda justificar la realización la explotación masiva a cielo abierto con mega minería como medida de urgencia para hacer frente a la crísis económica,  cuando los riesgos ecológicos y económicos duplican los volúmenes de las ganancias que se podrían obtener en las extracciones.

“Esos 280 mil millones de dolares de los que habla el Gobierno (en reservas de oro en el Arco Minero), son apenas un poco más de la mitad de lo que se estima que ha perdido la nación, por el desfalco, fuga de capitales y faltantes detectados en PDVSA”, expresó  Gonzalo Gómez Freire, también miembro de la Coordinación de Marea Socialista.

*Participación del Poder Popular

El artículo 128 de la Constitución Nacional decreta que “el Estado desarrollará una política de ordenación del territorio atendiendo a las realidades ecológicas, geológicas, poblacionales, sociales, culturales, económicas, políticas, de acuerdo con las premisas del desarrollo sustentable, que incluya la información, consulta y participación ciudadana”.

Para la Plataforma de Defensa de la Constitución, ningún procedimiento anterior al decreto de creación del Arco ha cumplido con estás características. Por esta razón, encabezados por Freddy Gutiérrez Trejo, Cliver Alcalá Cordones, Ana Elisa Osorio, Héctor Navarro; han interpuesto una demanda de nulidad ante la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que ya fue admitida por el ente.

Gómez, califica el proyecto como “lesivo para la soberanía nacional” y acota que arrebata competencias legislativas al Estado al comprometerse a indemnizar a las corporaciones por cualquier acción judicial que se lleve a cabo más adelante:

“Cuando la empresa se plantea que podría apelar a los Tratados de Protección en Materia de Inversiones y que no sería posible que en Venezuela se emitiera ninguna ley o decreto posterior que pretendiese anular o menoscabar las condiciones en que se establecen estos contratos actualmente, entonces nosotros también estamos cediendo soberanía a futuro“

El exconstituyente Gutiérrez ha dejado claro que “cualquier contrato que suscriba la República y que no pase por la Asamblea Nacional (AN) es ilegal e inconstitucional”, puesto que el Parlamento debe conocer y posteriormente aprobar cualquier compromiso que asuma el Gobierno Nacional con otras naciones o empresas.

Para diversos sectores el país, este decreto revierte una enorme preocupación para el porvenir de la nación. Dada la envergadura del proyecto y sus implicaciones, exigen una todos los miembros de la sociedad civil tengan cabida en la discusión para construir los términos de acuerdos, ya que compromete el porvenir económico, político, ecológico y social de varias generaciones.

“¡Queremos seguir existiendo! ¡Exigimos nuestro territorio para seguir viviendo bien! ¡La vida vale más que el oro!“, proclama la comunidad Yekuana.

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Venezuela: Transformación curricular en educación media se orienta a crear una nueva ciudadanía

Noticias 1 comentario

América del Sur/Venezuela/ 30 de agosto de 2016/Fuente: correodelorinoco

Humberto González, viceministro de Educación, considera que nuevos contenidos y prácticas en la Educación Media se orientan a desarrollar el potencial creativo del ser humano.

“Con el nuevo proceso de transformación curricular en la educación media se pretende crear a una nueva ciudadana y a un nuevo ciudadano, además de desarrollar su potencial creativo como ser humano”. Así lo expuso el profesor Humberto González, viceministro de Educación, durante su participación en el taller de formación para periodistas realizado ayer en la sede del Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE).

El nuevo diseño curricular, sostuvo González, propone referentes éticos y temas indispensables que tienen como finalidad desarrollar ciudadanas y ciudadanos participativos y protagonistas de su realidad social.

FOMENTAR EL AMOR A LA PATRIA

Algunos contenidos indispensables presentes en este proceso transformador son los temas petróleo, democracia, sociedad multiétnica y pluricultural, comunicación y medios de comunicación, diversidad de géneros; asuntos que son abordados por docentes y estudiantes, en las llamadas áreas de formación, antiguamente denominadas materias.

Durante su disertación, González se refirió a los referentes éticos en los que se basa el proyecto curricular, el cual contempla el educar en, por y para la participación protagónica; fomentar amor a la Patria, educar para la soberanía y la autodeterminación; para el amor, el respeto y la reafirmación de la condición humana; y para la interculturalidad, el trabajo productivo y la transformación social. Además de formar para la preservación de la vida en el planeta; para la libertad y fomento de visión crítica del mundo; y para la curiosidad y la investigación.

Considera Gonzalez que el nuevo currículo desarrollará la sensibilidad de las y los estudiantes y del personal docente. “Además de fomentar el conocimiento, como uno de los objetivos esenciales de la educación, también será un referente social que garantice la continuidad de la población estudiantil en el sistema educativo”, indicó.

ÁREAS DE FORMACIÓN PROPUESTAS

El nuevo currículo favorece el estudio en profundidad de los temas, más que el estudio extenso de los programas de formación. Con este fin fueron diseñadas las áreas de formación de lengua, lengua extranjera, matemática, ciencias naturales, memoria; territorio y ciudadanía; arte y patrimonio; educación física, deporte y recreación; producción de bienes y servicios; acción científica, social y ciudadanía.

Cabe destacar que algunas de las materias que históricamente integraban el currículo de educación media, como es el caso de biología, ahora están incluidas en áreas de formación como ciencias naturales.

Se proponen dos formas de trabajar las área de formación, una como área común de todas y todos, con alumnos que integran un aula de clases; y otra mediante grupos estables, es decir, congregaciones o clubes de estudiantes que se reúnen para participar en actividades específicas como danza, sociedad bolivariana, ciencias, ajedrez, un deporte en particular y periódicos estudiantiles, entre muchas otras.

CERO NOMINALISMO

Considera el profesor Humberto González que una de las razones por la que hay detractores de la transformación curricular en Educación Media, es el nominalismo presente en las discusiones, es decir, una discusión en la que los debates no se basan en el tema tratado sino que se desvirtúan hacia otros asuntos.

Ejemplos sobre esto hay muchos, estimó el ministro. Entre ellos destacó las polémicas creadas en torno a la promulgación de los decretos 1.011 y 3.444, en base a los cuales integrantes del sector opositor, principalmente dentro de las instituciones educativas privadas, se valieron para advertir sobre el cierre de las escuelas privadas, el secuestro de las y los niños y la perdida de la autonomía universitaria.

El viceministro señaló que los programas que rigen los procesos educativos actuales datan de 1987, en el caso de primero a tercer año; y de 1972 y 1973, los referentes al ciclo diversificado. Es así aun cuando se sabe que son modelos cerrados, poco flexibles y distanciados de la realidad y del mundo laboral.

UN PROCESO TRANSPARENTE

El viceministro manifestó que el proceso de transformación del currículo “no es un acto clandestino”, ya que es el producto permanente de una larga discusión que continúa día a día, y que tomó elementos de las discusiones generadas en la Constituyente Educativa y sobre la Ley Orgánica de Educación; además de los debates públicos escenificados en diversos sectores de la sociedad venezolana. No obstante, precisó que fue la Consulta Nacional por la Calidad Educativa, realizada a partir del año 2014 y en la que participaron alrededor de 7,3 millones de personas, la que ayudó a concretar la nueva propuesta curricular.

El nuevo currículo será puesto en funcionamiento a partir del próximo año escolar. Durante este periodo se nutrirá de las experiencias que puedan aportar cada uno de sus protagonistas, en las más de tres mil instituciones educativas a escala nacional.

Fuente: http://www.correodelorinoco.gob.ve/nacionales/transformacion-curricular-educacion-media-se-orienta-a-crear-una-nueva-ciudadania/

Imagen: ww.correodelorinoco.gob.ve/wp-content/uploads/2016/08/educacion-media-1.jpg

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Venezuela: Propuesta de reforma curricular requerirá nueva formación docente

Noticias

Venezuela/Agosto de 2016/El Nacional

La aplicación de un nuevo currículo nacional integrado –una de las banderas de lucha del Ministerio de Educación, en especial tras la Consulta Nacional por la Calidad Educativa de 2014– está más cerca de concretarse.

El ministerio se reunió este mes con directores de las zonas educativas y expuso su propuesta para la transformación curricular en educación media para actualizar un diseño que data de hace 40 años.

Voceros oficiales señalan que el proyecto ha sido discutido por la comunidad educativa e incluso se ha modificado producto de lo que ha surgido de las mesas de trabajo. En junio la viceministra de Educación Media, Yoama Paredes, declaró que desde hace 2 años aplican un plan piloto en 71 planteles y han sistematizado las experiencias de la reforma.

Sobre la aplicación formal del plan de estudios existen contradicciones entre los representantes del gobierno, unos han referido que sería para este año escolar 2016-2017, mientras otros dicen que en este período se llevará la discusión del proyecto a las escuelas.

El modelo tiene un enfoque transdisciplinario con 6 áreas de formación (Ciencias Naturales, Educación Física, Lengua, Lengua Extranjera, Matemática y Memoria, Territorio y Ciudadanía), algunas agruparán las asignaturas tradicionales. Además, incluye otras 5 áreas que se desarrollarán a través de los llamados grupos estables, antes conocidas como actividades extracurriculares: Arte y Patrimonio; Acción Científica, Social y Comunitaria; Participación en Producción de Bienes y Servicios, y Orientación y Convivencia.

Otros componentes son los referentes éticos y “temas indispensables” como democracia participativa y protagónica; derechos humanos;  independencia, soberanía y autodeterminación de los pueblos; ideario bolivariano; seguridad y soberanía alimentaria; defensa integral de la nación y medios de comunicación.

Déficit y formación docente

Esta nueva organización implicará una sacudida para el docente. Leonardo Carvajal, director del doctorado en Educación de la UCAB, interpreta que si antes un profesor solo impartía una materia ahora deberá enseñar los contenidos de las otras que agrupe el área de formación. Por ejemplo, un docente de Geografía ahora en el área de Memoria, Territorio y Ciudadanía tendrá que asumir Historia y Cívica.

Expertos en educación no se oponen a una reforma, incluso encuentran aspectos positivos en la propuesta, pero sí son críticos sobre los referentes ideológicos y de adoctrinamiento en los contenidos.

Tulio Ramírez, director del posdoctorado de Educación en la UCV, opina que esa podría ser la manera del gobierno de solventar el déficit de docentes, pues en lugar de contratar a tres profesores para Física, Química y Biología solo se requeriría uno para Ciencias Naturales, que arroparía esas tres asignaturas. Otro escenario sería que se mantengan educadores por materia, pero deban planificar juntos cómo enfocar un tema para englobar las disciplinas de un área de conocimiento y luego elegir quién de ellos dictará los contenidos, lo que podría generar desorganización.

Ambos coinciden en que el problema de fondo que representaría un obstáculo para la transformación curricular continúa siendo el grave déficit de docentes especializados. “El total de profesores con título no llega a 50% de los que necesitamos”, precisó Carvajal.

El también miembro de la organización Asamblea de Educación recordó que en el proceso de cambio de currículo, que debe ser progresivo, los profesores deben invertir tiempo mientras ocurre la transición, sobre lo que Carvajal se pregunta cómo lo van a remunerar.

Ramírez hizo hincapié en que, además, la mayoría de los docentes activos no están entrenados en una práctica pedagógica transdisciplinaria, por lo que deberán pasar por un nuevo proceso formativo: “El que egresó de Física en el Pedagógico a lo mejor no tiene conocimientos de Química y Biología. Tendrá que ver cómo se las arregla ante ese nuevo reto”.

Sobre ese desafío, el viceministro de Educación, Humberto González, indicó durante el I Encuentro Nacional de la Micromisión Simón Rodríguez su expectativa de que los misioneros de ese programa “participen de manera decisiva en el proceso de transformación que ocupará gran parte del venidero año escolar”.

Orlando Alzuru, presidente de la Federación Venezolana de Maestros, afirmó que no han sido consultados para esta reforma curricular. El documento les llegó extraoficialmente y crearon una mesa técnica para analizarlo. Añadió que algunos aspectos de los llamados temas indispensables le parecen peligrosos hasta tanto no conozcan el contenido con detalles.

La Asociación Venezolana de Educación Católica sostuvo una reunión con el ministerio y calificó de positiva la iniciativa ante la deuda que existe con la actualización del currículo. Trina Carmona, presidente de la AVEC, explicó que pronto entregarán sus observaciones.

Pero Ramírez destaca un aspecto que el proyecto no aclara: cómo los jóvenes formados bajo esta nueva visión transdisciplinaria enfrentarán los retos en universidades que funcionan bajo modelos y exigencias disciplinarias.

DATO

Los referentes jurídicos del proyecto indican que la transformación curricular se inspira en la Constitución, en la Ley de Educación y también en el Plan de la Patria 2013-2019. Este documento en su apartado 2. 4. 1. 2. reza: “Adecuar los planes de estudio en todos los niveles para la inclusión de estrategias de formación de valores socialistas y patrióticos”

Fuente: http://www.el-nacional.com/sociedad/Propuesta-curricular-requerira-formacion-docente_0_907109363.html

Fuente de la Imagen: https://www.google.co.ve/search?q=reforma+curricular+en+venezuela&biw=1024&bih=485&tbm=isch&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwi19_b5odXOAhXBOiYKHRmPAe4Q_AUIBigB&dpr=1#imgrc=Xu0Y00nFsEO-uM%3A

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Consideraciones esenciales para la construcción de la Política de Financiamiento de la Educación Superior en Latinoamérica

Doctorado Latinoamericano en Educación: Políticas Públicas y Profesión Docente (DLAE) 1 comentario

Luis Emilio Torres Núñez (*)

La creciente incapacidad económica que vienen presentando los Estados latinoamericanos para asignar suficientes recursos públicos a sus sistemas de educación superior (SES), cada vez más masificados, han convertido el tema del financiamiento de la Educación Superior (ES) y la responsabilidad que tienen los Estados nacionales para la promoción de la ES como derecho humano, en un debate permanente, presente en todos los niveles de la vida socio-política del país: en la opinión pública, oficinas de los distintos niveles de gobierno, parlamentos nacionales, medios de comunicación, familias y expertos académicos, estudiosos o no del tema (Brunner, 2013).

Cuando nos referimos al financiamiento de la ES en el caso latinoamericano, es necesario precisar la responsabilidad económica -ineludible- que tienen los Estados para la construcción de una política pública que considere varios elementos intervinientes para la asignación de recursos monetarios –público o privado- que deben disponer las Instituciones de Educación Superior (IES) para llevar a cabo sus actividades académicas, en el marco de la políticas públicas aplicables para dicho sector educativo; para ello, se debe conocer el comportamiento de sus elementos fundamentales, como son: 1) el tipo de gestión que se emplean los Estados y las IES para el financiamiento –burocrático, corporativo y mercado-; 2) el origen de los recursos -de carácter público o privado-; 3) la modalidad seleccionada para el destino de los recursos económicos -oferta o demanda-; 4) el modelo utilizado por los Estados para determinar la cuantía o valores monetarios asignados a las IES –negociado incremental, negociado con aplicación de fórmulas, aplicación de fórmulas de rendimiento o resultados, establecimientos de fondos concursables y/o categóricos-; 4) los propósitos de la financiación de la ES –las razones que generan la intencionalidad de los recursos destinados por el ente financiador a las IES-. Por ahora nos proponemos a dar una rápida caracterización de estos elementos para el caso latinoamericano.

En primer lugar, la gestión empleada al igual que el origen de los recursos económicos destinados al financiamiento de los SES, están estrechamente influenciados por la concepción filosófica presente en el Estado; para la región latinoamericana el origen se ha caracterizado históricamente por ser de carácter público, generalmente bajo el tipo de financiamiento burocrático, el cual se fundamenta en que es el Estado quien debe financiar y supervisar a las universidades, toda vez que las considera instituciones que desempeñan una función pública, característica muy propia del modelo “Napoleónico” de universidad, (Schwartzman, 1993).

En segundo lugar, la modalidad mayormente empleada por los Estados para destinar los recursos públicos en la región, es la modalidad de la oferta, es decir, cuando los entes gubernamentales transfieren directamente los recursos económicos a las IES mediante cualquier mecanismo empleado en sus modelos de financiamiento –negociado, formulas y/o establecimientos de fondos-. En la región solo Chile y Puerto Rico emplean la modalidad de la demanda para la transferencia de recursos públicos; es decir, los recursos son asignados a los estudiantes –no a las IES- por diferentes mecanismos contemplados en sus modelos de financiamiento –becas, créditos educativos, prestamos financieros, subsidios de costos, entre otros instrumentos financieros aplicables solo para el concurso estudiantil-. (Brunner y Villalobos, 2014).

En tercer lugar, nos referimos al modelo de financiamiento empleado por los Estados para la determinación de la asignación o cuantía monetaria destinados a los SES, para el caso latinoamericano predomina el enfoque de modelo negociado-incremental, es decir, se mantienen los criterios de la negociación y la misma tendencia incremental económica acordados entre los gobiernos y las universidades; los aportes públicos generalmente no son condicionados para la mayoría de los países de la región, con la excepción de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Puerto Rico y Uruguay, donde se empieza a observar que la distribución financiera -o parte de ella- ya está vinculada en presupuestos por conceptos y/o presupuesto en bloque, (Brunner y Villalobos, 2014).

Se desconoce la relación existente entre los propósitos de la financiación de la ES que plantean los Estados nacionales y las políticas públicas en materia de la ES, no se han desarrollado trabajos empíricos que señalen dichos datos con alcance regional y este elemento si es una consideración fundamental para la construcción de una política de financiamiento en la ES; sin embargo, Brunner y Villalobos (2014) señalan la presencia de nuevos esquemas de financiamiento como: los créditos estudiantiles, el tratamiento de las deudas contraídas por las familias de los estudiantes, las becas gubernamentales de quienes estudian en las IES de carácter privado, los fondos competitivos y de financiación mixta –público-privada-, los programas de estímulos tributarios para la financiación privada y el establecimiento de políticas de control de costos y precios en la ES.

Igualmente, estos autores (op. cit.), nos indican que varios países de la región han acudido a la implementación de “mecanismos de tipo mercado” (MTM) dentro del enfoque de la “nueva gestión pública” (NGP); instrumentos que ha conllevado a generar nuevas tensiones de todo tipo por considerarles excelentes vías para la privatización y mercantilización de la ES, según los planteamientos de Ball (2009) y López-Segrera (2009).

Por otra parte, se debe tener plena conciencia que el tipo de financiamiento “burocrático” está agotado en el sentido estricto de su aplicación, sencillamente porque los Estados no tienen recursos públicos suficientes para financiar en la misma proporción la totalidad del crecimiento de la masificación de la ES y las demás inversión para el resto de las actividades académicas que debe emplear la universidad latinoamericana; sin embargo, los Estados nacionales deben tener en claro que la ES de nuestra región está fuertemente influenciada por la concepción filosófica que tiene el modelo de universidad “Napoleónica” que se instauro en la universidad latinoamericana; razón por la cual, no será pertinente ni sencilla la implementación “pura o exclusiva” de un tipo de financiamiento de mercado para los SES.

La principal consideración en materia de gestión y financiamiento de los SES latinoamericanos, será la determinación que tengan los Estados nacionales, sobre la construcción de un modelo de financiamiento propio y no la aplicación de ningún mecanismo único o estándar, en tal sentido, Schwartzman (1993) expresa que “Los tres tipos de financiamiento y coordinación académica descritos en este texto son tipos «tipos puros», en el sentido weberiano del término, y sólo pueden existir de manera combinada. El buen desempeño de un sistema de educación superior depende menos del predominio de uno de estos modelos, que del tipo de combinación que se consigue establecer en cada caso.” Por tal razón, consideramos que los Estados latinoamericanos deben construir su propia política de financiamiento para la ES, partiendo del estudio de sus experiencias previas, la determinación de la viabilidad socio-política del nuevo modelo de financiamiento y la debida correspondencia o vinculación con las decisiones gubernamentales que configuran los propósitos de lo que deberá ser una nueva estrategia del Estado en materia de políticas públicas del sector y las consideraciones positivas de las IES. La construcción de esta política de financiamiento, podrá facilitar a los Estados nacionales y las IES la implementación de procedimientos de evaluación académica-financiera que permita conocer la suficiencia o insuficiencia de los recursos públicos asignados –por los Estados- y ejecutados –por las IES-.

Referencias

Ball, S. J. (2009), Privatising education, privatising education policy, privatising educational research: Network governance and the “competition state”, Journal of Education Policy, 24 (1), pp. 83-99.

Brunner JJ (2013) Financiamiento de la educación superior en América Latina: Viejas y nuevas prácticas. LASA-FORUM, Volumen XLIV pp 15-17 Disponible en: https://lasa.international.pitt.edu/forum/files/vol44-issue2/Debates6.pdf

Brunner JJ y Villalobos C (2014) Políticas de educación superior en Iberoamérica 2009-2013. Santiago de Chile, Ediciones Universidad Diego Portales. Disponible en: http://www.brunner.cl/?p=10365 [Consulta: 2014, julio, 25]

López-Segrera, F. (2009) La universidad latinoamericana y los procesos de internacionalización: Las estrategias de financiamiento, en Gentilli P; Frigotto; Leher; y Stubrin, (2009) Politicas de privatización, espacio público y educación en América Latina. Homo Sapiens Ediciones. Santa Fé.

Salmi, J. y Hauptmann, A. (2006) Mecanismos de asignación de recursos en la educación superior: Tipología y evaluación, en GUNI (Global University Network for Innovation) (2006) Educación superior en el mundo 2006. La Financiación de las universidades. Ediciones Mundi-Prensa, Madrid

Schwartzman, Simón. (1993) Financiamiento de la Educación Superior. En «Estado y Mercado en el Financiamiento de la Educación Superior», Notas para el Debate 8, Grupo de Estudios Para el Desarrollo – GRADE, Lima, 1993, 75-92

(*) Luis Emilio Torres Núñez 

contacto: letn2210@gmail.com

El autor forma parte del  Doctorado Latinoamericano en Educación Políticas Públicas y Profesión Docente.

El presente es un artículo inedito, publicado con el consentimiento de la autor

Fuente de la imagen: http://www.financiamientoeducativo.com/wp-content/uploads/2016/04/Porqu%C3%A9-invertir-en-educaci%C3%B3n-superior.jpg

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Venezuela: 4to Congreso de Gestión Ambiental

Noticias 1 comentario

América del Sur/Venezuela/28 de Agosto de 2016/Fuente: UBV

El Programa de Formación de Grado Gestión Ambiental de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), del Eje Geopolítico Regional Cacique Guaicaipuro y el Centro de Estudios Ambientales (CEA) invita a profesores, estudiantes, investigadoras(es), movimientos ambientalistas, colectivos, consejos comunales, comuneras(os), cultoras(es) y artistas, productoras(es), instituciones, militantes de la defensa de la vida, trabajadoras(es), y público en general a participar en el 4to Congreso de Gestión Ambiental para dialogar, debatir, intercambiar experiencias y construir saberes desde la perspectiva crítico-reflexiva que permita contribuir con la Conservación de las Áreas Estratégicas, la promoción de la Socioproductividad y el debate sobre el Desarrollo.

En el marco del quinto objetivo de la Ley del Plan de la Patria, la Ley Orgánica del Ambiente y la Estrategia Nacional de Conservación de la Diversidad Biológica se plantea promover acciones en el ámbito nacional, donde las comunidades organizadas sean los protagonistas para la protección, conservación y gestión integral de áreas estratégicas, tales como fuentes y reservorios de agua dulce, cuencas hidrográficas, diversidad biológica, mares, océanos, bosques y otros espacios del territorio nacional cuyos sistemas naturales son estratégicos para el país. En tal sentido, este evento es propicio para generar propuestas concretas con la participación de los colectivos asistentes a fin de construir la gestión ambiental ecosocialista en Venezuela, en contribución a la activación de los Motores de Desarrollo, propuestos por el ejecutivo nacional como modelo económico productivo alternativo al rentista petrolero.

El evento incluye diferentes modalidades para el debate de temas trascendentales tales como: Participación Comunitaria y Educación Ambiental Transformadora; Gestión de Políticas Públicas Ambientales y Ecosocialismo; Ordenamiento del Territorio y Sistemas de Producción Sustentable, así como la Gestión en la Conservación y Manejo de Ecosistemas. Además, se realizará una Feria Expositiva de Tecnologías, Proyectos y Experiencias socioambientales, presentación, intercambio y comercio justo de libros, artesanías, dulces, materiales elaborados por productores comunitarios, un concurso de fotografía, un concurso de ilustraciones, simposios y talleres. Por otro lado, se podrá disfrutar de actividades estético lúdicas que potencien el encuentro entre el conocimiento, el arte y la ecología.

El Eje Geopolítico Territorial “Cacique Guaicaipuro” con su imponente Waraira Repano, en la ciudad de Caracas, Cuna de El Libertador Simón Bolívar y del Cuartel de la Montaña, donde reside la llama viva del Comandante Eterno “Hugo Rafael Chávez, Padre Fundador de la UBV y de la Patria Bolivariana, les invita a participar en la cuarta edición del Congreso de Gestión Ambiental.

En esta oportunidad, de seguidas le invitamos a venir y compartir con nosotros en el:

«4to. CUARTO CONGRESO DE GESTIÓN AMBIENTAL»

Desde el viernes 19-8-2016, estamos en calidad de coorganizadores participando en este importantísimo e ilustre evento nacional ambientalista que se realizará del 24 al 28 de octubre de 2016 en la sede rectoral de la Universidad Bolivariana de Venezuela, ubicada en urbanización Los Chaguaramos, de la ciudad de Caracas.

Es una maravillosa oportunidad para que tod@s lqs usuari@s de esta Ecoagenda del Ministerio Público: personas, instituciones, organizaciones, colectivos y todo género de agupaciones que suelen hacer vida en nuestros ecoeventos participen, por ello, LES INVITAMOS FORMALMENTE a ser parte del gran conglomerado humano que se dará cita en esta nutritiva vorágine de saberes, conocimientos y vida que nos congregará en aportando nuestras experiencias y/o trabajos de investigación.

Queremos hacerles un llamado a DIVULGAR SUS SABERES, EXPERIENCIAS Y/O INVESTIGACIONES, somos muchos haciendo maravillosas iniciativas y recreando pequeñas grandes ideas en pro del ambiente y la vida y LA HORA ES AHORA PARA COMPARTIRLAS.

 Todas y todos a participar en este congreso, en el que no se requiere ser un académico o un intelectual para participar en la Gran Academia Universitaria Nacional.

Las inscripciones son a través de este link: http://congreso.ubv.edu.ve/

Para cualquier información adicional: Coordinación Nacional del Programa de Formación de Grado en Gestión Ambiental de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Piso 5, Los Chaguaramos, Caracas,

Teléfono: +58 0212 – 6063593

http://www.ubv.edu.ve/content/gestión-ambiental

Twitter: @ubv @cngambiental  IG: @Coord.Nac.PFG.GAMBUBV https://www.facebook.com/profile.php?id=100010764609602

 

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¿Tiene sentido hablar de la apropiación del conocimiento tecnológico?

Santiago Roca

Santiago José Roca

Generalmente, cuando se habla de «apropiación del conocimiento», suelen entretejerse al menos tres nociones del concepto: como divulgación, como transferencia y como construcción social del conocimiento.

La apropiación del conocimiento, como divulgación, supone un conjunto de actividades para difundir unilateralmente contenidos sobre alguna rama del saber. La «apropiación» se supone como un efecto de la recepción de los contenidos, y puede equipararse a la transmisión de saberes a través de algún medio de difusión. Esta perspectiva incluye aquellas actividades orientadas a la «popularización» o «divulgación» del saber, realizada con técnicas propias de la comunicación formal o informal.

La apropiación del conocimiento, como transferencia, incluye un conjunto de actividades para el «traslado» de conocimientos de una comunidad cognitiva a otra. La introducción de un conjunto de conocimientos e infraestructura provenientes de un contexto cultural y territorial, en otro, y su asimilación en el discurso y las prácticas tecnológicas del receptor, es lo que permitiría dar cuenta del proceso de «apropiación». Desde esta perspectiva es que se comprenden los programas de adopción de nuevas tecnologías en general, particularmente en ciertos ámbitos de políticas públicas.

La apropiación del conocimiento, como construcción social, es de seguro la perspectiva idealmente más ambiciosa. Supone un conjunto de actividades para que la apropiación forme parte de un proceso de construcción colectiva de un sistema técnico / tecnológico de producción. La apropiación sería observable por la adaptación crítica de nuevas tecnologías, y por la generación de capacidades para abordar la formulación de problemas técnicos y darles respuesta propia. Esta perspectiva favorece la conformación de unidades productivas de escala humana, la puesta en marcha de empresas liberadas, la creación de cooperativas de base tecnológica, la formación de redes de innovación… Es decir, todas aquellas experiencias de producción que involucren un componente tecnológico y cuya constitución no se comprende como un hecho definido verticalmente (el determinismo de la racionalidad funcional, el poder fáctico de los agentes tecnológicos hegemónicos) sino horizontalmente (la razón comunicativa, la construcción del saber entre pares-productores).

Las tipologías de este tipo suelen ser contrastantes. Por ejemplo, cuando Mario Kaplún habla de tres tipos de comunicación: orientada a efectos, a conductas y a procesos (Kaplún, 1998), está estableciendo una diferenciación entre dos perspectivas dominantes y una apuesta política. También es el caso de la tipología que acabamos de presentar. Pero por ello es necesario indagar sobre los fundamentos de la perspectiva constructiva y sus posibilidades de expansión.

A diferencia de las primeras dos categorías, cuando hablamos de apropiación como construcción social no entendemos la técnica y la tecnología sólo como contenidos (susceptibles de “transmisión” con cierta lógica bancaria, siguiendo a Freire), ni solamente como un instrumento (“transferible”, como infraestructura y paquetes de saber-hacer). Vemos en la tecnología el conjunto de saberes individuales y colectivos, explícitos y tácitos; así como también el lugar funcional – y político – que asumen los sujetos en un sistema de producción – cuya base es necesariamente cognitiva e incluye artefactos.

Además, aunque el saber puede mostrarse como un conjunto de contenidos comunicacionales, y también puede estructurarse como un cuadro de contenidos epistémicos, prácticas técnicas y patrones de actuación tecnológica, el concepto de “tecnología” no puede restringirse sólo al conjunto de relaciones funcionales, y la vemos, en un nivel más general, como una manifestación de las relaciones políticas y socioculturales imperantes.

Pero exploremos el primer nivel. Tengamos en cuenta que todo sistema (socio)técnico puede describirse por la interrelación entre una dimensión socio-cognitiva y una dimensión físico-funcional. La interacción que tiene lugar entre estas dimensiones, que es una dinámica de producción, puede comprenderse como una dinámica sociotécnica (Thomas y Fressoli, 2009). Por lo tanto, la «apropiación» en los sistemas técnicos / tecnológicos concretos puede verse como la manera en que un conjunto de saberes, prácticas técnicas e infraestructura se integran en una dinámica de este tipo. En otras palabras, si caracterizamos una dinámica sociotécnica como un proceso de producción, la «apropiación» se presentaría como la manera en que determinados conocimientos y dispositivos se incorporan conscientemente en el mismo, modificándolo.

Cuando hablamos de un sistema de producción no nos estamos refiriendo de forma restringida a un sistema lineal que sólo produce bienes tangibles, sino más bien buscamos una forma de caracterizar a los sistemas sociotécnicos en general. Tomemos en consideración tres ejemplos de sistema sociotécnico: una unidad administrativa de planificación, un aula de clases y un cultivo bajo techo. Recordemos que lo que describe al sistema sociotécnico es la integración entre la dimensión socio-cognitiva y la dimensión físico-funcional o, por representarlas de algún modo, la dimensión organizacional y la infraestructura tecnológica.

En una unidad administrativa de planificación se procesa información y se producen actos de decisión que tienen como soporte registros concretos. En un espacio de enseñanza-aprendizaje, se gestiona la información a través de la relación entre profesores y alumnos, tomando en cuenta que el aprendizaje puede apreciarse a través de productos. En un cultivo bajo techo, como un invernadero, se procesan insumos como las semillas y los nutrientes, y se cosecha la producción agroalimentaria. Cada uno de estos casos, mutatis mutandis, puede verse como un sistema sociotécnico en el que existe cierto modo de integración entre las dos dimensiones antedichas.

Podemos imaginarnos una situación 1 y una situación 2 como los momentos “inicial” y “final” del proceso de apropiación de una nueva tecnología. La distancia entre la situación 1 y 2 podríamos describirla como la trayectoria del proceso de apropiación. La dinámica sociotécnica es el modo en que sujetos y sistemas funcionales interactúan entre sí, a través de conocimientos explícitos, tácitos, roles funcionales y respuestas instrumentales. La trayectoria sociotécnica es cómo este proceso cambia a lo largo de un período de tiempo. Supongamos que la nueva tecnología es un software o un hardware adecuado para el cumplimiento de los fines de cada sistema organizacional. La integración del software o del hardware en el sistema funcional y organizacional sería el resultado del proceso de apropiación.

Pensemos, claro está, en implementaciones tecnológicas cuyo impacto cognitivo e instrumental tenga posibilidad de ser significativo para el sistema: una metodología de planificación que se apoya en un sistema de información; un programa educativo de enseñanza a través de las TIC con sus respectivos contenidos y aplicaciones; un dispositivo electrónico de automatización de riego u otros procesos. En la unidad administrativa de planificación sería de esperarse que, desde una perspectiva constructiva, la apropiación integral de la herramienta modifique el modo de producción y genere cambios organizacionales; es decir, que las decisiones comiencen a tomarse de otra forma. En el caso de aula de clases, la incorporación de computadoras con software educativo en el programa pedagógico debe generar cambios en la dinámica de enseñanza-aprendizaje. En la unidad de producción agrícola podrían observarse también cambios en los procesos de producción.

En ocasiones, algunos cambios organizacionales se realizan solamente para ajustarse a las nuevas herramientas, pero no se dan conscientemente ni logran afectar la dinámica como un todo (por ejemplo, se le da a los niños una hora dentro de la rutina diaria para estudiar con la computadora, pero la herramienta no se integra orgánicamente en el proceso de aprendizaje), lo que quiere decir que sigue teniendo peso la dimensión físico-funcional, y que la relación entre el dispositivo y el ser humano está mediada por el uso y el rol técnico asumido. La apropiación se da integralmente, en sentido constructivo, cuando la herramienta se incorpora en la dinámica socio-cognitiva y funcional del sistema sociotécnico. Es decir, cuando la adopción de nuevos conocimientos y aplicaciones permite la reformulación consciente del sistema sociotécnico de producción, al asumirse los individuos como sujetos del construcción del mismo desde las dos dimensiones.

La diferencia entre la apropiación como transferencia y como construcción social también avanza por otro lado. La transferencia supone el ajuste del receptor a las indicaciones socio-cognitivas y funcionales del modelo tecnológico importado a su sistema de producción. Aquí entendemos la relación entre sujetos y dispositivos / sistemas tecnológicos como determinada funcionalmente. La construcción del sistema sociotécnico, así sea idealmente, supone el conocimiento y la toma de consciencia en torno a las variables del sistema de producción, y propicia la oportunidad para la transformación creativa. Si en la primera se adoptan los patrones técnicos / tecnológicos de forma automática, en la segunda se hace de forma crítica y reflexiva.

Claro está, esta perspectiva asume que, en un contexto instrumentalista, los sujetos técnicos ordinarios sufren un proceso de reducción de su capacidad creativa para adecuarse a un sistema funcional. Supone, también, que pueden voluntariamente participar en procesos de decisión colectiva que permitan crear consciencia sobre los fines concretos y últimos de un sistema particular de producción. Por lo mismo, esta perspectiva puede resultar atractiva para quienes se sienten llamados a apoyar la conformación de unidades tecnológicas y de producción de otro tipo, más conscientes de sus relaciones con los seres humanos y con el ambiente, menos restringidas por la vinculación entre lo funcional y el producto, el cual a la larga se concreta socialmente sólo como mercancía.

Entre estas dos concepciones existe otra diferencia. Si la transferencia invita a entender el sistema tecnológico desde la perspectiva instrumental (la relación entre el ser humano y el dispositivo se da a través de la instrumentación del uso y de los roles técnicos), entonces el problema del desarrollo tecnológico es meramente técnico y se encuentra subordinado a la racionalidad funcional. Pero si se abre el espacio para el aprendizaje en torno al sistema – y el proceso de “apropiación” es eminentemente educativo – se encuentra la posibilidad de debatir políticamente no sólo sobre las particularidades del sistema técnico, sino también sobre sus fines como sistema de producción y sobre su propósito en el contexto político y social. En otras palabras, la construcción deliberada de los sistemas sociotécnicos a partir de procesos conscientes de apropiación, representa una ocasión para cerrar la brecha entre la política y la técnica, o entre los fines sociales y los medios cognitivos para alcanzarlos. Representa, en suma, otra oportunidad para democratizar la innovación y el desarrollo tecnológico.

Referencias

Kaplún, M. (1998). Una pedagogía de la comunicación. España, Ediciones de la Torre.

Thomas H. y Fressoli, M. (2009). “En búsqueda de una metodología para investigar Tecnologías Sociales”. Dagnino, D. (comp.) Tecnologia social: ferramenta para construir outra sociedade. Brasil, IG/UNICAMP.

Fuente del articulo: http://www.aporrea.org/tecno/a206696.html

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