Filipinas

Como declara la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, no existe ninguna circunstancia por la cual se considere aceptable utilizar niños para representaciones y materiales pornográficos. “El nombre ‘pornografía infantil’ es poco apropiado, ya que implica que la explotación sexual infantil es un subgrupo de una industria (mayoritariamente) legal”, sostiene Sarah Norton-Staal, jefa de Protección Infantil para UNICEF Filipinas. “Cualquier niño menor de 18 años al que se utilice para realizar representaciones o crear materiales pornográficos se puede considerar una víctima. Toda imagen o vídeo que contenga abuso infantil constituye una prueba documentada de un delito en proceso. La producción y la distribución de esos materiales de explotación y abuso infantil, ya estén en papel, en Internet o se emitan en directo, representan una violación de unos derechos humanos fundamentales, y es necesario proteger a los niños contra eso”.

Filipinas se ha convertido en el epicentro mundial del mercado del abuso sexual en directo, y muchas de las víctimas son niños. En los suburbios de Manila, la redada policial de una operación contra la explotación sexual infantil reveló las dificultades a las que se enfrenta el país para proteger a los niños vulnerables y llevar a los tribunales a quienes abusan de ellos.

Una noche de 2014, la policía filipina hizo una redada en una casa de apariencia normal situada en los suburbios de Manila. Justo antes de la media noche, cuando la oscuridad había inundado los callejones estrechos de alrededor, los oficiales entraron con una orden de registro. Dentro de la casa, que era pequeña y tenía una sola habitación, encontraron una cantidad inusual de equipos informáticos: portátiles, webcams y un router de Wi-Fi.

Además, hallaron a un grupo de cuatro niñas y niños de edades comprendidas entre los siete y los 10 años preparándose para una “representación”. Los niños estaban a punto de desnudarse y representar actos sexuales unos con otros, siguiendo las instrucciones de un pedófilo conectado desde el otro lado del océano mediante una webcam.

El abuso sexual de niños en directo, también conocido como turismo sexual por webcam, lo había organizado una “cabecilla” que vivía en la casa y que, además, era la madre de uno de los niños. Se trataba de un negocio ilegal en curso. Los perpetradores extranjeros mandaban su dinero mediante giros internacionales, y ella le pagaba a los niños 150 pesos (el equivalente tres dólares estadounidenses).

Los otros tres niños también estaban viviendo con la cabecilla mientras su madre trabajaba fuera de Manila. La llamaban “tita”, aunque no les unía ningún vínculo de consanguinidad. Uno de esos niños, Danilo*, de siete años, le había contado a su padre los abusos, y fue este quien llamó a la policía.

Durante la redada, la policía se incautó de los ordenadores portátiles como prueba y arrestó a la cabecilla. Un trabajador social rescató a los niños y los llevó a la Unidad de Protección Infantil del Hospital General de Filipinas, en Manila. Allí, un pediatra, el Dr. Merle Tan, los examinó. El centro acababa de ser renovado y ofrecía a los niños un entorno luminoso y alegre, con una sala de juegos bien equipada y varias salas de terapia.

Otro de los niños era Jennifer*, de nueve años, la hija de la cabecilla. Al principio negaba los hechos para proteger a su madre, que le había advertido de lo que tenía que decir si venía la policía. Sin embargo, a lo largo de las sesiones terapéuticas que recibió, poco a poco comenzó a desahogarse con el Dr. Tan y con otros trabajadores del centro.

Se aprovechan de la pobreza

La pobreza es un factor determinante que se esconde tras el mercado internacional del abuso sexual de niños en directo. Al menos una de cada tres personas de Manila vive en suburbios con casas hechas improvisadamente con madera, placas de metal y carbón y tres o cuatro plantas, situadas junto a ríos y vertederos de basura. Muchos padres que viven aquí son desempleados o tienen trabajos inestables como la mano de obra eventual. Los niños juegan en las calles, donde es frecuente el consumo de alcohol y drogas. Estas zonas son los objetivos principales de la actividad delictiva.

En el suburbio de Manila en el que vivían Jennifer y Danilo, la existencia de abusos sexuales emitidos en directo era un secreto en voz alta. “La cabecilla dirigía una casa donde muchas noches había “representaciones” abiertas al público”, explica el Dr. Tan. “Si los niños de la barriada tenían hambre, sabían que podían ir allí a por comida y cobijo, y que si participaban en la “representación” ganarían 150 pesos.

Lo más chocante es que algunos padres llevaban a sus propios hijos a la casa. “Como el perpetrador no está tocando a los niños directamente, la gente se convence de que no es un abuso”, sostiene el Dr. Tan. “Pero sí se trata de un abuso que perjudica su desarrollo mental y físico. Conforme van creciendo, pueden tener problemas a la hora de entablar relaciones, y pueden llegar a verse arrastrados a trabajos sexuales o incluso convertirse en abusadores”.

Filipinas se ha convertido en el epicentro mundial del mercado de abusos sexuales emitidos en directo. En algunas partes del país, como en la Isla de Mactán, en Cebú, hay “núcleos” donde tanto la pornografía por webcam en la que participan adultos y el abuso sexual infantil en directo son prácticas extendidas en los pueblos o las comunidades locales. En esas zonas se ha concentrado un gran número de arrestos e intervenciones.

UNICEF Filipinas está llevando a cabo una investigación sobre este asunto destinando fondos para preparar a policías y ONG, ayudar a establecer una línea de ayuda nacional e incrementar el poder de los policías nacionales.

“Esto lleva ocurriendo ya varios años, pero cada vez hay más casos”, asegura Sarah Norton-Staal, jefa de Protección Infantil para UNICEF Filipinas. “El mayor acceso a Internet y el abaratamiento de los dispositivos han permitido a las comunidades conectarse. El nivel de inglés alto y los infractores llevan viniendo desde los años setenta. Hay una gran diáspora filipina que envía dinero a casa desde el extranjero. Y también existe una cultura de silencio y deferencia hacia los mayores, que ocultan los abusos. Todo esto contribuye a crear un entorno fácil para los delincuentes”.

En 2009, siguiendo las labores de defensa emprendidas por UNICEF y otros, los materiales de abuso sexual infantil se ilegalizaron por primera vez en Filipinas. Pero aún queda trabajo por hacer. “La edad legal de consentimiento sexual en Filipinas sigue estando en 12 años”, informa Norton-Staal. “Eso dificulta la condena de personas por abuso sexual a niños. Queremos elevar la edad a, al menos, 16 años, además de crear mejores recursos para descubrir y condenar a los infractores”.

Una respuesta holística

La Subsecretaria del Departamento de Justicia de Filipinas, Mónica Pagunsan, asegura que el gobierno está empleando un enfoque más amplio para abordar el asunto. “Se considera que Filipinas es la mayor fuente de pornografía infantil de todo el mundo”, sostiene. “La adopción de una ley contraria a la pornografía infantil y la creación de la oficina contra los delitos cibernéticos dio impulso a la campaña contra el abuso sexual infantil en Internet. Además, contamos con tratados de extradición con unos 13 países y estamos trabajando estrechamente con la Interpol”.

Sin embargo, a pesar de esos esfuerzos, el nivel de condenas sigue siendo bajo. Pagunsan subraya la necesidad de mejorar la cooperación con el sector privado. “El gobierno no puede hacer esto solo”, asegura. “Necesitamos ayuda del sector privado, en particular de las empresas de telecomunicaciones y los proveedores de servicios de Internet. Nos preocupa lo mucho que se tarda en eliminar contenido, identificar a las víctimas y los perpetradores y preservar las pruebas”.

“En la actualidad debemos obtener una orden judicial antes de que las compañías puedan cooperar con la investigación”, prosigue. “Para entonces, el abusador suele haber desaparecido”.

En la comisaría de la Policía Nacional filipina, el coronel Ivy Castillo está al frente de la nueva unidad de delitos cibernéticos, que incluye el abuso sexual de niños emitido en directo. Se trata de una unidad pequeña que trabaja en una cabina diminuta en el extenso campus. Ivy nos explica que el número de casos está aumentando: de 57 que había en 2013, a 89 en 2014 y 167 en 2015. Sin embargo, hasta ahora solo ha habido siete condenas, todas ellas de conformidad con la legislación sobre contrabando infantil.

“La mayoría de las pistas nos las envían nuestros homólogos de la policía de otros países”, dice el Coronel Castillo. “Ellos encuentran imágenes de Filipinas en los ordenadores de los sospechosos y nos piden que los localicemos. A veces también saquean la cuenta de Facebook de un perpetrador y la utilizan para contactar con los cabecillas”. Aun así, la unidad encuentra muy pocas pistas. “Los filipinos se resisten a denunciar el abuso o a archivar quejas”, prosigue. “Algunas personas no saben que lo que hacen está mal, no son conscientes de las sanciones”.

Para abordar este asunto, la unidad lleva a cabo actividades de concienciación en escuelas y comunidades, especialmente en las zonas donde se concentran más casos de abusos. UNICEF está financiando formación para oficiales de policía con el fin de enseñarles a identificar y tratar un caso de delito cibernético. Sin embargo, hasta el momento los delincuentes aún les llevan la delantera.

Para las personas que trabajan en primera línea para combatir el abuso sexual infantil en directo, como el Dr. Tan y la Unidad de Protección Infantil, este desafío a veces se hace cuesta arriba. “Puede llegar a ser muy desolador, pero debo ser fuerte”, dice el Dr. Tan. “Intento sacarme de la mente todos los pensamientos tristes. No quiero que estas historias me afecten. Si quiero ayudar a nuestros niños, debo seguir siendo fuerte y positivo”.

*Los nombres se han cambiado para proteger la identidad de las víctimas.

Fuente: http://www.unicef.org/spanish/infobycountry/philippines_91214.html