La ONG Save the Children alertó el pasado miércoles que la cifra de niños palestinos desplazados ha alcanzado un máximo histórico de los últimos cuatro años, por lo que ha pedido al Gobierno israelí que «anule todas las órdenes de demolición de escuelas, viviendas e infraestructuras vitales de acuerdo con sus obligaciones en el marco del Derecho Internacional».
En un comunicado, la organización ha indicado que durante el año 2020 más de 840 edificios fueron derribados o incautados en Cisjordania por parte de las autoridades israelíes, lo que ha obligado a más de 500 niños y sus familias a abandonar sus hogares.
«Se trata del peor dato desde 2016 en cuanto a niños y niñas palestinos desplazados en Cisjordania», recoge el texto, que señala que las «demoliciones en todos los territorios ocupados han afectado a más de 2.600 niños y niñas».
Las familias afectadas, ha advertido, han perdido sus hogares, sus medios de vida y se han visto obligadas a buscar refugio en casa de amigos o familiares y nuevos ingresos para intentar rehacer sus vidas. Además, esta situación se ha visto agravada por el impacto económico de la COVID-19.
«No podemos salir de nuestras casas por las tardes y por las mañanas debemos permanecer siempre cerca de casa. Hay un asentamiento cerca y en la carretera principal, el ejército y los colonos siempre van y vienen. Han dado muchos avisos de derribo a mucha de la gente que vive aquí. Me siento mal y estoy cansado, temiendo que yo también me puedo quedar sin casa» ha explicado Fareed, que vive en una comunidad dedicada a la agricultura en Cisjordania.
A pesar de la promesa de las autoridades israelíes de detener la demolición de viviendas durante el brote de COVID-19, la destrucción ha continuado, según Save the Children, que ha matizado que solo en noviembre, 73 personas, entre ellas 41 niños y niñas, fueron desplazadas tras el incidente más grave de demolición de los últimos cuatro años.
Por otra parte, la ONG ha manifestado que existen 53 escuelas en peligro de ser destruidas en Cisjordania y Jerusalén Este, algo que afectaría a unos 5.250 niños y niñas. Según la ONU, los desalojos forzosos como consecuencia de las demoliciones son un factor clave en la creación de un entorno «coercitivo» y tienen un impacto negativo sobre los Derechos Humanos.
«Las demoliciones que se están produciendo en Cisjordania están dejando a los niños, las niñas y a sus familias sin hogar y sin infraestructuras vitales. Derribar una casa, una escuela u otra infraestructura vital, especialmente durante una pandemia, destruye su derecho a la educación y a tener un hogar. Ataca su futuro, su salud, su seguridad y su bienestar», ha explicado el responsable de Save the Children en los territorios palestinos ocupados, Jason Lee.
Lee ha aseverado que Israel «tiene el deber de proteger los derechos» de estos menores, por lo que ha pedido a las autoridades que anulen «todas las órdenes de demolición existentes», «Si no lo hace, dejará a más niños y niñas sin hogar ni educación, lo que se sumará al impacto que la pandemia ya está teniendo en sus vidas», ha denunciado.
Israel vacuna a los colonos que ocupan Cisjordania, pero excluye a los palestinos
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, recibió una inyección de vacuna Covid-19 el sábado, iniciando un despliegue nacional en los próximos días.
La campaña de vacunación masiva, que se dice que es la más grande en la historia de Israel y que se titula «Give a Shoulder» (“poner el hombro”), no incluirá a millones de palestinos que viven bajo el control israelí a pesar de un aumento reciente en los casos y muertes derivadas del virus.
Mientras tanto, los colonos judíos que viven en la ocupada Cisjordania son elegidos para la vacuna en un claro acto de segregación social y racial.
Las últimas cifras del Ministerio de Salud israelí informaron que más de 370.000 personas habían dado positivo por el virus desde que el estado hebreo, un país de alrededor de nueve millones, confirmó su primer caso en febrero.
La vacuna se lanzará en 10 hospitales y centros de vacunación en todo Israel para los trabajadores de la salud a partir del domingo, según el Ministerio de Salud. Durante el transcurso de la semana, dice un comunicado del ministerio, las vacunas se extenderán al público en general, comenzando con los mayores de 60 años.
Israel llegó a un acuerdo con la compañía farmacéutica Pfizer para suministrar 8 millones de dosis de su vacuna recién aprobada, suficiente para cubrir casi la mitad de la población israelí de nueve millones, ya que cada persona requiere dos dosis. Además llegó a un acuerdo por separado con Moderna a principios de este mes para comprar seis millones de dosis de su vacuna, suficiente para otros tres millones de personas.
Los palestinos seguirán esperando
Millones de palestinos que viven bajo el control israelí tendrán que esperar mucho más que el resto del país.
La campaña de vacunación de Israel incluirá a colonos judíos que son ciudadanos israelíes que viven en las profundidades de Cisjordania, pero no a los 2,5 millones de palestinos del territorio.
Tendrán que esperar a que la Autoridad Palestina, con problemas de liquidez, que administra partes de la Cisjordania ocupada, un territorio delineado en los llamados Acuerdos de Oslo en 1993.
’Si vemos que se han cumplido las demandas de Israel y tenemos capacidad adicional, sin duda consideraremos ayudar a la Autoridad Palestina’ dijo Yoav Kisch, viceministro de salud de Israel a Kan Radio.
La Autoridad Palestina espera obtener vacunas a través de una asociación liderada por la Organización Mundial de la Salud con organizaciones humanitarias conocidas como COVAX, que hasta ahora no ha alcanzado las 2 mil millones de dosis que espera comprar durante el próximo año para aquellos en países pobres.
Se trata de una ayuda humanitaria internacional histórica que recibe la Autoridad Palestina que permite a Israel continuar con su statu quo de ocupación y segregación.
Lo que complica las cosas es el hecho de que los palestinos apenas tienen una unidad de refrigeración capaz de almacenar la vacuna Pfizer y una infraestructura sanitaria muy deficiente debido centralmente a políticas racistas, similares a las del apartheid en Sudáfrica, y el bloqueo económico a toda la Franja de Gaza.
La Autoridad Palestina ha informado de más de 85.000 casos en Cisjordania, incluidas más de 800 muertes, y el brote se ha intensificado en las últimas semanas.
La situación es aún más grave en Gaza, hogar de dos millones de palestinos y que está bajo el bloqueo israelí y egipcio desde que Hamas tomó el poder en 2007. Las autoridades han informado de más de 30.000 casos, incluidas 220 muertes. Además el sistema de salud está diezmado y destruido por las bombas que no han dejado de caer sobre Franja de Gaza desde el inicio de la pandemia.
Fuente de la Información: http://www.laizquierdadiario.com.ve/Israel-vacuna-a-los-colonos-que-ocupan-Cisjordania-pero-excluye-a-los-palestinos
En ese enclave palestino, las mujeres tienen el mismo derecho que los hombres a conducir, pero la profesión de taxista sigue siendo de hecho masculina.
Al volante de su automóvil blanco, Nayla Abou Jubbah protagonizó esta semana una pequeña revolución en la franja de Gaza al convertirse en la primera taxista del enclave palestino y con un servicio exclusivo para mujeres.
Después de beber un té humeante en su casa, esta mujer, de 39 años, con un pañuelo en la cabeza, se coloca una máscara sanitaria, se dirige hacia su coche estacionado fuera, abre la puerta, pone su teléfono celular sobre un soporte pegado al parabrisas y arranca el motor.
¡Un bocinazo y listo! Su vehículo se lanza sobre el asfalto, a veces en buen estado, a veces roto, del enclave con dos millones de habitantes y controlado desde hace más de 13 años por los islamistas de Hamas.
En Gaza, las mujeres tienen el mismo derecho que los hombres a conducir vehículos, pero la profesión de taxista sigue siendo de hecho masculina.
«Una vez hablé con una amiga que trabaja como peluquera y le pregunté: +¿Qué dirías si lanzamos un servicio de taxi para las mujeres?+. Ella respondió que era una idea loca», cuenta a la AFP Nayla Abu Jubbah, diplomada en trabajo social.
¿Una idea loca? ¿O ingeniosa? En lugar de pasar sus días deambulando en busca de clientes, esta madre de cinco hijos optó por un servicio personalizado.
Más libre
«No vago por las calles. Salgo de mi casa y recojo a mis clientas, para llevarlas, por ejemplo, de la peluquería a una boda», explica.
Cuando su padre murió, usó la herencia para comprar un automóvil. «Me dije a mí misma que había que aprovechar este vehículo, hacer trabajar el coche, de ahí el proyecto de un servicio de taxi totalmente para las mujeres, para que estén cómodas», añade.
Nayla Abu Jubbah recorre las calles de Gaza, la principal ciudad de este territorio controlado por Israel, que ya estaba devastado por el desempleo (50%) antes del inicio de la pandemia de covid-19, para recoger a Aya Saleem, una clienta de 27 años, que va de compras.
«Vivimos en una sociedad conservadora. Así que cuando vi que había una compañía de taxis especialmente para las mujeres sentí una especie de libertad», lanza Aya Saleem, con su larga túnica marrón, pañuelo beige, máscara sanitaria azul pálido y pequeño bolso de mano.
«Cuando estoy con una mujer, me siento cómoda. Me siento más libre y podemos hablar», comenta, afirmando que los servicios de taxi para mujeres están en sintonía con la sharia, la ley islámica, que Hamas promueve en la Franja de Gaza, a diferencia de la Autoridad Palestina secular en Cisjordania.
Aya Saleem espera ver pronto otros taxis para mujeres en las carreteras de Gaza.
Por su parte, Nayla Abu Jubbah asegura que desea hacer crecer su flota. «Una mujer me llamó recientemente para decirme que quería trabajar como taxista a mi lado. Le dije que volveríamos a hablar, pero tengo la sensación de que el proyecto va a crecer», confía.
El trabajo de las mujeres campesinas como activismo contra las políticas sionistas, «fue un acto revolucionario, cambiamos la sociedad desde aquí. Nos juntamos para mantener la vida y la cultura vivas».
Los ojos de Karemeh Ahmad se iluminan cuando habla de su cooperativa agrícola, un deseo cumplido desde la Primera Intifada. Mientras canta con los rezos que amenizan la sala, prepara el trigo para hacer cuscús y envasa en bolsitas de plástico el za’atar recién preparado, que llevará al día siguiente al mercado. Como si de un antiguo teatro se tratase, el semicírculo formado a su alrededor denota la admiración que despierta. Se respira el aire fresco del mediterráneo. Nadie diría que estamos en una zona ocupada.
Ahmad vive en Dayr al-Sudan, a 50 kilómetros de Ramallah. Oficialmente, fundó la cooperativa en 2007, aunque la actividad comenzó cinco años atrás. Reconoce que no fue fácil, porque no solo fue juntar a un grupo de mujeres, sino incidir en la sociedad y en ellas mismas sobre la importancia de ser independientes y trabajar la tierra como parte de la identidad palestina. «Fue un acto revolucionario, cambiamos la sociedad desde aquí. Nos juntamos para mantener la vida y la cultura vivas».
Como muchas mujeres durante la Primera Intifada, Ahmad tuvo que hacerse cargo ella sola de todo el peso familiar, pues su marido fue encarcelado y, posteriormente, asesinado. Así, la agricultora comienza a pensar formas de resistir a la ocupación, como ya lo hicieron sus antepasados desde los tiempos del Imperio Otomano. En un inicio, las condiciones eran muy precarias y era común que los soldados del Ejército Israelí ocuparan varias habitaciones de su casa, que también hacía las veces de oficina. Pero ahora, la cooperativa proporciona recursos y modos de subsistencia para las mujeres, teniendo un impacto positivo en la economía familiar. De hecho, Ahmad y sus compañeras son un referente e inspiración en toda la región, pues practican lo conocido como sumud palestino, un concepto que se ha traducido como la perseverancia ante las políticas israelíes, asociado a las luchas diarias de las mujeres por mantener la vida de sus familias y comunidades.
Para Nidda Abu Awwad, profesora e investigadora del Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad de Birzeit, el sector agrícola es la columna vertebral de la economía palestina, pero al mismo tiempo el escenario de conflicto con ella, ya que la tierra es el principal componente de la agricultura que se encuentra en el centro del conflicto y, por lo tanto, una base para la resistencia. «Históricamente, las mujeres palestinas han sido un pilar básico en la agricultura. Sin embargo, en el contexto palestino, es difícil separar la participación en la agricultura como actividad económica y como estrategia de supervivencia, ya que, en sí misma, es una expresión de la identidad y la resistencia nacional. Hay que aclarar que nuestra lucha como palestinos en general con la entidad sionista es una lucha de existencia».
Awwad afirma que durante la segunda intifada hubo una creciente participación de las mujeres en la agricultura, que surgió como una estrategia individual de supervivencia y una necesidad de hacer frente al deterioro de las condiciones de vida de la población, como consecuencia del cierre y la imposición de toques de queda. Al mismo tiempo, esta situación conllevó a que las mujeres comenzaran a establecer cooperativas agrícolas de plantas, animales, y proyectos de producción de alimentos. También, porque muchas de ellas quedaron viudas, sus maridos fueron encarcelados o los hombres tuvieron que marcharse a trabajar a Israel, pues los sueldos eran más altos y había una continua destrucción de los campos sembrados y robo del agua.
«Aquí pagamos el agua más cara del mundo-, dice Nawal Yousef, fundadora de una cooperativa de mujeres en Deir Ballut, a 45 kilómetros de Nablus. Los colonos israelíes nos están robando toda el agua. Estamos en una de las zonas más ricas de este recurso y, por ello, nos hacen esta presión para sacarnos. Estamos aislados». De hecho, pueden llegar a pagar más de un euro por el metro cúbico de agua, en unas tierras donde no podrían hacer nada, pues debido a la división de Palestina en los Acuerdos de Oslo de 1993, en su pueblo apenas tienen el 6% del territorio para administrar.
Karemeh Ahmad en su casa de Dayr al-Sudan 16 de agosto de 2019. / Marta Saiz
Una de las maneras para afrontar y llevar mejor esta situación son las comidas que comparten todas juntas en el local de la cooperativa, que hace unos años hacía las veces de escuela. Las paredes rosas y los restos de dibujos coloreados añoran tiempos donde el muro no existía y la vida era más llevadera. Yousef ríe junto a Amhed Hader, con quien fundó la cooperativa, con el objetivo de negociar los precios abusivos de mercado que les ofrecían los intermediarios, pues ellas mismas plantaban, recogían y vendían la mercancía.Nidda Abu Awwad:
Y recuerdan como juntas se hicieron más fuertes para reclamar sus derechos.
Yousef nació en una familia de la diáspora palestina. Sus padres se vieron forzados a abandonar Palestina durante la Nakba, el desastre de la creación del Estado de Israel que, durante los años 1947 y 1949, conllevó el éxodo de más de 700.000 personas palestinas de su territorio. Y Venezuela les acogió. Ella vivió treinta años en el país Latinoamericano hasta que decidió visitar su tierra y quedarse allí. Fue la única de sus ocho hermanos que regresó.
Al igual que Yousef, Abeer Ibder vive en una zona donde la cercanía del muro les imposibilita poder trabajar libremente la tierra. En su pueblo, Dayr al-Ghusun, a 14 kilómetros Tulkarem, Ibder es ingeniera agrónoma y, desde hace diez años, también trabaja las tierras que le dejó su madre. Para ella es importante trabajarlas porque es su derecho, así como el de todo el pueblo palestino. Pues son sus tierras. «El problema que tenemos es que la colonización sionista lo destruye todo, lo que sembramos y lo que producimos. Plantar la tierra significa una lucha contra la colonización. Cuidarlas para que no sean ocupadas de nuevo y confiscadas».
Agri-resistencia
Once años atrás, cuando Vivien Sansour regresó a su pueblo natal, Beit Jala (Belén), conoció a muchas personas agricultoras que eran las que mantenían la tierra, incluso si no era económicamente viable. «Arriesgan su vida para trabajar la tierra, para mantener vivas las costumbres. El verdadero significado de la resistencia es lo que estas personas están haciendo; mantener esas señales que nos hacen estar vivas. En eso consiste la agri-resistencia».
Y decidió que eso es lo que iba a hacer el resto de su vida.
Karemeh Ahmad en su casa de Dayr al-Sudan. / Marta Saiz
Sansour ve indisociable separar el término agri de cultura, pues van de la mano. Y, por ello, en 2014 fundó Palestine Heirloom Seed Library, una biblioteca de semillas que trabaja para encontrar y preservar variedades de semillas antiguas y prácticas agrícolas tradicionales. También es un movimiento para concienciar a la población palestina sobre la riqueza de sus productos y la importancia del consumo local. Sin embargo, no es tan fácil.
«Al vivir en una prisión como esta, donde el Estado de Israel nos pone frente a una industria agroalimentaria terrible en las que los precios son mucho más bajos, es complicado convencer de la riqueza del producto local. Y más, cuando producir en los territorios ocupados es cinco veces más caro por la falta de agua y el excesivo pago de aranceles».
Sobre la situación de la mujer agricultora, Sansour habla de una lucha continua con el sionismo, el patriarcado y la violencia del propio Estado. «Las mujeres están constantemente en estado de supervivencia. Con la construcción del muro, arriesgan sus vidas para salir y poder vender unos pocos kilos de algo. Los soldados las paran, las violentan y las humillan. Y luego llegan a sus casas y también tienen que sufrir esa violencia estructural. Pero eso no nos hace heroínas. ¿Por qué las mujeres tenemos que ser heroínas todo el tiempo? ¿Es increíble porque es resistencia, o no es justo porque hay un poder superior? ¿Acaso las mujeres de otros lugares del mundo lo tienen más fácil?»
Desde marzo, cuando se confirmaron los primeros casos de COVID-19 en la ocupada Cisjordania, las fuerzas israelíes han demolido o confiscado casi 400 construcciones palestinas.
Eso es casi 65 por mes, el promedio más alto en cuatro años.
En lo que va de este año Israel ha desplazado por la fuerza a unos 700 palestinos, la mayoría durante la pandemia y la mitad de ellos niños.
Solamente en agosto Israel dejó a más de 200 palestinos sin hogar.
Eso es «más que en cualquier otro mes desde enero de 2017», según el grupo de monitoreo de las Naciones Unidas OCHA.
Esas cifras no incluyen a los cientos más cuyo sustento y capacidad de acceso a los servicios también se vieron obstaculizados por la campaña de demolición de Israel.
Los palestinos suelen demoler sus propias casas para evitar que se les imponga el proyecto de ley si Israel lleva a cabo la demolición.
Las demoliciones no se limitaron a viviendas palestinas.
Las fuerzas de ocupación israelíes también destruyeron o confiscaron estructuras de agua, higiene y agricultura, un nuevo ataque a la capacidad de los palestinos para responder a la pandemia.
Limpieza étnica
La intensificación de la campaña de demolición de Israel se dirige principalmente a los palestinos en el Área C, el 60 por ciento de Cisjordania que permanece bajo el control militar total de Israel e incluye las colonias más grandes de Israel.
El resto tiene lugar en la Jerusalén Oriental ocupada, salvo un pequeño número en las Áreas A y B, que -nominalmente- están bajo el control de la Autoridad Palestina.
Los palestinos en el Área C se han visto obligados a valerse por sí mismos durante la pandemia mientras Israel continúa colonizando su tierra.
El pretexto de Israel para la mayoría de las demoliciones es que los palestinos construyen sin los permisos de las autoridades de ocupación a pesar de ser dueños de la tierra.
Israel se niega a permitir prácticamente cualquier construcción palestina en el Área C o en la Jerusalén Oriental ocupada, lo que obliga a los palestinos a construir sin permisos y viven con el temor constante de las demoliciones.
Esto es parte del incansable esfuerzo de Israel por cambiar la demografía en el área para asegurar una mayoría judía. Es, en otras palabras, limpieza étnica.
Para algunos legisladores israelíes, las fuerzas de ocupación no están haciendo lo suficiente para expulsar a los palestinos de sus tierras.
Ayelet Shaked, una exministra que ha promovido los llamamientos al genocidio contra los palestinos, propuso nombrar a un funcionario del Gobierno «cuyo objetivo total sería evitar la toma de posesión del Área C».
Este idioma orwelliano revierte la verdadera intención de Shaked: quiere asegurarse de que los colonos israelíes se apoderen del Área C de su población palestina indígena.
Otro legislador israelí de extrema derecha, Bezalel Smotrich, autor de un plan genocida para expulsar a los palestinos, tiene una idea diferente.
Según el diario Haaretz de Tel Aviv, Smotrich ha sugerido que se autorice a las colonias israelíes, cuya construcción es un crimen de guerra, a demoler las estructuras palestinas que consideran «sin licencia» .
Otros ministros israelíes han comparado la construcción palestina en el Área C con «un virus exponencial», un «terror territorial» y «un cáncer».
Ese lenguaje que demoniza a un pueblo que vive en su propia tierra como una enfermedad, recuerda la incitación que en numerosas ocasiones y lugares ha precedido a la limpieza étnica o al genocidio.
Destrucción de la ayuda de la UE
Solo en agosto Israel demolió o confiscó estructuras financiadas por donantes por valor de casi 11 millones de dólares, además de 90.000 dólares durante la pandemia.
La mayoría de las estructuras de donantes demolidas o incautadas este año fueron financiadas por la Unión Europea.
En 2019 Israel destruyó o confiscó medio millón de dólares en proyectos financiados por la UE, un aumento del 90 por ciento con respecto a 2018.
Entre 2001 y 2016, Israel causó una destrucción estimada de 74 millones de dólares en proyectos financiados por la UE. Eso incluyó 26 millones durante la embestida a Gaza en 2014.
Pero la Unión Europea no hace nada para responsabilizar a Israel de su práctica habitual de demoler proyectos financiados por la UE.
De vez en cuando la comisión de la UE en la ocupada Cisjordania emite declaraciones de «preocupación».
Mientras tanto la UE mantiene sus altos niveles de apoyo financiero, tecnológico y político a Israel, al tiempo que envía señales públicas que incentivan aún más su comportamiento.
El mes pasado el jefe de política exterior de la UE, Josep Borrell, se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gabi Ashkenazi.
Ashkenazi fue jefe del ejército durante el ataque israelí de 2008-2009 contra Gaza, la Operación Plomo Fundido, una masacre de tres semanas que mató a unos 1.400 palestinos, en su mayoría civiles, y más de 300 niños.
Borrell felicitó a Ashkenazi por la «normalización de las relaciones de Israel con los Emiratos Árabes Unidos» y reafirmó que «la UE e Israel están listos para continuar trabajando juntos».
Después de una llamada posterior con Ashkenazi este mes, Borrell afirmó el interés de la UE en «intensificar la cooperación bilateral».
Si bien Ashkenazi es todo sonrisas cuando sus anfitriones europeos le dan la bienvenida, su estado de ánimo es menos amistoso a puerta cerrada.
En una reunión de la Knesset en julio, Ashkenazi dijo que consideraba cualquier proyecto financiado con fondos europeos en el Área C que «no respete los procedimientos de permisos de construcción israelíes» como una «intervención europea en un intento por definir una frontera».
En otras palabras, la UE debe dejar que Israel dicte dónde están sus fronteras y debe cooperar plenamente con su campaña de limpieza étnica.
Según los informes, Ashkenazi amenazó con que cualquier estructura financiada por Europa construida en el Área C sin el permiso de Israel enfrentaría «consecuencias». Añadió que Israel rechazaría cualquier «demanda europea de pago de compensación por la demolición o confiscación del equipamiento».
Según las cifras, la intimidación de Israel a la UE funciona. Los proyectos financiados por la UE han disminuido drásticamente a lo largo de los años, de 75 millones en 2015 a solo 12 millones el año pasado.
Colonia exclusiva para judíos de Nofei Nehemia construida en tierras de propiedad palestina en la zona de Salfit de la Cisjordania ocupada, 13 de agosto. Ahmad Al-Bazz Active Stills
El propietario del Chelsea financia los acuerdos
Mientras tanto las colonias de Israel en el Área C y la Jerusalén Oriental ocupada continúan floreciendo.
A principios de este mes un tribunal israelí en Jerusalén dio luz verde para expulsar a decenas de palestinos de sus hogares y entregarlos a grupos de colonos. El argumento fue que las casas pertenecían a judíos antes de la Nakba, la limpieza étnica de Palestina en 1948.
La Ley israelí de propiedad del ausente, de 1950, permite a Israel apoderarse de tierras y propiedades de refugiados palestinos que huyeron o fueron expulsados durante y después de la Nakba.
Bajo una enmienda a su leyde 1970, Israel permitió a los judíos reclamar las propiedades de Jerusalén que dejaron en 1948, pero no permitió el mismo derecho a los palestinos, una medida descaradamente racista.
La casa en el área de Batan al-Hawa de Silwan en la Jerusalén Oriental ocupada pertenece a la familia al-Fatah Rajbi, 26 de los cuales se quedarán sin hogar, informó Haaretz.
Ahora el tribunal está obligando a la familia palestina a entregar su casa desde hace 54 años a Ateret Cohanim, una organización de colonos que ayuda a implementar la colonización del Gobierno israelí de las propiedades palestinas en Jerusalén.
La tierra fue -supuestamente- registrada en un fideicomiso a nombre de un rabino bajo el dominio otomano. En 2001 el Tribunal Superior de Israel transfirió la tierra a Ateret Cohanim.
Desde entonces el grupo de colonos ha demandado a 700 palestinos que viven en tierras supuestamente pertenecientes al fideicomiso en un intento por expulsarlos por la fuerza.
Los grupos de colonos israelíes no carecen de ayuda. Documentos recientemente expuestos revelan que Roman Abramovich, propietario del Chelsea Football Club, ha contribuido con más de 100 millones de dólares a Elad , otro grupo de colonos israelíes que se apodera de tierras y hogares palestinos en la Jerusalén oriental ocupada. Abramovich es un ruso que obtuvo la ciudadanía israelí en 2018.
El Chelsea es conocido por el racismo desenfrenado y el antisemitismo de sus fanáticos.
Esta traducción se puede reproducir libremente a condición de respetar su integridad y mencionar a la autora, a la traductora y Rebelión.org como fuente de la traducción.
Asia/Palestina/11-09-2020/Autor(a) y Fuente: spanish.xinhuanet.com
HEBRON, 7 septiembre, 2020 (Xinhua) — Estudiantes reciben un control de temperatura en una escuela en la ciudad cisjordana de Hebrón, el 7 de septiembre de 2020. Estudiantes palestinos de Cisjordania comenzaron el 6 de septiembre el nuevo año escolar después de una suspensión de seis meses. (Xinhua/Mamoun Wazwaz)
HEBRON, 7 septiembre, 2020 (Xinhua) — Estudiantes se dirigen a una escuela en la ciudad cisjordana de Hebrón, el 7 de septiembre de 2020. (Xinhua/Mamoun Wazwaz)
HEBRON, 7 septiembre, 2020 (Xinhua) — Imagen del 7 de septiembre de 2020 de estudiantes en una escuela en la ciudad cisjordana de Hebrón. (Xinhua/Mamoun Wazwaz)
HEBRON, 7 septiembre, 2020 (Xinhua) — Estudiantes se divierten en una escuela en la ciudad cisjordana de Hebrón, el 7 de septiembre de 2020. (Xinhua/Mamoun Wazwaz)
Fuente e Imagen: http://spanish.xinhuanet.com/photo/2020-09/09/c_139350698.htm
La lucha contra la COVID-19 en los territorios ocupados de Palestina
El brote de la enfermedad coronavirus 2019 (COVID-19) en los territorios palestinos ocupados, y en Gaza específicamente, pone de relieve el efecto de un bloqueo continuado sobre la salud pública. En 2007, tras la toma de posesión de Hamás, Israel y Egipto impusieron un bloqueo terrestre, aéreo y marítimo a Gaza. De acuerdo con la decisión del gabinete de Israel en ese momento, se declaró que Gaza estaba gobernada por una “entidad hostil” debido a los ataques de Hamas a los ciudadanos israelíes. El bloqueo incluía la prohibición de lo que se conoce como materiales de doble uso (aquellos que pueden utilizarse tanto para fines civiles como militares). Sin embargo, la prohibición incluye artículos que no tienen nada que ver con la seguridad -por ejemplo, ciertos tipos de alimentos- y otros que se prohibieron como castigo -como las limitaciones de electricidad. El carácter extensivo del bloqueo ha tenido un efecto devastador en la salud y el bienestar de los residentes de Gaza.
En el 30 de junio de 2020, se han diagnosticado un total de 2.443 casos de COVID-19 en el territorio palestino ocupado, 72 de los cuales han sido en Gaza /1 (VS: a 16 de agosto se habían acumulado 21.554 casos, 4.225 por millón de habitantes, y 119 personas fallecidas, 23 por millón de habitantes,, y la situación de la transmisión es clasificada por brotes).
Los Ministerios de Salud palestinos, tanto en Gaza como en Ramallah, han reconocido que su capacidad para contener la propagación de la COVID-19 se ve limitada por la escasez actual y preexistente de material de asistencia sanitaria, incluidos los medicamentos y material desechable. Las medidas de salud pública han puesto su énfasis en la precación y han contribuido en gran medida a una tasa de infección muy baja durante los tres primeros meses de la crisis; por ejemplo, Gaza ha recomendado que las personas que regresen de fuera de Gaza por el cruce de Rafah o Erez permanezcan en cuarentena durante 21 días, en lugar de 14 días /2 .
Sin embargo, estos esfuerzos se ven obstaculizados por las restricciones especiales a las que se enfrenta el sistema de salud palestino. Si incluso los sistemas de atención de la salud bien equipados de los países europeos han encontrado difícil el manejo de esta crisis, es probable que el servicio de salud palestino, que soporta la carga de la escasez de presupuesto y una fragmentación desde hace décadas, se encuentre en una situación mucho peor. La separación entre Jerusalén oriental, Gaza y la Ribera Occidental, y las restricciones que Israel impone a la libertad de circulación de los pacientes, el equipo médico y el personal sanitario, obstaculizan estructuralmente el buen funcionamiento del sistema de salud palestino.
El bloqueo de 13 años significa que no se dispone de muchos tratamientos en Gaza y que el personal sanitario local no tiene conocimientos médicos actualizados. En consecuencia, más de 9.000 pacientes necesitan permisos de salida israelíes para salir de la Franja de Gaza cada año con el objetivo de recibir un tratamiento que no está disponible a nivel local, de los cuales una cuarta parte son pacientes con cáncer /3.
La insuficiente cantidad de equipo necesario para tratar la COVID-19 en el territorio palestino ocupado (por ejemplo, 87 camas con ventiladores en la unidad de cuidados intensivos para casi 2 millones de personas, y una escasez de equipo de protección personal) se ve agravada por las deficientes condiciones de salud pública: una crisis de agua y electricidad, una pobreza desenfrenada y una alta densidad de población /4 .
Mientras tanto, los pacientes que necesitan un tratamiento que no está disponible a nivel local se enfrentan a un dilema: seguir sin recibir tratamiento o correr el riesgo de infectarse por la COVID-19 al salir de la Franja de Gaza. A este dilema se suma el regreso obligatorio a los centros de aislamiento de Gaza, los cuales no cuentan con el equipo necesario, lo que supone un riesgo adicional para la salud. La OMS estima que, a finales de marzo, había unos 1.200 pacientes que debían abandonar Gaza para recibir tratamiento, entre ellos docenas de pacientes con cáncer /5.
Médicos de Israel por los Derechos Humanos (PHRI, la organización de salud y derechos humanos en la que ambos trabajamos) ha exigido que Israel actúe de forma transparente y publique las políticas del país para prevenir un brote en el territorio ocupado de Palestina. El Convenio de Ginebra exige que la Potencia ocupante adopte “las medidas profilácticas y preventivas necesarias para combatir la propagación de enfermedades contagiosas y epidemias ” /6. Aunque Israel tiene preocupación por su seguridad, las restricciones que ha impuesto dejan a miles de personas sin acceso a una atención adecuada. Hay indicios iniciales alentadores de que se ha producido una cooperación entre Israel, la Autoridad Palestina y Hamas, al menos indirectamente. Sin embargo, es preciso adoptar nuevas medidas.
Para que los sistemas de salud palestinos puedan gestionar el brote, Israel debe levantar su cierre de la Franja de Gaza para permitir el funcionamiento adecuado del sistema de salud y otros servicios esenciales de Gaza ante la pandemia de COVID-19. El levantamiento del cierre debe incluir la eliminación de las barreras a la circulación de mercancías. En los casos en que no se disponga de medicamentos y equipo debido a la escasez de presupuesto o a argumentos de doble uso, Israel debe ayudar a garantizar el suministro de los materiales que faltan en la mayor medida posible. Simultáneamente, las autoridades israelíes deben trabajar con Hamas y la Autoridad Nacional Palestina para encontrar soluciones para los pacientes que actualmente no pueden salir de la Franja de Gaza pero que deben recibir un tratamiento no disponible en esta.
PHRI presentó una petición al Tribunal Supremo de Israel exigiendo la ayuda mencionada. En su respuesta del 7 de mayo, Israel detalló parte de la muy limitada ayuda que se ha proporcionado hasta ahora. Sin embargo, dadas las mencionadas deficiencias en los sistemas de salud de Gaza y la Ribera Occidental y el alcance de la responsabilidad de Israel, la ayuda que ha proporcionado hasta ahora es en gran medida simbólica. La petición ante el tribunal ha sido retirada, pero PHRI seguirá presionando para que se aumente la asistencia a Gaza, especialmente a la luz de una posible segunda oleada.
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