El presupuesto para invertir en la capacitación del personal docente y administrativo que ofrece el Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano (IDPUGS) se redujo en un 55% en los últimos siete años.

Según datos del Ministerio de Educación Pública (MEP), para el año 2018, el presupuesto de este Instituto fue de ₡1.300 millones, pasando a ₡575 millones para el 2024. Estos datos no incluyen el gasto en remuneraciones y conexos.

El presupuesto más bajo de los últimos siete años se presentó el año anterior, cuando alcanzó apenas los ₡512 millones.

Los recortes al presupuesto de capacitación docente y administrativa se dan en medio de una alerta realizada por el IX Informe del Estado de la Educación, presentado en agosto del año anterior, el cual hizo referencia al debilitamiento de los procesos de capacitación y ausencia de acompañamiento a docentes y directores del MEP, situación que tiene impacto en la calidad educativa dentro de las aulas.

De acuerdo con datos del estudio, existe una disminución en la cantidad, diversidad y tipo de oportunidades de desarrollo profesional disponibles en el MEP a través del Instituto de Desarrollo Profesional. Entre 2019-2022, la cantidad de cursos para funcionarios del MEP se redujo en un 63% y los talleres en un 78%, pese a la implementación de las estrategias de no presencialidad, autoformación y a distancia para atender el cierre de los centros educativos durante la pandemia.

La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó la creación de este Instituto por medio de la Ley N° 8697, el 12 de diciembre de 2008. Esta unidad ofrece cursos, talleres, asesoramientos, webinarios entre otras actividades de carácter formativo tanto para el título I como para el título II (personal docente y administrativo).

Entre la oferta formativa se encuentran competencias básicas y su mediación pedagógica, lectoescritura, formación tecnológica, salud mental y autoestima, gestión por resultados, bilingüismo e interculturalidad.

Instituto debilitado

El papel de este Instituto se ha ido debilitando con el paso de los años. Así lo afirmaron varios expertos consultados por UNIVERSIDAD.

De acuerdo con la diputada del Frente Amplio (FA), Rocío Alfaro, por ejemplo, además de que se ha dado una reducción presupuestaria “tremenda” a esta institución, los funcionarios del MEP tienen limitaciones para acceder a estas capacitaciones, pues estas solo se pueden recibir fuera del horario laboral.

“La gente, aunque quiera capacitarse, tiene limitaciones porque debe ser fuera del horario laboral. Mucha gente lo que dice es que después de laborar toda la jornada, tomar de su tiempo libre para realizar evaluaciones y, asimismo capacitarse, cuando ni siquiera se reconocen…”, mencionó Alfaro.

Esto fue reforzado por la legisladora del Partido Liberación Nacional (PLN), Sonia Rojas, quien indicó que la ministra ha limitado la participación de docentes en capacitaciones.

“Hoy se les pide capacitarse, pero tienen que ver cómo lo hacen fuera de su horario laboral, situación que es compleja también para los que están en zonas rurales o retiradas de la GAM”, añadió Rojas, quien indicó que antes se daban más capacitaciones, porque sí existía permiso del jerarca de Educación para que el personal docente y administrativo asistiera.

Sobre este tema, el último Informe del Estado de la Educación señaló que las posibilidades de convocar docentes a capacitaciones presenciales enfrentan un dilema, pues, según los lineamientos del MEP, ninguna persona docente se puede citar en horario laboral, ni tampoco se puede obligar a participar en horario libre.

Además, agregaron, las capacitaciones no son obligatorias y existe una negativa a ofrecer permisos de asistencia durante la jornada laboral estipulada en la circular IDP-DE-025-2022.

La negativa del MEP para que el personal docente y administrativo asista a capacitaciones en horario laboral, se ajusta, según indicó la cartera, al cumplimiento con los doscientos días lectivos, según lo pactado en el Convenio Centroamericano sobre Unificación Básica de la Educación.

El Estado de la Educación agregó, también, que la pérdida de incentivos afecta la asistencia a este tipo de actividades, pues desde la entrada en vigor de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, algunas capacitaciones ya no tienen valor como puntos de carrera profesional.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras (ANDE), Gilda Montero, señaló que, con el paso de la pandemia, el papel del Instituto varió mucho.

“La ANDE ha reclamado ese tiempo en formación que no se está dando. Las capacitaciones que se han dado este año son mínimas y virtuales”, mencionó Montero.

Según estadísticas del MEP, este año se han realizado 173 capacitaciones, mientras que 153 se encuentran pendientes de ejecutar. Esto representa una disminución respecto al 2023, cuando se realizaron 530 actividades formativas.

“Si tuviéramos una ruta…, hay que empezar a capacitar a maestros líderes, comités de evaluación, pero eso no existe porque no hay ruta educativa. (…). ¿Dónde está la formación continua de los docentes? La formación continua es parte de la mejora y la calidad. Un docente entre más capacitado está, mejor calidad da dentro del aula”, añadió Montero.

Proyectos de Ley

Actualmente existen dos proyectos de ley relacionados con el Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez; sin embargo, ambos tienen un objetivo muy diferente.

El proyecto de ley N° 8.697, presentado por la diputada del FA, Priscilla Vindas, pretende, por ejemplo, que se mantenga un registro de información sobre las capacitaciones que se brindan al personal docente y que el Instituto pueda realizar un plan anual en colaboración con el MEP y sindicatos de educación en el que se contemplen las necesidades de los diferentes actores parte del sistema educativo.

La iniciativa, además, prevé que el personal docente pueda atender las capacitaciones en horario laboral o extralaboral, siempre y cuando estas no choquen con el horario en el que imparten lecciones.

A esto se le suma una reforma para que al personal docente del MEP le reconozcan como puntos de carrera profesional los cursos que imparte esta institución.

Esta iniciativa se encuentra en estudio en la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación de la Asamblea Legislativa.

Por su parte, el proyecto N° 23.105, denominado Ley de Recuperación de Competencias y Fortalecimiento de las Jerarquías de los Ministros, tiene como objetivo eliminar la desconcentración de algunas instituciones y abocar sus competencias a ciertos Ministerios. Este fue dictaminado en noviembre del 2023 y ya se encuentra listo para pasar al Plenario.

Este proyecto incluye trasladar el Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano al Ministerio de Educación Pública como unidad organizacional de este Ministerio.

“Mantendrá sus funciones como institución encargada de la formación permanente del personal docente en servicio, (…). El MEP determinará la estructura administrativa y operativa del Instituto, de conformidad con los objetivos indicados en el presente artículo y lineamientos de Mideplan. El MEP incluirá en sus presupuestos, ordinarios y extraordinarios, los recursos para el funcionamiento del Instituto”, se lee en la iniciativa.

Este proyecto de ley ha sido criticado por diversos actores, quienes aseguran que el Instituto se quedaría sin funciones.

“Va a ser un cascarón sin funciones. Si ahorita tiene una función disminuida, ahora este proyecto pretende eliminar completamente sus funciones”, indicó la liberacionista Sonia Rojas.

A ella se sumó la legisladora del FA, Rocío Alfaro, quien indicó que esta institución se convertiría en un departamento del MEP sin capacidad administrativa.“Simplemente el MEP se lo va a tragar”.

La diputada agregó que no existen estudios que demuestren que sería mejor centralizar su administración.

Presupuesto de educación para capacitación docente se redujo en más de un 50% en siete años