Centro América

Honduras / 24 de febrero de 2019 / Autor: Dagoberto Rodríguez / Fuente: La Prensa

Un total de 60,000 docentes imparten clases a 2.2 millones de estudiantes de prebásica, básica y secundaria

Autoridades aclaran que la evaluación no es para despedir docentes

Como parte de la reforma del sistema educativo nacional, la comisión especial nombrada al efecto emprenderá una profunda reestructuración de la Secretaría de Educación que comprende evaluar y depurar el personal administrativo que labora en esa dependencia.

Actualmente, en ese ministerio hay una planilla de alrededor de 13,036 empleados administrativos a nivel central y departamental y 59,803 docentes, que atienden a una población de más de 2.2 millones de estudiantes de prebásica, básica y secundaria.

Con base en lo anterior, se estima que el 21.8% de los empleados de la secretaría laboran en la parte administrativa y el 78.2% en actividades docentes.

La medida va orientada a practicar una auditoría de puestos y salarios en el área administrativa con el fin de evaluar e identificar el personal supernumerario y reasignar a los empleados en función de sus capacidades y competencias profesionales.

La empleomanía y el paracaidismo ha sido un recurrente e inveterado problema en la Secretaría de Educación que ha dado lugar a diversos actos de corrupción mediante el tráfico de plazas docentes y de puestos administrativos.

LA PRENSA conoció que la comisión especial ya cuenta con informes y un mapeo pormenorizado del número de empleados, así como de los puestos y salarios devengados, que servirán de base o punto de partida para iniciar el proceso de reestructuración.

Desafío

Arnaldo Bueso, secretario de Educación, confirmó a LA PRENSA que esto es parte de los compromisos y retos asumidos por la comisión especial para la transformación de la secretaría y de todo el sistema de educación público.

Citó que el trabajo implica un análisis y una auditoría profunda de toda el área administrativa y de su personal, para lo cual ya se cuenta con dos estudios de instancias internacionales que servirán de base para el trabajo que se hará en las próximas semanas. “Tenemos esa ventaja que ya contamos con esas auditorías y solo tenemos que cotejarlas con información que disponemos, pero esa es la acción fundamental que tenemos que hacer de inmediato”.

Explicó que la reestructuración administrativa comprende identificar los puestos que están disponibles y las competencias actuales y que se requieren para ocupar esa plaza en la institución.

“Si tenemos las competencias correctas en el puesto la cosa está bien, pero si no se tienen las competencias correctas tenemos que hacer algo; es decir, o fortalecemos capacidades o movemos equipos, y ese es el paso esencial para ir generando las acciones de modernizar la secretaría de Estado que tanto necesitamos”, afirmó.

El ministro consideró que de nada sirven los esfuerzos que se puedan hacer en el campo para contar con más docentes, de mejorar la infraestructura educativa y de distribuir textos, si no se logra controlar y estructurar un verdadero aparato administrativo que venga a resolver los problemas del sistema y no a empeorarlos.

Explicó que debe haber un equilibrio entre el personal docente y administrativo en una proporción de 80 y 20%, respectivamente.

No obstante, para tranquilidad del gremio magisterial, aclaró que no se trata de despedir maestros, sino que es una decisión muy orientada a la parte administrativa con el afán de crear condiciones para que el docente pueda trabajar en mejores espacios y condiciones.

Por otro lado, Bueso dijo que no podía afirmar con certeza que existan actos de corrupción en la contratación de personal administrativo y docente, pero reconoció que por tratarse de un aparato gigantesco pueda haber inconsistencias que se deben corregir para que el sistema pueda funcionar bien.

“Por eso, la comisión, de la cual yo formo parte, estará trabajando fuertemente en los próximos días en depurar estas auditorías y determinar con claridad sobre qué está estructurado este aparato administrativo de la Secretaría de Educación”, apuntó.

Estimó que este trabajo podría estar concluido en un plazo no mayor de dos meses.

Alberto Solórzano, miembro de la comisión especial, indicó que la reforma educativa que se pondrá en marcha parte de la reestructuración de la Secretaría de Educación, aunque aclaró que no se trata de una depuración de personal, similar a la que se realizó en la Policía, puesto que son situaciones totalmente diferentes.

En ese sentido, Solórzano informó que este trabajo es primordial para luego continuar con las demás reformas que necesita el sistema para ofrecer a los hondureños una educación de calidad y acorde a los cambios y a la innovación que demanda el mundo actual.

Gobierno ordena suspender contrataciones y despidos

Carlos Hernández, representante de la sociedad civil en la comisión de reforma educativa, objetó una circular emitida por el Poder Ejecutivo en la que ordena a los secretarios de Estado, presidentes, gerentes y directores de instituciones centralizadas, descentralizadas y desconcentradas que se abstengan de hacer contrataciones, nombramientos o movimientos de personal.

La circular fue emitida el pasado 6 de febrero de este año por el Ministerio de la Presidencia y jefe del Gabinete Presidencial, Ricardo Cardona.

Literalmente, la circular dice: “por instrucciones del presidente Juan Orlando Hernández se les instruye a no realizar ninguna contratación, nombramiento y demás actos administrativos de movimientos de personal regulado por la Ley de Servicio Civil y otras leyes hasta nuevo aviso debido a la revisión presupuestaria para el aumento salarial de los empleados públicos autorizado por el Gobierno”.

Hernández cuestionó que esta medida adoptada por el Gobierno atenta y afectará el proceso de reestructuración que se pretende ejecutar en las secretarías de Educación y Salud que pretenden realizar las comisiones especiales de reforma y reestructuración en ambas dependencias estatales.

“Con este decreto quieren impedir que las comisiones de Salud y Educación realicen el trabajo de reestructuración”, objetó el también coordinador de Transparencia Internacional capítulo de Honduras.

Hernández dijo que la reestructuración de personal en ambas secretarías es un mandato dado por el Ejecutivo a las comisiones y este tipo de disposición impide que se pueda llevar a cabo ese trabajo en el corto y mediano plazo..

Fuente de la Noticia:

https://www.laprensa.hn/honduras/1260749-410/reforma-educativa-ordena-evaluar-a-13000-empleados

ove/mahv