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Costa Rica: Universitarios se tiran a la calle en defensa de educación pública

Ayer el rector de la UCR, Henning Jensen Pennington señaló que “no vamos a bloquear calles, les invito a caminar por las aceras con orden y respeto».

América Central /Costa Rica/ elmundo.cr/

San José, 8 nov (elmundo.cr)- A pesar de que la convocatoria llamaba a marchar ‘por las aceras’, este jueves los estudiantes universitarios se tiraron a las calles en defensa de la educación pública.

La caminata salió desde el pretil de la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio y se extenderá hasta la plaza de la Democracia, donde realizarán actividades culturales.

Ayer el rector de la UCR, Henning Jensen Pennington señaló que “no vamos a bloquear calles, les invito a caminar por las aceras con orden y respeto. Y que quede claro no vamos a pedir más dinero, vamos a defender lo que hemos acordado”.

La Comisión de Hacendarios aprobó el pasado 17 de octubre una moción para recortar ₡10 mil millones de colones al Fondo Especial de la Educación Pública (FEES).

La misma fue propuesta por el diputado Jonathan Prendas.

Fuente: https://www.elmundo.cr/universitarios-se-tiran-a-la-calle-en-defensa-de-educacion-publica/

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Costa Rica a la vanguardia con nuevo marco de formación técnica

Centro América/Costa Rica/08 Noviembre 2018/Fuente: Prensa Latina

El presidente Carlos Alvarado afirmó hoy que el primer Marco Nacional de Cualificaciones de la Educación y Formación Técnico Profesional (MNC-EFTP-CR) pone a Costa Rica a la vanguardia en Centroamérica.
‘Es el mayor esfuerzo de articulación pública, privada y académica que se ha hecho en Costa Rica para ordenar la formación y educación técnica profesional, respondiendo al mercado laboral y colocando a Costa Rica a la vanguardia en la región’, apuntó Alvarado en la presentación del MNC-EFTP-CR, efectuada en el capitalino Consejo Nacional de Rectores.

Necesitamos que la educación llegue donde está la persona, sea a través de Hogares Conectados o invirtiendo en transporte o en la red de cuido o bien tendiendo opciones para que accede a Banca para el Desarrollo, indicó el mandatario tico.

Gracias al trabajo interinstitucional con las universidades y la empresa privada, hoy celebramos la creación de este Marco Nacional, que ordena la educación técnica, pasando a una estructura con cinco niveles bien identificados, destacó.

Para Casa Presidencial, este modelo coloca a Costa rica en la senda correcta de acuerdo con las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), al tiempo que reafirma el compromiso oficial con una educación de calidad como motor central para el desarrollo de Costa Rica.

Al respecto, el presidente reiteró que una educación de calidad logra el desarrollo económico y humano de la población, reduce la brecha social, aumenta la empleabilidad y mejora la competitividad.

Además, señaló que en casos como éste es que las prácticas del estilo de la OCDE se traducen en realidades que resuelven la vida a personas y a la economía, permitiendo que la formación técnica responda a las necesidades y demandas vigentes y proyectadas del sector productivo, dando así oportunidades reales de inserción laboral a los estudiantes.

Un estudio del Consejo Nacional de Rectores y la Universidad Técnica Nacional reveló en 2015 la existencia de 562 programas técnicos con 16 tipos diferentes de titulaciones, mientras el Marco las reduce a cinco.

Fuente: https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=226041&SEO=costa-rica-a-la-vanguardia-con-nuevo-marco-de-formacion-tecnica
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Docentes puertorriqueños insisten en denuncias de acoso laboral

Centro América/Puerto Rico/08 Noviembre 2018/Fuente: Prensa Latina

El Departamento de Educación es cómplice del acoso laboral contra los docentes puertorriqueños, al no atender sus denuncias, afirmó hoy la presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR), Mercedes Martínez Padilla.
Rodeada de varios afectados por este tipo de hostigamiento, que ocasiona ansiedad y daños a su salud, la dirigente del gremio de educadores federados responsabilizó en rueda de prensa a la secretaria de Educación, Julia Keleher, de que este asunto se agudice en el deteriorado sistema público del país.

‘El acoso laboral puede tener consecuencias graves para la salud física y emocional de las personas y es bochornoso que la agencia que tiene la misión de formar a nuestros niños, niñas y jóvenes, sea uno de los principales focos de este abuso’, manifestó Martínez Padilla.

Según la FMPR, docentes de unas seis escuelas en distintos puntos del país han presentado querellas por ser víctimas de acoso laboral, las cuales han caducado sin que el Departamento de Educación actuara.

‘Con su inacción la agencia ha manteniendo indefinidamente las condiciones abusivas a que son sometidos los educadores y se ha hecho cómplice del maltrato’, señaló la presidenta de la FMPR al subrayar el desdén por los mecanismos que provee el proceso de quejas y agravios.

Martínez Padilla consideró que, con su postura, el Departamento de Educación abdicó a su deber como patrono de proteger la salud y tranquilidad de sus empleados.

Estableció que Keleher tiene conocimiento de las querellas, pues la FMPR las entregó a tiempo a su oficina, mas no ha hecho nada para detener el comportamiento de directores escolares y otros funcionarios abusivos.

El acoso laboral es el trato hostil o vejatorio al que es sometida una persona de forma sistemática en su ámbito de trabajo, que provoca problemas psicológicos y profesionales, que pueden llevar a la víctima a tomar decisiones drásticas, como el de una maestra que hace una semana se suicidó por esta causa.

Martínez Padilla hace unos días un resumen a la secretaria de Educación de algunas de las querellas presentadas, donde solicitaba que algún funcionario se comunicara con la FMPR para solucionarlos.

La Oficina de Convenios Colectivos del Departamento de Educación, ante la cual se radicaron las querellas, ha sido extremadamente negligente, dijo la dirigente gremial porque ni siquiera convocó a vistas para dilucidar las quejas de los maestros y, por el contrario, permitió el vencimiento del término establecido para intervenir.

La presidenta de la FMPR alertó que cada día que un maestro pasa sometido a situaciones de acoso abona a provocarle daños a su salud física y emocional.

Martínez Padilla hizo un llamamiento a la Legislatura de Puerto Rico y al gobernador Ricardo Rosselló Nevares, por considerar que es hora de que en el país se establezcan leyes que penalicen criminalmente al acosador laboral.

Fuente: https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=225708&SEO=docentes-puertorriquenos-insisten-en-denuncias-de-acoso-laboral
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Puerto Rico: Educación ignora querellas de acoso laboral de maestros

Centro América/ Puerto Rico/ 06.11.2018/ Fuente: www.noticel.com.

Así lo denunciaron hoy la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR) quienes además acusaron al DE y a su secretaria, Julia Keleher, de ser cómplice de los actos por no ejercer autoridad para detenerlos.Las querellas por acoso laboral que han radicado varios maestros en la isla contra directores y funcionarios abusivos han sido desatendidas por el Departamento de Educación (DE).

«Con su inacción la agencia ha mantenido indefinidamente las condiciones abusivas a la que son sometidos los educadores y se ha hecho cómplice del maltrato. No ha respetado los mecanismos que provee el proceso de quejas y agravios y ha abdicado a su deber como patrono de proteger la salud y tranquilidad de sus empleados», señaló la presidenta de la FMPR, Mercedes Martínez Padilla.

No obstante, según el DE, las querellas fueron procesadas por el departamento de Recursos Humanos de la agencia y se encuentran en la división Legal pendiente de investigación.

«Parte del proceso conlleva la notificación del curso de acción  de estos señalamientos, lo cual lo está manejando el área legal de la agencia», expuso el DE en declaraciones escritas.

De igual forma aclararon que las denuncias de acoso deben ser atendidas por las regiones educativas y no por la agencia.

«Los casos de hostigamiento laboral o acoso que no están cobijados por ninguna ley estatal o federal son atendidos por la división legal y no a través del convenio colectivo. Existe un  proceso investigativo para esto», informaron en dichas declaraciones.

Las escuelas identificadas por la FMPR donde se llevan a cabo estas acciones delictivas son: Luis Llorens Torres de Juana Díaz, Arturo Morales Carrión de San Juan, Rafael Martínez Nadal de Guaynabo, Edmundo del Valle de Río Grande, Nicolás Sevilla de Toa Alta  y Luis Muñoz Rivera de Utuado.

Según Martinez Padilla, Keleher tenía conocimiento de las querellas puesto a que el FMPR las entregó directamente a su oficina, “pero no ha hecho nada para detener el comportamiento de directores escolares y funcionarios abusivos”.

De hecho, el pasado 30 de octubre, la presidenta de FMPR le envió a la secretaria un resumen de algunos de los casos con querellas presentadas donde solicitaba que algún funcionario de la Oficina de Convenios Colectivos se comunique con la FMPR para atenderlos y resolverlos.

Fuente de la noticia: https://www.noticel.com/ahora/educacion/educacion-ignora-querellas-de-acoso-laboral-de-maestros/843944431

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Desigualdades inaceptables

Por: Luis Armando González.

La situación actual del país se caracteriza por varias dinámicas no sólo políticas, sino también socio-culturales y medioambientales. En este último rubro, las intensas lluvias que azotan al país –principalmente, aunque no únicamente, en su zona costera— están poniendo en evidencia las críticas condiciones de vulnerabilidad en que viven miles de familias salvadoreñas.

Esas condiciones son un recordatorio hiriente de que en El Salvador existen graves desigualdades de carácter social y económico que no han sido resueltas, y que reclaman urgentemente su atenuación y, por qué no, su erradicación. Esto último exige reformas profundas en el modelo económico y en la forma cómo se distribuye y se concentra la riqueza, lo cual sus beneficiarios directos han logrado sacar del debate público (a partir de una estrategia mediática de largo aliento, que comenzó a operar desde finales de los años ochenta, pero de modo abierto y exitoso desde los años noventa).

Parte de su éxito ha consistido en hacer de los “vicios” del aparato político –la corrupción, en primer lugar, pero también el uso ineficiente los recursos y su carga laboral— el causante de todos los problemas sociales y económicos del país, obviando el papel que el sector empresarial juega, para bien y para mal, en la estructuración de la sociedad.

Cuando los desastres afectan primordialmente a los más pobres, algo anda mal en la estructuración social y económica de la sociedad; y la razón de ello se tiene que buscar en la concentración extremadamente inequitativa de la riqueza, de lo cual se derivan desigualdades inaceptables en seguridad, bienestar e integración social.

El aparato político, en una democracia, debería obrar para que aquella concentración sea disminuida, mediante mecanismos de distribución de la riqueza que generen condiciones de bienestar y seguridad para la mayor parte de la sociedad. Si las desigualdades originadas en la estructura económica no se atacan frontalmente, países como el nuestro siempre condenarán a la mayor parte de sus miembros a vivir indignamente.

Lo anterior repite una lección que Monseñor Oscar Romero dio a la sociedad salvadoreña –a su oligarquía y a sus militares—en los años setenta y hasta el 24 de marzo de 1980. Es una lección que, gracias a las argucias mediáticas de la derecha, ha sido relegada al olvido interesado; y de este olvido son partícipes incluso quienes se dicen seguidores Monseñor Romero.

En el marco del acontecimiento socio-cultural más significativo de la historia reciente de El Salvador, como lo es la canonización del Arzobispo mártir, es oportuno rescatar su denuncia de los males estructurales del país, es decir, lo que él definió en una de sus Cartas Pastorales como “violencia estructural”, raíz de otros tipos de violencia. Esos males siguen vigentes, generando otras violencias, y golpeando a los más pobres y excluidos de la sociedad.

Los “dioses del poder y del dinero” siguen siendo adorados por quienes concentran la riqueza en El Salvador. Que casi nadie hable de ellos –sólo unos cuantos sociólogos y unos pocos, muy pocos, economistas— no quiere decir que hayan dejado de existir, o que su influencia en los destinos del país sea nimia. Para nada: los ricos más ricos de El Salvador –principalmente los amos de las finanzas— han sido y son determinantes en la configuración de la realidad nacional, especialmente en sus desigualdades estructurales.

Usar –y haber impuesto— el discurso “anticorrupción” para ocultar la naturaleza de esas desigualdades estructurales supone un triunfo ideológico extraordinario de la derecha salvadoreña. Es un reto, en quienes se dicen cultivadores del “pensamiento crítico”, la tarea de desmontar esa y otras elaboraciones ideológicas de la derecha –como la “antipolítica”, el “emprendedurismo” y el “nuevo generacionismo”, entre otros— que nublan la vista y bloquean la capacidad de razonamiento.

Como quiera que sea, honrar y celebrar a Monseñor Romero es hacer propia esa capacidad suya de razonar críticamente sobre los ejes configuradores de la realidad nacional. El impacto social y cultural que ello tendría sería en verdad extraordinario; quizás así la sociedad salvadoreña –o al menos sectores significativos suyos—comenzaría a comprometerse decididamente en la construcción de un proyecto de nación distinto, por justo y por inclusivo, del existente.

Y es que sin virajes culturales profundos, que replanteen o reemplacen los valores, las creencias y los hábitos vigentes, es imposible que una sociedad emprenda nuevos derroteros.

El Salvador está aún a la espera de un viraje cultural de envergadura, un viraje que permita superar la cultura neoliberal globalizada, con arraigos autoritarios y conservadores de larga data, y de pie a una matriz cultural humanista, tolerante, libre, responsable con el bien público y activa en lo político en función del bienestar colectivo. Se trata de algo difícil, pero no imposible. Más aún, se trata de algo posible y necesario, pues de lo contrario nunca tendremos un país en el que dé gusto vivir.

En un nuevo marco cultural, muchas de las cosas que ahora hacemos, importantes, pero que han perdido sentido –como las elecciones— cobrarán un nuevo significado. Y ello, al menos, porque los ciudadanos tendrán mejores criterios para discernir acerca de la calidad y capacidad de quienes piden su voto.

Hoy por hoy –a juzgar por los resultados de las encuestas de opinión— esos criterios son sumamente pobres. Los cantos de sirena, la pose y el desplante, la arrogancia y el “me vale todo porque soy yo” gozan de amplia aceptación entre sectores amplios de la sociedad.

La contracara de ello es la incapacidad para detectar filiaciones ideológicas, intereses reales, trayectorias políticas (y, ahí donde aplica, empresariales), alianzas y compromisos, etc., que son los que en definitiva condicionarán el quehacer político efectivo de quien resulte electo presidente en 2019.

En fin, una cosa es aprender a leer críticamente la política (y la economía, y la cultura, y la sociedad) y otra bien distinta dejarse llevar por creencias, valoraciones y percepciones impuestas por entornos mediáticos (y también religiosos, empresariales y universitarios) que tienen como finalidad enturbiar la capacidad de razón de las personas para así manipularlas mejor. Mientras la gente se “deje llevar” –ya sea que se trate de gente popular o de gente que procede de la “academia”— estará lejos de haber asimilado una pizca siquiera del legado crítico de Monseñor Romero.

Fuente del artículo: https://www.alainet.org/es/articulo/195798

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Puerto Rico: Organizaciones exigen que no se apruebe la medida que crearía nueva Ley de Educación Especial

Centro América/ Puerto Rico/ 05.11.2018/ Por: Amanda Pérez Pintado/ Fuente: www.elnuevodia.com.

Aseguran que el estatuto vigente provee herramientas para atender las necesidades de los estudiantes de educación especial

Varias organizaciones y padres de niños con diversidad funcional hicieron un llamado al Senado hoy, jueves, para que no apruebe un proyecto que derogaría la “Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos” (Ley 51-1996) y crearía una nueva Ley de Educación Especial.

El Comité Timón de Madres y Padres del Pleito de Clase Rosa Lydia Vélez v. Departamento de Educación (DE), la Alianza de Autismo de Puerto Rico y el Movimiento por la Niñez y la Educación Pública señalaron que la “Ley para la Educación de los Niños con Discapacidades de Puerto Rico”, propuesta por el Proyecto de la Cámara 1484, no es necesaria porque el estatuto vigente atiende las necesidades de la población.

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Panamá, el reino de la desigualdad social

Por: Olmedo Beluche.

De acuerdo al Banco Mundial, nuestro país está entre los 6 más desiguales de Latinoamérica, y entre los 10 más desiguales del mundo. En Panamá, en 2015, el 10% de las familias más ricas tenían ingresos 37 veces superiores al 10% de las familias más pobres. Esto nos habla de la injusticia social y el alto grado de desigualdad que padece nuestro pueblo.

Según cifras oficiales, estimadas a la baja con métodos estadísticos cuestionables, en Panamá cerca del 10% de la población, 400 mil personas, no tiene ingresos suficientes para comer adecuadamente. Y un 23%, alrededor del millón de connacionales, no puede pagarse el conjunto de las otras necesidades vitales, además de comer. A lo cual hay que agregar el colapso de los servicios públicos para comprender el sufrimiento que se padece.

En esta “Dubai de Centroamérica”, resulta que hay decenas de miles de jubilados con pensiones inferiores a B/. 500 que claman por una compensación frente al creciente aumento de los precios de la canasta básica y de las medicinas, muchas de las cuales deben comprarse en farmacias privadas, dada la crisis de medicamentos de la Caja de Seguro Social.

En este marco un grupo de jubilados logró que la Asamblea Nacional aprobara el proyecto de ley 621 que otorga unos ajustes a las jubilaciones, que oscilan entre B/. 60 para pensiones menores a B/. 500, de B/ 45 para los que ganan entre B/. 501 y 1,000, y de B/. 35 para aquellos que reciben entre B/. 1,001 y 1,500.

Este aumento debería pagarse con un impuesto del 7% a las remesas de dinero que se envían al exterior, 5% de impuesto a las ganancias de casino y tragamonedas, y la asignación del 20% del impuesto que ya se paga al consumo de cervezas.

En esta Dubai de la injusticia y la disparidad social, los sectores empresariales encabezados por la Cámara de Comercio y la APEDE pegaron su grito al cielo, oponiéndose tajantemente a cualquier aumento de impuestos. La excusa como siempre es que la economía se vendría a pique. Traducido al lenguaje panameño: no les importa si las jubilaciones de estos viejos pobres les alcanzan o no para comer, no me aumentes los impuestos a los que más ganan.

Ahora que se conmemoran 50 años del golpe de estado de 1968, hay que recordar que una de las causas fue la crisis institucional abierta por los empresarios vinculados al “chiarismo” porque no querían al candidato David Samudio y su reforma fiscal. Hoy, como entonces, sigue habiendo un “Club de Exonerados” que se niegan a compartir algo de sus pingües beneficios con el pueblo panameño. Casi todo el sector punta de la economía, el “logístico”, goza de exoneraciones fiscales, y el resto pagan poco comparados con los asalariados.

Otra medida similarmente egoísta, ha sido la aprobación de la Ley 51 de 10 de octubre de 2018, por la cual se restringe el gasto público hacia los próximos años, y se limita el aporte del canal a los fondos nacionales al 2.5% del PIB, ordenando que la mitad de cualquier excedente que pueda haber a futuro en esos ingresos vaya al Fondo de Ahorro Panamá, para beneficio de los banqueros que lo administran, y sacrifico de tantas necesidades sociales.

Se requiere la construcción de una propuesta política nueva que ponga a los seres humanos primero que al mercado y la ganancia; que anteponga la deuda social histórica que nuestra oligarquía tiene con el pauperizado pueblo panameño; para lo cual hay que hacer justicia fiscal, haciendo que paguen impuestos progresivos en función del ingreso todos, que se acaben las exoneraciones fiscales, una forma solapada y legal de corrupción.

Fuente del artículo: https://www.alainet.org/es/articulo/196271

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