Por: Prensa Comunitaria

Estos hechos buscan censurar el trabajo periodístico, pero principalmente la labor informativa de Prensa Comunitaria

La mañana de este martes elementos de la Policía Nacional Civil (PNC), del ejército y del Ministerio Público (MP) realizaron nueve allanamientos en el municipio de El Estor, Izabal, en los que se incluyeron las viviendas de los periodistas Juan Bautista Xol Col y Carlos Ernesto Choc, quienes han dado amplia cobertura a los hechos, desde el pasado 4 de octubre, cuando se instaló el campamento en el lugar.

Los allanamientos se registraron en el contexto del tercer día del estado de sitio decretado por el gobierno de Alejandro Giammattei. Esta medida de excepción se concretó luego de que se argumentara una respuesta violenta por parte de los representantes de 94 comunidades que impedían el paso a los vehículos de la minera, conocidos como “góndolas”, en contra de agentes de la policía, que según dijeron “iban desarmados”.

Sin embargo, Prensa Comunitaria documentó que la resistencia se llevaba a cabo de forma pacífica y que se permitía el paso a todos los vehículos particulares.

El viernes 22 de octubre, durante el primer intento de desalojo, Prensa Comunitaria registró en video cuando un agente antimotines pide al periodista que no lo grabe, porque ellos van armados y podría ser peligroso. Imágenes captadas ese mismo día evidencian esta situación, así como la forma en que fuertemente armados custodiaban a los camiones de la minera.

A pesar de ello, al día siguiente, cuando se concretó el desalojo, con presencia de elementos del ejército, la naval, la fuerza aérea y antimotines, el gobernador departamental, Héctor Alarcón, insistió en que los agentes de policía no portaban armas y que cuatro elementos habrían resultado heridos de bala y piedras.

También fue documentado por Prensa Comunitaria que  entre la población Q’eqchi’ que se mantenía en resistencia había mujeres, niños, niñas y adultos mayores. Ese día, 23 de octubre, los antimotines lanzaron gases lacrimógenos de forma indiscriminada; un pequeño, fue trasladado en estado de shock a un centro de salud.

Personas vinculadas a la empresa minera, como el alcalde auxiliar Rigoberto Bo, quien es trabajador de la minera, han manifestado abiertamente su rechazo al trabajo de Prensa Comunitaria e incluso en al menos dos ocasiones ha amenazado al periodista, Carlos Choc con expulsarlo del barrio donde vive.

Grupos interesados en descalificar la protesta y la libertad de expresión

En los días en que se instaló el campamento de la resistencia pacífica también fueron instalados dos bloqueos de carretera, por parte de grupos a favor de la minera; en uno se hacían cobros ilegales a vehículos, cerca de la finca El Recreo, salida a Río Dulce y en el otro, cercano a la colonia minera, fueron colocadas mantas, difamando a la dirigencia pacífica.

Asimismo, en redes sociales proliferaron los señalamientos de perfiles falsos, acusando a Carlos Ernesto Choc, de ser parte de los organizadores de la resistencia pacífica, así como en contra de Juan Bautista Xol Coc, a quien se le señalaba de portar una escopeta el día en que fueron heridos los policías, el mismo día en que realizó una amplia cobertura periodística para Prensa Comunitaria.

En horas de la mañana de este mismo día el Presidente Alejandro Giammattei afirma que existen 40 órdenes de captura y 50 más en proceso, con lo que se espera que la criminalización contra la Prensa y la organización comunitaria se haga evidente en los próximos días.

Existe una intención de presentar a los periodistas de Prensa Comunitaria como activistas y miembros de la organización comunitaria, sin embargo, la labor de Prensa Comunitaria es estrictamente periodística, labor que de esta forma es criminalizada y censurada.

Es de suponer que a raíz de estos señalamientos, que no constituyen ninguna prueba, se llevaron a cabo los allanamientos en las casas de los periodistas de Prensa Comunitaria. A Xol Coc lo retuvieron junto a su familia durante dos horas y en la casa de Choc, provocaron daños a un ropero y dejaron todas sus pertenencias tiradas.

Estos hechos, según el abogado de Prensa Comunitaria, Oswaldo Samayoa, buscan censurar el trabajo periodístico, pero principalmente la labor informativa de Prensa Comunitaria; criterio que fue compartido por el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade e indicó que se violenta el artículo 35 de la Constitución Política de la República, en cuanto al trabajo de la prensa.

Agentes antimotines armados resguardan una “góndola” de la empresa minera el 22 de octubre, mientras otros, desarmados, lanzan piedras contra la resistencia pacífica.

Fuente de la información e imagenes:  Prensa Comunitaria