Durante los trabajos del Simposio internacional de liderazgo educativo 2022, celebrado en la Universidadde Guadalajara en diciembre pasado, se discutieron los hallazgos más recientes en la materia, así como sus aplicaciones; y se reflexionó, entre otras ideas, sobre conceptos que resultaron interesantes o poco explorados en torno a la gestión educativa y escolar, que tienen significados profundos en contextos de cambio educativo. Uno de esos conceptos es el de las escuelas democráticas.
A propósito de ello, en esta oportunidad retomo un artículo académico que se relaciona con el tema y lo vínculo con los procesos de cambio curricular que se llevan a cabo en México, desde el año pasado (2022).
Aunque cabe aclarar un principio elemental de concepción de políticas educativas: Cualquier iniciativa de renovación curricular (sobre todo para educación básica) no podrá llevarse a cabo si no cuenta con un impulso democratizador de la escuela pública, desde las plataformas que están implicadas en la gestión educativa y escolar hasta los territorios de la formación docente.
Rafael Feito escribió, en 2009, un texto con el sencillo título de “Escuelas Democráticas”, situado en el contexto de la educación primaria y secundaria urbana de España. En ese artículo, Feito describe las líneas principales de eso que se entiende, allá, como procesos de “democratización de la escuela pública”. (Ver: Revista de la Asociación de Sociología de la Educación, vol. 2, núm. 1, enero 2009).
Rescato algunos fragmentos de ese texto y describo las líneas principales de tales procesos democratizadores de la escuela pública:
1) “Los centros escolares democráticos hacen una apuesta por la inclusión… Este éxito escolar debe suponer una educación de calidad para todo el mundo, nunca rebajar los niveles… Hacer este planteamiento es entrar en el terreno de las desigualdades educativas y su conexión con una estructura social que las alienta.”
2) La siguiente línea parece demasiado obvia, sin embargo, es difícil de lograr: “El segundo requisito es que la vida de las aulas y de las escuelas debería democratizarse. Esto significa que nuestra vida escolar habría de pivotar en torno a la persona que aprende y no, como hasta ahora, en torno a la persona que enseña. Lo fundamental es que la gente salga de la escuela con la capacidad para preguntarse sobre lo que le rodea, para analizar con criterios propios la realidad, para ser alguien dispuesto a seguir aprendiendo a lo largo de toda su vida.”
Ello implica llevar a cabo un replanteamiento profundo de la escuela pública, no sólo en términos de los cambios en los contenidos y los métodos de enseñanza, sino en la base misma de la escuela como proyecto educativo y social alternativo. Y eso conduce también, (inevitablemente) hacia la necesidad de problematizar en torno a la formación inicial de las maestras y los maestros en las escuelas formadoras de docentes.
3) Para Feito “El tercer elemento es que la participación de profesores, alumnos y padres en el control y gestión de los centros sostenidos con fondos públicos salga del estado de atonía y de inutilidad general en que se encuentra actualmente.” Éste es un asunto que lleva implícita la necesidad de hacer efectiva la participación de los diferentes actores de la comunidad educativa.
Este asunto “Va mucho más allá, buscando fórmulas de implicación de alumnos, de padres, de profesores y de gentes del entorno que sobrepasan los límites de lo establecido en la ley.”
En una parte del discurso que ha servido como orientación a los procesos de democratización de la escuela pública española (en algún momento impulsado por el Partido Socialista Obrero Español, PSOE), se afirma lo siguiente: “Aquí se entiende que una escuela democrática alienta el flujo abierto de ideas, tiene fe en la capacidad del individuo y de la gente para resolver los problemas, promueve la reflexión y el análisis crítico para evaluar las ideas, hay una preocupación por el bienestarde los demás. En definitiva, la democracia no es un conjunto abstracto de ideas sino una práctica cotidiana que se aprende ejerciéndola día a día en el escenario escolar y fuera de él.”
El hecho de construir y desarrollar proyectos de gestión dirigidos a concretar escuelas democráticas no se agota con la idea de que los centros escolares se conviertan en “pequeñas repúblicas”, sino en la realización de actividades específicas que aseguren la participación de sus miembros, en igualdad de condiciones y con el debido respeto a los derechos (diversidad, equidad, inclusión). Un sistema de representación de los diferentes sectores que intervienen en la vida de la escuela, es una buena idea para caminar en esta compleja senda democratizadora.
“Los pocos centros de secundaria a los que podríamos considerar democráticos -o que se acercan a la idea de escuela democrática- han empezado por solventar de un modo dialógico sus problemas de convivencia. En la medida en que son capaces de sustentar una convivencia basada en unas normas elaboradas democráticamente, es decir, con la intervención de los alumnos y alumnas, descubren que se avanza mucho más trabajando conjuntamente que haciéndolo cada profesor en su aula o ignorando sistemáticamente la voz de los alumnos.”
Los ingredientes específicos que se ponen en acción dentro de los proyectos de escuelas democráticas, según Feito, son: “La globalización curricular, la enseñanza basada en el diálogo, el uso de la biblioteca (fomento a la lectura crítica), el manejo de las nuevas tecnologías, una forma distinta de organizar el aula, la relación con el entorno y la consecución de una convivencia democrática.”
“Es habitual trabajar por proyectos. Un proyectoes un área de interés en torno al cual se pueden hacer girar todos o la mayor parte de los contenidos, procedimientos y actitudes que se desean desarrollar en un ciclo, un curso o una parte de él. Además, los proyectos tienen la enorme virtud de conectar la docencia y las inquietudes cognitivas en todas las aulas del centro. No solo eso: es capaz de provocar la implicación de las familias.”
Encuentro algunas semejanzas conceptuales entre esta noción y la experiencia de las escuelas democráticas en España (2009) con la propuesta de renovación curricular que circula ahora en México (2022-2023).
Sin embargo, en vez de seguir con una retórica tan confusa (y a veces tan vacía), como sucede con el discurso de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), en nuestro país podríamos tal vez aterrizar iniciativas más sencillas orientadas hacia la creación y gestión de escuelas democráticas, a partir de estas ideas.
Uno de los mayores placeres de la vida es leer un libro de historia que revele unos hechos que desconocía, cuyo contenido esté lógicamente sustentado, apoyado en documentación firme y abundante, pero que a la vez mantenga la narración amena, fluida, como si de un cuento o una película se tratase, pero sin desviarse a la ficción o a la metafísica.
El libro…
Esta sensación la he tenido leyendo “Historias Perdidas del Canal de Panamá. La historia del canal de Panamá contada por los panameños”, de Marixa Lasso, publicado por grupo editorial Planeta, en 2021. Originalmente la autora había publicado este libro en inglés bajo el título “Erased. The Untold Story of the Panama Canal”, en 2019, por la editorial de la Universidad de Harvard.
El libro consta de 335 páginas y su contenido está dividido en 7 capítulos más introducción y epílogo. La Introducción y el Epílogo constituyen por sí mismos partes medulares del ensayo, por lo cual conviene leerlos con cuidado. Entiendo que estas “historias perdidas del canal” son parte de los estudios doctorales de Marixa Lasso, quien en la actualidad es directora del Centro de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Culturales.
Otra evidencia del racismo y los abusos norteamericanos en Panamá
Este libro describe el papel de Estados Unidos en la apropiación del territorio conocido como Zona del Canal, y el trato humillante que dio al pueblo panameño. Su importancia radica en que pone en evidencia, una vez más y sobre aspectos no tratados hasta ahora: la acción racista, discriminatoria, violatoria de los derechos humanos del imperialismo yanqui en nuestro país.
Mediante un enfoque metodológico guiado por los estudios culturales y decoloniales, Marixa Lasso evidencia cómo Estados Unidos aplicó su política colonialista e imperialista sobre el Istmo de Panamá partiendo por desconocer, en sus informes burocráticos, como iguales a los habitantes del país, y en particular de la Zona del Canal, haciéndolos ver como bárbaros (nativos) pobladores de la “selva”, para luego echarlos de lo que fue por 400 años la zona de tránsito.
Se “borró” a los habitantes originarios de la Zona del Canal
Ello implicó pasar por alto los avances alcanzados por los habitantes de un país como Colombia, de la que formábamos parte, que había formalizado una cultura política republicana desde inicios del siglo XIX, que había abolido la esclavitud mucho antes que Estados Unidos, que acostumbraba a elegir mediante el sufragio universal a sus autoridades y que se hacía representar por un proyecto liberal radical en que destacaron figuras como Buenaventura Correoso. Ellos fueron reducidos a la categoría de “nativos”, que era un eufemismo por “bárbaros” o “salvajes”.
Según Marixa Lasso, también la política racial aplicada por Estados Unidos desconoció el hecho de que los pobladores de la zona de tránsito tenían cuatrocientos años de trabajo integrado al comercio mundial al cual servían desde la época de las mulas por el Camino Real a Nombre de Dios y Portobelo, o por el Caminos de Cruces junto con la navegación por el Chagres. Inclusive fue conducida al mundo “del no ser” (como dirían los filósofos), la agricultura y ganadería practicadas por esos habitantes durante cuatro centurias. Todo ello fue reducido a la categoría de “selva”.
Las autoridades de Estados Unidos se propusieron hacer del Canal de Panamá y sus áreas adyacentes un modelo de proceso “civilizatorio”, con lo cual probarían su derecho a dirigir los destinos del mundo al ser vanguardia tecnológica, tener poderío militar y tener capacidad de salud pública para vencer a las enfermedades del trópico y capacidad administrativa para convertir la selva en civilización e imponer normas de convivencia a los “nativos”.
En 1904, la Zona del Canal no estaba vacía y no era selva
Una vez que Estados Unidos impuso la separación de Panamá de Colombia en 1903, para establecer el nefasto Tratado Hay Bunau Varilla, empezó la aplicación de sus cláusulas en 1904, pero se encontró con un hecho: el territorio definido en el tratado para convertirse en Zona del Canal no estaba vacío, sino habitado por 40 mil personas, según Marixa Lasso. Algunos especialistas difieren de la autora respecto a esa cifra demográfica, pero el caso es que, lo que sería la “zona”, estaba habitado por miles de personas, fincas, plantaciones, hatos ganaderos, negocios, etc.
En 1904 no había “selva” en la zona de tránsito, mal llamada después Zona del Canal. Más bien la selva fue creada por los norteamericanos a partir de la expulsión de los habitantes originales. Por razones raciales, militares y administrativas las autoridades norteamericanas decidieron expulsar de esa región a quienes habían habitado ese territorio por generaciones. Esa expulsión ni siquiera estaba contemplada en los Tratados de 1903.
La investigación de Marixa Lasso establece que Estados Unidos trató a los habitantes “originarios” de la “zona” de tres maneras distintas:
1. De 1904 a 1907, se mantuvieron los municipios originales, pero dejaron de estar vinculados a Panamá, pasando a control del gobernador norteamericano;
2. De 1907-1912, se eliminan los municipios y sus alcaldes, los cuales pasan a ser parte del engranaje administrativo de la zona, sin derechos políticos;
3. De 1912 a 1915, se produce el proceso de expulsión de la población panameña de la Zona.
Los “pueblos perdidos” no se inundaron, fueron expulsados por Estados Unidos
La expulsión definitiva de los habitantes de la Zona del Canal se produjo a partir de un decreto del presidente William Taft, emitido el 5 de diciembre de 1912, el cual se redactó a partir de las conclusiones de un viaje de inspección realizado por una comisión del Congreso de Estados Unidos a Panamá, del año anterior.
La salida de los habitantes originarios de la zona NO se debió a la inundación de sus pueblos por el lago Gatún, tal y como ha narrado el mito histórico panameño. Los pueblos de los que fue expulsada la población istmeña no fueron inundados por el canal, señala Marixa Lasso. Salvo algunos poblados menores, y parcialmente Gorgona, ni Chagres, ni Nuevo Gatún, ni Emperador, o Culebra, y otras comunidades fueron anegados por las aguas del canal.
El vaciamiento de esos pueblos fue producto de una orden del gobierno de Estados Unidos. No hubo razones técnicas ni naturales para la diáspora de la población originaria de la Zona del Canal. Las razones del gobierno norteamericano estuvieron basadas en prejuicios racistas contra una población mayormente afrodescendiente y por criterios de tipo militar y seguridad nacional. Recuérdese que para el imperialismo norteamericano el principal valor del canal y su zona no era comercial sino militar. Por eso estuvo siempre bajo el control del Pentágono y no de la Secretaría de Comercio.
La tragedia y la lucha por sus derechos de los desplazados
El libro de Lasso es extraordinario porque va narrando el proceso de despojo que hace el gobierno de Estados Unidos del territorio nacional y de las propiedades de los pobladores que habitaban esos antiguos lugares. El despojo yanqui empieza por la apropiación injustificada de los puertos panameños, que narra muy bien la autora, y que dejó a la nueva república sin su puerta natural e histórica al comercio marítimo.
Los capítulos iniciales describen el modo de vida de los habitantes de esas comunidades tal y como era antes de 1904, antes de que entrara la administración norteamericana, cómo se formaron y qué actividades económicas desarrollaban. Posteriormente, analiza uno por uno el proceso de despojo y expulsión de los habitantes de la zona del canal: Gorgona, Nuevo Gatún, Limón, Chagres, Emperador, etc.
Se reseñan los reclamos de los habitantes, sus gestiones ante las autoridades panameñas y norteamericanas, las respuestas formales que se emitieron ante las reclamaciones y los nuevos asentamientos en que se ubicó a los desplazados. Solo en contadas excepciones la Comisión Mixta de Tierras (organismo binacional) logró que se pagaran indemnizaciones. La mayoría de los habitantes carecía de títulos de propiedad sobre las tierras que habían trabajado y en las que vivían. Por ello fueron considerados precaristas ilegales.
Más mal que bien, a los pobladores se les apoyó con el traslado de sus enseres y el desmonte de las estructuras de las viviendas. Las promesas de un futuro mejor en lugares con todas las comodidades urbanas que dio el gobierno panameño, para motivarlos a aceptar el traslado, no se cumplieron. Eso llevó al fracaso de proyectos como Nuevo Gorgona, muy lejos de la zona de tránsito y carente hasta de agua potable. Por lo cual, muchos desplazados acabaron hacinados en barrios de cuartos comunales de madera de las ciudades de Panamá y Colón. La autora recuerda que el surgimiento de El Chorrillo coincide con este período, y no por casualidad.
Gorgona y Chagres perdieron su río. Pero Chagres perdió más, porque perdió su castillo de San Lorenzo, dice Marixa Lasso. De Nuevo Gatún se desplazó a la gente, pero el poblado siguió siendo utilizado por nuevos habitantes “zonians”. Emperador y Culebra, pueblos al servicio del ferrocarril transístmico, murieron al desplazarse la línea del tren del oeste del canal por donde pasaba, hacia el este de la vía acuática. Emperador perdió su ferrocarril.
Emperador se convirtió en campo de tiro del ejército de Estados Unidos, pero a pocos kilómetros, colindando con la Zona del Canal, se refundó Nuevo Emperador (antes llamado Paja) con habitantes desplazados del antiguo poblado, así como de Gorgona y otros que añoraban la cercanía a la zona de tránsito y a su antigua forma de subsistencia. Marixa Lasso recurre a la historia oral para rescatar algunos testimonios de habitantes de Nuevo Chagres y Nuevo Emperador.
El enclave canalero: ciudades modelo basadas en la segregación racial
No menos interesante es el análisis de Lasso sobre el proceso de planificación y construcción de Balboa como una ciudad modelo estadounidense que debía probar la grandeza del ingenio norteamericano, su capacidad para imponer la civilización sobre el trópico y el atraso. Calles, casas y edificios bien diseñados en base a estrictos códigos sanitarios y estéticos, cuya coronación sería el edificio de la Administración del Canal junto al cerro Ancón.
Respecto al Administration Building, Marixa Lasso, describe los criterios de su diseño, y establece la simbología implícita de construirlo fuera del entorno de la ciudad de Panamá, y más bien de espaldas a ella, con el cerro Ancón de por medio. Lo que no había sucedido antes ni con la construcción del Ferrocarril de Panamá, ni con el fracasado Canal Francés, quienes tuvieron en el centro de la ciudad sus sedes. Este hecho es un símbolo claro de que el país había sido expropiado de su zona de tránsito y que el canal no tenía nada que ver con los panameños.
Un colega me ha contado una anécdota que viene al caso: cuando este libro se presentó por primera vez, en el Museo de Arte Contemporáneo, antes de la pandemia, el Dr. Marco A. Gandásegui, opinando desde el público, un poco contrariado porque interpretó que había una apología del modelo civilizatorio impuesto por Estados Unidos, soltó una afirmación que ya se había hecho en las aulas universitarias, pero que dejó un poco asombrado a algunos presentes: Balboa fue una ciudad construida con criterios socialistas.
Balboa, la ciudad modelo que el imperialismo yanqui construyó a orillas del canal, funcionaba bajo leyes socialistas, pues allí no existía propiedad privada. El estado era dueño de todo: de las casas, de los comisariatos, los servicios públicos. A los civiles norteamericanos que laboraban allí se les pagaba un plus por trabajar en una selva inhóspita, pero tenían todas las comodidades del mundo moderno. El estado controlaba todo, o sea, la Administración del Canal de Panamá, o Comisión del Canal Ístmico, como se le decía entonces, o la Comisión del Canal de Panamá, como se le llamó luego. El estado norteamericano en su variante de enclave colonial era un sistema socialista canalero, pero al servicio del capitalismo mundial. Parece contradictorio, pero así funcionó.
En la “zona” se aplicó la segregación racial
Balboa también era una ciudad basada en la segregación racial (apartheid), que muchos han tratado de ignorar hasta el día de hoy. Una ciudad donde los “colored” (“gente de color”), concepto usado por Estados Unidos en la Zona del Canal, no podían vivir en los mismos barrios que los blancos anglosajones, ni usar las mismas fuentes de agua, ni los mismos servicios higiénicos, ni cobrar igual salario por igual trabajo.
Marixa Lasso describe cómo, después de la expulsión de los pocos habitantes originarios del poblado de La Boca, se procedió a construir otro, que mantuvo el nombre, pero para trabajadores canaleros “de color”, también siguiendo criterios estrictos de higiene y ornato, pero un pueblo segregado, al fin y al cabo, con casas de menor calidad que las de los “blancos”. Igual criterio se hizo con Paraíso. La segregación en la Zona del Canal solo terminó con la reversión a Panamá de esos territorios.
Algunas opiniones críticas sobre el libro
Principalmente en la Introducción se repite la apología con que muchos historiadores panameños tratan la historia de la separación de Colombia y la imposición del Tratado de 1903. En la página 16 se le escapa a la autora la expresión de que Estados Unidos había “ayudado” en la separación de Colombia. Llama la atención esta frase proviniendo de una historiadora que ha trabajado y vivido en Colombia cuya historia conoce muy bien.
Por otro lado, se da a entender que los próceres de 1903 fueron sorprendidos por las autoridades norteamericanas al imponer sus criterios de expropiación de tierras y aguas de manera unilateral, cuando en realidad todo eso estaba anunciado desde el fracasado Tratado Herrán Hay (enero de 1903) y fue una de las tantas razones para rechazarlo, incluso por panameños como Juan B. Pérez y Soto y Belisario Porras, que escribieron al respecto.
Criterios que fueron empeorados en el Tratado Hay Bunau Varilla (noviembre de 1903) y que, si bien fue firmado por un francés, lo hizo autorizado por la Junta Provisional de Gobierno que lo nombró su embajador en Washington con ese objetivo, y luego ratificó ese tratado sin cambiar ni una coma, ni hacer ninguna salvedad.
Finalmente, en la página 49 se intenta circunscribir las acciones de Estados Unidos a una definición de “civilización occidental”, que divide al mundo en dominantes y dominados. Pero aquí hay una falencia al no relacionarlo con el proceso de expansión capitalista de fines del siglo XIX, lo que se ha denominado la fase imperialista del capital financiero, que es lo que en realidad explica por qué Estados Unidos se apodera del Istmo de Panamá y construye el canal con su “zona” en ese momento exacto de la historia mundial.
Las acciones abusivas, los actos violatorios de derechos humanos, los desplazamientos, la limpieza étnica, la segregación, así como su “justificación” académica basada en los conceptos positivistas como civilización y barbarie, son producto de un proceso de expansión capitalista de fines del siglo XIX, que se ha llamado la fase imperialista.
Aquí es donde la metodología marxista es útil para explicar mejor los hechos. Estados Unidos no vino a “civilizarnos”, sino que, producto de la expansión imperialista (que implica control de territorios, mercados y fuentes de materias primas), en la Guerra del 98 le arrebató a España sus últimas colonias, Cuba y Puerto Rico, pero también Guam y las Filipinas. El imperialismo norteamericano separó a Panamá de Colombia, impuso el Tratado de 1903, expulsó a la población panameña de la zona y construyó un enclave militar: para asegurar el paso de su armada de un mar con el objetivo de “proteger” sus intereses imperialistas.
En su Epílogo, que es muy bueno, Marixa Lasso recupera la relación capitalismo y esclavitud, en base a un libro de Eric Williams, pero echo de menos esto en su inicio del libro.
Pese a estas reflexiones críticas, insisto, el libro de Marixa Lasso es extraordinario, y lo recomiendo encarecidamente.
A pesar de mejoras sociales relativas, incluida la actual subida de las pensiones públicas respecto del IPC de este año, todavía persisten amplios y graves problemas en el mercado de trabajo.
Hay todavía 2,8 millones de personas desempleadas y la tasa de desempleo juvenil es la más alta de la Unión Europea (32,3%), cuya precariedad se agudiza por las dificultades de acceso a una vivienda digna. En otra parte trato el deterioro de los servicios públicos, particularmente, la sanidad y los niveles de desigualdad social. Cojamos el aspecto más relevante, la pérdida de capacidad adquisitiva de la mayoría social, derivada del incremento de precios del mercado y la devaluación salarial. La situación de retroceso generalizado, aunque desigual, es evidente y su percepción segmentada por la sociedad refleja un crudo realismo.
No vale el conformismo y la autocomplacencia de las fuerzas progresistas que llevan a la resignación o las inclinaciones centristas y contemporizadoras respecto de las amplias trayectorias sociolaborales precarias y las dinámicas autoritarias. Es preciso una senda de firmeza. Veamos algunos condicionamientos socioeconómicos de la gente, una parte todavía distanciada del compromiso con el Gobierno de coalición progresista, y aparte de las dudas suscitadas por decisiones políticas controvertidas, amplificadas en los medios.
El Gabinete Económico de CCOO acaba de publicar un amplio estudio titulado “Los beneficios empresariales impulsan y enquistan la inflación”. La conclusión es clara. Se está produciendo una nueva devaluación salarial en España derivada de la prepotencia empresarial, con una fortísima pérdida en el poder de compra de los salarios en el año en curso, parcialmente contrarrestada en el caso del incremento gubernamental del SMI que afecta a un millón y medio de personas. Caben citar dos párrafos literales:
“El salario real de 2022 por realizar el mismo trabajo que en 2008 caerá un 12,6%. Mientras los márgenes y beneficios empresariales, como se ha visto, están creciendo hasta niveles no vistos desde 2014 impulsando la espiral de precios. La pérdida de poder de compra de los salarios en 2022 será del 5,2% resultado de una subida media de los salarios pactados del 2,78% hasta diciembre y del 8,4% de los precios de consumo en media anual.
A esto hay que sumar la pérdida de poder de compra adicional por el alza de los tipos de interés para los más de cuatro millones de hipotecados a tipo variable y que en media sufrirán una pérdida del 10% de su renta anual. De persistir esta dinámica desequilibrada, la gestión diferente y mucho más equitativa de la crisis de la pandemia con los ERTE podría terminar convirtiéndose en un espejismo y se volvería al esquema tradicional de ajuste vía salarios y empleo.”
Frente a las explicaciones que solo naturalizan o externalizan sus causas (el mercado, la globalización, la pandemia, la guerra…) se produce un paso valorativo dirigido al Estado y los agentes sociales y políticos: la insuficiencia de la protección y la acción reguladora públicas, todo ello achacable a la incapacidad y/o insuficiente determinación institucional, partidaria y sindical para afrontarlo de forma más contundente y generalizada. Y el CIS y los estudios demoscópicos así reflejan esa preocupación y malestar social que ante su impotencia o inacción exige respuestas, siempre condicionados por la pugna partidista y mediática.
Dicho de otro modo, la patronal está imponiendo sus propios intereses de acumulación de beneficios empresariales a costa de la disminución de costes salariales. Por tanto, no solo se ralentiza el consumo, la actividad económica y el empleo sino que se precariza la vida de la mayoría trabajadora y sus familias. La negociación colectiva, supuestamente reforzada por la reforma laboral, se muestra incapaz de remontar esa prepotencia empresarial. La estrategia de diálogo social está inoperativa, sin perspectivas de un pacto de rentas equilibrado, a pesar de la reclamación sindical y las llamadas diversas del Ejecutivo, incluso de medios significativos como el diario ‘El País’ (16/01/2023).
La patronal está fuerte y cómoda en su oposición a un pacto de rentas que le pudiera condicionar ligeramente hacia un incremento remunerativo de los salarios. Ahora, a diferencia del periodo anterior (negociación de la financiación pública de los ERTES y de fondos europeos, emplazamiento del nuevo Ejecutivo progresista, con aceptación de límites a la temporalidad y estabilización del marco de relaciones laborales…) no tiene suficientes presiones e incentivos para unos acuerdos razonables y sí un fuerte apoyo de las derechas. La dinámica generada, con esta inercia, es la consolidación del recorte de la capacidad adquisitiva de los salarios y el aumento de la desigualdad salarial. Y en el plano subjetivo el resquemor pasivo en gente trabajadora.
Mientras tanto, el Gobierno de coalición progresista, como referencia, ha negociado y aprobado un incremento plurianual moderado de las retribuciones del empleo público, para este año 2023, de 2,5% (más un punto complementario), cuando la tasa de variación anual del IPC en España en diciembre de 2022 ha sido del 5,7% (y el 8,4% en media anual), es decir, con una consolidación de la pérdida de más de dos puntos de capacidad adquisitiva, acumulada al retroceso de 12 puntos desde 2010. Significa que, aunque el Ejecutivo progresista junto con los dirigentes sindicales confederales hayan calificado el acuerdo de razonable, tampoco está garantizando el poder adquisitivo de los tres millones y medios de empleos públicos ni ha supuesto suficiente estímulo de mejora para el resto de la negociación colectiva aunque sea fundamentalmente una cuestión autónoma de los agentes sociales y económicos y los sindicatos se quejen de cierta inacción gubernamental.
La estrategia sindical de ‘salario o conflicto’ de este otoño y comienzos de invierno está resultando incapaz de modificar sustancialmente la tendencia de devaluación salarial impuesta por los empresarios. Igualmente, el escaso impulso del centenar de los convenios colectivos más favorables no es capaz de arrastrar la negociación colectiva de los sectores más débiles y la acción movilizadora es muy limitada, con solo un ligero crecimiento de la actividad huelguística: en el año 2022, un 4,5% más de huelguistas que el año anterior, con un total del 17% más de jornadas no trabajadas por huelga. Entre las causas, aparte de la precariedad y las dificultades económicas de las familias, está la débil determinación del activo sindical y/o su capacidad contractual. El reto es la oposición social, política y sindical a la devaluación salarial, la defensa persistente de los derechos sociolaborales y democráticos.
Más democracia y justicia social
Tal como he señalado, son relevantes los dos aspectos, puestos de relevancia desde hace más de una década. Por un lado, la percepción mayoritaria de la gravedad de los problemas socioeconómicos y político-institucionales, con un agudo sentido de la justicia social. Por otro lado, la gran legitimidad de los derechos sociolaborales y una gestión institucional protectora e igualitaria basadas en un fuerte sentido democrático. Ello supone una reafirmación democrática, con la imprescindible activación y ensanchamiento de la base social progresista con mayor legitimación a sus representantes políticos. El descontento social se combina con cierta desconfianza en la capacidad y la voluntad transformadoras de progreso en ese doble ámbito.
En ello influyen diversas causas, pero la pugna política y el sentido del cambio social e institucional no afecta solo a los otros aspectos político-culturales controvertidos. Está clara la movilización autoritaria y nacionalista españolista de las derechas reaccionarias frente a los derechos democráticos y civiles, los avances feministas y de la articulación plurinacional. Pero una pugna de fondo sigue situada en torno a la cuestión social y laboral y los derechos sociales, en un contexto de incertidumbre sobre el equilibrio de fuerzas sociales y fácticas, así como de la capacidad de la gestión de las fuerzas progresistas y su garantía del avance social y democrático. La democratización y la gestión institucional se vinculan al bienestar y la cohesión social y territorial.
Hay un riesgo de incoherencia, la falta de conexión de los dos campos que, a veces, aparecen como opuestos: el de la ‘utilidad’ o política útil de mejoras socioeconómicas y laborales inmediatas, y el de reformas institucionales y estructurales, a veces lentas e incompletas. Ambas están vinculadas a las dinámicas de participación cívica en el proceso reformador y frente a la involución social y democrática. Pero la crisis de credibilidad institucional y política, en ambos campos, viene de la insuficiencia reformadora, por los límites de las mejoras reales y sin impacto sustantivo, con el exceso de meros discursos genéricos o, en el peor de los casos, de simple ruido desinformativo y politiqueo sectario y corporativo.
Así, la realidad y la percepción social de la acción reformadora difiere en dos contextos distintos, según la dinámica de los dos actores principales, el mercado (empresarios y gestores económicos) y las instituciones públicas. En un marco de fuerte y generalizado impacto regresivo de los poderes económicos neoliberales, el impacto resultante genera un deterioro o situación peor o más desigual. Esa dinámica está amparada, a veces, por la gobernanza europea y estatal, y afecta especialmente a los derechos sociolaborales y la calidad de servicios públicos.
Esa realidad de retroceso es la fuente de malestar popular, a pesar de la implementación de mejoras parciales apoyadas por la población. En ese marco, el Gobierno, las instituciones públicas, palian parcialmente situaciones graves, pero no son capaces de revertir su empeoramiento. La justificación posibilista de que no se puede hacer más lleva a la resignación, pero también a la desconfianza en la política y las instituciones públicas; se genera desafección hacia la gestión (insuficiente) de progreso.
Es el factor de fondo de cierto escepticismo popular en los partidos políticos y las instituciones que según señalan las encuestas desconfían en su resolución satisfactoria y tienden a la pasividad y el abstencionismo. Es el motivo de todo el ruido mediático y la pugna de relatos para transferir o adjudicar la responsabilidad de la insuficiente o errónea respuesta al otro actor político o agente social. Pero la quiebra de credibilidad representativa afecta a todo el conjunto institucional, a la capacidad articulatoria de la propia democracia, cuestión aprovechada por los poderes y tendencias reaccionarias y ultraderechistas que pugnan por una involución autoritaria y regresiva. Así, se enlazan los dos procesos reformadores concretos, el socioeconómico y el político-institucional, acompañados y justificados por los correspondientes discursos y dinámicas legitimadoras. La solución es más democracia y más justicia social.
Antonio Antón. Sociólogo y politólogo.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
Fuente de la Información: https://rebelion.org/frente-a-la-devaluacion-salarial/
La semana del 16 al 22 de enero ha sido de asambleas, reuniones, acuerdos de unidad entre sectores de trabajadores(as), preparación de comunicados, de definiciones sobre la ruta de la marcha autoconvocada por la base magisterial para el 23 de enero. Como la semana anterior, la dirigencia de los sindicatos y federaciones han estado a la cola del proceso, arrinconados por su sordera ante los justos reclamos de maestros(as), profesoras(es) y personal que coadyuva al proceso educativo.
Ha sido una semana de tensa calma, rota algunos días por movilizaciones que han surgido, en una u otra ciudad, como calentando motores para lo que se espera sea una gran marcha nacional el lunes 23. Un rasgo distintivo de las movilizaciones docentes de estas dos semanas, es qué, aunque se han desplegado los escuadrones de la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana (PNB), no solo no han reprimido hasta ahora, en algunos casos han retrocedido, lo cual se interpreta como respeto a la lucha que encarna el magisterio cuyos beneficios potenciales se extienden al conjunto de la clase trabajadora.
Las exigencias siguen siendo, aumento del salario mínimo mensual, en la actualidad por debajo de los 7 dólares, salario docente por encima de los 300 dólares ya que actualmente no supera en promedio los 30 dólares mensuales, en un país con precios más altos de la canasta básica, servicios y alquileres, respecto a los que encontramos en el resto de Latinoamérica. Así mismo, la exigencia de aumentar las pensiones de los/as jubilados/as y la activación de los seguros de hospitalización, cirugía y maternidad, en razón que el servicio de salud pública está prácticamente desmantelado, sin gasa, inyectadoras ni material mínimo necesario.
El gobierno sigue argumentando que esto es por las medidas coercitivas unilaterales (MCU) impuestas por los Estados Unidos y las naciones imperialistas europeas, pero no han podido explicar cómo países con producto interno bruto per cápita más bajos como Haití o en condiciones de bloqueo por décadas como Cuba garantizan salarios docentes muchos más altos que Venezuela. Evidentemente se trata de una concepción elitista de la distribución de la riqueza nacional a favor de las burguesías (de la cuarta y quinta República), justificada por las teorías monetaristas que tanto criticó Chávez.
En estos días se hizo viral el video de un alto funcionario en un concierto privado del artista Eros Ramazotti, cuyo costo por asistente eran 5.000 dólares, un ejemplo de las dos Venezuela que “sobreviven” ante la destrucción del salario de la clase trabajadora.
El desprestigio de las dirigencias sindicales burocráticas se extiende a los partidos políticos del gobierno y las oposiciones, a quienes se identifican como aliados en contra de la clase trabajadora. La excepción son partidos como el PCV que siendo respetados por su posición actual, su capacidad de influencia en este movimiento de masas es limitada.
El rasgo central es la auto convocatoria por las bases magisteriales, a las cuales se han sumado algunos sindicatos clasistas, pero la mayoría de las federaciones sindicales han sido confinadas a la cola del movimiento. Otro rasgo ha sido la capacidad de mantener a raya a los partidos políticos, reivindicando el carácter popular reivindicativo de las movilizaciones, un fenómeno que expresa una nueva realidad política nacional.
La tasa del BCV supera los 20 bolívares por un dólar
El 3 de enero de 2023 el precio del dólar indicado por el Banco Central de Venezuela (BCV) era de 17,86. En solo unos días, el 20 de enero, se ubicó en 20,29 bolívares por unidad. Solo unos meses antes, el 23 de agosto de 2022 el precio de la divisa norteamericana estaba en 6,22 bolívares por dólar, lo cual muestra la depreciación de la moneda en el mercado cambiario, algo que afecta de manera terrible el poder adquisitivo del salario e impulsa la inflación. Todos estos precios son los determinados por el Banco Central de Venezuela.
Mientras eso ocurre, el gobierno nacional destina el 4% del presupuesto nacional 2023 a la “promoción de la fe”, un rango que era prácticamente desconocido en un país que se preciaba de su laicismo, mientras el apartado presupuestario para la ciencia es solo de 2%. Quizá el gobierno pretende resolver con oraciones algo que pertenece al mundo terrenal: los salarios. Esto no solo es una bofetada a las aspiraciones de justicia salarial del magisterio y la clase trabajadora, sino un alineamiento con la política del departamento de Estado norteamericano, de fomentar el fundamentalismo religioso como soporte de la gobernabilidad y para la promoción de los imaginarios culturales de ultra derecha que recorren el continente.
El lanzamiento del Movimiento “Corazón Cristiano” y la Misión “Mi iglesia bien equipada” para la restauración de espacios religiosos a nivel nacional, resulta incomprensible, cuando desde el gobierno se señala que no hay recursos para un aumento salarial de los y las docentes.
2. Las criminales medidas coercitivas unilaterales
Es innegable que las Medidas Coercitivas Unilaterales (MCU) son una bomba destruye pueblo, cuya real eficacia política no consiste en derrocar al gobierno de Maduro, sino acelerar el acuerdo entre la vieja burguesía (cuarta República) y la nueva burguesía (Quinta República). Mientras este acuerdo se concreta y expresa en una nueva forma de gobernabilidad, es el pueblo venezolano y no la nueva burguesía, quien sufre los devastadores efectos de estas medidas.
Las MCU han significado una caída de los ingresos del país, de 46,903 mil millones de dólares en 2012 (con Chávez) a 1768 mil millones de dólares en 2021. No obstante, cualquier calculadora de pueblo puede hacer cálculos para demostrar como aún en las actuales circunstancias, se puede garantizar un salario decente para los y las docentes del país.
El magisterio latinoamericano está llamado a denunciar con fuerza estas MCU como un arma de destrucción masiva del pueblo venezolano. El levantamiento de las sanciones imperialistas puede clarificar mejor el juego y mostrar de manera nítida la regresión neoliberal de los últimos años.
Una de las cosas que más ofende a la clase trabajadora es la ostentación de la clase política y las burguesías en un momento como el actual, en el cual el hambre y la miseria arropan al pueblo.
3. La cruda situación
El salario docente, está ubicado entre 50 y 20 dólares mensuales, en promedio unos 30 dólares mensuales. Estos son algunos de los costos de los productos básicos para tener un referencial del impacto en el poder adquisitivo de los salarios:
Producto
Precio en dólares
1 kilo de carne
7 – 8 dólares (según la región del país)
1 kilo de pollo
5 – 8 dólares (según la región del país)
1 kilo de queso
5 – 8 dólares (según la región del país)
1 kilo de Jamón
5 – 9 dólares (según la región del país)
1 cartón de huevos
5 -6 dólares (según la región del país)
1 kilo de cebolla
2,25 – 3 dólares (según la región del país)
1 kilo de papa
1,20 – 2 dólares (según la región del país)
1 kilo de plátano
1,62 – 2 dólares (según la región del país)
1 salsa de tomate
3 dólares
Total
35,07 – 49 dólares (según la región del país)
Es decir, el sueldo mensual de los y las docentes no alcanza siquiera para hacer este pequeño mercado una vez al mes. Esto sin tomar en cuenta los costos de las medicinas, zapatos, ropa para los hijos y pasajes en bus diario para llegar al trabajo (mínimo 2 dólares diarios para transporte, que por 22 días de clases representan 44 dólares mensuales).
Veamos ahora, el promedio de pago por familia de servicios
Servicio
Precio mensual promedio en dólares
Agua
2,50
Electricidad
2,00
Teléfono
5,00
Aseo urbano
1,00
Internet
10,00
Total
20,50
Esto obliga a las familias a realizar dos o tres actividades adicionales para escasamente sobrevivir. La situación real es que los y las docentes de Venezuela viven en situación de pobreza extrema. El informe más reciente de la FAO[2] señala que más del 20% de la población venezolana está sub alimentada, cifra solo superada por Haití, lo cual afecta a más del 10% de los niñas y niñas en sus indicadores de crecimiento sano.
4. Poder constituyente
La legislación laboral venezolana prevé que los sindicatos son las instancias naturales que deben introducir ante el Ministerio del Trabajo los pliegos petitorios, conflictivos y llamados a huelga. Sin embargo, la base magisterial ha tenido que tomar la iniciativa ante la precaria o nula actividad de las federaciones sindicales del magisterio. Esto ha generado un vacío en el poder constituido, que ha comenzado a resolverse por la vía del poder constituyente originario.
La movilización y paralización de actividades se ha hecho de manera auto convocada desde el 9 de enero de 2023[3] y, si bien algunos pocos sindicatos de base han introducido pliegos, las federaciones facultadas para negociar con el patrono han hecho caso omiso de sus obligaciones, generando un vacío al no cubrir los formalismos en la materia.
Esto ocurre, mientras las autoridades regionales y locales del ministerio de educación presionan para el desarrollo presencial del segundo momento pedagógico de la escolaridad 2022-2023. Por ello, el magisterio de base ha convocado a asambleas por centros de trabajo, junto a las familias, donde se ha acordado respaldo para la realización de actividades puntuales de manera virtual, así como apoyo de los padres y madres a la actividad reivindicativa de los docentes de sus hijos, levantando actas de dichos encuentros.
En respuesta, desde el gobierno se han generado comunicados de autoridades educativas, en los cuales se desconocen las decisiones de las asambleas de centros de trabajo, que no son otra cosa que el escalamiento entre las tensiones del poder constituido y el constituyente.
A esto se le añade el bochornoso espectáculo de videos en los cuales colectivos motorizados amenazan a los maestros por manifestar y exigir mejores salarios. Un hecho que debería significar apertura de averiguación por parte de la fiscalia general de la República
Si bien la legislación venezolana establece la centralidad del poder popular en la organización del Estado, pareciera que eso es válido cuando el proceso se induce de arriba hacia abajo y se invalida cuando tiene como lugar de enunciación en las bases del mundo del trabajo. Una pléyade de funcionarios parece prisioneros de ignorancia supina, sobre las bases constitutivas del modelo de democracia participativa.
Sin embargo, el acto defensivo de los y las docentes, para preservar la legitimidad de origen de la acción conflictiva que iniciaron a comienzos de enero, se va tornando en cultura democrática y de auto organización, hecho que comienza a recrear los conceptos de ciudadanía, poder popular y derechos laborales, algo que no habíamos visto en el sector educativo desde 1999.
Algo similar ocurre en SIDOR, donde después de levantar el conflicto el viernes 13 de enero por la noche, se ha vivido un hervidero de debates y propuestas que apuntan a reiniciar en algún momento la lucha por salarios dignos y suficientes para vivir, así como aspectos de la seguridad social. Sin embargo, la burocracia sindical viene actuando allí, ya no solo como contención, sino que en algunos casos se viene transformando en esquiroles.
Otros sectores, como el universitario, eléctrico, salud, vienen estableciendo acuerdos de participación en la marcha del 23 de enero, que avizora un enorme potencial de convocatoria.
La preocupación del gobierno, es que esta fecha coincide con la conmemoración del 23 de enero de 1958, cuando el pueblo se volcó a las calles para derrotar la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, dando inicio a la revolución democrático burguesa y la instauración del régimen bi partidista de alternancia en el gobierno que se sostuvo hasta 1998. En vez de avanzar hacia una ruta de solución del problema salarial, que podría desactivar la protesta social, han optado por atrincherarse en el discurso de la conspiración imperialista, error que les puede conducir a un punto de crisis más severa.
La cultura constituyente ha emergido en las calles, con una capacidad inesperada de auto organización, auto convocatoria y generación de nuevas narrativas e imaginarios, que solo puede ser abordada desde una solución negociada vía aumento salarial o por el despeñadero del autoritarismo.
5. Pávlov y Skinner visitan la fábrica
Durante los últimos años, especialmente a partir del periodo de desabastecimiento de 2014-1017, se puso en marcha un programa de apoyo social muy importante que se denominó Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), creado el 3 de abril de 2016. Los CLAP instrumentaron la bolsa mensual con algunos alimentos, que debería llegar a unos cinco millones de familias, con un costo muy bajo. La bolsa del CLAP contiene un kilo de granos secos, arroz, aceite, azúcar, dos potes de sardina y harina, que ayudan a aliviar la terrible situación de sobrevivencia de la población. Sin embargo, en muchos casos esto se convirtió en instrumento para afianzar lealtades políticas, algo que ha ido deteriorando su utilidad social e incluso política.
Paralelamente, los últimos años, se ha implementado la política de bonos a la población, con montos que oscilan en su equivalente en la moneda extranjera, entre 2 y 6 dólares cada uno, los cuales son otorgados mensualmente a través un sistema administrado por el gobierno central. Al cambio actual este es el monto que otorga el sistema:
Programa
Por miembros de familia (solo se otorga al cabeza de hogar)
Monto en dólares
Hogares de la Patria
1 integrante
2,13
2 integrantes
2,66
3 integrantes
4,00
4 integrantes
5,32
5 integrantes
6,65
6 o más integrantes
7,98
Parto Humanizado
Por participar en el programa
5,39
Lactancia Materna
Mientras amante al bebe
5,39
José Gregorio Hernández
Incapacitados
4,00
Estos bonos, se han convertido en un instrumento para el condicionamiento clásico (Pávlov) de los sectores populares y de reforzamiento conductual positivo (Skinner), perdiendo progresivamente su carácter inclusivo y de cohesión como programa social. Quienes se oponen a la restauración neoliberal, especialmente los y las trabajadoras de base, son excluidos de dichos programas.
Esta situación se ha expresado de manera desvergonzada en SIDOR, una de las mayores concentraciones del proletariado industrial venezolano, quienes la semana del 9 al 13 de enero estuvieron en conflicto y paralización laboral. La semana que concluye (16 al 22 de enero), la directiva de la empresa estatal SIDOR ha decidido implementar un bono especial, solo otorgable a quienes no participaron en la huelga de comienzos de año.
Esta visita inesperada de Pávlov y Skinner a las fabricas venezolanas, se convierte en una situación injustificable e intolerable, que ha generado el mayor de los rechazos de parte de la base magisterial y del conjunto de la clase trabajadora del país.
Esperamos que el alto gobierno decida corregir este entuerto y no convertirlo en un precedente para el abordaje de las relaciones obrero patronales.
6. Los intelectuales clásicos dejan solo al movimiento social
En el peor momento de los últimos veinticinco años para la clase trabajadora venezolana y ante el despertar del magisterio de base, una de las cosas que más hace ruido es el abrumador silencio de una parte importante de la intelectualidad que se identifica de izquierdas y que no termina de expresar palabra alguna a favor de la lucha de los más humildes.
Pareciera que prefieren la tranquila reflexión bajo la sombra del poder. Nadie les pide que se deslinden del gobierno de Maduro, sino que expresen ideas e iniciativas desde la perspectiva del mundo del trabajo, para salir de este terrible atolladero en el cual nos encontramos.
Por suerte, está surgiendo una nueva intelectualidad multicolor, que ha decidido acompañar la lucha magisterial, independiente de su proximidad o distancia con el gobierno, renovando las lecciones éticas del pensamiento crítico, siempre al lado del pueblo.
7. ¿Hasta cuándo estirará la liga?
La marcha del 23 de enero será un indicador claro respecto a cuanto está dispuesta o no a soportar la clase trabajadora la situación de inequidad expresada en los salarios. La sola convocatoria unitaria a esta movilización confirma que estamos en una nueva etapa de la lucha social en Venezuela[4].
Aún el gobierno está en capacidad técnica para resolver este problema, antes de dilapidar el capital político que conserva. En un contexto de crisis económica, esto implicaría disminuir las ganancias de las burguesías que hasta ahora parecieran insaciables. La pegunta clave es ¿lo hará?
[1] Doctor en Ciencias pedagógicas con postdoctorados en pedagogías críticas y evaluación de la calidad educativa. Miembro principal del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), integrante de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS) y la Fundación Kairos. Director de investigaciones del Centro Internacional Otras Voces en Educación.
Fuente de la Información: https://luisbonillamolina.com/2023/01/22/venezuela-el-movimiento-social-despierta-del-sueno-de-morfeo-e-intenta-escapar-de-las-garras-de-pavlov-y-skinner/
Los niños de los hogares más pobres son los que menos se benefician de la financiación de la educación pública nacional
Según el informe, un aumento de un punto porcentual en la asignación de recursos de educación pública al 20 por ciento más pobre podría sacar a 35 millones de niños en edad escolar primaria de la pobreza de aprendizaje en todo el mundo.
NUEVA YORK, 17 de enero de 2023 – Los niños de los hogares más pobres son los que menos se benefician de la financiación de la educación pública nacional, dijo UNICEF en un nuevo informe publicado hoy, al tiempo que pidió inversiones adicionales y más equitativas para sacar a millones de niños de una crisis de aprendizaje. .
El informe, Transformando la educación con financiamiento equitativo , señala que, en promedio, el quintil más pobre de estudiantes se beneficia de solo el 16 por ciento de los fondos públicos para la educación, en comparación con los más ricos, que se benefician del 28 por ciento. Entre los países de ingresos bajos, solo el 11 % de la financiación de la educación pública se destina a los alumnos más pobres, mientras que el 42 % se destina a los más ricos.
“Estamos fallando a los niños. Demasiados sistemas educativos en todo el mundo invierten menos en los niños que más lo necesitan”, dijo la Directora Ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell. “Invertir en la educación de los niños más pobres es la forma más rentable de asegurar el futuro de los niños, las comunidades y los países. El verdadero progreso solo puede ocurrir cuando invertimos en cada niño, en todas partes”.
El informe examina los datos sobre el gasto público en educación preescolar, primaria, secundaria y terciaria de 102 países. Encontró que un aumento de un punto porcentual en la asignación de recursos de educación pública al 20 por ciento más pobre puede sacar a 35 millones de niños en edad escolar primaria de la pobreza de aprendizaje. El estudio señaló que, en todo el mundo, es más probable que el gasto en educación pública llegue a los estudiantes de hogares más ricos en países de ingresos bajos y medios.
La brecha es más pronunciada entre los países de bajos ingresos. En varios ejemplos, los datos mostraron que los estudiantes de los hogares más ricos se benefician de más de seis veces la cantidad de fondos públicos para la educación en comparación con los más pobres. Mientras tanto, en los países de ingresos medios, los estudiantes más ricos en lugares como Côte d’Ivoire y Senegal reciben alrededor de cuatro veces más gasto en educación pública que los más pobres. Aunque la brecha es menor en los países de ingresos altos, donde los más ricos generalmente se benefician de 1,1 a 1,6 veces más gasto público en educación que los más pobres, Francia y Uruguay se ubican en el extremo superior de la brecha.
Según el informe, los niños que viven en la pobreza tienen menos probabilidades de acceder a la escuela y abandonarla antes. Además, los niños de hogares pobres están menos representados en los niveles superiores de educación, que reciben un gasto per cápita en educación pública mucho mayor. También es más probable que vivan en áreas remotas y rurales que generalmente están desatendidas y en el lado equivocado de la brecha digital.
Incluso antes de la pandemia de COVID-19, los sistemas educativos de todo el mundo fallaban en gran medida a los niños, con cientos de millones de estudiantes que asistían a la escuela pero no adquirían las habilidades básicas de lectura y matemáticas. Estimaciones recientes muestran que dos tercios de todos los niños de 10 años en todo el mundo no pueden leer ni comprender una historia simple.
Según el informe, un paso clave para abordar la crisis del aprendizaje es que los gobiernos brinden financiamiento equitativo y prioricen los recursos de educación pública, lo que incluye centrarse cada vez más en el aprendizaje fundamental. Esto implica asegurar el financiamiento público para la educación preescolar y primaria para todos y apuntar a los pobres y marginados en los niveles más altos de educación.
Otros hallazgos del informe incluyen:
En la última década, el gasto en educación pública se ha vuelto más equitativo en el 60 por ciento de los países con datos.
Sin embargo, casi un tercio de los países gastan menos del 15 por ciento de su financiación de la educación pública en los más pobres. Entre los países de bajos ingresos, esta proporción de países es sorprendentemente alta, con un 80 por ciento.
En 1 de cada 10 países, los estudiantes de los hogares más ricos reciben cuatro o más veces el monto del gasto público en educación en comparación con los estudiantes de los hogares más pobres en el 10 por ciento de los países.
Los llamamientos para la educación en emergencias a menudo reciben solo del 10 al 30 por ciento de las cantidades necesarias, con disparidades significativas entre países y regiones.
Se necesitan medidas urgentes para garantizar que los recursos educativos lleguen a todos los alumnos. El informe establece cuatro recomendaciones clave: desbloquear el financiamiento público a favor de la equidad para la educación; priorizar la financiación pública para el aprendizaje fundamental; monitorear y garantizar la asignación equitativa de la ayuda a la educación en contextos humanitarios y de desarrollo; e invertir en formas innovadoras de brindar educación.
Fuente de la Información: https://www.unicef.org/press-releases/children-poorest-households-benefit-least-national-public-education-funding-unicef
El pibe que nació entre el barro y los perros. El hombre que resistió, en la cruz. Vencido. Tras la imagen atroz, la reverencia a la muerte. A la consecuencia de la indisciplina. La cruz es la advertencia histórica de cuál es la brutal secuela de la desobediencia.
(APe).- Otra vez, como durante dos mil veintidós años, el pibe va a nacer en cualquier casilla, en una toma, bajo una autopista, en un auto abandonado, en un vagón estragado bajo los siete puentes de avellaneda, huyendo de la policía, de la gendarmería, del poder que lo busca porque el que nace va a ser un indisciplinado y lo saben. Y otra vez nacerá entre el barro y los perros, entre los tetra vacíos y respirará el aire contaminado y le lavarán el ombligo con el agua de los charcos. Porque su madre no tuvo cama de hospital ni su padre trabajo. Sólo la certeza de que el pibe que se venía traía la ruptura, la resistencia, el otro mundo, la sociedad nueva e igualitaria que a los poderosos les eriza la piel.
Y no se pudo. Como tantos resistentes, como tantos desobedientes, acabó y acabará asesinado por la policía del imperio. Colgado de las cruces públicas donde se ejecuta la pena capital. Condenado a muerte. El pibe, el bebé que resistió la desnutrición, la bronquiolitis, el plomo en el cuerpo –por el agua y por la bala estatal-, la falta de calcio, la ausencia de hierro, no pudo con los perseguidores ni con la sentencia de los jueces.
Como tantos pibes de los conurbanos de las grandes ciudades que ganan un minuto de fama en las fotos de los diarios después de la muerte en la nuca. Después de la derrota por la espalda.
Y fue el mismo poder el que determinó la imagen que debía ser recordada. Adorada. El ícono de quienes le creían. La cruz, la tortura, la muerte. El hombre que resistió, en la cruz. Vencido. Tras la imagen atroz, la reverencia a la muerte. A la consecuencia de la indisciplina. La cruz es la advertencia histórica de cuál es la brutal secuela de la desobediencia. La advertencia terrenal de para aquí es la resignación. Las calles son para los rebeldes y los destechados.
El cielo siempre será para los otros.
No para los pibes que nacen entre el barro y los perros, su ombligo lavado con el agua de los charcos.
No para los pibes que se traen la chispa sagrada de la insurgencia desde el primer llanto en este mundo.
No para los que gambetean las cruces y rompen el vitraux de la historia con una pelota de trapo.
Las profesiones son los resultados de un proceso de formación a nivel superior de calidad universitaria, no obstante, los deberes profesionales no comienzan al recibir el Diplomado o el Titulo. En el mismo momento en que se decide la actividad profesional que se va ejercer el individuo adquiere una responsabilidad moral muy especial.
El estudiante de una determinada profesión no puede sustraerse a los deberes que corresponden a la misma, alegando que aún no la ejercen, ya que en el momento en que empieza a estudiar, se obliga a los deberes que la misma profesión ha establecido. La ciencia, por muy vasta y profunda que sea, no implica en quien la posee, idoneidad, o se la actitud para el ejercicio, el requisito más difícil de detectar en la vocación o la inclinación del espíritu hacia una actividad que produce en el sujeto satisfacción y gusto, generalmente supone ciencia e idoneidad, pero no siempre es así.
La ciencia a veces origina la vocación, otras, la vocación lleva a la adquisición de la ciencia en pocas profesiones, la vocación es tan importante como en la tarea docente. Difícilmente se puede estar enseñando y educando durante mucho tiempo si se carece de educación; pero lo más pernicioso es que la falta de vocación se refleja en casi todas las conductas habitúales del docente.
El docente es una autoridad en sentido científico, y debe transmitir sus conocimientos con veracidad, puestos que sus estudiantes están dispuestos a creer lo que el les diga respecto a una amplia gama de temas y debe hacerlo con profundo amor y responsabilidad. El docente debe cumplir con todo aquello que sea necesario para formar al educando con honestidad intelectual, o sea: buscar, aceptar, amar, vivir, y transmitir la verdad, además debe tener una visión ontocreativa, que conduzca a “que toda persona aprenda a crecer”, es decir pesar el futuro como un presente con devenir.
Una enorme responsabilidad pesa sobre el hombro de los docentes son responsables de sus palabras del tono con que las dicen de sus silencios, de sus gestos, de los contenidos de sus enseñanzas, de las experiencias en las que hacen participar a los educandos, de los ejemplos, que dan con su propia conducta y de su vida pública. Si no se logra esto, el docente no será culpable sino incapaz ante la sociedad, pero en su conciencia moralmente culpable.
Toda persona que aspira entrar a la carrera docente, tiene la obligación de un examen de conciencia que valore su equilibrio psicofísico y que sepa organizar las demás manifestaciones de su conducta. El docente no debe ser indefinido respecto a los problemas vitales que afectan a la existencia y al que hacer del hombre, para esto debe tener su propia cosmovisión para tomar una postura acerca del origen y sentido de todo el universo, pero no una visión de naturaleza científica sino filosófica y humana para cuando el estudiante lo interrogue, pueda dar respuestas y servir de guía, después de este viaje interno por la función del docente, se me presenta una incertidumbre que las reflejos en las siguientes interrogante: 1) ¿el docente se hace o se nace? 2) ¿serán los docentes quienes, en definitiva, cambiarán el mundo de la escuela?
Fuente: El Autor escribe para el Portal Otras Voces en Educación
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