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Pedagogía de la crueldad

Por: Paco Tomás

Creamos comunidades de seres humanos que trabajan con la crueldad sin necesidad de bombardear Siria. ¿Qué otra cosa son los fondos buitre, las políticas de desahucios o cerrar las fronteras a un refugiado? Darle más valor a las cosas que a las personas y tratar a las personas como cosas.

Llevaba varios días pensando en ello cuando descubrí que, como suele ser habitual, alguien ya lo había pensado antes. La antropóloga argentina Rita Segato puso nombre científico a la sensación que, desde hace tiempo, me acorrala cuando conecto la televisión, abro el periódico, navego por Internet, interactúo en mis redes sociales, pero también cuando salgo a tomar un vermú o busco un encuentro sexual con el que apagar ese fuego que, como una Adela lorquiana, tengo levantado por piernas y boca.

Llevan mucho tiempo enseñándonos a ser crueles como para no comenzar a experimentar los resultados. Podemos mostrar nuestra parte más insensible sin temor al rechazo, a poner en valor el sadismo en dosis perfectamente asimilables. Nadie quiere servir o ingerir un veneno que deje un cadáver antiestético. El fracaso no retrata bien en Instagram. Hasta el mártir tiene su orgullo. A todo eso, Segato llamó pedagogía de la crueldad. Porque a ser cruel también se aprende.

No pretendo apuntar que ahora seamos más crueles que en la Edad Media, por poner un ejemplo de ineludible brutalidad. Sería un despropósito argumentar algo así. Pero sí es cierto que todo ese desarrollo humanista que ha acompañado nuestra evolución hoy está cuestionado hasta el extremo de mostrar la empatía como un rasgo de debilidad. Es como si ahora decidiésemos ser crueles porque es más rentable: moral y económicamente. Solo alguien muy codicioso no vería que el neoliberalismo económico es lo peor que le ha sucedido al ser humano como comunidad. Segato explica que en la historia de la Humanidad coexisten dos conceptos: el de las cosas, que genera individualismo; y el de los vínculos, que crea comunidades. En nuestra sociedad conviven los dos pero el de las cosas, amparado por un discurso de bonanza económica, de rentabilidad, de crisis, de déficit y de competitividad, ha contaminado al de los vínculos. Ahora creamos comunidades de seres humanos que trabajan con la crueldad sin necesidad de bombardear Siria. ¿Qué otra cosa son, si no, los fondos buitre, la especulación con el suelo y la vivienda, la política de desahucios, las empresas que se encargan de despedir trabajadores o cerrar las fronteras a un refugiado? Darle más valor a las cosas que a las personas pero tratar a las personas como si fuesen cosas.

Tenemos la obligación de empezar a cambiar las cosas por pura supervivencia. Este sistema económico se nutre de personas insensibles, incapaces de empatizar con los demás, que consideran el diálogo una pérdida de tiempo y que creen que su bienestar particular justifica el mal general. Solo así podrán tener la indecencia de pagarte mal por tu trabajo, de explotarte, de exigirte, de pedirte setecientos euros por un piso de 35 metros cuadrados con nevera en el salón, de humillarte, sin que les tiemble el pulso o se les quite el sueño.

Lo económico se filtra y la crueldad se contagia. Lo llamamos competitividad. Y así corremos para quitarle la mesa a alguien en una terraza –a mí me lo hicieron esta semana, ante mi asombro–, o canalizamos toda esa insensibilidad hacia el terreno emocional, donde las relaciones manejan nuevos códigos de crueldad a los que les ponemos nombres anglosajones para que queden más cool y así evitar implicarnos en el mal que causamos. ¿Saben qué es el ghosting? Pues es la desaparición paulatina de la pareja, en una relación de cualquier índole e intensidad, en la que la otra persona va dejando de comunicarse contigo hasta desaparecer. ¿Y el benching? Tener a alguien en el banco de suplentes. Tienes tu pareja pero te aseguras de mantener a alguien con quien coquetear de vez en cuando, enviarle algún emoji de indudable interpretación, para mantener viva una posibilidad de relación o aventura que, realmente, nunca progresa.

Estos solo son algunos de los ejercicios de crueldad que manejamos hoy en día y que se han convertido en el modus operandi de los millennials –o los que actúan como tales– en la era digital. Despersonalizar las relaciones, los afectos. Un ejercicio de egoísmo y manipulación en el que aceptar los códigos virtuales para el mundo real. Ante eso, y todo lo anterior, solo hay un tratamiento: ponerse en el lugar del otro. Es tan sencillo que ofende tenerlo que explicar. Ponernos en lugar del otro genera cuidado y, lo que es más importante, respeto. Porque de lo contrario, algunos serán muy rentables económicamente, podremos pagar el alquiler, las vacaciones en airbnb, los vuelos en ryanair, tener el mejor teléfono, pero acabaremos la primera mitad del siglo siendo la generación más miserable, como decisión aparentemente voluntaria, de la historia de la Humanidad.

Fuente: http://www.levante-emv.com/opinion/2018/05/02/pedagogia-crueldad/1711894.html

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¿Cómo reducir el abandono escolar? Innovando

Por: Caridad Araujo/El País

Solucionar un problema que persiste exige progresar, ya se trate de llegar a una meta o de disminuir el abandono escolar. En México han sabido cómo hacerlo.

Durante los primeros kilómetros de una carrera las piernas vuelan, pero el último tramo de una maratón puede llegar a ser eterno o, simplemente, inalcanzable. Cuanto más lejos se llega en un propósito, más parece costar rematarlo y el reto es mayor. Los programas de lucha contra la pobreza se enfrentan a un desafío parecido: ¿cómo llegar a quienes no logran beneficiarse de las ayudas?, ¿cómo mejorar la salud, nutrición y educación de los niños de los hogares que tienen que hacer frente a las mayores desventajas?

Tomando en consideración esta realidad, en 2009, el Programa de Inclusión Social Prospera decidió modificar la estructura de sus becas educativas para los niños de las ciudades. En aproximadamente un 40% de las localidades urbanas del país eliminó este apoyo para la primaria y aumentó un 25% la cuantía de las que se entregarían a los alumnos que cursaran los seis cursos posteriores a este ciclo, lo que en México se denomina Secundaria y Preparatoria. El ajuste de la cantidad a entregar se hizo de manera que no afectara a los presupuestos totales del programa.

Un reciente estudio publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo ha encontrado que, en comparación con los estudiantes que siguieron el esquema de becas tradicionales, los alumnos que se beneficiaron de esta medida innovadora mostraron tasas inferiores de abandono escolar y aumentó un 33,5% la tasa de graduación del bachillerato. En términos económicos, el estudio estima que, por cada dólar invertido en el aumento de estas becas, los alumnos beneficiarios tendrán ingresos adicionales de más de dos dólares gracias a los mayores niveles educativos alcanzados.

Un programa de becas puede conseguir que cada dólar invertido se convierta en dos de ingresos adicionales para sus beneficiarios

Los programas de transferencias monetarias condicionadas del tipo de Prospera se están aplicando desde hace 20 años en América Latina y el Caribe e, inicialmente, se centraban en cumplir protocolos de salud materna e infantil, nutrición y vacunación para niños en edad preescolar y en promover la asistencia escolar. Con el tiempo, algunos programas han modificado su esquema de incentivos, enfocándose en otras áreas como la promoción de la salud para los adolescentes y adultos, así como la asistencia a la educación superior.

Para ello entregan ayudas económicas en efectivo, principalmente, a las madres de familia. A cambio, los beneficiarios tienen que cumplir una serie de requisitos cuidadosamente diseñados para mejorar la salud, la nutrición y la educación de los niños. Se trata de conseguir que los jóvenes estén más sanos y mejor preparados al entrar en el mercado laboral, y en mejores condiciones que sus padres, lo que les permitirá generar mayores ingresos a través de sus propios esfuerzos. Los objetivos son aliviar la pobreza actual a través de mayores ingresos e impedir que se transmita entre generaciones a través de mayores inversiones en el capital humano.

México, como el resto de América Latina y el Caribe, ha experimentado en los últimos 15 años una clara mejoría en las condiciones de vida de sus habitantes, así como una visible reducción de la pobreza. Sin embargo, siguen existiendo sectores de población en situación de pobreza extrema que son difíciles de alcanzar.

En alguna medida, los problemas que persisten no se solucionan con más dosis de lo mismo. Es necesario innovar, buscar otra manera de alcanzar los objetivos marcados. Cuando pensamos en innovación, lo primero que viene a la mente es la palabra tecnología, pero, en muchos países de América Latina y el Caribe, la conectividad a la telefonía móvil y el acceso al internet son todavía muy escasosen las áreas donde viven los que menos tienen. Por esta razón, innovar para erradicar la pobreza extrema requiere una dosis adicional de creatividad tanto en el diseño de los proyectos como en la manera de ponerlos en funcionamiento.

La decisión que tomaron los responsables del programa Prospera fue un intento de responder a necesidades reales para lograr mejores resultados. Una apuesta por la innovación. Innovar implica estar dispuesto a asumir riesgos aunque los resultados no siempre se traduzcan en éxitos. Aunque en la región los avances en política social son indudables, es necesario más que nunca innovar en los programas de lucha contra la pobreza para llegar a todos, especialmente a ese tramo final de las poblaciones más necesitadas.

Fuente: https://elpais.com/elpais/2018/05/02/planeta_futuro/1525268687_623620.html

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Feminismo y nacionalismo

Por: Francesc de Carreras

La creencia en una identidad colectiva es el hilo que conecta feminismo y nacionalismo

¿En qué se parecen hoy feminismo y nacionalismo? A primera vista podría decirse que en nada. Sin embargo, si lo pensamos con detenimiento, podemos encontrar ciertas coincidencias. La primera, el carácter crecientemente dogmático y fundamentalista de ambos movimientos al convertirse en ideologías y creencias cerradas que no admiten discusión.

El nacionalismo, por ejemplo el catalán, se fraguó sigilosamente en los tiempos de Pujol con una intolerancia que hoy se hace visible, pero que ya entonces no admitía discrepancia alguna. Si se osaba criticar la política lingüística, aún en aspectos no esenciales, inmediatamente eras tachado de anticatalán y de nacionalista español. No se analizaban tus argumentos, sino se te descalificaba personalmente por atreverte a disentir. Así creaban una espiral de silencio: nadie debía opinar sobre esta cuestión.

Ahora tengo la sensación de que pasa lo mismo con el feminismo. La reacción ante el caso La Manada me lo ha recordado. Es discutible el fallo de la sentencia y también el voto particular. Pero hay que argumentar el disentimiento, no puede desacreditarse la resolución judicial sin haberla leído, entendido y meditado. Sin embargo, en el momento de pronunciar la sentencia, de 300 páginas por cierto, ya estaban montadas las manifestaciones para protestar contra la misma. Sin estudiar las pruebas, los manifestantes ya habían dictado el veredicto. ¿Por qué? Porque se presuponía que era un ataque al feminismo, entendido como una creencia fundamentalista y dogmática.

¿Cuál es el hilo que conecta feminismo y nacionalismo? La creencia en una identidad colectiva, sea el género mujer, sea la nación. En la tradición ilustrada y democrática, el feminismo defendía la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Tardó en triunfar pero al fin lo consiguió. De los ideales de mayo del 68, del que tanto se habla estos días, probablemente el feminismo es el más aceptado transversalmente, aunque falte un buen trecho para que la igualdad sea real. Pero los avances son mayores que en la igualdad entre clases sociales. Ahora bien, del feminismo de la igualdad hemos pasado al feminismo de la identidad: la mujer es igual a las otras mujeres, no a los hombres. Incluso, se dice, la identidad (colectiva) de la mujer se fundamenta en aquello que la diferencia del hombre y, en muchos casos se afirma, precisamente, contra el hombre. Esta deriva, pasar de la igualdad de derechos a la identidad colectiva, es lo que asemeja el feminismo con el nacionalismo. De la Ilustración hemos pasado al Romanticismo, de las ideas a las creencias.

Fuente: https://elpais.com/elpais/2018/05/08/opinion/1525797638_469687.html

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La campaña que convierte el “No lo sé” en una poderosa herramienta de aprendizaje

Por Camila Londoño

La iniciativa diseñada por el emprendimiento social Tu clase, tu país, reivindica el rol de los profesores como sujetos que constantemente están aprendiendo y mejorando.

En el aula, los docentes lo saben todo. Siempre tienen la respuesta correcta y son una especie de fuente de conocimiento inagotable. Esa es la visión de los estudiantes y de todos quienes somos espectadores de sus clases. Pero olvidamos que ellos también son humanos y por esta razón su fuente de sabiduría no es infinita. Un buen docente no es aquel que conoce todas las respuestas, sino el que logra transformar la falta de conocimiento en una herramienta de aprendizaje. Un buen docente puede decir tranquilamente “no lo sé, pero puedo averiguarlo”.

Esto es justamente lo que intenta transmitir Tu clase, tu país a través de“No lo sé”, una campaña que le da valor a esta expresión y la convierte en la primera fuente de aprendizaje y desarrollo profesional docente.

Tu clase, tu país es un emprendimiento social que busca contribuir a mejorar la calidad de la educación a través de una formación docente especializada y centrada en la realidad y los desafíos que viven los docentes en el aula. Por eso, el foco de la campaña se centra justamente en el rol de los profesores como sujetos que aprenden y se desarrollan todos los días.

La campaña se lanzó el 20 de abril de 2018 a través de una serie de videos testimoniales donde profesores de distintas áreas y niveles explican cómo se sintieron y qué medidas tomaron frente a diversas situaciones en las que reconocieron no saber algo frente a sus estudiantes. Ellos cuentan la anécdota y lo que rescatan de ésta, dejando claro que decir “no lo sé” también es posible. Javiera Pastene, por ejemplo, cuenta cómo convirtió ese desconocimiento en una oportunidad de aprendizaje para ella y sus alumnos, con quienes buscó la manera de encontrar la respuesta a una pregunta muy específica.

#NoLoSé – Javiera Pastene from Tu clase tu país on Vimeo.

“Creemos que esta acción de decir ‘no lo sé’ representa valores como la valentía, la sinceridad, la humildad, la curiosidad, la escucha activa, entre otros, todos aspectos relevantes para el desarrollo profesional docente”, aseguró Eugenio Severin –director ejecutivo de Tu clase, tu país– en El Desconcierto.

Según Severin, ese es el primer paso en el aprendizaje y un buen educador es capaz de entender esto para poder tomar acciones que le permitan perfeccionarse. Obviamente es clave tener un dominio importante de la asignatura y de las estrategias prácticas que se aplican en el aula, pero también es fundamental entender que los docentes no siempre tendrán todas las respuestas, ningún profesional podría hacerlo.

Expresiones como “no lo sé”, pueden ser el inicio de un gran aprendizaje para estudiantes y profesores, sólo hay que saber aprovechar el momento.

Fuente: http://www.eligeeducar.cl/la-campana-convierte-no-lo-se-una-poderosa-herramienta-aprendizaje

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Foro de Sevilla: El gobierno nunca pretendió realizar un Pacto educativo

Por Foro de Sevilla

La derogación de la LOMCE necesita que los partidos políticos sean responsables y coherentes con los compromisos que adquirieron. La educación y el futuro está por encima de luchas políticas que solo provocan perplejidad a la sociedad.

La educación es el lugar donde decidimos si amamos el mundo lo bastante como para tomar una responsabilidad por él, y así transmitirlo a nuestros descendientes” (Hannah Arendt)

El gobierno nunca ha pretendido realizar un pacto por la educación, fue una maniobra disuasoria para conseguir aplicar la LOMCE. Mientras se debatía, quienes querían mantenerla sugerían que el problema de la educación en nuestro país era la cantidad de leyes aplicadas desde los años setenta (en realidad generales solo fueron tres, LOGSE, LOE y LOMCE) y no la falta de democratización y recursos de nuestro sistema educativo.Partidos políticos y comunidad escolar se esforzaron en participar en la Subcomisión, a pesar de que la LOMCE fue rechazada en el Parlamento y en la calle, y el Gobierno puso veto a su derogación y siguió haciéndolo con las propuestas que pretendían conseguir una educación democrática.¿Por qué lo hicimos?, porque la educación es una forma de amar el mundo y nos sentimos responsables y comprometidos con el futuro. Confiados nos sometimos a la necesidad de un “pacto por la educación”, con quienes solo querían maquillar la LOMCE.

El gobierno nunca pretendió modificarla y todas sus propuestas “orillaban” la ley planteando temas o aspectos que no eran centrales en la misma, o que en su propia definición eran ambiguos para la defensa de una educación pública, no discriminatoria y excluyente y que diera cabida a la diversidad y pluralidad de niños y niñas sin estar determinados por el nacimiento o riqueza.

La LOMCE se desarrolló, porque a pesar de que las reválidas estaban en suspenso se aplicaron “descafeinadas” y se sometió la educación a currículos estandarizados y cerrados, que se utilizaron para el acceso a la universidad, improvisando y obteniendo los peores resultados de la historia de la selectividad. Porque a pesar de que las evaluaciones no influyeron en la promoción en secundaria se aplicaron itinerarios, programas de mejora del aprendizaje y rendimiento y una formación profesional básica que dejaron a muchos alumnos y alumnas en la cuneta.

Es una ley, conservadora y neoliberal, porque ofrece autonomía, pero la limita controlando a través de evaluaciones externas las prácticas escolares. Convierte al profesorado en un preparador de exámenes y al alumnado en un sujeto domesticado y pasivo, preparado en conocimientos neutrales y especializados solo para el mundo laboral.

El postulado neoliberal plantea que se puede acceder a todo lo que se desea sin existir barreras y sin estar determinado por la clase social, etnia o género. Desaparecen los derechos colectivos de niñas y niños por derechos de mercado o demandas individuales que afectan a todos. La LOMCE es un paso en firme para lograr un sistema educativo mercantilista basado en la competitividad y, con una mayor eficacia en los resultados con una menor inversión, que solo puede suponer precarización del profesorado, desigualdad en la atención a la diversidad y la constitución de centros de primera, segunda y tercera categoría.

A pesar de que el Tribunal Constitucional pueda incluso validar la segregación por sexos, los itinerarios y la elección de centro por parte de las familias, en realidad se están encubriendo todas estas políticas de selección y elitismo. ¿A quién beneficia esto?

La educación ya no es una promesa de futuro laboral o diferenciación social y las clases altas y medias buscan ese objetivo, que sus hijos e hijas sirviéndose de su capital cultural (información, relaciones) y de su capital económico (residencia, desplazamientos, actividades suplementarias) accedan a grupos de élite y tengan más posibilidades de éxito. A la vez que los colegios se esfuerzan por escoger al alumnado que le va a garantizar un mejor desempeño.
Pero no solo es una acción de las familias, sino que son teledirigidas por las políticas educativas: Recortes y cierre de aulas en el sector público, desgravaciones en los colegios de pago, apertura de privados concertados con suelo público, implantación del distrito único, evaluaciones con fines comparativos… A lo que añadimos una red privada, que cumple a la perfección con la selección y es financiada públicamente: segrega a los inmigrantes, separa por sexos y distribuye por clases sociales.

En lugar de esto, se trata de conseguir que todas las escuelas públicas estén dotadas de los mejores recursos y posibilidades, en vez de incitar a elegir, seleccionar y competir por las que supuestamente den mayores ventajas competitivas futuras a nuestros hijos e hijas, ya que no solo es más equitativo, sino que preserva los fines sociales de la educación.

Lo que nos une a los colectivos que hemos suscrito el documento de bases para una nueva ley educativa es la defensa de una escuela pública democrática. Las escuelas en una sociedad democrática existen para el apoyo y extensión de la democracia, de lo contrario son socialmente inútiles o socialmente peligrosas porque educarán a personas que seguirán su camino y se ganarán la vida indiferentes a las obligaciones de ciudadanía en particular y a una forma de vida democrática en general.

La LOMCE significa un recorrido en sentido contrario al que necesita nuestro sistema educativo porque propugna un Estado empresario que rinde la democracia al sistema económico. Así justificaron la impugnación de la derogación de la LOMCE y siguen sometiendo todas sus actuaciones a la lógica mercantil. El derecho a la educación no se consigue con modelos de gestión que buscan una mayor eficacia reduciendo los costes (hasta un 3,8% del PIB como está proponiendo para 2018 el Gobierno a Bruselas). Además, responsabilizan de los resultados al profesorado, al alumnado y a sus familias, y no a la falta de recursos y al modelo competitivo y selectivo de escuelas que desmantelan el proyecto solidario de vertebración social.

Estando en uno de los países con más segregación escolar por nivel socioeconómico de Europa, el tercero en pobreza infantil después de Rumanía y Grecia y donde han aumentado los casos judiciales de violencia machista en adolescentes en un 30%, no necesitamos un nuevo proyecto de ley que refuerce el privilegio.

Las organizaciones sindicales (CCOO, Stes, CGT), de padres y madres de alumnos (CEAPA), los colectivos sociales (Mareas por la educación pública, Europa Laica, La educación que nos une, MRP, Colectivos de educación infantil, Foro de Sevilla…) y grupos políticos (PSOE y Unidos Podemos) ante la preocupación por la deriva mercantilista de nuestro sistema educativo, fueron convocados por “Redes por otra política educativa” el pasado 15 de marzo en una mesa redonda celebrada en el Parlamento. Coincidieron en una serie de propuestas:

  1. La imposibilidad de seguir participando en un pacto que desprecia a la comunidad educativa y la negociación democrática. Sin recuperar los recortes y tener una financiación suficiente (base el 5% del PIB) no se pueden plantear soluciones. CCOO junto a otros sindicatos y CEAPA decidieron abandonar la comisión técnica del Consejo Escolar del Estado para no dar coartada al gobierno con su participación y validar su trampa a la sociedad con un supuesto pacto social inexistente.
  2. Derogación de la LOMCE y los recortes. Levantar el veto de la mesa del Parlamento a la derogación de la LOMCE y empezar inmediatamente considerar las iniciativas parlamentarias que cuentan con el apoyo de la comunidad educativa.
  3. Plantear una nueva ley educativa a favor de la mayoría social que debe tomar como punto de partida el Documento de bases en el que han participado las entidades de “Redes por otra política educativa”, que cuenta con un gran consenso y defiende el modelo de escuela pública y el derecho a la educación de alumnos y alumnas desde el nacimiento y a lo largo de la vida. Abierta a que puedan unirse más colectivos en su debate y construcción con un consenso social real.
  4. Conseguir una ley que trabaje por el bienestar común, evitando todas las segregaciones: por sexo, lingüísticas, socioeconómicas, por religión, por talento… Sin concesiones a la enseñanza como negocio. La ideología de la LOMCE supone un aumento del fracaso escolar, la segregación temprana y la expulsión del alumnado de los centros con la promoción de itinerarios, las evaluaciones y rankings, la segregación por sexos y la competitividad creada en el sistema educativo por el sentido mercantilista de dicha ley.
  5. Garantizar la democratización de los centros con una autonomía real y la participación de la comunidad escolar. Restituir las competencias del Consejo Escolar del Centro y del Claustro, garantizar su carácter laico, eliminar el modelo autoritario y antidemocrático de nombramiento de directores y directoras de la LOMCE. Así como evitar la supresión de líneas en los centros educativos públicos para favorecer la educación privada-concertada.
  6. Generar nuevos currículos y métodos adaptados a las necesidades del alumnado (laicos, plurales, integrales), con conocimientos adaptados al contexto y relaciones educativas inéditas frente a las impuestas. Recursos humanos y materiales para el apoyo a la diversidad en el aula.
  7. Oportunidad de retomar las movilizaciones en torno a propuestas, reforzando alianzas y estableciendo calendarios.

La derogación de la LOMCE necesita que los partidos políticos sean responsables y coherentes con los compromisos que adquirieron. La educación y el futuro está por encima de luchas políticas que solo provocan perplejidad a la sociedad.

Carmen Rodríguez, Julio Rogero, Rodrigo J. García, Francisco Imbernón y Montse Milán. Miembros del Foro de Sevilla.

Fuente: http://eldiariodelaeducacion.com/blog/2018/03/23/el-gobierno-nunca-pretendio-realizar-un-pacto-educativo/

Imagen tomada de: http://otrasvoceseneducacion.org/wp-content/uploads/2017/11/espa%C3%B1a3-750×410.jpg

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De la justicia punitiva a la justicia restaurativa

Trabajemos, de manera positiva, por el desarrollo y aprendizaje de una justicia restaurativa en todo nuestro alumnado, la mejor garantía para otro tipo de sociedad en el futuro.

Todavía estamos impresionados por la muerte violenta del niño Gabriel en Almería. Y estamos aún más impresionados por las reacciones que ha habido a este asesinato. Descubierta la identidad de quien lo llevó a cabo, se han sucedido numerosos comentarios contra ella, señalando su condición de mujer, negra e inmigrante. A la vez, hemos asistido al espectáculo, difícil de adjetivar, de la discusión en el Congreso sobre la ampliación de supuestos en los que aplicar la pena de prisión permanente revisable, con el fondo de éste y otros sucesos graves sucedidos recientemente.

Son muchas las ideas que, pensando desde la convivencia, acuden a nuestra mente. La permanencia soterrada de actitudes racistas que, a la menor ocasión, salen a la luz y se manifiestan abiertamente. El predominio de la justicia punitiva, “el que la hace la paga”, con el intento de linchamiento de la supuesta culpable. El oportunismo de determinados políticos, aprovechando el dolor de las víctimas para sus propios intereses electorales… Sólo la actitud de la madre de Gabriel, pidiendo calma y cordura y demandando la desaparición de actitudes de odio y venganza nos ha abierto una cierta esperanza.

Es necesario, por supuesto, respetar y solidarizarse con el dolor de los familiares de las víctimas, que merecen todo nuestro cariño y apoyo. Y, a la vez, desde esta actitud, es necesario denunciar otras actitudes que aparecen de manera colateral, señalando el predominio del razonamiento puramente emocional, con olvido de determinados valores éticos imprescindibles para la buena convivencia. ¿Cómo actuar de una manera justa? ¿Cómo proteger y apoyar a las víctimas y conseguir la reparación del daño causado y, a la vez, no dejar de lado a quien ha cometido ese daño y mal a esas personas y a la sociedad en su conjunto?

Muchas personas que nos hemos dedicado a la educación y al trabajo y desarrollo de valores éticos en nuestras niñas y niños y adolescentes nos hemos vuelto a plantear, una y otra vez en estos días, las preguntas acerca del sentido que tiene la reeducación de aquellas conductas que son contrarias a la convivencia, la orientación que damos a las medidas sancionadoras que aplicamos cotidianamente en nuestros centros, los principios que están detrás de nuestras acciones de corrección de las conductas.

Un aprendizaje básico de nuestros alumnos y alumnas es saber que toda conducta contraria a la convivencia tiene consecuencias y que debe ser corregida. Nadie quiere ni defiende la permisividad, que nada suceda después de determinados comportamientos, ya que eso sería nefasto para la convivencia. Las diferencias surgen cuando se trata de concretar las acciones consecuentes, cómo abordar la corrección de estas conductas.

Puede decirse que existen dos modelos de actuación, desde la justicia punitiva y desde la justicia restaurativa. Aunque ambos defienden y comparten la preocupación por el buen clima de convivencia, las diferencias en cuanto al modo de actuación a seguir son importantes. Y, si analizamos y seguimos lo publicado estos días en relación con los sucesos antes señalados, veremos que ambos siguen presentes más allá del centro escolar, conformando actitudes duraderas a lo largo de la vida. De ahí su importancia y la necesidad de abordarlo de una manera reflexiva en nuestras prácticas educativas diarias de la escuela.

“¿Quién es el culpable?”, es la pregunta básica que da origen a la respuesta punitiva. Es necesario identificarlo y, una vez conseguido, aplicarle las sanciones previstas en la normativa y legislación correspondiente. Es a través de los castigos como una persona aprende acerca de la maldad e incorrección de su conducta. Y el resto de las personas aprende también qué conductas debe evitar, ejerciendo así el castigo un efecto preventivo para la erradicación de este tipo de conductas. Las sanciones deben ser proporcionales a la gravedad de las conductas y, recogidas en un buen reglamento o legislación, ser difundidas para su conocimiento y eficacia.

Sin embargo, no siempre es así y este planteamiento puramente punitivo, basado en el carácter preventivo y ejemplificante de las sanciones, no siempre resulta eficaz. Pocas veces quien no respeta las normas tiene en cuenta lo que le va a suceder ya que, por lo general, son personas que apenas han desarrollado el pensamiento consecuencial respecto de sus acciones. La emoción del miedo, supuestamente básica para evitar estas conductas, es ampliamente anulada por otras emociones, que sirven de apoyo a otros pensamientos y conductas muy diferentes a las inicialmente buscadas. Además, las sanciones nos muestran sólo qué conductas hay que evitar, pero no nos señalan qué conductas hay que promover y poner en práctica, mostrando así su insuficiencia para la promoción de las conductas adecuadas.

Desde un planteamiento restaurativo la pregunta fundamental se centra en el daño causado y en cómo proporcionar una respuesta adecuada a la nueva situación que ha aparecido en la sociedad. ¿Cuál fue el daño causado, cuáles son las necesidades que hay que atender en el conjunto del grupo social? Son las preguntas básicas que orientan este planteamiento restaurativo, muy diferente al puramente punitivo y sancionador.

En la respuesta a esta nueva situación, y siguiendo a Galtung, se busca, en primer lugar, la reparación del daño causado. Si, como suele suceder con frecuencia en un centro educativo, ha habido una falta de respeto a una persona o un acto de vandalismo hacia los bienes comunes del centro, lo primero será pedir disculpas, de la forma más adecuada, a la persona que ha sido agredida o reparar y hacerse cargo del gasto económico que tenga la restitución de ese daño causado.

En segundo lugar, desde el modelo restaurativo, se tratará de buscar la reconciliación entre las personas, ya que la relación entre las mismas habrá quedado dañada por lo sucedido y es necesario adoptar medidas para recuperar la buena relación entre ellas. No es suficiente, para ello, la aplicación sin más de una sanción, Es necesario diseñar y aplicar otras medidas específicas, algo que, lamentablemente, en pocas ocasiones tiene lugar en los problemas de convivencia que surgen en los centros educativos.

Por último, desde el planteamiento restaurativo se aborda la resolución del conflicto concreto, abordando las causas y los factores que han originado el mismo. Así, por ejemplo, difícilmente se podrá abordar un problema de disciplina sin abordar la situación académica de un determinado alumno/a que, muy probablemente, tiene una serie de necesidades académicas básicas y que presenta lagunas importantes de determinados conocimientos en distintas asignaturas y materias. Y es que, sólo abordando este nivel de actuación, podremos tener seguridad respecto de la no repetición de esa situación de quiebra de la convivencia que queremos erradicar.

La adopción de este modelo restaurativo en los centros educativos sólo es posible si se hace desde la propia comunidad, fomentando y fortaleciendo la participación de todas las personas vinculadas con el centro (profesorado, alumnado, familias y personal no docente), y creando las estructuras necesarias para su aplicación y gestión. La manera como se abordan los conflictos en los centros, las prácticas de mediación o la implantación de las prácticas restaurativas son buenos ejemplos de ello.

No vale sólo con quejarse y lamentarse de determinadas reacciones que tienen lugar ante sucesos concretos, trágicos e inexplicables, que aparecen en nuestra sociedad. Analicemos cómo estamos educando a nuestros chicos y chicas, qué concepto de justicia estamos desarrollando en ellos y ellas, cómo les enseñamos a responder ante situaciones, menos graves pero muy similares en determinados aspectos, en las que la convivencia queda seriamente dañada. Y trabajemos, de manera positiva, por el desarrollo y aprendizaje de una justicia restaurativa en todo nuestro alumnado, la mejor garantía para otro tipo de sociedad en el futuro.

Pedro Mª Uruñuela. Asociación CONVIVES

Fuente: http://eldiariodelaeducacion.com/convivenciayeducacionenvalores/2018/04/03/de-la-justicia-punitiva-a-la-justicia-restaurativa/

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Lecciones para después de una crisis

Por: Alejandro Tiana

Lo ocurrido alrededor de Cristina Cifuentes y de la Universidad Rey Juan Carlos debe valer para reflexionar sobre autonomía, transparencia, financiación y titulaciones de las universidades públicas españolas.

A partir de finales del pasado mes de marzo, las universidades se convirtieron en objeto de escrutinio y comenzaron a ocupar un amplio espacio en los medios de comunicación e incluso en las conversaciones cotidianas de muchos ciudadanos. El motivo es bien conocido: el escándalo motivado por el título de máster obtenido irregularmente en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) por la ya dimisionaria presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Lo que podía parecer un hecho exclusivamente referido a una persona (relevante, eso sí) y a una universidad concreta, adquirió tintes de crisis general, afectando al conjunto del sistema universitario español y muy especialmente a las universidades públicas.

En mi opinión, no era para menos, dadas las circunstancias que conocemos del asunto. Todo apunta a que una persona con una alta responsabilidad política habría recibido un rechazable trato de favor en la consecución de un título académico oficial por parte de una universidad pública de su propia comunidad autónoma. Cuando surgieron las primeras denuncias todas las miradas se volvieron hacia esa universidad, pero también, de rechazo, hacia el mundo universitario en general. ¿Cómo era posible que un caso así se diera? ¿Quién había adoptado esas decisiones tan claramente irregulares para beneficiar a una persona concreta? ¿Por qué motivo se habían eludido los habituales controles académicos que aseguran la corrección de los títulos emitidos? ¿Se trataba de un caso aislado o desgraciadamente era una muestra de prácticas más extendidas? El limitado conocimiento y una cierta desconfianza hacia el funcionamiento de las universidades contribuyeron a que esas preguntas se difundiesen rápidamente y diesen lugar a numerosos comentarios, algunos certeros, pero otros con falta de información, cuando no claramente sesgados. Y si a todo ello se añade el desvío de responsabilidades que algunos medios y personalidades políticas hicieron del asunto, trasladándolas directa y exclusivamente a la universidad (y de paso a las universidades), es lógico que se generase una tormenta casi perfecta que situó al sistema universitario público en el ojo del huracán.

Ahora, una vez pasados los momentos más álgidos de la crisis, no debemos hacer como si nada hubiese sucedido. Las críticas y los ataques que hemos recibido las universidades merecen una reflexión detenida y una respuesta convincente. Nos las debemos a nosotros mismos y también a la opinión pública.

Desde mi punto de vista, lo primero que se debe reconocer, antes de entrar en otras consideraciones, es que algo estaremos haciendo mal cuando no conseguimos una mayor complicidad y confianza por parte de muchos ciudadanos. Los universitarios estamos convencidos de que la tarea que desarrollamos es valiosa, está al servicio de nuestra sociedad y colabora al crecimiento de nuestros ciudadanos, pero parece que no conseguimos que esa sensación se difunda con mayor contundencia, al menos con tanta como para lograr un apoyo mayoritario, que necesitamos. Y eso que me parece indudable que la universidad española ha experimentado un progreso muy destacable en las últimas décadas, que le ha permitido alcanzar unas cotas que nunca había conseguido en su historia. Aunque haya voces que ponen en entredicho tal progreso, los datos son contundentes, como mostraba claramente el presidente de la CRUE en un reciente artículo publicado en El País, que merece la pena leer con atención y cuyos argumentos no reproduciré de nuevo. No se trata de defender un honor herido, sino de justificar que las universidades prestan en condiciones más que satisfactorias el servicio que la sociedad española demanda legítimamente.

Dicho esto, el escándalo vivido pone de manifiesto que existen algunas irregularidades en el funcionamiento de nuestras universidades que, aunque no sean excesivas, requieren que actuemos con decisión. El hecho de que en su mayor parte se detecten internamente es una buena noticia, pues quiere decir que existen mecanismos de garantía del correcto funcionamiento de las instituciones. En un mundo universitario tan amplio como el español, que abarca tantos organismos y tantas personas, no debe extrañar que se puedan producir conductas incorrectas. Lo importante es que se actúe tan pronto como se detecten. Y eso es precisamente lo que la experiencia demuestra que sucede, pues existen casos anómalos detectados y ya corregidos por las propias universidades, fuera del foco mediático. Y esa debe ser una norma habitual de actuación.

Por otra parte, no basta con corregir esos casos inaceptables, sino que deben existir mecanismos de control que impidan que se produzcan. Conviene recordar que las universidades públicas estamos sometidas a múltiples controles, por parte de los órganos de fiscalización y de las administraciones públicas, que nos ayudan a detectar las disfunciones que puedan producirse y a evitar que aparezcan casos de malas prácticas. Esos mecanismos indispensables, que resultan a veces incluso algo exagerados, unidos a los que internamente poseemos, nos ayudan a organizarnos y funcionar mejor y a ser más transparentes.

Y buscando más allá de ese juego de controles y correcciones, habría que buscar solución para algunos de los problemas que vive la universidad española y que deberíamos afrontar con decisión. No tengo ninguna duda de que el principal consiste en la escasa autonomía que poseen las universidades, que las hace dependientes y tributarias de los poderes políticos. Es una idea que he expuesto antes en este medio, por lo que no abundaré más en ello. Pero debo insistir en que la combinación de autonomía y rendición de cuentas constituye la base necesaria para la prestación de un servicio eficaz e independiente. Sin un buen planteamiento, más decidido, acerca de la autonomía universitaria, nos será difícil mantener una línea de actuación consistente, independiente y comprometida con nuestra misión científica y social.

Hay algunos otros asuntos, de menor entidad que este, que también merece la pena revisar. Comenzaré por referirme a las garantías exigibles a los títulos propios que ofrecemos las universidades. Resulta necesario establecer sistemas rigurosos de control de su calidad y su pertinencia, concibiéndolos como parte integral de nuestra oferta académica y no como un añadido marginal. A ello habría que añadir la necesidad de revisar nuestra oferta académica en general, con objeto de ofrecer una formación y unas titulaciones adecuadas a las necesidades actuales y las demandas sociales que se manifiestan.

La reciente incorporación al Espacio Europeo de Educación Superior nos ha hecho modificar nuestro modelo tradicional de titulaciones y es seguro que debemos replantearnos algunos aspectos concretos del nuevo, así como la oferta que realizamos de grados y másteres. Y otro tanto diría en relación con la necesidad de adoptar políticas transparentes de personal, tanto docente e investigador como de administración y servicios, que eviten las sospechas de favoritismo o endogamia, que tanto daño hacen. Y por si ello fuese poco, resulta necesario dotar a las universidades de los recursos que necesitamos para cumplir nuestra misión. No se trata de reclamar más recursos por principio, como he escrito también en este medio, sino de asegurar que recibimos los medios necesarios para prestar un buen servicio público.

En suma, esta crisis nos ha servido para presentar ante nosotros mismos y ante la opinión pública algunos de los asuntos que deben reclamar nuestra atención e impulsar nuestra acción en estos próximos tiempos. Las respuestas y soluciones dependerán unas de nosotros mismos y otras de nuestras autoridades de tutela. Pero todos debemos colaborar en encontrarlas y aplicarlas. A fin de cuentas, estamos hablando del futuro de una de las instituciones más antiguas que poseemos y que, lejos de ser vieja y obsoleta, está en una magnífica situación para seguir contribuyendo de manera renovada a la mejora de nuestra sociedad y de nuestros conciudadanos.

Fuente: http://eldiariodelaeducacion.com/blog/2018/05/08/lecciones-para-despues-de-una-crisis/

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