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¿Cuál es el rumbo en la educación básica?

Por:  Manuel Gil Antón 

Alicia, en el país de las maravillas, llega a una encrucijada. Duda. Pregunta al gato Cheshire: “¿Qué camino debo tomar?” Él responde: “Eso depende mucho del lugar adonde quieras ir… Si no sabes adónde quieres ir, no importa qué camino sigas”. A pesar de su aparente obviedad, lo que Lewis Carroll escribe en ese diálogo es genial. Yo añadiría que tan necesario es saber el destino como el sitio desde el cual se va a partir: esas coordenadas de arranque son cruciales para decidir la ruta a emprender.

Concedamos que sabemos, en educación, el “lugar” al que se quiere ir: incrementar de manera sustantiva el aprendizaje. Incluso, en nuestros días, se ha estipulado que el calzado a emplear en la caminata y la vestimenta, por sintetizar la propuesta, es el de la pedagogía crítica y el trabajo por proyectos. Ya en esta segunda condición, no sabemos cuál es la proporción del magisterio que cuenta con esos zapatos, si son de su talla, ni si la ropa idónea para el trayecto que está en su haber le queda bien.

Y, además, es muy importante, sobre todo cuando se va a iniciar una nueva administración, tener claridad acerca de la ubicación en que están las y los maestros, si entendemos por ello la comprensión, más allá del vocabulario oficial a repetir, de lo que significa el empleo de esos atuendos, propuestos en este escrito como analogía de la interiorización, aceptación y capacidad para conducir esa modalidad de trabajo pedagógico.

Tanto el punto de partida como el equipo intelectual y material para hacer factible la meta, es variable dada la inmensidad de personas que conforman a los profesionales de la educación, y la diversidad de contextos, modalidades, niveles, tipos de procesos planteles educativos en los que están inmersos.

De nada sirve que quienes han enarbolado la propuesta de la Nueva Escuela Mexicana, y la pusieron en marcha casi de un día para otro, muy cerca del final del sexenio, exclamen que todo marcha bien, que ya se realizó la más grande transformación educativa del país y vamos viento en popa hacia la educación liberadora.

Tampoco es útil afirmar que quien pregunta sobre el rumbo, los aperos y las condiciones iniciales, es un traidor a la patria al que se le opondrá el torso desnudo de quienes confunden al voluntarismo y la balandronada con la responsabilidad de conducir una transformación educativa muy compleja.

Lo que se requiere, a mi entender, es generar un proceso de evaluación independiente de quienes impulsan el cambio (para que no sesgue su mirada el aprecio natural por su proyecto), que permita conocer la comprensión y la capacidad de llevar a cabo las innovaciones por parte del magisterio, sus opiniones al respecto, y si el avance en el conocimiento significativo, a dos años de haber iniciado el andar, da muestras de estar aumentando.

Imagino factible, en los primeros meses del nuevo gobierno, la puesta en marcha de esta indagación con base en muestras bien construidas (el INEGI tiene experiencia de sobra para ello) que arrojen luz sobre el momento en que estamos: anticipo que ni es el oscuro averno que pregonan unos, ni la idílica llegada el cielo (eso es a lo que refiere la excelencia) esgrimida por otros.

La vida misma, y la social sin duda, si se observan bien, muestran siempre distintos tonos de grises: el blanco o negro es signo innegable de ignorancia.

Si no sabes dónde estás, es imposible decidir el camino que te lleve a donde quieres ir, aunque vayas muy de prisa.

Profesor del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México

Fuente de la información:  https://revistaaula.com

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Las consultas del SNTE: una farsa

Por:  Abelardo Carro Nava 

Durante seis largos años, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), liderado por Alfonso Cepeda, no movió un solo dedo para defender a los trabajadores de la educación que continua y reiteradamente fueron violentados en sus derechos laborales y profesionales a partir de los procesos de admisión, promoción, reconocimiento y/o cambios de centro de trabajo que “organizaba” la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM).

No, no hubo poder humano que lo llevara a plantarse frente a este órgano administrativo para exigir un poquito de transparencia en cada proceso. Bueno, qué podría esperarse de un sindicato que tal concepto lo ha ignorado, no de ahorita, sino desde hace varias, pero varias décadas. No, tampoco se plantó frente a esta unidad administrativa para exigir la aplicación de un poquito de la ley que contempla la Constitución de nuestro país, la Ley General de Educación o la misma Ley del SCMM para que dichos procesos fueran justos y/o equitativos, pero, sobre todo, cuidando que dicha ley no trasgrediera los derechos de los trabajadores de la educación. Claro, qué podría esperarse de un sindicato que la ley, no de ahorita, sino desde hace varias décadas, la ignora anteponiendo sus propios intereses y los de sus familiares, compadres y amigos, ya sea en la asignación de plazas y/o puestos al interior del propio sindicado, en la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal o estatales, o en las diferentes escuelas que conforman el sistema educativo a lo largo y ancho de la República Mexicana; corrupción algunos le llaman. No, no hubo queja magisterial emanada de la base que, por mínima que fuera, lo llevara a movilizar a sus agremiados frente a las oficinas, ya sea de esta unidad, de la Secretaría de Gobierno y/o de Palacio Nacional, para exigir una revisión profunda de un sistema que, como antaño: discrimina y excluye, violenta y agrede, etiqueta y clasifica; en fin, de un sistema que difícilmente puede ser concebido de esta manera, dadas las incontables fallas permanentes que presenta.

¿Por qué de buenas a primeras habría que creerle a este sindicato que hoy sí está preocupado por las y los trabajadores de la educación y, por tal motivo, deba de formular una propuesta “construida” por las maestras y maestros para que se cuente con un sistema que deje de atropellar los derechos laborales y profesionales de dichos trabajadores si durante el sexenio de Peña Nieto y López Obrador no hizo absolutamente nada para revertir todo aquello que hoy finge reconocer y que por ello deba contarse con un nuevo sistema que al fin de cuentas sigue siendo un sistema? Tal idea, la de la consulta que recientemente lanzó esta organización sindical es una falta de respeto a la inteligencia no solo del magisterio, sino a todas aquellas personas que cuenten con eso llamamos intelecto.

Esto es así porque, en primer lugar, resulta increíble que este sindicato este a favor de mantener un sistema que, como he dicho y es conocido, genera una desigualdad laboral y salarial importantísima; desigualdad que comenzó desde el momento en que estuvo de acuerdo en la implementación de un programa (muy neoliberal) de estímulos salariales plasmados en el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y que, hasta la fecha continua, pero con otro nombre. En segundo, porque la sola idea de proponer una consulta suena a una farsa mayúscula que falta a la inteligencia humana porque, se sabe, que independientemente de que participen maestras y maestros en dicha consulta, los resultados siempre serán a modo de lo que el líder desea; si esto no fuera así, ¿se imaginan cómo quedaría este líder magisterial ante quien desea rendir cuentas de su propia encuesta? En tercer lugar, considerando el cinismo que ha caracterizado a varios de sus líderes, tomar como bandera de “lucha” y “conquista sindical” la transformación de esta unidad administrativa que, de sobra se sabe, no goza de la simpatía del magisterio ni de la presidencia o futura presidencia de la República, es una intentona para legitimarse y/o posicionarse ante el poder que le sirve o pretende servir indiscriminadamente. En quinto lugar, además de las anteriores, personalmente pienso que el charrismo que caracteriza a muchos de estos líderes sigue tan vigente pues, como es sabido, tal cuestión podría llevarles a ocupar un mejor puesto, por ejemplo, en las Cámaras de Diputados o Senadores.

No, no se trata de hacer circo, maroma y teatro para aparentar ser un paladín defensor de las causas de los trabajadores de la educación. No, no se trata de “entregar” a un gremio cuya nobleza, muchas veces los lleva a actuar en consecuencia. No, no se trata se trata de ser faltarle el respeto al magisterio con consultas “chafas” y a modo cuya finalidad tiende a beneficiar a quien la aplica, pero no a quien la contesta.

Se trata pues, se salir a la calle, de ensuciarse los zapatos y de dialogar con el magisterio, pero con todo el magisterio sin que haya escenarios a modo o intimidadores prestos para callar voces cuyas expresiones no suelen ser de su agrado.

¿A poco alguien cree que la propuesta de la próxima presidenta de nuestro país no saldrá avante en las próximas semanas o meses con el SNTE o sin el SNTE?

¡Consultas, sí cómo no! Ya estamos grandecitos para ello.

Al tiempo.

Fuente de la información:  https://revistaaula.com

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Si La Reforma Educativa Neoliberal Se Quiere Abrogar, Por Las Estructuras Ocupacionales Hay Que Empezar

El 27 de mayo del 2019, integrantes de la Comisión Nacional Única Negociadora de la CNTE gritaron en palacio nacional: ¡YA CAYÓ, YA CAYÓ! ¡LA REFORMA NEOLIBERAL YA CAYÓ! [1].

Casi seis años después, luego de un período de letargo y aparente desmovilización, la CNTE volvió a agruparse, reactivó consignas, realizó plantones e incluso un paro indefinido como medida de presión para demandar respeto a la vida interna de la organización gremial, una compensación nacional única, aumento salarial, basificación a docentes y la abrogación total de la reforma neoliberal[2] que se supone fue cancelada.

Muy bien, nunca es tarde para reconocer que la reforma neoliberal siempre no cayó; tampoco que AMLO incumplió sus promesas de campaña y que el gobierno de la 4T mantuvo, legitimó y profundizó las bases neoliberales de la reforma 2013.

Así las cosas, nos encontramos frente a una situación contradictoria que conlleva el riesgo de repetir la historia de la falsa cancelación si no se logra plantear con claridad y contundencia, qué se entiende por abrogación de la reforma neoliberal, qué es lo que debe ser eliminado y con qué propuesta será sustituido.

Por ahora, Claudia Sheinbaum lleva la delantera; al recibir la constancia que la acredita como presidenta electa, aprovechó la ocasión para anunciar la desaparición de la USICAMM, enviando al magisterio dentro y fuera de la CNTE un mensaje, una señal de que sus demandas han sido escuchadas y ya están siendo atendidas[3]. Si se considera que sustituir la USICAMM por otro organismo es sinónimo de abrogación, como en su momento ocurrió con la eliminación de la evaluación de desempeño con fines de permanencia, en seis años más estaremos frente al mismo panorama, reeditando la historia de la falsa cancelación o abrogación. Así que más vale desmenuzar el asunto y aclarar algunas cuestiones básicas.

Para empezar, la evaluación docente no es la reforma educativa, tampoco la USICAMM. Ambos forman parte de los medios de acción gubernamental -iniciativas, programas, acciones, proyectos, organismos, cambios institucionales decisiones, etc.- para intervenir en determinados problemas de gobierno. De manera que cuando se demanda abrogar, es decir, desaparecer, eliminar, borrar del mapa una reforma, es necesario mirar tanto las particularidades como el conjunto de elementos y procedimientos que la hacen de corte neoliberal.

Si todo se reduce a quitar o cambiar de nombre a un organismo, pero no se modifican las estrategias, formas y mecanismos que dan forma al control administrativo, pedagógico, profesional y burocrático del magisterio, del trabajo que realizan y las condiciones en que lo hacen, entonces no se estará abrogando nada.

De todos estos elementos, uno de ellos resulta particularmente importante no solo por el peso que tiene en los procesos de evaluación y asignación de plazas vacantes; su influencia se extiende a la organización y funcionamiento de las escuelas, contribuyendo a la super explotación del trabajo docente, que como hemos dicho en otros trabajos, es el fundamento del sistema educativo.  Nos referimos a las estructuras ocupacionales vigentes mencionadas en el artículo 93 de la LGSCMM como el elemento regulador del sistema de carrera.

¿Qué son las estructuras ocupacionales?

En mayo de 2016, cuando la reforma de Peña Nieto se encontraba en pleno despliegue consultando a los docentes sobre el Nuevo Modelo Educativo, la Subsecretaria de Planeación, Evaluación y Coordinación junto con la Oficialía Mayor de la SEP, emitieron los criterios y el procedimiento a observar por las autoridades educativas estatales y federales,  “para la operación de los movimientos de creación, cancelación, conversión, reubicación, transferencia, cambio de centro de trabajo y promoción que impliquen modificación del Analítico de Plazas Federalizadas y Conciliadas, a efecto de atender las necesidades educativas y la mejora de los aprendizajes de los alumnos en sus respectivos ámbitos de competencia[4].

En dicho documento se define la estructura ocupacional en estos términos: “Organización que corresponde a cada una de las escuelas de acuerdo a la demanda educativa que atienden, a partir de la cual se describe por Modelo de Administración de Personal y función, el tipo y cantidad de cargos o puestos para el cumplimiento de los fines que tienen encomendados” (p. 3)

Esto deja en muy claro que el criterio central para la definición de tales estructuras es la demanda del servicio educativo en cada escuela[5], no la oferta. Significa también que es la SEP federal quien determina el tipo de cargos, nombramientos o puestos que conforman la plantilla de personal reconocida en una escuela, en función de la demanda, no de la naturaleza y complejidad del trabajo a realizar. Esto conlleva múltiples implicaciones.

Contar o no con determinado número de docentes o con personal especializado en artes, música, deportes o educación especial pagados por el Estado, depende del número de alumnos que atiende una escuela; esto aplica también para reducir, fusionar o desaparecen grupos y/o turnos.

Los directivos escolares tienen que detectar y justificar las necesidades de personal y enviarlas a la SEP para su revisión y autorización; a su vez, la SEP constantemente les solicita reportar licencias, permisos, incidencias, manteniendo permanentemente actualizada la información sobre la plantilla de personal de cada escuela.

Prestar atención a lo que afecta al magisterio

El canon crítico repitió una y otra vez que la reforma de Peña Nieto no era educativa sino administrativa, que se reducía a la evaluación punitiva y carecía de modelo pedagógico; componentes tanto o más lesivos para los docentes, como la normalidad mínima, quedaron velados, al igual que sus efectos.

Desde la reforma 2013 las estructuras ocupacionales vigentes se adoptaron como el modelo de administración escolar por puestos, como cualquier empresa que busca garantizar la calidad de sus productos. La reforma educativa de la 4T retomó, perfeccionó y extendió este modelo; profundizó las estructuras ocupacionales. Basta revisar las Reglas para la autorización y revisión de las estructuras ocupacionales vigentes, publicadas mediante el Acuerdo 23/11/22[6] para comprobarlo.

Con base en criterios normativos (Ley general de educación, la del sistema para la carrera de maestras y maestros, la de coordinación fiscal, el plan nacional de desarrollo 2019-2024 y el programa sectorial de educación 2020-2024), pedagógicos (fundamentos, principios y objetivos de la nueva escuela mexicana; el marco curricular común de educación media; los planes y programas para preescolar, primaria, secundaria y media superior, etc.) y operativos (necesidades del servicio, matricula, planta docente habilitada, recursos disponibles para cubrir las plantillas de personal de cada escuela, número de aulas y espacios disponibles), se detalla un intrincado y extenso mecanismo de autorización y revisión de estructuras ocupacionales, a cargo de un grupo de trabajo integrado por funcionarios del más alto nivel designados por la Subsecretaría de Educación Básica y Media Superior.

Este grupo de trabajo revisa, autoriza las estructuras ocupacionales vigentes y puede proponer a las autoridades educativas el proceso de cancelación-creación o conversión de plazas para avanzar en la regularización de las categorías del personal docente, de manera que éstas sean acordes al cargo, función y nivel educativo en que se desempeñan.

En síntesis, las estructuras ocupacionales vigentes determinan:

  • El tipo de puestos autorizados y la cantidad de maestros en cada escuela
  • El trabajo y funciones que las maestras y maestros deben desarrollar al interior de la escuela dentro y fuera de su jornada laboral.
  • El número de alumnos por grupo y por escuela; de no cubrirse un mínimo, el sistema reduce o elimina puestos.
  • Determinan plazas, perfiles y funciones del magisterio
  • Supuestamente se definen con base en criterios normativos, pedagógicos y operativos, pero en realidad dichos criterios formales encubren los verdaderos: las “necesidades del servicio”, es decir, hacer cada vez más con menos en función de la demanda.

Eliminar las estructuras ocupacionales es romper la cadena de la super explotación.

Examinar con lupa este tema de las estructuras ocupacionales vigentes, nos parece un punto de atención urgente, un tema ineludible de negociación, una demanda magisterial central si la abrogación de la reforma neoliberal va en serio.

El procedimiento de revisión y autorización de estructuras ocupacionales se estableció desde 2016 por la SEP sin la participación de representación alguna del magisterio. Luego la reforma de la 4T retomó, perfeccionó y extendió el modelo y sus respectivos procedimientos a las escuelas estatales.

Con fines de evaluación docente, queda en manos de las autoridades estatales revisar la plantilla de personal de cada escuela para identificar e informar al nivel federal el número de vacantes.

El Plan de Estudios 2022 no basta para construir una narrativa distinta a la neoliberal, como tampoco es suficiente la eliminación de la USICAMM para abrogar la reforma; desde ahí no vendrá ninguna revolución educativa, mucho menos la cancelación efectiva de la reforma neoliberal. Mientras las condiciones de trabajo no mejoren, los docentes continuarán asumiendo cada vez más responsabilidades, realizando más tareas y actividades, tratando de resolver problemas que se incrementan y los rebasan. Si el llamado de la CNTE a abrogar, ahora sí, la mal llamada cancelación de la reforma neoliberal 2013 que en realidad no cayó -aunque el gobierno de la 4T se empeñó todo el sexenio en convencernos de lo contrario-, es necesario develar el modelo empresarial de administración de recursos, hoy día encarnado en las estructuras ocupacionales vigentes como el mecanismo productor de la super explotación, ésa que escamotea derechos, alimenta la meritocracia individual que tanto cuestiona el nuevo plan de estudios e incrementa las afectaciones laborales, personales, de salud, etc., que desde hace bastante tiempo atrás padece el magisterio.


[1] “Ya cayó, ya cayó, la Reforma ya cayó”, gritan líderes de la CNTE en Palacio, con AMLO (VIDEO) – SinEmbargo MX

[2] La Jornada – Entrega CNTE pliego petitorio en Palacio Nacional.

[3] ¿Qué es USICAMM y por qué Claudia Sheinbaum prometió desaparecerlo? | El Gráfico Historias y noticias en un solo lugar (elgrafico.mx)

[4]Criterios y procedimientos que deberán observar las autoridades educativas para realizar movimientos de creación, cancelación, conversión, reubicación, transferencia, cambio de centro de

trabajo y promoción relativas a plazas federalizadas.

[5] Microsoft Word – Seguimiento RIME_SPD 22-10-18.docx (www.gob.mx)

[6] ACUERDO número 23/11/22 por el que se emiten las Reglas para la autorización y revisión de las estructuras


Fuente de la información e imagen:  https://insurgenciamagisterial.com

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En un mundo digitalizado: ¿prohibir el celular en las escuelas es una opción?

Por: Luciana Jouli y Nerina Tarditto*

En el mes de agosto el gobierno de la ciudad de Buenos Aires en Argentina emitió una normativa según la cual en las escuelas primarias y los jardines las/os estudiantes no podrán usar los celulares durante las clases y los recreos, mientras que en el nivel secundario los teléfonos y tablets deberán estar guardados durante las horas de clase. Esta medida impactará a 566.000 estudiantes tanto de escuelas públicas como privadas y según el Ministerio de Educación de la ciudad de Buenos Aires fue consensuada con equipos docentes, especialistas, representantes de ONGs y hasta la sociedad de pediatría argentina.  La medida que generó opiniones a favor y en contra, trae nuevamente a la discusión, las implicancias de las tecnologías en el aula.

Lucas Aguilera en su libro Nueva Fase define a la digitalización como “una de las determinaciones fundamentales de la nueva fase del momento capitalista”. En este sentido resulta necesario debatir si la prohibición del celular en las aulas es la solución a los problemas de la educación.

Ahora bien, resulta sorprendente que en la ciudad de Buenos Aires gobernada por Jorge Macri  se prohíba el celular ya que el mismísimo jefe de gobierno en el año 2022, mientras era intendente de Vicente Lopez, celebró y trabajó para lograr la certificación de la primera escuela pública por la empresa tecnológica Google con el argumento de “mejorar la calidad educativa”. Es difícil comprender cómo por un lado Jorge Macri certifica escuelas con índices de las grandes empresas tecnológicas del mundo para que definan los destinos de la educación pública mientras que, como jefe de gobierno, prohíbe el uso de los dispositivos tecnológicos en  el lugar en el qué las y los estudiantes pasan más de seis horas diarias.

Cuando hablamos de calidad educativa, ¿desde qué parámetros y para quién?  ¿A qué intereses responden estas medidas?

La cartera educativa en CABA está a cargo de Mercedes Miguel, quien fue Secretaría de Innovación y Calidad Educativa durante el gobierno nacional de Mauricio Macri y tiene en su equipo a Oscar Mauricio Ghillione, quien fue Secretario de Gestión Educativa en el mismo periodo. Ambos vinculados con ONGs como Grupo Sophia y Enseñá por Argentina. Los actores se repiten y las políticas educativas también. La ministra prohíbe los celulares mientras realiza conferencias y entrevistas con la plataforma educativa Ticmas, la cual se especializa en áreas como software engineering, e-learning y creatividad entre otros y tiene como aliados a actores económicos como Disney, Google for education y Amazon.

En una entrevista que brindó a Página 12 la doctora en educación y ex viceministra de de educación Adriana Puigross sostiene que la política educativa del gobierno de Javier Milei,  con similitudes con el de Jorge Macri, “está muy vinculada a la idea de desarmar el Estado nacional, desarmar lo colectivo” para responder a los intereses de las grandes empresas, lo cual puede verse en las vinculaciones qué la ministra mantiene por ejemplo con la empresa Edunexo y Ticmas. Detrás de estas plataformas están los gigantes tecnológicos queriendo imponer su modelo económico.

Dice Adriana Puigross que “comunidad es un aula escolar; ahí hay comunidad y se produce sociedad. El tema es que se pone la tecnología por encima del diálogo humano”. Y en este punto es donde como comunidad educativa resulta interesante el debate sobre el uso del celular. Esa extensión de nuestro cuerpo qué denominamos celular además de ser el elemento con el que: nos comunicamos con la familia, amigos y hasta desconocidos, pagamos todo aquello qué compramos, ingresamos a un aula virtual para ver la nota de un examen y hacemos un trámite de AFIP, también es una herramienta fundamental para el trabajo con las infancias y juventudes del mundo actual.

Dice Mariana Dato, profesora en Ciencias de la Educación en una nota qué brindó al medio La Gaceta: “En un país donde el acceso a un celular es absolutamente más fácil que poder comprar una computadora, se lo puede utilizar como recurso didáctico en muchas materias, y si se compara su precio con el de los libros escolares (desde $50.000), resulta una inversión”.

La decisión es qué hacemos con esa herramienta, como la utilizamos, cómo sabemos trabajar con ella. La formación docente en el uso de las tecnologías resulta hace ya tiempo una demanda constante. En el año 2010 se fundó el Programa Conectar Igualdad desde el que se brindaron computadoras y formación para estudiantes y docentes. Los años pasaron y las políticas educativas, en general,  no respondieron  a los cambios económicos mundiales, atravesados en todas sus aristas por la digitalización.

Valeria Sardi y Jesica Baez, autoras del libro Pedagogías feministas, propuestas para imaginar y sentir las aulas sostienen en una nota qué brindaron al medio página 12 que “el celular no es un problema de chicos, chicas y chiques, es un problema social, cultural, que estamos atravesando todos.” Ademas sostienen que es importante “repensar las aulas desde pedagogías no tradicionales ”, poner el foco en lo que verdaderamente sucede y en los intereses, emociones, problemas que tienen las/os estudiantes

Nuevamente, las/os infancias y juventudes son mirados desde una mirada negativa y frente a las adversidades que hoy a atraviesan  en las aulas, la prohibición está antes que el deseo y las necesidades que ellos demandan.

El mundo se digitaliza, el celular es una extensión de nuestro cuerpo y ¿la decisión política para resolver los problemas de la educación es eliminar el celular? En el sector educativo se vienen dando debates sobre cómo usar las herramientas digitales en el aula, no sobre cómo eliminarlas. Pero para ello es necesario también el acceso a la conectividad y a los dispositivos en el aula como parte fundamental del derecho a la educación. Javier Milei desvaloriza la tarea docente con salarios por debajo de la canasta básica. Sin embargo, gracias a los acuerdos de Milei y Elon Musk, a  través de un acuerdo con Unicef, el gobierno de Salta ya entregó 28 kits de Starlink, el servicio de internet satelital de Elon Musk, para escuelas rurales, lo cual según informó el gobierno brindará  conexión a más de 1700 estudiantes salteños. Y en este contexto permitámonos preguntarnos recordando al pedagogo Paulo Freire, ¿a quien favorece? ¿a favor de quién son estas decisiones? ¿Y quienes somos los desfavorecidos? Nos preguntamos sí en esta disputa de intereses, se piensa en la igualdad de aprendizajes y de oportunidades para las/os estudiantes.

Frente a un proyecto educativo que busca la prohibición y eliminación de herramientas en un mundo digitalizado existe otro proyecto educativo donde el celular puede ser una herramienta fundamental para construir, disputar y organizar un nuevo sentido común donde las infancias y juventudes pueden tener su voz y donde las y los actores de la comunidad educativa sean protagonistas de la los destinos del proyecto educativo.

La conectividad y los dispositivos tecnológicos pueden ser un camino para construir un proyecto comunitario que genere contenido y conocimiento que esté a disposición de los intereses de cada espacio que genere conocimiento.

* Jouli es Licenciada en Educación Especial y Tarditto es Profesora de Lengua y Literatura y Diplomada en ESI, géneros y sexualidades. Ambas miembros del Centro de Estudios y Formación en Política Educativa (CEFOPED), asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)

Argentina | En un mundo digitalizado: ¿prohibir el celular en las escuelas es una opción? – Por Luciana Jouli y Nerina Tarditto

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Brasil: Lula, el agronegocio y los sin tierra

    Lula, el agronegocio y los sin tierra

Tyler Antonio Lynch

Lula ha apostado a las concesiones a las élites del agronegocio como elemento necesario para avanzar en su proyecto redistributivo. Sin embargo, esas mismas élites pueden poner un freno a todo su programa.

En septiembre de 2023, Brasil, el mayor exportador neto de productos agrícolas del mundo, anunció la mayor cosecha de cereales de su historia. Los agricultores produjeron la asombrosa cifra de 322 millones de toneladas de maíz, soja y trigo, según el jefe de estadísticas agrícolas del gobierno, 50,1 millones más que el año anterior. Durante el primer año de Luiz Inácio Lula da Silva como Presidente, el enorme sector agroindustrial brasileño nunca había sido tan productivo.

Pero las cosechas récord no han hecho que Lula o su Partido de los Trabajadores (PT) se sientan cómodos con el sector. Este oponiéndose ferozmente a los mandatos medioambientales y sociales de Lula, desde la conservación de la Amazonia hasta la redistribución de la tierra. Con un Congreso dominado por partidos de derecha aliados incondicionalmente al agronegocio, apaciguar a los agricultores a gran escala en función de alcanzar objetivos sociales más amplios sigue siendo uno de los principales retos de Lula. Su programa redistributivo pende de un hilo.

La bancada ruralista

La condición de Brasil como uno de los países más desiguales del mundo se hace patente en su sector agrícola. El 3% de la población brasileña posee dos tercios de la tierra cultivable, mientras que el 50% de las explotaciones más pequeñas se concentran en solo el 2% de ese territorio. Mientras gigantes de la alimentación y la energía como Cargill y Raízen disfrutan de cosechas récord, la mitad de los brasileños del medio rural son pobres. Unos 4,8 millones de familias rurales carecen totalmente de tierras. No es de extrañar que la agroindustria siga siendo tan conservadora y se resista incluso a reformas moderadas de sus prácticas laborales y medioambientales.

La agroindustria disfrutó de su edad de oro bajo Jair Bolsonaro. Luego de que la extrema derecha brasileña derrocara al Partido de los Trabajadores en 2016, el sector dominó el Congreso, obtuvo subvenciones masivas, dictó directamente la política agrícola y reprimió violentamente cualquier tentativa de reforma. Al volver el PT al gobierno en 2022, Lula heredó un Estado que había sobrealimentado el poder de los agrocapitalistas a niveles inimaginables.

Ese poder sigue vigente hoy en día. Mientras Lula ocupa la presidencia, el lobby del agronegocio domina el Congreso. La llamada «bancada ruralista» cuenta con 374 de los 594 diputados y senadores del Congreso, y es firme opositora. Como señala André Singer en New Left Review, el agronegocio está ansioso por reinstaurar un gobierno de derecha dispuesto a atender a sus políticas preferidas: «más armas, menos impuestos a la agroindustria y retroceso sostenido de los derechos de los trabajadores, la protección del medio ambiente y la demarcación de los territorios indígenas».

La agricultura es una de las principales líneas de fractura de la presidencia de Lula. A su derecha, el poderoso grupo del agronegocio se opone a cualquier protección laboral o medioambiental que reduzca sus beneficios. A la izquierda de Lula, movimientos sociales como el Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) pretenden presionar al gobierno para que actúe con mano dura con los grandes terratenientes y apruebe la reforma agraria. Lula, en un precario punto intermedio, ha procurado dialogar con los dos polos.

Ambos bandos siguen siendo clave para la visión socioeconómica de Lula: el agronegocio como pilar esencial de la economía brasileña, el MST como el mayor movimiento social de América Latina y viejo aliado del PT. El gobierno de Lula no ha satisfecho plenamente ni a los terratenientes ni a los sin tierra, al tiempo que ha ofrecido a ambos suficientes concesiones para evitar que rompan del todo con el PT. Este incómodo equilibrio de fuerzas ha enfriado la lucha a tres bandas entre el gobierno, la agroindustria y los trabajadores rurales hasta llevarla a un punto muerto para todos insatisfactorio.

Lula y el agronegocio

Desde el momento en que comenzó su campaña electoral en 2022, Lula reconoció la importancia de apaciguar los temores de la agroindustria ante un gobierno de izquierda. Quien pensara que trataría al agronegocio «de forma ideológica», aseguró Lula al sector, se equivocaba.

Hizo nombramientos políticos clave pensando en la agroindustria, eligiendo un vicepresidente, Geraldo Alckmin, con profundos vínculos con el sector. El Ministerio de Agricultura recayó en el exmagnate de la soja Carlos Fávaro, continuando una larga tradición de colocar a personas del sector a la cabeza de la política agraria. Lula también tardó en sustituir a los burócratas nombrados por Bolsonaro para el INCRA, la agencia estatal de reforma agraria, un hecho que desencadenaría la discordia con el MST a los pocos meses de su segundo gobierno.

Las concesiones aún mayores han llegado a través de enormes subsidios estatales. En junio de 2023 se lanzó el mayor plan de financiación agrícola de la historia de Brasil: 364 millones de reales, que superaron en casi un tercio los presupuestos de Bolsonaro. A estos fondos se sumaron tipos de interés muy favorables e incentivos para que los agricultores emplearan métodos de cultivo respetuosos con el medio ambiente. Para la agroindustria, el balance final siempre ha estado por encima de las diferencias ideológicas. «Saben que, desde el punto de vista económico, no tienen ningún problema con nosotros», declaró Lula a la prensa.

En el centro de estas políticas se encuentra la visión del PT de la «agricultura moderna»: una versión más ordenada del sistema agrícola industrial orientado a la exportación que ha dominado el Brasil rural durante décadas. Sin cambiar las estructuras fundamentales de la propiedad de la tierra y la producción de monocultivos, el PT pretende reformar las prácticas más regresivas del sector desde el punto de vista ecológico y social para convertir a Brasil en una superpotencia agrícola elegante y sostenible. Las prácticas recientemente toleradas por el gobierno de Bolsonaro —desde el trabajo forzado y la deforestación hasta el acaparamiento de tierras— son ahora pasivos para un sector agrícola estable.

Tal vez el mejor ejemplo de «agricultura moderna» sea la intención de Lula de convertir a Brasil en un exportador líder de biocombustibles. El gobierno pretende duplicar su producción de energía verde, principalmente a través del etanol de caña de azúcar, con el fin de recaudar 10.000 millones de dólares en bonos verdes en Wall Street. Este nuevo énfasis en la agricultura sostenible sigue los principios clásicos del lulismo: persigue el crecimiento dentro de los límites, así ganan todos. Si no se hacen reformas, Brasil deja de ser atractivo para el capital extranjero. «El agro sabe que si no se aprueba esta agenda», concluyó el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, «perderá el mercado internacional».

Al presionar en favor de la protección medioambiental y social como condiciones necesarias para la continuidad del crecimiento y el comercio, el gobierno de Lula intenta aprovechar las ventajas naturales del sector agrícola. De hecho, la agroindustria brasileña no es un monolito. El PT percibe una brecha creciente entre los agricultores más tradicionales, bolonaristas, agrupados en el corazón agrícola del centro de Brasil, y los defensores de una «agricultura consciente» más inclinada a la reforma, y está intentando ganarse a estos últimos. Aún está por ver si los llamamientos a una creciente prima mundial por la sostenibilidad pueden atraer a parte suficiente del agronegocio.

Los esfuerzos de Lula por restablecer las protecciones ecológicas y pro indígenas en la Amazonia post-Bolsonaro sugieren que será difícil lograr grandes victorias con la agroindustria. El agronegocio —especialmente la ganadería— es una de las principales causas de deforestación en la cuenca amazónica, y la «bancada ruralista» ha respaldado leyes que abren la región a la ganadería, la minería y el acaparamiento de tierras. Incluso las victorias de la agenda de sostenibilidad de Lula demuestran la dificultad de presionar al lobby agrícola. Aunque las leyes de «plazos» que restringen los derechos de los indígenas a la tierra acabaron siendo vetadas por el Tribunal Supremo, Lula no pudo evitar que se aprobaran en ambas cámaras del Congreso.

En última instancia, sin embargo, es poco probable que la agroindustria se arriesgue a una guerra abierta con el gobierno. El agronegocio necesita al Estado: las subvenciones, las exenciones fiscales, las infraestructuras y la diplomacia comercial son cruciales para que el sector funcione. Con los beneficios sobre la mesa, a la agroindustria no le cuesta mucho ignorar las diferencias ideológicas en nombre del pragmatismo político.

Para los agricultores más conservadores, la actitud dominante, en el mejor de los casos, es de control de daños. Aun así, mientras los precios mundiales de las materias primas se mantengan boyantes, Lula tiene una buena oportunidad de llevar a cabo una reforma gradual de las prácticas más destructivas de la agroindustria sin alienar por completo al sector. Puede que esta regulación nunca sea popular entre la clase política, pero las élites agrícolas podrían tolerarla si se produjera una mejora económica general.

Sin embargo, la tregua rural de Lula no solo se ve amenazada por los beneficiarios del paradigma agrícola vigente, sino también por aquellos a los que este ha desposeído.

El MST y Lula

El dilema de Lula se presenta a menudo como la gestión de un gobierno progresista limitado por los intereses de élites enquistadas, tanto en los bancos como en las empresas agrícolas. Sin embargo, el Presidente ha mostrado habilidad para esculpir un proyecto político que eleva a los trabajadores sin poner en peligro los altos mandos del capital. Al fomentar el crecimiento y poner pocas trabas a la acumulación de capital, el lulismo amortigua sectores clave como la agroindustria, dejando espacio político para medidas como la construcción de viviendas públicas y las transferencias de efectivo que benefician a millones de brasileños.

Así, la hostilidad pública entre Lula y el agronegocio oculta una afinidad más profunda. Lula nunca ha cuestionado seriamente las profundas jerarquías del sector agrícola brasileño. Más bien ha promovido el paradigma corporativo existente al tiempo que intentó utilizar sus beneficios para mejorar gradualmente la vida de las clases trabajadoras. Los terratenientes se han beneficiado sistemáticamente del enfoque win-win del lulismo. El PIB agrícola aumentó nada menos que un 75% durante los primeros mandatos de Lula, y las recientes concesiones demuestran su compromiso permanente de promover el crecimiento del sector.

Lula ha gestionado de forma impresionante un sector agrícola incondicionalmente derechista. Sin embargo, no es el gobierno ni la «bancada ruralista» quienes suponen una amenaza, sino una tercera fuerza. La actividad del MST en los últimos meses sugiere que cualquier «solución» a la desavenencia entre Lula y el agronegocio que ignore a los trabajadores sin tierra puede acabar construyéndose sobre arena. Aunque apaciguar al poderoso bloque agrario claramente es crucial para que Lula mantenga el poder, proteger el statu quo supone sus propios riesgos.

La larga relación del Movimiento de los Sin Tierra con el PT le ofrece puntos de apoyo únicos. El MST carece de poder para enfrentarse abiertamente al agronegocio, pero puede alterar la estabilidad rural, que sigue siendo la mayor fuente de legitimidad de Lula a ojos de la industria. Así pues, Lula se encuentra en un doble aprieto. Enfrentarse al agronegocio es políticamente suicida, mientras que descuidar al MST supone el riesgo de ocupaciones de tierras, bloqueos y reacciones populares que el gobierno no puede permitirse.

Para el MST, la elección de Lula creó unas expectativas que el gobierno apenas puede cumplir. A cuatro meses de iniciado el mandato, los movimientos de reforma agraria seguían lamentando la «falta de prioridad para la cuestión agraria». En marzo de 2023, el gobierno había instalado pocos sustitutos para los burócratas rurales de Bolsonaro, con nombramientos en organismos clave como el INCRA atascados en negociaciones interminables. Con más de dos tercios de las oficinas del INCRA dirigidas por aliados de Bolsonaro, meses después de que Lula asumiera la presidencia unas cien mil familias sin tierra languidecían en campamentos temporales con pocas posibilidades de solucionar su situación.

Molesto por la lentitud de la redistribución de la tierra, el MST lanzó en abril de 2023 una campaña nacional de protestas, bloqueos de carreteras y ocupaciones para presionar al Gobierno. Aunque las ocupaciones sacudieron a los terratenientes de todo Brasil, fue la decisión del MST de ocupar tierras propiedad de Embrapa, un centro de investigación estatal, lo que encendió las alarmas al gobierno. Un gobierno incapaz de impedir las invasiones de su propio territorio, advirtió la «bancada ruralista», era un lastre inaceptable para el agronegocio.

Deseoso de restaurar su credibilidad, Lula tomó medidas drásticas contra la ocupación, negándose a negociar hasta que el MST se retirara de la propiedad de Embrapa. Tras una serie de reuniones de emergencia del gabinete y tensas negociaciones, el MST puso fin a la acción a los pocos días de iniciada, reacio a perjudicar aún más a sus aliados políticos más cercanos.

Aunque desestabilizadores para todos los bandos, los acontecimientos de abril de 2023 no se saldaron con una ventaja clara para ninguno de ellos. El MST no está más cerca de conseguir reformas agrarias básicas, aunque ha obligado a Lula a prestar más atención al asentamiento de familias sin tierra y a apoyar financieramente los asentamientos existentes. Lula lanzó una ofensiva seductora dirigida al agronegocio, pero ni siquiera las subvenciones agrícolas récord han tranquilizado del todo al sector.

En cuanto a la «bancada ruralista», la debacle de Embrapa le dio el pretexto que necesitaba para lanzar una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) con el objetivo de criminalizar al MST y manchar a Lula por delegación. Una investigación abrumadoramente partidista —veintitrés de sus veintisiete miembros pertenecían al lobby agrario—, la CPI ha proporcionado abundante munición a los medios de comunicación opositores. Sin embargo, para octubre de 2023, la investigación se había agotado con escasos efectos tangibles. Lula se alió con los partidos centristas para frenar la investigación, y los líderes del MST celebraron la publicidad nacional que había proporcionado la CPI. «El gran perdedor fue el agronegocio», admitió el ponente principal de la Comisión.

Tyler Antonio Lynch. Magíster en Política y Estudios Internacionales por la Universidad de Cambridge. Escribe en Crooked Places en Substack.

Traducción: Natalia López

Fuente: https://jacobinlat.com/2024/08/lula-el-agronegocio-y-los-sin-tierra/

Fuente de la Información: https://rebelion.org/lula-el-agronegocio-y-los-sin-tierra/

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Argentina: Volver a la naturaleza, educando

Volver a la naturaleza, educando

“El trabajo y cuidado de la naturaleza enaltece y eleva el espíritu de las personas. La huerta no es solo la huerta, es una multitud de valores que reciben los niños naturalmente mientras no paran de crear. Es enorme la energía creadora de los chicos . Cuando vamos cosechando hacemos comidas con los niños y las compartimos”. dice Joaquín Hernandez Martin, quien da clases de Huerta Orgánica en escuelas de Ituzaingó Buenos Aires

Ver a un maestro enseñando fuera del aula, con sus alumnos atentos para aferrar lo que se está viendo, oyendo, oliendo y apresando en su cabecita en un proceso de aprehender, es emocionante. Pero a la vez tan sencillo de multiplicarlo si hubiera entera voluntad de inclusión en todos los Programas Educativos Institucionales (PEI).

“Se pueden presentar proyectos para llevar experiencias similares en colegios del estado, sólo hay que sentarse y armarlo” dice Joaquín Hernandez Martin, quien da clases de Huerta Orgánica en escuelas de Ituzaingó Buenos Aires , de nivel primaria , una de ellas lleva el nombre “Huerta Siglo 21”

“Recrearlo en otros lugares del país, sería bueno que lo implementen en todos los Colegios del Estado”. Nacido en Madrid, España hoy sus raíces están afianzadas en Ituzaingó, donde vive con su familia. Estudió en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) huerta orgánica y energías alternativas, más otros cursos de Jardinería con orientación paisajística en otras instituciones.

“ El trabajo y cuidado de la tierra enaltece y eleva el espíritu de las personas. La huerta no es solo la huerta, es una multitud de valores que reciben los niños naturalmente mientras no paran de crear. Es enorme la energía creadora de los chicos . Yo aprendo de ellos todos los días, en este maravilloso ida y vuelta que es la enseñanza. Cuando vamos cosechando hacemos comidas con los niños y las compartimos”.

Una madre orgullosa de la huerta también aprende del maestro de sus hijos preguntando “ Qué cuidados le tengo que dar a una planta de jengibre, puse un trozo en una maceta y me brotó” dice entusiasmada. A lo que “Joaco” como lo llaman sus amigos le contesta:

“ No lo riegues demasiado porque es un rizoma. Si tiene espacio crecerá como 15 x 15 . cuando se seque lo verde lo desentierras y vuelves a enterrar un trozo con yema y así siempre” ,mientras los niños siguen en la huerta conociendo flores y olores.

“Estoy a full con el colegio preparando los canteros, que eran un bosque de yuyos en las vacaciones. Marzo fue muy lluvioso y tenemos que arrancar sembrando antes que llueva de nuevo” dice el maestro. A los niños se los ve con herramientas, sus manitas y entusiasmo , un deleite que bien subrayaba el matemático y filósofo inglés Alfred Whitehead manifestando que “ Desde los primeros pasos de su educación el niño debe experimentar el placer del descubrimiento”.

“El trabajo y cuidado de la tierra enaltece y eleva el espíritu de las personas. La huerta no es solo la huerta, es una multitud de valores que reciben los niños naturalmente mientras no paran de crear. Es enorme la energía creadora de los chicos . Cuando vamos cosechando hacemos comidas con los niños y las compartimos” dice Joaquín Hernandez Martin, quien da clases de Huerta Orgánica en escuelas de Ituzaingó Buenos Aires

Ese placer que aun no fue manchado ni cooptado por los agronegocios , esos que se incrustan con engaños y premios que no sirven de nada como estas experiencias aquí descriptas.

Tampoco son “usados” los alumnos en sus vacaciones por concursos de Nidera cooptando las escuelas Agrotécnicas del país , y las Escuelas de la familia agrícola (EFA) experimentando sus semillas amorfas con los niños. No, aquí no hay lugar para la tranza , como en muchas Universidades Agrarias con laboratorios y bibliotecas donadas por las multinacionales.

Volver a la tierra , es “ Propiciar programas y acciones de educación ambiental, tanto en el sistema educativo formal como en el informal, tendientes a elevar la calidad de vida de la población” dice el Acta Constitutiva del Consejo Federal de Medio Ambiente, firmada en agosto de 1990. “Conciencia ambiental” reza el Pacto Federal Ambiental firmado en julio del año 1993. “La educación ambiental será un instrumento de la política y de la gestión ambiental” señala la Ley Nacional 25.675 del año 2002 .

Pero nada de ello se refleja en los claustros, allí donde el frío o el calor castiga a los niños por falta de infraestructura, los paros de docentes los obligan a mirar la TV , esa maestra indeseable. El ambiente no es política de Estado, solo parece serlo la minería, mientras se afianza el status cuo de la renta de la soja, ambas prácticas insostenibles e insustentables.

“La naturaleza no genera residuos” dicen los alumnos de la EEM. 214 Francisco de Asis , de Moreno Buenos Aires, quienes reciclan y trabajan todos los días, hasta después de clases, con el olor nauseabundo de los desechos de un frigorífico ubicado detrás de la escuela. “ Para lograr la calidad educativa se debe dar una articulación entre teoría y práctica en la enseñanza.Una metodología de trabajo donde los docentes y estudiantes se preparen y salgan a darle forma de gestión con la gente” Expresa su maestra inspiradora Yamila Rearte.

Otra de las profesoras que aboga por la educación ambiental es la Licenciada Graciela Pózzer de la Cátedra de Introducción a la Economía de la Universidad de Flores, Bs As. Su trabajo “ Del discurso único a la tercera vía” describe el llamado Sistema Económico, donde la persona se vuelve cosa y es el consumidor. La Economía Ambiental, cuya dificultad es asignar valor y precio a los bienes : la flora , la fauna, los recursos de agua dulce. Pero ” La Tercera Vía es la Economía Ecológica que trata estos temas desde fuera de la propia Economía, nutriéndose de cada saber científico, y de cada vocablo campesino o ciudadano”.

“Rescata a los nuevos pobres, que hasta ayer engrosaban la clase media , los datos sobre degradación ambiental, el saber indígena, popular, personal y aspira al ecodesarrollo. La inclusión social, la estabilidad, la precaución , la persona humana, la ética, la justicia (…) Esto no se impone a las comunidades desde arriba hacia abajo por unos pocos afortunados , sino por el contrario, es de las comunidades de base de donde emerge”, dice Pozzer.

Por todo ello es que la agroecología fue, es y seguirá siendo una alternativa viable para el futuro y la soberanía alimentaria.

“ Es llamativo como se maneja en este país la cuestión de la sustentabilidad. El discurso sobre la sustentabilidad y la “ecoeficiencia” ha sido cooptado en la Argentina por los impulsores de este modelo de siembra directa. Detrás de ellos están las grandes compañías de agroquímicos y semillas, que promueven las bondades de sus productos. Casi ochenta años después, las acciones de política gubernamental parecen ser copiadas de aquellas que planteara la Secretaria de Agricultura en los años treinta” dice el Dr Walter Pengue, en referencia a la creación de un nuevo Comité de Luchas contra Plagas Resistentes hasta las formas de comunicación parcial utilizadas y la demanda hacia los agricultores, como si estos fueran los culpables de la aparición de malezas resistentes al glifosato”.
“Lo único que evidencia es que el problema nuevamente no está siendo revisado como corresponde. Mientras tanto “Las compañías biotecnológicas y sus partenaires de la agroquímica sintética, festejan los nuevos escenarios por venir” advierte Pengue (1).

Volver a la Tierra será un Derecho como lo es Educar en lo ambiental. La agricultura debe volver a sus raíces y redescubrir el valor del suelo sano libre de venenos y agrotóxicos.

“Pues claro que sí” , termina la charla el maestro Joaquín Hernandez Martin, “Mis genes de Hortelano vienen de Salamanca y mi Madrid, algún día también volveré como el salmón vuelve al río que lo vió nacer, yo volveré al Manzanares!.-

(1) Bioinvasiones, Agricultura Industrial y transformaciones ambientales, Dr.Walter Pengue (GEPAMA-FADU-UBA)

Fuente de la Información: https://www.ecoportal.net/temas-especiales/educacion-ambiental/volver-a-la-naturaleza/

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México: ¿Paulo Freire en las bibliotecas escolares?

¿Paulo Freire en las bibliotecas escolares?

Pluma Invitada

¿Paulo Freire en las bibliotecas escolares del país? Todo indica que sí. De acuerdo a El Universal, “La Secretaría de Educación Pública (SEP) desembolsó 87 millones 578 mil 400 pesos para la adquisición de 4 millones 320 mil libros de la colección Paulo Freire, que serán entregados a las bibliotecas de escuelas de educación básica” (Cabadas, María, 25 de agosto, 2024).

Sin embargo, la decisión de la SEP tiene varios ángulos críticos. Primero, un asunto de forma, los recursos públicos destinados a la edición, distribución y compra de libros para la actualización docente y las bibliotecas de las escuelas básicas del país tendrían que ser de escrutinio público sin considerar este acto como un ataque de los conservadores a las acciones del gobierno en turno. El comentario viene a colación por la descalificación del director de la Conaliteg a la colega Irma Villalpando al hacer observaciones y críticas tanto a la compra de la colección Paulo Freire como a la hechura de los libros de texto de inglés de secundaria a cargo de la SEP.

Segundo punto, sobre el contenido de los libros de texto gratuitos (LTG). Hay una preocupación genuina de actores educativos, no solo en cómo se gasta, sino en qué se gasta y si efectivamente los contenidos de los libros contribuyen a mejorar la enseñanza y aprendizaje. En ese sentido, leer a Freire no le cae mal a la actualización del magisterio y a los estudiantes de casi cualquier nivel educativo. Pero, no todo es Paulo Freire por la sencilla razón que no todos los niveles de complejidad de la vida y de la realidad, y problemas del día a día los alcanzó a ver el pedagogo brasileño.

Los defensores de la compra de libro de la colección de Paulo Freire (la nota de El Universal indica que se adquirieron 18 ejemplares), bien podrían refutar y sostener que esta acción es una apuesta para fortalecer la actualización y formación del docente frente a grupo. El argumento sería que precisamente esto que no alcanzó a ver el pedagogo brasileño, sí lo podría ver el docente e integrarlo en procesos curriculares específicos como el codiseño en las fases de contextualización, lectura de la realidad y elaboración del programa analítico (interesados, ver el Acuerdo, 14/08/22).

Pero, el argumento anterior y la acción de la SEP solo confirma el sesgo que ya han advertido varios académicos. La adquisición de la colección de libros de Paulo Freire se viene a sumar al enfoque de los LTG, particularmente los que se pueden registrar en Un libro sin recetas, para la maestra y el maestro de las fases 2,3,4,5 y 6, los cuales corresponden a todo el nivel primaria y secundaria.

Un dato extra y contrastante, la SEP, a través de la Dirección General de Materiales Educativos, lanza la Convocatoria para la selección de materiales educativos biblioteca SEP centenaria para la actualización del magisterio 2023, para seleccionar hasta 10 títulos dirigidos a maestras y maestros que contribuyan a mejorar su práctica pedagógica en el marco de la NEM. ¿Cuáles fueron los temas de la convocatoria referida para poder imaginar las próximas colecciones? Una probadita: pedagogía crítica, metodologías socioculturales, Nueva Gestión Escolar, Epistemología Crítica. El lector puede imaginar los títulos que se adquirirán para la actualización del magisterio en este año 2024.

Fuente de la Información: https://www.educacionfutura.org/paulo-freire-en-las-bibliotecas-escolares/

 

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