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Los textos educativos, ¿enseñan solos?

Por: José A. Guilbauth.

Para que el proceso de comunicación educativa durante el acto didáctico sea efectivo, debe poseer unos elementos imprescindibles para lograr que el mensaje sea comprendido por el receptor, en este caso, el estudiante. Dichos elementos son el emisor (docente), el canal (medios o recursos), el mensaje (los contenidos de las asignaturas) y el receptor (estudiantes). Nos centraremos en uno de los elementos, el canal o medio de comunicación que, en el contexto educativo, serían todos los recursos y materiales que utilice el docente para promover los aprendizajes. En este caso, el puente o medio de esa comunicación docente no solo debe basarse en los textos escolares, también existe una infinidad de recursos didácticos que facilitan la enseñanza y, sobre todo, el aprendizaje de los estudiantes. Una de las funciones inherentes del docente es diseñar, crear y aplicar recursos didácticos que puedan fortalecer la buena comunicación dentro de las orientaciones e indicaciones que ofrece a sus estudiantes. El no desarrollar esta gran función nos lleva a señalar que los recursos didácticos están en crisis porque no hay quien los diseñe de acuerdo con las necesidades de sus alumnos. Como pedagogos, pensamos, que obligar a que el estudiante tenga un texto carísimo y muchas veces de otras latitudes, nos dice que los sometemos a un proceso de aprendizaje basado en un método pasivo y bancario, y no a una diversidad de recursos que hoy día las tecnologías nos ofrecen.

La población estudiantil de hoy día es de la generación punto com (la era digital) y no de la tecnología de la imprenta y el fotocopiado. Enseñar a esta generación nos compromete a diseñar recursos didácticos basados en las tecnologías, la gran mayoría de las cuales son gratuitas en la red. Lo anterior obliga a que aquel que aspira a ser un buen docente debe tener las competencias de crear y manejar recursos accesibles de la WEB 2.0. Construir portafolios, folletos digitales, blogs, wikis, chats pedagógicos, CD interactivos y guías de autoinstrucción amplía las herramientas tecnológicas que debemos emplear con los estudiantes, sin ser recursos didácticos de alto costo para el padre de familia. Debemos recordar que el medio no enseña; es el conjunto de estrategias didácticas junto a la labor del docente el que hace posible que el aprendizaje en los alumnos sea significativo. El texto escolar solo es un medio, jamás debe ser el centro para desarrollar contenidos y experiencias de aprendizajes.

Hoy vemos cómo los padres de familia hacen enormes sacrificios para obtener libros costosísimos diseñados y confeccionados la mayoría en otra realidad educativa; no por ello se convierten en la mejor opción. Lo que sí sería pertinente replicar son los ejemplos de otros países en materia de otorgar todos los textos escolares gratuitamente a través del Estado, así como las medidas para reglamentar la solicitud de textos escolares a nivel de las escuelas particulares, evitando así el abuso en cuanto a los costos. Para la reflexión de toda la comunidad planteamos algunas interrogantes: ¿Por qué no todos los docentes diseñan textos escolares que respondan a nuestra realidad y, sobre todo, a un costo accesible para los padres de la ciudad y de la campiña?, ¿por qué permitimos el uso de textos como único centro generador del aprendizaje?, ¿por qué el costo de los textos empleados en las escuelas particulares es diferente a los usados en las del Estado?

Ante estas incógnitas, nos toca como pedagogos estimular a los docentes para la creación de páginas web, blogs, foros, portafolios electrónicos y aulas virtuales, todas de tipo gratuito en donde esas lecturas, actividades colaborativas, videos y redes sociales puedan hacer el mismo papel que un libro de texto la mayoría de las veces costosísimo y fuera del contexto nacional.

Fuente: http://www.panamaamerica.com.pa/opinion/los-textos-educativos-ensenan-solos-1064198

Imagen: http://www.huaral.pe/wp-content/uploads/2011/03/Libros-escolares.jpg

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La creatividad.

Por: Fabián Cueva Jiménez.

La réplica del Ministerio de Educación a un artículo de mi autoría, aparte de una contra réplica, provocó, como tiene que ser, otras reflexiones. El mundo ha cambiado vertiginosamente, sigue y continuará cambiando, y por lo mismo, en la educación es donde más transformaciones deben ocurrir. Siento que la “revolución” educativa ecuatoriana ha realizado cambios superficiales y eso ya es un fracaso, en 10 años ni siquiera se ha anunciado una nueva propuesta que cambie el viejo modelo que responda a las necesidades del tercer milenio.
Discutimos sobre la participación ciudadana que exhibe una frondosa normativa, de cambios curriculares sin evaluación ni sustento técnico, de gremios docentes politizados creados para dividir, de estatutos orgánicos de gestión que no se cumplen, y hasta de nuevas universidades elitistas y excluyentes creadas tan solo por intereses políticos; mientras en otros países, se habla de las escuelas del futuro que se sustentan en innovaciones, de cambio de paradigma, de otras formas de “percibir, pensar, valorar y hacer” en un contexto real con leyes, teoría y aplicaciones coherentes y rigurosidad científica.
Proactivamente hablando es necesario crear una nueva escuela en la que sus actores sean sujetos activos para promover espacios de aprendizaje entre sus miembros –no como los mentores que fracasaron-, con centros de reflexión autónomos para innovar y con clara conciencia de que la educación es responsabilidad de todos, estilo FIDAL, organización altruista que premia las iniciativas de práctica docente, la investigación y la creatividad.
Esperar del Gobierno actual es una quimera. Ojalá del nuevo, ya que hay una Subsecretaría de Fundamentos Educativos y una Dirección Nacional de Investigación Educativa, con todas las prerrogativas legales, emprenda la tarea. Nos interesa escribir sobre la creatividad, su importancia como un valor dentro del proceso educativo y como componente esencial en el currículo, porque en lugar de salir a cazar talentos es mejor desarrollarla en una escuela que no la mate.

Fuente: http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1102042753#.WNfAdNI184g

Imagen: https://assets.entrepreneur.com/content/16×9/822/20160714164800-creatividad.jpeg

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Crisis educativa. Es hora de revertir la tendencia.

 Para el senador mendocino, los bajísimos niveles de calidad educativa obligan a realizar un replanteo en cuestiones de forma y de fondo.

Por Julio Cobos.

Desde hace tiempo, Argentina enfrenta una profunda y compleja crisis educativa. El presidente Mauricio Macri en su informe sobre los resultados de las evaluaciones educativas nacionales, lo confirma claramente; reconocerlo representa un paso muy importante. El sistema de evaluación Aprender es un diagnóstico de la situación que atraviesa la educación. Diagnóstico duro, desalentador, pero absolutamente necesario.

Los bajísimos niveles de calidad educativa nos obligan a replantear cuestiones de forma y de fondo. Debemos quebrar la inercia y revertir esta tendencia, hacer un verdadero cambio estructural para mejorar la calidad educativa. Muchas veces se habla en forma peyorativa de los contenidos, “hay que hablar de competencias” dicen; es claro que esa es la meta pero los contenidos son el medio necesario para alcanzarla. Comprender un texto implica fluidez de lectura, conocimiento de gramática y enciclopedia-es decir- conocimientos básicos de las distintas ciencias.

Lo mismo sucede con la incorporación de nuevas tecnológicas que en algún punto es necesario su uso y aprendizaje ya que es parte de la realidad global pero con esto no alcanza. La escuela debe enseñar a pensar. El desarrollo del pensamiento reflexivo posibilitó que generaciones que no usaban ni calculadora en la escuela hoy sean usuarios de las redes y de programas para su trabajo y esparcimiento.

Mejorar la calidad educativa implica un compromiso de todas las partes: estado, docentes, sindicatos, alumnos y padres. Si no se unifican objetivos o las partes funciona en forma disonante con el resto, las mejoras cualitativas serán imposibles de alcanzar.

Para lograr mejoras en la formación de los alumnos necesitamos previamente mejores escuelas y mejores docentes. No debemos limitar la discusión a los salarios y condiciones laborales, debemos mejorar la calidad de los docentes, capacitarlos y premiar a quienes se capacitan. La trayectoria horizontal docente promueve la formación de mejores docentes y sólo así, tendremos mejores alumnos.

También es responsabilidad de padres y alumnos revertir esta tendencia. Necesitamos a los chicos en las escuelas, aprendiendo y cumpliendo con lo que se espera de ellos. Para esto la cédula escolar busca monitorear la asistencia y trayectoria escolar, evitando la deserción y el abandono.

La escuela debe ser exigente porque es una escalera hacia el futuro de cada uno de los alumnos. Exigencia que debe empezar en la casa y seguir en las aulas y que permita a cada chico y chica explotar su propio potencial.

No podemos permitir que existan chicos que no sepan leer, escribir, interpretar y realizar operaciones matemáticas. Si esto falla, el resto lo hará también. Por eso, aumentar la carga horaria en materias básicas, masificar la doble escolaridad, realizar una evaluación permanente de los alumnos y del sistema; son algunas de las políticas a aplicar.

Hay que frenar el trasvase de la educación pública hacia la privada porque esta puede ser complementaria pero nunca suplementaria de la anterior. El Estado tiene la responsabilidad ineludible de brindar a la sociedad una educación gratuita, universal, equitativa y de excelente calidad; porque este es un principio fundacional del sistema democrático argentino.

Fuente: http://www.parlamentario.com/noticia-99691.html

Imagen: http://www.impactony.com/wp-content/uploads/2013/08/Crisis-Educativa.png

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¡Ayotzi…vive!

Abelardo Carro Nava

Desde que tengo uso de razón, he creído que el normalismo mexicano es un pilar de gran valía dentro del Sistema Educativo Mexicano (SME). ¿Por qué afirmo esto? Sencillamente porque la gran mayoría de los profesores y profesoras que se encuentran desempeñando una función docente en nuestros días, fueron formados en las aulas de las escuelas normales. Un asunto nada menor que, indiscutiblemente, hace pensar y repensar el subsistema de educación normal que existe en mi querido y amado México.

En este sentido, no puedo negar que en mis orígenes, se halla una profunda vena normalista, misma que me ha llevado a analizar concienzuda y objetivamente, cada parte de su historia, de su vida; así que con este referente deseo en esta ocasión, mi estimado lector, propiciar una reflexión en torno a un tema que sigue estando en la mente de muchos ciudadanos y educadores de este país. Como parece obvio, me referiré al caso de Ayotzinapa y a los 43 estudiantes que, hasta el momento en que cierro estas líneas, siguen desaparecidos.

Así, sin más ni más: desaparecidos. Cruda y trágica afirmación que, por más que se diga lo contrario, el hecho es en sí mismo innegable.

Las versiones que hemos escuchado y leído de los funcionarios públicos de la Secretaría de Gobernación, de la Procuraduría General de la República, de las autoridades del estado de Guerrero; en fin, de todos aquellos que tuvieron en algún momento injerencia en este lamentable asunto, no otorgan la credibilidad que, como mexicanos, esperamos. Y no son creíbles, porque las mismas indagaciones “científicas” que han presentado o expuesto, no corresponden a los hechos que en ese trágico día se vivieron.

Si usted recuerda, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que participó en las investigaciones, dio los elementos suficientes para tirar por la borda la “verdad histórica” que en su momento expuso el ex procurador Murillo Karam y, a partir de tales consideraciones, la verdad de las cosas, insisto, poco hemos sabido de los hechos, pero también, poco se ha hecho al respecto.

Como sabemos, los padres de los 43 siguen la búsqueda de sus hijos. Las manifestaciones continúan; sin embargo, parece que su esfuerzo se difumina cuando en los medios de comunicación nos enteramos que es más fácil encontrar a un ex director del Diario conocido como La Prensa, que a los estudiantes de la Normal Isidro Burgos. Ahí radica el meollo del asunto, en la falta de un estado de derecho que haga fiables y confiables las investigaciones sobre tal o cual hecho.

Con tristeza, vemos que cada día aparecen más fosas clandestinas en varios estados de mi querida República Mexicana, particularmente, en Morelos y Veracruz. Lamentablemente, observamos que son los familiares de los desaparecidos los que no han cejado es sus intentos de encontrar con vida a sus familiares y no las autoridades correspondientes.

De hecho, y como sabemos, el tema de los 43 volvió a la luz pública por el desafortunado encuentro que tuvo Andrés Manuel López Obrador con un padre de los estudiantes desaparecidos. El debate, hasta estos días, se ha centrado en “tirar” culpas entre un candidato a la Presidencia de la República y una de las instituciones del estado mexicano: el ejército. Pero, ¿por qué no se habla de los alumnos de Ayotzinapa?, ¿por qué en ese afán de protagonismo en los medios de comunicación se olvida de un tema de trascendental importancia para lograr la credibilidad del gobierno mexicano?

Tengo claro que la lucha por el poder vuelve a los seres humanos arquitectos de su propio destino; no obstante, considero que el tema educativo no debe dejarse de lado, porque si bien es cierto que existe esa “lucha” desmedida por el poder – y que hasta cierto punto es lógica –, también es cierto que hace falta atender a las escuelas normales del país pero, sobre todo, la educación que se brinda en esos centros escolares. Idea simplista si usted quiere, pero que encuentra sentido en la formación de los futuros profesores que México requiere.

Si usted tuvo la oportunidad de escuchar el mensaje que ofreció el Secretario de Educación en la presentación del “nuevo” modelo educativo el pasado 13 de marzo. Éste tocó el tema de las normales, pero así, por “encimita”, lo cual no da claridad ni certeza en una probable reforma de la educación normal. Si, con seguridad habrá quién me diga que ya se están realizando “trabajos” para fortalecer al normalismo mexicano, y es cierto, debo reconocerlo. Sin embargo, parece que todo esfuerzo es insuficiente cuando por años, que se lea muy bien, por años, se han mantenido en el olvido.

Desde mi trinchera, y en ese recorrido que he tenido en estas importantes escuelas formadoras de docentes, puedo afirmar que poco se ha avanzado en la formación de formadores o… ¿alguien conoce de un programa nacional de fortalecimiento profesional-pedagógico-didáctico para todos los docentes normalistas?

¡Ayotzi… vive!, no es un eslogan ni una frase que arenga a una multitud en torno a un lamentable suceso. Su expresión, encierra ese cúmulo de demandas que las escuelas normales ha manifestado a través de los años y que, para acabar pronto, pocos han atendido. En este sentido, debo reconocer el esfuerzo que algunas autoridades educativas han realizado a favor de las normales. Es loable, lo agradezco, lo aplaudo. Pero, insisto, no es suficiente cuando quienes nos encontramos en “el ruedo”, somos conscientes de las problemáticas que enfrenta la educación normal en un país vapuleado como el nuestro.

Culminó mis ideas expresando una más en torno al tema que me ocupa. En días pasados en la ciudad de Mérida, Yucatán, por iniciativa – excelente iniciativa – de la DGESPE, se congregaron más de 800 maestros y estudiantes normalistas en el 1er. Congreso de Investigación sobre Educación Normal. En dicho evento, fui testigo de la capacidad profesional y académica de los profesores y estudiantes de este subsistema. ¿No podrán canalizarse las energías de la SEP para impulsar a todo un sector que, hoy por hoy, es indispensable para la formación de los mexicanos?, ¿qué intereses no permiten su avance y fortalecimiento?

Éstas son preguntas que, con seguridad, quedarán en el aire; sin embargo, mientras haya momentos reflexivos como el que ahora le propongo, puedo afirmar que ese ¡Ayotzi… vive!, retumbará en lo más profundo de la educación en mi México querido.

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¡Ayotzi…vive!

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Universidad Estatal de Arkansas en Querétaro Algunas interrogantes

Roberto Rodríguez

El proyecto de establecer un campus en la ciudad de Querétaro de la Universidad Estatal de Arkansas (ASU, por sus siglas en inglés) avanza viento en popa. Si los cálculos son correctos, podrá abrir sus puertas en agosto de este año. Será la primera universidad estadounidense con sede en México y se plantea como una alianza público-privado en el campo de la educación superior.

En el portal de ASU dedicado al Campus Querétaro se puede leer que es patrocinada por una fundación privada de empresarios mexicanos, mientras que, como tal, la ASU se define como una universidad pública del estado que representa. Establecida hace más de un siglo, la ASU cuenta en la actualidad con cuatro campus: Beebe, Mountain Home, Newport, y el principal: Jonesboro, que concentra la mayor parte de su matrícula, de alrededor de quince mil estudiantes.

¿Qué tan buena universidad es la ASU? Depende qué ranking se tome en cuenta. En el ranking que produce Times Higher Education ocupa la posición ochocientos de la lista estadounidense. Por debajo, incluso, de otras universidades de aquel estado. En el US News & World Report le va mejor: la posición 59 dentro del total de universidades regionales del Sur de ese país. Las cuotas de admisión y colegiaturas oscilan entre los diferentes programas que se ofrecen, pero, un promedio anual fluctúa entre diez mil dólares al año, para estudiantes residentes en Arkansas, y quince mil al año para no residentes. A estas cifras se agregan cuotas para residencia y mantenimiento, en caso de requerirse, del orden de 13 mil dólares al año. ¿Cómo se va considerar a los estudiantes mexicanos dentro de este esquema?

Un indicador bastante socorrido en Estados Unidos sobre la calidad universitaria se expresa en su tasa de selectividad. Se parte del supuesto que, mientras mejor la institución, mayor demanda genera, y por lo tanto su cociente de selectividad es alto. En este rubro la ASU acepta aproximadamente el 70 por ciento de su demanda (dato de 2015). En contraste, las principales universidades de investigación en Estados Unidos indican tasas de selectividad en ningún caso superiores a 10 por ciento.

Los indicadores no son suficientemente precisos para un juicio concluyente, y aunque la ASU se define como una universidad de docencia e investigación, lo cierto es que sus datos la ubican, en el mejor de los casos, a media tabla. Es difícil encontrar una racionalidad estrictamente académica en el proyecto que se impulsa. Pero sí una extensa área de oportunidad de negocios.

El trato es excelente para la ASU: la parte mexicana, reunida en torno a la fundación Arkansas State University CQ, A.C., y por lo tanto pretendidamente sin fines de lucro, pone el dinero que requiere el proyecto. La primera etapa está valuada, en números redondos, en dos mil millones de pesos. Recientemente el consorcio contrató con el Grupo Financiero Multiva crédito por 600 millones de pesos para terminar los pendientes del proyecto y estar en condiciones de iniciar operaciones. El líder financiero de la iniciativa, Ricardo González Valdés, donó el terreno y ha conducido y coordinado la integración de la Asociación Civil. El propio González Valdés, nieto del ya fallecido Ricardo González Barrera, creador de Grupo Industrial Maseca y presidente de BANORTE, ha declarado que ya cuenta con los permisos de la autoridad educativa para impartir las carreras que se ofrecerán, y además con la opción de una doble titulación.

Las cifras son muy optimistas. Iniciar la Universidad con mil estudiantes y hacerla crecer, en sus distintas etapas, hasta un nivel de veinte mil. Se contempla recibir estudiantes de diferentes países, y establecer relaciones de intercambio académico con la propia ASU, aunque también con otras instituciones. Se prevé también desarrollar áreas de frontera en campos como ingeniería de sistemas, aeronáutica, y alta dirección de empresas. Se anticipa, y en ello se está trabajando, en impulsar la vinculación con la industria y las empresas de la localidad sin desatender la vocación global del proyecto. El estudiante de ASU-Querétaro debe ser bilingüe, porque uno de los compromisos de la sede central es activar la opción de que profesores estadounidenses se ocupen del diseño y en algunos casos la impartición de programas.

En el contexto de los órganos de gobierno de ASU, aunque en general el proyecto ha sido visto con beneplácito en sus diferentes versiones, y alcanzó continuidad pese al cambio de rector, no han faltado voces disidentes. Miembros de la junta directiva (Board of Trustees) del sistema estatal de universidades de Arkansas han mostrado algunos puntos opacos en el convenio o contrato: En la sesión de febrero de este año, Prince Gardner preguntó a la Junta: ¿Quién es el dueño? ¿Es solamente Ricardo? ¿Qué ocurre si desaparece? ¿Qué pasa si se decide un cambio en el control económico del corporativo?

No son preguntas triviales. Al lector interesado le recomiendo la transcripción de las intervenciones de la Junta de Gobierno en: “Mexican college all aet, ASU alters pact”, Arkansas Democrat-Gazete, 26 de febrero de 2017.

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Universidad Estatal de Arkansas en Querétaro Algunas interrogantes

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The Culture of Cruelty in Trump’s America

By Henry Giroux

For the last 40 years, the United States has pursued a ruthless form of neoliberalism that has stripped economic activity from ethical considerations and social costs. One consequence has been the emergence of a culture of cruelty in which the financial elite produce inhuman policies that treat the most vulnerable with contempt, relegating them to zones of social abandonment and forcing them to inhabit a society increasingly indifferent to human suffering. Under the Trump administration, the repressive state and market apparatuses that produced a culture of cruelty in the 19th century have returned with a vengeance, producing new levels of harsh aggression and extreme violence in US society. A culture of cruelty has become the mood of our times — a spectral lack of compassion that hovers over the ruins of democracy.

While there is much talk about the United States tipping over into authoritarianism under the Trump administration, there are few analyses that examine how a culture of cruelty has accompanied this political transition, and the role that culture plays in legitimating a massive degree of powerlessness and human suffering. The culture of cruelty has a long tradition in this country, mostly inhabiting a ghostly presence that is often denied or downplayed in historical accounts. What is new since the 1980s — and especially evident under Donald Trump’s presidency — is that the culture of cruelty has taken on a sharper edge as it has moved to the center of political power, adopting an unapologetic embrace of nativism, xenophobia and white nationalist ideology, as well as an in-your-face form of racist demagoguery. Evidence of such cruelty has long been visible in earlier calls by Republicans to force poor children who get free school lunches to work for their meals. Such policies are particularly cruel at a time when nearly «half of all children live near close to the poverty line.» Other instances include moving people from welfare to workfare without offering training programs or child care, and the cutting of children’s food stamp benefits for 16 million children in 2014.  Another recent example of this culture of cruelty was Rep. Steve King (R-Iowa) tweeting his support for Geert Wilders, a notorious white supremacist and Islamophobic Dutch politician.

Focusing on a culture of cruelty as one register of authoritarianism allows us to more deeply understand how bodies and minds are violated and human lives destroyed. It helps us to acknowledge that violence is not an abstraction, but is visceral and, as Brad Evans observes, «should never be studied in an objective and unimpassioned way. It points to a politics of the visceral that cannot be divorced from our ethical and political concerns.» For instance, it highlights how Trump’s proposed budget cuts would reduce funding for programs that provide education, legal assistance and training for thousands of workers in high-hazard industries. As Judy Conti, a federal advocacy coordinator [at the National Employment Law Project] points out, these cuts would result in «more illness, injury and death on the job.»

Rather than provide a display of moral outrage, interrogating a culture of cruelty offers critics a political and moral lens for thinking through the convergence of power, politics and everyday life. It also offers the promise of unveiling the way in which a nation demoralizes itself by adopting the position that it has no duty to provide safety nets for its citizens or care for their well-being, especially in a time of misfortune. Politically, it highlights how structures of domination bear down on individual bodies, needs, emotions and self-esteem, and how such constraints function to keep people in a state of existential crisis, if not outright despair. Ethically the concept makes visible how unjust a society has become. It helps us think through how life and death converge in ways that fundamentally transform how we understand and imagine the act of living — if not simply surviving — in a society that has lost its moral bearing and sense of social responsibility. Within the last 40 years, a harsh market fundamentalism has deregulated financial capital, imposed misery and humiliation on the poor through welfare cuts, and ushered in a new style of authoritarianism that preys upon and punishes the most vulnerable Americans.

The culture of cruelty has become a primary register of the loss of democracy in the United States. The disintegration of democratic commitments offers a perverse index of a country governed by the rich, big corporations and rapacious banks through a consolidating regime of punishment. It also reinforces the workings of a corporate-driven culture whose airwaves are filled with hate, endless spectacles of violence and an ongoing media assault on young people, the poor, Muslims and undocumented immigrants. Vast numbers of individuals are now considered disposable and are relegated to zones of social and moral abandonment. In the current climate, violence seeps into everyday life while engulfing a carceral system that embraces the death penalty and produces conditions of incarceration that house many prisoners in solitary confinement — a practice medical professionals consider one of the worse forms of torture.

In addition, Americans live in a distinctive historical moment in which the most vital safety nets, social provisions, welfare policies and health care reforms are being undermined or are under threat of elimination by right-wing ideologues in the Trump administration. For instance, Trump’s 2017 budgetary proposals, many of which were drafted by the hyperconservative Heritage Foundation, will create a degree of imposed hardship and misery that defies any sense of human decency and moral responsibility.

Public policy analyst Robert Reich argues that «the theme that unites all of Trump’s [budget] initiatives so far is their unnecessary cruelty.» Reich writes:

His new budget comes down especially hard on the poor — imposing unprecedented cuts in low-income housing, job training, food assistance, legal services, help to distressed rural communities, nutrition for new mothers and their infants, funds to keep poor families warm, even «meals on wheels.» These cuts come at a time when more American families are in poverty than ever before, including 1 in 5 children. Why is Trump doing this? To pay for the biggest hike in military spending since the 1980s. Yet the U.S. already spends more on its military than the next 7 biggest military budgets put together. His plan to repeal and «replace» the Affordable Care Act will cause 14 million Americans to lose their health insurance next year, and 24 million by 2026. Why is Trump doing this? To bestow $600 billion in tax breaks over the decade to wealthy Americans. This windfall comes at a time when the rich have accumulated more wealth than at any time in the nation’s history.

This is a demolition budget that would inflict unprecedented cruelty, misery and hardship on millions of citizens and residents. Trump’s populist rhetoric collapses under the weight of his efforts to make life even worse for the rural poor, who would have $2.6 billion cut from infrastructure investments largely used for water and sewage improvements as well as federal funds used to provide assistance so they can heat their homes. Roughly $6 billion would be cut from a housing budget that benefits 4.5 million low-income households. Other programs on the cutting block include funds to support Habitat for Humanity, the homeless, energy assistance to the poor, legal aid and a number of antipoverty programs. Trump’s mode of governance is no longer modeled on «The Apprentice.» It now takes its cues from «The Walking Dead.»

If Congress embraces Trump’s proposal, poor students would be budgeted out of access to higher education as a result of a $3.9 billion cut from the federal Pell grant program, which provides tuition assistance for low-income students entering college. Federal funds for public schools would be redistributed to privately run charter schools, while vouchers would be available for religious schools. Medical research would suffer and people would die because of the proposed $6 billion cut to the National Institutes of Health.

Trump has also called for the elimination of the National Endowment for the Arts, the National Endowment for the Humanities, the Corporation for Public Broadcasting and the Institute of Museum and Library Services, making clear that his contempt for education, science and the arts is part of an aggressive project to eliminate those institutions and public spheres that extend the capacity of people to be imaginative, think critically and be well-informed.

The $54 billion that Trump seeks to remove from the budgets of 19 agencies designed to help the poor, students, public education, academic research and the arts would instead be used to increase the military budget and build a wall along the Mexican border. The culture of cruelty is on full display here as millions would suffer for the lack of loans, federal aid and basic resources. The winners would be the Departments of Defense, Homeland Security, the private prison industry and the institutions and personnel needed to expand the police state. What Trump has provided in this budget proposal is a blueprint for eliminating the remnants of the welfare state while transforming American society into a «war-obsessed, survival-of-the fittest dystopia.»

The United States is now on a war footing and has launched a war against undocumented immigrants, Muslims, people of color, young people, the elderly, public education, science, democracy and the planet itself, to say nothing of the provocations unfolding on the world stage.  The moral obscenity and reactionary politics that inform Trump’s budget were summed up by Bernie Sanders: «At a time of massive income and wealth inequality, when 43 million Americans are living in poverty and half of older Americans have no retirement savings, we should not slash programs that senior citizens, children and working people rely on in order to provide a massive increase in spending to the military industrial complex. Trump’s priorities are exactly the opposite of where we should be heading as a nation.»

As more and more people find themselves living in a society in which the quality of life is measured through market-based metrics, such as cost-benefit analyses, it becomes difficult for the public to acknowledge or even understand the cost in human misery and everyday hardship that an increasing number of people have to endure.

A culture of cruelty highlights both how systemic injustices are lived and experienced, and how iniquitous relations of power turn the «American dream» into a dystopian nightmare in which millions of individuals and families are struggling to merely survive. This society has robbed them of a decent life, dignity and hope. I want to pose the crucial question of what a culture of cruelty looks like under a neofascist regime, and in doing so, highlight what I believe are some of its most crucial elements, all of which must be recognized if they are to be open to both criticism and resistance.

First, language is emptied of any sense of ethics and responsibility and begins to operate in the service of violence. This becomes evident as social provisions are cut for programs that help poor people, elderly people, impoverished children and people living with disabilities. This is also evident in the Trump administration’s call to scale back Medicaid and affordable, quality health insurance for millions of Americans.

Second, a survival-of-the-fittest discourse provides a breeding ground for the production of hypermasculine behaviors and hypercompetitiveness, both of which function to create a predatory culture that replaces compassion, sharing and a concern for the other. Under such circumstances, unbridled individualism and competition work to weaken democracy.

Third, references to truth and real consequences are dismissed, and facts give way to «alternative realities» where the distinction between informed assertions and falsehoods disappears. This politics of fabrication is on full display as the Trump administration narrates itself and its relationship to others and the larger world through a fog of misrepresentations and willful ignorance. Even worse, the act of state-sanctioned lying is coupled with the assertion that any critical media outlets and journalists who attempt to hold power accountable are producing «fake news.» Official lying is part of the administration’s infrastructure: The more authority figures lie the less they have to be taken seriously.

Fourth, in a culture of cruelty, the discourse of disposability extends to an increasing number of groups that are considered superfluous, redundant, excess or dangerous. In this discourse, some lives are valued and others are not. In the current moment, undocumented immigrants, Muslim refugees and Black people are targeted as potential criminals, terrorists or racial «others» who threaten the notion of a white Christian nation. Underlying the discourse of disposability is the reemerging prominence of overt white supremacy, as evidenced by an administration that has appointed white nationalists to the highest levers of power in the government and has issued a racist appeal to «law and order.» The ongoing rise of hate crimes should be no surprise in a society that has been unabashedly subjected by Trump and his cohorts to the language of hate, anti-Semitism, sexism and racism. Cultures of cruelty slip easily into both the discourse of racial cleansing and the politics of disposability.

Fifth, ignorance becomes glamorized, enforced through the use of the language of emotion, humiliation and eventually through the machinery of government deception. For example, Donald Trump once stated that he loved «uneducated people.» This did not indicate, of course, a commitment to serve people without a college education — a group that will be particularly disadvantaged under his administration. Instead, it signaled a deep-seated anti-intellectualism and a fear of critical thought itself, as well as the institutions that promote it. Limiting the public’s knowledge now becomes a precondition for cruelty.

Sixth, any form of dependency in the interest of justice and care for the «other» is viewed as a form of weakness, and becomes the object of scorn and disdain. In a culture of cruelty, it is crucial to replace shared values and bonds of trust with the bonds of fear. For the caste of warriors that make up the Trump administration, politics embraces what might be called neoliberalism on steroids, one in which the bonds of solidarity rooted in compassion and underlying the welfare state are assumed to weaken national character by draining resources away from national security and placing too large a tax burden on the rich. In this logic, solidarity equates with dependency, a weak moral character, and is dismissed as anaemic, unreliable and a poor substitute for living in a society that celebrates untrammeled competition, individual responsibility and an all-embracing individualism.

Seventh, cruelty thrives on the language of borders and walls. It replaces the discourse of bridges, generosity and compassion with a politics of divisiveness, alienation, inadequacy and fear. Trump’s call for building a wall on the Mexican border, his endless disparaging of individuals and groups on the basis of their gender, race, religion and ethnicity, and his view of a world composed of the deadly binary of «friends» and «enemies» echo the culture of a past that lost its ethical and political moorings and ended up combining the metrics of efficiency with the building of concentration camps.

Eighth, all cultures of cruelty view violence as a sacred means for addressing social problems and mediating relationships; hence, the criminalization of homelessness, poverty, mental illness, drug addiction, surviving domestic violence, reproductive choice and more.  The centrality of oppressive violence in the United States is not new, of course; it is entrenched in the country’s origins. Under Trump this violence has been embraced, openly and without apology, as an organizing principle of society. This acceleration of the reality and spectacle of violence under the Trump administration is evident, in part, in his call for increasing an already-inflated military budget by $54 billion. It is also evident in his efforts to create multiple zones of social abandonment and social death for the most vulnerable in society.

Ninth, cultures of cruelty despise democracy and work incessantly to make the word disappear from officially mandated state language. One example of this took place when Trump opted not to utter the word democracy in either his inaugural address or in his first speech to Congress. Trump’s hatred of democracy and the formative cultures that sustain it was on full display when he and his top aides referred to the critical media as the enemy of the American people and as an «opposition party.» A free press is fundamental to a society that takes seriously the idea that no democracy can exist without informed citizens. Trump has turned this rule on its head, displaying a disdain not only for a press willing to pursue the truth and hold politicians and corporations accountable, but also for those public spheres and institutions that make such a press possible. Under these circumstances, it is important to remember Hannah Arendt’s warning: «What makes it possible for a totalitarian or any other dictatorship to rule is that people are not informed … and a people that no longer can believe anything cannot make up its mind. It is deprived not only of its capacity to act but also its capacity to think and to judge.»

Tenth, all fascist regimes disparage, dismantle and destroy institutions, such as public and higher education and other public spheres where people can learn how to think critically and act responsibly. Evidence of an act of war against public spheres that are critical, self-reflective and concerned with the social good is visible in the appointment of billionaires, generals and ideological fundamentalists to cabinet positions running public agencies that many of them have vowed to destroy. What does it mean when an individual, such as Betsy DeVos, is picked to head the Department of Education even though she has worked endlessly in the past to destroy public education? How else to explain Trump appointing Scott Pruitt to head the Environmental Protection Agency, even though he does not believe that climate change is affected by human-produced carbon dioxide emissions and has spent most of his career actively opposing the authority of the EPA? At stake here is more than a culture of incompetency. This is a willful assault on public goods and the common good.

Eleventh, cultures of cruelty thrive when shared fears replace shared responsibilities. Under such conditions, an ever-expanding number of people are reduced to the status of a potential «terrorist» or «criminal,» watched constantly, and humiliated under the watchful eye of a surveillance state that inhabits practically every public and private space.

Twelfth, cultures of cruelty dispose of all vestiges of the welfare state, forcing millions to fend for themselves. Loneliness, powerlessness and uncertainty — fueled by the collapse of the public into the private — create the conditions for viewing those who receive much needed social provisions as cheaters, moochers or much worse. Under the Republican Party extremists in power, the welfare state is the enemy of the free market and is viewed as a drain on the coffers of the rich. There are no public rights in this discourse, only entitlements for the privileged, and rhetoric that promotes the moral superiority and unimpeachable character of the wealthy. The viciousness of these attacks is driven by the absolute idolatry of power of wealth, strength and unaccountable military might.

Thirteenth, massive inequalities in power, wealth and income mean time will become a burden for most Americans, who will be struggling merely to make ends meet and survive. Cruelty thrives in a society in which there seem to be only individual problems, as opposed to socially-produced problems, and it is hard to do the work of uniting against socially-produced problems under oppressive time constraints. Under such circumstances, solidarity is difficult to practice, which makes it easier for the ruling elite to use their power to engage in the relentless process of asset-stripping and the stripping of human dignity. Authoritarian regimes feed off the loyalty of those who benefit from the concentration of wealth, power and income as well as those who live in stultifying ignorance of their own oppression. Under global capitalism, the ultrarich are celebrated as the new heroes of late modernity, while their wealth and power are showcased as a measure of their innate skills, knowledge and superiority. Such spectacles function to infantilize both the general public and politics itself.

Fourteenth, under the Trump administration, the exercise of cruelty is emboldened through the stultifying vocabulary of ultranationalism, militarism and American exceptionalism that will be used to fuel further wars abroad and at home. Militarism and exceptionalism constitute the petri dish for a kind of punishment creep, in which «law and order» becomes code for the continued rise of the punishing state and the expansion of the prison-industrial complex. It also serves to legitimate a war culture that surrounds the world with military bases and promotes «democracy» through a war machine. It turns already-oppressive local police departments into SWAT teams and impoverished cities into war zones. In such a culture of cruelty, language is emptied of any meaning, freedom evaporates, human misery proliferates, and the distinction between the truth and lies disappears and the governance collapses into a sordid species of lawlessness, emboldening random acts of vigilantism and violence.

Fifteenth, mainstream media outlets are now a subsidiary of corporate control. Almost all of the dominant cultural apparatuses extending from print, audio and screen cultures are controlled by a handful of corporations. The concentration of the mainstream media in few hands constitutes a disimagination machine that wages a pedagogical war on almost any critical notion of politics that seeks to produce the conditions needed to enable more people to think and act critically. The overriding purpose of the corporate-controlled media is to drive audiences to advertisers, increase ratings and profits, legitimate the toxic spectacles and values of casino capitalism, and reproduce a toxic pedagogical fog that depoliticizes and infantilizes. Lost here are those public spaces in which the civic and radical imagination enables individuals to identify the larger historical, social, political and economic forces that bear down on their lives. The rules of commerce now dictate the meaning of what it means to be educated. Yet, spaces that promote a social imaginary and civic literacy are fundamental to a democracy if the young and old alike are to develop the knowledge, skills and values central to democratic forms of education, engagement and agency.

Underlying this form of neoliberal authoritarianism and its attendant culture of cruelty is a powerfully oppressive ideology that insists that the only unit of agency that matters is the isolated individual. Hence, mutual trust and shared visions of equality, freedom and justice give way to fears and self-blame reinforced by the neoliberal notion that individuals are solely responsible for their political, economic and social misfortunes. Consequently, a hardening of the culture is buttressed by the force of state-sanctioned cultural apparatuses that enshrine privatization in the discourse of self-reliance, unchecked self-interest, untrammeled individualism and deep distrust of anything remotely called the common good. Once again, freedom of choice becomes code for defining responsibility solely as an individual task, reinforced by a shameful appeal to character.

Many liberal critics and progressives argue that choice absent constraints feeds the rise of Ayn Rand’s ideology of rabid individualism and unchecked greed. But they are only partly right. What they miss in this neofascist moment is that the systemic cruelty and moral irresponsibility at the heart of neoliberalism make Ayn Rand’s vicious framework look tame. Rand’s world has been surpassed by a ruling class of financial elites that embody not the old-style greed of Gordon Gekko in the film Wall Street, but the inhumane and destructive avarice of Patrick Bateman in American Psycho. The notion that saving money by reducing the taxes of the rich justifies eliminating health care for 24 million people is just one example of how this culture of cruelty and hardening of the culture will play out.

Under the Trump administration, a growing element of scorn is developing toward the increasing number of human beings caught in the web of oppression, marginalization, misfortune, suffering and deprivation. This scorn is fueled by a right-wing spin machine that endlessly spews out a toxic rhetoric in which all Muslims are defined as «jihadists;» the homeless are cast as «lazy» rather than as victims of oppressive structures, failed institutions and misfortune; Black people are cast as «criminals» and subjected en masse to the destructive criminal punishment system; and the public sphere is portrayed as largely for white people.

The culture of hardness and cruelty is not new to American society, but the current administration aims to deploy it in ways that sap the strength of social relations, moral compassion and collective action, offering in their place a mode of governance that promotes a pageant of suffering and violence. There will, no doubt, be an acceleration of acts of violence under the Trump administration, and the conditions for eliminating this new stage of state violence will mean not only understanding the roots of neofascism in the United States, but also eliminating the economic, political and cultural forces that have produced it. Addressing those forces means more than getting rid of Trump. We must eliminate a more pervasive irrationality in which democracy is equated with unbridled capitalism — a system driven almost exclusively by financial interests and beholden to two political parties that are hardwired to produce and reproduce neoliberal violence.

http://www.truth-out.org/opinion/item/39925-the-culture-of-cruelty-in-trump-s-america

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41 niñas guatemaltecas asesinadas por el Estado

Por: Carlos Aldana

Es impostergable pensar que el derecho a la educación también incluya la comprensión de la realidad dura que viven niños, niñas y adolescentes pobres.

Ocurrió en una fecha simbólica y fundamental: el 8 de marzo. En el contexto del día internacional de la mujer, en un hecho terrible y vergonzoso para la humanidad, un incendio en un hogar, irónicamente llamado “hogar seguro”, causó la muerte de 41 adolescentes pobres, que provenían de realidades muy diversas y complicadas (abusadas unas, con tendencias a la violencia otras). Murieron en un salón en las que estaban encerradas bajo llave. Una policía tenía la llave y varias decenas de policías rodeaban el área. Con todo ese aparato policial enfrente, el infierno se desató. Hasta el presidente de la República estaba enterado de los problemas desde una noche anterior.

Esta es una tragedia dentro de una tragedia mayor: la de la indefensión, vulnerabilidad y falta de protección integral y efectiva que el Estado de Guatemala no ha podido superar. Una niña, un niño o un adolescente de los entornos pobres, que sea víctima de cualquier tipo de abuso, termina siendo re-victimizado por el mismo Estado, puesto que este no solo no lo protege como debe hacerlo, sino que lo institucionaliza en estructuras caracterizadas por abusos, por falta de sentido y visión humanista, por falta de compromiso e identificación con los principios y valores de la doctrina de la protección integral de la niñez y la adolescencia. Incluso en estos lugares, muchos de los llamados monitores, hacen su trabajo armados. Muchos de ellos han sido denunciados por los abusos que cometen a las adolescentes. ¿Por qué trabajan allí? Muchas veces como parte de los pagos laborales por las deudas contraídas en campaña electoral. Pareciera que proteger y educar a la niñez es una función tan poco importante que no importa quiénes la realicen.

Pero existe una responsabilidad muy grave del Estado de Guatemala: no ha asegurado el derecho al desarrollo integral de toda la población, mucho menos ha logrado la vivencia y goce de derechos económicos, sociales y culturales. He aquí la causa fundamental de por qué miles de niños, niñas y adolescentes vivan situaciones de negación de la vida y la dignidad, acrecentada cuando los ingresan al supuesto sistema de protección. El derecho a la educación, desde una visión integral y profunda, no reducido a la educación formal, no se cumple en esta población, y eso acrecienta sus dificultades para vivir en el presente.

En la tragedia de ese incendio se evidenció algo que debe ser motivo de demanda al Estado: muchas niñas víctimas fueron recluidas en ese lugar para sacarlas de su realidad familiar caracterizada por el abuso. Vergonzosamente, la realidad indica que las niñas abusadas son las que tienen que abandonar sus hogares para recluirlas en lugares de tratos terribles como ese. ¿No debieran ser los abusadores adultos los que tuvieran que salir de sus entornos y ser recluidos?

A estas 41 niñas el Estado las asesinó por ausencia de un verdadero sistema de protección y por la forma de intervenir y actuar en la tragedia concreta.

Estos hechos sirven para comprender la realidad educativa, social, económica y cultural de la niñez y la adolescencia de países en los que la riqueza se encuentra concentrada en pocas manos y la pobreza se hace presente en la inmensa mayoría poblacional. Se niegan los derechos económicos, sociales y culturales que son la causa de graves condiciones de vida, pero también se niegan los derechos fundamentales, como la vida y la integridad.

Los cuerpos docentes del país saben que no están lejos de lo ocurrido en ese supuesto hogar. Porque la violencia, la vulnerabilidad, el abuso hacia las y los más pequeños, siguen estando presentes en el sistema educativo. Es impostergable pensar que el derecho a la educación también incluya la comprensión de la realidad dura que viven niños, niñas y adolescentes pobres.

La educación sin la comprensión de esa realidad puede ser un instrumento para la distracción. O para la vivencia y práctica de la asepsia que buscan los poderes para la educación.

Fuente noticia: http://eldiariodelaeducacion.com/blog/2017/03/27/41-ninas-guatemaltecas-asesinadas-por-el-estado/

Fuente imagen: http://www.telesurtv.net/__export/1489645041408/sites/telesur/img/telesur_agenda/2017/03/16/nombre_de_alguna_de_las_40_nixas_muertas_en_guatemala_-_reuters.jpg_171848334

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