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En Chile, la educación si se vende y no se defiende: La fiscalía archivará el caso lucro en las universidades.

Ya nada nos sorprende

Chile, Santiago / Febrero,  2016 / Autor: Angela Barraza Risso

Todo comenzó un 20 de junio de 2012. La diputada independiente Alejandra Sepúlveda se juntó con el entonces fiscal nacional Sabas Chahuán para denunciar que algunas casas de estudio (7 en ese momento) se estaban pasando de listos en la obtención de utilidades; vale decir, había lucro (mucho lucro). De esto se habían dado cuenta en la comisión investigadora del financiamiento de los planteles de la educación superior en la cámara de diputados.

Chahuán sumó y restó y se dio cuenta de que -como dijo el gran Bombo Fica- era sospechosa la weá. Por esta razón llamó al fiscal Gajardo (El mismo que no quiso ser Rey Guachaca) para que se hiciera cargo del asunto y lo designó como persecutor. Sin embargo, a junio de este 2016 ya serían 4 años de investigación y eso es mucho para cualquier caso. Por esta razón, de no haber avances, el caso se va a archivar y todos los esfuerzos y recursos designados a la investigación van a ir a parar a la basura.

El informe que abrió la arista penal indicaba que diversos planteles privados tenían demasiadas ganancias gracias a la triangulación de dineros que hacían con empresas que eran de ellos mismos. “Las universidades por ley deben constituirse como corporaciones privadas  sin fines de lucro, sin embargo la mayoría de las universidades privadas  vulneran la ley retirando sus excedentes mediante sociedades espejos de inversión, sociedades coligadas o empresas inmobiliarias que prestan servicios educacionales o arriendan las propiedades a las universidades”, fue lo que señalaron los diputados en parte de lo que lograron concluir después de presentar el informe.

No es de sorprenderse que, luego de que comenzara la investigación fueran apareciendo otros “delincuentes morales” (porque la ley en estos lares da para mucho y eso, según ellos los deja libres de polvo y paja) y, de 7 universidades, pasaron rapidito a ser un total de 12. Sin embargo las cosas no avanzaban tan rápido como se esperaba.

Lamentablemente y, según informa La Tercera, de acuerdo a fuentes del Ministerio Público, ocurrirá que durante el primer semestre la Fiscalía va a definir los pasos a seguir en el caso, los cuales van del sobreseimiento al archivo provisional. Esto se debe, principalmente a que los investigadores se vieron imposibilitados de conseguir avances en sus pesquisas, ya que el lucro no está tipificado como delito en la legislación chilena. ¡Y cómo no iba a ser así! Si a nuestros parlamentarios les encanta legislar para que nada que tenga que ver con comportamientos económicos indebidos y de acaparamiento de riqueza para el sentido común de cualquier ser humano sea delito.

Cabe mencionar que algunos diputados hicieron el amago de presentar un proyecto de ley que tipificara el lucro como delito, en el mes de septiembre de 2013, pero tenemos que entender que esto no fue más que un “saludo a la bandera”, una suerte de píldora para que pensáramos en la buena fe de la política, sin embargo, no es de sorprenderse que el proyecto sigue en primer trámite constitucional, a pesar de que lo lógico era que el gobierno le diera urgencia al proyecto. Pero ya tenemos claro que las prioridades del poder ejecutivo está en cualquier parte menos en lo que debe.

Obviamente, todos los involucrados están en la postura de que la fiscalía no hace más que perder su tiempo que no tiene sentido continuar esta investigación ya que se está investigando un hecho que no está tipificado como delito. Por lo tanto, ya podemos colegir que nadie de los que ha tenido la conducta impropia de generar enormes riquezas a costa de tremendos daños a los sueños de los estudiantes y a los bolsillos de sus familias, va a recibir ni siquiera “un pape” en la frente.

Una vez más, el marcador termina en empresarios y sus secuaces políticos 1 – la gente 0

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GLOBALIZACIÓN EDUCATIVA Y PLAN DE DESARROLLO

Daniel Libreros Caicedo

Profesor Universidad Pedagógica Nacional

 

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  1. Ajuste fiscal y gestión educativa:

 

La Globalización fue el resultado de un proceso de concentración de la riqueza por parte de los grupos financieros transnacionales[1] que llevó al desplazamiento de la toma de decisiones públicas de los Estados nacionales hacia los organismos multilaterales (caso OMC, BM, FMI, acuerdos regionales de integración y demás) controlados de manera corporativa por estos grupos[2]. Esto significó la privatización a escala internacional de la política y el derecho, fenómeno que aparece en las declaraciones de los neoliberales como un triunfo del mercado sobre el Estado, como una exigencia al cambio del papel tradicional de los Estados nacionales para que abandonen la intervención económica, las áreas y bienes estatales, la responsabilidad sobre los derechos colectivos y se limite al control social bien sea por la vía de la represión directa o por la búsqueda de nuevos consensos ciudadanos.

 

La reducción de los presupuestos públicos es consecuencia de esta privatización[3] pero, en Latinoamérica esta reducción, adicionalmente, hace parte de las políticas de ajuste que desde mediados de la década de los ochenta ha diseñado el FMI como garantía del pago de los endeudamientos externos[4].

Esta reducción del gasto público se acompaña de una modificación en la ejecución de las políticas públicas y de las políticas sociales basada en criterios y métodos mercantiles; es lo que explica el surgimiento de la gerencia estatal dentro de la administración pública, la cual a su vez, toma los métodos de la gerencia privada (asociados al post-fordismo, a las modificaciones empresariales en la regulación del trabajo). La gerencia de servicios, o gerencia social, propone una revisión de los procedimientos organizativos-institucionales (“reingeniería institucional”) para optimizar tiempos y recursos. De esta manera se produce un desplazamiento intencional en las discusiones públicas a propósito de los servicios: el problema ya no es de escasez de recursos fiscales sino de ausencia de gestión. Ello permite dar otro paso hacia adelante proponiendo un pacto-participativo entre sociedad y Estado para garantizar la “gestión eficiente” de los recursos públicos. En este pacto todos aquellos que se encuentren interesados en la prestación de un servicio deben aceptarla planificación y ejecución del mismo conforme a criterios de eficiencia y eficacia; así, los hospitales y las escuelas deben funcionar como si fueran fábricas.

 

Las reformas educativas han sido determinadas por estas exigencias. Los organismos internacionales empezaron a exigir la gerencia educativa cuando constataron a mediados de los años setenta que la urbanización que había empezado en la región cuatro décadas atrás produjo un aumento de las necesidades formativas de la población al tiempo que se iniciaban las políticas de ajuste fiscal. Entonces, se generalizó el mensaje de aumentar coberturas con menores recursos.[5]

 

En el aparte introductorio del plan de desarrollo de Pastrana se incluyen todos estos elementos: después de reconocer el fracaso económico, incluso con estadísticas, en lo que va corrido de la década se hace la caracterización de que es necesario reducir de manera aún más drástica el gasto público, llevando a fondo la “reingeniería institucional”, “posteriormente los últimos años vieron cómo se trató de re-orientar la acción del Estado para, en vez de homogeneizar y profundizar esas reformas, tratar de enfatizar su contenido social dándoles un sentido más asistencialista. Este esfuerzo de reorientación se concentró sobre la acción del Estado, más que sobre su organización y procedimientos…”[6]

 

La negación del asistencialismo implica reducción de recursos; así el pacto debe basarse en distribución de responsabilidades a la comunidad antes que en asignación de presupuestos, “La participación no será ya alrededor del reparto de unos recursos del gobierno central, sino en torno a la distribución de responsabilidades y a la consolidación de recursos locales para solucionar los problemas de las comunidades…[7] Además, para estabilizar este tipo de participación se requiere recuperar la legitimidad institucional y nuevos consensos ciudadanos. El proceso de paz aparece entonces para los voceros gubernamentales como el escenario en el que se deben conseguir estas metas; la paz se convierte en una necesidad imperiosa para estabilizar las políticas de ajuste, para que la sociedad produzca “capital social”[8].

No es causal, entonces, que la primera estrategia propuesta en el aparte de política educativa del plan sea la de optimizar la gestión del servicio organizándolo a la manera de un sistema basado en sinergias. “El desarrollo de los sistemas está relacionado con el fortalecimiento institucional y de la gestión del sector educativo y su consolidación favorece el desempeño y los resultados de los programas motores…”[9]. La vertebra de este sistema deberá ser el “nuevo colegio”, la institución educativa que gestionará de manera autónoma el presupuesto, el personal docente y administrativo. Para conseguir este objetivo se requiere:

 

  • Acabar con la vinculación laboral-territorial de los docentes para que en el futuro sean contratados directamente por los colegios consultando las capacidades económicas de los mismos. El plan repite el argumento de la Comisión de Racionalización del Gatos Público – 1997 (“Comisión Rosas”) sobre las supuestas bondades de la autonomía total de las escuelas para que estas racionalicen sus gastos mediante la técnica de la “contabilidad de costos”. El actual intento del Ministerio de Educación por imponer los retiros indemnizados, la evaluación-retiro y los traslados inconsultos hacen parte de una estrategia de mediano plazo. No se trata tan solo de “racionalizar plantas” y de reducir a la mitad el situado fiscal (proyecto de ley 07 de 1998), lo cual ya sería bastante perjudicial para los docentes, se trata de programar el desmonte paulatino de las nóminas territoriales para confinar a los futuros docentes a la contratación-año en los colegios, de manera similar a lo que ocurre en el sector privado y liquidando de paso el derecho a la negociación colectiva.

 

  • Transformar los mecanismo de asignación del gasto educativo generalizando el “subsidio a la demanda”, o pago estatal por matricula-alumno. Esto permite “mercantilizar” la educación pública. El estudiante que recibe dicho subsidio demandará en el servicio completando las matrículas de los que no cuentan con este aporte[10], lo cual, a su vez, es la otra cara de la moneda del desmonte de la obligación estatal de cubrir los costos históricos indexados –año en los planteles oficiales. De esta manera, se invierten las responsabilidades; ahora, el colegio es el que debe lograr su autofinanciamiento, ajustándose a los costos “per cápita” que le determinen los organismos técnicos del Estado, costos definidos conforme a los indicadores cuánticos de gestión empresarial y, además, competir por atraer el número de alumnos necesarios para el efecto. La participación de la comunidad educativa quedará atrapada en esta lógica; la comunidad sumirá parte de los gastos en las “empresas educativas”, construcción de infraestructuras, cafeterías, transporte y demás (los Fondos de Servicios Docentes ya abrieron esta posibilidad). Los PEI se convertirán en un mecanismo de presión, mucho más fuerte de lo que es ahora, hacia las comunidades educativas para que se involucren en gestionar escuelas de escasos recursos.

 

  1. Ajuste fiscal y descentralización:

 

La descentralización ha sido una de las piezas claves en el engranaje de la reforma neoliberal del Estado. Acompaña la reestructuración espacial del capital, el cual puede realizar inversiones flexibles, obligando a la competencia inter-regional; persigue una nueva espacialidad que abre mayores posibilidades a la utilización “eficiente” de los recursos y a una participación obligada a obtener “capital social”. Facilita la legitimación de las instituciones y los consensos ciudadanos participativos bajo el supuesto ideológico simple de que descentralización equivale a democratización local, como si la democracia dependiera de procedimientos institucionales que conservan el carácter elitista en la toma de decisiones[11]. Porque la descentralización acompaña un proceso centralizador tecnocrático en la definición de políticas públicas[12] se trata en lo fundamental de una descentralización en la ejecución de los servicios, funcional a orientaciones técnicas estatales impuestas por la regulación privada transnacional.

 

La descentralización fiscal es otro de los componentes de los planes de ajuste, permite la reducción de los presupuestos del gobierno central al transferir responsabilidades a los entes territoriales, aumentando la tributación local: la descentralización administrativa se concibe, igualmente, bajo los parámetros de la gestión estratégica apoyada en sistema de planeación, información y evaluación territorial; la descentralización política procura una participación condicionada por la “mercantilización social”. Con diversas variables, dadas las tradiciones históricas desiguales en la relación centro-región, la estrategia de la descentralización vine implementándose de manera generalizada, durante las últimas décadas en Latinoamérica y las reformas educativas hacen parte de estas transformaciones políticas y económicas[13].

 

El plan de desarrollo de Pastrana propone un reordenamiento presupuestal en los territorios, para que éstos aporten mayores recursos, en la perspectiva de la reducción del déficit fiscal, “la descentralización separó las decisiones sobre el gasto de aquellas que atañen a los impuestos. Tanto más, en la medida en que los municipios aumentaron sus ingresos por participantes en los ingresos centrales sin haberse visto en la necesidad de aumentar sus impuestos locales, Los niveles subnacionales, en estos casos, tienden a sobregirarse, confiando en obtener más recursos del nivel central. El fortalecimiento de los intereses regionales lleva también por esta vía a que sus representantes en el nivel central estén siempre al acecho de cada vez más recursos comunes…”[14] Termina este aparte del plan planteando un reordenamiento de los entes territoriales por provincias y regiones (el cual ya había sido anunciado en la constitución de 1991), superando su carácter de simples unidades político-administrativas. Esta autonomía que, de paso, garantice autonomía en el gasto público. La fórmula incluye una transición, la redistribución de las actuales transferencias, quitándole, desde ya, a los departamentos con mayor capacidad económica el derecho a obtenerlas, lo cual los obligará a asociarse con regiones.

 

En el aparte educativo del plan, los autores recuerdan que el sistema educativo es descentralizado y que por consiguiente el mejoramientode la gestión educativa pasa por la conformación de sistemas locales del servicio. Añaden que se requiere una redefinición de competencias en el sector de manera análoga a la de la descentralización en general y en el punto de financiación se dice textualmente. “Se adoptará como principal estrategia la reforma del esquema actual de asignación de recursos (ley 60 de 1993) con base en los criterios de evaluación por resultado, la adopción de estándares técnicos, la introducción de incentivos a la eficiencia y la población atendida y por atender como mecanismo de regulación que será administrado por los departamentos, ejecutado por los municipios y monitoreado y evaluado por el nivel nacional mediante el sistema de información de la gestión educativa…”[15].

 

Esto significa la institucionalización del circuito financiero de las transferencias basado en el subsidio a la demanda y organizado a la manera sistémica-empresarial. Territorios y colegios coordinados como unidades-sinergia que asociadas con la comunidad producen “capital social”, confinados a estabilizar demandas para que funcione el “mercado educativo”. La privatización de la educación como política pública generalizada; privatización que diluye la frontera convencional entre áreas estatales y áreas privadas.

 

La educación atrapada en una nueva forma de acumulación de capital que extendió sus tentáculos al área de los bienes públicos y que convirtió los métodos de administración empresarial en normas de funcionamiento social. La racionalización de las plantas y la evaluación de los docentes se requieren para poner en funcionamiento el “sistema empresarial educativo”. La evaluación sintetiza el propósito gerencial, obtener resultados proyectados conforme a indicadores costo-beneficio. Esto determinaría la actividad del docente. Como la pragmática del mercadeo condena a un terreno secundario la historia, la discusión epistemológica, la recreación artística y los propósitos colectivos, el universo del maestro quedaría reducido al de aplicar procedimientos que lleven a los alumnos a conseguir logros definidos por la gestión educativa, realizando evaluaciones año bajo esos parámetros. Pragmática del mercadeo que intenta proyectarse al aula para reducir a la pedagogía a una técnica-instrumental y conductista que adecue a los estudiantes a la racionalidad de la eficiencia. A esta “concepción neoliberal del mundo” solo se le puede responder con un proyecto alternativo de educación pública que les muestre a las comunidades educativas una opción que recupere el humanismo, la solidaridad, el arte y una dimensión plena de la vida. La recuperación, propuesta por FECODE, del movimiento pedagógico puede encontrar en esta perspectiva grandes posibilidades de interlocución con las comunidades educativas.

 

[1]El grupo financiero es una organización capitalista a gran escala que incluye empresas, negocio de distribución comercial y negocio de crédito; el universo del capital, en la actualidad se vértebra en torno a grupos multinacionales. Según la revista Fortune 500 multinacionales han incrementado su participación proporcional en el PIB mundial del 17% a mediados de los años 60, al 24% en 1982, y a más del 30% en 1995. Fortune – Agosto 5 de 1996. La cita, a su vez, está tomada del artículo de Frédéric Clairmont intitulado. Ces deux cents sociétes qui controlent le monde, publicado en la edición mensual de “Le Monde Diplomatique”, Abril de 1997.

[2]El nuevo derecho asociado a la globalización se viene produciendo en esos organismos de regulación transnacional. A manera de ejemplo, el “Tratado de Libre Comercio entre USA, Canadá y México incluye cláusulas que garantizan una jurisdicción internacional de protección a la inversión de las multinacionales, obligando a que los Estados las indemnicen cuando haya “perjuicios” causados por huelgas, desórdenes sociales o cambios en las reglas de juego de los gobiernos. Otro ejemplo, en el plano interno, la presión del actual gobierno de Pastrana por acabar con el artículo constitucional que posibilita la expropiación sin indemnización, en casos excepcionales, es parte de sus compromisos para poder ingresar en los pactos regionales tipo ALCA.

[3] Esta reducción fiscal fue presentada, desde el momento en que se inicia el ataque del thatcherismo y el reaganismo en contra del anterior Estado de Bienestar, como una discusión técnica-económica. El argumentogiraba entre la necesidad de políticas de estabilidad macroeconómica anti-inflacionarias y un supuesto beneficio al ahorro privado que a su vez incentivaba la inversión.

[4]En la actual coyuntura el tema de la deuda ha recobrado particular importancia. La devaluación que se viene generalizado en el continente como producto de la devaluación brasileña, el 53% de la economía regional, viene produciendo un aumento a escala de las deudas externas públicas de tal magnitud que asfixia el gasto público. En el caso colombiano, esta (sumando la de corto y largo plazo) ya llega a $17,5 billones: una devaluación de 10 puntos incrementaría la deuda pública externa en $1,7 billones. Debe tenerse en cuenta que el propio gobierno ha anunciado recientemente una devaluación de 25%, para lo que queda del año en curso, proyección que a nuestro entender se queda corta dada la magnitud de la crisis económica internacional. De llegar a cumplirse el pronóstico presidencial el incremento de la deuda pública, por ese solo concepto, sería de $5,1 billones. Además, el FMI, tal y como lo hizo en la década del ochenta, presionará a los gobiernos para que asuman parte del endeudamiento privado ($18 billones entre deuda de corto y largo plazo) por diversos mecanismos (diferencial cambiario, operaciones de salvamento, compra de títulos-deuda, etc.). Luis Guillermo Vélez, presidente de la Comisión económica del Senado, ya se pronunció a favor de la reestructuración del 50%de la deuda privada. Ver entrevista, “El Espectador”, sección salmón, pág. 4-B. Abril 4 de 1999. La consigna del no pago de la deuda externa adquiere un papel de primer orden para los trabajadores y para el conjunto de los sectores populares.

[5] En el caso de la educación superior, las estadísticas constatan que en América Latina para el periodo 1975-1985, las matriculas en educación superior crecieron en un 370% mientras que el gasto público del sector lo hizo un 210%. De esta manera el gasto público por estudiante cayó en 34%; datos tomados de ALBRECHT, D. Y ZIDERMAN, A. “Funding Mechanisms for Higher Education”. Banco Mundial, 1996.

[6]Plan Nacional de Desarrollo 1998-2002 – “cambio para construir la paz” publicado por el D.N.P. Bogotá – 1999, pág. 6.

[7]Ibíd., pág. 29.

[8]Citan la definición de Stiglitz, uno de los voceros más importantes del B.M. durante los últimos años sobre el tema “el pegamento que produce cohesión entre y al interior de los grupos” Ibíd., pág. 27. Debe tenerse en cuenta lo que implica esta definición, el reconocimiento de que hemos llegado al punto en que la producción de capital ha salido de las empresas hacia el conjunto de la sociedad obligándola a cubrir gastos que antes salían del bolsillo de los capitalistas.

[9]Ibíd., pág. 208.

[10]La mercantilización de los servicios educativos y de los servicios públicos en general es presentado por los técnicos neoliberales como el nuevo paradigma en la ejecución de los mismos. (ver “Informas Wiesner-Bird. D.N.P. Bogotá, 1991; “La Efectividad de las Políticas Públicas en Colombia”, Eduardo Wiesner, Tercer Mundo Editores, Bogotá, 1998). Esta forma de concebir la política social obedece igualmente a la privatización transnacional anotada en un principio. El papel del Estadodebe ser el de garantizar que el “mercado social” funcione, incluso en los niveles del SISBEN, se focaliza el gasto para que los pobres accedan al mercado. El Estado perdió la definición de la política social quedando reducido al papel secundario de manejar las limitaciones del “mercado de los bienes públicos”.

[11]La prueba de que la descentralización obedece a razones técnicas del funcionamiento del capital y no a un propósito democratizador está en el caso chileno Pinochet, en el periodo inicial de la dictadura fue el precursor del modelo descentralizador en América Latina.

[12]El caso colombiano sirve para ejemplificar esta tendencia política generalizada en la región. Así, mientras en el año 1986 se expidieron las normas sobre la descentralización fiscal, administrativa y políticas, tres años después se modificó la legislación presupuestal oficializándose un control técnico del Ministerio de Hacienda y del D.N.P. sobre el conjunto de las políticas sectoriales (CONPES) y sobre la ejecución del gasto público (CONFIS). La constitución del 91, al crear una tecnocracia de la moneda por fuera de las ramas del poder público, con la reforma de la Banca Central, culminará este ciclo de modificaciones tecnocráticas.

[13]La concepción de servicio asociada a la gestión educativa obliga a una articulación con las políticas descentralizadoras, pero, además, la descentralización educativa acompaña los cambios regionales hacia competitividad. Los curriculum flexible hacen parte del fraccionamiento regional competitivo que la globalización impone mediante la focalización de la inversión.

[14]“Plan Nacional de Desarrollo”, OpCit, pág. 23

[15] Ibíd. Pág. 215

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The presence of the military in our public schools.

William Ayers

 

Nota en español por OVE Editores: Para el Profesor William Ayers la educación pública en una democracia tiene como objetivo preparar ampliamente la juventud para la plena participación en la sociedad civil para que puedan tomar decisiones informadas sobre sus vidas y el futuro de la sociedad en su conjunto. El Departamento de Defensa tiene como objetivo limitar drásticamente esto en nuestras escuelas: influir en los estudiantes a «elegir» una carrera militar. El ejército exige sumisión y aceptación sumisa a la autoridad, mientras que una amplia educación para la vida democrática enfatiza la curiosidad, el escepticismo, la diversidad de opinión, investigación, iniciativa, coraje para tomar una posición impopular, y mucho más. Ayers aborda el tema en este artículo y señala que las anteriores generaciones enfrentaron los intentos del sistema para imponer una visión militarizada de la educación pública

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Ayers

 

 1. Public education is a civilian, not a military, system.

Public education in a democracy aims to broadly prepare youth for full participation in civil society so that they can make informed decisions about their lives and the future of society as a whole. The Department of the Defense has a dramatically more constrained  goal in our schools: influencing students to “choose” a military career. The military requires submissiveness and lock-step acquiescence to authority, while a broad education for democratic living emphasizes curiosity, skepticism, diversity of opinion, investigation, initiative, courage to take an unpopular stand, and more. This distinction—of a civilian, not a militarized, public education system—is one for which earlier generations fought.

During WW I, national debates took place over whether or not to include “military training” in secondary schools.  Dr. James Mackenzie, a school director, argued, in a remarkably resonant piece  published in the New York Times in 1916: “If American boys lack discipline, by all means, let us supply it, but not through a training whose avowed aim is human slaughter.” In 1917 a report issued by the Department of the Interior pointed out that “in no country in the world do educators regard military instruction in the schools as a successful substitute for the well-established systems of physical training and character building.” And in 1945 high school students in New York held public discussions about “universal military training” in schools, where some, an article noted, expressed “fears that universal military training would indicate to the world that we had a ‘chip on our shoulders.’”

 

  1. Military programs and schools are selectively targeted.

Professor Pauline Lipman of the University of Illinois at Chicago has documented that Chicago’s public military academies, along with other schools offering limited educational choices, are located overwhelmingly  in low income communities of color, while schools with rich curriculums including magnet schools, regional gifted centers, classical schools, IB programs and college prep schools are placed in whiter, wealthier communities, and in gentrifying areas. In other words, it’s no accident that Senn High School was forced to house a military school, while a nearby selective admission high school was not. This is a Defense Department strategy—target schools where students are squeezed out of the most robust opportunities, given fewer options, and  perceived, then, as more likely to enlist; recruit the most susceptible  intensively, with false promises and tactics that include bribes,  gifts, home visits, mailings, harassment,  free video games promoting the glories of war and offering chances to “kill,” and more. Indeed, the Defense Department spends as much as $2.6 billion each year on recruiting.

 

  1. Military schools and programs promote obedience and conformity.

Mayor Daley’s  claim that “[military programs] provide… students with the order and discipline that is too often lacking at home” taps into and fuels racialized perceptions and fears of unruly black and brown families and youth. They must be controlled., regulated, and made docile for their own good and for ours. An authentic commitment to the futures of these kids would involve, for a start, offering exactly what the most privileged youngsters have: art education, including dance, music instruction, theater and performance, and the visual arts,  sports and physical education, clubs and games, after-school opportunities, science and math labs, lower teacher-student ratios, smaller schools, and more. . Instead, to take one important example, a recent study by the Illinois Arts Council reports that in the city of Chicago, arts programs are distributed in the same way as the other rich educational offerings —white, wealthy communities have them, while low income communities of color have few or none.

A 16 year old student attending the naval academy in Chicago said in an interview in the Chicago Tribune: “When people see that we went to a military school, they know we’re obedient, we follow directions, we’re disciplined.”  She understood and accurately described the qualities her school aims to develop—unquestioning  rule-following.

 

  1. Military schools and programs promote and practice discrimination.

Although the Chicago Board of Education, City of Chicago, Cook County, and the State of Illinois all prohibit discrimination based on sexual orientation, the United States Military condones discrimination against lesbians, bisexuals, and gay men. Promoters of these schools and programs are willfully ignoring the fact that queer students attending these schools can’t access military college benefits or employment possibilities, and that queer teachers can’t be hired to serve as JROTC instructors in these schools. This double standard should not be tolerated. Following the courageous examples of San Francisco and Portland, Chicago should refuse to do business with organizations that discriminate against its citizens.

Military schools and programs  depend on logics of racism, conquest,  misogyny and homophobia. Military schools need unruly youth of color to turn into soldiers, and they need queers and girls as the shaming contrasts against which those soldiers will be created. In other words, soldiers aren’t sissies and they aren’t pussies, either. These disparagements are used as behavior regulators in military settings. Military public schools are a problem, not simply because  “don’t ask don’t tell” policies restrict the access of queers to full participation in the military, but because these schools require the active, systematic, and visible disparagement and destruction of queerness and queer lives. We reject the idea that queers should organize for access to the military that depends on our revilement for its existence, rather than for the right to privacy, the right to public life, and the right to life free from militarism.

We live in a city awash in the randomly, tragically spilled blood of our children. We live, all of us, in a violent nation that is regularly spilling the blood of other children, elsewhere. It sickens us to think of students marching and growing comfortable with guns.

 

 

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Hacia la construcción de sistemas de aprendizaje permanente

comunidades de aprendizaje

En este último capítulo nos vamos a referir a cómo viabilizar lo que hemos venido refiriendo. Estas vías, desde nuestra óptica, tienen que ver con la posibilidad de crear y sostener, en todos los espacios posibles, sistemas articulados de aprendizaje permanente. Y en esto, insistimos, no puede haber un solo protagonista, ni un ente centralizador, sino que debe ser generado por todos, en todas partes, y con grandes posibilidades de articularse entre sí para hacer de la sociedad un gran sistema interconectado de aprendizaje y diálogo de saberes.

Puntos de convergencia
Visto lo anterior, insistiremos en algunos puntos de partida y de convergencia, como ejes articuladores de estos espacios de aprendizaje permanente:

1. Todos, absolutamente todos, vamos a sentirnos, pensarnos y asumirnos como los hacedores de historia, como los constructores del porvenir. No todos somos líderes, y tal vez no todos tengamos el mismo reconocimiento. Pero todos, desde donde nos movemos cotidianamente, tenemos grandes y pequeños papeles que cumplir en las transformaciones sociales. Los procesos formativos han de confrontarnos con nosotros mismos, y entre sí, para reconocernos en lo que somos, y aún en lo que podemos hacer.

2. Los seres humanos, todos, vamos construyendo la Historia (con mayúscula y con minúscula), desde las realidades diarias que nos constituyen y que reconfiguramos, pero también desde nuestros sueños, nuestras esperanzas, nuestras utopías encarnadas. Claro que también tenemos que vivir criticando estos haceres y esos soñares, por cuanto pueden estar teñidos de las ideologías que sustentan el sistema capitalista dominante, y crear condiciones para vivir procesos de libertad, plenitud y creación. En la medida que podamos abrir diálogos con todos los espacios sociales posibles, nos aproximaremos a la edificación de un proyecto alternativo de nación y de sociedad. Las tareas formativas, aquí, tienen que ver con la posibilidad de compartir miradas críticas sobre la realidad (sobre todo la cotidiana) y también sobre nuestros anhelos y esperanzas.

3. La tarea inmediata es trabajar de manera compartida para crear las condiciones y medios que nos ayuden a buscar un desarrollo pleno en lo personal/ colectivo, en todas las esferas de nuestra vida. Así, la labor formativa tiene que ver con aprender y reaprender todos los días a liberarnos progresivamente de las estructuras opresivas y a ejercitar cotidianamente la liberación y la creación de nuevos estadios de vida, mediante la articulación horizontal, participativa, entre todos los espacios posibles.

Sistemas de aprendizaje permanente
Es vital, desde nuestro punto de vista, crear espacios de aprendizaje en todos los ámbitos sociales donde nos movemos: familias, vecindarios, organizaciones comunitarias, comunas, escuelas, universidades, empresas sociales, el poder municipal y estadal, etc. Ello ha de apuntar a fortalecer y desarrollar los movimientos sociales como entes diversos, plurales y heterogéneos, pero simultáneamente vinculados entre sí y con otras instancias sociales. Los espacios de aprendizaje se inician con la dedicación de ciertas horas de la semana a reunirse en algún lugar para dialogar e intercambiar ideas, saberes y aprendizajes.

Por ejemplo, los consejos comunales, las comunas, las empresas de propiedad social y las instituciones del estado pueden ser espacios privilegiados para el ejercicio del aprendizaje de la democracia, de cara a la transformación social. Ello se debe, en el caso de los dos primeros, a que son puntos de encuentro entre el gobierno municipal y el gobierno local, donde se prioriza la autonomía y los requerimientos de las comunidades.

Y, en el caso de las empresas de propiedad social y las instituciones oficiales, se trata de abrir espacios autogestionarios y de corresponsabilidad, en ámbitos organizacionales tradicionalmente imbuidos en una fuerte carga de autoritarismo y burocracia. Estamos hablando de un proceso de la mayor importancia, aunque no exento de complejidad, para la construcción de nuevas formas de existencia social.

El proceso de surgimiento y consolidación de consejos comunales y comunas, y el desarrollo de potencialidades revolucionarias en las empresas sociales requieren de la profundización del aprendizaje compartido en diversas instancias y niveles. Por ejemplo, los gobiernos municipales deben asumir una apertura hacia “arriba” (articulación con otras instancias gubernamentales y empresas sociales) y hacia “abajo” (articulación con las comunidades locales). Ello implica, por una parte, simplificar los procedimientos administrativos y agilizar la toma de decisiones, y por la otra, ampliar la capacidad de diálogo y de interacción con sus interlocutores.

En cuanto a las comunidades locales organizadas, base de los movimientos sociales, este proceso les mueve a abrirse al diálogo directo con tres tipos de actores sociales:
 Su propia gente (la comunidad en sí),
 Las otras comunidades (por ejemplo, en la creación de la red de consejos parroquiales y comunales), y
 Los gobiernos municipales, tradicionalmente alejados y casi autosuficientes.

En el caso de las instituciones oficiales, se plantea una apertura interpretativa de los grandes planes sociales y económicos de la nación, y un repensar con profundidad sus propios seres y sus fundamentos, sus modos de organización, con potencialidad transformadora. Ello representa, tanto para el gobierno municipal, regional y nacional, como para las comunidades específicas, y las empresas de producción y de propiedad social, la previsión y realización de acciones organizadas de mayor alcance y complejidad. Para emprender tales acciones, conviene desarrollar y perfeccionar a diario altos niveles de aprendizaje colectivo. Este aprendizaje no puede ser meramente espontáneo, aunque tampoco nada parecido a un programa de estudios formales. Requiere la concertación, así como la disposición actitudinal y las competencias de las personas involucradas en los distintos niveles.

Así, la conformación y el fortalecimiento de este tejido social revolucionario está relacionado con la generación de un sistema vivo de aprendizaje permanente, que involucre diversos actores: gobierno central, gobiernos municipales, regionales, y las comunidades locales.

Este sistema (alejado de atavismos burocráticos), ha de tener como horizonte el aprendizaje de la convivencia y la integración, mediante el ejercicio diario del diálogo, de la búsqueda de acuerdos, del perenne ensayo del consenso. Sólo dentro de esta intención del intercambio y el compartir, adviene el aprendizaje de la teoría/ práctica necesaria para llevar a cabo las acciones (elaboración de planes, constitución de las mesas técnicas, ejercicio participativo de presupuesto, entre muchas otras).

Se trataría, en fin, de un sistema abierto, sin jerarquías preestablecidas, que favorezca al máximo la comunicación entre los diversos actores (gobierno nacional, regional, municipal, local, así como de las respectivas comunidades), en una interacción permanente, y una constante sistematización (reflexión, análisis, conceptualización) de las experiencias desarrolladas. Una especie de atarraya, donde todos los puntos son importantes, pero lo más importante es el mantenimiento de la trama social total.

Los espacios desde donde se ha de tejer este sistema, así como la gestión del mismo, han de estar en manos de las propias comunidades y de los gobiernos locales y municipales, por una parte, y de los trabajadores de las instituciones oficiales, por la otra. Se trata de un aprendizaje desde la cotidianidad, y quienes deben desarrollarlo y administrarlo son los actores principales ya mencionados.

Estos actores, en medio de la diaria praxis de previsión y realización de acciones para el mejoramiento de la vida comunitaria, dedicarían momentos al análisis, la reflexión y el disfrute de lo que se hace, así como de la detección de los aprendizajes derivados, de modo de poder compartir esos conocimientos con otros miembros de la comunidad, y de otras comunidades. No está demás llevar registros, y pensar en publicaciones puntuales, por ejemplo: cómo dirigir una asamblea, o como ejecutar un presupuesto, o algo así como: viviendo y creciendo comunitariamente…

Sin embargo, aunque el aprendizaje relevante estará en manos de las comunidades organizadas y los gobiernos municipales, es posible contar con el respaldo de otros grupos de profesionales. Por ejemplo, pueden conformarse equipos de apoyo formativo, que favorezcan tipos específicos de aprendizaje, tales como los técnicos (cómo un diagnóstico comunitario, elaboración de presupuesto), y de apoyo a los práxico-actitudinales (llevar a cabo una negociación, tomar decisiones, etc.). Estos equipos de apoyo pudieran estar formados por universitarios, escuelas de gerencia social, y otras instancias pertinentes. Los recursos técnicos y financieros para llevar a cabo esto, requerirían de acuerdos interinstitucionales, y del aporte de las empresas de propiedad social.

La vida en las comunidades de aprendizaje
Los espacios de formación han de convertirse progresivamente en verdaderas comunidades de aprendizaje. Hablamos de seres humanos en relación cercana, capaces de reconocerse mutuamente y de compartir sentires, saberes y posibilidades. Mas, esto, lejos de distraer el sentido de la organización que comparten, ha de potenciar sus acciones y proyectos para cumplir los roles acordados y mejorar las condiciones de vida.

Sin embargo, las comunidades de aprendizaje no deben estar subordinadas a otros espacios organizacionales. Es decir, no son simples medios para el logro de los fines de la organización, sino un ámbito con perfil propio. Y, al mismo tiempo, tiene que vincularse con la vida entera de esa organización, sin sustraerse de ella.

Estas comunidades de aprendizaje serán siempre un ensayo en sí mismas, es decir, una creación permanente desde los intereses y los requerimientos vitales de sus integrantes. Algo con vida propia, con el ritmo y el estilo que las personas le vayan imprimiendo. Pueden asumir acciones como las siguientes:

 Intentar crear las reglas de juego entre todos, por consenso. Ello hará que cada quien se concentre en el grupo, y no sólo en sí mismo, y ejerciten el ponerse de acuerdo. Estas reglas tienen que pautar las vivencias compartidas del colectivo, en cuanto a tiempo, espacio, responsabilidades personales y compartidas, etc.

 Realizar acciones permanentes para fomentar la participación activa y relevante de todos los integrantes, de cara a la creación colectiva de un clima de libertad, respeto, tolerancia, solidaridad, compromiso. No se trata de imponer valores más bien abstractos, incoloros, sino de vivirlos en el transcurrir cotidiano.

 Sumergirse en un ambiente agradable, de trato respetuoso y sentida amabilidad, pero al mismo tiempo abrir cauce para la problematización constante, la crítica sistemática del mundo y la autocrítica constructiva. Ese mundo incluye sistemas complejos de vínculos personales, familiares, grupales, locales, nacionales, regionales y hasta mundiales. Más, esos sistemas no constituyen formas abstractas, ajenas, sino que están contenidos en las redes multidimensionales de relaciones que transitan nuestra vida cotidiana. Así, problematizar y cuestionar el mundo es también hurgar y transformar nuestra vida cotidiana.

 Asumir experiencias integrales e integradas con otras, de cara a la generación y desarrollo de proyectos de vida/ aprendizajes. Estos proyectos a la par que permiten el crecimiento y desarrollo interno de los seres humanos, se orientan a procesos de liberación plena, crecimiento personal y transformación progresiva de la sociedad.

 Codificar y sistematizar tales proyectos, convirtiéndoles en aprendizajes compartidos, relevantes, comunicables a personas de la misma comunidad, o de otras comunidades, por medio de informes, esquemas, gráficos, etc.

[Capítulo siete del libro Movimientos sociales en Venezuela, una propuesta transformadora, de mi autoría, publicado por la editorial venezolana El Perro y la Rana en 2012]

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Los desafíos pedagógicos de una educación emancipadora en nuestra entidad solidaria

Pablo Imen[i]

Resumen

El presente artículo es una intervención del autor en una jornada de RECZ donde se puso en marcha el proyecto de fortalecimiento y formación para Secretarías de las Comisiones en el marco del Modelo Integral de Gestión del Banco Credicoop.

La educación es una práctica social e histórica con un aspecto pedagógico y otro atravesado por la realidad (las múltiples subjetividades, la economía, la historia, las culturas, las religiones). Entre la “educación” y el “contexto” hay una relación orgánica y todo acto pedagógico supone una toma de decisión. A su vez, educar, como práctica histórica y social, supone una toma de posición ético política frente al mundo.

El mundo, pues, es territorio de disputas civilizatorias. Y el cooperativismo como movimiento social planetario tiene un lugar en este proceso histórico, así como contiene en su seno tendencias diferenciadas acerca del papel que está llamado a jugar en este mundo.

La educación y la sociedad son escenarios de disputa, y el cooperativismo –como movimiento democrático y heterogéneo– tiene distintas perspectivas y apuestas acerca del modo de ser en el mundo en tanto cooperativistas.

Palabras clave: educación emancipadora, Modelo Integral de Gestión, Banco Credicoop.

Los desafíos pedagógicos de una educación emancipadora en nuestra entidad solidaria

Abstract

The pedagogic challenges of emancipatory education in our solidarity entity This article is the author’s contribution to a RECZ meeting, where the program for the strengthening and training of the Secretariats of the Committees was launched. The meeting was held as part of the Management Integral Model of Banco Credicoop. Education is a social and historical practice with a pedagogic aspect, and a deep influence of reality (multiple subjectivities, economy, history, cultures and religions). There is an organic relationship between “education” and “context,” and every pedagogic act implies making a decision. At the same time, educating, as a historic and social practice, means adopting an ethical and political stance in the world.

The world is, therefore, the territory of civilizing disputes. And cooperativism, being a planetary social movement, plays a role in this historical process, even when, at its core, there are different tendencies regarding which is the role of cooperativism in this world. Education and society are dispute scenarios, and cooperativism, as a democratic and heterogeneous movement, encompasses different perspectives and hopes about the part that cooperativists should play.

Keywords: emancipatory education, Management Integral Model, Banco Credicoop

Resumo

Os desafios pedagógicos de uma educação emancipadora em nossa entidade solidária

O presente artigo é una intervenção do autor em uma jornada de RECZ, onde se colocou em andamentoo projeto de fortalecimento e formação de Secretarias nas Comissões do Modelo Integral de Gestão do Banco Credicoop.

A educação é uma prática social e histórica com um aspecto pedagógico, e outro atravessado pela realidade (as múltiplas subjetividades, a economia, a história, as culturas, as religiões). Entre a “educação” e o “contexto” há una relação orgânica, e todo ato pedagógico supõe una toma de decisão. Por sua vez, educar, como prática histórica e social, supõe a adoção de uma posição ético- -política diante do mundo. O mundo é, pois, um território de disputas civilizatórias. E, o cooperativismo como movimento social planetário tem um espaço nesse processo histórico, do mesmo modo, que contém no seu âmago tendências diferençadas sobre o papel que está sendo chamado a representar nesse mundo.

A educação e a sociedade são cenários de disputa, e o cooperativismo – como movimento democrático e heterogêneo – tem diferentes perspectivas e apostas sobre o modo de ser no mundo em tanto cooperativista.

Palavras-chave: Educação emancipadora, Modelo Integral de Gestão, Banco Credicoop.

Alrededor de la(s) educación(es) y los antagonismos

La educación es una práctica histórica y social que –formulado de un modo un tanto abstracto– presupone la definición de unos propósitos, el tránsito por un proceso que culmina con un aprendizaje, en buena medida  a partir de la acción de enseñanza. Supone una relación pedagógica (alguien que aprende, alguien que enseña) y un marco histórico, cultural, político e institucional en el que dicha relación pedagógica se desenvuelve. Decir esto es decir muy poco, y aun así, mucho de lo enunciado es materia de arduas controversias.

El término “educar” tiene raíces latinas, y pueden hallarse pistas en palabras que van en dirección opuesta: educere, que quiere decir “extraer”, propone que la educación es una práctica que tiene como fin lograr el despliegue de las tendencias, intereses, preocupaciones que expresa el aprendiz. Contrariamente, educare presupone la introducción de ciertos elementos del ambiente social al individuo. Empezaremos por el final diciendo que educar (al menos en una concepción amplia e imprecisa) es ambas cosas: socializar a las jóvenes generaciones y desplegar sus potencialidades. Al decir de José Martí: Educar es depositar en cada hombre toda la obra humana que le ha antecedido; es hacer a cada hombre resumen del mundo viviente, hasta el día en que vive; es ponerlo al nivel de su tiempo, para que flote sobre él, y no dejarlo debajo de su tiempo, con lo que no podrá salir a flote; es preparar al hombre para la vida . Agregamos aquí que la educación es una práctica social e histórica –como dijimos antes– con dos aspectos que nos parece importante señalar. Primero, hay en todas las prácticas sociales una dimensión pedagógica. No nacemos –como ocurre con especies animales inferiores– con equipos biológicos que almacenan los saberes necesarios para estar en el mundo; nuestro sentipensar, decir, hacer y convivir requiere de necesarios procesos de aprendizaje. Aprendemos a ser padres, militantes o cooperativistas. Por otro lado, las prácticas pedagógicas institucionalizadas en educaciones escolares no se dan en abstracto sino que las aulas, los patios, están atravesados por la realidad (las múltiples subjetividades, la economía, la historia, las culturas, las religiones, todo entra en las instituciones educativas).

En todo caso, es claro que hay múltiples instancias que son educativas (para bien o para mal) y se vinculan de manera compleja, dialéctica, con la “totalidad social e histórica”. Entonces, hay muchas fuentes pedagógicas, se “aprende” en muchos lugares, cosas distintas, cosas antagónicas que abren debates y combates acerca de lo que debe entenderse por “buena educación”. Entre la “educación” y el “contexto” hay así una relación orgánica y todo acto pedagógico supone una toma de decisión. Al decir de Paulo Freire, se educa a favor de alguien y contra alguien, o a favor de unos valores y contra otros, o a favor de un orden social y en contra de otro. Entre la “educación” y el “contexto” hay así una relación orgánica y todo acto pedagógico supone una toma de decisión. Al decir de Paulo Freire, se educa a favor de alguien y contra alguien, o a favor de unos valores y contra otros, o a favor de un orden social y en contra de otro.

Educar, como práctica histórica y social, supone una toma de posición ético-política frente al mundo. Cuando analizamos el mundo de hoy –plagado de injusticias y de riesgos para la supervivencia de la especie–, encontramos que la disyuntiva de la educación es clara: o la denuncia de una organización social que promueve la explotación económica, formas de dominación política y eficaces estrategias de hegemonía cultural que tienden a naturalizar el mundo tal como es y, por oposición, el anuncio de un mundo más justo e igualitario; o la aceptación más o menos entusiasta del orden de cosas existente.

El mundo, pues, es territorio de disputas civilizatorias. Y el cooperativismo como movimiento social planetario tiene un lugar en este proceso histórico, así como contiene en su seno tendencias diferenciadas acerca del papel que está llamado a jugar en este mundo.

El cooperativismo y sus matices.

Así como la totalidad social e histórica es un escenario de construcciones, conquistas, debates y conflictos, sus distintas dimensiones y esferas –como toda creación humana– está atravesada de diferencias, matices e incluso antagonismos. El cooperativismo como movimiento social reconoce en su historiografía oficial su punto de partida en 1844, con la creación de la primera cooperativa de consumo, “La Sociedad Equitativa de los Pioneros de Rochdale”, que nació de modo nada casual en Inglaterra, cuna del capitalismo mundial en el plano de la producción de mercancías.

Este orden social, al decir de Karl Marx, nació exudando barro y sangre a partir del genocidio en el continente americano de originarios y africanos fundamentalmente, proceso que acompañó la ocupación territorial, la extracción de riquezas y el establecimiento de un orden colonial que se extendió durante tres siglos, hasta la conquista de la primera independencia. En Inglaterra, la clase obrera naciente fue víctima de abusos inéditos (muy especialmente la niñez obrera y las mujeres) y la resistencia de los y las trabajadoras se expresó de múltiples maneras. Diremos aquí solamente que en el caminar histórico de los oprimidos ingleses se gestó la invención del sindicalismo (como órgano de representación de intereses de los trabajadores), del cooperativismo (como forma colectiva y democrática de resolución de problemas comunes) y del socialismo (como proyecto cultural, político y social capaz de superar al capitalismo).

Así, en nuestra historia como movimiento, asumimos que nacimos como respuesta de la clase obrera al capitalismo naciente y los efectos desigualadores y opresivos de su despliegue. Por otro lado, resulta imprescindible promover investigaciones para analizar en qué medida culturas originarias fundadas en valores propios del cooperativismo no integran, también, parte de nuestro acervo común como cooperativistas latinoamericanos y caribeños.

Lo cierto es que el cooperativismo se fue expandiendo mundialmente y resulta natural que en cada región y país el cooperativismo refleje, al menos en parte, la perspectiva más general de la sociedad que lo contiene. Dicho de manera genérica, los países del capitalismo maduro y su poderoso movimiento cooperativo tienen una perspectiva distinta a la de los países del Sur. Dichos matices se expresan en posicionamientos y pronunciamientos que resuenan en la Alianza Cooperativa Internacional. Para unos, el cooperativismo debe ser una rueda de auxilio de un orden en crisis. Para otros, el cooperativismo es uno de los aportes posibles a la superación del viejo orden social y a la construcción de uno radicalmente distinto, democrático, igualitario, emancipador. No se trata, advertimos, de una relación mecánica, pues es bien probable que expresiones del cooperativismo que habitan los países centrales compartan una visión superadora de este orden social, así como manifestaciones del cooperativismo local comparten los fines acotados de un cooperativismo funcional a la reproducción de las actuales relaciones sociales, pero hay tendencias predominantes. Tales matices se expresaron con motivo del debate sobre el Plan para la Década Cooperativa, aprobado por la Alianza Cooperativa Internacional

Tales tensiones y diferencias se expresan políticamente y también en el plano pedagógico. Estas cuestiones exceden los límites de este texto, pero planteábamos estas reflexiones a modo de introducción para comunicar que la educación y la sociedad son escenarios de disputa y que el cooperativismo como movimiento democrático y heterogéneo– tiene distintas perspectivas y apuestas acerca del modo de ser en el mundo en tanto cooperativistas. Nosotros, que asumimos una posición desde el Sur, nos proponemos transformaciones sociales, culturales, políticas, institucionales, y ponemos a la educación al servicio de este proyecto.

Otro elemento que diferencia a las cooperativas es su consistencia entre los principios y valores acordados en el seno del Movimiento y las prácticas concretas. Incluso un valor o principio reconoce múltiples modos de lectura y traducción a los hechos, a las relaciones, a las estructuras, a las dinámicas. Para nosotros el tema de la consistencia entre el pensar, el decir y el hacer resulta fundamental.

Notas sobre las relaciones posibles entrecooperativismo y educación

Vimos por tanto que hay distintos proyectos educativos y también distintos proyectos de cooperativismo, todos ellos condicionados y atravesados por disputas más universales referidas al rumbo que debe tomar el planeta en general y la humanidad en particular. Resulta indispensable saber que, como género humano, estamos involucrados –de modo consciente o inconsciente– en un incesante caminar colectivo que está tironeado por tendencias antagónicas.

El cooperativismo siempre se fundó en los valores de la ayuda mutua, la responsabilidad, la democracia, la igualdad, la equidad y la solidaridad. También, en la honestidad y la transparencia, la responsabilidad social y la preocupación por los demás. Estas definiciones asumidas por la Alianza Cooperativa Internacional en 1995 expresan una opción ético-política y filosófica antagónica a los principios autoritarios y mercantiles que caracterizan las relaciones sociales capitalistas.

Este modelo de cooperativismo –que es y debe ser consecuentemente transformador– no puede adoptar cualquier modelo pedagógico, sin perjuicio de que las más diversas técnicas y didácticas son válidas si se inscriben con claridad en el horizonte filosófico, político, histórico que da identidad y sentido al movimiento solidario. Este proyecto de cooperativismo se debe proponer un proyecto pedagógico que permita su despliegue creciente y la recreación permanente de una propuesta que no se define de una vez y para siempre. La educación como práctica histórica y social tampoco se ciñe a formas eternas e incuestionables, y su validez, relevancia y pertinencia solo pueden calibrarse en cada contexto puntual. En nuestro caso, cabe preguntarse por un modelo pedagógico predominantemente participativo para un proyecto de cooperativismo que tiene a la democracia sustantiva y real como una de sus piedras angulares.

Sin embargo, puede y debe haber diversidad convergente de estrategias didácticas, multiplicidad de técnicas que encuentren su lugar específico en un proceso de formación complejo y heterogéneo que demanda una cooperativa concreta. Hay aprendizajes ligados a procedimientos concretos, específicos, puntuales que requieren métodos instruccionales que aseguren la apropiación de determinadas herramientas. Su apropiación acrítica convierte a los trabajadores o dirigentes en meros ejecutores sin claridad sobre el sentido de su praxis cotidiana. Así, el aprendizaje de una transacción operativa debe ligarse a la comprensión de la integralidad del proceso de trabajo y esta integralidad no puede desvincularse de los valores y principios, así como del proyecto general que le da sentido a nuestra entidad cooperativa. Cuando un trabajador o dirigente comprenden el sentido de su labor, le imprimen otra calidad agregando valor –cultural, ideológico, afectivo– a una práctica que reafirma un modo de estar en el mundo y de dar respuestas concretas, eficaces, necesarias a demandas y necesidades de los asociados o los trabajadores de la cooperativa. Nada es igual cuando hay claridad sobre las razones que nos motivan a la acción, y a la acción basada en una ética y una voluntad expresamente solidarias.

A la inversa, la adopción de los valores y principios sin eficacia en la gestión diaria nos convierte en diletantes. La fórmula acerca del binomio, inescindible para nosotros y nosotras, democracia-eficiencia tiene, como contrapartida, un equilibrio nunca definitivo ni estable entre los conocimientos operativos, la adecuada perspectiva política, organizacional, ética y el ejercicio consecuente de la participación plena y pertinente de cada quien en el proyecto compartido que es la cooperativa.

 

El Modelo Integral de Gestión

Esta es una proposición que no surge de la lúcida percepción de un técnico en un despacho, sino más bien de la propia construcción que desde sus orígenes desarrolló el cooperativismo en el que nos referenciamos. Un somero recorrido histórico permite vislumbrar que la creatividad democrática fue una constante desde la fundación de la primera caja de crédito cooperativa, en 1918. La configuración original de las cajas de crédito cooperativas constituyó un inédito mecanismo para asegurar la democratización del crédito y formas de gestión de recursos comunes impensables en la lógica jerárquica, presuntamente experta y tan elitista como excluyente predominante en el sistema financiero capitalista. La potencialidad de la propuesta se reflejó, tras la creación de varias cajas de crédito, en la fundación del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, entidad madre que impulsó con mucha fuerza la multiplicación de las entidades crediticias solidarias.

Entre 1958 y 1966, el salto del Movimiento Cooperativo de Crédito fue gigantesco, llegando a captar –por dar un indicador concreto– entre el 10% y el 12% del crédito del sistema Cuando un trabajador o dirigente comprenden el sentido de su labor, le imprimen otra calidad agregando valor a una práctica que reafirma un modo de estar en el mundo y de dar respuestas concretas a demandas y necesidades de los asociados o los trabajadores de la cooperativa financiero argentino. Su poder económico era incuestionable y su naturaleza profundamente democrática constituía un ejemplo inaceptable para los parámetros culturales, políticos y organizativos que estructuraban el campo de la economía dominante. En 1966, precedido por diversas expresiones hostiles tanto de las fracciones dominantes de la economía, sus instituciones y voceros, como de sus espacios colonizados en el Estado, se perpetró –a la par del golpe de Estado de Onganía– un feroz ataque contra el cooperativismo de crédito nucleado en torno al IMFC. La cantidad de cajas de crédito pasó de algo menos de mil a algo más de cuatrocientas.

El daño fue significativo, pero lo acumulado en los años previos constituyó una plataforma desde la cual resistir. Los momentos históricos posteriores –con la excepción no sin tensiones del período 73-76– fueron desafíos muy duros para nuestro movimiento. La dictadura genocida (76-83) intentó suprimir al cooperativismo y no pudo. Logró liquidar las formas tradicionales que expresaron las cajas de crédito cooperativas pero tuvo que permitir, gracias a la lucha ingente de nuestro activo militante, dirigencial y funcionarial, la continuidad como bancos cooperativos. En el período posterior, las decenas de bancos cooperativos nucleados en el IMFC atravesaron un proceso de centralización institucional como consecuencia de la continuidad de las políticas económicas neoliberales, con menos entusiasmo durante el gobierno de Alfonsín, y luego con la decisión de los conversos en los gobiernos de Menem y de la Alianza. Fueron coyunturas difíciles para las mayorías populares, entre ellas los y las trabajadoras, las pymes y las cooperativas.

En síntesis: la dictadura militar había pergeñado un proyecto normativo en el cual se excluía a las cooperativas de crédito del sistema financiero y una fuerte resistencia del Movimiento habilitó la posibilidad de constituir los bancos cooperativos. Durante los siguientes 25 años continuaron las mismas políticas económicas (ya sin dictadura) y especialmente en los noventa se aceleró el proceso de concentración y extranjerización de la economía: este camino puso a las entidades solidarias nucleadas en el IMFC ante nuevos desafíos.

Las crisis de las economías regionales apuraron asfixias financieras y operativas en nuestros bancos, que fueron reagrupándose por fusión hasta quedar fusionados en un único banco, el Credicoop, que debió dar nuevas respuestas organizativas. La conversión de cajas en bancos, la sucesiva fusión de los bancos que se unieron en un banco único, la expansión del Credicoop fueron desafiando al cooperativismo a seguir siendo un proyecto colectivo basado en valores irrenunciables pero adecuándose a contextos diversos (en general hostiles, en ocasiones indiferentes y, como ocurrió en los últimos años, mucho más favorables al desarrollo de nuestra propuesta). A fines de los setenta la configuración de las cajas en bancos cooperativos fue un extraordinario proceso pedagógico y creativo. Los años siguientes de fusiones constituyeron otros tantos saltos organizativos, en todos ellos con un altísimo nivel de participación colectiva.

Tras los veinte años posdictatoriales en los cuales el Credicoop se fusionó con otros bancos cooperativos, los mismos retos se hicieron presentes con la expansión del número de filiales. La emergencia de nuevos ámbitos de gobierno –las Comisiones Asesoras Zonales–, el cambio de Estatuto Social o el Modelo de Gestión Integral son parte de una misma historia de construcciones y luchas con un fuerte grado de participación de todos los sujetos de la entidad. Se trató, se trata y se tratará del involucramiento de miles de individuos organizados en espacios colectivos, en instancias orgánicas que dan vida a nuestra organización cooperativa. Así, el Modelo Integral de Gestión no puede sino ser concebido como un momento del largo camino transitado por un movimiento social que no resigna su apuesta transformadora y que se dispone a adecuarse a las exigencias de cada momento, sin perder su identidad ni hacer naufragar su decisión de influir en la sociedad.

La voluntad de concebir integralmente el trabajo de la cooperativa presupone un salto cualitativo, pero a partir de una historia cuyo punto de partida –las cajas de crédito– tenía un funcionamiento integral aunque en condiciones mucho más simples, menos reguladas y más pequeñas que el escenario (y la escala) de nuestro banco.

En cada etapa, se intentó preservar los niveles de participación genuina y superar la fragmentación del trabajo: hubo coyunturas en que este propósito se cumplió a cabalidad y otros donde solo se pudo, muy parcialmente, avanzar en esta dirección. Pero resulta importante comprender que esta propuesta es parte de un continuo histórico, que está fundada en las mejores experiencias desde nuestra perspectiva del cooperativismo transformador, adecuada a las condiciones concretas del escenario político, económico, social y cultural actual en que hay condiciones para hacer un gran salto organizacional y en la cultura integral.

 

Educación(es): fuentes, posibilidades y tensiones

De lo dicho, resulta importante advertir que existen diversas fuentes desde las cuales pueden formarse las personas que integran una cooperativa. Podemos delimitar, en principio, cuatro grandes fuentes pedagógicas desde las cuales se operan procesos de aprendizaje.  Hay una primera gran fuente pedagógica que es la propia realidad general, que condiciona la acción de los distintos colectivos e individuos. No estamos adjetivando esa educación, por cierto difusa, pero sí advirtiendo que un proyecto de sociedad predominante va marcando rumbos que tienen consecuencias pedagógicas.

La imposición a sangre y fuego de las ideas neoliberal-conservadoras en la región constituyó, en los años setenta, un acto eminentemente cultural y político, económico y social e institucional, pero además pedagógico.

En nuestro caso, hubo que aprender en tales circunstancias a sobrevivir sin dejar de ser lo que éramos y, desde esa posición irrenunciable de principios, librar las batallas posibles en aquellas condiciones. En Nuestra América, a partir de la asunción de Hugo Chávez Frías, las cosas han venido cambiando y se generaron circunstancias políticas  que habilitaron nuevos aprendizajes. La realidad es, también, un lugar pedagógico (dicho esto para bien y para mal). Nuestro movimiento respondió a las distintas coyunturas con acciones organizativas, culturales, políticas y económicas que fueron generando un modo de aprender y aprehender la realidad para sostener nuestro proyecto colectivo. Una segunda fuente de aprendizaje de toda organización (en todas las escalas posibles) es la tradición que se liga, de manera no lineal, a la noción de identidad. En nuestro El Modelo Integral de Gestión no puede sino ser concebido como un momento del largo camino transitado por un movimiento social que no resigna su apuesta transformadora y que se dispone a adecuarse a las exigencias de cada momento, sin perder su identidad ni hacer naufragar su decisión de influir en la sociedad. Caso puntual, el rescate de nuestras luchas, nuestras conquistas, nuestras tensiones constituye un invalorable elemento pedagógico; lo es para nuestras generaciones más jóvenes. Pero también es un ancla desde la cual plantarse frente al futuro: saber de dónde venimos constituye un requisito fundamental para dirimir los pasos del futuro.

El respeto irrestricto de nuestros valores y principios ha sido no solo un elemento pedagógico para comprendernos y comprender nuestro lugar en el mundo: ha sido una brújula para muchas decisiones que hoy nos enorgullecen.

La identidad y la tradición son plataformas fundamentales pero no unívocas. También la lectura de aquello que nos identifica o el rescate de la historia, puede ser materia de divergencias, matices, omisiones o profundas contradicciones. El conde de Saint Simón ha sido uno de los grandes referentes del socialismo utópico. El acervo que él aportó a un mundo más justo, a las ideas de fraternidad que constituyen un núcleo duro del cooperativismo tuvo como contrapartida el sostén de ideas inaceptables, con fuertes tintes racistas. Dijo: Los revolucionarios aplicaron a los negros los principios de igualdad: si hubieran consultado a los fisiólogos les habrían enseñado que el negro, de acuerdo a su organización, no es susceptible de una educación igual, y de ser elevado a la misma altura de inteligencia que los europeos.

Los cooperativistas latinoamericanos, que defendemos la tradición saintsimoniana, no tenemos que ocultar ni aceptar esa contradicción flagrante como parte de nuestra identidad. La identidad, como construcción dinámica, histórica, procesual, conflictiva, puede y debe hacer un trabajo crítico y autocrítico.

La identidad y la tradición, así vistas, son indudables fuentes pedagógicas que deben ser asumidas por las cooperativas como una herramienta reflexiva para pensarnos, rehacernos, volver a crearnos.

Una tercera fuente son las prácticas, sin dudas el ámbito más educativo de aprendizajes reales. La práctica en un sentido amplio incluye saberes, afectos, estructuras, relaciones, circuitos, procesos, resultados, dinámicas que se reproducen siguiendo, de manera consciente o no, unos definidos patrones éticopolíticos. Diremos por tanto que esta dimensión debe ser objeto de cuidadoso abordaje, y el ejercicio reflexivo de las prácticas, su abordaje colectivo y su análisis sistemático son en sí mismos procesos de aprendizaje y procesos pedagógicos.

La cuarta fuente son las propuestas sistemáticas de formación, que reconocen múltiples formas y alcances. Pueden ser charlas o prácticas instructivas puntuales; pueden ser proyectos estratégicos de largo aliento (la formación de dirigentes o jefes) o modos de socialización en los valores y cultura de la organización. Son distintas propuestas que se complementan o deben complementarse para asegurar el equilibrio entre la eficacia en la gestión (y todas sus implicancias) y la vigencia de una democracia protagónica y participativa en la entidad solidaria.

Según lo visto, hay formas más difusas que operan, sin intencionalidad ni planificación, El respeto irrestricto de nuestros valores y principios ha sido no solo un elemento pedagógico para comprendernos y comprender nuestro lugar en el mundo: ha sido una brújula para muchas decisiones que hoy nos enorgullecemos como poderosos procesos pedagógicos. Otras propuestas son explícitamente formativas, y se piensan desde su nacimiento como una acción educativa. La cooperativa en tanto organización que aprende debe desplegar una acción, mixtura de cultura, política y pedagogía, que es convertir la realidad, las prácticas, la tradición viva en elementos para la educación de sus miembros. Qué educación emancipadora para un cooperativismo de transformación

Nos servimos de la conceptualización de María Teresa Sirvent acerca de los elementos distintivos de una propuesta inscripta en la tradición de educación popular. Asumimos los aspectos que ella enumera y describe, e incorporamos uno propio. Veamos: a) Su dimensión socio-política: esto es, una mirada sobre la sociedad mundial, latinoamericana y argentina que pone el acento en la (…) desigualdad económica , social, política y cultural (…) y, por otro lado, apunta a la posibilidad de transformación social ‘asociada al crecimiento de la capacidad de los sectores populares de participar realmente de las decisiones que afectan su vida cotidiana, capacidad entendida como proceso histórico de conquista y aprendizaje, para realizar sus intereses y objetivos específicos.  b) Su dimensión popular: en cuanto a los sujetos de su acción y a sus objetivos, que apuntan a servir de instrumento de apoyo a la organización popular y a la construcción de su proyecto político-social. c) La dimensión cognitiva: (…) la educación popular es un proceso de circulación, apropiación y producción colectiva de conocimiento, tendiente a objetivar la realidad cotidiana, a hacer sus análisis críticos y a elaborar fines y medios para la acción. d) Su fundamentación epistemológica: la educación popular concibe al conocimiento como una construcción dialéctica y no como el resultado de una acumulación lineal, infinita e interminable de hechos sin conexión; conocer la realidad es comprender los hechos como partes estructurales de un todo en movimiento donde se identifican aspectos, puntos de vista y contradicciones.  e) La dimensión metodológica: la educación popular parte de las situaciones problematicas de los sujetos de la acción educativa; busca las causas y las consecuencias y la determinación de fines y medios para la acción, a través de una construcción colectiva del conocimiento, que se va ‘amasando’ en el juego dialéctico del sentido común y el conocimiento científico. Esto implica tomar la experiencia, la cotidianeidad y la práctica como objetos de reflexión; a partir de los fenómenos, buscar lo esencial detrás de las apariencias. El conocimiento crítico desarrolla un esfuerzo de conceptualización y análisis histórico para superar la percepción pragmática y fragmentada de los problemas buscando la construcción de una conciencia colectiva de los mismos”.

A la sistematización propuesta por Sirvent, agregamos una sexta dimensión que es la dispersión táctica y convergencia estratégica de dispositivos pedagógicos, ya que la diversidad de objetivos, sujetos concretos y circunstancias puede dar lugar a instrumentos de muy diversos contenidos y alcances desde el punto de vista cognitivo, metodológico y epistemológico, aunque orgánicamente inscriptos en la dimensión política y popular del proyecto cooperativo.

Fines de la educación en la cooperativa

Entre los fines de la educación nos proponemos –y aquí solo los estamos enumerando–: • Educación para la transformación social

  • Educación para la soberanía cognitiva 4
  • Educación para la participación
  • Educación para la eficiencia
  • Educación para la identidad cooperativista

Desde estas definiciones de cooperativismo transformador y educación (correspondiente para ese proyecto colectivo) venimos desplegando en nuestro movimiento un intenso esfuerzo formativo. En la etapa que se abre, el Modelo Integral de Gestión es el aporte del Banco Credicoop, en primer lugar, al propio Movimiento Cooperativo, pues nuestra entidad reafirma su perspectiva rodrigueana de reinventarse a cada paso, adecuando la organización, las estructuras, los procesos a las condiciones externas que nos restringen y a la vez nos posibilitan. Pero esas definiciones deben resolverse, una vez más y como siempre, a partir de los valores, principios e historia que dan sentido a nuestra práctica. En segundo lugar, el despliegue de las potencialidades del MIG rebasa los límites de la cooperativa y del cooperativismo, proporcionando un modelo más amplio que puede adoptarse en distintas organizaciones y colectivos. El modelo que propiciamos como expresión del cooperativismo transformador puede proveer a los gobiernos democráticos y populares –que vienen haciendo esfuerzo por democratizar los Estados y las políticas públicas– no solo herramientas y dispositivos, sino criterios, parámetros y perspectivas éticopolíticas para construir el espacio público y reconfigurar la acción del Estado hacia formas más democráticas, igualitarias, respetuosas de la diversidad.

Por estas razones, el MIG, como expresión orgánica de nuestro cooperativismo, interpela a los Responsables de Educación Cooperativa Zonales y los Secretarios de Educación en el próximo proceso de formación y fortalecimiento para la profundización de nuestro modelo. Educarpara el Modelo Integral de Gestión No se espera, ni del Secretario de Educación en cada filial, ni del Responsable de Educación Cooperativa Zonal, que sean educadores, pero sí que colaboren en las múltiples tareas inherentes a la formación de los cuadros dirigentes. Una primera tarea es la de ser un verdadero organizador de las instancias de formación, asegurando las condiciones para el despliegue de las definiciones y proyectos educativos definidos en los distintos niveles de la organización. El equipo de educación debe convertirse en una correa eficaz de transmisión para aquellas acciones establecidas en cada nivel de la organización. Una segunda tarea es la de apoyo y contralor de las propuestas de formación, lo cual supone la apropiación de ciertos conocimientos: elementos de pedagogía, de metodología y planificación pedagógica. Tercero, tiene un papel fundamental en la clarificación de las acciones pedagógicas que se desplegarán en su nivel (filial, zona, etc.), argumentando con el adecuado sustento político, organizacional, cultural y pedagógico para que los y las involucradas en las propuestas educativas comprendan y asuman con convicción las tareas. Cuarto, se espera que un RECZ o un SEC sea un facilitador de las acciones y un motor de buenos vínculos dentro de su ámbito de incumbencia.

En todo caso, es un elemento secundario que no hace a la función estricta ni es requisito para el adecuado cumplimiento de las necesidades formativas de la organización.  Debe tener mucha claridad sobre los límites y los alcances de la acción educativa, asumiendo la centralidad de la dimensión cultural pero también política y organizacional. Estas tareas serán fundamentales para avanzar en la profundización de nuestro cooperativismo transformador.

El desafío que tenemos por delante es fundamental, en convergencia con los esfuerzos de toda la organización, cada quien en su rol y trabajando colaborativamente con el resto. Se vienen tiempos de profundización del cambio para sostener la vigencia de nuestro proyecto emancipador y solidario. Y allí radica el aporte específico de la educación. Como bien dijo Paulo Freire, “la educación no cambia al mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo”.

Bibliografía

Marti, José. Ideario Pedagógico. La Habana: Centro de Estudios Martianos, 2011.

Sirvent, María Teresa. Educación de adultos. Investigación, participación, desafíos y contradicciones.

Buenos Aires: Miño y Ávila, 2005.

[i] Director de Idelcoop y secretario de investigaciones del Centro Cultural de la Cooperación “Floreal Gorini”.

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La importancia de la lectura va mucho mas allá de enseñar a leer

El cerebro lector, nuevos descubrimientos

El reduccionismo, a veces, ha matado la lectura y por extensión a la calidad de la educación. En las siguientes líneas una aproximación al mundo de la lectura desde otra mirada: el cerebro, que cumplió 200.000 años… Los educadores enseñamos a leer –y es un mérito relevante- bajo sistemas que aprendimos en los normales y en las universidades. Pero hoy, en el siglo XXI, el tema de la lectura ha superado los modelos tradicionales centrados en la lectura mecánica, orientados a adquirir una serie de automatismos que permiten a los estudiantes a interpretar signos gráficos, mediante una percepción visual y darles una identidad oral.

Se insiste más en la lectura comprensiva, que tiende a asociar las letras con los sonidos y las palabras con su significado, y lograr, en última instancia, la lectura crítica. * Métodos de enseñanza de la lectura Como se sabe existen varios métodos de enseñanza de la lectura. Los más conocidos son el método fónico, el método global y el método constructivista. El primero se fundamenta en el principio alfabético, que implica la asociación entre fonemas y grafemas, y de las vocales a las consonantes. El segundo se centra en las palabras, que deben ser memorizadas inicialmente, como base de la creación de los primeros enunciados, cuyos significados son aprendidos con la ayuda de dibujos, conocimientos previos y más. De esta manera, las palabras antes desconocidas cobran sentido. Por último, el método constructivista, creado por Jean Piaget, sugiere la enseñanza de la lectura a partir de las hipótesis implícitas que el niño desarrolla del aspecto fonológico.

El debate entre estos modelos de enseñanza de la lectura no ha terminado. Pero existen evidencias empíricas que muestran la importancia de la conciencia fonológica en el proceso de alfabetización, y que es posible integrar los métodos fónico y global. * ADN de la lectura Lo anterior sería imposible entender sin considerar la existencia de un cerebro lector, de acuerdo con la terminología de Stanislas Dehaene; es decir, de la arquitectura cerebral que hace posible las relaciones entre las neuronas que explican las neurociencias, que permiten, según Max Weber: saber pronunciar las palabras escritas; saber identificar las palabras y el significado de cada una de ellas; y, saber extraer y comprender el significado de un texto.

El tema es complejo y fascinante. Para algunos investigadores estamos todavía en la ‘madrugada’ de la palabra escrita, porque recién comienza a descifrarse en el ADN de la lectura y algunos campos específicos de la neuroeducación: el aprendizaje, la memoria, la atención, la dislexia, entre otros asuntos, donde la bioingeniería, la computación y la biología molecular se han unido para cambiar para siempre a la pedagogía y la medicina. Las ciencias aplicadas a los aprendizajes están, por lo tanto, en ‘pañales’. Pese a ello, en los últimos veinte años, la pedagogía y la psicología, con el apoyo de las neurociencias, han podido generar mapas preliminares del cerebro, en los cuales se identifican los circuitos cerebrales de la lectura, a través de neuro imágenes o imágenes cerebrales, que revelan las áreas que se activan cuando desciframos palabras escritas.

* La ciencia de la lectura Stanislas Dehaene, autor del libro ‘El cerebro lector: últimas noticias de las neurociencias sobre la lectura, la enseñanza, el aprendizaje y la dislexia’, considera que ‘una persona promedio sabe más sobre su auto, que sobre el funcionamiento de su cerebro’. Esta declaración es impactante y muy cierta. La nueva ciencia de la lectura es desconocida en varias partes del mundo, y peor aplicada. Las razones son obvias: la mayoría de los modelos de enseñanza y aprendizaje –y en general de las ciencias- son lineales, mecanicistas-funcionalistas, que reducen los fenómenos a mecanismos limitados o reduccionistas; por ejemplo, células, moléculas o modelos de conducta de los seres vivientes.

Cuando el enfoque dinámico de los sistemas considera al mundo a partir de vínculos e integración. En otras palabras, todo es sistémico y sus estructuras específicas resultan de las relaciones entre las partes o subsistemas. En este contexto, la lectura es un sistema complejo cuyo eje es el cerebro, que es la central de manejo, que actúa también como centro de la memoria. El ser humano tiene entre 12 y 15 mil millones, aproximadamente, de células nerviosas o neuronas. Cada neurona, a su vez, puede construir millones de conexiones, que se forman al usarse el cerebro. Así, cuando son más estimuladas se construyen más conexiones y más capacidades del ser humano para pensar.

Y la lectura es pensamiento en acción.
Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO en la siguiente dirección:http://www.elcomercio.com/blogs/la-silla-vacia/cerebro-lector-descubrimientos-educacion.html.

 

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La constitución política colombiana, una perspectiva social.

Cultura de paz, cátedra obligatoria en el currículum

13 de febrero de 2016/ América/ Colombia/ Cali/ Luis Eduardo Lobato Paz / Información publicada en el periódico digital El Pueblo

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 Para cualquier país es importante que la Constitución declare en sus preceptos los principios que garanticen los derechos fundamentales sobre la base de saldar la deuda social en una relación entre iguales que asegure en plenitud igualdad de oportunidades y condiciones para que todos puedan vivir en una patria donde se respete al ser en su dimensión humana más amplia.

Desde esta perspectiva, en Colombia se debate entre críticos e intelectuales la revisión de varios artículos de la actual Constitución Política o incluso llevar a la promulgación de una nueva Carta Constitucional. Esta salida implicaría un proceso político de mediano y largo alcance.

Se puede advertir entre los partidarios de reformar la Constitución el anhelo de allanar el camino para que se cambie el modelo económico del país, se avance en la superación de las desigualdades económicas en que vive la población colombiana o se fortalezca una cultura de paz. Es más factible que se propenda por allanar caminos para reducir las desigualdades sociales y generar un marco político en el que quepan todos los colombianos sin importar su impronta ideológica.

Si se examina la historia reciente del país, se recuerda que la Constitución del 91 tuvo ese mismo propósito y fue asumida como la concreción de un nuevo pacto social. Acuerdo que permitió consignar un articulado muy amplio por medio del cual se aspiraba a constituir una sociedad más incluyente, fortalecer el estado de derecho, la cultura participativa y promover en las nuevas generaciones la convivencia en paz. Si partimos de esa premisa, el camino no sería embarcarse en la promulgación de una nueva constitución con todas las complicaciones que ello traería, sino poner en práctica todo aquello que quedó establecido en la Carta de 1991.

En los artículos que recogen los principios fundamentales, especialmente el 1 y el 7 la sola mención de que Colombia es un Estado social de derecho y que protege la diversidad étnica y cultural de la Nación, lleva a pensar que el Estado colombiano asume como una de sus finalidades básicas garantizar, no solo la protección de los derechos fundamentales sino también avanzar en mejorar las condiciones sociales de sus habitantes más desfavorecidos. Esta promesa de acción, queda reforzada por numerosos artículos en los que el Estado declara que buscará los medios para garantizar el acceso a los servicios de agua, energía, saneamiento, educación, salud, seguridad social, vivienda y recreación a todos los sectores de la sociedad. Así mismo en varios de ellos, se insiste en dar prelación para la asignación de recursos estatales a las zonas de menor desarrollo.

Con nombre propio se promulgaron artículos para favorecer las condiciones de vida de discapacitados, disminuidos físicos y psicológicos, mujeres cabezas de hogar, personas en situación de indigencia, campesinos, afrocolombianos e indígenas. Todo esto puede interpretarse como el reconocimiento de una deuda social e histórica con amplios sectores de la sociedad, que durante décadas no han tenido igualdad de oportunidades y no han podido acceder a los servicios básicos que cualquier ser humano necesita para llevar una vida digna.

Una revisión de los programas, políticas públicas o decretos establecidos por el gobierno colombiano en los 25 años que lleva de promulgada la vigente Constitución Política, puede establecerse que falta mucho por hacerse para materializar ese Estado social de derecho. Hay logros evidentes como la universalización de los servicios de salud y educación primaria, aunque la prestación del primer servicio por las EPS o SISBEN es deficiente o inequitativo en muchos casos; en la educación debe trabajarse mucho por mejorar la calidad educativa de los colegios públicos.

En lo referente a la creación de una cultura de paz, el articulado es vasto. Desde el artículo 22 y 41 que hablan de la paz como derecho y de la obligatoriedad de la enseñanza de la Constitución Política en todas las instituciones educativas del país.

Cómo puede colegirse hay suficientes herramientas para reducir el autoritarismo, fortalecer la democracia participativa, garantizar el respeto de los derechos humanos y formar a las nuevas generaciones en una cultura de paz. Aunque falta una voluntad política para llevarlas a cabo. Si miramos un hecho puntual, solo a partir de este año existe la obligatoriedad de los centros educativos para implantar la Cátedra de Paz en sus currículos.

La educación del país es clave para determinar las relaciones prácticas y axiológicas, por consiguientes no basta que la Constitución del país declare los principios que fundamentan, que la regulan en lo político, legal y social. Demanda que las Políticas de Estado en materia educativa estén cimentadas en esos preceptos constitucionales, aunado a una práctica pedagógica congruente y consistente.

Como política educativa se debe garantizar que en la práctica pedagógica cotidiana se desarrolle ese currículo que conlleve a potenciar una cultura por la paz y la sana convivencia que redimensione al ser en su justo potencial humano. En este sentido, todo cambio curricular amerita ser evaluado para implementar las medidas de reajuste según cada caso que aplique. Solo así se puede medir el nivel de impacto social.

Fuente:

http://elpueblo.com.co/constitucion-politica-colombiana-pacto-social-y-cultura-de-paz/

Fuente de la imagen:

http://elpueblo.com.co/constitucion-politica-colombiana-pacto-social-y-cultura-de-paz/

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