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Las luchas populares y los proyectos estratégicos de transformación social

Por: Julio C. Gambina

Nuestra historia está abierta a los debates, sustentados en luchas cotidianas por reconstruir rumbos estratégicos, en la perspectiva de transformación social profunda por la liberación de los pueblos y la defensa del planeta y el hábitat.

Las recientes elecciones en Chile motivaron interesantes debates, sin síntesis posibles. Cada análisis parte de una combinación de supuestos y perspectivas irreconciliables. ¿Es posible ir en contra y más allá del capitalismo? Es el interrogante que motiva mis reflexiones desde hace tiempo. A propósito del resultado electoral chileno señalé en redes al día siguiente:

“Gabriel Boric será Presidente de Chile por la movilización social electoral de ayer 19/12/2021. Una movilización antecedida de otras: a) por una Constituyente con pretensión plurinacional, en pleno desarrollo y con expectativas importantes para revertir el atraso y la derechización pinochetista; b) otras previas, en octubre del 2019 y, la rebelión de los «pingüinos» del 2011. El eje y el futuro para analizar la coyuntura chilena y regional está en la organización y la lucha popular.”

El mensaje trajo polémica y es que cada quien lee según sus propios pareceres o, si se quiere, se opina sobre la base de “prejuicios”, anticipando, tal cual, o profecía reformista o revolucionaria. En el centro de mi opinión está el proceso de “organización y lucha”, en este caso, del pueblo chileno, pero extensible al ámbito mundial en el marco de las condiciones de la lucha de clases en la coyuntura.

Si quieren, la experiencia reciente en Argentina, del pueblo de Chubut, que obligó a “derogar” La ley minera a menos de una semana de aprobada por la Legislatura local; igual que lo ocurrido en Mendoza, en diciembre del 2019, sobre el uso del agua para la mega minería a cielo abierto.

El pueblo movilizado en torno a reivindicaciones construidas colectivamente puede modificar la realidad, aun cuando no se avance en transformaciones estratégicas. No es menor decir que No es No. Ese camino puede conducir a rumbos estratégicos, que no son producto de un solo acontecimiento y menos de elucubraciones individuales, aisladas del accionar colectivo.

La realidad es como es, no como quisiéramos, por eso es imprescindible potenciar las luchas para transformar la realidad. Se trata de pensar que los proyectos estratégicos surgen de acumulaciones de luchas populares, de sujetos que se construyen en la lucha. El Manifiesto empezaba aludiendo al “fantasma del comunismo”, que no era otro que el proletariado en lucha constituyéndose como sujeto histórico de las transformaciones en contra y más allá del capitalismo.

¿Qué coyuntura?

La coyuntura a que remito es larga, por cierto, se remonta a 1973, como fecha símbolo del inicio de la contraofensiva del “capital contra el trabajo, la naturaleza y la sociedad”, para restaurar la dinámica de explotación y saqueo que sustenta al orden capitalista en crisis.

Sin muchas precisiones intelectuales, se denomina a este tiempo el de la hegemonía “neoliberal” del orden capitalista, que no es más que la recreación de la “liberalización” más radicalizada impulsada por los capitales trasnacionales más concentrados.

No olvidar que el libre cambio (libre comercio, libre competencia) fue la voz inicial del régimen del capital. La mercantilización y la ley del valor y el plusvalor en el origen y desarrollo del capitalismo, aun hoy.

La coyuntura se aceleró entre 1989 y 1991, con la ruptura de la bipolaridad y el fuera de juego del “socialismo” en el imaginario popular mundial. La alternativa anticapitalista quedó en off-side.

Apunto al “imaginario social” construido desde 1848 y al Manifiesto, con todas las derivas históricas que conocemos, de procesos revolucionarios con el objetivo de la transición del capitalismo al socialismo, una asignatura pendiente que convoca a la praxis imaginativa de la lucha y la organización popular alternativa.

El cambio de siglo vino con novedades de cambio político y emergencias de propuestas estratégicas de transformación social, muchas de las cuales remiten al territorio latinoamericano y caribeño. Del “caracazo” al levantamiento “zapatista”; del Presupuesto Participativo al Foro Social Mundial; de la pueblada argentina del 2001 a las movilizaciones populares recientes de Chile, Haití o Colombia, en estos años, junto al empecinamiento histórico de la revolución cubana.

Solo bajo esas condiciones de luchas masivas por tres décadas es que se recrearon propuestas estratégicas por el socialismo, del “Siglo XXI”, “comunitario” o las propuestas de recreación temporal por transformaciones civilizatoria inspiradas en el “vivir bien” o el “buen vivir” que recogen las nuevas Constituciones de Bolivia o Ecuador.

La ofensiva capitalista liberalizadora nos conduce al presente de convergencia de problemas sanitarios y económico sociales, con mayor desigualdad y un ostensible privilegio a la ganancia por encima de la satisfacción de amplias necesidades sociales.

El reseteo del capitalismo es proyecto de los que dominan, para lo que reestructuran las relaciones entre el capital y el trabajo, en desmedro de los ingresos populares; resignifican el lugar del Estado capitalista en el sostenimiento de los objetivos por la ganancia y la acumulación y, propenden a sustentar una juridicidad favorable al movimiento internacional de capitales.

Objetivos estratégicos

Sobran los diagnósticos al respecto, y el problema es la alternativa o los rumbos estratégicos que animan la voluntad colectiva de lucha reivindicativa, por derechos democráticos (alimentación, educación, salud, vivienda, recreación, entre otros), y aquellos que definen la revolución, contra la explotación de la fuerza de trabajo y el saqueo de los bienes comunes, contra la subsunción del trabajo, la naturaleza y la sociedad en el capital.

La experiencia de los pueblos es lo que vale, en la construcción de una subjetividad transformadora, revolucionaria, que sea síntesis de una conciencia colectiva que asuma la demanda de derechos como programa por las transformaciones; que en el camino construya los instrumentos políticos adecuados para hacer realidad el imaginario por una sociedad sustentada en la emancipación de las trabajadoras, los trabajadores y los pueblos.

Nuestra historia está abierta a los debates, sustentados en luchas cotidianas por reconstruir rumbos estratégicos, en la perspectiva de transformación social profunda por la liberación de los pueblos y la defensa del planeta y el hábitat.

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2021

Fuente de la información e imagen: https://www.alainet.org

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Ortografía: ¿un dolor de cabeza innecesario?

Por: Marcelo Colussi

La obra cumbre de su literatura, el inmortal “Don Quijote de la Mancha”, de Miguel de Cervantes Saavedra, es el segundo texto más leído mundialmente.

El español es hoy uno de los idiomas más hablados en el mundo como lengua materna.

Con más de 500 millones de personas hispanohablantes desde la cuna, está entre los cinco idiomas más hablados en todo el planeta, junto al chino mandarín, el inglés, el hindi y el árabe. Por lo pronto, dado su gran difusión, es una de las cinco lenguas oficiales en el Sistema de Naciones Unidas.

El español es el idioma oficial de 21 países, latinoamericanos básicamente: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, España, Guinea Ecuatorial, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela; además de Puerto Rico, donde coexiste con el inglés.

Aunque no sea idioma oficial, el español se habla también en Estados Unidos (ya varios estados sureños lo han oficializado, dado la gran cantidad de hispanohablantes con que cuentan), Belice, Andorra y Gibraltar. Como segunda lengua está en franco crecimiento, porque es uno de los idiomas más estudiados a nivel global.

La obra cumbre de su literatura, el inmortal “Don Quijote de la Mancha”, de Miguel de Cervantes Saavedra, es el segundo texto más leído mundialmente, luego del libro sagrado del cristianismo: la Biblia.

A lo largo de los años, ha dado figuras del más alto renombre en las letras universales, ya clásicos obligados y traducidos a numerosos idiomas, muchas de ellas con Premio Nobel de Literatura: Miguel de Cervantes Saavedra, Gabriel García Márquez, Jorge Luis Borges, Calderón de la Barca, Octavio Paz, Jacinto Benavente, Juan Ramón Jiménez, Federico García Lorca, Pablo Neruda, Gabriela Mistral, Camilo José Cela, Francisco de Quevedo, Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa, Eduardo Galeano, Miguel de Unamuno y un largo etcétera. Pero su ortografía es endemoniada.

“Se benden tortillas”, “Pinchaso”, “No horinar aquí”, “Se hasen valcones”. Anuncios así no nos sorprenden; por toda la geografía latinoamericana los encontramos.

Incluso en más de algún aparato público puede leerse tranquilamente “Telefono”, sin tilde. Y aún más: en un cuadro del presidente Juan José Arévalo, en Guatemala, se ve en su banda presidencial la palabra “Livertad”. Y en Nicaragua, un documento emitido durante la Revolución Sandinista, llevaba un sello del “Govierno revolucionario”, mientras que una calificadora de excelencia universitaria de México otorga un certificado con la palabra “mencion”, sin acento. ¿Somos unos brutos que no sabemos escribir los hispanohablantes? La cuestión es más compleja.

Sin dudas en Guatemala (cosa común a toda el área hispanohablante), pese a un Nobel de Literatura (Miguel Ángel Asturias), un Príncipe de Asturias (Tito Monterroso), un Premio Internacional Juan Rulfo (Mario Monteforte Toledo) –grandes galardones de las letras mundiales– la ortografía es aún una asignatura pendiente.

El 18% de analfabetismo abierto del país, más allá las mencionadas luminarias literarias, no augura sino más faltas de ortografía. Ahora bien: ¿es grave eso?

Retomando lo que dijeron otros grandes literatos de la región, el uruguayo Mario Benedetti, por ejemplo, podemos pensar algo más integral, más superador del asunto: “Los escritores latinoamericanos deberíamos dedicarnos a analizar otras cuestiones más importantes que afectan nuestra lengua, entre ellos, la alta tasa de analfabetismo que soporta la región”.

O, como planteara el colombiano Gabriel García Márquez: “¡Juvilemos la hortografía! [Debemos] hacerla más humana, afable, familiar. (…) que se busque fin a ese tormento que padecen los hispanoparlantes desde la escuela”.

En realidad, la pregunta de fondo debería a apuntar a lo que señala Benedetti, o más aún, al meollo que está en juego en todo esto: ¿hasta dónde son necesarias esas tediosas reglas ortográficas? ¿Qué agregan ellas de verdaderamente positivo a la vida?

Seguramente decir esto traerá como reacción inmediata una andanada de críticas (viscerales en muchos casos) defendiendo a capa y espada la ortografía (una coma hace una gran diferencia: “Estoy de puta madre” no es lo mismo que decir “Estoy de puta, madre”). El debate, por cierto, no es nuevo.

De hecho, circula por allí un Manifiesto contra la Ortografía, donde se llama a su olvido para “dejar que todos podamos tener el derecho sagrado de escribir como nos dé la real gana y no como los académicos de la lengua española, en uso de su anacrónico y monárquico poder quieren que escribamos”.

Ahora bien: tomando la posición de quienes la adversan (que además de García Márquez son otros muchos buenos escritores): ¿qué aportaría en el rótulo de marras “hasen” en lugar de “hacen”? ¿Habría más “livertad” si la escribimos con b alta? ¿Dejaríamos de “horinar” en la calle si el rótulo fue escrito sin h?”? ¿Para qué se mantiene la ortografía?

Fuente de la información e imagen: https://www.telesurtv.net

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El año de la Pandemia

Por: Miguel Casillas

En marzo de 2020 cuando iniciaba la Pandemia de la COVID-19 y se establecieron las medidas de restricción a la movilidad pública, uno de los sectores más afectados fue el educativo: las escuelas fueron de las primeras instituciones que cerraron sus puertas. Este fenómeno fue universal, por todas partes en el mundo se vieron suspendidas las clases presenciales y fueron afectados millones de estudiantes de todos los niveles educativos. Esta problemática se extendió durante 2021.

Después de los primeros días de alarma y desconcierto generalizado, los gobiernos de todos los países afectados tuvieron que improvisar el sostenimiento de los procesos educativos. Los que tenían mayores recursos y mejores condiciones sociales pudieron migrar a sistemas virtuales, otros que tenían extendidos sistemas de televisión adoptaron estrategias de desarrollo de los cursos sobre esas plataformas. Claramente se ampliaron las diferencias entre quienes pudieron dar continuidad a sus cursos y quienes no tuvieron manera de acceder a ellos.

En México, el resto del 2020 fue un periodo de improvisaciones y experimentaciones. Nunca hubo claridad en las políticas educativas, predominó la incertidumbre, y eso es relativamente explicable dado lo inédito de la pandemia.

2021 fue un año plano, bajo la nueva normalidad, pues en materia educativa predominó una deriva inercial con las modalidades a distancia sin mayor innovación ni previsión hacia el 2022. En efecto, durante todo 2021 se mantuvieron en nuestro país de modo estable las mismas directrices sanitarias y educativas. Es cierto que ocurrió la vacunación masiva, pero las medidas de sana distancia, distanciamiento social, cierre de actividades presenciales, se mantuvieron relativamente estables. Sólo hacia el final del año, y teniendo como base la vacunación de maestros y estudiantes, se hizo un llamado desde el gobierno federal para el retorno a las actividades presenciales, que no ha sido acatado del todo, y se han trasladado las expectativas del retorno a las actividades presenciales para el próximo año con escasa claridad sobre la educación híbrida y los criterios para desarrollar actividades presenciales.

El año que cerramos ha sido muy difícil para la educación superior. Tanto para sus agentes como para sus instituciones. Millones de universitarios tuvieron que sostener sus actividades educativas a la distancia, lo que implicó el acceso a dispositivos que favorecieran la comunicación y el desarrollo de ejercicios, lecturas, evaluaciones y trabajos escolares. Para miles de estudiantes fue imposible y se dieron de baja; para los que permanecen ha sido una época de aprendizajes que exige un fuerte compromiso personal con los estudios. Sólo algunas instituciones desarrollaron estrategias inclusivas y han distribuido equipos y otorgado becas de apoyo para la conectividad para los estudiantes más necesitados; el gasto familiar fue muy significativo. El año cierra sin claridad sobre las cifras de abandono, sin que las autoridades hayan favorecido una amplia reflexión sobre la experiencia escolar en esta situación de emergencia, sin un balance sobre los saberes digitales necesarios para ser un estudiante universitario exitoso. Los profesores e investigadores de la educación superior, por su parte, se hicieron cargo durante todo el año de mantener su trabajo desde casa sin mayor estímulo ni capacitación especial, con sus propios recursos y aprendiendo donde pudieron, pues durante todo el año la autoridad educativa fue incapaz de poner en marcha un programa emergente para apoyar la adquisición de equipos de cómputo y para capacitar masivamente al profesorado universitario. Al finalizar el año no tenemos un balance del gasto privado que el profesorado ha tenido que realizar para sostener su trabajo académico; tampoco hay claridad sobre su grado de habilitación tecnológica, ni estrategias para sentar las bases de una educación híbrida.

Las instituciones de educación superior tuvieron que adaptar sus actividades al trabajo a la distancia, lo que implicó la desmovilización de miles de trabajadores administrativos y manuales al tiempo que la rearticulación de las actividades en nuevos entornos. El cambio ha sido difícil, lo peor es la ausencia de directrices claras para dar continuidad al trabajo concreto. El año cierra con un déficit de información y conocimiento sobre los cambios en la naturaleza del trabajo universitario y sin claridad sobre las habilidades digitales necesarias para ejercerlo eficientemente.

Arrastrados por el optimismo, todos quisiéramos creer que la pandemia habrá de estar controlada el próximo año. Sin embargo, el destino es incierto y deberíamos estar preparados para la potencial adopción de nuevas disposiciones sanitarias restrictivas. Con pandemia o sin ella, el horizonte de una educación híbrida se perfila como ineludible, por lo que habríamos de hacer un balance crítico de lo que realizamos durante este año para aprender y poder mejorar.

Fuente de la información: https://www.educacionfutura.org

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¿Cómo fue el 2021 para las y los docentes?

Por: Sulem Estrada

El regreso a clases presenciales fue solo uno de los desafíos que las y los maestros enfrentamos en este año lleno de imposiciones, aumento de la carga laboral y una “revalorización del magisterio” que sigue sin llegar.

El 2021 fue un año complejo para miles de trabajadores. No solamente porque enfrentamos una pandemia que ha dejado miles de muertos, sino porque vivimos una crisis económica que, sin llegar a ser catastrófica, ha tenido graves consecuencias para la calidad de vida de los de abajo.

El magisterio no fue la excepción. Durante todo el año vimos movilizaciones importantes del magisterio en MichoacánTamaulipas, ChiapasMorelosHidalgoZacatecas, entre otros, principalmente por falta de pagos y en defensa de sus derechos.

Quizá el más emblemático de todos estos movimientos fue el caso de Zacatecas, donde hubo una “rebelión” local de los trabajadores estatales, docentes y trabajadores de la salud que salieron masivamente en unidad contra la reforma del ISSSTEZAC, donde el magisterio jugó un rol importante, más allá de los límites que expresó el movimiento y los desafíos que las y los trabajadores de Zacatecas tienen por delante.

Además de la falta de pagos, este año vivimos una importante disminución de nuestro poder adquisitivo. Considerando que la inflación en nuestro país fue la segunda más alta entre los países de la OCDE, el aumento salarial que recibimos fue raquítico, apenas un 3.4 %, que resultó insuficiente para solventar nuestras necesidades que aumentaron significativamente con la pandemia, pues pagamos con nuestros recursos la educación a distancia así como el regreso a clases presenciales, pues ni la SEP ni el gobierno de AMLO nos otorgaron recursos para una reapertura segura.

Presupuesto educativo 2021

Este año el sector educativo enfrentó nuevos recortes, desaparición de programas y recursos insuficientes como planteamos aquí. El “incremento” otorgado fue solo del 0.2% en comparación con el del 2020. De un total de 54 programas a través de los cuales se ejerció el presupuesto, 40 tuvieron recortes mientras que 13 desaparecieron por completo.

Asimismo, la disminución al presupuesto a las escuelas normales -que pone en riesgo su existencia- ha sido una constante en los últimos años, lo que propició movilizaciones de las y los normalistas que tuvieron que enfrentar la represión, como la que vivieron en Mactumactzá y en Teteles, quienes además padecieron vejaciones y agresiones sexuales en manos de la policía.

Educación superior

En marzo se aprobó la Ley General de Educación Superior que fue rechazada por distintos sindicatos -aunque éstos no se movilizaron para evitar su aprobación- por considerar, entre otras cosas, que se degrada el derecho a la educación superior y se limitan las iniciativas de cambios democráticos de las leyes orgánicas de las instituciones autónomas.

Por otro lado, este año movimientos como #UNAMNoPaga evidenciaron la enorme precarización que padecen las y los docentes del sector universitario. Previamente la lucha de los docentes despedidos de la UACM ya había puesto sobre la mesa este tema que ha seguido profundizándose en distintas instituciones, como las Universidades para el Bienestar «Benito Juárez García” y la Universidad “Rosario Catellanos”, que tienen en común la precarización y los nulos derechos laborales de sus docentes.

Delfina Gómez: regreso a clases presenciales, despidos y precarización docente

Este 2021 comenzamos con una nueva secretaria de educación, Delfina Gómez, quien generó expectativa entre las y los docentes al ser presentada como la “maestra” a cargo de la SEP; sin embargo, pronto desencantó al magisterio.

El primer desengaño vino con la imposición del regreso a clases presenciales. Como lo planteamos aquí, éste se impuso sin consultar a las y los docentes ni a las familias sometiéndolos a un importante riesgo de salud pues no dotaron a ninguna escuela de recursos ni insumos para enfrentar la situación. Frente a los contagios que hubo, no tomaron medidas para proteger a la comunidad escolar. Esto respondió, como denunciamos en su momento, a la necesidad de los empresarios de la reapertura económica, más que al rezago educativo para el cual tampoco hubo nunca un plan serio por parte de las autoridades educativas.

Asimismo, este ciclo escolar se violentó nuestro derecho al descanso como planteamos aquí, al aumentarse los días laborales, generando un agotamiento físico y mental muy importante para los maestros y alumnos.

Por otro lado, la “austeridad republicana” llegó al magisterio de la mano de Delfina Gómez, quien lo primero que anunció al llegar a la SEP fueron despidos inmediatos en distintas áreas; a esto se sumaron las irregularidades de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM) en el otorgamiento de plazas docentes y en la promoción tanto horizontal como vertical que se desprende de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, con la que ahora se eliminó el derecho de los maestros a tener aumentos salariales significativos al ligar los ingresos con la evaluación.

EL SNTE y la CNTE durante el 2021

Como planteamos aquí, una asignatura pendiente del gremio magisterial sigue siendo la democratización del sindicato, el cual, al seguir en las manos del charrismo sindical, no ha servido como una herramienta de organización y de lucha para los maestros.

Los dirigentes del SNTE, a espaldas de las y los trabajadores de la educación se declararon el ejército ideológico de la 4T y han sido fieles a sus mandatos, dejando pasar todas las políticas del gobierno en materia educativa.

El año pasado publicaron el nuevo reglamento de elecciones sindicales para renovar a los representantes de las secciones que integran el sindicato, con el que el SNTE se pone a tono con la reforma laboral y asegura “democratizará” la institución. Sin embargo, en los estados donde se ha llevado a cabo la renovación de los Comités Ejecutivos Seccionales -como Baja California, Tlaxcala, Nuevo León y Yucatán- lo que se demostró fue más de lo mismo: procesos amañados, tiempos y requisitos restrictivos que impiden la participación de maestros y maestras de base y la continuidad de los charros en el poder.

Por su parte la CNTE, si bien comenzó el año con la Caravana del Sur, que se movilizó a la CDMX con demandas importantes como echar abajo las UMA como referencia para el cálculo y pago de pensiones y la cancelación de la USICAMM, desafortunadamente dio continuidad a su política de centrarse en las mesas de negociación con el gobierno en lugar de buscar fortalecer al movimiento magisterial. Dejó pasar sin movilización unificada la imposición del regreso a clases presenciales y está dejando pasar en la mayoría de los estados las renovaciones sindicales sin dar la pelea contra los charros por la recuperación del sindicato.

Es indispensable que la CNTE rompa ya la tregua con el gobierno y que llame al magisterio nacional de los distintos niveles educativos a organizarnos, unirnos y movilizarnos para generar un plan de lucha unificado con el que podamos enfrentar el ataque a la educación que el gobierno de la 4T continúa profundizando.

¿Qué podemos esperar las y los docentes en el 2022?

Como vimos, la situación del magisterio no solo no ha cambiado desde los gobiernos anteriores, sino que en distintos aspectos el ataque se ha profundizado. Nada bueno podemos seguir esperando del gobierno de la 4T que ya nos ha demostrado que dará continuidad a los planes de los organismos financieros internacionales y los grandes empresarios a nivel internacional en materia educativa. Es por ello que debemos organizarnos para enfrentar lo que se viene.

En el siguiente artículo profundizaremos sobre las perspectivas del magisterio y cómo podemos enfrentar la situación. No te lo pierdas.

Fuente de la información e imagen: https://www.laizquierdadiario.mx

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Malestar docente y revalorización del magisterio

Por: Erick Juárez Pineda* 

 

El “síndrome del quemado” o burnout hace referencia al desgaste emocional y físico acompañado de actitudes negativas que presentan los trabajadores y que provoca poca motivación para desempeñar sus actividades.

Este padecimiento está asociado a diversos factores. En el ámbito educativo, trae muchas consecuencias que dañan terriblemente al desarrollo magisterial.

Han pasado tres años desde que se inició el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el cual llegó a la Presidencia de la República con dos promesas que le hicieron ganar apoyo de buena parte de la comunidad educativa: echar abajo la “mal llamada reforma educativa” del gobierno de Enrique Peña Nieto y traer una verdadera “revalorización del magisterio”.

Estos dichos que trataron de materializarse con la reciente reforma educativa traían la ilusión de contar con mejores condiciones y un nuevo enfoque en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, aún no se han reflejado, pues el malestar docente se va incrementando y los contextos no mejoran.

Estos factores de descontento son diversos y necesitan atención urgente para resarcir el daño que van dejando al sistema educativo.

El primero de ellos tiene que ver con una fuerte tensión causada por los procesos burocráticos. Aunque fue promesa de los titulares de la Secretaría de Educación Pública que existiría una descarga administrativa, esto no fue así. Incluso, durante la pandemia, estos requerimientos aumentaron.

Imagina que el hyperloop se convirtiese en el medio de transporte más convencional

El segundo factor tiene que ver con una persistente precarización del salario. Según la investigadora Claudia Alanís en su artículo titulado “El Servicio Profesional Docente: percepción de las condiciones laborales en educación básica” (2020), un sector importante de maestros señala que, para ellos, es muy necesario desarrollar otra actividad además de la docencia para cubrir sus necesidades familiares.

En promedio, un profesor de educación básica gana 8 mil 400 pesos al mes y muchas veces este es el único ingreso con el que tratan de cubrir gastos de vivienda, servicios y educación de los hijos, entre otros.

Aunado a ello, existe un menor reconocimiento social a la profesión. “Se puede apreciar un contraste entre el prestigio del magisterio mantenido hasta hace algunas décadas con respecto del actual” (Alanís, 2020).

Durante la pandemia, estos señalamientos negativos hacia los docentes fueron incrementándose: “Cobran sin trabajar” y “los padres de familia estamos haciendo lo que les corresponde”, fueron algunos de los comentarios lanzados, menospreciando la labor que los mentores desempeñaron desde el confinamiento.

Finalmente, existen pocas oportunidades de profesionalización y formación continua. Los cursos de actualización ofrecidos por las autoridades educativas o líderes sindicales revelan una falta de empatía y conocimiento de las verdaderas necesidades de los profesionales de la educación. Fueron los mismos maestros quienes buscaron acompañamiento externo y, la mayoría de las veces, pagados por ellos mismos sin apoyo institucional.

Pareciera que la muy esperada revalorización docente está lejos. Sin embargo, sólo la organización colectiva y la empatía y solidaridad social pueden cambiar las cosas.

Ya lo decía Pablo Latapí en su famosa carta: ser maestro tiene, como la Luna, su cara luminosa y su cara oscura. Luchemos entre todos, por mantener ese brillo y dignidad magisterial.

*Periodista especializado en temas educativos. Director editorial de Educación Futura

Fuente de la información: https://www.jornada.com.mx

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El anacronismo de la SEP en la 4T: simular para… ¿avanzar?

Por: Abelardo Carro Nava

«¿Si tanto recurso económico se ha destinado al sector educativo a través de los años para el mejoramiento de su infraestructura y con la intención de contar con escuelas “dignas”, por qué miles de escuelas no se encuentran en óptimas condiciones…?»

Se ha vuelto una costumbre en nuestro país que, distintos funcionarios de gobierno, específicamente aquellos que llegan a estar al frente de la Secretaría de Educación Pública (SEP), festejen con bombo y platillo una gran cantidad de “éxitos” en sus gestiones que, pareciera ser que el pasado hubiese quedado rebasado, pero, desafortunadamente, los millones de trabajadores de la educación que laboran en el intricado Sistema Educativo Nacional (SEN) saben, porque les consta, que no es cierto.

Por ejemplo, hace unos cuantos años, Aurelio Nuño, ex Secretario de Educación, anunciaba pomposamente que se invertirían 80 mil millones de pesos para mejorar la infraestructura de las escuelas públicas del país, de los cuales, 50 millones se destinarían a dejar en condiciones dignas a 33 mil planteles de educación básica logrando con ello, superar las inversiones de los dos sexenios anteriores cuyo monto fue superior a los 16 millones (SEP, 2017).

Por su parte, Josefina Vázquez Mota, también ex Secretaria de Educación, allá por el 2009, en este mismo rubro, festejaba la puesta en marcha del programa “Infraestructura Educativa, Inversión de Futuro 2009”, el cual contemplaba recursos federales por más de 8 mil millones de pesos, lo que representaba una aportación sin precedente en el sector (SEP, 2009).

En este mismo orden de ideas, en su momento, el ex Secretario de Educación Reyes Tamez Guerra, resaltaba con gran optimismo, la inversión para el año 2002 de más de 270 millones de pesos para la educación que, sumada a la inversión privada, alcanzaba el 6.8% del producto interno bruto; inversión que nunca había ocurrido antes (Cimacnoticias, 2002).

Entonces, ¿si tanto recurso económico se ha destinado al sector educativo a través de los años para el mejoramiento de su infraestructura y con la intención de contar con escuelas “dignas”, por qué miles de escuelas no se encuentran en óptimas condiciones para recibir a cientos de niños, niñas y adolescentes (NNA) en sus respectivas aulas escolares?, ¿por qué, hasta nuestros días, más de 41 mil escuelas primarias, secundarias y de bachillerato de nuestro país no tienen acceso a agua potable y más de 47 mil no cuentan con infraestructura para el lavado de manos (Poy, 2021)?, ¿por qué, de acuerdo al estudio del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el 81% de los inmuebles escolares se ubicaban en condiciones mínimas de sanidad y de matrícula de 25 estudiantes por docente, cifra que rebasa la cantidad de alumnos recomendada por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (Salinas, 2021)?

Cifras y datos expuestos, de una y otra parte que, si usted quiere están ahí, y que pueden ser consultados en el momento en que así se considere pertinente. De hecho, existen diversos reportes de la Auditoría Superior de la Federación (y que han hecho públicos diversos medios de comunicación digitales), mediante los cuales, se han hecho evidentes, las grandes contrariedades que párrafos atrás he señalado pues, en diversos asuntos, se han encontrado retrasos, irregularidades y falta de apoyo para, por ejemplo, la reconstrucción de escuelas que no fueron dañadas por los sismos de 2017: “la evolución del Programa Escuelas al Cien no ha cubierto las expectativas planeadas por lo que la ASF advirtió, que parece complicado que el Instituto Nacional de la Infraestructura Educativa cumpla con la meta de 33, 852 centros de trabajo beneficiados con más de 50 millones de pesos en tres años. Hasta diciembre de 2017, el programa había ejercido apenas 26% del presupuesto y atendido el 40% de los centros de trabajo proyectados… además, la ASF, resaltó que los centros de trabajo ubicados en zonas menos rezagadas fueron favorecidos por encima de localidades con rezago alto y medio” (Expansión Política, 2018).

Tenemos entonces, por un lado, los discursos pomposos llenos de datos y cifras alegres que cotidianamente nos regalan los funcionarios públicos; por el otro, una realidad lacerante que los trabajadores de la educación, padres de familia y, principalmente, NNA, viven a diario; y, por otro lado más, una ley que nada más no acaba de dejar de ser letra muerta porque, en los hechos, hasta donde mi conocimiento me lo permite, sé de pocos, pero poquísimos funcionarios públicos que han sido sancionados por las irregularidades y falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos destinados al sector educativo. Tres realidades, un solo hecho: simular para avanzar.

Muchas veces me han preguntado y, con seguridad, usted que está leyendo esto se habrá preguntado: por qué no denuncian estas irregularidades los trabajadores de la educación si, como he venido comentando reiteradamente, son los que viven y padecen los estragos de programas y políticas mal implementadas en el sector. La respuesta es simple: desafortunadamente, la denuncia, viene cargada de una serie de amedrentaciones, amenazas o atropellos de sus propias autoridades educativas o de algunos de sus compañeros de trabajo, aunado a que tal trabajador de la educación forma parte de un Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que se ha vendido y se vende al mejor postor; consecuentemente, guardar silencio parece ser la mejor opción.

No obstante, lo anterior, debo señalar que el magisterio, como parece obvio, ya no es el mismo de antes. Sí, con todas sus complejidades, pero ha cambiado; ya no se deja engañar como en antaño. Muestra de ello es lo que en el pasado inmediato se observó en cada uno de los planteles escolares para el regreso a clases presenciales, o bien, en la implementación del programa más neoliberal de este gobierno para la admisión y promoción del personal docente del SEN. Vaya, en el primer caso, fue irrisorio la paupérrima cantidad de “insumos” que se enviaron a las escuelas para que éstas se convirtieran en espacios seguros y se pudieran evitar contagios: un par de litros de gel, dos escobas, dos trapeadores, un litro de cloro y algunas jergas fue parte de ese kit sanitizante. En el segundo caso, para pocos es desconocido el desastre que es la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM); el sello de esta Unidad ha sido la inoperancia, ineficacia e ineficiencia, aunado al raquítico presupuesto asignado para, por ejemplo, la promoción horizontal.

Y bueno, ya mejor ni hablamos de la puesta en marcha del Plan de Estudios de esa cosa extraña que se ha denominado Nueva Escuela Mexicana o de los libros de texto gratuitos que, por donde se vea, no avanzó como debiera.

Sí, con seguridad alguien podría decir que hace unos años se implementaron unos foros de consulta para concretar lo que se conoció como gran Acuerdo Educativo Nacional mediante los cuales ¿se les dio voz a los trabajadores de la educación? Al respecto bien valdría preguntarse: ¿qué pasó con todas las propuestas que el magisterio depositó para que fueran tomadas en cuenta en dicho Acuerdo?

Sí, con seguridad alguien me podría decir que se encuentra operando el Programa la Escuela es Nuestra, solo que, como bien sabemos, dicho programa no beneficia a todas las escuelas públicas del país y, sus reglas de operación, son otro de los tantos misterios que no han logrado resolverse porque, mientras en el papel se establece una cosa, la realidad dista de lo que en éste puede leerse. Miles de escuelas siguen teniendo dificultades para brindar un servicio educativo de “calidad”.

Sí, con seguridad alguien podría decir que la estrategia Aprende en Casa fue todo un éxito y que, por tal razón, tal y como lo ha asegurado la profesora Delfina, “llegó para quedarse”; al respecto, sugiero que se lean los resultados de la Comisión Nacional de la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU) que fueron publicados hace unos meses y, en los que se señala, que menos de la mitad de estudiantes y padres de familia, recurrieron a los programas televisivos para darle continuidad a su proceso formativo.

Ahora bien, si por anacronismo entendemos que éste es un hecho o circunstancia actual que no es actual sino propia o característica de las costumbres del pasado, podríamos comprender el escenario actual que estamos viviendo en materia educativa en estos momentos.

Los datos ahí están, para ser investigados, analizados, comprendidos y valorados.

Referencias:

SEP. (2017). Anuncia Nuño Mayer inversión de 80 mil millones de pesos para mejorar infraestructura escolar. Boletín 141. Recuperado de: https://www.gob.mx/sep/prensa/comunicado-141-anuncia-nuno-mayer-inversion-de-80-mil-millones-de-pesos-para-mejorar-infraestructura-escolar

SEP. (2009). Lanza gobierno federal inversión histórica para programa de infraestructura educativa. Subsecretaría de Educación Media Superior. Recuperado de: http://www.sems.gob.mx/en_mx/sems/02012009_lanza_el_gobierno_federal_inversin_histri

Maya, R. (2002). Refrenda Reyes Tamez el carácter laico y gratuito de la educación. Cimacnoticias. Recuperado de: https://cimacnoticias.com.mx/noticia/refrenda-reyes-tamez-el-caracter-laico-y-gratuito-de-la-educacion/

Poy, L. (2021). Más de 41 mil escuelas del país no tienen acceso a agua potable: Mejoredu. La Jornada. Recuperado de: https://www.jornada.com.mx/notas/2021/06/30/politica/mas-de-41-mil-escuelas-del-pais-no-tienen-acceso-a-agua-potable-mejoredu/

Salinas, C. (2021). La falta de infraestructura y el avance de la pandemia en México impide garantizar el regreso seguro a las aulas. El País. Recuperado de: https://elpais.com/mexico/2021-02-01/la-falta-de-infraestructura-y-el-avance-de-la-pandemia-en-mexico-impiden-garantizar-un-regreso-seguro-a-las-aulas.html

Redacción Expansión Política. (2018). Al programa escuelas al cien, no le salen las cuentas, detecta la ASF. Expansión Política. Recuperado de: https://politica.expansion.mx/mexico/2018/11/01/al-programa-escuelas-al-cien-no-le-salen-las-cuentas-detecta-la-asf

Fuente de la información: https://profelandia.com

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Escolaridad e Ingresos: ¿Dónde está el norte?

Por: Rogelio Javier Alonso Ruiz* 

En 1972, el Apollo 17 tomó la primera fotografía completa de la cara iluminada de la Tierra. Se dice que, antes de dar a conocer la imagen, conocida como “la canica azul”, tuvo que ser editada, girándola 180 grados, para que coincidiera con la perspectiva tradicional de los mapas de la época. Tal hecho nos recuerda que se mira el mundo en el sentido que alguien decidió alguna vez. Lo que se conoce como norte también podría ser sur: la Patagonia podría estar “arriba” y Groenlandia “abajo”. Algo similar parece suceder con la tan aceptada aseveración “a mayores estudios, mayores ingresos”. ¿Y si, de manera general, fuera más acertado decirla al revés? ¿Qué afirmación es más generalizable: que el nivel económico determina la escolaridad o que esta última incide en los ingresos de las personas? ¿Dónde está el norte: en la cuna o en la escuela?

La influencia del grado escolar sobre los ingresos de las personas es fácilmente demostrable mediante cifras. El extinto Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) no deja lugar a dudas: entre las personas de 25 a 64 años, quienes poseen nivel educativo superior se imponen siempre a quienes tienen sólo estudios básicos, en indicadores como tasa de ocupación (80.3% a 67.9%), contratación estable (74.6% a 43.4%) y salario relativo por hora (más del doble a favor de los primeros) (2019, pp. 487). Sobre quienes ni siquiera tienen estudios básicos, la victoria de los  universitarios es todavía más aplastante. Viendo estos datos de manera aislada no quedaría duda: los estudios determinan los ingresos. La fórmula es aparentemente simple: hay que ir a la escuela para ganar más.

Pareciera pues que la llave para ingresar a mayores niveles de bienestar económico está en la educación superior, pero ¿dónde está la llave para acceder a ésta? En México, es una minoría la constituida por jóvenes de 18 a 24 años, edad típica para cursar el nivel superior, que asisten a la escuela: sólo el 32.2% (INEE, 2019, p. 107). Más alarma aún la diferencia de la matriculación según los niveles de ingreso: 18.8% de quienes se sitúan en el quintil I, el más bajo, y 48.4% de quienes están en el quintil V, el mayor. La idea de que a través de una mayor escolaridad se mejoran los ingresos requiere entonces de una aclaración importante: generalmente quienes acceden a mayores niveles escolares provienen de entornos de por sí aceptables o favorables. Se relativiza entonces la afirmación según la cual los estudios son causantes de buenos ingresos. Incluso, se puede cambiar de sentido: en términos generales, es el nivel económico el que lleva al grado escolar.

Recientemente, circuló en medios de comunicación la imagen de un joven orgulloso entregando su título universitario a su madre, mujer dedicada a la venta de ropa en un tianguis. Sin pretender minimizar el evidente mérito del hoy licenciado, vale la pena preguntarse: ¿sólo se popularizó la fotografía por ser una conmovedora muestra de la gratitud de un hijo a su madre? Tal vez no. ¿Cuántas madres de ese mismo tianguis podrán presumir una imagen similar? Probablemente pocas o ninguna y quizá por la rareza del fenómeno es que se convirtió en noticia. ¿Será que la fotografía fue aprovechada por quienes fomentan la perversa cultura del “echeleganismo”, que reduce el éxito o fracaso exclusivamente al esfuerzo individual, eximiendo de cualquier cargo a los responsables del bienestar colectivo?

Desde luego que sería un error negar la existencia de casos que rompen con la inercia impuesta por las condiciones sociales, de familias que, con sacrificios impensables y contra los peores pronósticos, consiguen que sus hijos alcancen un grado académico y, en el mejor de los casos, una retribución económica por este logro. Casos como el del hijo de la mujer tianguista nos recuerdan gratamente el potencial transformador de la acción educativa. Pero también sería un error asumir que, por esos casos, que estadísticamente no son mayoría, se pueda afirmar de manera simple que alcanzar niveles económicos dignos es “tan fácil” como asistir a la escuela. No siempre se puede romper la inercia y no siempre es cuestión de voluntad individual. Sería cegarnos ante la realidad de un sistema no sólo educativo, sino social, que tiende a la reproducción de desigualdades.

La discusión sobre la relación entre educación e ingresos debería situarse pues en temas mucho más complejos que incluso sobrepasan al simple grado académico o la asistencia escolar: la distribución de la riqueza, la igualdad de oportunidades y la efectividad de los mecanismos de movilidad social, entre otros. El debate debería hacer reflexionar no sólo sobre las condiciones del entorno para acceder a la escuela, sino para hacer florecer sus efectos. ¿Dónde está entonces el norte en ese mapa que establece la relación entre estudios e ingresos? ¿Los primeros determinan los segundos o viceversa? Parece que, en ambos sentidos, las matices son importantes para no caer en afirmaciones simplistas.

*Rogelio Javier Alonso Ruiz. Profesor colimense. Director de educación primaria (Esc. Prim. Adolfo López Mateos T.M.) y docente de educación superior (Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima). Licenciado en Educación Primaria y Maestro en Pedagogía.  

Twitter: @proferoger85 

REFERENCIAS

INEE. (2019). Panorama educativo de México 2018. Indicadores del Sistema Educativo Nacional. Educación Básica y Media Superior. México: autor.

Fuente de la información e imagen:  https://proferogelio.blogspot.com

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