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Haití, miseria y política en el Caribe

Juan J. Paz y Miño Cepeda

Por: Juan J. Paz-y-Miño Cepeda

La República de Haití, en la parte occidental de una de las grandes islas del Caribe (su vecino oriental es la República Dominicana), es el tercer país más extenso de la subregión (27.750 km2), con una población que ya superó los 11 millones de habitantes (90% de origen africano) y entre la cual más del 80% vive en la absoluta pobreza.

Su realidad económica, social y política, tanto como su historia, son normalmente desconocidas en la misma América Latina, lo que acentúa el aislamiento del que ha sido víctima el país desde la época de la colonia.

En 1492 Cristóbal Colón llegó a la isla, a la que bautizó como La Española. Iniciada la conquista, la escasa población nativa fue devastada, por lo cual, desde los primeros años del siglo XVI, comenzó la importación de esclavos, literalmente cazados en África. Cuando los españoles dejaron de interesarse en esa porción del territorio, a mediados del siglo XVII la zona fue ocupada por Francia, que estableció uno de los más brutales sistemas coloniales esclavistas, que marcó el origen de la miserable condición humana de la población de la isla por entonces llamada Saint-Domingue. Se convirtió en la colonia más famosa y valiosa.

Producida la Revolución Francesa (1789) y proclamada por la Convención Nacional la libertad de los esclavos (1794), estalló en la isla la rebelión anticolonial liderada por Toussaint Louverture, que el 1 de enero de 1804 proclamó la independencia. Fue la primera revolución mundial de negros y mulatos por la libertad nacional y contra la esclavitud, además de pionera en Latinoamérica. Tan idílica situación fue novelada por Alejo Carpentier en El reino de este mundo (1949). En la realidad, para someter a los luchadores independentistas, Napoleón envió un ejército de cerca de 25 mil soldados, que finalmente fue derrotado (1803), incluso por la muerte debida al acelerado contagio de enfermedades tropicales.

La vida de la naciente república transcurriría bajo la permanente inestabilidad interna, el cerco de las grandes potencias y el asedio de los EE.UU. Francia impuso a los haitianos el pago de 150 millones de francos-oro como indemnización por la independencia, que Jean-Bertrand Aristide, primer presidente electo en la historia (1991, 1993 y 2001) reclamó, exigiendo la devolución de 21 mil millones de dólares, monto al que ascendía, en términos actuales, aquella infame reparación pagada. Tampoco puede dejar de considerarse que los EEUU intervinieron directamente con sus tropas en Haití en 1915 y que se apoderaron de la isla Navaza, del archipiélago haitiano. Imposible no hacer referencia al domino del corrupto y perverso régimen de los Duvalier (François Duvalier alias “Papa Doc”, entre 1957-1971 y su hijo Jean-Claude, entre 1971-1986), quienes establecieron un dominio terrorista interno, sostenido por los sanguinarios Tontons Macoutes. Al escapar del país, Jean-Claude Duvalier se apoderó de 900 millones de dólares que se llevó a Francia, donde se instaló y garantizó su impunidad.

Las dos obras que han marcado la historiografía sobre el Caribe y que igualmente sirven para tomar dimensión de lo que significa Haití en la geopolítica del capitalismo en América Latina, pertenecen a dos ilustres escritores y políticos: una es la de Juan Bosch y se titula De Cristóbal Colón a Fidel Castro: el Caribe, frontera imperial; otra es la de Eric Williams, titulada From Columbus to Castro: The History of the Caribbean 1492-1969. Bosch fue el primer presidente electo de República Dominicana (1962-1963) después del dominio brutal de Rafael Leónidas Trujillo (1930-1961). Sus posiciones progresistas y anticolonialistas siempre despertaron inquietud, de modo que en 1963 fue derrocado, siguiendo luego la invasión norteamericana (1965). Williams fue Primer Ministro de Trinidad y Tobago (1962-1981) después de la proclama de independencia de la isla (1962) y también fue anti colonialista.

La coincidencia de los títulos entre esos dos autores (además sus obras se publicaron en 1970) no descarta la igual coincidencia que tuvieron en múltiples interpretaciones. Siguiendo a Juan Bosch, España y Portugal triunfaban en el continente haciéndose de amplios territorios coloniales, mientras en el norte se establecían los ingleses (Estados Unidos) y en parte los franceses (Canadá); pero el Caribe fue, desde la llegada de Colón, la región de disputa entre todas las grandes potencias coloniales del mercantilismo de la época, que tampoco dudaron en establecer allí sus bases para llenar los mares con piratas, bucaneros o corsarios, que actuaron bien en beneficio propio o como intermediarios alentados y protegidos por los Estados colonialistas. Eso explica que las diversas islas de la subregión se caractericen por haber sido territorios colonizados por España, Francia, Inglaterra, Holanda y que en el siglo XX sean objetivos del “americanismo” estadounidense, que logró incorporar a Puerto Rico como “Estado Libre-Asociado”, largamente impuso sus intereses en Cuba e intervino directamente allí, como lo hizo en Centroamérica, para edificar el traspatio de su dominación.

De modo que Haití es un producto histórico de esa cadena de dramas y vorágines. En 2004 incluso revestida como intervención “humanitaria”, las NNUU crearon la MINUSTAH, que llegó a Haití y tampoco sirvió para la estabilidad gubernamental. Puerto Rico se mantiene vinculado a los EE.UU.; y el bloqueo más escandaloso de la época contemporánea sigue manteniéndose contra Cuba, a pesar de que las NNUU, en su reciente y última Asamblea (junio 2021), resolvió por 184 votos a favor y 2 en contra (EEUU e Israel) más 3 abstenciones (Colombia, Ucrania y Emiratos Árabes Unidos) pronunciarse por el fin de ese bloqueo que lleva décadas (se suma a las 28 resoluciones adoptadas anualmente desde 1992, https://bit.ly/2T8Aezm), que es el causante final del estrangulamiento económico de Cuba y que origina las dificultades sociales de la isla, en la que, contrariamente a lo que se cree, es precisamente gracias al socialismo que se ha impedido un deterioro mayor.

El asesinato del presidente Jovenel Moïse en Haití, ocurrido el pasado 7 de julio (2021), nuevamente se une a los episodios del escándalo, entre miseria social e inestabilidad política, que caracteriza a una república sin paz ni desarrollo. Tampoco se trata del primer episodio y la BBC recordaba, al respecto, en un interesante artículo (https://bbc.in/36tv18e), el magnicidio de Vilbrun Guillaume Sam, ocurrido en 1915, que derivó en la intervención con los marines norteamericanos y que duró 19 años. Lo que alarma en la actualidad es que la muerte de Moïse sea obra de un comando mercenario, integrado en su mayor parte por colombianos contratados por varias compañías (https://lat.ms/3AObyNn). Un hecho inquietante para América Latina, región en la cual las luchas políticas parecen “internacionalizarse” por todos los medios. No ha habido empacho alguno en proveer de armas al régimen de Jeanine Áñez en Bolivia, un asunto que involucra a los gobiernos de Mauricio Macri en Argentina y Lenín Moreno en Ecuador (https://bit.ly/3htJo2K); no hay alarma sobre la reunión del director de la CIA con el presidente Jair Bolsonaro y su gabinete en Brasil (https://bit.ly/3k7FKx8) y la abierta preocupación despertada por la “ola progresista” (https://bit.ly/3yLYXIY).

Desde luego, también se conforma plenamente una “internacional neoliberal”, impulsada por Mario Vargas Llosa a través de la “Fundación Internacional para la Libertad” (https://bit.ly/3yPwHVR) que logró reunir, hace poco, a reconocidas figuras políticas y también a los presidentes Iván Duque (Colombia), Sebastián Piñera (Chile), Guillermo Lasso (Ecuador) y Luis Lacalle Pou (Uruguay), bajo la predisposición de frenar la “pandemia populista” (https://bit.ly/3e2vD8P).

Blog del autor: http://www.historiaypresente.com/haiti-miseria-y-politica-en-el-caribe/#prettyPhoto/0/

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La era del hambre

Carolina Vásquez Araya.

Por: Carolina Vásquez Araya

Para las élites en el poder, el hambre es un fenómeno “inevitable y natural”.

“El arma de los imperialismos es el hambre. Nosotros, los pueblos, sabemos lo que es.” (Evita)

Con retraso en el crecimiento, peso inferior al 60 por ciento del previsto para la edad, escasa o nula grasa subcutánea, extremidades delgadas, diarrea, infección respiratoria, tuberculosis y signos de otras carencias nutricionales como deficiencia de micro nutrientes, se manifiestan algunas características de un cuadro de desnutrición en la infancia. En nuestro continente, un continente rico en recursos pero sometido a un sistema económico y político criminal, discriminatorio y deshumanizante, las grandes mayorías enfrentan la peor de las pandemias: el hambre.

El hambre, definido como el producto de la escasez generalizada de alimentos básicos que padece la población de forma intensa y prolongada, es una violación de un orden jurídico cuya premisa principal es la protección de la persona contra el abuso de autoridades, servidores públicos y particulares. Esta especie de patología política contraviene las garantías de los textos constitucionales y se encuentra presente con diferente intensidad y extensión en todos nuestros países, respondiendo a un sistema de reparto injusto de la riqueza pública y a la acumulación del patrimonio común en manos de una élite explotadora. La paradoja, es que el empobrecimiento resultante provoca un inevitable colapso de las capacidades productivas de la comunidad y, por ende, una disminución progresiva de los atributos intelectuales y físicos del recurso humano que pudiera contribuir al progreso de esa misma élite.

En América Latina, la pobreza impuesta de manera tan implacable a las grandes mayorías podría definirse como una fórmula estratégicamente concebida por los genios del sistema neoliberal: A mayor pobreza, menor poder ciudadano y, por ende, más oportunidades de enriquecimiento y concentración del poder para el sector privilegiado. La aplicación de esta norma perversa alcanza sus mayores cotas en países centroamericanos, en donde la carencia nutricional ha colocado a millones de niñas, niños y adolescentes ante un escenario de privaciones, enfermedad, dolor y muerte precoz por la carencia de algo tan básico como el alimento.

Para las élites en el poder, el hambre no es un problema. Es una realidad supuestamente inevitable reflejada en estadísticas más o menos manipuladas y asépticas, mediante las cuales la tragedia humanitaria se reduce a números. Esto, con el propósito de justificar políticas públicas sesgadas e ineficaces y así, mediante el uso de su poder mediático, endosar la responsabilidad en quienes lo padecen. De ese modo, para las castas políticas se abren nuevas oportunidades de enriquecimiento ilícito a través de donaciones de la comunidad internacional, préstamos cuyos fondos van a caletas y paraísos fiscales y otras argucias estratégicamente creadas con el mismo propósito.

En un escenario ideal, el hambre como tragedia humanitaria no debería existir. El planeta tiene recursos suficientes para satisfacer esa necesidad y, de no imperar los intereses corporativos que obligan a desechar millones de toneladas de alimentos cada año, con el único propósito de mantener los precios de mercado, nadie debería morir por falta de nutrientes. En la realidad, la vida de la niñez condenada al peor de los destinos, tiene menos importancia para las clases privilegiadas que los índices económicos, sólidamente asentados sobre la base de la injusticia y el despojo. Nuestros países necesitan con urgencia un relevo político capaz de construir las bases de un sistema inclusivo y justo para todos, pero sobre todo la actuación de líderes inteligentes, capaces de comprender y asumir el desafío de romper las estructuras y construir auténticas naciones.

@carvasar

La era del hambre

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Piratas pandémicos

Sergio Ferrari

Por: Sergio Ferrari

Ganancias multimillonarias del sector farmacéutico mundial

La industria farmacéutica mundial es uno de los grandes ganadores de esta etapa marcada por la pandemia. Saca provechos multimillonarios por derecha e izquierda. Multiplica las ventas y se beneficia, al mismo tiempo, de suculentos fondos públicos destinados a la investigación.

La empresa Moderna anunció recientemente que las vacunas anti COVID 19 le significarán este año una facturación de 19.200 millones de dólares estadounidenses en tanto BioNTech proyecta 15.000 millones.  En mayo, Pfizer, hizo pública su proyección de 26.000 millones en ventas lo que representa casi el doble de los 15.000 millones que calculaba apenas hace algunos meses.

En el primer trimestre del 2021, Moderna contabilizó una ganancia de 1.200 millones de dólares a partir de la venta de sus vacunas, entre las más caras en el mercado internacional. En igual periodo, la Pfizer reconoció beneficios netos de 4.877 millones de dólares, un 45 % más que en el mismo momento del pasado año, gracias, en buena medida, a las ventas de su vacuna contra el COVID-19.

El periódico mexicano El Financiero anticipaba ya en mayo pasado que nueve empresas “farmacéuticas disfrutarán multimillonarias ganancias de hasta 190.000 millones de dólares”, si alcanzan las metas de producción previstas para 2021.

Cifras llamativas si se recuerda que, al inicio de la pandemia, algunas de esas firmas afirmaron no tener intención alguna de obtener ganancias con la producción de los medicamentos preventivos, tal como lo señala el analista suizo Dominik Gross en un reciente artículo publicado en le revista Global de Alianza Sur.

Sin embargo –acota el portavoz de la plataforma helvética que reúne a las más importantes ONG de cooperación al desarrollo del país–, estas cifras no son tan sorprendentes si se consideran los modelos y mecanismos de mercado empleados por los gigantes farmacéuticos.

La ONG Public Eye (mirada ciudadana) analizó recientemente estos modelos en su informe Big Pharma takes it all (Las grandes farmacéuticas se lo llevan todo) https://www.publiceye.ch/fileadmin/doc/Medikamente/2021_PublicEye_BigPharmaTakesItAll_Report.pdf.  Y subraya, que uno de los principales instrumentos para maximizar los beneficios de la industria farmacéutica es la concesión de patentes sobre los principios activos de los medicamentos.

Por otra parte, el informe recuerda que en 2020 se inyectaron 93.000 millones de euros –más de 100.000 millones de dólares– de fondos públicos para la investigación y el desarrollo mundial de estos principios activos, como parte de una intensa cooperación con las universidades. Sin embargo, los derechos de patente aseguran que solo las empresas (co)desarrolladoras de estos principios se beneficien de los ingresos por la venta de los medicamentos.

No se autoriza a terceros a fabricar o vender los ingredientes activos sin adquirir una licencia de los propietarios. Estas normas están vigentes desde hace 25 años en el marco del Acuerdo ADPICque regula los diferentes aspectos de los derechos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio, recuerda Dominik Gross.  (https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/t_agm0_s.htm).

Este Acuerdo se firmó en 1995 como producto de la presión de los países del Norte. Desde hace meses, numerosas naciones, organizaciones ciudadanas y la misma OMS (Organización Mundial de la Salud) advirtieron que este Acuerdo agrava el riesgo sanitario planetario. Ya que la protección a las patentes crea una escasez artificial de vacunas, lo que produce el aumento de los precios y dificulta así la eficaz y equitativa distribución entre todas las naciones. Llamaron y siguen exigiendo que, ante la emergencia pandémica, se libere ese derecho de patente y se permita democratizar la producción de vacunas en forma descentralizada allí donde se puedan fabricar.

El enfoque de las grandes transnacionales farmacéuticas perjudica especialmente a los habitantes de los países del Sur con bajos ingresos que no pueden permitirse una atención sanitaria ni vacunas costosas. Según el blog Our World in Data, al que hace referencia la revista Global, mientras que en América del Norte y Europa ya se han administrado, respectivamente, 58 y 43 vacunas por cada 100 habitantes, en África sólo se contabilizan 2 vacunas cada 100. Asia y Sudamérica se sitúan en un punto intermedio, con 18 y 24 vacunas administradas.

En una perspectiva a mediano plazo, según las previsiones publicadas por The Guardian – y retomadas recientemente en el sitio francés Statista—, se calcula que Moderna será la empresa con mayores ventas de su vacuna por más de 35.000 millones de euros entre 2021 y 2023 (unos 43.000 millones de dólares). Las ventas de Pfizer, en ese mismo periodo, se proyectan en casi 20.000 millones de euros.

La misma fuente asegura que el costo medio mundial, a valores de marzo 2021, de las dos dosis, es de 31 euros (casi 37 dólares) tanto para la Pfizer/BioNTech como para la Moderna; 23 euros cuestan la Sinovac; 17 euros la producida por Gamaleya y 6 la de AstraZeneca. Una dosis única de la Johnson-Johnson oscila en los 8 euros.

¡Al abordaje!

La pandemia causa un impacto devastador en todo el mundo, pero especialmente en los países en desarrollo y emergentes. Las naciones ricas han acaparado casi todas las vacunas, tratamientos y pruebas disponibles en el mundo.

La desigualdad en el acceso a estos dispositivos médicos esenciales se debe a una escasez artificial creada por el sistema de monopolio farmacéutico basado en patentes. En lugar de cuestionar este modelo de negocio perjudicial, los países ricos lo defienden con vehemencia, denuncia Public Eye.

Y pone de manifiesto la hipocresía de esas naciones, así como de la industria farmacéutica, cuyas grandes declaraciones de solidaridad nunca han estado tan alejadas de la realidad como durante esta crisis sanitaria mundial. “Los Estados tienen el deber de proteger el derecho humano a la salud: deben intervenir para garantizar un acceso equitativo a las tecnologías médicas para combatir el COVID-19. Las soluciones existen; es una cuestión de voluntad política”, subraya la ONG helvética.

El Big Pharma takes it all analiza las diez estrategias utilizadas por los gigantes farmacéuticos para maximizar sus beneficios y aprovechar la crisis sanitaria en su beneficio, en detrimento del interés público.

Un punto de arranque de esas estrategias es la definición de las prioridades de investigación y desarrollo en función de la ganancia que obtendrán. El control abusivo de las patentes constituye otro pilar del modelo transnacional que prioriza, fundamentalmente, las necesidades de los países ricos y no el bien común planetario.

Como lo señala el estudio, “los gigantes farmacéuticos y los países ricos también son cómplices durante una pandemia como la de COVID-19. Las naciones ricas como Suiza firman acuerdos exclusivos (ndr: con esos gigantes) a precios excesivos y hacen recaer la carga de estos contratos opacos en la salud pública”, que paga el contribuyente con sus impuestos.

Todo esto, sin ninguna transparencia y rechazando la obligación de rendir cuentas; socializando los riesgos, pero “privatizando los beneficios”; aprovechando al máximo de los fondos públicos; imponiendo precios injustificables e incontestables y priorizando la distribución de dividendos por sobre la inversión en nuevos medicamentos.

La estrategia multinacional farmacéutica integra también el trabajo a gran escala de cabildeo y presiones en las esferas de decisión. En Estados Unidos, señala Big Pharma takes it all, el mayor mercado del mundo, 39 de los 40 representantes legislativos que han recibido las mayores contribuciones de las empresas farmacéuticas forman parte de los comités que se ocupan de las cuestiones parlamentarias relacionadas con la salud. También en Suiza, “los grupos de presión de la industria farmacéutica son omnipresentes y no están regulados”, y cualquier intento de reducir el precio de los medicamentos –que es uno de los más caros del mundo–, se enfrenta a una intensa resistencia, subraya.

Resistencia ciudadana

Sin poner en duda la importancia decisiva de la vacunación para enfrentar la pandemia, cada vez son más los actores de la sociedad civil planetaria que critican con vehemencia esta nueva ofensiva de las multinacionales del sector.
Y se pronuncian, como los autores del Pharma takes it all , a favor de medidas posibles, que están a la mano de gobiernos y empresas, para abaratar costos, democratizar la producción de vacunas y generalizar el derecho de cada ser humano a estar protegido contra el COVID-19.

Entre ellas, el apoyo al fondo común de acceso a la tecnología COVID-19 (C-TAP), lanzado por la Organización Mundial de la Salud como solución global para el acceso equitativo a pruebas de diagnóstico, tratamientos y vacunas. Así como el sostén a la solicitud de una exención temporal de determinados aspectos del Acuerdo ADPIC para productos médicos necesarios en el control pandémico. Instan –sobre todo a los países ricos—a no almacenar vacunas y apoyar el mecanismo internacional COVAX para la equidad de la distribución de las vacunas.

Como ejercicio básico de transparencia, proponen que se publiquen los contratos firmados con los fabricantes de vacunas. Y se pronuncian a favor de fomentar las iniciativas de ciencia abierta para un acceso equitativo a la prevención, al diagnóstico y al tratamiento de enfermedades. Y la necesidad de aplicar la resolución de la OMS sobre la mejora de la transparencia de los precios de los medicamentos.  La inversión pública en investigación y desarrollo debe estar sujeta a condiciones claras y a una política razonable de precios.

En síntesis, estos actores sociales del mundo entero denuncian a los piratas modernos del sector farmacéutico. Les exigen que bajen de sus naves, que entreguen sus espadas y dejen de aprovecharse del COVID 19 para maximizar sus beneficios. Que no impongan cláusulas de confidencialidad a los gobiernos y acepten que los contratos salgan a la luz pública.

El debate de sociedad está abierto y toca a su misma médula: la vida de la humanidad y el tipo de sistema de salud para asegurarla. Anteponiendo a los piratas modernos de la industria farma ávidos del botín con el hombre de a pie que exige gratuidad y reivindica un servicio de salud pública de calidad al servicio de todas y todos.

Sergio Ferrari, desde Berna, Suiza.

Piratas pandémicos

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Cumbre de los dueños de la alimentación

Silvia Ribeiro
Por: Silvia Ribeiro

No podemos vivir sin comer. Los alimentos y todo lo que les rodea están en la base de la vida de todas las personas. Por ello controlar ese mercado es un objetivo fundamental de las empresas trasnacionales. Al día de hoy, cuatro o cinco grandes empresas de agronegocios controlan más de la mitad del mercado global en cada eslabón de esa cadena industrial. Con la pandemia aumentó explosivamente la entrada de las gigantes tecnológicas y de comercio en línea, lo cual ha cambiado las estructuras de producción y quiénes controlan a productores y consumidores. Para legitimar este asalto digital y biotecnológico a nuestra comida y sentar nuevas normativas internacionales (leáse evitar regulaciones y control públicos), se concibió la llamada Cumbre de Sistemas Alimentarios, a realizarse en septiembre de 2021

Aunque se presenta como una cumbre de Naciones Unidas, fue una iniciativa del Foro Económico Mundial (Foro de Davos en lenguaje popular, donde convergen las mayores empresas trasnacionales). António Guterres, secretario general de la ONU, anunció en 2019 su realización antes de que los propios órganos de Naciones Unidas relacionados a agricultura y alimentación –como FAO y el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial– supieran de ésta. Pese a ser oficial, esta cumbre será un evento público-privado, donde el sector privado tiene más participación e influencia que los coorganizadores de Naciones Unidas (https://tinyurl.com/cd7rhptb).

La comida no es sólo nutrición, es además un pilar esencial de la organización de las sociedades y las culturas. Durante más de 99.9 por ciento de la historia de la humanidad los alimentos, la forma de obtenerlos, producirlos y procesarlos ha sido diversa y descentralizada según geografías y culturas, basada en sistemas locales y, en su vasta mayoría, sustentable social y ecológicamente. El capitalismo y su Revolución Verde (paquete tecnológico de semillas híbridas y transgénicas, maquinaria pesada, agrotóxicos y fertilizantes sintéticos) junto a la globalización impuesta, logró dañar en algunas décadas parte de esa realidad milenaria, con una industria alimentaria basada en el lucro, en la uniformidad genética de plantas y animales, groseramente quimicalizada –agrotóxicos, conservantes, saborizantes, espesantes, colorantes, etcétera–, con cada vez más elementos sintéticos y artificiales. Industria que es también uno de los mayores factores de contaminación de suelos, agua y tierra y causante del cambio climático. Adicionalmente, también es el mayor factor de producción de epidemias y pandemias (https://tinyurl.com/1lydnlmh).

Es uno de los 10 mayores mercados industriales globales, lista en la que ha ocupado entre el primero y séptimo lugar en la década pasada. Esto pese a que esa contabilidad sólo toma en cuenta la industria y apenas parcialmente los alimentos que provienen de redescampesinas, pesca artesanal, huertas urbanas y recolección tradicional, que son quienes proveen alimento a 70 por ciento de la población mundial. (https://tinyurl.com/fjx7hm)

Desde hace pocos años, las gigantes de tecnología digital y de plataformas de venta en línea (como Google, Facebook, Amazon, Microsoft, etcétera) han entrado en la agroalimentación. Han introducido programas de control digital del agro (ofertados por las empresas de agronegocios y maquinarias en sociedad con las tecnológicas) y diversos instrumentos para ello, como drones y sensores, a la vez que expanden y controlan las ventas en línea, tanto entre empresas como a consumidores (https://tinyurl.com/zw2xksxz).

Por todo ello, más allá de la retórica, los principales objetivos de esta Cumbre de Sistemas Alimentarios son: a) La promoción y avance a gran escala de la industria agroalimentaria digital o Agricultura 4.0, con nuevas biotecnologías, sistemas informáticos, extracción y acumulación masiva de datos del campo, de ecosistemas y de nuestras conductas alimentarias; b) establecer sistemas de gobierno alternativos sobre agroalimentación, donde las empresas tengan el papel principal junto a algunos gobiernos: sistemas público-privados, marginando incluso a Naciones Unidas y buscando eliminar a las organizaciones campesinas, indígenas, de mujeres, trabajadores, que no puedan cooptar; c) establecer nuevos conceptos como producción positiva a la naturaleza, para conseguir subsidios y cooptar producción orgánica si les sirve para el lucro, y otros como soluciones basadas en la naturaleza que es una cobertura para abrir nuevos mercados de carbono en agricultura y mercados de compensaciones por destrucción de biodiversidad.

La Vía Campesina y la vasta mayoría de movimientos campesinos, ambientalistas, de agroecología, de mujeres y pueblos indígenas de todo el mundo rechazan esta cumbre y se han propuesto desmantelar las mentiras y maniobras que entraña (https://tinyurl.com/4atvcnf4).

Más graves aun cuando el mundo sigue en pandemia y el sistema agroalimentario industrial que pretende avanzar la cumbre es uno de los factores clave en la generación de epidemias. Por ello, realizarán una contracumbre a finales de julio, donde una gran diversidad de organizaciones y comunidades presentarán las realidades y propuestas que necesitamos para alimentar a todo el mundo, con justicia y cuidado del medio ambiente.

Fuente: https://www.jornada.com.mx/2021/07/03/opinion/021a1eco

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La covid sí entiende de clases sociales

Rebelion

La covid sí entiende de clases sociales

Por Pedro Gullón Tosio | 14/07/2021 | Mundo
Fuentes: The Conversation

El mantra de “la covid-19 no entiende de clases sociales” fue repetido durante los primeros meses de la pandemia con la intención de mostrar que todas las personas podemos ser susceptibles de ser contagiadas.

Sin embargo, desde entonces se ha acumulado evidencia científica de que esa frase estaba ocultando una realidad: todas las personas podemos ser susceptibles, pero no lo somos de la misma manera.

Este hecho, por el cual no todos los grupos sociales se encuentran afectados de la misma forma por una enfermedad, es lo que conocemos como desigualdades sociales en salud. De forma más académica, definimos las desigualdades sociales en salud como aquellas diferencias en salud injustas y evitables entre grupos poblacionales definidos social, económica, demográfica o geográficamente.

En definitiva, no toda diferencia en salud siempre es considerada una desigualdad.

La epidemiología y la salud pública llevan varias décadas tratando de definir los mecanismos y las intervenciones para actuar sobre estas desigualdades sociales en salud. De hecho, por ejemplo en España, adaptando el marco de la Organización Mundial de la Salud, creó una Comisión para la reducción de las desigualdades sociales en salud que se cristalizó en el informe “Avanzando hacia la equidad. Propuesta de Políticas e Intervenciones para reducir las desigualdades Sociales en salud en España” (Figura 1).

Figura 1. Marco conceptual de los determinantes de las desigualdades sociales en salud. Comisión para reducir las Desigualdades en Salud en España, 2010.

Estos mecanismos de distribución injusta de oportunidades y recursos relacionados con la salud que tienen las personas en función de su posición social (clase social, género, etnia o territorio) son los que se traducen en desigualdades sociales en salud.

En el caso de la covid estos mecanismos se expresan en diferentes momentos de la historia natural de la enfermedad (Figura 2). Aquí nos referiremos a las desigualdades por posición socioeconómica, pero este marco puede ser adaptado al resto de ejes de desigualdad.

Figura 2. Potenciales puntos de generación de desigualdades sociales en covid-19.

Desiguales en la exposición

No todos los grupos sociales han estado expuestos de la misma manera al SARS-CoV-2.

Estudios en diversos países del mundo han mostrado que la incidencia acumulada de covid-19 ha sido superior en aquellos barrios y personas de una posición socioeconómica más baja.

De hecho, hay estudios que muestran como en la ciudad española de Barcelona el riesgo de desarrollar covid es 71 % mayor en mujeres y 67 % mayor en hombres con menos recursos económicos en comparación con las de altos recursos.

Estas desigualdades en la incidencia se pueden deber a una mayor exposición al virus de las personas con menos recursos, especialmente en el ámbito laboral y la vivienda. Por ejemplo, la posibilidad de hacer teletrabajo es menor para las personas con trabajos de menor cualificación, tal y como mostró un estudio del Ayuntamiento de Madrid.

Asimismo, las condiciones de la vivienda también pueden conllevar mayor exposición al SARS-CoV-2. La probabilidad de un contagio dentro de una vivienda depende de las posibilidades de realizar las cuarentenas y los aislamientos en un espacio suficiente.

Desiguales en la vulnerabilidad

Además de mayor riesgo de exposición, las personas de menos recursos tienen más riesgo de que la enfermedad sea más grave.

Existen dos elementos que podrían explicar esto.

El autor, Pedro Gullón Tosio

Por un lado, están las diferencias en el estado de salud previo. La gravedad de la covid está muy relacionada con la condición de salud previa de las personas infectadas. Tener enfermedades crónicas o condiciones como la diabetes o la hipertensión aumentan el riesgo de que la covid tenga un desarrollo más grave.

Y estas condiciones siguen el mismo patrón socioeconómico que hemos descrito antes, de manera que las personas de clase social menos favorecida tienen mayor proporción de factores de riesgo como la diabetes, la hipertensión o la obesidad.

Por otro lado tenemos las diferencias en el acceso al sistema sanitario y el tratamiento. Incluso en países con sistemas sanitarios públicos y con alta cobertura como España, el acceso al sistema sanitario de algunos colectivos con una situación no regularizada puede provocar desigualdades en el tratamiento de la covid.

¿Desiguales en el futuro?

¿Persistirán estas desigualdades en el futuro? ¿Actuaremos en consecuencia?

La atención casi exclusiva sobre los aspectos más novedosos de la pandemia nos ocultan que las condiciones que facilitan la exposición y la vulnerabilidad son muy similares a las de marzo de 2020. Pero también que el impacto diferencial de la pandemia no dependerá de la aparición de nuevas variantes, sino de las actuaciones sociales, políticas y de salud pública que hagamos.

De ello también dependerá cómo de desigual sean las consecuencias de la pandemia en todo lo que no es directamente covid: la salud mental, las enfermedades desatendidas por la pandemia, las pérdidas económicas y laborales…

La frase con la que el patólogo Rudolf Virchow pasó a la posteridad sigue tan vigente ahora como en el siglo XIX: “La medicina es una ciencia social, y la política no es otra cosa que medicina en gran escala”.

Pedro Gullón Tosio, epidemiólogo social y especialista en salud pública, además de profesor ayudante en salud pública en la española Universidad de Alcalá.

Este artículo se publicó originalmente en The Conversation. 

Fuente de la Información: https://rebelion.org/la-covid-si-entiende-de-clases-sociales/

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México: Atender lo prioritario

Pluma Invitada

Atender lo prioritario

Pluma Invitada

Fidel Ibarra López 

¿Está en riesgo el modelo presencial? Sin duda. Se preveía por parte de las autoridades educativas, que se podría regresar a clases con el avance de la vacunación, pero el escenario de una nueva ola de contagios ha derrumbado esa posibilidad. En el interludio, en algunos estados se regresó a clases (Campeche, Nayarit), pero el ejercicio no duró mucho. Se tuvo que retornar (nuevamente) al modelo de educación a la distancia debido a los contagios que se presentaron entre los alumnos. En ese sentido, el escenario más factible es que el próximo ciclo escolar inicie tal como acabó este; es decir, a la distancia. Y la situación podría mantenerse por un buen tiempo, porque se depende de tres variables: a) de la movilidad social de la población; b) del nivel de avance en la vacunación de toda la población; y, sobre todo, de la velocidad con que mute el virus. Este último factor, determina y condiciona el escenario, porque si estamos ante un virus que muta de forma acelerada, no habrá vacuna que logre aminorar el impacto de la enfermedad. La variante Delta del virus, es un ejemplo de ello.

En algún momento un servidor escribió en este mismo espacio que las autoridades educativas debían prepararse para el “peor escenario” (Educación Futura, 9 de noviembre del 2020). ¿Y cuál es ese escenario? Aquel donde la Covid-19 se convierta en una enfermedad endémica, como el caso del VIH. Si eso ocurre, difícilmente se va a regresar al modelo presencial tal como lo conocíamos hasta febrero del 2020. Y, por tanto, tal modelo estaría en riesgo. Lo cual sería de suma complejo por los costos sociales que acarrearía para millones de niños, adolescentes y jóvenes que dependen por entero del modelo presencial para tener acceso a un proceso de formación en el sistema de educación pública.

Ahora bien, ¿se observa que lo que aquí se indica esté en la agenda de la actual Secretaria de Educación Pública? Si nos remitimos a los temas que ocupan a la SEP, la respuesta es no. El tema que ha ocupado la atención de la institución tiene que ver con el calendario para el próximo ciclo escolar. Se regresó al ciclo de 200 días para la educación básica y media superior para el ciclo escolar 2021-2022, lo cual significa que se abandona el ciclo de 185 días con el cual se estaban gestionando lo ciclos escolares desde que Peña Nieto lo disminuyó. En ese sentido, se alarga el calendario escolar 15 días, y la pregunta es: ¿ayuda en algo esa medida en lo referente a los aprendizajes de los niños que no tienen acceso a las tecnologías?

Me parece que en la SEP se confunden las prioridades. Se atiende lo secundario y se deja de lado lo prioritario. ¿Y qué es lo prioritario? Por un lado, enfrentar el grave rezago educativo que está generando la pandemia en miles de niños, adolescentes y jóvenes -situación que hemos abordado en este espacio de forma reiterada-; y, por otro lado, el nivel de alumnos que ha desertado por diversos motivos -económicos, pérdida de los padres de familia, dixit Delfina Gómez (La Jornada, 21 de junio del 2021)-.

Me detengo en el primer aspecto: en lo que va de todo este periodo de educación en la era de la pandemia de la Covid-19, se ha mantenido en pie el ciclo escolar, no así los aprendizajes (Educación Futura, 10 de agosto del 2020). Y ello se debe, fundamentalmente, a que en el marco del proceso de enseñanza-aprendizaje, en el modelo de “educación a la distancia” de la SEP, el binomio maestro-alumno está desvinculado: el telemaestro que imparte las clases en el marco del programa “Aprende en Casa”, está desvinculado del maestro que tiene a su cargo a un grupo de niños o de adolescentes. Y este último, está desvinculado de los niños que tiene a su cargo. El enlace es el padre de familia y eso si este último cuenta con un teléfono digital con acceso a las redes sociales. ¿En dónde se está presentando esta situación? En aquellos niños que estudian en una escuela pública de una localidad rural o en una escuela con altos niveles de marginación social. Para los niños que estudian en una escuela pública urbana y que cuentan con acceso a las tecnologías, tienen acceso directo con sus maestros y el programa “Aprende en Casa” es, en el mejor de los casos, un apoyo a los contenidos que observan con sus maestros; pero no es la base del proceso de enseñanza-aprendizaje. En ese sentido, las clases por televisión son, en esencia, para los niños con mayor grado de vulnerabilidad socioeconómica. Y son, precisamente, los alumnos que están enfrentando el mayor nivel de rezago educativo. Aquí es donde se tendría que centrar la tarea de la Secretaria de Educación, Delfina Gómez.

Y lo afirmo en esos términos, porque en los documentos institucionales como el Programa Sectorial de Educación 2020-2024; así como en la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, se señala de forma reiterada que “la Nueva Escuela Mexicana es el instrumento del Estado para reorientar y garantizar la educación”. Y, sobre todo, se afirma que es una respuesta a la “lógica de exclusión social y educativa que ha prevalecido durante décadas”. Desde esta perspectiva, la tarea de la Secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez es, precisamente, enfrentar esas “lógicas de exclusión” que han quedado visibles con la irrupción de la pandemia.

Por otra parte, a nuestro entender, en el escenario se tiene otra prioridad sustantiva -y con esto último, vinculo el contenido con la parte inicial del texto-: la apuesta de la SEP es por entero en el retorno del modelo presencial. No se observa que se estén preparando para otra alternativa. Sin embargo, desde nuestra perspectiva esa apuesta es errónea. No vamos a regresar al modelo presencial. Al menos, no al modelo que conocimos -como señalamos líneas arriba- hasta principios del 2020. En todo caso, lo más parecido que tendremos al modelo presencial, será un modelo mixto. Un modelo que integre tanto la educación virtual como presencial, debido a la imposibilidad de tener en un mismo espacio áulico a 35 o 40 alumnos.

La escuela privada le apostará a ese modelo. O quizás a un modelo híbrido, si se está en posibilidades de brindar clases sincrónicas en tiempo real mientras se desarrolla la clase presencial con una parte de los alumnos del grupo. La escuela pública tendría que hacer lo mismo, pero no se observa que se vaya por ese camino.

En suma, la situación es de suma compleja. Y demanda la toma de decisiones. Una toma de decisiones orientada hacia lo estratégico y lo prioritario. No hacia lo secundario y periférico.

Dicho, en otros términos, se demanda que se haga valer lo que se establece en los fundamentos axiológicos de la Nueva Escuela Mexicana, porque la exclusión educativa que está manifestándose en los niños, adolescentes y jóvenes con mayor vulnerabilidad social por causa de la pandemia es de suma grave.

Fuente de la Información: http://www.educacionfutura.org/atender-lo-prioritario/

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Los desafíos de la educación chilena en el actual proceso constituyente

Irina Bustamante Centellas

Por: Irina Bustamante Centellas

El proceso constituyente que se vive actualmente en Chile es el resultado del pueblo movilizado en las calles y es la gran oportunidad que tiene el país para resguardar constitucionalmente la educación como un derecho social garantizado por el Estado, al cual todas y todos deben tener acceso sin ningún tipo de discriminación, dejando atrás definitivamente las políticas neoliberales aplicadas a la educación en dictadura y profundizadas en los posteriores gobiernos de la social democracia; políticas que han generado segregación escolar producto del cuasi-mercado educativo que promueve la competencia entre escuelas y empobrece el rol formativo de las instituciones escolares.

La educación en Chile es reconocida por ser altamente segregadora y desigual, en donde las oportunidades de desarrollo están estrechamente vinculadas con las condiciones de origen de niñas, niños y jóvenes; esto producto de las lógicas de mercado que genera la competencia, el incentivo monetario, el ranking y la rendición de cuentas basadas en pruebas estandarizadas. Esto ha provocado que las escuelas se concentren principalmente en lo administrativo y en la recolección de evidencias, postergando su labor esencial: lo pedagógico. De esta manera, destinan gran parte de su tiempo en “adiestrar” a sus estudiantes y el profesorado es considerado como un mero ejecutor de políticas definidas centralmente, que son ajenas a las comunidades y que no dialogan con las diversas culturas escolares.

Todo esto es lo que Chile tiene la oportunidad de dejar atrás con el actual proceso constituyente y enfrentar el desafío de pensar en la posibilidad real de una educación democrática, pluricultural y emancipadora para la justicia social.

Con el actual proceso constituyente, el pueblo chileno tiene la oportunidad de dialogar y decidir sobre educación. Es la oportunidad de reconstruir la educación chilena como un proceso formativo integral que se desarrolla a lo largo y ancho de toda la vida, y se construye basado en los principios de la inclusión y la solidaridad, con un profundo respeto y valoración por los derechos humanos y los pueblos originarios. En esta nueva educación chilena -gratuita, laica, no sexista, multicultural y de calidad para todos y todas- la participación de las y los sujetos pedagógicos, de la comunidad local, de los sindicatos y de los movimientos sociales por la educación debe ser prioritaria y estar garantizada constitucionalmente.

La educación pública debe ser el pilar fundamental de este nuevo sistema educacional, en todos sus niveles y con presencia en todo el territorio nacional. La educación pública que construyamos será reflejo de la sociedad que queremos construir, por lo que la escuela pública debe ser una experiencia comunitaria de democracia y de justicia social, garantizada por un Estado Social y Democrático de Derechos, que ponga fin al modelo neoliberal y al Estado Subsidiario.

Esto, sin duda, nos exige pensar en un proyecto pedagógico de educación pública y popular inspirado en las luchas de los movimientos sociales por la educación, en los pueblos originarios y sus culturas ancestrales y en las pedagogías críticas y emancipadoras de Latinoamérica. Entonces, la invitación es que las escuelas públicas chilenas se transformen durante este período de definición de la carta fundamental, en escuelas constituyentes abiertas a la comunidad local, en donde construyan la educación que sueñan y proyecten la sociedad en que quieren vivir.

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