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Por: Sebas Parra Nuño, Xavier Besalú 

La educación es un factor necesario (pero no suficiente) para poder disfrutar de una igualdad real de oportunidades. Sabemos que el elemento que tiene más impacto en la formación es el capital económico y cultural de las familias. Por tanto, si queremos combatir las desigualdades en educación ya sabemos por dónde empezar.

La escuela para todos es hija de la Ilustración, de aquella voluntad de liberar a las personas de las supersticiones y los dogmas para que, guiadas por la razón, se convirtieran en plenamente autónomas y capaces de gobernar sus vidas. La escolarización universal es, pues, una aspiración que no tiene mucho más de doscientos años, aunque en nuestro país no se hizo realidad hasta la década de los ochenta del siglo pasado. Las escuelas y los institutos han sido y son, por tanto, dispositivos con una voluntad profundamente democrática y emancipadora, nacidos para proporcionar a todos y cada uno de los individuos la posibilidad de constituirse como personas libres e independientes, sean cuales sean sus condicionamientos étnicos, geográficos, económicos, sociales o culturales, y sus características y capacidades físicas, psíquicas o intelectuales. La educación básica tiene sentido por sí misma y aspira a proporcionar a todos los chicos y chicas aquellos conocimientos, competencias, habilidades y valores que les permitan disfrutar de una verdadera igualdad de oportunidades para hacer frente a las demandas del mercado laboral y de la vida en general. Pero estos esfuerzos igualitarios, a pesar de sus éxitos indudables, no han dado los resultados esperados, y se ha acusado a los sistemas educativos de reproducir y legitimar las desigualdades socioeconómicas previas. No podemos aceptar este determinismo, pero sí hay consenso entre los especialistas en afirmar que la escuela sola no tiene suficiente fuerza para hacer revertir las desigualdades familiares y que hay que ayudarla con políticas sociales decididas si se quiere evitar que la pobreza y la desigualdad de origen no acaben también repercutiendo en los resultados escolares.

Así pues, la vulnerabilidad educativa es, en primer término, una consecuencia y un reflejo de la vulnerabilidad de las familias. El factor más determinante de la pobreza y la exclusión social es todavía hoy la clase social, es decir, la pertenencia a familias con poco capital económico, social y cultural, y con un estilo de vida que afecta de lleno sus expectativas y sus hábitos alimenticios, culturales y de ocio. Los datos nos dicen, de manera sostenida, que la población catalana en riesgo de pobreza está en torno al 20%, y que un 5% de esta vive en una privación material severa. Aplicado a la provincia de Girona, estaríamos hablando de más de ciento cincuenta mil personas y de más de treinta y ocho mil, en uno y otro caso, repartidas por todo el territorio. Si nos fijamos en la renta familiar disponible -los ingresos de que disponen las familias para el consumo o el ahorro-, sabemos también que en Girona hay varias ciudades que no llegan al índice 75 (cuando el de Cataluña es 100). Son, por este mismo orden, Lloret de Mar, Salt, Castelló d’Empúries, Roses y Palafrugell; serían las que, en términos medios, tendrían más familias en riesgo de pobreza.

El segundo factor relevante de pobreza y exclusión social hoy en Cataluña es ser miembro de una familia de origen extranjero. Estos ciudadanos comparten la vulnerabilidad de las familias pobres, pero suman su situación administrativa y el hecho de ser percibidos y, a menudo, tratados como elementos extraños y potencialmente peligrosos. En las comarcas de Girona, la población de origen extranjero es, en algunos pueblos y ciudades, superior al 25% (en Cataluña es de un 15%). Serían, por este orden, Castelló d’Empúries, Salt, Lloret de Mar, Sant Pere Pescador, Ullà, La Jonquera, La Escala, Castell de Aro, Pau, Roses, Vilamacolum, Palau Saverdera, Torroella de Montgrí, Figueres y Arbúcies.

Pobreza económica e inmigración extranjera confluyen, además, en determinados pueblos, barrios, urbanizaciones, edificios y calles, por lo que el territorio de residencia se acaba convirtiendo en un condicionante extraordinariamente potente y, de hecho, en un nuevo factor de exclusión social. Suelen aparecer procesos de regresión urbanística, que afectan el estado de conservación de las edificaciones, la urbanización, la red de servicios, los espacios públicos, los equipamientos … Viven ciudadanos -la mayoría extranjeros, muchos de ellos en el paro- con problemas económicos y sociales graves: de accesibilidad vial, de transporte público, de actividad comercial y de seguridad ciudadana … Todo ello hace que sean sectores que se perciben y se viven como zonas de riesgo, peligrosos, a veces como verdaderos guetos. En el caso de la ciudad de Girona, hablaríamos de barrios como Pont Mayor, Font de la Pólvora, Santa Eugènia o Can Gibert del Pla; de Figueres mencionaríamos los barrios del Culubret y Bon Pastor o la Marca de l’Ham; de Olot, los barrios de Sant Miquel, Sant Roc o los Pisos Garrotxa … En todas las ciudades grandes encontraríamos zonas con estas características y este estigma.

El Departamento de Educación, consciente de las necesidades del alumnado para terminar su escolaridad obligatoria con éxito, y atendiendo justamente a las características socioculturales de las familias, ha puesto en marcha dos programas para ayudar a los chicos y chicas y los mismos centros educativos a garantizar que todo el mundo consiga los resultados escolares que se consideran imprescindibles para seguir estudiando, en su caso, o para insertarse en el mercado laboral. El más antiguo -del 2004- es el denominado «Planes educativos de entorno», verdaderos planes comunitarios que operan desde fuera de las escuelas. Los encontramos en Girona, Figueres, Blanes, Lloret de Mar, Olot, Salt, Palafrugell, Sant Feliu de Guíxols, Banyoles, Roses, Torroella de Montgrí, La Bisbal, Castelló d’Empúries, Ripoll y Maçanet de la Selva. El otro programa es el de «Centros educativos de máxima complejidad», que dota estas escuelas e institutos con más recursos personales y materiales que el resto. En estos momentos, tienen esta consideración centros de Salt, Figueres, Girona, Palafrugell, Lloret de Mar, Blanes, Olot, Roses, Maçanet de la Selva, Castelló d’Empúries, la Bisbal, Sant Feliu de Guíxols, San Miguel de Fluvià, Sant Pere Pescador y Torroella de Montgrí. Si nos fijamos, todas las ciudades que cuentan con un plan educativo de entorno -salvo Banyoles y Ripoll- tienen centros considerados de máxima complejidad.

Fases del proceso educativo y desigualdades

La educación infantil no es obligatoria, pero en el segundo ciclo, que va de los tres a los cinco años, el 97% de los niños están escolarizados. No es el caso del primer ciclo, de cero a dos años, que además de no ser obligatorio tampoco es gratuito. La escolarización se ha estabilizado en torno al 37%. Con un matiz: los que más se escolarizan en estas edades son los hijos e hijas de las familias con más capital económico e instructivo. De hecho, la tasa de escolarización apenas llega al 9% entre las familias extranjeras. Aquí hay una primera fuente de desigualdad, que afecta especialmente a las familias pobres y extranjeras y las que viven en pueblos pequeños y relativamente alejados de otras poblaciones más grandes. Parecería clara la necesidad de una intervención pública lo antes posible. De hecho, los países con más equidad social se caracterizan por sus políticas familiares, que hacen que los niños puedan ser atendidos inmediatamente por instituciones educativas y puedan comenzar su escolaridad obligatoria con un desarrollo cognitivo y una socialización primaria adecuados.

Una segunda fuente de desigualdad es el acceso a las enseñanzas postobligatorias: el bachillerato, la formación profesional y las enseñanzas de régimen especial (de idiomas, artísticas -música, danza, artes plásticas, diseño, arte dramático- y deportivos). No todos los institutos ofrecen las diversas modalidades del bachillerato. Y eso obliga a los estudiantes -que, recordemos, son aún menores de edad- a desplazarse si viven en poblaciones sin instituto o si quieren cursar una modalidad que no se ofrece en su centro de referencia, con todas las dificultades que conlleva una red de transporte público insuficiente y cara. Este problema se agrava si se quiere seguir algún ciclo de formación profesional, tanto de grado medio como superior, con veinticuatro familias profesionales y ciento sesenta y dos ciclos diferentes. Es lógico que una oferta tan extensa esté muy distribuida y que la necesidad de desplazarse casi sea obligada. Es similar lo que podríamos decir de las escuelas de idiomas, conservatorios o escuelas especializadas.

Mención aparte merece la formación de personas adultas, que con doce centros públicos ordinarios y media docena de dependientes de las corporaciones locales, dibuja un mapa similar al que se cerró hace cuarenta años con el Plan de Ayuda a la educación de Adultos de la Diputación de Girona. Las dificultades de acceso para las personas adultas -de dieciséis años en adelante- a las posibilidades de hacer efectivo su derecho a la educación en los tres ámbitos que propone la ley -formación instrumental y básica (para compensar los déficits formativos), formación para el mundo laboral (actualización y perfeccionamiento) y formación para el ocio y la cultura (para participar en la vida social)- son bastante evidentes, y no parece que se puedan resolver a corto plazo.

Condiciones de escolarización

En Cataluña, opera una triple red educativa, formada por los centros públicos, los centros privados y los centros privados concertados. La enseñanza obligatoria es de pago en los centros privados: la libertad de empresa ampara la creación de este tipo de negocio. En la práctica, en las comarcas de Girona hay muy pocos, con dos tipologías muy diferenciadas: los centros de élite y las escuelas alternativas. Los centros públicos son gratuitos, y los encontraremos en todas las ciudades y pueblos de la demarcación, salvo los más pequeños. Los centros privados concertados son de titularidad privada, mayoritariamente religiosa, pero mediante el concierto con la Generalitat de Cataluña, que se hace cargo del pago del profesorado y de los gastos ordinarios, se comprometen a actuar como si fueran centros públicos, especialmente en cuanto a la admisión de alumnado.

En la práctica, esta segmentación es fuente de desigualdad. En primer lugar, porque los centros privados, concertados o no, se encuentran generalmente en las ciudades de más de diez mil habitantes, por lo que una parte significativa de la población queda excluida o se ve obligada a hacer largos desplazamientos. En segundo lugar, porque estos centros, en el tramo que va de los tres a los doce años, hacen una hora más de clase que los centros públicos; al cabo de estos nueve años, significa que sus alumnos han cursado 1.575 horas más de clase, lo que equivale casi a dos cursos enteros. En tercer lugar, porque en la práctica escolarizan alumnado procedente de familias con un nivel socioeconómico y cultural superior a la media, lo que contribuye a la segregación escolar. Y, finalmente, porque en estos centros concertados se pagan cuotas mensuales y unos servicios adicionales (transporte, comedor, etc.) que no están al alcance de todos.

La segregación escolar hace referencia a la concentración artificial de un determinado tipo de población en un mismo centro educativo, aunque sería razonable y deseable que todos los centros públicos y privados concertados escolarizan una muestra representativa de su entorno. Sabemos de centros que concentran alumnado de familias de un nivel socioeconómico y cultural elevado; de centros que concentran alumnado casi exclusivamente gitano; de centros que escolarizan en proporciones altísimas alumnado de origen extranjero …

Esta segregación no ayuda a mejorar los resultados globales del sistema educativo, pero sobre todo va en detrimento del aprendizaje de la convivencia entre personas diferentes, que es lo que encontramos en todas nuestras ciudades y pueblos. El Síndic de Greuges de Cataluña, que ha promovido el Pacto contra la segregación escolar, ha estudiado a fondo este fenómeno y ha mostrado como en la provincia de Girona hay centros educativos donde más del 50% del alumnado es de origen extranjero: Salt, Girona, Figueres, Castelló d’Empúries, Torroella de Montgrí, la Bisbal, Lloret de Mar, Roses … Y ha elaborado también un índice de disimilitud, que mide la desigualdad en la distribución del alumnado con necesidades educativas específicas, en el que la máxima igualdad equivaldría a 0 y la máxima desigualdad a 1. Con un índice de más de 0,25 tenemos Girona, Salt, Figueres, Blanes, Castillo de Aro, Palafrugell, Olot, Lloret de Mar y Sant Feliu de Guíxols.

Durante la Segunda República, fue una voluntad manifiesta hacer que los edificios escolares fueran los más bellos y funcionales de las ciudades y pueblos, como indicador de la importancia que se daba a la educación y también como elemento educativo en sí mismo. ¿Qué deberíamos decir hoy ante la multiplicación de los barracones (módulos prefabricados, en lenguaje oficial), más de trescientos en las comarcas de Girona? Es aceptable que sean una solución provisional y breve a problemas puntuales de escolarización, si realmente se llevara a cabo una planificación cuidadosa y una inversión suficiente. Pero no es así, porque hay escuelas e institutos que hace más de diez años que funcionan en barracones, como sería el caso de Sant Julià de Ramis, de Forallac, de Vilafant y otros. En unos tiempos en que la imagen cuenta tanto, en que se hacen inversiones millonarias de rentabilidad más que discutible, la presencia sostenida de tantos barracones acaba siendo un símbolo bien expresivo de la importancia que la sociedad da a la formación de las nuevas generaciones.

Resultados

Algunos datos de Cataluña (de 2015) a tener presentes: tasa de idoneidad (alumnado que hace el curso que le corresponde por edad) a los diez años, 94%; tasa de idoneidad a los quince años, 76%; tasa de graduación de ESO, 84%; tasa bruta de graduación de bachillerato, 52%; tasa bruta de graduación de ciclos formativos de grado medio, 23%; tasa bruta de graduación de ciclos formativos de grado superior, 30%; población de dieciocho a veinticuatro años que ni estudia ni trabaja, 19%;v población de veinticinco a sesenta y cuatro años que accede a la formación de adultos, 7%.

¿Qué nos dicen estos datos? Primero: que con sólo diez años, ya hay un 6% del alumnado que ha repetido algún curso, porcentaje que sube al 24% al finalizar la ESO. La repetición de curso -que, una vez más, afecta sobre todo al alumnado más vulnerable- simboliza la insuficiencia de las ayudas proporcionadas y, además, se ha demostrado que es enormemente ineficaz. Segundo: que un 16% del alumnado matriculado termina la escolaridad obligatoria sin haber alcanzado aquellos conocimientos y competencias que se consideran mínimos e imprescindibles y que la sociedad se había comprometido a garantizar para todos. Si vamos más al fondo, nos daremos cuenta de que estos porcentajes se duplican en el caso del alumnado de origen extranjero. Tercero: que, con respecto a las enseñanzas postobligatorias, la tasa de graduación es muy baja, de manera especial en los ciclos formativos, señal de que algo importante está fallando. Cuarto: es conocido que los índices de desempleo juvenil son insufribles; entonces habría que hacer todo lo posible para que los jóvenes siguieran formándose. Y quinto: la formación de personas adultas sigue siendo la pariente pobre de todo el sistema educativo, en unos tiempos tan cambiantes como los nuestros, en que se nos hace saber, por activa y por pasiva, la necesidad de seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida.

En resumidas cuentas, y mirando el futuro con esperanza, sólo un cambio radical en materia de ayudas a las familias más vulnerables, con un aumento considerable de los recursos que se destinan, y un combate serio y sostenido contra los factores que dificultan la acceso a la educación y generan segregación y fracaso escolar podrían empezar a hacer revertir la situación actual y conseguir de verdad que la educación cumpla la función social y cultural que le asignan las leyes: la igualdad de derechos y oportunidades; el respeto a los derechos humanos, a todos los seres vivos y el medio ambiente; el reconocimiento de la pluralidad lingüística y cultural; el ejercicio de la ciudadanía, y la participación con actitud crítica y responsable.

Fuente: https://rebelion.org/pobreza-y-educacion-un-combate-desigual/