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Los peligros de la educación online para la privacidad de los alumnos

Por: Educación 3.0

Estos son los principales peligros que pueden surgir por el uso inadecuado de Internet y aplicaciones gratuitas en el aula y en el ámbito educativo. Nos lo explica Juan Quintanilla, director general de Syntonize.

La situación que vivimos en el sector educativo desde marzo del año pasado ha supuesto importantes desafíos para padres (conciliando en casa), maestros (transformando los métodos de enseñanza) y escolares (aprendiendo y experimentando sin compañeros). Pero, sin duda, uno de los factores más controvertidos en este tiempo ha sido el excesivo peso que se está dando a la tecnología en este modelo.

Se ha hablado mucho durante estos meses del teletrabajo y sobre los desafíos que comporta para la productividad y la ciberseguridad, pero la realidad es que la mayoría de las empresas, cada una en su medida, está preparada para afrontar este reto sin problemas. Sin embargo, cuando miramos a los colegios, la realidad es muy diferente. No sólo porque como instituciones no cuenten con las infraestructuras necesarias sino, y sobre todo, porque los más jóvenes no son del todo conscientes de los peligros que entraña un uso inadecuado de la tecnología.

Normativa de la Unión Europea en privacidad de los alumnos

En primer lugar, es importante ser consciente de las aplicaciones que proponen los colegios para la educación remota. No todas las herramientas cumplen con las regulaciones de seguridad necesarias para salvaguardar la privacidad de los alumnos; por ello, es importante confiar solamente en fabricantes conocidos. Muchos centros han elegido plataformas gratuitas, como pueden ser Google, Microsoft o Zoom, aunque esto también puede suponer un problema.

El Tribunal de Justicia de la UE, en sentencia del 16 de julio, advierte a los centros educativos de que deben abstenerse de utilizar aplicaciones cuyo prestador de servicios tenga su sede social en EEUU al menos hasta que se garantice la protección adecuada de los datos de los alumnos. De hecho, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha prohibido expresamente el uso de estas aplicaciones en los colegios públicos y concertados de la región.

privacidad de los alumnos en Internet

Aplicaciones seguras en el aula

Antes de elegir otras aplicaciones más concretas, es importante también que desde la escuela se lean los términos de servicio y las políticas de seguridad y que se compruebe si están admitidas o recomendadas por las autoridades. En este sentido, precisamente la legislación estadounidense se encuentra bastante avanzada que la europea, y leyes como FERPA o COPPA suelen certificar a las aplicaciones más comunes y que cumplen los criterios de privacidad de los alumnos y protección de la infancia.

Una vez elegidas las aplicaciones idóneas para el trabajo con el alumnado, es importante que el propio colegio establezca sus propias reglas de protección de datos, tanto para almacenar documentos (incluidos exámenes o expedientes), como para permitir las conexiones hacia las infraestructuras de la institución, ya sea a través de VPN o mediante capas adicionales de seguridad. En este momento, es fundamental también la formación del profesorado para que conozcan perfectamente cómo utilizar todas las herramientas y evitar fugas de datos o acceso de intrusos.

Involucrar a las familias

Y ya que hablamos de formación, es un buen momento también para educar a los estudiantes, pero también a los padres, para que puedan disfrutar de una Internet segura y respetuosa. Muchas veces los más jóvenes consideran Internet como un amigo más y no son conscientes de los peligros que acechan si no se toman las precauciones necesarias o si pasamos por alto comportamientos inadecuados. No hablamos solamente del ciberbullying sino de la simple ‘netiqueta’ o educación a la hora de hablar con otras personas en redes o foros.

En definitiva, la educación remota ha llegado para quedarse y, en realidad, es importante que se haya dado este paso, ya que puede ayudar en el futuro a muchos niños que no puedan asistir a clase por cualquier motivo, pero es fundamental que pensemos más allá del mero sistema y seamos conscientes de que, además de un gran habilitador, puede suponer muchos perjuicios si no se hace un uso adecuado de la misma.

Fuente e Imagen: https://www.educaciontrespuntocero.com/opinion/privacidad-de-los-alumnos/

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Los excluidos digitales deberían ser una prioridad global

Por:

La pandemia ha sacado a la luz la gravedad de la brecha digital que ha puesto a quienes no tienen las habilidades de conectividad y acceso en una grave desventaja.

En un mundo de distanciamiento social y órdenes de quedarse en casa, ha existido una mayor presión por hacer todo en el entorno digital, desde las clases hasta la banca electrónica o compras en línea. Esto ha sacado a relucir el grave problema de inclusión digital que se vive en el mundo.

Esta crisis ha puesto al descubierto los desafíos que viven los que están fuera del mundo digital. El no tener conectividad no sólo deja a las personas aún más aisladas, sino también en una gran desventaja ya que tienen que luchar por tener acceso a cosas vitales como una educación, trabajo u oportunidades laborales. Antes de la pandemia, muchos tenían la oportunidad de ir a alguna cafetería, librería o lugar con acceso a internet público pero, ¿y ahora que muchos de estos lugares cerraron? ¿Cómo le hacen para informarse, acceder a anuncios gubernamentales oficiales e incluso tener videollamadas con seres queridos que viven lejos?

En el caso de Estados Unidos, según un estudio del Pew Research Center, hay 33 millones de estadounidenses que no tienen acceso a internet. Esto representa al 10 % de la población. Esta brecha digital está vinculada a una serie de variables demográficas, incluida la edad, el nivel educativo, los ingresos familiares y el tipo de comunidad. La falta de acceso a las tecnologías pueden tener un impacto negativo en todos los aspectos del día a día. Desde provocar exclusión social por no tener manera de hablar con otras personas por la pandemia hasta no tener acceso a servicios públicos, como registrarse para la vacuna del COVID-19.

Una investigación realizada por Capgemini sobre por qué debería ser prioridad eliminar la brecha digital, descubrió que el 44 % de los encuestados que no contaban con internet creían que podían encontrar trabajos mejor pagados y mejorar su educación si lo tuvieran. Según Capgemini, la mayoría de los encuestados que no cuentan conconectividad tienen entre 22 a 36 años de edad. La encuesta fue realizada a personas que van desde los de 18 a más de 70 años. También notaron que la mitad de ellos, no son novatos al mundo digital, de hecho, el 59 % ha utilizado estas herramientas anteriormente, es decir, que cuenta con las habilidades digitales necesarias para usar Internet en el futuro.

¿Por qué el 44 % de los encuestados no tiene acceso a internet? La investigación encontró tres razones: el costo, complejidad o falta de interés. Sin embargo, mencionan que no hay una causa universal, por ejemplo, el costo del internet puede ser un punto clave para la gente joven que vive en zonas rurales y la complejidad para el caso de los adultos mayores, las personas en situación de discapacidad o con problemas de salud.

En Estados Unidos la principal barrera es el costo ya que, según Capgemini, el 84 % de la población desconectada menor de 36 años admite que no están en línea por lo que cuesta contratar el servicio de internet. En comparación al resto del mundo, el promedio de personas sin conectividad por temas económicos es el 50 %. Pero la brecha digital va más allá de tener acceso a internet. El 76 % de los encuestados sin conexión dijeron que esta situación se debe a que no pueden comprar computadoras o dispositivos móviles para conectarse.

El nivel educativo también es uno de los factores que afectan la probabilidad de que una persona no esté conectada. Según el estudio de Pew Center, tres de cada diez adultos (29 %) que no usan el internet cuentan, como máximo, con estudios de bachillerato. Esta cifra ha disminuido en gran medida desde el 2000 ya que en ese entonces era el 81 % de las personas.

¿Cómo apoyar una mayor inclusión digital y cerrar la brecha digital?

La responsabilidad de la inclusión digital y el acceso universal a Internet no puede recaer en el individuo o en un solo grupo; requiere la contribución de una variedad de partes interesadas. Esta responsabilidad debe ser, principalmente, de los gobiernos, organizaciones privadas, organizaciones no gubernamentales (ONG), organizaciones sin fines de lucro y el mundo académico en conjunto con expertos.

Las organizaciones públicas y privadas deben tomar medidas críticas y urgentes para garantizar que las personas afectadas por la brecha digital no queden más excluidos. Google, por ejemplo, se asoció con el Departamento de Educación del Estado de California para proporcionar Chromebooks y 100,000 puntos de acceso móvil a estudiantes en áreas rurales.

En el caso de las organizaciones privadas, éstas deben invertir en cerrar la brecha digital como parte de su agenda de responsabilidad social. Lloyds Banking Group ha incorporado la inclusión digital y la igualdad digital en su estrategia y propósito. En el Reino Unido, Lloyds estableció un Programa de Campeones Digitales donde tienen cerca de 25,000 “campeones” desde que empezó este programa en el 2015 comprometidos a aumentar las habilidades digitales de al menos dos personas, empresas u organizaciones cada año. Utilizan distintas campañas a través de asociaciones e iniciativas locales.

Aunque, claro, los que tienen el papel más importante son los legisladores y los gobiernos, que deben trabajar para hacer que los dispositivos e internet sean más accesibles para las comunidades marginadas o cualquier persona que no cuente con estos servicios. Deben enfocarse en el acceso público y acceso privado al internet. La Unión Europea, por ejemplo, lanzó la iniciativa WiFi4EU para proporcionar Wi-Fi público gratuito en espacios públicos, incluidos parques, plazas, bibliotecas, centros de salud y museos.

Además, los gobiernos pueden contribuir a que los dispositivos sean más asequibles. La organización “Alliance for Affordable Internet” dice que gran parte del costo de los dispositivos proviene de los impuestos de importación y venta. En julio de 2015, el gobierno de Costa de Marfil, por ejemplo, redujo los impuestos sobre los teléfonos inteligentes del 27 % al 6,5 %.

Además, a través de regulaciones y políticas públicas, los gobiernos pueden ejercer presión a los proveedores de servicios de Internet y las empresas de tecnología, para que éstas reduzcan el costo de los datos móviles o banda ancha para ciertas comunidades o áreas rurales, establecer iniciativas como las de Lloyds Banking Group, brindar acceso a internet de alta velocidad en áreas remotas. Por ejemplo, Spectrum, una compañía de telecomunicaciones, ofreció acceso gratuito de banda ancha e internet por 60 días a hogares con estudiantes de primaria, secundaria o universitarios que aún no tienen una suscripción

Las organizaciones privadas también deben buscar educar a las personas sobre cómo mantenerse seguros en línea. Muchas personas mayores no usan el internet por miedo a caer en estafas o fraudes, tampoco se sienten cómodos compartiendo información personal en línea. En estos tiempos donde incluso se pueden hacer transferencias bancarias en línea, es clave ayudarlos a perder el miedo y a utilizar estas aplicaciones.

Durante una época de crisis como la pandemia del coronavirus, es aún más importante que se priorice la inclusión digital, no sólo para las personas que trabajan de forma remota o porque las escuelas han mudado al aprendizaje en línea, sino porque se ha vuelto vital para obtener información básica y servicios de salud. Es fácil olvidar que tan sólo en Estados Unidos hay 33 millones de personas que están desconectadas. Es momento de explorar formas de cerrar la brecha digital y brindar oportunidades a quienes enfrentan estos desafíos digitales.

Fuente e Imagen: https://observatorio.tec.mx/edu-news/brecha-digital-covid19

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Los gobiernos condenan el planeta a un calentamiento global de catastróficas consecuencias

Por: Tercera Información

  • Según el informe de síntesis de Naciones Unidas, la suma de los compromisos presentados para cumplir el Acuerdo de París supone una reducción de tan solo un 1 % de las emisiones en 2030, lo que implicará asumir un calentamiento global muy superior a los 2ºC con catastróficas consecuencias.

  • En plena tramitación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, Ecologistas en Acción hace un llamamiento al sentido común. La emergencia climática y las indicaciones científicas son incontestables y deberían ser el centro de la toma de decisiones.

El endeble Acuerdo de París (AP) establece que el único mecanismo para limitar el calentamiento global son los compromisos individuales de los países, comunicados en la forma de un documento conocido como NDCs (compromisos determinados nacionales, por sus siglas en inglés). En este camino de París, todos los países firmantes del acuerdo debían de comunicar antes del 31 de diciembre cuáles eran esos compromisos, una comunicación que solo han hecho a tiempo 75 países que apenas representan el 30 % de las emisiones globales. La suma de estas reducciones de gases de efecto invernadero ha sido evaluada a través de un informe de síntesis recientemente publicado, y que muestra con contundencia lo lejos que está la comunidad internacional de cumplir el objetivo del AP de “limitar el incremento de la temperatura global muy por debajo de 2 ºC y perseguir esfuerzos para mantenerlo en 1,5 ºC”.

Por tanto, la insuficiente ambición de los países implica para Ecologistas en Acción la condena a un calentamiento global de consecuencias catastróficas. La falta de voluntad e incapacidad de cumplir con las indicaciones científicas de los países vulnera el Acuerdo de París y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya que, como la propia comunidad internacional ha manifestado en numerosas ocasiones, no enfrentar la emergencia climática se traducirá en mayores hambrunas, desplazamientos, pérdidas de ecosistemas y de vidas, entre otras muchas consecuencias.

Ecologistas en Acción considera inadmisible que, tras más de cinco años desde la adopción del AP, la suma de los compromisos presentados según las propias conclusiones de Naciones Unidas represente tan solo una reducción del 1 % de las emisiones en 2030 respecto a los niveles de 2010. El IPCC ha sido claro en establecer que esa reducción global para el año 2030 deberían ser de al menos el 45 % para tener poco más de la mitad de las posibilidades de ser capaces de limitar el incremento de la temperatura global en 1,5 ºC.

En plena tramitación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética en el Congreso de los Diputados, la organización ecologista hace un llamamiento a la responsabilidad de proteger el interés general. La península ibérica es de las más vulnerables al cambio climático. Está en riesgo no solo la rica biodiversidad que tiene la región, sino también elementos identitarios tan importantes como los olivos o las vides. La ley, al igual que los compromisos internacionales, está lejos de la altura de los compromisos climáticos. Solo hace falta comparar cómo se plantea una reducción de sólo el 23 % de las emisiones para 2030 frente al 55 % que sería el mínimo necesario. Una de las razones por la que Ecologistas en Acción, Greenpeace e Intermon Oxfam han interpuesto un contencioso judicial por la inacción del Estado español en esta lucha climáticas.

La normativa climática marco llega con más de una década de retraso, un déficit que debería solucionarse inmediatamente. Todavía existe una ventana de oportunidad para hacer un llamamiento al sentido común, a dejar de convertir esta importante pieza legislativa en una nueva batalla política. La emergencia climática y las indicaciones científicas son incontestables, y una respuesta política a la altura debería de saber escuchar y alcanzar un consenso global que garantice las medidas y herramientas necesarias para lograr la descarbonización de la economía antes de 2040. La dilación en la tramitación de la ley, la falta de una participación plena en el establecimiento de objetivos y las concesiones en las enmiendas transaccionales a la rebaja de los escasos compromisos son temeridades demasiado caras que aún se pueden revertir. Del mismo modo, sería una imprudencia dejar al impulso empresarial las medidas de transición ecológica necesarias. La falta de medidas de planificación vinculantes a nivel estatal o, aún peor, la actitud cómplice de algunas administraciones públicas regionales a los proyectos más impactantes que se tiñen de verde, son la constatación real de la falta de comprensión de la importancia de la emergencia ecológica actual.

La publicación del informe de síntesis es sin duda una mala noticia, que recuerda que, mientras el tiempo para actuar se agota rápidamente, las medidas planteadas son tibias y lentas. Ecologistas en Acción recuerda que para enfrentar la emergencia ecológica no hacen falta palabras que solo benefician el lavado verde de grandes empresas, sino hechos concretos. Es necesario asumir la imposibilidad de seguir manteniendo los consumos energéticos actuales y perpetuar el modelo de producción y consumo que ha llevado a la situación de emergencia ecológica. La organización ecologista señala, además, la imposibilidad de permanecer impasibles ante esta negligencia común a todos los gobiernos mundiales, que defrauda enormemente a los cientos de miles de personas que en 2019 exigieron medidas que nunca llegan.

Fuente e Imagen: https://www.tercerainformacion.es/opinion/27/02/2021/los-gobiernos-condenan-el-planeta-a-un-calentamiento-global-de-catastroficas-consecuencias/

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Na Guatemala, apagou-se do sistema educativo toda evidência dos tempos nefastos da ditadura

De: Ilka Oliva Corado

Tradução do Beatriz Cannabrava, Revista Diálogos do Sul

Para não ir tão longe, aí está o país vencido, que com tudo o que passou em tempos de ditadura era para que a estas alturas, em lugar de neoliberalismo e desmemoria, a sociedade tivesse reconstruído seu tecido social, encarcerado os que cometeram crimes de lesa humanidade a partir do governo e levantado a infraestrutura.

Mas, pelo contrário, está em puro osso. A mesma sociedade carniceira dedicou-se a negar o genocídio, a menosprezar os familiares das vítimas do Conflito Armado Interno, e a se dedicar a ver preguiçosamente e apaticamente como desmantelam o Estado e desparecem todos os recursos, os que desde então se apropriaram das urnas, das vontades e da própria desídia coletiva. Porque não há nada melhor para uma quadrilha que uma sociedade desleixada.

Os testemunhos de sobreviventes do Conflito Armado Interno são inumeráveis. Dianna Ortiz, foi uma sobrevivente das torturas do governo da Guatemala nos tempos da ditadura. Uma monja estadunidense que foi sequestrada por paramilitares e levada a um centro de tortura, onde a violentaram durante 24 horas. Foram contadas 110 queimaduras de cigarro em seu corpo. O que viveu aí não se pode escrever, é impossível repetir, sequer imaginar.

E esta mulher lutou toda a sua vida denunciando o horror que viveu e que viveram os povos originários. E assim como as dela são a denúncias das mulheres ixiles que testemunharam no julgamento por genocídio contra Ríos Montt, mas a sociedade as deixou sozinhas, apontou para elas, as vitimizou outra vez. Com isto demonstrando a pior das ingratidões porque elas viveram esses abusos quando eram meninas.

Há centenas de imagens que foram captadas por jornalistas em que se mostram os corpos torturados de milhares de pessoas; ainda assim a sociedade continua negando o genocídio. Se atrevem a acusar descaradamente que as próprias pessoas buscaram esse tipo de violência. Quem mandou que se metessem em camisas de onze varas.  Entre os assassinados há mestiços e indígenas, mas a ditadura se ensanhou contra os povos originários, queriam que desaparecessem, a típica Guatemala que sempre se acreditou europeia e caucásica, embora o reflexo no espelho lhe diga o contrário.

Por isso queimaram suas casas, metralharam povoados inteiros, os que conseguiram escapar se refugiaram do lado da fronteira com o México e outros foram mais longe, para os Estados Unidos. Essas terras roubadas foram presenteadas a ladrões oligárquicos que hoje são os grandes proprietários de terra do país. A ideia do retorno destas comunidades está cada vez mais longe, pois muitos faleceram no exílio. Na capital guatemalteca quando se caminha pelas ruas, é comum encontrar-se com papéis nas paredes com fotografias dos desaparecidos, que as pessoas passam sem ver. Não eram parentes delas.

Na capital guatemalteca quando se caminha pelas ruas, é comum encontrar-se com papéis nas paredes com fotografias dos desaparecidos. Apagou-se do sistema educativo toda a evidência daqueles tempos aziagos e é raro o docente que fale do tema com seus alunos, e é muito provável que se o fizer, outro companheiro o denuncie e perca o emprego tachado de comunista. Na universidade o descaramento dos docentes ultrapassa todos os limites, não falam do genocídio, mas quando o fazem é a favor do ditadores. Salvo um ou outro que se atreve a dizer o contrário, e é visto como empesteado e começa a ficar na mira de outros docentes. Os alunos tampouco perguntam, porque estão interessados só no diploma, embora tenham que pagar por ele.

Há, é claro, os que sabem a história e se aproveitam dela para tirar benefício pessoal. Aí se contam grandes feministas que usam as indumentárias indígenas quando vão para apresentar seus trabalhos no exterior, para falar dos direitos das mulheres indígenas, recebem diplomas e reconhecimentos, passagens aéreas e estadias pagas, mas que dentro do país são tão racistas com estas mulheres como os próprios fascistas de sempre. Editoras, editoriais, espaços de comunicação fechados às vozes das mulheres indígenas. Para estas feministas as mulheres indígenas não têm voz própria, nem capacidade para falar delas mesmas, nem das problemáticas que vivem em suas comunidades;Elas, mestiças e formadas na universidade têm, sim, é claro, o conhecimento e a capacidade para falar das outras.

Como elas, os grandes humanistas de esquerda, alguns ex-guerrilheiros que arrecadam fundos em conferências internacionais falando da memória histórica, dinheiro que jamais chega aos povos originários, nem aos familiares dos desaparecidos, dinheiro que se perde no limbo. Porque vivem disso, não trabalham, vivem à custa do sangue dos caídos. Há os que dizem que merecem um bom posto no governo e se tornam tapetes dos governos neoliberais, e se lhes vê lambendo as botas das marionetes de turno.

Os grandes intelectuais que são incapazes de escrever um texto se não houver dinheiro no meio, não digamos aproximar-se de uma comunidade indígena se não há fotos e redes sociais onde se exponha a visita do grande pensador. E o que é pior, não se aproximar porque uma coisa é falar dos indígenas (e dar-se a conhecer pela desgraça que eles sofreram) e outra é rebaixar-se a ir aonde eles vivem.

E há os que se contam por milhares, os grandes progressistas, os democráticos, que não são de direita nem de esquerda, os que fazem as lutas na comodidade de uma rede social, mas quando os povos originários saem em manifestação se escondem debaixo da cama de suas casas, porque têm vergonha do minúsculos que são, diante da dignidade dos que em qualquer circunstância saem à luta. Injustos temos sido a grande maioria com os familiares dos sobreviventes, lhes faltamos à memória de todos os que lutaram e lhes arrebataram a vida por haver-se atrevido a sonhar com um país igualitário.

Entre essas massas estamos os da geração da desmemoria, que nascemos nestes tempos e que nunca nos preocupamos em pesquisar por nós mesmos, em informarmos da verdadeira história do país, de seu povo. Vamos ao sabor do vento e o vento é manejado com grandes maquinarias de desinformação pelas máfias oligárquicas. Aqui todos atiramos pedras e escondemos a mão.

Em toda essa mistura de rastejantes, somos os que destruímos a Guatemala, talvez a espuma de toda essa contaminação seja o governo que é o que se vê. E as oligarquias que sabem que com um verniz arrumamos tudo, não vamos além. Eles nos têm ao seu favor. Mas no fundo a podridão somos todos os que não movemos um dedo para que as coisas mudem. Claro está, outra coisa são os povos originários, que são dignidade milenar no país que outrora foi um lugar de muitas árvores.

Fonte:  https://cronicasdeunainquilina.com

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Qué puede cambiar en Yemen con la retirada de los hutíes de la lista de organizaciones terroristas de EE.UU.

Por: Alberto Rodríguez García

Aunque Yemen ya no ocupa espacio en portadas y ni siquiera en la mayoría de los medios, la guerra no ha cesado, y de hecho, ahora se encuentra en un momento clave; no solo para el futuro de la contienda, sino del país.

Este mes de febrero parece que va a ser la síntesis de casi siete años de violencia desde que en 2014 los hutíes tomasen el control de Saná después de dos años –convulsos– de revolución yemení. Por un lado, si bien Donald Trump quiso abandonar la Casa Blanca con grandes gestos hacia Israel –utilizando a Mike Pompeo como su bocazas particular–, el gabinete Biden ha revertido algunas de sus acciones; la más importante de Oriente Próximo, la de meter a los hutíes en la lista de grupos terroristas. Por otro lado, porque al mismo tiempo que los EE.UU. han retirado todo su apoyo a Arabia Saudí y aliados (aunque no se termina de distanciar de Emiratos Árabes Unidos y sus proxies separatistas del Consejo Transicional del Sur) en la guerra yemení, Ansarolá y los grupos que los apoyan han lanzado la ofensiva definitiva contra Ma’rib, una ciudad que si bien no es estratégica, resulta especialmente simbólica por ser la capital del gobierno de Abd Rabbuh Mansur al Hadi; las fuerzas pro-saudíes en Yemen. Unas fuerzas pro-saudíes donde abundan los salafistas, los wahabitas y que no tienen escrúpulos a la hora de colaborar con al-Qaeda, como se está viendo en la defensa de Ma’rib.

El cambio de política adoptado por el gabinete Biden no responde a un repentino intento de redimir ‘los pecados’ de EE.UU., ni a una política realmente de arrepentimiento. Es puro pragmatismo, pero es un pragmatismo que libera presión sobre los civiles yemeníes.

El cambio radical con Biden de la política exterior estadounidense para con Yemen, además de ser un gesto hacia Irán –en un momento en el que junto a la UE pretenden resucitar el Plan de Acción Integral Conjunto (Acuerdo Nuclear) del que Trump se salió de manera unilateral–, es un respiro para los hutíes, pero sobre todo para la población yemení. Porque si bien las sanciones son una forma de guerra ya establecida y consolidada por las denominadas democracias occidentales, estas provocan más problemas que soluciones, y estos problemas son especialmente dramáticos en países como Yemen, en el que, de acuerdo a la ONU, hay 400.000 niños de menos de cinco años padeciendo desnutrición severa. Dieciséis millones de yemeníes pasan hambre, de los cuales cinco están «a un paso de la hambruna». El 80% de la población en Yemen necesita ayuda humanitaria, y la decisión de Trump-Pompeo de meter a los hutíes en la lista de grupos terroristas, lejos de castigar de algún modo a Ansarolá, solo sirvió para castigar a una grandísima parte de ese 80% de la población; y con 80% hablamos de 24 millones de personas, según el Comité de Amigos de la Legislación Nacional el-Tayyab.

Meter a los hutíes en la lista de grupos terroristas, el grupo que es lo más parecido a un Estado en Yemen, que controla las principales ciudades del país, de Sadah hasta Taiz, de Hudaydah a al-Baidah, pasando por Dahmar y Saná, significaría limitar toda la ayuda que entra al país y complicar aún más la difícil labor de las organizaciones humanitarias en un país que, siendo el más pobre de los árabes y uno de los más pobres del mundo, importa el 90% de los alimentos, la mayoría a través de canales comerciales con compañías a las que no les interesa ser asociadas con designados terroristas. Y que castigar a la población era el objetivo no es ningún secreto. Mike Pompeo se pasó prácticamente todo el 2020 presionando a Naciones Unidas para que dejase de realizar operaciones de ayuda humanitaria en el territorio controlado por los hutíes.

El cambio de política adoptado por el gabinete Biden no responde a un repentino intento de redimir ‘los pecados’ de los Estados Unidos, ni a una política realmente de arrepentimiento por la crisis humanitaria que han provocado en el país (empezando por Obama). No. Es puro pragmatismo, pero es un pragmatismo que libera presión sobre los civiles yemeníes. Joe Biden quiere sentar a Teherán para negociar la vuelta de las partes al Acuerdo Nuclear, y liberar la presión sobre Yemen es un gesto que deja la pelota sobre el tejado iraní. Además, en una guerra que ha provocado la mayor crisis humanitaria en décadas, en la que no se han cumplido los objetivos esperados por los países agresores y en la que Arabia Saudí no es capaz de enfrentarse a pastores tribales.

Con los hutíes otra vez fuera de la lista norteamericana de organizaciones terroristas, las organizaciones humanitarias y las compañías van a poder volver a operar en Yemen sin el temor a represalias por colaborar con terroristas.

Retirarse honrosamente es la mejor salida que le quedaba a Washington. Una retirada que no es total, y es que mantiene las relaciones con Emiratos Árabes Unidos, que cuentan con unos aliados en el sur bastante más moderados que las fuerzas de Hadi y que han demostrado cierta seriedad al controlar de manera efectiva y mantener [relativamente] estable la ciudad de Adén. Tal es así que la misma semana en la que Biden sacaba de la lista de grupos terroristas a Ansarolá, se dedicaba a condenar sus acciones militares, como si no estuviesen en un contexto de guerra enfrentándose a una fuerza apoyada por una coalición invasora con un presidente que aun siendo yemení, pertenece más a Riad que a Saná (Ma’rib en este momento).

Con los hutíes otra vez fuera de la lista norteamericana de organizaciones terroristas, las organizaciones humanitarias y las compañías van a poder volver a operar en Yemen sin el temor a represalias por colaborar con terroristas; algo que no beneficia a Ansarolá, como repiten constantemente los bots y trolls saudíes, sino a los miles y miles de yemeníes que mueren por enfermedades y problemas perfectamente evitables. Y es que a estas alturas es innegable que todas las partes han cometido crímenes horribles, ¡es la guerra! Pero los saudíes, aparentemente tan preocupados porque se respete el derecho a la vida en el territorio de Ansarolá, son los principales responsables de la destrucción y los bombardeos indiscriminados.

El mundo se ha olvidado de Yemen, y los países que intervienen directa o indirectamente en la guerra parece que solo tienen interés a la hora de invertir en la maquinaria bélica. La reconstrucción está lejos, la paz no es fácil y la crisis humanitaria cada día es más grave, pero en estos momentos la guerra está llegando al punto de no retorno en el que uno de los bandos tendrá que claudicar o morir arrasando con todo. Con menos presión internacional y con la posibilidad de conquistar Ma’rib, los hutíes están a punto de consolidarse como la principal fuerza indiscutible de Yemen; algo que ya pasó en 2014 pero ni salafistas ni saudíes fueron capaces de aceptar.

Fuente: https://actualidad.rt.com/opinion/alberto-rodriguez-garcia/384636-yemen-retirada-huties-organizacion-terrorista-eeeuu

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Presencialidad como burbuja

Por: Miguel Andrés Brenner

Cuando se describe la cuestión de la presencialidad 2021(*) en la escuela en toda Nuestra América, generalmente, la problemática que se presenta es similar, con matices: protocolos, conectividad, elementos sanitarios, infraestructura adecuada, desigualdades, etc.  Pero, aquí, en esta ponencia, trabajaremos la cuestión desde otro lugar, desde un lugar educativo. ¿Educativo? ¿No es que la presencialidad es educativa? No, así nomás, no es educativa.

Hasta el 2019, y aún hoy, las posiciones neoliberales cuestionaban la presencialidad. Sostenían, tecnocráticamente, que la escuela es del siglo XIX, los docentes del siglo XX y los alumnos del siglo XXI, por cuanto las diferencias radicarían en una cuestión meramente tecnológica, desconociendo el proyecto ético-político y las pujas por el poder implicadas. Cuestionaban que la escolaridad no estuviere mediada por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, donde el rol docente reduciría su palabra a ser simple facilitador (no enseñante), mientras que el alumno, navegando por las redes, buscaría la información dentro de un trabajo autónomo, colaborativo y crítico, con plataformas digitales (construidas con criterios mercantiles), que adquirirían un rol central, desplazando al docente en su rol dialógico educativo.

Así, el entonces Ministro de Educación, Esteban Bullrich (licenciado en sistemas), sostenía que “la escuela no sirve más, no sirve maaas”, ministro tal que nunca dio clases en el sistema escuela, mientras que tampoco es docente. Así, importantes pedagogos del establishment sostenían lo mismo.

La presencialidad, en el actual ambiente de pandemia, es un pretexto (independientemente de los aspectos ciertos) para “sacar al alumno de su burbuja familiar”, porque lo puede volver insociable, triste, aburrido y/o irritable. Es por lo que, también desde el poder político y el ámbito académico se promociona el “estar conectados para garantizar los vínculos”. ¿Es que la centralidad pasa por los vínculos y solo por ellos? ¿Pasa por los vínculos o mejor, ahora, por la presencialidad? ¿Es suficiente esa manera de “estar-con-otro”?

¿Y si la presencialidad es motivo para una batalla político-partidaria, como ocurre en Argentina, entre sectores de la derecha y sectores progresistas? El gobierno nacional (progresismo) apuntaba a una educación híbrida, pero al establecer agenda la oposición, se subordinó a la misma. Ahora, apela a la presencialidad subyugado por la oposición.

Y aquí un nuevo problema. Esa disputa, dentro de relaciones de odio entre oposición y gobierno, también es educativa, o mal educativa. Alumnos y docentes son trasvasados por el antidiálogo, o la llamada “grieta”, desde el que la base de toda comprensión humana se diluye y también se debilita la comprensión de la realidad, cada vez más en cuestión, comprensión atravesada por un panóptico digital, por los algoritmos desde los que se procede a condicionar la subjetividad y su mirada. Por otro lado, aparece el temor en docentes y padres por el covid-19, que de alguna manera incide en el espíritu del aprendizaje de los alumnos. Se constituye, así, un mal clima educativo.

Y en ese mal clima incide un ocultamiento de la información, sea por parte de las autoridades como de los gremios mayoritarios. ¿Por qué? Desde las autoridades y gremios podría haberse hecho, por distrito, una evaluación, escuela por escuela, para ver las condiciones en que se encuentran, en todo sentido. Eso es lo que no se realizó. Hay que considerar seriamente la situación por cuanto en los últimos años el presupuesto dedicado a la educación pública disminuyó. Así, aparecen las dudas en segmentos importantes de la comunidad docente. Importa, pues, que las autoridades político-distritales ratifiquen por escuela el cumplimiento del protocolo, rubricando con su firma (generalmente se rehúye a esto último) la adecuación de la norma a la praxis. Hoy se habla del protocolo y su cumplimiento como si una normativa garantizara de por sí lo que pretende reglar. Hay que evitar que dicha palabra sea considerada “magia”: porque se escribe o se dice, es.

Por otro lado, se hace responsable del cumplimiento del denominado protocolo, en última instancia, a los directivos de las escuelas. Conste que existe presión por parte de las autoridades, entonces estos últimos pueden tener miedo. Cada directivo responde según lo atrape en mayor o en menor medida el miedo.

Una afirmación bíblica dice que “de la abundancia del corazón mana la boca”. En el mencionado contexto y espíritu aparece el término “burbuja”, a modo de metáfora que se instala. La distribución del alumnado que propone el Ministerio de Educación lo simboliza con el término «modelo burbuja«, con diez alumnos separados entre sí (1,5 metro entre uno y otro) y el docente a 2 metros en el centro o en un extremo. Esta estrategia se refiere a la posibilidad de mantener grupos (cuyos integrantes tendrán el distanciamiento físico adecuado entre sí) diferenciados en toda la instancia educativa, o sea, dentro del aula y los espacios comunes del establecimiento. Según el Diccionario de la Real Academia Española, “burbuja” significa: 1) Porción de aire u otro gas envuelta en una fina película de líquido o formada en el interior del mismo, que tiende a elevarse, ejemplo, burbujas de jabón. 2) Cámara u otro lugar acondicionado para poder vivir un ser vivo aislado de gérmenes, toxinas, etc. Esta última explicación del diccionario nos genera una particular problemática: el vivir aislado de gérmenes o toxinas, ¿no puede, acaso, significar, también, el seguir viviendo aisladamente, aunque de manera presencial? Pues, no resulta “normal” el no encuentro con todos los compañeros, y con un 50% de la actividad áulica de enseñanza-aprendizaje que, en contextos de desigualdad, reproduce la discriminación educativa. Pero, pero… libera a los padres de la constante presencia de los hijos en las cuatro paredes del domicilio. ¿Será, entonces, dicha presencialidad para un mejor rendimiento educativo, cuando en Argentina, uno de los caballitos de batalla del neoliberalismo educativo fue el de elevar la cantidad de días de clase hasta 190?

Sin embargo, continuemos con la metáfora de la “burbuja”. Según el Diccionario de la Real Academia Española, además es una porción de aire u otro gas envuelta en una fina película de líquido o formada en el interior de ésta. Ya de por sí, implica precariedad de lo que se encuentra dentro de la fina película que la envuelve. Dicho término es ajeno a toda solidez. La idea de “burbuja”, por otra parte, se usa en sentido simbólico para nombrar a aquello que confiere un aislamiento. Por ejemplo: “Los políticos parecen vivir en una burbuja”“Mucha gente se muda a barrios privados para encerrarse en una burbuja y no tener contacto con la realidad del país”“Cuando salí de la escuela, se rompió la burbuja en la cual me habían criado mis padres”. Es decir, en el uso lingüístico, quiere significar “aislamiento”. Otro ejemplo: “quienes miran solo TN o quienes miran solo C5N viven en una burbuja”; aislamiento del suelo en el que habitan y se enraízan las comunidades más afectadas por las políticas neoliberales. En el caso de la citada “presencialidad” en la escuela, constituye una forma más de aislamiento, a lo que se suma el temor y la incertidumbre, que profundiza dicho aislamiento. Así, se constituye un clima mal educativo.

Prosigamos con la metáfora “burbuja”. En la definición se dice “que tiende a elevarse”, así como, v.gr., las burbujas de jabón. Es decir, “no pisa el suelo”. La expresión “vivir como en una burbuja” apela al aislamiento del suelo, de su hedor, a la negatividad de la alienación como “fuera-de”, un fuera-de producto de fuerzas hegemónicas que producen opio, el opio del pueblo, adormecen las conciencias, invierten la realidad. Es que la metáfora “burbuja”, materialmente considerada, tiene su origen en elementos de la físico/química. Y, cuando se apela al saber propio de las ciencias cuyo núcleo es lo inorgánico para explicar lo humano, también se traslada su carga significativo/valorativa al ámbito, en este caso, de ese humano, de lo inorgánico a lo humano.

En conclusión. En el discurso dominante el virus es considerado como un enemigo. He aquí otro manifiesto de una realidad invertida, pues se proyecta en aquél la modalidad destructiva de la trama del poder hegemónico. En vez de una especie de “examen de conciencia” se pretende que el mal vivir sea resultado de un “enemigo”, de una enfermedad que sobreviene desde afuera castigando a los seres humanos, flagelándolos. Biológicamente considerada, la enfermedad debilita el equilibrio del organismo vivo, y superarla implica la necesidad de restituir el equilibrio perdido. Un proceso de liberación desde las mismas comunidades populares requiere de la superación de las contradicciones que las oprimen, y no restituir un hipotético equilibrio perdido, requiere de comunidades críticas de víctimas que en sus prácticas solidarias de lucha no sean victimarias de las propias víctimas.

(*) En Argentina, las clases comienzan en marzo de cada año.

Fuente:  http://www.educacionfutura.org/presencialidad-como-burbuja/

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Barbarie en prisión

Por:  Kléber Mantilla Cisneros

La masacre de reos en varias cárceles del país sorprende y asusta al mundo. Esta semana quedó en evidencia que el Estado es inoperante y negligente para enfrentar las problemáticas vinculadas al control de prisiones tras la conducción de mafias del narcotráfico internacional. Por días, una serie de amotinamientos, rebeliones e intentos de fuga que desencadenaron en el peor hecho sangriento registrado que requiere la intervención inmediata de organismos de derechos humanos especializados.

No se cumplen con los derechos básicos de los presos ni la desesperación de sus familias. El eufemismo de las propuestas políticas no aborda soluciones prácticas ni reformas integrales que traten el caos del sistema penitenciario. Los últimos episodios de criminalidad delatan la interconexión tecnológica, el mercado negro de dispositivos electrónicos dentro de las prisiones, la capacidad de ingresar armas y el manejo libre de teléfonos móvil. No solo se vuelven a encender las alertas sino que se delata la capacidad de organización y crueldad con que actúan las mafias de la droga. Escenario que suma las reiterativas falencias arrastradas por la sobrepoblación y reducidos presupuestos para atender el sistema carcelario.

Según expertos, los carteles de la droga mexicanos enfrentados desencadenaron el asesinato de unos 80 presos en el Ecuador. Jalisco Nueva Generación contra el de Sinaloa pero conectados con la narco guerrilla colombiana y con alianzas criminales locales (Lagartos en guerra con los Choneros). No obstante, el detalle mayúsculo es que la política nacional no puede estar financiada por la delincuencia organizada, ni tampoco se puede permitir que se rompan los protocolos de derechos humanos en las prisiones, mientras las autoridades miran para otro lado.

De ahí, la necesidad de restaurar la legitimidad del Estado y de las instituciones armadas: FFAA y Policía. Al parecer, un episodio obscuro que toca a los militares porque de ellos depende garantizar la seguridad ciudadana y eliminar la expansión del narcotráfico. Toda una proeza sería recuperar la institucionalidad y afianzar la democracia fuera de la politiquería infectada por el crimen organizado. Claro, cada vez se hace más imperioso fijar otro sistema de financiación de campañas políticas y de depuración del dinero ilegal. En efecto, las denuncias de aportes de la narco guerrilla del grupo ELN de Colombia tienen que ser investigadas y sancionadas a cabalidad antes de transitar a un nuevo gobierno.

Fuente:  https://lahora.com.ec/quito/noticia/1102341652/barbarie-en-prision

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