Saliendo de Temuco, corazón del territorio mapuche, las extensas plantaciones de pinos envuelven aldeas y pueblos, como olas que se ciernen sobre las gentes de la tierra, alambradas naturales de un descomunal campo de concentración. Las carreteras y caminos atestadas de carabineros en sus camionetas verdes, complementan el cerco de las plantaciones con un asedio implacable, tatuado en fuego y metralla sobre cuerpos morenos.
Las vendedoras en torno al mercado de Temuco están siendo desplazadas por una orden municipal, que los armados ejecutan con puntual soberbia. Ellas siguen acudiendo, cobijadas en una amplia clientela que persiste en comprarles pese a las amenazas de multas. Colgaron cantidad de globos negros cuando supieron del asesinato por la espalda de Camilo Catrillanca, el 14 de noviembre, en la comunidad de Temucuicui.
Quien quiera conocer más detalles del crimen, de las mentiras del poder y de la crisis política que acorrala al gobierno, puede acudir a la página mapuexpress.org, donde no le faltará información.
Lo que sigue es el resultado de intercambios y escuchas con miembros de diversas organizaciones, urbanas y rurales, de comuneros y académicos, presos políticos y familiares, estudiantes y feministas, recogidas en Santiago y Temuco durante los primeros días de diciembre.
El primer punto es constatar la expansión territorial del movimiento mapuche. En la Araucanía o Wallpampu no dejan de recuperar tierras, cuestión que fortalece a las comunidades que estaban cercadas y sometidas en reducciones. Siguen con el agua al cuello, pero empiezan a respirar, por eso las arremetidas del poder que no ha logrado frenarlas en la última década, digamos entre los asesinatos de Matías Catrileo (2008) y Camilo Catrillanca (2018).
En algunas áreas, como el triángulo entre Ercilla (al norte de Temuco), la costa de Tirúa y Loncoche (al sur), las recuperaciones de tierras van conformando una mancha de poder comunitario mapuche. Un ejemplo: en las mil 200 hectáreas del ex fundo Alaska, recuperado en 2002, viven hoy dos comunidades (Temucuicui Tradicional y la Autónoma), en tierras que fueron de la Forestal Mininco del grupo Matte, que posee 700 mil hectáreas usurpadas a las comunidades.
El segundo, es constatar la multiplicación de organizaciones de todo tipo, en todo lugar, tanto en Wallmapu como en las grandes ciudades. La Coordinadora de Organizaciones de Estudiantes Mapuche (COEM), en Santiago, formada hace cuatro años, reúne agrupaciones de casi todas las universidades y han creado una escuela de mujeres indígenas que defienden un feminismo mapuche. Ellas se definen como antipatriarcales pero no feministas porque, como señala Angélica Valderrama, de Mapuexpress, no queremos pensar nuestra realidad con los parámetros del feminismo blanco.
La Comunidad de Historia Mapuche forma parte de este notable crecimiento y diversificación del movimiento, lo que Simona Mayo define como la multi sectoralidad de la organización mapuche. Varios colectivos que podrían definirse como defensores de los derechos humanos, integran esta diversidad y, en algún caso, se consideran mapuche porque han asumido esa identidad aún teniendo piel blanca.
El tercero, el más sorprendente para quien escribe, es la creación de espacios mixtos (integrados por mapuche y huincas o blancos), como algo natural y normalizado, sin que existan jerarquías en el seno de los colectivos. Tanto la COEM como el colectivo de información Mapuexpress, son espacios de mapuches y blancos, así como varios grupos feministas, ambientalistas y estudiantiles.
Se están construyendo sujetos heterogéneos, como destacó el historiador Claudio Alvarado Lincopi en un conversatorio, algo que no está pudiendo hacer la izquierda porque en su endogamia sólo le valen sus propias tradiciones. Estos espacios mixtos así como el feminismo mapuche, casi no existían una década atrás, o bien eran muy incipientes, pero están floreciendo y multiplicándose de forma exponencial.
El cuarto, es la expansión de la lengua mapuche, el mapudugun, en lugares insospechables, como barrios populares y de clase media urbana. En la Villa Olímpica, en la comuna de Ñuñoa, barrio de clase media de Santiago, la hija de mi anfitriona estudia mapudungun en su escuela, por propia elección. Lo mismo sucede en otras tres escuelas del distrito. Hay consenso en la extraordinaria expansión de la lengua mapuche, mucho más allá de las fronteras de Wallmapu.
El quinto, es la masiva reacción de la población chilena ante el asesinato de Catrillanca. Hubo movilizaciones en por lo menos 30 ciudades de todo el país, incluyendo las del lejano norte. En Santiago se registraron en los días siguientes alrededor de 100 cortes de calle, con barricadas y hogueras, durante horas, con cientos de vecinos. Los que no salían a la calle, golpearon cacerolas en barrios enteros, sobre todo en la periferia. En algunas zonas las movilizaciones se prolongaron durante 15 días.
Esto revela que el pueblo mapuche se ha convertido en referencia para la enorme porción de chilenos y chilenas que albergan sentimientos antisistémicos, en un país donde la mitad de la población nunca vota. La tenaz resistencia del pueblo mapuche y la mediocridad de las izquierdas, lo colocaron en ese lugar, pese a las campañas en su contra.
Por último, destacar la importancia estratégica del Manifiesto de Temucuicui emitido el primero de diciembre ante una multitud concentrada en la comunidad donde fue asesinado Camilo. Defiende la desmilitarización de Wallmapu, el derecho al territorio ancestral con un llamado a las comunidades a fortalecer el ejercicio de recuperación y control territorial, y a formar una comisión de esclarecimiento histórico que recupere la verdad de cómo fue ocupado su territorio por el Estado de Chile (goo.gl/8dN3gg).
En el ejercicio de su libre determinación, todas las corrientes mapuche finalizan con un llamado a la desobediencia como forma de hacer realidad la descolonización.
Es medio día de un día de julio de verano infernal, los observo por la ventana que da a la calle mientras subo las escaleras de la casa donde trabajo; sus cuerpos bañados en sudor, con piocha en mano abren una zanja por todo el lateral de la casa para arreglar una tubería. En la mañana había llegado el dueño de la empresa, un polaco de unos 60 años, a hacer acto de presencia solamente. Se subió en su pick up de doble tracción de modelo reciente y se fue.
Sirvo dos vasos de agua con hielo y salgo a dárselos mientras les pregunto cómo van con el calor. –¿Usted vive aquí? –me preguntan asombrados al verme latinoamericana. –No, yo trabajo aquí, soy la sirvienta, bueno, soy la niñera pero ustedes saben que niñera y sirvienta es la misma cosa –les comento mientras les doy los vasos de agua-.
Resultan ser de Guatemala, del occidente, hablan español con dificultad; es un tío y su sobrino, el tío de 35 años que se vino hace 18 años y el sobrino de 16 años que vino hace 6 meses. Colocan los vasos de agua a un costado de la zanja y siguen uno picando con la piocha y el otro paleando.
Veo al sobrino esforzándose con la pala mientras pienso que a esa hora tendría que estar en la escuela, el tío me lee los pensamientos y me dice: –Se vino siguiendo a mi hijo que se vino un mes antes que él, se criaron juntos y parecen uña y mugre, pero mi hijo no quiso venirse conmigo y se fue con su mamá, entonces éste vino a dar aquí conmigo porque prácticamente yo lo crié, su mamá es mamá soltera, el papá se vino y se hizo perdidizo y dicen que está en California y que allá tiene otra familia, pero ya la otra semana se va con mi hijo porque no pueden vivir separados y además no aguanta el trajín del trabajo. Para más vino él a verme y no mi hijo.
–Pero su hijo –-le digo– ha de tener sus razones, usted se fue lejos y estuvo ausente, la presencia física no estuvo. –Pero lo llamaba todos los días por teléfono y yo traté de estar lo más cerca de él pero la distancia me lo impidió, si yo hubiera podido viajar otra cosa hubiera sido –contesta Antonio.
Antonio, piel quemada por el sol, está vestido con dos camisas; una playera y otra camisa a cuadros manga larga que le cubre los brazos, tiene puesta una gorra para cubrirse parte del rostro, su pantalón de lona y zapatos de suela gruesa enlolados hasta la altura de la manda del pantalón. José, el sobrino está vestido con esas playeras de moda que en Guatemala matarían por tener una, la tiene también llena de tierra, el estilo del pantalón también varía grandemente con el del tío, definitivamente son generaciones distintas.
–Qué dura la vida del pobre, ¿verdad Antonio? –le digo mientras me repeso sobre la pared de la casa sintiendo el calor del verano en la piel-. –Mirá, –me dice sin soltar la piocha–, yo me vine de patojo y dejé a mi hijo de 6 meses porque quería que no viviera mi misma pobreza, quería que él y mi esposa tuvieran casa, tuvieran agua potable, zapatos, que tuvieran comida en la mesa y por eso me vine. Yo quería que mi hijo fuera a la escuela y que no se quedara bruto como yo, que me tocó trabajar desde niño en las fincas con mis papás y mis hermanos.
–Aquí he hecho todo tipo de trabajo, hasta lo que no te imaginás, porque a uno le toca doble discriminación por ser indígena y no hablar bien el español y no entender el inglés; en los trabajos de construcción siempre me ha tocado el trabajo duro porque piensan que puro lomo soy, que no me canso, pero me canso y mucho. Y como pude fui mandando dinero para la casa, todas las semanas, todos estos años; 3 trabajos tengo desde que vine, no paro, yo trabajo de lunes a domingo en lo que sea, soy mil usos: unos días poniendo baños, otros pintando casas, otros arreglando jardines, poniendo pisos, techos, lo que salga y bien matado termino. ¡Y las humillaciones que me hicieron mientras yo trataba de aprender el trabajo! Porque nadie me enseñó, nadie le quiere enseñar a uno el trabajo, yo solito lo fui aprendiendo observando, a puro ojo aprendí.
A Antonio le pasó lo que le pasa a la mayoría de los indocumentados, que piensan que vienen por 1 o 2 años y terminan quedándose porque al llegar se dan cuenta que no es tan fácil como les habían contado y que para enviar una remesa hay que tener por lo menos 3 trabajos y que para lograr entender un poco el trabajo y aprenderlo y también movilizarse tienen que pasar por lo menos 8 años.
Vivimos en un apartamento 11 de allá del pueblo, todos dejamos a nuestras familias allá y trabajamos así en conjunto cuando se puede para ayudarnos con la gasolina y que todos tengamos ahí aunque sea para una tortilla con algo.
Antonio trabaja en un empresa de construcción de un polaco que solo llega con sus hijos, robustos, bien saludables, a revisar el trabajo que hacen personas indocumentadas como Antonio y su sobrino José. Los que hacen el trabajo más difícil y más sucio siempre son los latinos indocumentados.
–Mirá y les hice casa y no sirvió de nada, –continúa Antonio desahogándose– porque lo que yo no quería pasó, se vinieron de todas formas a sufrir aquí como uno. Mi esposa se vino con una prima a trabajar en el corte de verduras y frutas y anda de estado en estado por temporadas, no tiene casa, se va con los jornaleros en grupos y duermen en las fincas en las galeras, 3 semanas aquí, un mes allá y así se anda todo el país. Soy un hombre fracasado, de nada me sirvió venirme.
–¿Y piensa regresarse?
–No, solo que me deporten, ¿a qué me voy a regresar? Si lo que yo quería se deshizo.
Como Antonio hay miles, la migración forzada deshace las familias, las rompe de por vida. Tarde o temprano los hijos de los migrantes indocumentados también emigran, muchos por su cuenta, otros a dar con sus padres y al llegar que se dan cuenta que no hay lazo que los una y que son personas extrañas en realidad; y es así como terminan viviendo en lugares distintos y otros mudándose de estado como el caso del hijo de Antonio.
–¡Les hice casa! –vuelve a repetir Antonio- y ahora se vino mi hijo y anda allá cortando verduras, como si para eso me vine a sacrificar yo –deja la piocha a un lado, toma el vaso de agua y descansa un momento, el sobrino que solo ha estado escuchando cabizbajo también se detiene.
–¿Y cuáles son tus sueños? –le pregunto al sobrino. –Pues lo mismo que mi tío, trabajar duro para que mi hijo pueda ir a la escuela. –¿También tenés hijo? –Sí –contesta con voz tímida. José tiene apenas 16 años.
–Quiero trabajar y que tengan casa –continúa– y que él vaya a la escuela y que termine la universidad. Yo quiero ahorrar un poco para poner un negocio y regresarme.
–¿Era como te lo habían contado? Nada, la gente le miente a uno, Estados Unidos no es como la gente llega contando.
En José se ha repetido la historia de su tío Antonio, y así se repiten millones más, la migración forzada es eso: un nudo ciego.
Antonio dice que él es el único que les ha dicho la verdad sobre vivir en Estados Unidos sin documentos pero que la necesidad es grande y que por esa razón gran parte de la juventud de su pueblo ha emigrado y solo se han quedado los abuelos. Porque padres e hijos han agarrado para el norte a perderse entre la urbe. Aquí se pierde todo vos, -me dice Antonio- todo se pierde, uno ni llorar puede más, hasta de llorar hasta cansando.
Recojo los vasos y los dejo trabajando bajo el sol abrasador del verano estadounidense y regreso a mi trabajo, mientras camino hacia la puerta, se quedan repicando las palabras de Antonio: “aquí se pierde todo vos, todo se pierde”. Y es verdad.
De historias como la de Antonio y José, como la de su esposa y su hijo está lleno este gran establo, donde los indocumentados somos las reses que llevan al matadero.
Por: Marco Antonio Fernández y Laura Noemí Herrera
Animal Político
Es imprescindible que los promotores de la nueva reforma educativa nuevamente aprendan de los errores ajenos de quienes también prometieron una agenda de equidad educativa, pero que en los hechos distribuyeron reiteradamente recursos del erario de forma regresiva, ineficaz y lamentablemente, en ocasiones, con corrupción.
Si las condiciones educativas terminan definiendo el destino de un país, las nuestras nos están condenando. Pese a reconocer que todos los mexicanos tienen el derecho a la educación, el acceso a la escuela aún sigue condicionado por el lugar de nacimiento. Por ejemplo, el 36% de los niños que nacieron en una comunidad rural no asiste a la escuela, lo mismo sucede con 36% de los niños indígenas, el 44% que tiene una discapacidad o el 85% que son hijos de jornaleros agrícolas (INEE, 2018). No sólo eso, de los 14 millones de estudiantes que están en la primaria, 6 de cada 10 egresarán con grandes deficiencias en matemáticas y español, rezagándose tres años respecto a los alumnos de sistemas educativos con mejor desempeño como Corea del Sur o Finlandia (OCDE, 2016). Probablemente sólo 7 de cada 10 lleguen a media superior y sólo 5 la concluyan. Otros 3 ingresarán a la universidad, pero sólo 2 concluirán. Al terminar sus estudios, todos se enfrentarán al reto de insertarse al mercado laboral, pero pocos contarán con las habilidades necesarias para hacerlo exitosamente.
Este es el panorama actual de la educación en México que el nuevo gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, buscará atender con un nuevo proyecto educativo que promete, ahora sí, hacer valer el derecho de todos los mexicanos a la educación desde preescolar hasta educación superior. Equidad y calidad serán los principios que regirán las políticas educativas de la nueva administración federal. Becas universales, atención prioritaria a los más pobres, construcción de 100 universidades públicas y un programa para la capacitación de los jóvenes, destacan como propuestas emblema en el documento entregado en Cámara de Diputados el pasado 12 de diciembre. A ellas se suma la promesa central de revalorizar al magisterio, para lo cual se propone eliminar cualquier consecuencia laboral a la evaluación de su desempeño y derogar al hasta ahora autónomo Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), considerado como instancia cómplice en la política de desprestigio docente que, según las nuevas autoridades educativas federales caracterizó a sus predecesores en su labor de la implementación de una reforma, a la que no le reconocen valor educativo, sino simplemente administrativo-laboral.
Similar a lo que ocurrió con las últimas cuatro reformas educativas, los objetivos que se pretenden alcanzar no son muy distintos: excelencia educativa, con educación incluyente y con equidad de oportunidades. Sin embargo, ningún detalle de los cómos, para ahora sí cumplir con dichas metas, está retratado ni en la exposición de motivos ni en el texto constitucional propuesto, quizá dejando esas particularidades para su incorporación posterior a la legislación secundaria que se discuta en caso de ser aprobada la reforma constitucional propuesta. Parecen ser pocas las estrategias educativas de la administración anterior que sobrevivirán el cambio sexenal. Hay, no obstante, eliminación de aspectos muy relevantes del marco jurídico vigente que podrían significar un retroceso educativo.
De manera preocupante destacan 1) la eliminación del Servicio Profesional Docente y 2) la desaparición del INEE, aspectos que reflejan una profunda motivación política más que una estrategia de mejora educativa. En primer lugar, uno de los logros de la reforma que se pretende derogar es quitar los cimientos constitucionales a las reglas de ingreso y ascenso para el desarrollo de la carrera profesional de los docentes, en el que el mérito antes que las conexiones, herencia o prácticas de corrupción marquen la posibilidad de que los docentes avancen en su carrera dentro del magisterio.
Hoy el artículo tercero constitucional establece que “el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan”. Además, se elimina la garantía constitucional para evitar que todo ingreso y ascenso que no sea a partir de los concursos de oposición sea considerado nulo. Todo esto desaparece en la propuesta del presidente López Obrador para ser sustituido por la mención a un Servicio de Carrera Profesional del Magisterio a cargo de la federación, cuyos detalles serán definidos por la ley secundaria.
Asimismo, se propone derogar la Ley del Servicio Profesional Docente. Peor aún, en los artículos tercero y séptimo transitorios se contempla que, en tanto se apruebe la nueva legislación secundaria (dentro de 6 meses, una vez aprobada la reforma constitucional), quedarán suspendidos todos los mecanismos de evaluación docente para ingresar o promocionarse en el servicio profesional docente. Lo mismo ocurre con cualquier efecto en la permanencia del empleo de las evaluaciones magisteriales realizadas con anterioridad.
Si bien se reconoce la necesidad de replantear los efectos laborales de la evaluación del desempeño de los docentes –dada la importancia de mejorar los instrumentos de evaluación y sobre todo la calidad de los cursos de capacitación y las tutorías a los maestros con base en los resultados de sus evaluaciones- es necesario advertir de las consecuencias negativas para la operación del sistema educativo al suspender todas las evaluaciones de ingreso y ascenso en el servicio docente.
¿Qué sucederá con los miles de maestros que se evaluaron en agosto pasado para aspirar a una posición de director, supervisor o asesor técnico pedagógico tanto en la educación básica como en la educación media superior? Sus resultados son válidos por un año de acuerdo al marco vigente, lo que les permitiría a los mejores aspirantes, con base en el orden de prelación de sus evaluaciones, obtener la posición directiva por la que concursaron. A quienes obtuvieron estos mejores resultados, ¿simplemente se les dirá que ya no cuenta su esfuerzo para aspirar a una mejor posición en el servicio profesional y por ende no podrán hacerse acreedores a sus nuevas posiciones de dirección? ¿Cómo se plantea nombrar a los directores de primarias, secundarias, preparatorias, etc. en los planteles en que dichas posiciones han quedado vacantes por jubilación, retiro, fallecimiento, renuncias, etc.? ¿Qué pasará con las plazas vacantes de supervisores y asesores técnico pedagógicos?¿Qué sucederá en el caso de los directores de preparatorias y demás planteles de educación media superior que se evaluaron en noviembre para ver si pueden seguir en su puesto directivo o si necesitan ser sustituidos por nuevos directores? En el sistema educativo hay un ciclo normal de jubilaciones que se acelera hacia finales de año, por lo que en enero tiene que sustituirse al personal directivo y magisterial que haya dejado sus puestos en estas últimas semanas. ¿Cómo se cubrirán las miles de plazas vacantes todo el próximo año mientras se aprueba el nuevo marco jurídico secundario, lo cual, puede suceder hasta agosto-septiembre del próximo año?
¿Qué mecanismo se pretende implementar si está suspendido absolutamente toda evaluación con estos propósitos? El nuevo líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas, tiene claro cómo llenar estas necesidades de plazas docentes y directivas: mediante la exigencia de que se le otorgue el 50% de las plazas vacantes al sindicato, para que éste las reparta a sus miembros (familiares e hijos), tal y como lo hacía antes de la reforma que se pretende derogar (aquí el video con sus afirmaciones). Hasta ahora ni el presidente López Obrador ni Esteban Moctezuma han refutado la aspiración del nuevo liderazgo magisterial.
En segundo lugar, en el caso del INEE, la iniciativa menciona que al instituto se le “percibió como un instrumento persecutor del magisterio”, sin que los promotores del documento den prueba alguna de dicha afirmación, pero afirmando que esto es motivo suficiente para su cancelación. La desaparición del INEE, también resulta uno de los retrocesos más profundos para nuestro sistema educativo, al intentar acabar con el trabajo de 15 años en los que se ha buscado construir un órgano que sirva como contrapeso a las acciones tomadas por las autoridades educativas federal y de los estados. Recordemos aquellos actos en que las autoridades en la materia, por limitaciones técnicas y políticas, no fueron capaces de brindarnos información objetiva, confiable y pertinente del estado de nuestro sistema educativo. Por ejemplo, tres años atrás, carecíamos de un diagnóstico de las condiciones en las que estudian los niños de comunidades indígenas o que pertenecen a familias jornaleras, información que hoy conocemos gracias al impulso que el INEE dio al estudio de la desigualdad del sistema educativo nacional. De forma similar, un estudio independiente realizado por el instituto señaló las limitaciones en la ejecución del programa de mejora de infraestructura educativa implementado por la autoridad educativa federal y de los estados en el sexenio anterior.
Sin duda alguna hay aspectos fundamentales que el INEE tiene que mejorar y así lo hemos manifestado públicamente tanto en su Consejo Social como en distintos foros académicos y en los medios de comunicación. Muchos de los indicadores educativos novedosos como el de egreso oportuno o las implicaciones de las evaluaciones a estudiantes mediante la prueba PLANEA tienen que ser mucho más accesibles y útiles a maestros, directores y padres de familia. Las directrices que el instituto ha realizado en distintos ámbitos educativos como las de las normales y las correspondientes a educación media superior tienen que tener un seguimiento puntual en las entidades, para saber cómo las autoridades las adaptan a las políticas educativas para mejorar los resultados en esta materia.
No obstante, la iniciativa en vez de enfocarse en cómo mejorar lo avanzado y corregir las omisiones del instituto, promueve su desaparición para sustituirlo con un nuevo organismos denominado Centro Nacional para la Revalorización del Magisterio y la Mejora Continua, al cual se le quita de su autonomía constitucional y se le regresa al ámbito de su dependencia federal en la Secretaría de Educación Pública. Se promete un consejo consultivo integrado por 7 miembros (académicos, docentes, especialistas, padres de familia entre otros) pero todos nombrados por la SEP sin consulta alguna al Senado como ocurre actualmente con la junta directiva del INEE, nombrada por mayoría de los senadores.
Se antoja complicado, por decir lo menos, que un centro dependiente de la SEP pueda ser capaz de señalar críticamente las fallas de implementación del proyecto educativo de la administración en turno. Por ejemplo, en las directrices de educación media superior el INEE encontró problemas en la forma en que las becas fueron distribuidas por las autoridades educativas y planteó propuestas para mejorar su focalización, de forma que se apoye realmente a quien más lo requiere y así evitar la duplicación y mal uso de su presupuesto (INEE 2017). Para el nuevo gobierno, el sistema de becas es fundamental. ¿Podrá un centro como el planteado por la propuesta presidencial asumir una postura de evaluación crítica propositiva en caso de que la SEP falle en la distribución de los recursos en dicho programa?
De igual forma la propuesta presidencial reconoce la necesidad de la formación de los docentes como una política fundamental para garantizar el desarrollo de los mejores profesores frente a grupo. Sin embargo, este anuncio no es novedoso, pues las cuatro reformas previas hicieron promesas similares. Los resultados de los programas de capacitación docentes son cuestionables hasta ahora. Existen dudas sobre su calidad, pertinencia y eficacia para atender las necesidades de los maestros, en particular en educación básica. ¿Qué lecciones se han obtenido de las fallas en esta materia para que la nueva estrategia de formación realmente cumpla con la promesa de capacitar correctamente a los maestros de las escuelas públicas del país?
A través de los programas anteriores de formación y capacitación docente se ha logrado que hoy 90% de los maestros en planteles públicos tengan estudios de licenciatura o posgrado. Incluso 9 de cada 10 docentes dedica en promedio 80 días de un ciclo escolar a capacitarse (el doble del tiempo de sus pares en otros países de la OCDE). Sin embargo, pese a estos números aún no tenemos cambios importantes en los aprendizajes de nuestros alumnos: con base en los resultados de la prueba PISA nuestros jóvenes mejoran en promedio cada año 2.7 puntos en matemáticas y 1.1 puntos en lenguaje y comunicación. Un ritmo bastante lento, si se comparan los avances observados en Colombia, Perú o Chile, países con condiciones similares de desarrollo a las nuestras. A esto agreguemos que, pese al tiempo que dedican a capacitarse, 1 de cada 5 docentes declara no sentirse preparado en el contenido de la materia que enseña y 1 de cada 7 profesores, sienta falta de preparación en el aspecto pedagógico (OCDE 2014, BID 2016, INEE 2018).
Si bien el elemento docente no es el único factor detrás de los resultados de aprendizaje de los estudiantes, sí es un factor fundamental y para ello, brindarles formación y capacitación que les permita poder tener un desempeño pedagógico eficaz en el aula es fundamental. Lamentablemente el país está aún en deuda con el magisterio en este rubro, por lo que es fundamental que las nuevas autoridades respondan a la brevedad ¿Qué aprendizajes se obtuvieron de las fallas en la formación docente brindada por la reforma que se busca derogar, para que ahora el nuevo centro de revaloración del magisterio brinde cursos útiles de calidad que realmente tengan un impacto en el desempeño de nuestros docentes frente a las aulas del país? (Es preciso señalar que a dicho centro se le asigna además de la función de la evaluación de la política educativa, la de la formación docente).
A las dudas planteadas hay que sumar la de la viabilidad de hacer universal el derecho al acceso a la educación superior como plantea la propuesta gubernamental. El país enfrentará múltiples retos en este rubro, cuya promesa es más fácil incorporar a la constitución que brindar los elementos necesarios para hacerla una realidad. Baste recordar que desde 1992 el país incorporó al artículo tercero constitucional el derecho universal a la educación secundaria, pero 26 años después al menos 1 de cada 5 jóvenes mexicanos no cursa este nivel educativo. Lo mismo ocurre en preescolar y media superior, derechos reconocidos en 2000 y 2012 respectivamente, aunque en 2018 tan sólo se tiene 73% y 62% de cobertura neta.
Como lo han señalado nuestros colegas de Mexicanos Primero, preocupa, además, que el derecho a la primera infancia sea omitido de la constitución, lo cual es un contrasentido dado el énfasis en la igualdad que la iniciativa presidencial dice promover. Distintas investigaciones han demostrado que la educación temprana –que se brinda entre los 0 y 3 años de edad, tiene un impacto fundamental en el desarrollo educativo del futuro de los estudiantes. En esta edad más de la mitad de las conexiones sinápticas que permiten a las personas pensar, ver, escuchar y hablar se conforman. Es la edad en que el cerebro humano es más receptivo. Además, los estudios sugieren que la inversión en esta formación educativa arroja retornos sociales muy altos, superiores a la observada en inversión en otros niveles educativos (Heckman, 2012, 2013; Chia, et al, 2017). Por ende, ¿cuál es el argumento de eliminar dicho precepto del marco constitucional?
Consistente con las promesas redistributivas del nuevo gobierno, en la exposición de motivos de la iniciativa presidencial destaca la necesidad de atender las desigualdades educativas, de forma que la educación sí sea un instrumento eficaz para abatir las brechas sociales y pueda ser el vehículo de movilidad social por excelencia. Como lo ha demostrado el Centro Espinosa Yglesias hasta ahora la educación no ha servido para impulsar la movilidad social en nuestro país (CEEY 2018). Si bien, se tendrá que analizar con mayor detenimiento en trabajos posteriores, es imprescindible que los promotores de la nueva reforma educativa nuevamente aprendan de los errores ajenos de quienes también prometieron una agenda de equidad educativa, pero que en los hechos distribuyeron reiteradamente recursos del erario de forma regresiva, ineficaz y lamentablemente, en ocasiones, con corrupción. Sabemos por el INEE y otros estudios de especialistas y académicos, que las autoridades no han focalizado correctamente la inversión educativa para atender a los alumnos más pobres y a los estados con mayor marginación. En México difícilmente rompemos las trampas de la pobreza a través de la educación. Por ejemplo, invertimos 2 veces más recursos en un alumno pobre que vive en una entidad con menor marginación como Baja California que en un estudiante en la pobreza que vive en Chiapas (ver gráfico).
Fuente: Elaboración del autor con información obtenida de la SEP.
¿Qué esquemas compensatorios se desarrollarán eventualmente en el marco jurídico y se derivarán en políticas educativas focalizadas y redistributivas? Pregunta esencial de cara a la promesa de equidad con aprendizaje de excelencia e inclusión que promueve la iniciativa presidencial. Se habla de la importancia de brindar educación bilingüe a los alumnos indígenas, pero hoy hay al menos 724 mil niños indígenas que acuden a planteles en los que el profesor no habla su idioma.
El tamaño de los retos educativos que enfrenta el país difícilmente pueden atenderse si otra vez las nuevas autoridades, como lo han hecho varios de sus predecesores, pretenden reinventar la rueda educativa y construir políticas prácticamente desde cero y con nulo aprendizaje de las experiencias fallidas y exitosas de lo realizado en materia educativa tanto en México como en el ámbito internacional. Lamentablemente el desprecio por el uso de la evidencia como guía de la política pública ha sido muy oneroso para nuestros estudiantes. Vendrán semanas de intensos debates, en las que esperemos se privilegie la discusión informada, debates en los que se tendrá que hacer el máximo esfuerzo por acotar lo más posible la politización del discurso educativo.
Los derechos a condiciones dignas de trabajo del magisterio, para que puedan a partir de su buena formación, aspirar a desarrollar su carrera como docentes y en la que el mérito de su trabajo sea el motor de su crecimiento, deben prevalecer sobre distorsiones a derechos malentendidos de herencia o control de plazas magisteriales. Los trajes que supuestamente se buscó desarrollar a la medida de las necesidades magisteriales deben ser revisados sustantivamente, de forma que la autoridad pueda dar cuenta de la calidad de la oferta de capacitación que brinda a los docentes. Sin embargo, al centro de esta discusión debe prevalecer la preocupación central de brindar una educación de calidad a los niños y jóvenes que les permita su desarrollo como ciudadanos activos, críticos y responsables. Una educación que debe corregir tanto las omisiones y deficiencias de los aprendizajes del siglo XX al tiempo que permita que, mediante una fuerza magisterial de excelencia, abordar eficazmente las habilidades requeridas en el siglo XXI.
Pensar que es posible el borrón y cuenta nueva, máxime que se están observando en el mundo los efectos laborales del cambio tecnológico y su demanda por mejores habilidades educativas en los individuos, sería un error que terminaría por minar sustantivamente los esfuerzos para brindar la equidad de oportunidades con excelencia que requieren todos los estudiantes mexicanos, pero en particular sería muy costosa para aquellos provenientes de los sectores menos favorecidos a los que reconoce como prioridad el presidente López Obrador.
* Marco Antonio Fernández es profesor-investigador de la Escuela de Gobierno e investigador asociado de México Evalúa. Laura Noemí Herrera es investigadora en @mexevalua.
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La protección de la niñez es un borrador perdido entre otros temas pendientes
Se les mantiene en la ignorancia, así es más fácil explotarlos
Me preguntan a veces por qué insisto en el tema de la niñez, habiendo otros tanto o más importantes en la agenda pública. Insisto, porque dudo de la existencia de una tarea más importante que poner en evidencia la situación dramática –y muchas veces trágica- vivida por millones de niñas, niños y adolescentes, aunque a algunas personas les parezca tediosa mi tozudez. Creo, con firme convicción, en la necesidad de seguir machacando sobre ese clavo herrumbroso, torcido e ineficaz a medio insertar en la agenda política y social. He reflexionado sobre ello para dar una respuesta, llegando a la conclusión de que aunque las niñeces felices parecen ser ya un fenómeno en vías de extinción y tanta convención, tratado y predicamento sobre sus derechos no acaban de prender en la conciencia ni en las decisiones de las sociedades, nuestra obligación prioritaria es defenderlos y hacerlos valer.Para demostrar cuánto abandono pesa sobre las nuevas generaciones basta dar un paseo por los medios de comunicación locales e internacionales, en donde las violaciones cometidas contra ese sector de la población se han convertido más en un relleno noticioso que en un tema toral de gran impacto. Su grotesca abundancia nos dice cuán poco hemos avanzado en el establecimiento de protocolos y procesos jurídicos y administrativos capaces de garantizar la seguridad y el goce de derechos para una de las franjas sociales más importantes en una nación. Niñas, niños y adolescentes forman, en nuestros países subdesarrollados, un enorme contingente de seres abandonados cuya vulnerabilidad natural los coloca en la mira de quien quiera explotarlos. De ese modo van cayendo en redes de trata, en pandillas, en prostitución, en matrimonios forzados y en abuso laboral con una facilidad pasmosa por no tener la voz, el conocimiento ni la autoridad para defenderse por sí solos.
Entonces, volvemos la mirada hacia las estructuras familiares e institucionales y comprobamos cuán débil es la red de protección de la niñez. Aquellos estamentos creados con el propósito de salvaguardar sus derechos han sido cooptados por sus propios enemigos: seres corruptos con poder suficiente para convertirlos en víctimas de un sistema de abusos legitimados a fuerza de privilegios, justicia manipulada para convertir la violación sexual o laboral en un delito menor, actos de intimidación contra cualquier intento de exigir castigo por esta clase de crímenes.
Los abusos contra la niñez comienzan a partir del momento cuando los adultos –padres, maestros, líderes espirituales- se creen con derecho de propiedad. De esa convicción y de un sistema patriarcal cuyo pilar fundamental es el abuso de poder, se desprende todo un abanico de oportunidades para hacer de niños y niñas víctimas propiciatorias para toda clase de vejámenes, convirtiéndolos en pequeñas figuras de papel clavadas sobre un muro de indiferencia colectiva. De ahí viene el afán de mantenerlos en la ignorancia negándoles el acceso al conocimiento y a la información, de ese modo viven amordazados desde temprano y sometidos a una autoridad ilegítima, sin posibilidad de escapatoria.
Nuestras sociedades han abandonado su misión fundamental debido, en parte, a esa cadena histórica de abuso contra los seres más vulnerables de las comunidades humanas. El sistema ilegítimo y perverso de cadenas de autoridad creadas para someter a grandes sectores de la población a las decisiones de un pequeño círculo de poder, debe ser destruido. De otro modo, el concepto mismo de sociedad continúa siendo una vil mentira.
Nota de edición: El modelo corporativo privado es el dominante en las plataformas digitales. Un reciente estudio de la Universidad de Oxford constata evidencias de manipulación formalmente organizada de las redes sociales en 48 países de todos los continentes. * A medida que el uso de las redes sociales digitales (RSD) va representando un espacio creciente en el escenario comunicacional, desde lo mediático hasta lo publicitario, pasando por lo interpersonal, resulta cada vez más complejo apreciar su alcance e impacto en cómo nos informamos, de qué fuentes, de qué maneras nos comunicamos y compartimos contenidos y con quiénes.
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Uno de los elementos centrales que incide en cómo se dan estos cambios es el modelo corporativo privado dominante en las plataformas digitales. Ese modelo de desarrollo de Internet y las tecnologías digitales no era el único posible. Por un lado, hubo grandes inversiones públicas para desarrollar la tecnología, que luego se entregó al sector privado para su usufructo. Por otro, las interfaces de intercambio en línea nacieron mucho antes de las plataformas de redes sociales y fueron parte de Internet desde sus inicios, por lo general en espacios creados y autogestionados por los usuarios/as, como, por ejemplo, las listas electrónicas temáticas, los murales (“ bulletin boards ”), los grupos de noticias ( newsgroups) , o las bases de datos de acceso abierto.
La entrada en escena, hacia inicios de este siglo, de la llamada Web 2.0 -cuyo discurso promocional habla de “descentralización radical, confianza radical, participación… experiencia de usuario, control de la información de cada uno…”– coincide con las grandes inversiones de capitales en las nuevas empresas tecnológicas de Silicon Valley y –luego del estallido de la burbuja bursátil de los “punto.com”– la necesidad de buscar formas de rentabilizarlas, lo que no parecía tan fácil en un ámbito donde los contenidos se comparten libremente.
Con las redes sociales digitales, que habían comenzado a aparecer en la última década del siglo pasado, las empresas encuentran una solución: crear plataformas donde las personas se interconecten, compartan contenidos y generen datos, a partir de los cuales crean perfiles de cada usuario que, a su vez, se venden a anunciantes. La lógica que se impone implica que, a mayor uso de la plataforma, más usuarios acuden, más datos se acumulan, más ventas se generan. Por lo mismo, se crean espacios cercados para que los usuarios no salgan de la plataforma sino que realicen la mayor parte de sus actividades en línea dentro de la misma. Por ello, en muchas redes sociales empresariales, solo se puede intercambiar con quienes tienen una cuenta en la misma red, hecho que va en contra del espíritu con que nació Internet, como protocolo que permite intercomunicar entre todas las plataformas.
Estas prácticas se prestan a la conformación de “monopolios naturales” debido al “efecto red”: es decir, los usuarios optan de preferencia por las redes digitales más concurridas, donde están sus amistades, clientes, temas de interés. Estas hoy se llaman YouTube, Facebook, Twitter, Instagram… cuyo poder es tal que van eliminando o absorbiendo la competencia.
La trampa de los algoritmos
Desde la lógica de la rentabilidad, lo que los usuarios hacen en la plataforma importa poco, con que la sigan alimentando con sus datos, generando tráfico y consumiendo publicidad. De hecho, son los propios usuarios que dan sentido, contenido y orientación a los usos predominantes de cada plataforma.
Con el pretexto de mejorar la experiencia para sus usuarios, las empresas desarrollan algoritmos (o sea, conjuntos de instrucciones o reglas computacionales que permiten llevar a cabo una serie de operaciones) cuyas funciones incluyen determinar lo que será visible –o no– para cada usuario, supuestamente en función de sus intereses identificados, pero muchas veces incorporando otros criterios orientados a vender más publicidad o incluso a motivar niveles de adicción al uso constante de la red y comportamientos compulsivos.
Se ha constatado, por ejemplo, que las emociones negativas conllevan a tendencias de acción en línea más fuertes que las emociones positivas; por lo tanto, ciertos algoritmos terminan priorizando aquellos contenidos que provocan reacciones de ira u odio en el usuario. También, cuando un usuario muestra interés en contenidos con posiciones político-sociales extremistas, el algoritmo le ofrece nuevos contenidos aún más extremos. Con ello, estos sistemas contribuyen a radicalizar posturas y a agudizar antagonismos existentes en la sociedad, al punto que, en contextos de fuerte conflictividad, han llegado a catalizar acciones colectivas (offline) de violencia física e incluso casos de linchamiento. Como consecuencia, se estrecha el espacio para el debate político y la confrontación de ideas, programas, tesis y la búsqueda de consensos mínimos entre puntos de visto divergentes que son fundamentales para la convivencia democrática.
A ello se añade el constante acoso al usuario para que no se desconecte, que siga consumiendo contenidos y alimentando su perfil. Snapchat, por ejemplo, una de las redes preferidas por la juventud, donde las fotos duran un tiempo limitado, incita al usuario a estar permanentemente conectado: que no se vaya a perder algo que los panas han posteado o han visto. Tiene incluso un sistema de puntaje que penaliza a quien se desconecta. Así se tiende a generar niveles de adicción y dependencia.
Poco conscientes del poder de estos algoritmos, por lo general usamos acríticamente las plataformas de RSD, confiando en empresas que no rinden cuentas ante nadie, dejando que influyan, con algoritmos opacos, en las relaciones que formamos, en la información que consumimos, en las audiencias a las que llegamos, en quien conoce sobre nuestra vida privada, e incluso en por quien votamos.
¿Se agota el actual modelo de RSD?
Los recientes escándalos sobre la proliferación de noticias falsas, la falta de ética y transparencia, el abuso de datos personales y la injerencia en procesos electorales han comenzado, sin embargo, a socavar esta confianza.
Los escándalos cada vez más frecuentes en torno a los abusos de ciertas plataformas, particularmente explotando datos personales, han sido uno de los catalizadores que han terminado generando una reacción negativa. El público usuario comienza a sentirse utilizado, ve vulnerada su privacidad, se da cuenta que no controla qué contenidos puede ver ni quiénes ven los contenidos que coloca, o se siente hastiado con la publicidad. Como resultado, cada vez más usuarios deciden cerrar sus cuentas en ciertas RSD o migran a otra plataforma que parece ofrecer mejores garantías. Facebook ha sido una de las redes más afectadas por tales escándalos.
Un estudio reciente registra por primera vez un descenso en el número de usuarios en algunas RSD (Twitter y Snapchat), en el segundo trimestre de este año, y crecimiento casi estático en otras (como Facebook, que perdió, además, un millón de usuarios en Europa). Ello evidencia, tal vez, lo efímero que puede ser una plataforma u otra, más no el sistema en sí, pues son las mismas empresas transnacionales que están creando las plataformas alternativas a las que migran la mayoría de usuarios. La juventud, en particular, está migrando de preferencia a plataformas gráficas como Instagram (Facebook) o Youtube (Google); y muchos usuarios prefieren usar plataformas de mensajería con encriptación para compartir información, como Whatsapp (Facebook).
Ahora bien, en el caso, por ejemplo, de sistemas de mensajería como Whatsapp, ha costado a las empresas encontrar un modelo que permita monetizar su uso de la misma manera que las RSD, ya que responden a otras lógicas. De hecho Facebook ha anunciado hace poco que a partir de 2019, introducirá publicidad en Whatsapp; ello podría comprometer la privacidad de las comunicaciones, ya que se ha revelado que la empresa planea extraer palabras clave de los mensajes (supuestamente cifrados) para orientar la publicidad. Queda por ver cuantos usuarios terminen migrando de Whatsapp a algún otro sistema de mensajería. Vale destacar, también, que con respecto al uso de las redes sociales en la política, la migración a mensajería implica que no se puede evaluar públicamente el uso ni impacto de estos sistemas para difundir noticias falsas o mensajes de odio, ya que son mensajes privados.
Entonces, en el fondo se plantea la pregunta de si la solución pasa por mudar cada vez de plataforma comercial para esquivar los inconvenientes, o si es más bien el actual modelo comercial en sí que plantea un serio problema, no solo en términos individuales, sino para la sociedad y la democracia misma.
En este contexto, las redes sociales libres presentan una alternativa interesante (ver el artículo de Miguel Guardado en la edición 536 de América Latina en Movimiento), especialmente para proteger las interacciones privadas y dinámicas internas de organizaciones o comunidades, donde es clave mantener el control y garantizar privacidad; pero también, cada vez más, se están convirtiendo en espacios de difusión pública alternativa.
Un espacio de disputa política
En todo caso, en la realidad actual, quienes actúan en los ámbitos mediático, político, social o cultural difícilmente pueden hacer caso omiso de las RSD comerciales más concurridas. Nos guste o no, ya ocupan un lugar cada vez más central en la vida pública y como tal constituyen un espacio de disputa para interactuar con públicos amplios.
De hecho, numerosos actores sociales, sectores organizados, medios alternativos o artistas han convertido a las RSD comerciales en espacios que potencian la organización y la resistencia. Al apropiarse de estos canales de difusión e intercambio, han podido convocar movilizaciones con un alcance mucho mayor que con métodos anteriores, compartir creatividad, opiniones y versiones de la realidad excluidas de los medios hegemónicos, amplificarlas mediante procesos virales, o generar nuevas expresiones culturales. La tecnopolítica y la tecnocultura ya son parte de la nueva realidad, particularmente entre la juventud, y desbordan los parámetros fijados por los dueños de las plataformas, generando formas organizativas y comunicacionales novedosas, que fluyen entre el mundo online y offline .
Toda vez, para tener una participación efectiva en esta disputa, es importante entender que es un terreno minado, sembrado de algoritmos opacos que responden a intereses particulares, por lo que se requiere actuar con cautela y con entendimiento de las lógicas que allí operan. Entre ellas, podemos mencionar la facilidad con que se reparten rumores y noticias falsas, y la dificultad de identificar sus fuentes; la limitación que implica reducir el pensamiento e ideas complejas al tamaño de un tuit de 280 caracteres; y también la tendencia de los algoritmos a exacerbar la polarización de opiniones, al dar a los usuarios más de lo que les “gusta”. También es importante entender que los sectores de poder ya tienen todo un arsenal desarrollado, con fuertes inversiones, para imponerse en esta disputa.
Justamente, un reciente estudio de la Universidad de Oxford, constata evidencias de manipulación formalmente organizada de las redes sociales en 48 países de todos los continentes, (20 más que lo constatado el año anterior), principalmente bajo la forma de campañas de desinformación en períodos preelectorales. Esta manipulación es practicada principalmente por parte de agencias gubernamentales o partidos políticos, y apunta, entre otros: a crear y amplificar discursos de odio o difamación personal o grupal; generar narrativas e información falsa; desviar la atención temática; recolectar datos en forma ilegal; o minar procesos democráticos, censurando contra-narrativas. Existen, además, numerosas empresas consultoras especializadas en estas prácticas.
Las recientes elecciones en Brasil ponen en evidencia, nuevamente, la gravedad de esta manipulación para el futuro de nuestras democracias. Se ha denunciado que la campaña electoral de Jair Bolsonaro en Brasil ha contratado líneas telefónicas en el exterior del país para encaminar mensajes que se propagan a través de un sinfín de grupos Whatsapp, alcanzando decenas de millones de brasileños con mentiras y mensajes de odio contra el PT, que han calado en la conciencia popular.
Entonces, es un serio reto para actores sociopolíticos que luchan por la democracia y la justicia social pensar cómo enfrentar y contrarrestar estas manipulaciones, evitando caer en los mismos procedimientos cuestionables.
¿Se debe legislar sobre las RSD?
Ante la evidencia que ha salido a la luz pública sobre el alcance de tales prácticas, particularmente a raíz del escándalo de Cambridge Analytica/Facebook y su injerencia en las elecciones estadounidenses con datos obtenidos ilegítimamente, los legisladores de ese y otros países han comenzado a reconocer la necesidad de regular la práctica de las plataformas digitales. El problema es que las propuestas que plantean a veces podrían resultar peores que el problema en sí.
Una cosa es la necesidad de regular lo que las empresas pueden y no deben hacer con los datos personales y en qué casos se requiere de la autorización de la persona concernida. Otra cosa es regular lo que los individuos pueden o no hacer en Internet, más allá de lo que ya está estipulado en las leyes nacionales y normas internacionales referidas a los derechos humanos y la libertad de expresión.
Asimismo, preocupan las (falsas) soluciones que están proponiendo las mismas empresas para combatir el fake news , cuando se otorgan arbitrariamente el poder de censurar mensajes y fuentes según sus propios criterios; o pactan acuerdos con supuestas “agencias de chequeo de noticias” para que revisen la “veracidad” de las noticias en las RSD, (siendo que en varios casos estas agencias son los mismos grandes medios que se han mostrado poco éticos en materia de noticias falsas). Incluso hay países donde se propone encargar, por ley, este rol de juzgar contenidos a la policía.
Fácilmente tales mecanismos se convertirán en nuevas formas de acallar voces disidentes. Por lo mismo, es urgente abrir un amplio debate público sobre el sentido de las posibles regulaciones, manteniendo como principio central la defensa de la libertad de expresión como derecho de la ciudadanía, no como derecho de unos pocos grandes medios ni otorgando a las empresas mediáticas o tecnológicas el rol de jueces o censores.
Alemania y Japón tienen el dudoso honor de ser dos países en los que jamás triunfó una revolución. No por casualidad fueron también los que, precisamente a causa de ello, dieron nacimiento a regímenes tan oprobiosos como el nazismo y el militarismo fascista japonés. Por contraposición la historia francesa está signada por recurrentes revoluciones y levantamientos populares. Aparte de la Gran Revolución de 1789 hubo estallidos revolucionarios en 1830, otro mucho más vigoroso en 1848 y la gloriosa Comuna de París de 1871, el primer gobierno de la clase obrera en la historia universal. Luego de su sangriento aplastamiento pareció que la rebeldía del pueblo francés se había apagado para siempre. Pero no fue así. Reapareció en la heroica resistencia a la ocupación alemana durante la Segunda Guerra Mundial y luego, con una fuerza arrolladora, en el Mayo francés de 1968.
¿Es esto lo único que hace de Francia un país tan peculiar? No. Más importante que este incesante fermento insurreccional que históricamente distingue a las capas populares francesas es que sus luchas resuenan como ninguna otra en la escena mundial. Ya lo había advertido Karl Marx en 1848 cuando, observando la revolución en Francia, dijera que “el canto del gallo galo despertará una vez más a Europa”. Y la despertó, aunque esos sueños fueron aplastados a sangre y fuego. Miremos la historia: la Revolución Francesa retumbó en Europa y América, con fuerza atronadora; la Comuna se convirtió en una fuente de inspiración para el movimiento obrero mundial, sus enseñanzas reverberando inclusive en algunos rincones apartados de Asia. El Mayo francés se reproduciría, con las lógicas características nacionales, por todo el mundo. En otras palabras: Francia tiene esa única capacidad de convertir lo suyo en un acontecimiento histórico-universal, como gustaba decir a Hegel. Y esa es, precisamente, la inimitable peculiaridad de lo francés.
La rebelión de los “chalecos amarillos” que comenzó hace pocas semanas cuando dos camioneros y la dueña de un pequeño comercio -desconocidas entre sí y habitando en distintos lugares del interior de Francia- lanzaron a través de las redes sociales una convocatoria a protestar en las rotondas de entrada de sus pequeñas ciudades por el aumento del precio del combustible. A los pocos días una de ellas tenía casi un millón de seguidores en su cuenta de Facebook. Luego vino la convocatoria del 17 de Noviembre en París y, a partir de allí, la protesta adquiriría una dimensión fenomenal que puso al gobierno de Macron entre la espada y la pared. Lo que no habían podido hacer en tres meses los sindicatos del ferrocarril lo lograron los “chalecos amarillos” en pocas semanas. Y la cosa sigue, y el “contagio” del virus rebelde que llega desde Francia ya se vislumbra más allá de sus fronteras. Se ha insinuado en Bélgica, Holanda y ahora en Polonia, con ocasión de la Cumbre del Clima en Katowice. En Egipto el régimen de Al Sisi prohibió la venta de chalecos amarillos en todo el país como una medida precautoria para evitar que el ejemplo francés cunda en su país.
La revuelta, de final abierto, no es sólo por el precio del combustible. Es una protesta difusa pero generalizada y de composición social muy heterogénea contra la Francia de los ricos y que en cuya abigarrada agenda de reivindicaciones se perciben los contornos de un programa no sólo pos sino claramente anti-neoliberal. Pero hay también otros contenidos que remiten a una cosmovisión más tradicional de una Francia blanca, cristiana y nacionalista. Ese heteróclito conjunto de reivindicaciones, inorgánicamente expresadas, alberga demandas múltiples y contradictorias aspiraciones producto de una súbita e inesperada eclosión de activismo espontaneísta, carente de dirección política. Esto es un grave problema porque toda esa enorme energía social liberada en las calles de Francia podría tanto dar lugar a conquistas revolucionarias como naufragar en un remate reaccionario. Sin embargo, más allá de la incertidumbre sobre el curso futuro de la movilización popular y la inevitable complejidad ideológica presente en todos los grandes movimientos espontáneos de masas no caben dudas de que su sola existencia ha socavado la continuidad de la hegemonía neoliberal en Francia y la estabilidad del gobierno de Emmanuel Macron.
Y en un mundo de superpoblado de esperpentos como los Trumps y los Bolsonaros, los Macris y los Macrones todo esto es una buena noticia porque el “canto del gallo galo” bien podría despertar la rebeldía dormida –o premeditadamente anestesiada- de los pueblos dentro y fuera de Europa y convertirse en la chispa que incendie la reseca llanura en que las políticas neoliberales han convertido a nuestras sociedades, víctimas de un silencioso pero mortífero holocausto social de inéditas proporciones. No es la primera vez que los franceses desempeñan esa función de vanguardia en la escena universal y su ardorosa lucha podría convertirse, sobre todo en los suburbios del imperio, en el disparador de una oleada de levantamientos populares –como ocurriera principalmente con la Revolución Francesa y el Mayo de 1968- en contra de un sistema, el capitalismo, y una política, el neoliberalismo, cuyos nefastos resultados son harto conocidos. No sabemos si tal cosa habrá de ocurrir, si el temido “contagio” finalmente se producirá, pero los indicios del generalizado repudio a gobiernos que sólo enriquecen a los ricos y expolian a los pobres son inocultables en todo el mundo. No habrá que esperar mucho tiempo pues pronto la historia dictará su inapelable veredicto.
Más allá de sus efectos globales la brisa que viene de Francia es oportuna y estimulante en momentos en que tantos intelectuales y publicistas de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos se regodean hablando del “fin del ciclo progresista” en Nuestra América, que supuestamente sería seguido por el comienzo de otro de signo “neoliberal” o conservador que sólo lo pronostican quienes quieren convencer a los pueblos que no hay alternativas de recambio y que es esto, el capitalismo, o el caos, ocultando con malicia que el capitalismo es el caos en su máxima expresión. Por eso los acontecimientos en Francia ofrecen un baño de sobriedad a tanta mentira que pretende pasar por riguroso análisis económico o sociopolítico y nos demuestran que muchas veces la historia puede tomar un giro inesperado, y que lo que aparecía como un orden económico y político inmutable e inexpugnable se puede venir abajo en menos de lo que canta un gallo … francés.
Las palabras importan. Y cuando hablamos de las palabras consagradas en la Constitución, importan aún más. Son las palabras las que marcan el actuar de las autoridades y las que establecen la base mínima de lo que podemos esperar y exigir en el cumplimiento de nuestros derechos humanos.
Por eso, es imprescindible entender cada palabra de lo que ahora se propone en la iniciativa del presidente LópezObrador en materia educativa.
Uno de los logros más importantes –aunque poco tratado en la conversación pública– de la reformaconstitucional de 2013 fue reconocer explícitamente el derecho de cada niña, niño y joven (NNJ) al “máximo logro de aprendizaje”.
Con esta frase, por sencilla que parezca, el derecho a la educación en México dio un gran paso hacia delante. Hoy se entiende como el derecho a aprender y la obligación del Estado va más allá de facilitar el acceso a una escuela; el Estado debe garantizar el desarrollo de ambientes de aprendizaje eficaces, que cuenten con las condicionesbásicas –maestros formados y acompañados, así como infraestructura, métodos y materiales y organización escolar adecuadas– para asegurar el desarrollo de cada estudiante.
La iniciativa enviada a la Cámara de Diputados que propone derogar esa frase de la Constitución presenta una visión tan limitada del derecho a la educación que implica un retroceso grave en el derecho a aprender.
El nuevo texto habla del “interés supremo” de las NNJ de la “impartición de educación” –no de aprender– y hace referencia a un nuevo Servicio de Carrera Profesional del Magisterio que debe “favorecer” –no garantizar– “la equidad educativa, la excelencia de la educación y el desempeño académico de los educandos”.
¿Qué pauta marca este fraseo para las autoridades? ¿Para las y los docentes? ¿Qué podemos exigir como ciudadanos, familias y NNJ?
La “excelencia educativa” es bastante general (con tendencia a ser excluyente) y “desempeño académico” implicaría que evaluáramos el cumplimiento de un derecho humano con base en calificaciones escolares. Si mi hija recibe un 10, pero no puede entender lo que lee, ¿se cumple su derecho?
Tal vez la evidencia más clara de la “nueva” visión sobre el derecho se encuentra en la propuesta para la Fracción IV: “La educación universal y obligatoria implica el derecho de toda persona a acceder a la educación… El Estado promoverá la inclusión… y establecerá políticas enfocadas a evitar la deserción y fomentar su permanencia”.
Es claro que el derecho a la educación no se cumple si dejamos a NNJ fuera de la escuela.
Pero años de escolaridad dejan de tener sentido si en ese tiempo no aprendemos, no desarrollamos lo que necesitamos y queremos para ser constructores activos del mundo a nuestro alrededor.
Nuestro derecho es a APRENDER y no debemos aceptar menos.
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