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El Observatorio Latinoamericano de Políticas Educativas -OLPE

El Observatorio Latinoamericano de Políticas Educativas -OLPE- ha desarrollado un proceso de monitoreo e investigación sobre los procesos de privatización y comercialización de la educación en América Latina.

Se han detectado importantes coincidencias entre las propuestas de entidades financieras y plataformas políticas y empresariales.

A nivel de entidades financieras y de cooperación, tanto el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Latinoamericano de Desarrollo (CAF) y la Agencia Estadounidense para el Desarrollo (USAID) coinciden en su agenda educativa para la región.

Dicha agenda incluye el desarrollo de sistemas de gestión centrados en resultados, las reformas del nivel secundario, especialmente aquellas que orientan los contenidos a las necesidades del mercado de trabajo, la evaluación estandarizada y la promoción de la participación del sector privado en la prestación de servicios educativos, con énfasis en los servicios de primera infancia, entre otros.

En el mes de abril OLPE publicó un breve análisis sobre el Informe “Aprender” del Banco Mundial. Ese análisis revisaba las áreas en las que el Banco estaría promoviendo el endeudamiento de los países de la región en materia de educación. Las cuatro áreas se refieren a la transición de los sistemas educativos hacia mecanismos de administración del aprendizaje de competencias y de adquisición de herramientas para el empleo; el fomento de la descentralización y la autonomía escolar, mediante la capacitación en temas de gestión y formas de administración para el personal; la convocatoria a la “sociedad civil” y el sector empresarial para que  participen en procesos escolares y finalmente, continuar estableciendo mecanismos de evaluación estandarizados para docentes y estudiantes (OLPE, 2018).

A esta misma agenda se han adscrito otros actores políticos y empresariales como la plataforma Diálogo Interamericano; el Programa de Promoción de la Reforma Educativa en América Latina y el Caribe (PREAL) de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI); REDUCA, la articulación de sectores empresariales que están elaborando política educativa y la ONG “Teach for all” (Enseñar para todos), entre otros.

El PREAL está concentrando esfuerzos en comparar “casos de éxito” de reformas educativas en distintos continentes, para “inspirar” a las reformas en la región latinoamericana.

Por su parte, “Teach for all”, que opera en doce países de América Latina, se dedica a convocar a profesionales y a líderes  destacados de distintas áreas para que impartan clases dentro de una escuela -por al menos dos años- sin ser necesariamente profesionales de la educación y apoyándose en procesos de “coaching” para poder impartir lecciones (Teach for all, 2018).

Este tipo de iniciativas han sido señaladas por los sindicatos de educación como contradictorias pues no reconocen el valor de la formación para ejercer el trabajo docente ni la complejidad de las herramientas que se requieren para desarrollar procesos de enseñanza y aprendizaje.

Por su parte, REDUCA  y Diálogo Interamericano -estructuras con mayor cercanía a la agenda del BID- han hecho énfasis en la importancia de convocar a sectores de la “sociedad civil” y empresarial para que sean los protagonistas de la demanda por una educación de calidad.

El llamado al Pacto social no viene libre de un ataque tanto directo como indirecto al movimiento sindical. El ataque más directo se observa cuando se señala que los principales obstáculos para lograr la “calidad” son los mismos docentes pues tiene intereses creados, argumento mayormente presente en los documentos de Diálogo Interamericano y el BID.

Los ataques más indirectos se refieren a acusar al personal docente y a los centros educativos de ser “poco transparentes” por no mostrar datos sobre el desempeño, lo que afectaría a estudiantes y sus familias. Este tipo de argumentaciones han sido reiteradas por el informe Aprender, del Banco Mundial (2018).

A continuación se analizan algunos planteamientos de la plataforma Diálogo Interamericano, tomando como base el documento Construyendo una educación de calidad: un pacto con el futuro de América Latina, publicado en el año 2016. A partir de esta publicación, se han publicado más documentos en torno a la calidad de la educación, las políticas docentes – en coordinación con PREAL- y las formas de inversión en educación, publicaciones que OLPE estará analizando en el mes de julio.

El caso de “Diálogo Interamericano”

La plataforma política denominada Diálogo Interamericano es una articulación de figuras políticas y empresariales que según su portal web, se dedican al lobby y la “consejería”, así como “actividades de investigación y divulgación” para “fomentar gobernabilidad democrática, equidad social y prosperidad en las Américas”. En el grupo participan ex presidentes de la región, como son Violeta Chamorro (Nicaragua), Ernesto Zedillo (México), Oscar Arias y Laura Chinchilla (Costa Rica), Ricardo Lagos y Michelle Bachelet (Chile), Fernando Henrique Cardoso (Brasil) y Leonel Fernández (República Dominicana).

Diálogo Interamericano, con sede en Washington, tiene como financiadores principales (más de US$ 50000) al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a la Agencia Estadounidense de Cooperación al Desarrollo (USAID), al Banco de Desarrollo de Latinoamérica (CAF), a la Fundación Ford, al Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea, al grupo BMW y al grupo Chevron, entre otros.

Algunos de los ejes de trabajo e investigación del Diálogo Interamericano son energía, industria extractiva y cambio climático; migración, desarrollo y educación, entre otros.

El eje de trabajo en educación, Diálogo Interamericano se centra en la investigación sobre educación y desarrollo humano, políticas docentes, uso de la tecnología en educación, enseñanza del inglés y desarrollo infantil temprano, entre otros.  Entre los aliados en este eje de educación se encuentran el Programa para la Promoción de la Reforma Educativa de América Latina y el Caribe (PREAL) de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), el grupo Pearson y actores de REDUCA, la red de sectores empresariales y ONG´s que diseñan productos y procesos educativos.

En el año 2014 el grupo Diálogo lanzó la iniciativa Comisión para la Calidad de la Educación para todos, presidida por los ex presidentes Ricardo Lagos de Chile y Ernesto Zedillo de México y conformada por representantes de las oficinas del BID en la región y de sectores empresariales como Mexicanos Primero, EDUCA y Fundación Sergio Páez de Guatemala (FUNSEPA) y la Fundación Bunge y Born de Argentina.

La dirección ejecutiva de la Comisión está a cargo de Ariel Fizsbein, Director del Programa para la Reforma Educativa de América Latina y el Caribe PREAL, quien en un artículo de periódico firmado a título personal en el año 2014, ha previsto que la región enfrentará presiones para que haya reformas educativas, las presiones internas provendrían de por parte de “la sociedad civil, los empresarios y la ciudadanía”, y las externas en razón de las comparaciones hechas entre los resultados educativos de la Región y el continente asiático (Fizsbein, 2014). Fizsbein advertía que las principales resistencias vendrían de “los sindicatos docentes y burocracias públicas”.

La Comisión para la Calidad de la Educación para todos tiene por objetivo “la movilización de los sectores público y privado, los medios de comunicación y la sociedad civil” que ya Fiszbein mencionaba, así como promover un “pacto social que genere un cambio profundo y sostenible en los sistemas educativos de la región” (Diálogo Inteamericano, 2016, p.7).

El documento explica que “el armado y la implementación de estos pactos es un proceso inminentemente político” que sería la manera de presionar a las esferas gubernamentales e institucionales para llevar adelante las reformas  y generaría los mecanismos para garantizar la “participación social”  (p. 24).

Que las plataformas de empresarios y de actores políticos están decididos a disputar el papel de representación y movilización de la demanda por la educación, es una forma de reemplazar y deslegitimar al movimiento sindical.

El primer documento elaborado por la Comisión fue el informe “Construyendo una educación de calidad: un pacto con el futuro de América Latina”.  El documento establece lineamientos para que los países de la región desarrollen procesos de reformas educativas en las áreas de educación temprana, docencia, evaluación, uso de las tecnologías, pertinencia de la educación y financiamiento (p. 9).

Diálogo Interamericano expresa que la complejidad de las reformas propuestas requiere de financiamiento y de compromiso político, y que por ello se deben crear “pactos sociales por la educacion de calidad” (p. 10), enfocarse en “programas y proyectos con mayores retornos en términos de calidad” y se debe incentivar “la flexibilidad en la asignación de recursos” (p. 23).

Este tipo de planteamientos no deben ser tomados a la ligera por el sector educativo. El llamado a enfocarse en programas y proyectos con “mayores retornos en términos de calidad” requiere de procesos estandarizables que puedan medirse y compararse. Esta iniciativa ya ha sido planteada por el BID mediante sus plataformas SUMMA y CIMA, que presentan experiencias educativas “existosas”, replicables y financiables.

Políticas Docentes y evaluación estandarizada

Diálogo Interamericano le da centralidad a la demanda política de la calidad, sin otorgarle esa misma centralidad al fortalecimiento de componentes centrales de la política educativa, como son las condiciones de trabajo docente en los centros educativos.

Como punto de partida, el documento establece que en el sistema educativo en América Latina “no está construyendo las competencias que deben desarrollarse para el siglo XXI ni los recursos humanos necesarios para mejorar la productividad y promover el crecimiento con equidad” (p. 17), para lo cual plantea reformas en diferentes niveles del sistema educativo. Se propone superar esta ausencia de competencias mediante las reformas curriculares y los tradicionales métodos de evaluación docente.

La línea de trabajo enfocada en los cambios relacionados al trabajo docente, es la línea que más atención parece haber recibido hasta ahora en el marco de las publicaciones e investigaciones de Diálogo Interamericano en materia de educación.

El documento suscribe un informe del Banco Mundial (2014) para explicar que los docentes tiene un “mal manejo de los contenidos académicos y por prácticas ineficaces en el aula” (p. 59) y plantea que la calidad educativa mayoritariamente depende de que se atienden los problemas de “motivación y gestión” que afectan al personal docente y que los procesos para atender dichos problemas generan mucha controversia pues afectan “intereses creados” (p. 19).

Entre los cambios más necesarios de cara a la profesión docente, se establece una ruta que nuevamente coincide con los distintos proyectos que el BID ha financiado en la región, e incluye la atracción de candidatos específicos a la carrera docente, que haya una mejor formación inicial, que la remuneración se enfoque en la meritocracia y los resultados y  que se evalúe su desempeño según el aprendizaje de sus estudiantes (p. 20).

El documento plantea que la evaluación debe vincularse a procesos de mejora profesional y los procesos que no rinden resultados deben vincularse a planes de retiro del aula y de despido (p. 78).
Alerta que el documento elogia los modelos basados en incentivos ligados a los resultados estudiantiles y las reformas que están avanzando en someter la estabilidad laboral y el salario al desempeño (p. 71). Las y los trabajadores de la educación han advertido sobre lo dañino y absurdo de insistir en estos modelos, pues explícitamente ignoran el impacto que otros elementos -no el desempeño docente- tienen sobre los resultados estudiantiles.

Diálogo Interamericano también propone renovar las formas de administración y gestión  del centro escolar, empezando por aumentar la autonomía del cuerpo directivo para administrar la planta docente, entre otras decisiones (p. 73).

Si bien el movimiento sindical ha insistido en la importancia de brindar capacitación inicial y continua a las y los docentes y al personal administrativo, entre ellos al cuerpo directivo, ya ha denunciado el peligro de fomentar experiencias relacionadas a autonomía escolar, que ya han probado generar mayores inequidades y mayores brechas dentro del propio sistema educativo (OLPE, 2018).

Por otro lado, es necesario colocar en perspectiva las iniciativas relacionadas a formar a las y los directores desde la noción de “administradores” o “gerentes”, pues la noción de las y los directores como gerentes, sumada a la profundización de la autonomía escolar, nos coloca frente a un modelo orientado al desmantelamiento del sistema educativo y al establecimiento de ofertas educativas aisladas, desintegradas y comercializables.

El movimiento sindical también ha señalado como un reto la regulación de los establecimientos que ofrecen la carrera de formación docente y de la acreditación de las carreras.

Otra postura de Diálogo Interamericano que resulta difícil de defender desde el punto de vista de la gestión y participación democráctica es el encomio que hace a la eliminación o prohibición de la participación de sindicatos en las diferentes estructuras de selección y nombramiento para plazas docentes (p. 84).

Con relación a los procesos de evaluación, el documento promueve que la región amplíe su participación en evaluaciones internacionales y legitima el valor de los “sistemas estandarizados de evaluación de aprendizajes a gran escala”, mientras que propone que cada centro educativo se oriente por estos sistemas para definir su planificación (p. 20).

La forma en que funcionan las pruebas estandarizadas es que cada rector educativo en cada país (Ministerio, Secretaría, autoridad departamental o estatal, etc.) gestiona el proceso de evaluación, siguiendo los lineamientos de las pruebas (por ejemplo la prueba PISA  de la OCDE o TERCE de la UNESCO, etc.). En ese sentido, Diálogo Interamericano considera que la prueba no basta en si misma, sino que deben alienarse -a la prueba- el currículo, los objetivos de aprendizaje y la formación docente, entre otros.

Un nuevo elemento que se agrega al tema de la evaluación, es la propuesta de evaluar los resultados educativos en secundaria vinculándolos a sistemas de información procedentes del  mercado de trabajo (p. 23). Esto permitiría medir la efectividad del proceso educativo en secundaria con relación a las demandas del sector productivo, tema que se revisa a continuación.

De la Primera Infancia a las Reformas de secundaria y educación terciaria

Con respecto a la primera infancia, Diálogo Interamericano plantea que la niñez que no tuvo acceso a la educación preescolar llega a la escuela primaria con “déficits cognitivos muy grandes que constituyen una fuente importante de fracaso escolar” (p. 18).

En consecuencia, se proponen reformas dirigidas a aumentar la cobertura educativa y de cuido de la niñez de hasta cinco años, advirtiendo que como la necesidad de cobertura tiene carácter de urgencia, esta no podrá ser resuelta por el Estado y que para ello, se deben ya sea sub contratar servicios o establecer alianzas público privadas, coincidiendo con los procesos impulsados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el BID y el Banco Mundial.

Las y los trabajadores de la educación  están deacuerdo con el valor de la cobertura universal y muy especialmente, con la importancia de la inversión pública en la atención desde los primeros años.

No obstante, docentes de todos los niveles han insisitido en el peligro de aseverar que la niñez que no tuvo acceso a la educación preescolar estaría más expuesta al fracaso escolar. Esto establece una suerte de destino manifiesto para dicha población y sobre todo, al vincular el “fracaso escolar” con la falta de educación preescolar, se niega el sentido mismo del proceso educativo y de la ciencia pedagógica con relación a construir conocimiento y herramientas a partir de la vivencia de las y los estudiantes más allá de cuál sea esa vivencia.

Diálogo Interamericano está alienado con un conjunto de proyectos financiados por el BID en materia de acompañamiento a las familias, proponiendo el desarrollo de programas en los que pueden participar oferentes del sector privado y de ONG´s que brinden servicios de acompañamietno y desarrollo de materiales para las familias.

La propuesta de Diálogo Interamericano con relación a las reformas del nivel secundario y de educación terciaria (técnica, vocacional y universitaria) incluyen fortalecer el vínculo entre el sistema educativo y las empresas, asi como la evaluación de los resultados educativos relacionándolos con los resultados recopilados desde el mercado de trabajo (P. 23).   Esto es un enfoque novedoso para el proceso de evaluación en educación secundaria.

Coincidiendo con los análisis hechos por el BID y el Grupo Manpower, el documento responsabiliza los sistemas educativos de no estar preparando  “al capital humano que las economías de los países necesitan para crecer y aumentar su productividad” (p. 39) e indica que se debe “modernizar la educación media y terciaria para cumplir el desarrollo de competencias demandadas por los empleadores” (p. 22).

El documento indica que los curriculos deben fortalecer la adquisición de las “competencias para el siglo XXI” y marca la ruta hacia la cual deben encaminarse los curriculos en secundaria para responder a estas necesidades del mercado laboral, siguiendo las prioridades para el sector empleador  que son las habilidades cognitivas de orden superior (lenguaje y aritmética) y las habilidades socioemocionales, en especial comunicación, resolución de problemas, trabajo en equipo, etc. (p. 42).

La tendencia a responsabilizar a la educación secundaria por el desempleo de la juventud en la región y a promover currículos centrados en las habilidades blandas como herramienta para combatir ese desempleo es una acción profundamente irresponsable y peligrosa. Por un lado, al responsabilizar a los centros educativos y a los docentes por el desemplo, se ignora que la principal causa para el desempleo es justamente la falta de fuentes de trabajo que existe en muchas localidades de la región. Esta postura transfiere al sistema educativo la responsabilidad que en realidad le compete a los Estados, la cual es garantizar políticas de trabajo para la juventud (políticas de primer empleo, etc.).

Una primera conclusión

Diálogo Interamericano resulta una plataforma vocera de los lineamientos del BID en educación.
La insistencia en la estructuración de “Pactos Sociales” que demanden la calidad de la educación en cada país es una convocatoria evidentemente política e ideológica que plantea que la “sociedad civil” y el sector empresarial deben movilizarse para “pedir cuentas” al personal docente.

En ese sentido, se prevee que el movimiento sindical de la educación no sería un convidado a dicho pacto social. Existe un mensaje de fondo que, tal como hace el informe Aprender del Banco Mundial, coloca al personal docente como un enemigo a vigilar y castigar.
De alguna forma, Diálogo Interamericano llama a “educar” a la población para demandar calidad como un resultado final del proceso educativo, desdibujando el sentido de proceso y de sistema de la educación pública.

El movimiento sindical ha denunciado la estrategia de proponer “soluciones al currículo” basándose en datos construidos por entidades financieras y no como parte de un proceso de investigación curricular en el que participen las y los docentes. Estas “soluciones” son nuevamente una oleada de reformas curriculares que una vez más excluye a las y los trabajadores de la educación de los espacios de propuesta y de toma de decisión, y da al traste con el fortalecimiento del sistema educativo público.