Por: Jesús Andriano
En la presente administración el gobierno federal implanto la reforma educativa, con el objetivo de mejorar los resultados y propiciar una educación de calidad; dicha reforma se convirtió en un objetivo transversal, su intención se enfocó en el mejoramiento del servicio educativo que se ofrece, en fortalecer la equidad, asegurar y garantizar la calidad de la educación pública obligatoria para todos los mexicanos; así como en la creación de un Sistema Nacional de Evaluación Educativa, que fuera el encargado de regular el ingreso, permanencia y promoción de los mejores docentes, respetando el marco de Ley de Servicio Profesional Docente; con respecto al desempeño docente, la intención de la reforma educativa fue ambiciosa, se consideró que mediante un concurso de oposición, los problemas educativos iban a disminuir, y como consecuencia los resultados en las evaluaciones estandarizadas mejorarían; se apostó por el resultado, y no por el proceso; se utilizó la evaluación como una acción remedial, con la finalidad de dar solución a los problemas estructurales del sistema educativo.
La evaluación docente en el trascurrir de la reforma educativa, se ha distinguido por una serie de imprecisiones ya reiteradas, que colocan en entredicho la veracidad o pertinencia de la misma; sin embargo, evaluar a los docentes no es una actividad propia de la reforma educativa, en los años setenta y principios de los ochenta, la SEP se interesó por la recolección de información en las escuelas, mediante un censo se identificaron los avances en materia de aprendizaje de los niños, mismo que reflejaba de alguna manera el desempeño de los docentes; en la década de los noventa, se desarrollaron y aplicaron pruebas sobre el factor aprovechamiento escolar del programa carrera magisterial, la intención se concretó en elevar la calidad de la educación, a partir del reconocimiento y pago de estímulos y compensaciones a los docentes con mayor puntaje; sin embargo aquellos docentes que no alcanzaran el estándar, no tenían la posibilidad de obtener un reconocimiento laboral, ni económico, ni mucho menos la posibilidad de estar matriculados en un curso de capacitación para mejorar el desempeño profesional; ante dicha iniciativa por elevar la calidad de la educación, la evaluación se puntualizó como la alternativa fundamental para mejorar el desempeño de los docentes. En esa misma década se aplicaron las pruebas internacionales TIMSS (1995), así como la del Laboratorio Latinoamericano para la Evaluación de la Calidad de la Educación (1997) y PISA (2000).
A partir del Acuerdo de Cooperación México-OCDE para mejorar la calidad de la educación en el 2008, se elaboró un diagnóstico de la situación educativa, mismo que sirvió para comparar los resultados con países miembros de la OCDE. En dicho diagnóstico, se publicó el informe “Mejorar las escuelas. Estrategias para la acción en México” en él se anunciaron quince recomendaciones para mejorar los resultados de los estudiantes y consolidar la calidad de la profesión docente, entre las que se distingue:
- Definir la enseñanza eficaz.
- Mejorar la evaluación inicial docente.
- Abrir todas las plazas docentes a concurso.
- Mejorar el desarrollo profesional.
- Evaluar para ayudar a mejorar.
En la actualidad, los organismos internacionales, exteriorizan su opinión respecto a la educación, algunos de ellos, particularmente los que financian los proyectos educativos, se mantienen atentos e interesados por homogeneizar la docencia, asumiendo que el desempeño docente va de la mano con los modelos de educación estandarizados, enfocados en la calidad de la educación.
En el 2011 como parte de la Alianza por la Calidad de la Educación entre las autoridades educativas y el gremio sindical (SEP-SNTE) se acordó profesionalizar a los maestros y autoridades educativas; la firma del acuerdo, formalizó el concurso de oposición para el ingreso y promoción, con la intención de fortalecer la planta docente y seleccionar a los mejores candidatos para ser docentes.
A cuatro años de la aventura por mejorar la calidad de la educación, la evaluación docente se convierte en el eje rector de la política actual; a esta altura resulta necesario realizar una distinción entre una evaluación que ha sido y es utilizada para justificar las decisiones de una política pública, que sirve como herramienta de control y una evaluación como estrategia formativa, que conlleve a visualizar las condiciones y necesidades de profesionalización docente. Cuando la reforma no funciona en la práctica como se había planeado, la sociedad suele hacer comentarios sobre el sentido que tiene un cambio en el modelo educativo; evaluar el verdadero efecto de las propuestas de una reforma, es una acción que requiere un minucioso seguimiento, y congruencia entre las palabras de los políticos y las necesidades institucionales que son más, que complejas. En un año electoral el desarrollo de la evaluación, tiende a matizarse, hoy se aprecia un cierto consenso en la idea de que el fracaso o el éxito de la reforma, va a depender de los diferentes informes que se emitan con las bondades de lo que implica evaluar, para mejorar el desempeño de los docentes.
El panorama de la evaluación no es alentador, desde su implantación hasta el momento, se prioriza el nivel de aplicación y aprobación de un examen y no así las características y necesidades de cada una de las escuelas, pareciera que importa más, el número de evaluados, que el propósito de profesionalizar; conviene subrayar que la evaluación docente, debe constituirse como un aspecto articulado de acciones, dando pauta a la diversidad y características del contexto y a la dinámica de una política educativa congruente al desarrollo social y cultural; en este sentido, considero que mejorar no es medir, medir es una condición de la evaluación, y para mejorar no propiamente necesitamos evaluar.
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