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Si las mujeres no nos unimos, perderemos la lucha por la igualdad

Pablo Gentili

Entrevista a Carmen Beramendi, ex secretaria nacional de políticas para las mujeres de Uruguay.

Entrevista a Carmen Beramendi, una de las más destacadas feministas uruguayas. Ha sido presa política durante la dictadura militar y, luego del regreso a la democracia, se transformó en la primera mujer diputada de su país. Fue secretaria nacional de política para las mujeres del primer gobierno de Tabaré Vázquez. Actualmente, es directora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, en Uruguay.

Beramendi analiza la persistencia de las desigualdades de género en uno de los países con mejores niveles de justicia social en Latinoamérica. Realiza así un recorrido por algunos de los complejos vaivenes que ha transitado la lucha por la igualdad en la administración del Frente Amplio, una coalición de partidos y organizaciones de izquierda que gobierna el país desde 2005.

¿Quién es Carmen Beramendi?

Me defino como una luchadora, que desde muy pequeña ha trabajado desde varias trincheras por la igualdad y la justicia social. Vengo de una familia de clase media. Mi padre era una persona muy honrada y mi madre era una mujer cristiana, de ese cristianismo que hoy casi se ve en desuso, solidaria y generosa. Mi padre era médico veterinario. Mi madre había estudiado el profesorado de inglés, pero mi padre no la dejó terminar la carrera porque creía que ella debía dedicarse a las cuestiones domésticas. Soy hija, como muchas mujeres, de una madre con muchos deseos silenciados. Eso marcó mucho mi vida tempranamente.

Me siento una mujer rebelde en términos existenciales. Rebelde contra la hipocresía y el doble discurso. Esto encontró expresión en mi participación política. Primero, como militante estudiantil en la facultad de medicina de la Universidad de la República. Fue allí que viví las primeras experiencias como activista, pero también las primeras formas de discriminación. Experiencias que al principio naturalizaba y no interpretaba como mecanismos de discriminación de género, pero que con el tiempo fui comprendiendo, oponiéndome vigorosa y vitalmente contra ellas.

Entré a la facultad de medicina con 17 años y ya en el primer año me transformé en dirigente de uno de los grupos estudiantiles más radicalizados. Era 1968, un año explosivo en el mundo. También en Uruguay.

Pronto comencé a militar en el Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros. Pensaba que ese era el camino que acortaba la conquista del poder y la revolución. Como tantos otros, fui presa. Estuve siete años en la cárcel. Mi compañero estuvo trece. Yo estaba comenzando el 4º año de la facultad y acababa de ganar un concurso como docente de bioquímica. El 3 de octubre de 1972, unos meses antes del inicio de la dictadura, caí presa. Tenía 22 años recién cumplidos… y una hija de ocho meses.

Estuve los tres primeros años en la cárcel con mi hija, en un pabellón con 30 mujeres que también estaban acompañadas con sus niños y niñas. Creo que allí tuve el proceso de aprendizaje político más importante de mi vida. Un aprendizaje que me acompaña hasta hoy: nunca más por los demás; todo y siempre con los demás. Soy muy autocrítica con esa perspectiva vanguardista e iluminada de lo que debía ser la lucha de los pueblos. Con los demás todo, sin los demás, nada.

Salí de la cárcel convencida de que la alternativa en el Uruguay era el Frente Amplio y que lo que yo debía era trabajar para que la gente se organizara y luchara por sus derechos.

Traté de volver a la universidad, pero no me dejaron, entonces estudié psicomotricidad.

Me gradué pero tenía que trabajar para sustentarme. Vivía sola con mi hija y, aunque trabajaba en una gran corporación como empresa láctea Conaprole, no llegaba a pagar mis cuentas. Los fines de semana animaba cumpleaños infantiles. Teníamos una pequeña empresa que se llamaba Arco Iris: tocaba la guitarra, hacía títeres, cantaba.

Un día vi un llamado a concurso del Ministerio de Pesca. Me presenté. Éramos tres mujeres y 30 varones. Quedamos dos mujeres y, finalmente, lo gané yo. Te confieso que desde esa ocasión pienso que si en la política hubiera concursos, seríamos muchas más mujeres. Ingresé así a la industria de la pesca como jefa de control de calidad. Allí empecé a formarme como dirigente sindical, aunque sólo podíamos hacerlo de manera semiclandestina. Todavía estábamos en dictadura y se perseguía y amenazaba a los dirigentes gremiales. No fue fácil volverme dirigente sindical en un medio dominado por varones y en el marco de una dictadura. Fue duro, muy duro.

Ya en democracia, y como presidenta del sindicato de pesca, me tocó participar del Consejo de Salarios. Eran 38 grupos de todos los sectores y sólo dos representantes éramos mujeres.

Ingresé al Partido Comunista, que era parte del Frente Amplio. En 1989 fui candidata a diputada nacional y, siendo electa, ejercí el mandato entre 1990 y 1995. Fui la primera diputada de izquierda electa en el período democrático. El primer gobierno democrático después de la dictadura, entre 1985 y 1990, no hubo ninguna mujer en el Parlamento, ni de izquierda ni de derecha. Terminaba la dictadura, las mujeres habíamos luchado, como en toda América Latina, pero, en lo que parecía ser el país más igualitario de la región, ninguna mujer llegó al parlamento hasta 5 años después de instituida la democracia. Fue en ese momento que me volví feminista, casi sin darme cuenta.

Terminé el mandato de diputada y me dediqué a diversas tareas de asesoramiento programático en el Frente Amplio. Volví a la militancia social, ahora sí, fundamentalmente, en el movimiento de mujeres.

¿Cómo fue tu experiencia al frente de las políticas para las mujeres durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez?

Antes del primer gobierno del Frente Amplio, en Uruguay, existía el Instituto de la Familia y la Mujer. Para nosotros, la propia denominación nos resultaba inconveniente. Obviamente, creíamos que la familia debería ser un tema tanto de hombres como de mujeres. ¿Por qué asociarlo sólo a las mujeres? Desde hacía algunos años, el movimiento de mujeres uruguayo, con un núcleo muy importante del movimiento feminista, había generado y colocado en la agenda pública la necesidad de que existieran herramientas legales e institucionales que fomentaran las políticas públicas en la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. Nuestro programa de gobierno contemplaba una serie de reivindicaciones importantes en materia de género. Cuando el presidente Tabaré Vázquez me convoca, ingresé con aprobación unánime de todos los sectores del Frente Amplio. Para mí, esto fue muy importante porque yo provenía del campo sindical y no del movimiento feminista. De cierta forma, haber hecho estudios de posgrado sobre temas de género me brindó un nivel de validación importante con la sociedad civil y con diversos sectores de la izquierda, los cuales fueron determinantes para expresarle al presidente Tabaré que asumiría ese importante desafío sólo si hubiera condiciones para cumplir algunos objetivos fundamentales.

¿Cuáles fueron esas condiciones?

Construir colectiva y participativamente un proceso de ley, así como la promoción de un plan de igualdad que fuera asumido como compromiso de todo el gobierno. Tabaré se entusiasmó y asumió la propuesta, brindándole un fuerte respaldo del Gobierno a la implementación de un conjunto de políticas de género que tuvieron un carácter fundamente. Hicimos asambleas en todo el territorio nacional, y terminamos aprobando el plan general en una asamblea en Paso de los Toros, en el centro del Uruguay, con más de 3 mil mujeres. Una cifra que, en un pequeño país con 3 millones de habitantes, no deja de ser importante. Había mujeres representantes de todos los pueblitos, poblados y departamentos del país. Fue un proceso muy conmovedor. Tengo el privilegio de haber estado en esa histórica asamblea que marcó un hito en la lucha por la igualdad de género en el Uruguay. 3 mil mujeres de los más diversos sectores sociales, con la más diversa formación y de las más diversas actividades profesionales y adscripciones políticas, allí a orillas del Río Negro, el Río Hum como lo llamaban los primeros habitantes de nuestro territorio, le presentamos al Gabinete de Ministros el plan de igualdad construido por todas esas mujeres del país. Hoy me emociono de haber sido parte de este proceso fundante.

¿En qué año ocurrió esto?

Fue en el año 2006.

Yo había asumido en el 2005 y lo primero que hice fue cambiar el nombre al Instituto de la Familia y la Mujer. No sólo nos parecía problemática la exclusiva relación de la familia a “la mujer”, sino también el uso del singular para referirse a nosotras. Teníamos muy claro que cualquier instancia de políticas de género debía reconocer el carácter plural de las mujeres, abordando nuestras problemáticas y demandas comunes, pero también nuestras especificidades asociadas a la clase social, a la etnia y la raza, a la orientación sexual, a nuestra inserción territorial. Reconocer a las mujeres en plural significaba contribuir desde la política pública a la constitución de un sujeto colectivo y, al mismo tiempo, permita dar cuenta de las muy diversas formas de ser mujer en nuestro país.

Se trataba de construir un sujeto visible en la sociedad uruguaya; una sociedad cuya historia está atravesada por lo que hemos denominado el «espejismo de la igualdad”.

¿En qué consiste el “espejismo de la igualdad”?

Uruguay siempre se ha jactado de ser una sociedad hiperintegrada. Diferente a casi todo el resto de las naciones latinoamericanas. Esta creencia, que ha funcionado como una suerte de espejismo, también ha sido un gran valor que desde el gobierno hemos tratado de aprovechar. Sabiendo que no era del todo verdadera esta presunción, también sabíamos que había que apoyarse en ella para construirla como un hecho real. Esta percepción idílica del Uruguay como tierra de igualdad se construyó gracias al ideal de educación común de José Pedro Varela: aquellos que se sentaran juntos en los bancos de la escuela se sentirían iguales. Una perspectiva que se consolidó y amplió con el batllismo, construyendo un imaginario colectivo muy poderoso sobre la naturaleza igualitaria del Uruguay, un país en donde “todos éramos iguales”. Cuando asumimos el gobierno sabíamos que teníamos que deconstruir esta idea, jerarquizando al mismo tiempo el valor de la igualdad. Fue una cuestión muy compleja, porque en general te decían: “estos no son problemas que tenga el Uruguay”.

¿Te refieres a los problemas de género, por ejemplo?

Sí, a la identidad y a las desigualdades de género. Por ejemplo, nos decían: “ustedes vienen con eso que no existe en Uruguay”.

¿Pero cómo fue que pasaron de un Instituto de la Familia y la Mujer al Instituto Nacional de las Mujeres?

Hubo una decisión gubernamental fuerte. Se creó el Ministerio de Desarrollo Social que nuclearía al Instituto de la Juventud, al Instituto de la Infancia y la Adolescencia y al Instituto Nacional de las Mujeres. Hubo que crear toda una estructura nueva para que pudieran funcionar. Imagínate que la directora del Instituto de la Familia y la Mujer no tenía siquiera una remuneración que reconociera su cargo, sino que recibía, por ejercerlo, un caché de bailarina.

Todo un símbolo, especialmente, pensando que estábamos en el año 2005.

Sí, en efecto. A pesar de nuestra fama de igualitarios, es impresionante el rezago de Uruguay con relación a otros países latinoamericanos que, por ese entonces, ya iban por el segundo o tercer plan de igualdad. Se pensaba que nuestro país no tenía desigualdades de género.

Por eso, también, uno de los primeros desafíos que debimos enfrentar fue construir un sistema de información de género. No fue sencillo que se destinaran recursos específicos para que se construyera información que diera cuenta de esto. Hubo una gran disputa en el proceso de construcción de información que valide y ayude a promover políticas de igualdad de género. Tampoco había en el país servicios de atención especiales para situaciones de violencia de género. El Estado uruguayo está dividido en 19 departamentos, en un primer momento instalamos servicios de atención específica para casos de violencia de género en 13 de ellos. Además, en ese periodo se sancionaron varias leyes importantes en este campo, como la Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades entre Hombres y Mujeres, la Ley de Trabajo Doméstico y la Ley de Acoso Sexual en el Trabajo.

Fue un ambicioso y amplio trabajo legislativo para fundar una legislación igualitaria en lo que se suponía era el país más igualitario de América Latina.

También, creamos la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, con la cual enfrentamos una compleja y triste situación. Nuestro presidente vetó esta ley. El hecho fue, sin lugar a dudas, muy complicado para gran parte de las mujeres que militábamos en la izquierda uruguaya. Fue una derrota muy dura. Y ocurrió en nuestro propio gobierno. Creo que ella opaca algunas de las grandes conquistas que tuvimos durante esos años, como las leyes que te mencioné.

¿Cómo vivió esta situación el movimiento de mujeres uruguayas?

Horrible. Fue espantoso para todas y, naturalmente, para mí que estaba al frente del Instituto Nacional de las Mujeres y que habíamos promovido la ley.

Nosotros habíamos instituido que los 8 de marzo, todos los ministerios tenían que rendir cuenta de sus políticas en materia de igualdad de género. Cada año se instalaba una meta y, al año siguiente, los ministros debían rendir cuentas si la habían logrado o no.

El primer 8 de marzo después del veto de la ley, yo estaba totalmente decidida a expresar mi dolor, mi frustración y mi rechazo a este veto presidencial. Hablé con la ministra de desarrollo social, Marina Arismendi, y le dije que en el acto del Día Internacional de las Mujeres iba a manifestar mi rechazo al veto. Ella me respaldó y me dijo que estaba en todo mi derecho de hacerlo. Así fue que expresé que las mujeres uruguayas no se merecían ese veto, expuse el profundo dolor que nos generaban las muertes por los abortos clandestinos; por las pésimas condiciones de sanitarias; por el riesgo que miles de mujeres sufrían, sin protección ni cuidado; por las asimetrías entre las mujeres ricas y las mujeres pobre. Dije todo lo que pensaba, sabiendo que sería mi última intervención en el gobierno de Tabaré Vázquez. Estaba, sin embargo, tranquila y sabía que todo lo que había dicho era lo que mis convicciones y mi conciencia exigían.

Quizás en otros países esto parezca poco habitual, pero, aunque expuse abiertamente mi oposición al veto, nadie pidió mi renuncia y seguí trabajando activamente en la defensa de la igualdad de género desde el gobierno.

¿La ley de despenalización del aborto se aprueba finalmente durante el gobierno de José Pepe Mujica?

Sí, como iniciativa del Parlamento. Durante el gobierno de José Mujica el congreso nacional tuvo un papel determinante en la promoción de la igualdad de género: la Ley de Matrimonio Igualitario, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, entre otras. En ese período la bancada bicameral femenina cumplió un rol muy interesante, con mujeres de todos los partidos que trabajaron juntas, aunque, en verdad, eran muy poquitas. En Uruguay, la representación política de las mujeres es casi insignificante. En materia de representación política de las mujeres estamos en niveles más bajos aún que algunos países árabes.

Cuando ocurrió el veto a la ley de despenalización del aborto, la movilización fue muy fuerte. Durante el gobierno de Mujica, se hizo un plebiscito contra la legislación del aborto, promovido por varios ex presidentes. Se buscaba acabar con el proyecto de ley, pero sólo votó por la derogación el 8,92% de la ciudadanía. Es decir que nadie respaldó la derogación de la ley. Cuanto más avanzaba el debate, más apoyos ganábamos. La gente empezaba a entender que no se trataba de estar a favor del aborto, se trataba de estar a favor del derecho a decidir.

¿Por qué la participación política de las mujeres en Uruguay es tan baja?

Cuando yo entré al parlamento, en 1990, era la única diputada por el Frente Amplio. Fuimos elegidos 20 diputados de la izquierda. Yo era la única mujer.

Durante el primer gobierno de Julio María Sanguinetti (1985-1990), no hubo ninguna mujer en el Parlamento. Eso fue muy escandaloso y en el gobierno de Luis Alberto Lacalle, fueron elegidos 120 legisladores, 6 de ellas, mujeres.

Esto sólo comenzó a cambiar cuando fue aprobada la Ley de Cuotas.

Mira lo patético que es el Uruguay que, en general, tanto en la izquierda como en la derecha, todavía es muy difícil reconocer la necesidad de las cuotas y de las acciones afirmativas. Está presente ese discurso de que cada uno se lo tiene que ganar por su propio mérito. Muchas mujeres dicen: “no quiero entrar por la cuota sino que quiero entrar por lo que yo valgo”.

¿Cuándo se aprobó la Ley de Cuotas?

Se aprobó en el gobierno del presidente Pepe Mujica, por un 20% de representación y, fíjate tu: por un único período de aplicación. Se supone que primero debíamos ver qué ha pasado con la ley, evaluar si funcionó y, si lo hizo, hacer una nueva ley. Ahora presentaremos una Ley de Paridad, para establecer la igualdad en los niveles de representación. Hasta el momento no hemos tenido mucha suerte. Si con las cuotas no nos ha ido bien, no tengo muchas esperanzas que nos vaya mejor con el establecimiento de la paridad.

¿La cuota aumentó la representación de las mujeres?

Sí, aumentó. Hay un mayor porcentaje de mujeres ahora. En el Senado, nunca habíamos tenido la representación de mujeres que existe ahora. La cuota permitió un avance significativo. Igualmente, hay mecanismos que habilitan que, por ejemplo, una mujer que había entrado a la Cámara de Diputados sea llamada para un cargo en el Ejecutivo y, en su lugar, entre un hombre. Hay una cantidad de trampas en el propio mecanismo de la cuota, que hacen que no se garantice que si se va una mujer entre otra mujer. Esto, en algunos países con mecanismos paritarios, como Bolivia y Ecuador, es distinto.

Tu mencionas el mito o el espejismo de la igualdad que se ha construido en Uruguay, algo que también se asocia a un dato que quizás a muchos quizás les sorprenda: Uruguay es uno de los países que tiene más altas tasa de violencia de género en Latinoamérica.

El indicador más importante y terrible que tenemos es el de las muertes: el porcentaje de femincidios en mi país es seis veces superior al de España. El argumento que suele esgrimirse como justificativa es que el Uruguay tiene un buen registro de homicidios, algo que otros países latinoamericanos no disponen de manera confiable. Esto explica una parte del problema, pero no todo. Cuando el Observatorio de Género de la CEPAL utiliza el indicador de las muertes de mujeres, lo hace, en toda América Latina, utilizando los datos oficiales. Según estos datos, Uruguay tiene una cifra pavorosa de muerte de mujeres en mano de los hombres. Un hecho grave porque lo que sí dispone Uruguay es un sistema de prevención que funciona, evitando que este número de femicidios sea aún mayor.

Así mismo, la intervención del Estado en este campo todavía está muy lejos de ser satisfactoria. Por ejemplo, la legislación prevé que tú apliques una medida cautelar cuando una mujer va al juzgado. Por medio de ésta, el hombre que ha hecho uso de la violencia no puede acercarse a su víctima. El problema es que luego no tienes ningún mecanismo estatal que te garantice o que proteja a la víctima. Y el principio de no acercamiento pocas veces se cumple. Los hechos de violencia contra las mujeres vuelven a repetirse cuando hay impunidad o falta de eficacia en el control público.

Las mujeres deberemos enfrentar fuertes y complejas batallas. Hemos alcanzado grandes conquistas colectivas, pero aún tenemos grandes desafíos por delante. El patriarcado constituye una de las estructuras de poder más eficaces en nuestras sociedades. Nuestras luchas lo debilitan, pero el patriarcado sobrevive y renace. O nos unimos o será cada vez más difícil. Si las mujeres no nos unimos, perderemos la lucha por la igualdad.

Fuente de la Entrevista:

http://elpais.com/elpais/2017/03/06/contrapuntos/1488767117_213146.html

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El INEE y la educación indígena

Roberto Rodríguez

En la historia de México han ocurrido diversos proyectos para ofrecer educación a la población indígena. En la primera mitad del siglo XX predominó una visión de corte integracionista, presente en las variadas iniciativas de castellanización y de incorporación de los niños y niñas indígenas al currículum oficial de la educación básica. A partir de los años ochenta comienza a abrirse paso una perspectiva de educación especializada, bajo el modelo de enseñanza bilingüe, bicultural e intercultural. Sin llegar al extremo de considerar que nada de lo intentado ha servido al propósito de resolver la problemática educativa de los indígenas mexicanos, lo cierto es que los datos al respecto siguen mostrando una condición sumamente deficitaria, en cantidad y calidad, y que el reto de brindar educación de calidad y pertinencia a los niños y jóvenes indígenas persiste con toda su intensidad.

Al respecto el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el INEE, acaba de publicar sus “Directrices para mejorar la atención educativa de niñas, niños y adolescentes indígenas (INEE, 2017). Por mandato constitucional el Instituto tiene la facultad y responsabilidad de “emitir directrices que sean relevantes para contribuir a las decisiones de las Autoridades Educativas que buscan mejorar la calidad de la educación y su equidad”. Conforme a la normativa del INEE dichas directrices “se darán a conocer a las autoridades y las instituciones educativas responsables de atenderlas, y éstas deberán, en un plazo no mayor de 60 días naturales, hacer pública su respuesta.”

Visto así, las directrices de política educativa del Instituto no tienen un carácter inmediata y directamente vinculatorio, son más bien recomendaciones que las autoridades educativas, la federal y las de los estados, deben considerar y responder. Hasta ahora el INEE ha emitido dos directrices. La primera en materia de formación inicial de docentes de educación básica, la segunda relativa a la mejora de la atención educativa de niños, niñas y adolescentes de jornaleros agrícolas migrantes. En ambos casos se cuenta ya, a disposición en el portal del INEE, con los textos de las directrices, los documentos de respaldo, y las respuestas emitidas por la SEP y las autoridades de los estados.

Debido a un diseño insuficiente del procedimiento para la emisión de respuestas, el cuerpo documental que las contiene es heterogéneo y en general pobre en contenidos. En algunos casos simplemente se manifiesta aceptación con las directrices, en otros se informa qué se está haciendo o planeando hacer en la entidad respectiva, y en otros más se procura enriquecer las directrices del INEE con sugerencias que atañen al contexto local. Pero prácticamente en ningún caso se manifiestan compromisos prácticos o metas a cumplir.

Las directrices sobre educación indígena son un tercer intento en la función de recomendaciones de política educativa del INEE. Vienen precedidas de un muy interesante diagnóstico que realizó el INEE en colaboración con la UNICEF, publicado con el título Panorama Educativo de la Población Indígena 2015, también disponible a texto completo en las páginas web del INEE.

Del Panorama se extraen los datos del diagnóstico. México cuenta con 7,297,694 individuos entre 3 y 17 años que se identifican como indígenas bajo el criterio de auto-adscripción. De ellos 1,893,020 son hablantes de una lengua indígena o bilingües con español. Un último subconjunto, los hablantes monolingües suman 372,594 en el mismo rango de edad. Se estima que entre la población hablante indígena mayor de 15 años, más de una cuarta parte son analfabetas.

Según el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (2013) 43 de cada 100 estudiantes hablantes de lenguas indígenas que estudiaban la primaria, lo hacían en escuelas de modalidad general. Además, en las primarias indígenas 53 de cada 100 docentes, no hablaban una lengua originaria. La gran mayoría de los niños bilingües y monolingües cursan estudios en escuelas multigrado y con solo un profesor. En primarias indígenas 8 de cada 10 estudiantes se ubica en el rango mínimo de logro en matemáticas de la prueba PLANEA 2015. En 2014, 76.6% de los jóvenes de 15 a 17 años contaba con educación básica completa, mientras esto sólo sucedía para 56.7% de los jóvenes hablantes de alguna lengua indígena. La situación es crítica, desde cualquier punto de vista.

A la luz del diagnóstico el INEE propone seis directrices:

  1. Fortalecer el enfoque de inclusión, equidad y no discriminación en la política educativa nacional, con énfasis en la atención y la participación de la población indígena.
  2. Robustecer el vínculo entre la escuela y la comunidad, como ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, y base de la pertinencia y la calidad de la educación que reciben.
  3. Establecer un modelo curricular que favorezca la interculturalidad en toda la educación obligatoria y garantice su pertinencia cultural y lingüística para la población indígena.
  4. Garantizar el desarrollo profesional de docentes y directivos acorde con las necesidades educativas y los derechos de la niñez indígena.
  5. Garantizar centros escolares con infraestructura y equipamiento que respondan a las necesidades de las comunidades indígenas.
  6. Impulsar la mejora y la innovación permanente de la educación para la niñez indígena.

Se deben entender como recomendaciones iniciales y básicas para el diseño de una nueva generación de políticas de educación indígena. Se espera que sean recogidas por la versión final del Nuevo Modelo Educativo. O quizás queden para el 2018, ya se verá.

Fuente del Artículo:

El INEE y la educación indígena

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Un Enfoque del Pensamiento Pedagógico Emancipador en Latinoamérica

Autora: Diana Milagros Rueda de Aranguren

Desde uno de los espacios geográficos de Latinoamérica, desde la tierra natal del Libertador, el Pensamiento Pedagógico Emancipador orienta hacia la formación de una nueva subjetividad que identifica lo que son los pueblos del sur, los cuales han sido condenados como periferia explotada, como pueblos oprimidos; es por ello que el pensamiento adquiere un sentido crítico y humanistaarticulándose con la idea internacionalista, integracionista, antiimperialista, anticapitalista del ALBA, como proyecto de integración latinoamericana, vanguardia del modelo social para la superación de los problemas que mantiene a los pueblos de América Latina en situación de dependencia. Se trata pues de un pensamiento radical, integral, crítico, humanista, insurgente, orientado a la formación de la  llamada subjetividad socialista bolivariana.

Tomando por referente histórico-temporal el final del siglo XX y la primera década del actual siglo, Pinheir Barbosa (2011), concibe el hecho de la acción política como el protagonista para la consolidación de estrategias que aspiren cambios profundos, reconociendo a la Educación como uno de los principales instrumentos de ruptura con la lógica excluyente y deshumanizadora del capital. Muchos investigadores, considera la autora citada, destacan tal potencialidad en la praxis política de los movimientos sociales: Zibechi (2008), al analizar los movimientos sociales como espacios educativos; Leher (2007), al proponer la Educación Popular como estrategia política de los movimientos sociales en la región.

Además, comulgan con el legado de Paulo Freire donde la Educación posee una dimensión filosófica y política cuando asume un potencial libertador y es dotada de una función socio-política orientada a la construcción de la autonomía y emancipación humanas.

Recordemos que para Freire, la educación constituye un camino en el proceso de liberación de los pueblos. En este sentido, el educador brasileño creía en la necesidad de una transformación social profunda para que se abra camino a los cambios necesarios a la educación latinoamericana. El transcurso del cambio posee una matiz política, una vez que Freire “rescata la política como elemento más dinámico de la cultura”,  esta entendida como eje fundamental en el proceso de vinculación dialógica entre culturas (Puiggrós, 2005, p.25).

El carácter político conferido a la educación se vincula al entendimiento de la generación de una cultura emancipatoria construida entre los sujetos políticos partícipes en este proceso, en el caso, los movimientos populares, campesinos, indígenas, entre otros que ejercían la praxis de la Educación Popular como camino de resistencia y lucha rumbo a procesos de liberación. En este sentido, puntualizo mi argumento que siempre he sostenido con respecto a la educación afirmando que, entre las acciones de resistencia propia de estos movimientos, la educación constituye un elemento valioso en la lucha por la emancipación política y cultural de los pueblos de América Latina.

Un mirar panorámico sobre el continente nos permite visualizar los indicios de un proyecto emancipador y que prima por el fortalecimiento del Poder Popular, vinculado a un papel político conferido a la educación, manifiestos en:

  • Las primeras campañas de alfabetización cubana en los años 50 del siglo XX
  • La experiencia de educación popular de Nicaragua, fruto de la Revolución Sandinista
  • La trayectoria del Sector de Educación del MST
  • La propuesta de creación de la Universidad del Sur
  • Las experiencias de las Universidades Interculturales Indígenas en Ecuador, Bolivia, Colombia y México
  • La expresiva experiencia del Método Cubano de Alfabetización, “Sí, Yo Puedo!”
  • La creación de las Escuelas Rebeldes Autónomas Zapatistas
  • El Instituto Agroecológico Latinoamericano de Estudios Campesinos, Indígenas y Afrodescendientes – IALA, articulado por la Vía Campesina en Venezuela
  • Las experiencias de la Misión Robinson y Sucre, igualmente en territorio venezolano; la creación de la Universidad de las Madres de la Plaza de Mayo
  • La experiencia pedagógica de los Círculos de Autoeducación Docente, en Perú.

Entre otras propuestas que se han consolidado y avanzado gradualmente, testigos vivos de que el “paradigma emancipador para América Latina” tiene un pie en la educación, camino de transformación cultural en el continente.

Todas estas experiencias reflejan un momento muy especial en la lucha latinoamericana, donde el:

… cambio en ese panorama no es, evidentemente, un problema estrictamente pedagógico. Los términos del debate sólo pudieron ser modificados con la alteración de la correlación de fuerzas sociales. Delante de los desafíos de las luchas anti neoliberales, los movimientos localizaron la formación política (la educación como hegemonía) en el andar superior de la agenda política, restableciendo, gradualmente, con avances y retrocesos, los nexos entre educación, capitalismo y clase. (Leher, 2007, p. 22)

El planteamiento de Leher resalta la problemática de la hegemonía presente en América Latina. Una reflexión política fundamental para pensar la profundización de la democracia en el continente es comprender que la dimensión de la hegemonía pertenece a una cuestión político-cultural, no restringiéndose a los espacios políticos institucionalizados, como el Estado.

En este sentido, la acción político-educativa de los movimientos sociales puede contribuir en la construcción de una nueva episteme (Leher, 2007) que rompa con la lógica de la política neoliberal, por medio de una “batalla de las ideas” (Anderson, 2003), donde se origine un conocimiento crítico, demarcador y recuperador de conceptos esenciales, a propósito de Poder Popular, que orienten la lucha política de estos movimientos sociales rumbo a una praxis libertaria y emancipatoria.

Por tal razón, lo expresado hasta el momento sugiere reflexionar desde el siguiente prisma: de la articulación existente entre la emergencia de una educación libertaria mediada por pedagogías alternativas como camino de activación del Poder Popular. Es determinante señalar que dos de los representantes de la ilustración latinoamericana, Simón Rodríguez y José Martí, defendían la construcción de un proyecto educativo como estrategia política, dónde la educación era concebida como general y popular. Para ambos, la educación era la precursora de un pueblo libre, una vez que propiciaba  la libertad del pensamiento y la capacidad de generar ideas.

Las verdaderas repúblicas se construirían bajo un igualitarismo político entre hombres y mujeres, hecho que sólo sería posible con la ampliación del derecho a la educación. Pero no una educación instructiva, sino que emancipatoria. En las palabras de Rodríguez:

… ha llegado el tiempo de enseñar a las gentes a vivir, para que hagan bien lo que han de hacer mal, sin que se pueda remediar .Antes, se dejaban gobernar, porque creían que su única misión, en este mundo, era obedecer: ahora no lo creen, y no se les puede impedir que pretendan, ni (… lo que es peor…) que ayuden a pretender. (…) Los pueblos no pueden dejar de haber aprendido, ni dejar de sentir que son fuertes: poco falta para que se vulgarice, entre ellos, el principio motor de todas las acciones, que es el siguiente: la fuerza de la masa está en la Masa y la moral en el Movimiento. (Pinheir, 2011)

La educación, en este proceso, puede funcionar como herramienta epistemológica radical, socializadora de los saberes en función del bien común (Damiani & Bolívar, 2007). En la retomada de la lucha política, la educación se torna punto neurálgico para el proceso de transformación profunda de la sociedad.

Así, hay que pensarla dialógica e históricamente, dado que la historicidad es movimiento, es acción y reacción, es construcción cotidiana, identifica y comprende profundamente las fuerzas generadoras de las contradicciones irrumpidas, en el sentido de tejer la crítica a ellas y proponer caminos de superación de los modelos vigentes de dominación, no solo en lo político-económico, sino sobre todo, ideológico.

En la República Bolivariana de Venezuela se ha instaurado un Programa Nacional pedagógico con características radicales, humanista y revolucionaria, enmarcado en una perspectiva ético-política que ejecuta a través de la Universidad Bolivariana desde el año 2008, esperando que se constituya en un núcleo generador de conciencia crítica, de praxis revolucionaria y de organización estratégica de los educadores, en función de contribuir en la construcción de lo que ellos han denominado “socialismo bolivariano” como proyecto contra-hegemónico al capitalismo neoliberal.

Este Programa se inserta en el Proyecto Bolivariano de la Patria y exponen que la motivación, el alcance político y el contenido ideológico en la formación de los Educadores, alientan el esfuerzo revolucionario de transformación socialista en el país, contribuyendo además en un cambio para Latinoamérica.

Indican que para fortalecer el Poder Popular, Moral y Luces es la consigna que rezan para alcanzar la felicidad y plena realización humana en la justicia social y en la libertad,  sobre la base del compromiso colectivo, la dignidad de ser humano y la responsabilidad histórica, ética y política, en la construcción de un mundo más integrado, equitativo y solidario. El Programa considera a los Educadores como protagonistas en el Proyecto Socialista Bolivariano siendo su compromiso ético y político para consolidarse como fuerzamoral, y profundizar la unidad popular, por encima de intereses individuales y de grupos particulares.

Las posibles amenazas que ponen en riesgo al Proyecto Bolivariano, los impulsa a fomentar una Educación insurgente que se proyecte como estrategia de resistencia y a la vez de avance, para la construcción de un nuevo estado. Esa educación radical y que a la vez la denominan popular, constituye la base del proyecto económico-social, ético-político, y cultural e ideológico que representa el Socialismo del Siglo XXI, para el país y para América Latina toda.

Se considera en la formación pedagógica a la Emancipación desde bases teórico-críticas, por lo tanto, se debe señalar que ésta comenzó a inicios del siglo XIX en la América española, de la mano de figuras como Francisco de Miranda (venezolano, 1750-1816), Simón Bolívar (venezolano, 1783-1830), Simón Rodríguez (venezolano, 1771-1854), entre otros; como epicentros de un pensamiento ético y moral que reivindicara la estirpe americana y conquistara la libertad tantas veces lapidada por quienes desde la conquista, pasando por la colonia, quisieron destruir el alma y ánimo del pasado aborigen.

Es importante destacar que el término que amalgama la ética y moral en el pensamiento latinoamericano pre-independentista es precisamente emancipación; la cual se presenta como la acción que permite a las personas deseosas de libertad y autodeterminación acceder a un estado de autonomía al asumir conciencia de su lugar histórico y al imponerse, sea a la fuerza o a elementos de contradicción-dialéctica, al cese de la sujeción a alguna autoridad o potestad. Emanciparse es tomar control de lo que se “es” y de lo que se “ha sido”.

Las reflexiones y búsquedas respecto a los movimientos revolucionarios o de cambios que se revisan en estos lados del mundo nos hacen manejar conceptos ideológicos que necesariamente fortalecen una visión socio-crítica que particularmente considero indispensable para la orientación del valor epistemológico y filosófico del pensamiento pedagógico emancipador en Latinoamérica.

 Referencias

Anderson, Perry (2003). Las Ideas y la Acción Política en el Cambio Histórico. Left Bank – ensayos marxistas. São Paulo: Boitempo.

Damiani, Luis & Bolívar, Omaira (compiladores) (2007). Pensamiento pedagógico emancipador latinoamericano: por una Universidad Popular y Socialista de la Revolución Venezolana. Caracas: Ediciones de la Universidad Bolivariana de Venezuela.

Leher, Roberto (2007). La Educación Popular como Estrategia Política. En: Almeida, María de Lourdes Pinto y Jezine, Edineide (eds.). Educación y movimientos sociales: nuevas miradas. Campiñas: Editora El apartado.

Pinheir Barbosa, Lia (2011). Pensamiento Pedagógico Latinoamericano, Educación Libertaria y Pedagogías Alternativas.

Puiggrós, Adriana (2005). Las Alternativas cambian con el tiempo. In: De Simón Rodríguez a Paulo Freire: Educación para la Integración Latinoamericana. Bogotá, Convenio Andrés Bello.

Zibechi, Raúl (2008). Autonomías y Emancipaciones: América Latina en Movimiento. México, D.F., Bajo Tierra Ediciones.

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Educación ambiental inversa: cuando son los pueblos los que educan ambientalmente a sus autoridades

Rodrigo Arce Rojas
Ecoportal

 

La Ley General del Ambiente (Ley 28611) menciona que la educación ambiental se convierte en un proceso educativo integral, que se da en toda la vida del individuo, y que busca generar en éste los conocimientos, las actitudes, los valores y las prácticas, necesarios para desarrollar sus actividades en forma ambientalmente adecuada, con miras a contribuir al desarrollo sostenible del país.

Por su parte la Política Nacional Del Ambiente (DS. 012 – 2009 – MINAM) tiene como objetivo específico alcanzar un alto grado de conciencia y cultura ambiental en el país, con la activa participación ciudadana de manera informada y consciente en los procesos de toma de decisiones para el desarrollo sostenible. Asimismo, es objetivo de la Política Nacional de Educación Ambiental “Desarrollar la educación y la cultura ambiental orientadas a la formación de una ciudadanía ambientalmente responsable y una sociedad peruana sostenible, competitiva, inclusiva y con identidad”.

Del marco de políticas públicas se puede inferir la existencia de dos actores centrales las autoridades y la ciudadanía entendida ésta última como todas las personas hombres y mujeres pertenecientes a una comunidad organizada que no ejercen funciones de autoridades. Estas personas a su vez pueden pertenecer a diferentes organizaciones de diferente naturaleza. Se asume a su vez que son las autoridades las que han recibido el encargo del pueblo de gobernar y la ciudadanía recibe el encargo de cumplir las políticas y leyes, aunque no hay que olvidar que el soberano es el pueblo.

Pero qué pasa cuando son las propias autoridades quienes con sus actos y medidas dan cuenta de una subestimación del cuidado ambiental en nombre del crecimiento económico, cuando debilitan las consideraciones ambientales en nombre de la eficiencia o la fluidez de las inversiones, cuando no muestran un compromiso decidido por luchar contra la corrupción ambiental que se traduce en deforestación y degradación de bosques, contaminación de mares, ríos y lagunas, cuando en nombre de la simplificación administrativa reducen las salvaguardas que garantizan las funciones y los procesos ecológicos de los ecosistemas. Es entonces cuando necesitamos apelar a la educación ambiental inversa, que es aquella cuando el pueblo, la sociedad civil debe educar ambientalmente a sus autoridades para que entiendan que lo ambiental no es accesorio ni descartable, es parte consustancial del desarrollo sostenible.

No se trata de ser anti progresista o de retardatario del desarrollo del país, lo que se trata es ese desarrollo tome en cuenta todas las dimensiones, y no se privilegie únicamente las consideraciones económicas. Es simplemente reconocer que un modelo de desarrollo que permite abierta o subrepticiamente la contaminación y deterioro de los ecosistemas es insostenible. La ilegalidad que destruye la base de recursos naturales no puede ser sustentada con argumentos de emprendimiento o de heroísmo laboral si es que no va acompañada de respeto a consideraciones ambientales (y por supuesto que también de consideraciones sociales). El verdadero emprendimiento es el que va acompañado de valores y de respeto al ambiente. Así de simple.

Por tanto la educación ambiental inversa nos invita a parafrasear el objetivo de la Política Nacional de Educación Ambiental dirigido a nuestras autoridades. En ese caso el texto sería: “Desarrollar la educación y la cultura ambiental orientadas a la formación de funcionarios públicos éticos, transparentes, inclusivos, colaborativos, ambientalmente responsables al servicio de los ciudadanos y con una visión de desarrollo sostenible

Bajo el marco de la educación ambiental inversa las autoridades estarían más prestas a reconocer las buenas prácticas de manejo y conservación de recursos existentes, a revalorar y revitalizar los conocimientos y saberes locales, a recoger las experiencias, innovaciones y tecnologías locales apropiadas, las historias de éxito, entre otros tanto logros. Por supuesto que también hay muchas cosas que en el pueblo se hace mal en términos ambientales (sabiendo que hay varias razones), por eso se justifica la forma tradicional de cómo se ha venido haciendo la educación ambiental. Pero también es innegable que mucho del accionar gubernamental deja mucho que desear en términos ambientales y de ahí la necesidad de avanzar hacia una propuesta de interaprendizaje, de educación mutua intercultural, de una construcción social de intersubjetividades favorables al desarrollo sostenible y no solo para mantener la estructura de poder que solo favorece a determinados grupos económicos en detrimento de la sociedad y el ambiente.

Fuente del Artículo:

https://www.rebelion.org/noticia.php?id=223601

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The United States’ War on Youth: From Schools to Debtors’ Prisons

Henry A. Giroux

If one important measure of a democracy is how a society treats its children, especially poor youth of color, there can be little doubt that American society is failing. As the United States increasingly models its schools after prisons and subjects children to a criminal legal system marked by severe class and racial inequities, it becomes clear that such children are no longer viewed as a social investment but as suspects. Under a neoliberal regime in which some children are treated as criminals and increasingly deprived of decent health care, education, food and  housing, it has become clear that the United States has both failed its children and democracy itself.

Not only is the United States the only nation in the world that sentences children to life in prison without parole, the criminal legal system often functions so as to make it more difficult for young people to escape the reach of a punishing and racist legal system. For instance, according to a recent report published by the Juvenile Law Center, there are close to a million children who appear in juvenile court each year subject to a legal system rife with racial disparities and injustices. This is made clear by Jessica Feierman, associate director of the Juvenile Law Center in her report «Debtors’ Prison for Kids? The High Cost of Fines and Fees in the Juvenile Justice System.» In an interview with the Arkansas Times, Feierman said:

Racial disparities pervade our juvenile justice system. Our research suggests that we can reduce those disparities through legislative action aimed at costs, fines, fees, and restitution … In every state, youth and families can be required to pay juvenile court costs, fees, fines, or restitution. The costs for court related services, including probation, a «free appointed attorney,» mental health evaluations, the costs of incarceration, treatment, or restitution payments, can push poor children deeper into the system and families deeper into debt. Youth who can’t afford to pay for their freedom often face serious consequences, including incarceration, extended probation, or denial of treatment — they are unfairly penalized for being poor. Many families either go into debt trying to pay these costs or forego basic necessities like groceries to keep up with payments.

 According to the report, sometimes when a family can’t pay court fees and fines, the child is put in a juvenile detention facility. Such punitive measures are invoked without a degree of conscience or informed judgment as when children are fined for being truant from school. In her article in Common Dreams, Nika Knight pointed to one case in which a child was fined $500 for being truant and because he could not pay the fine, «spent three months in a locked facility at age 13.» In many states, the parents are incarcerated if they cannot pay for their child’s court fees. For many parents, such fines represent a crushing financial burden, which they cannot meet, and consequently their children are subjected to the harsh confines of juvenile detention centers. Erik Eckholm has written in The New York Times about the story of Dequan Jackson, which merges the horrid violence suffered by the poor in a Dickens novel with the mindless brutality and authoritarianism at the heart of one of Kafka’s tales. Eckholm is worth quoting at length:

When Dequan Jackson had his only brush with the law, at 13, he tried to do everything right. Charged with battery for banging into a teacher while horsing around in a hallway, he pleaded guilty with the promise that after one year of successful probation, the conviction would be reduced to a misdemeanor. He worked 40 hours in a food bank. He met with an anger management counselor. He kept to an 8 p.m. curfew except when returning from football practice or church. And he kept out of trouble. But Dequan and his mother, who is struggling to raise two sons here on wisps of income, were unable to meet one final condition: payment of $200 in court and public defender fees. For that reason alone, his probation was extended for what turned out to be 14 more months, until they pulled together the money at a time when they had trouble finding quarters for the laundromat.

Not only do such fines create a two-tier system of justice that serves the wealthy and punishes the poor, they also subject young people to a prison system fraught with incidents of violent assault, rape and suicide. Moreover, many young people have health needs and mental health problems that are not met in these detention centers, and incarceration also fuels mental health problems.

Suicide rates behind bars «are more than four times higher than for adolescents overall,» according to the Child Trends Data Bank. Moreover, «between 50 and 75 percent of adolescents who have spent time in juvenile detention centers are incarcerated later in life.» Finally, as the «Debtors’ Prison for Kids Report» makes clear, kids are being sent to jail at increasing rates while youth crime is decreasing. The criminal legal system is mired in a form of casino capitalism that not only produces wide inequalities in wealth, income and power, but it also corrupts municipal court systems that are underfunded and turn to unethical and corrupt practices in order to raise money, while creating new paths to prison, especially for children.

Debtors’ prisons for young people exemplify how a warfare culture can affect the most vulnerable populations in a society, exhibiting a degree of punitiveness and cruelty that indicts the most fundamental political, economic and social structures of a society. Debtors’ prisons for young people have become the dumping grounds for those youth considered disposable, and they are also a shameful source of profit for municipalities across the United States. They operate as legalized extortion rackets, underscoring how our society has come to place profits above the welfare of children. They also indicate how a society has turned its back on young people, the most vulnerable group of people in our society.

There is nothing new about the severity of the American government’s attack on poor people, especially those on welfare, and both political parties have shared in this ignoble attack. What is often overlooked, however, is the degree to which children are impacted by scorched-earth policies that extend from cutting social provisions to the ongoing criminalization of a vast range of behaviors. It appears that particularly when it comes to young people, especially poor youth and youth of color, society’s obligations to justice and social responsibility disappear.

Modeling Schools After Prisons

We live at a time in which institutions that were meant to limit human suffering and misfortune and protect young people from the excesses of the police state and the market have been either weakened or abolished. The consequences can be seen clearly in the ongoing and ruthless assault on public education, poor students and students of color. Schools have become, in many cases, punishment factories that increasingly subject students to pedagogies of control, discipline and surveillance. Pedagogy has been emptied of critical content and now imposes on students mind-numbing teaching practices organized around teaching for the test. The latter constitutes both a war on the imagination and a disciplinary practice meant to criminalize the behavior of children who do not accept a pedagogy of conformity and overbearing control.

No longer considered democratic public spheres intended to create critically informed and engaged citizens, many schools now function as punishing factories, work stations that mediate between warehousing poor students of color and creating a path that will lead them into the hands of the criminal legal system and eventually, prison. Under such circumstances, it becomes more difficult to reclaim a notion of public schooling in which the culture of punishment and militarization is not the culture of education. Hope in this instance has to begin with a critical discourse among teachers, students, parents and administrators unwilling to model the schools after a prison culture.

Many schools are now modeled after prisons and organized around the enactment of zero tolerance policies which, as John W. Whitehead has pointed out, put «youth in the bullseye of police violence.» Whitehead argues rightfully that:

The nation’s public schools — extensions of the world beyond the schoolhouse gates, a world that is increasingly hostile to freedom — have become microcosms of the American police state, containing almost every aspect of the militarized, intolerant, senseless, overcriminalized, legalistic, surveillance-riddled, totalitarian landscape that plagues those of us on the «outside.»

Not only has there been an increase in the number of police in the schools, but the behavior of kids is being criminalized in ways that legitimate what many call the school-to-prison pipeline. School discipline has been transformed into a criminal matter now handled mostly by the police rather than by teachers and school administrators, especially in regard to the treatment of poor Black and Brown kids. But cops are doing more than arresting young people for trivial infractions, they are also handcuffing them, using tasers on children, applying physical violence on youth, and playing a crucial role in getting kids suspended or expelled from schools every year.

The Civil Rights Project rightly argues that public schools are becoming «gateways to prisons.» One estimate suggests that a growing number of young people will have been arrested for minor misbehaviors by the time they finish high school. This is not surprising in schools that already look like quasi-prisons with their drug-sniffing dogs, surveillance systems, metal detectors, police patrolling school corridors, and in some cases, police systems that resemble SWAT teams.

While there has been a great deal of publicity nationwide over police officers killing Black people, there has been too little scrutiny regarding the use of force by police in the schools. As Jaeah Lee observed in Mother Jones, the «use of force by cops in schools … has drawn far less attention [in spite of the fact that] over the past five years at least 28 students have been seriously injured, and in one case shot to death, by so-called school resource officers — sworn, uniformed police assigned to provide security on k-12 campuses.»

According to Democracy Now, there are over 17,000 school resource officers in more than half of the public schools in the United States, while only a small percentage have been trained to work in schools. In spite of the fact that violence in schools has dropped precipitously, school resource officers are the fastest growing segment of law enforcement and their presence has resulted in more kids being ticketed, fined, arrested, suspended and pushed into the criminal legal system.

In 2014 over 92,000 students were subject to school-related arrests. In the last few years, videos have been aired showing a police officer inside Spring Valley High School in Columbia, South Carolina throwing a teenage girl to the ground and dragging her out of her classroom. In Mississippi schools, a student was handcuffed for not wearing a belt, a black female student was choked by the police, and one cop threatened to shoot students on a bus.

Neoliberalism is not only obsessed with accumulating capital, it has also lowered the threshold for extreme violence to such a degree that it puts into place a law-and-order educational regime that criminalizes children who doodle on desks, bump into teachers in school corridors, throw peanuts at a bus, or fall asleep in class. Fear, insecurity, humiliation, and the threat of imprisonment are the new structuring principles in schools that house our most vulnerable populations. The school has become a microcosm of the warfare state, designed to provide a profit for the security industries, while imposing a pedagogy of repression on young people.

According to the US Department of Education Office for Civil Rights, a disproportionate number of students subject to arrests are Black. It states: «While black students represent 16% of student enrollment, they represent 27% of students referred to law enforcement and 31% of students subjected to a school-related arrest.»

Too many children in the Unites States confront violence in almost every space in which they find themselves — in the streets, public schools, parks, and wider culture. In schools, according to Whitehead, «more than 3 million students are suspended or expelled every year.» Violence has become central to America’s identity both with regards to its foreign policy and increasingly in its domestic policies.  How else to explain what Lisa Armstrong revealed in The Intercept: «The United States is the only country in the world that routinely sentences children to life in prison without parole, and, according to estimates from nonprofits and advocacy groups, there are between 2,300 and 2,500 people serving life without parole for crimes committed when they were minors.»

The predatory financial system targets poor, Black and Brown children instead of crooked bankers, hedge fund managers, and big corporations who engage in massive corruption and fraud while pushing untold numbers of people into bankruptcy, poverty and even homelessness. For example, according to Forbes, the international banking giant HSBC exposed the US financial system to «a wide array of money laundering, drug trafficking, and terrorist financing … and channeled $7 billion into the U.S. between 2007 and 2008 which possibly included proceeds from illegal drug sales in the United States.» Yet, no major CEO went to jail. Even more astounding is that «the profligate and dishonest behavior of Wall Street bankers, traders, and executives in the years leading up to the 2008 financial crisis … went virtually unpunished.»

Resisting Criminalization of School Discipline and Everyday Behavior

Violence against children in various sites is generally addressed through specific reforms, such as substituting community service for detention centers, eliminating zero tolerance policies in schools, and replacing the police with social workers, while creating supportive environments for young people. The latter might include an immediate stoppage to suspending, expelling and arresting students for minor misbehaviors. Legal scholar Kerrin C. Wolf has proposed a promising three-tier system of reform that includes the following:

The first tier of the system provides supports for the entire student body. Such supports include clearly defining and teaching expected behaviors, rewarding positive behavior, and applying a continuum of consequences for problem behavior. The second tier targets at-risk students — students who exhibit behavior problems despite the supports provided in the first tier — with enhanced interventions and supports, often in group settings. These may include sessions that teach social skills and informal meetings during which the students «check in» to discuss how they have been behaving. The third tier provided individualized and specialized interventions and supports for high-risk students — students who do not respond to the first and second tier supports and interventions. The interventions and supports are based on a functional behavior assessment and involve a community of teachers and other school staff working with the student to change his or her behavior patterns.

Regarding the larger culture of violence, there have also been public demands that police wear body cameras and come under the jurisdiction of community. In addition, there has been a strong but largely failed attempt on the part of gun reform advocates to establish policies and laws that would control the manufacture, sale, acquisition, circulation, use, transfer, modification or use of firearms by private citizens. At the same time, there is a growing effort to also pass legislation that would not allow such restrictions to be used as a further tool to incarcerate youth of color. In short, this means not allowing the war on gun violence to become another war on poor people of color similar to what happened under the racially biased war on drugs. And while such reforms are crucial in the most immediate sense to protect young people and lessen the violence to which they are subjected, they do not go far enough. Violence has reached epidemic proportions in the United States and bears down egregiously on children, especially poor youth and youth of color. If such violence is to be stopped, a wholesale restructuring of the warfare state must be addressed. The underlying structure of state and everyday violence must be made visible, challenged and dismantled.

The violence waged against children must become a flashpoint politically to point to the struggles that must be waged against the gun industry, the military-industrial-academic complex, and an entertainment culture that fuels what Dr. Phil Wolfson describes in Tikkun Magazine as «fictive identifications» associated with «murderous combat illusions and delusions.» Violence must be viewed as endemic to a regime of neoliberalism that breeds racism, class warfare, bigotry and a culture of cruelty. Capitalism produces the warfare state, and any reasonable struggle for a real democracy must address both the institutions organized for the production of violence and the political, social, educational and economic tools and strategies necessary for getting rid of it.

Americans live at a time in which the destruction and violence pursued under the regime of neoliberalism is waged unapologetically and without pause. One consequence is that it has become more difficult to defend a system that punishes its children, destroys the lives of workers, derides public servants, plunders the planet and destroys public goods.  Americans live in an age of disposability in which the endless throwing away of goods is matched by a system that views an increasing number of people — poor Black and Brown youth, immigrants, Muslims, unemployed workers and those unable to participate in the formal economy — as excess and subject to zones of social and economic abandonment. As Gayatri Spivak rightly observes, «When human beings are valued as less than human, violence begins to emerge as the only response.» At issue here is not just the crushing of the human spirit, mind and body, but the abandonment of democratic politics itself. Violence wages war against hope, obliterates the imagination, and undermines any sense of critical agency and collective struggle.

Sites of Resistance

Yet, resistance cannot be obliterated, and we are seeing hopeful signs of it all over the world. In the US, Black youth are challenging police and state violence, calling for widespread alliances among diverse groups of young people, such as the Movement for Black Lives (M4BL), worker-controlled labor movements,  the movement around climate change, movements against austerity and movements that call for the abolition of the prison system among others. All of these are connecting single issues to a broader comprehensive politics, one that is generating radical policy proposals that reach deep into demands for power, freedom and justice. Such proposals extend from reforming the criminal legal system to ending the exploitative privatization of natural resources. What is being produced by these young people is less a blueprint for short-term reform than a vision of the power of the radical imagination in addressing long term, transformative organizing and a call for a radical restructuring of society.

What we are seeing is the birth of a radical vision and a corresponding mode of politics that calls for the end of violence in all of its crude and militant death-dealing manifestations.  Such movements are not only calling for the death of the two-party system and the distribution of wealth, power and income, but also for a politics of civic memory and courage, one capable of analyzing the ideology, structures and mechanisms of capitalism and other forms of oppression. For the first time since the 1960s, political unity is no longer a pejorative term, new visions matter and coalitions arguing for a broad-based social movement appear possible again.

A new politics of insurrection is in the air, one that is challenging the values, policies, structure and relations of power rooted in a warfare society and war culture that propagate intolerable violence. State violence in both its hidden and visible forms is no longer a cause for despair but for informed and collective resistance. Zygmunt Bauman is right in insisting that the bleakness and dystopian politics of our times necessitates the ability to dream otherwise, to imagine a society «which thinks it is not just enough, which questions the sufficiency of any achieved level of justice and considers justice always to be a step or more ahead. Above all, it is a society that reacts angrily to any case of injustice and promptly sets about correcting it.»

It is precisely such a collective spirit informing a resurgent politics within the Black Lives Matter movement and other movements — a politics that is being rewritten in the discourse of critique and hope, emancipation and transformation. Once again, the left has a future and the future has a left.

Copyright, Truthout

http://www.truth-out.org/news/item/38044-america-s-war-on-youth-from-schools-to-debtors-prisons

 

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La escuela de las luchas campesinas por el territorio (A Berta Cáceres)

Por: Carlos Aldana

Berta Cáceres fue una activista campesina de Honduras. En estos días, se conmemora el primer aniversario de su asesinato.

Esta valiente mujer simboliza, junto a muchos otros hombres y mujeres latinoamericanas, la lucha por el territorio. No por la tierra sola, sino por la conjunción de aspectos políticos, sociales, culturales y económicas que representa. Ella fue víctima de las grandes transnacionales que, junto a las estructuras de poder en los países, vienen empobreciendo a pueblos enteros mediante el saqueo o la explotación extrema de los recursos naturales. Berta, junto a tantos anónimos y anónimas, luchó por defender a los pueblos hondureños de la barbarie de empresas que modifican el entorno medioambiental a través de la utilización de ríos para la construcción de hidroeléctricas. Está claro que los impactos ambientales son tan enormes para la vida de las comunidades como lo es la ganancia que obtienen esas empresas.

Pero Berta Cáceres y el pueblo lenca representan solo un ejemplo de lo que está ocurriendo en América Latina. Una muestra de esa enorme escuela de las luchas campesinas por el territorio que está generando aprendizajes que la educación más tradicional y conservadora va a ocultar, negar o descalificar. Pero hay una gigantesca escuela en esas luchas que toda pedagogía de la vida y de la dignidad humana debe aprender a descubrir.

El debate que se mantiene abierto en nuestros pueblos por la defensa del territorio no es solo acerca del derecho de los pueblos a proteger sus recursos naturales. Implica también el abrirnos a descubrir cómo la protección del medioambiente es crucial para la vida comunitaria, pero también para la sobrevivencia global. En otras palabras, cada vez que un conjunto de comunidades pelea, discute y sufre la represión salvaje de poderes nacionales e internacionales, estamos frente a una lucha por el planeta.

Otro aprendizaje, quizá menos claro y más invisibilizado, es aquel que tiene que ver con el derecho de los pueblos a decidir por su territorio. Esto conlleva el derecho a acentuar y vivenciar sus cosmovisiones, sus valores, sus conocimientos y sus formas de relación con la naturaleza. Aunque parezca anacrónico decirlo, estoy seguro de que si las grandes potencias y las grandes transnacionales lanzaran una mirada a las maneras de vinculación con el entorno natural que han mostrado los pueblos originarios, las cosas serían otras para el futuro de la humanidad. ¡Pero esta es una ingenuidad! Lo que sí está claro que debe ser parte de la lucha ciudadana es el derecho a la consulta sobre agua, tierra, aire y recursos naturales que se niega de manera sutil o mediante la violencia.

También esta escuela nos está evidenciando la necesidad de que no desconectemos la tierra del territorio en cuanto concepción sociopolítica, pero también en cuanto a la dimensión cultural que tiene. Cuando llegan las máquinas a extraer minerales o desviar ríos, no solo llegan con la muerte de los microsistemas sino también con la destrucción de rasgos y elementos culturales que son más difíciles de recuperar. Por ejemplo, en Guatemala, la destrucción de la vida, la dignidad, la cultura y los proyectos de vida de 33 comunidades por causa de la construcción de la hidroeléctrica de Chixoy, sigue siendo un ejemplo de cómo en las luchas campesinas y de los pueblos indígenas se juega el futuro de una visión y una forma de vida que permita al planeta su sobrevivencia.

Y frente a estas luchas, ¿qué pasa con los sistemas educativos? O intencionalmente se ignora la realidad profunda (porque se “dan” clases de ambiente o ecología, pero no de realidad socioeconómica y política), o las luchas campesinas son silenciadas. De hecho, cuando las protestas campesinas ocurren, se criminaliza a los hombres y mujeres que las promueven. ¡Se hace criminales a quienes defienden la vida en el planeta, pero no a quienes lo explotan hasta el agotamiento!

Fuente: http://eldiariodelaeducacion.com/blog/2017/03/03/la-escuela-de-las-luchas-campesinas-por-el-territorio-a-berta-caceres/

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El mes de las mujeres en el mundo

Por: Elena Simón

El 8 de marzo sigue siendo necesario para recordar lo que pasó, para señalar las desigualdades, con carácter informativo, divulgativo, reivindicativo y crítico.

Todos los meses de marzo tenemos la ocasión de hablar de “mujeres”. No, claro, no me refiero a hablar de lo buenas que están o de lo malas y retorcidas que son, ni tampoco a compartir las conquistas de sus voluntades habidas en los últimos días. Creo que se pueden imaginar a qué me refiero cuando digo “hablar de mujeres”.

Los meses de marzo, porque el día 8 se conmemora en todo el mundo “el día internacional de las mujeres”, instituido por la ONU en la década que dedicó a la mujer, de 1975 a 1985. Anteriormente, le debemos a Clara Zetkin, en 1910, la iniciativa de marcar una fecha internacional y socialista, para nombrarla como “día de la mujer trabajadora”.

Durante una buena parte del siglo XX se conmemoró esta fecha con liderazgo sindical de clase. Más tarde, una vez conseguido el sufragio universal en muchos lugares del mundo y otros derechos, como la educación, el trabajo remunerado, la libertad de movimientos y de asociación, se comenzó a pensar que todas las mujeres del mundo eran trabajadoras, con o sin remuneración, excepto las impedidas por su salud o las muy ricas. Por eso se decidió cambiar la denominación.

En los últimos años, el “día de la mujer”, como se nombra de forma popular, trae consigo algún regalito o sorpresa, incluso felicitaciones. Como si esa “mujer” fuera en todas partes la misma. Con este motivo, se van de cena o de comida las compas del trabajo y, también, algunas pasan, después de esas comidas, por calles comerciales donde se les ofrece rebaja o promoción de artículos de moda o servicios de belleza. Seguramente con la buena intención de elevar la autoestima consumista de unas cuantas y, de paso, hacer negocio.

Los hombres que no aman a las mujeres, pero a los que les gustan todas, suelen bromear con mal gusto en esta jornada, “¿Y para cuando un día del hombre?”. Estos hombres y sus comparsas no aceptan las cifras de la desigualdad ni las acciones compensatorias , ni la violencia de género como un fenómeno específico que causa muchas muertes y otros estragos y efectos adversos colaterales. Siempre analizan las situaciones de desventaja como aisladas e individuales, casuales o provocadas por algún fallo o mal de alguna.

Pero, precisamente el 8 de marzo nos sigue sirviendo para lanzar resultados de estudios que siguen arrojando una evidencia de las relaciones desiguales de poder que subsisten entre hombres y mujeres.

Sí, ya sabemos que no son todas ni todos y que en el mundo occidental las mujeres lo hemos conseguido todo y nos quejamos de vicio, pero también sabemos que, como mujer, puedes estar en riesgo de padecer violencia y desigualdad de oportunidades, de trato y de condiciones, tanto en los ámbitos relacionales como en los sociales. Siempre respecto a los hombres de tu clase y condición.

También tenemos la oportunidad en marzo de asistir al estreno de alguna película, al visionado de vídeos, a la presentación de algún libro, a algún programa radiofónico o televisivo especial y a multitud de menciones de honor a mujeres en muchos lugares. Seguimos sacando a la luz muchas de las que inventaron, arriesgaron su vidas o participaron en acciones heroicas y no acabamos nunca, porque hasta bien recientemente nunca se había realizado este parto continuo de sacar a la luz lo no nato y queda mucho trabajo obstétrico por hacer.

En algunos lugares del mundo, marzo es considerado como el mes de la historia de las mujeres. Visualizamos así lo que pasó y lo que pasa, lo que pasa aquí y lo que pasa allá.

Las niñas y niños, las y los adolescentes, tienen que conocer todo esto, para saber de dónde viene la desigualdad, el mal trato y la doble exigencia a las mujeres, así como la violencia ejercida contra nosotras, contra cualquiera de nosotras, contra muchas de nosotras. Y tienen que conocer estos datos de forma certera y crítica

En muchos centros educativos sí se trabaja sobre este tema con mayor o menor amplitud o intensidad. Y cada vez hay más estudios académicos y de investigación al respecto. Así, poco a poco, se crea conciencia de lo que ello supone. y se aprende a considerarlo como una injusticia tan básica como el racismo.

De todos modos, la misoginia y el machismo siguen imperando y propagando la idea de que las mujeres no son de fiar ni pueden ser excelentes en muchos campos de actividad humana (como deportes, ciencia y tenología, dirección ejecutiva, etc…) y, también, que la violencia de género es casi merecida o inevitable. Estas mismas voces apresuran a echarse encima de las normas o leyes discriminatorias de otros países más crueles aún con sus mujeres, encubriendo con ello intereses espúreos.

Así es que sigue siendo necesaria la conmemoración del 8 de marzo, como día internacional de las mujeres, con carácter informativo, divulgativo, reivindicativo y crítico con este sistema de dominación universal que, a las claras o bajo manga, impide que las mujeres sean consideradas seres humanos completos y ciudadanas de plenos derechos, sin peros.

Fuente noticia: http://eldiariodelaeducacion.com/blog/2017/02/28/el-mes-de-las-mujeres-en-el-mundo/

Fuente imagen:http://www.fesamericacentral.org/files/fes-america-central/actividades/costa_rica/Actividades_cr/140308 dia internacional mujer trabajadora cr/Rigoberta menchu.png

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