Panamá: el epicentro de la lucha en Latinoamérica
Por: José Cambra[1] & Luis Bonilla-Molina 2/CII-OVE/GT capitalismo digital
Introducción
Un pequeño país de de cuatro millones 200 mil habitantes le muestra a Latinoamérica y el mundo que si es posible enfrentar en la tercera década del siglo XXI, los intereses del capital financiero y los fondos buitres.
Hace solo un par de días, la sangre de un niño indígena de doce años, herido de gravedad por la represión gubernamental, mostraba que el conflicto entraba en una nueva etapa. Un poco antes tanto, Saúl Méndez, principal dirigente del poderoso sindicato de la construcción tuvo que asilarse en la embajada de Bolivia para evitar ser presentado como un trofeo y colocado en prisión, algo que ya ocurrió con otros dos de sus dirigentes, Genaro López y Jaime Caballero, quienes han sido enviados a la peor cárcel de delincuentes comunes de ese país, sindicato al que ya el gobierno anterior le había confiscado las cuotas de su membresía, medida que el nuevo presidente siguió manteniendo, incluso con allanamientos recientes de sus sedes sindicales y el cierre de su cooperativa. Miles de docentes en huelga han sido desaparecidos de las planillas de pago y otros tantos han pasado de manera ilegal a la figura de licencia sin sueldo permanente.
Esto ocurre, en medio de un impresionante cerco mediático mundial correspondiente al que se vive dentro del país, que crea una cortina informativa que impide que el movimiento social y los pueblos del mundo conozcan lo que esta ocurriendo en el pequeño país centroamericano.
El origen
En 2023, luego de un periodo de luchas en ascenso del movimiento docente y los trabajadores en su conjunto en Panamá, se produce la rebelión popular ecológica más importante en e mundo en lo que va del siglo XXI. Después de semanas de movilización y paralización del país, protagonizadas por los docentes, trabajadores de la construcción, obreros de las bananeras, comarcas indígenas, juventud, mujeres, ambientalistas, comunidades y una amplia franja de la clase media, se logra arrancar una decisión de la Corte Suprema de Justicia que ordena el cese de operaciones de la trasnacional First Quantum y el cierre de la mina que había generado la revuelta popular. Esta decisión judicial, echó por tierra el acuerdo espurio construido en el parlamento panameño, que pretendía prolongar la destrucción del medio ambiente.
Tal contramarcha de los poderes públicos, es ocasionada por el temor de la burguesía panameña a la rebelión ecológica popular que había pasado a cerrar las más importantes vías de transporte del país, afectando las ganancias de sectores del capital. Ocurre una victoria ecológica sin precedentes.
La reacción de la burguesía panameña y el capital financiero fue adoptar en el 2024 la candidatura presidencial de José Raúl Mulino, ex ministro del interior del corrupto gobierno de Martinelli y consentido del señor Motta, el magnate de la industria aérea panameña, medios de comunicación y otras operaciones comerciales. Su agenda, construir una nueva situación política que permitiera volver a recuperar la dominación previa a la rebelión ecológica, ampliar las ganancias del capital financiero en ese país y cumplir con la agenda neocolonial de una inminente nueva administración de Trump en la Casa Blanca.
Lo novedoso de la elección del presidente Mulino fue la llegada al parlamento de una amplia bancada de diputados independientes, que habían aprovechado la ola de la revuelta popular para abrirse espacio. Esta renovación parlamentaria, que mostraba la intención del electorado de producir una nueva situación política, fue traicionada rápidamente por la mitad de esta nueva fracción parlamentaria quienes rápidamente llegaron a un acuerdo con el reaccionario gobierno de Mulino quien, electo con solo el 34% de los votos, carecía de mayoría parlamentaria.
Esta nueva correlación de fuerzas le permite avanzar en la aprobación de la Ley 462 que produce una nueva regresión en el régimen de jubilaciones y pensiones de la clase trabajadora panameña, que pasa de un retiro con aproximadamente el 60% de su salario a un 30% o menos. También permite que las familias ricas de Panamá manejen los fondos de las pensiones y estas entren a la especulación del mercado financiero. Además, el presidente Mulino anuncia la intención de reabrir la minería y volver a habilitar a First Quantum, saltando de manera olímpica la decisión de la Corte Suprema de Justicia. La indignación se instaló en todos los territorios de Panamá.
Para colmo, la llegada de Trump a su segundo mandato se produce con una manifiesta intención de volver a la situación de control del Canal de Panamá, algo que encuentra el beneplácito del gobierno de Mulino, el cual firma un acuerdo para habilitar la reapertura de tres bases militares de los Estados Unidos, a pesar que Panamá por disposición constitucional no posee ejército y que un tratado vigente entre ambos países había establecido desde finales de 1999 el final de tal presencia militar extranjera. Se configura así una situación de vasallaje del gobierno de ese país, hecho que termina por iniciar un nuevo ciclo de protestas.
Cinco semanas de la huelga nacional
Los primeros en declarar la huelga el pasado 23 de abril fueron los docentes, quienes anunciaron que no volverían a las aulas hasta que no se derogara la Ley 462 (régimen de pensiones y jubilaciones), se garantizara el cierre de la minería y se dejara sin efecto el memorándum de entendimiento militar con los Estados Unidos. En esta oportunidad ocurre el fenómeno progresivo de miles de padres, madres y familias quienes en las escuelas y colegios deciden en asambleas dar apoyo a la huelga que sostienen los educadores de sus hijos. Nuevamente reaparecen, desde que en la década de los ochenta habían sido suprimidas por Noriega sus asociaciones por colegio, movilizaciones de estudiantes de secundaria, mientras la Universidad de Panamá es epicentro de reuniones, declaraciones, encuentros y de una mega marcha, a pesar de la inexplicable mancha de la expulsión por parte de las autoridades de un estudiante por acciones de lucha y de los intentos por convertir a la casa de estudio en un “espacio de negociación” y no del decisivo accionar a favor de la indignación patriótica.
Movilizaciones diarias de los maestros y profesores, junto a la entrada en conflicto de los trabajadores de las bananeras y el poderoso sindicato de la construcción, han generado la incorporación a la lucha de poblaciones enteras en las provincias del interior del país. Esto elevó la calidad y el número de manifestantes, lo cual llevó al gobierno del señor Mulino a desatar una represión sin precedentes en las últimas décadas, contra el movimiento social. Cientos de heridos y detenidos a diario no detuvieron las protestas, por el contrario, las incrementaron.
Al entrar en el conflicto las comarcas indígenas la represión se hizo de manera inmisericorde, especialmente contra mujeres y niños de los pueblos originarios. El saldo de un menor de 12 años y un estudiante universitario heridos gravemente por las balas de un gobierno que ha dicho públicamente que no le interesa si su popularidad está en -50%, cuando se dieron a conocer sondeos que ubicaban en menos del 10% la aprobación ciudadana de su mandato, revela que estamos ante un gobierno de mano dura que busca infringir una derrota al movimiento social que le permita deshacerse de sus principales organizaciones para avanzar en sus nefastos planes.
Esta semana el conflicto entra a una etapa decisiva, mientras el gobierno juega a la dilación para producir su desgaste, con la esperanza que las protestas se apagarán en los próximos días. Sin embargo, todo indica que se pasará de las movilizaciones a la paralización del país, para lo cual se requiere multiplicar las voces de solidaridad internacional
El método correcto
La Alianza Pueblo Unido por la Vida, coalición del movimiento social que impulsa las protestas, ha construido un amplio frente social que enfrenta la ofensiva neoconservadora y neocolonialista de Mulino.
Los gremios docentes, sindicales, ambientalistas y comunitarios muestran que el camino correcto es ir más allá de las luchas sectoriales y construir alianzas entre las fuerzas nacionalistas, patrióticas y que defienden a la clase trabajadora, para generar una amplia participación de las poblaciones para avanzar en las luchas y lograr derrotar al capital financiero, las políticas extractivistas y el neocolonialismo norteamericano.
La burguesía panameña: entre la voracidad de la financiarización y el temor a una explosión
Social. La contradicción que vuelve a tener, como en 2023, la burguesía panameña es decidir entre la voracidad del capital financiero que va detrás de los fondos de jubilaciones y las inversiones mineras o la estabilidad del propio régimen burgués. Por eso, han apostado por un aplastamiento de la revuelta, vía manu policial, pero de no lograr hacerlo, tendrían que decidir entre retroceder o perder el control.
Cada vez más, la asociación de los de arriba, los poderosos y ricos, tiene menos contacto con el pueblo y se concentra en la propaganda de los medios de comunicación de los cuales son propietarios. Cuanto durará esta situación es la pregunta clave.
Revocatoria de mandato presidencial
Una salida intermedia que comienza a resonar en las calles es la posibilidad de revocar el mandato presidencial y convocar a nuevas elecciones, pero esto tiene el obstáculo leguleyo que nunca se reglamentó esta acción revocatoria. Sin embargo, las iniciativas de Ley para que esto ocurra siguen adelantándose y tomando curso, con crecientes simpatías de los ciudadanos.
La destitución de Mulino tiene otro curso legal, que la Asamblea de diputados atienda la acusación presentada por la Alianza Pueblo Unido por atentar contra la personalidad internacional del Estado, por el entreguista Memorando que permite reabrir bases militares norteamericanas. De llegarse a los niveles de participación comunitaria del 2023, podría configurar una nueva correlación de fuerzas que permita abrir juicio al actual presidente, desde las propias normas establecidas en la Constitución panameña.
Ello permitiría revertir la Ley 462, dejar sin efecto la reapertura de la minería y anular el Memorando que ha permitido la reapertura de bases militares norteamericanas. Pero eso solo puede ocurrir en el marco de sostener y ampliar las movilizaciones populares. Por eso, las próximas horas serán claves para el curso de los acontecimientos.
La necesidad de impulsar la solidaridad internacional
En medio de esta dramática situación, se requiere de una amplia y plural solidaridad internacional de las fuerzas democráticas y progresistas, el movimiento social y educativo a nivel internacional. No podemos dejar solo al pueblo panameño en esta hora.
Por eso, desde el movimiento social se ha lanzado, entre otras importantes iniciativas, la campaña mundial de protesta y entrega de declaraciones de solidaridad con la lucha del pueblo panameño, frente a las embajadas y consulados de Panamá en cada país, el día 9 de junio de 2025. Esto permitiría comenzar a romper el cerco mediático que han configurado las grandes agencias de noticias y establecer una importante red de comunicación y solidaridad alternativa. Los esperamos el 9 de junio, frente a la embajada panameña de sus países.
[1] 1 Director de la Escuela de Sociología de la Universidad de Panamá. Directivo de la Asociación de Profesores de la República de Panamá (ASOPROF), integrante de la Alianza por el Pueblo Unido
2 Profesor visitante en la Universidad Federal de Sergipe (UFS) de Brasil, integrante del secretariado del Congreso Mundial contra el neoliberalismo educativo, investigador de las ciencias sociales y pedagógicas asociado a CLACSO, CLADE, Kairos, ALAS. Director de investigaciones de Otras Voces en Educación.
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